¿Se burla de los operadores de justicia o se siente seguro que nada le pasará?, es la pregunta que se hace el abogado de los regidores de minoría, Víctor Luna Victoria Menacho, quien en diciembre pasado denunció al alcalde provincial, David Cornejo Chinguel, por abuso de autoridad. El edil no se presentó a declarar ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, pese que estuvo citado para el martes último a horas 11 a.m.
La investigación contra la autoridad edil se debe a que en octubre del 2016 designó en el cargo de Procuradora Adjunta a Mariela Berenice Custodio Cholán, sin que esta reúna los requisitos que demanda el Manual de Organización de Funciones. Es más, la funcionaria mencionada tenía procesos pendientes donde ella es la denunciada y la Municipalidad de Chiclayo la agraviada.
La historia de índole legal se remonta a diciembre del año pasado, luego que alcalde fuera alertado que cometía delito de carácter penal al designar en el cargo de Procuradora Adjunta a Mariela Custodio Cholán.
CAMBIO INESPERADO
El 20 de octubre pasado, Mariela Custodio fue cambiada abruptamente de la subgerencia de Fiscalización, luego de hacerse una serie de denuncias sobre abuso de autoridad y presunto enriquecimiento, puesto en el cual permaneció por un año con 11 meses.
En conferencia de prensa, la autoridad edil anunció el cese de funciones de Mariela Custodio al frente del área de Fiscalización, e indicó que esta pasaba a ocupar su antiguo cargo, en una oficina de la casa edil. Días después Custodio Cholán apareció como Procuradora Adjunta de la Procuraduría Municipal, puesto para el cual no reuniría el perfil requerido de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1068.
Luna Victoria señala que previa a la formulación de la denuncia, al alcalde David Cornejo se le hizo saber en una carta el pedido de cese de funciones en el cargo de la funcionaria, debido esta mantenía un litigio con el Estado al tener investigaciones pendientes en el Ministerio Público por abuso de autoridad y usurpación de funciones.
PEDIDO CIUDADANO
Con carta L-228, presentada el 23 de noviembre del 2016, Luna Victoria Menacho solicitó el cese inmediato en el cargo de Procuradora Adjunta de Mariela Custodio Cholán, pero su petición no tuvo eco.
La acción generó la apertura del expediente municipal N° 77577-2016, en el que se sostiene que dicha persona trasgredía la normativa vigente para cumplir con la función antes descrita, y al no tener una respuesta positiva o negativa a su petición por parte de la autoridad municipal, a pesar de haberse vencido el plazo que dispone la Ley para actos administrativos, dio origen a la carta reiterativa de código L-242-2016, presentada el 1 de diciembre.
En la misiva vuelve a solicitar a la autoridad municipal deje sin efecto la designación de la Procuradora Pública Adjunta, sin perjuicio de las acciones legales que devengan por el presunto nombramiento ilegal, así como la omisión que estaría haciendo el burgomaestre en su tardanza al actuar tal y como lo dispone la Ley en estos casos.
LOS REQUISITOS
Luna Victoria sostiene que otro más de los factores por los cuales se pidió la inmediata destitución de Mariela Custodio en el cargo, es que no reuniría el requisito de haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco años consecutivos, tal y como lo dispone el reglamento del Decreto Ley N° 1068, para el caso de las municipalidades provinciales, y tres años en el caso de municipalidades distritales.
El peticionante hace conocer que si bien Mariela Custodio es abogada de profesión, no tenía experiencia en la defensa legal ya que desde muy joven, desde la gestión edil de Miguel Ángel Bartra Grosso, ingresó a trabajar como administrativa de la Municipalidad de Chiclayo, lo que la hace ver que no reunía la experiencia que exige la Ley, porque nunca habría litigado debido a ser una servidora pública de carrera.
De igual manera –añade- no gozaba de idoneidad profesional y trayectoria en defensa judicial; es decir, durante sus años como profesional en Derecho nunca habría ejercido la defensa en el Poder Judicial. Asimismo, se le exigía que no tenga litigio pendiente con el Estado a la fecha de su gestión.
EN LA FISCALÍA
Víctor Luna Victoria hizo conocer también que en su legajo laboral–profesional, Mariela Custodio Cholan era investigada por el Ministerio Público, juntamente con el ex jefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, de Chiclayo, Nilton César Monje Sampén, por el presunto delito de Usurpación de funciones, abuso de autoridad y falsedad genérica, en agravio de Juan Alfredo Román Quiroz y contra la misma comuna provincia.
En laa investigación que realiza el Ministerio Público en la carpeta fiscal N° 3094-2016, a cargo del fiscal Máximo Medina Lucana, a Mariela Custodio Cholan, en calidad de ex subgerente de Fiscalización, se le sindica de haber actuado arbitrariamente durante un operativo, al desconocer el contenido de la Ordenanza Municipal N° 07-2014, lo que generó que fuera denunciada.
“La señora custodio está siendo investigada por usurpación de funciones donde no solamente hay un afectado, sino que con su actitud también afectó a la municipalidad; es decir, la Municipalidad Provincial de Chiclayo es víctima de Mariela Custodio Cholán y lejos de ser separada del cargo y ubicada en un lugar donde no influya en las investigaciones que se le sigue, el alcalde David Cornejo la premia y la designa como Procuradora Adjunta Municipal, sin tener en cuenta que no reúne los requisitos exigidos por la norma vigente en el caso de designación de Procuradores Municipales”, sostuvo Luna Victoria.
EN MANOS DE OCI
Para evitar que la Municipalidad de Chiclayo siga siendo vulnerada ante la desidia del alcalde David Cornejo, y el presunto aprovechamiento que habría estado haciendo Mariela Custodio para mantenerse en el cargo, Víctor Luna Victoria también puso el hecho en conocimiento del jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Chiclayo, Wilder Alonso Castro Nieves, con el objetivo que adopte las medidas del caso.
Mediante carta con código L-249 -2016, del 2 de diciembre del 2016, se le hace conocer sobre el presunto incumplimiento de normatividad legal para el nombramiento de Procuradores Públicos, según el Decreto Ley N° 1068.
De igual manera, se le informó que dicho nombramiento va en contra de la normativa correspondiente, así como en contra del Manual de Organización y Funciones –MOF, y el Reglamento de Organización de Funciones –ROF- de la municipalidad de Chiclayo.
Asimismo, al jefe de OCI se le indica que en la actualidad existen procedimientos administrativos pendientes en contra de Mariela Custodio Cholán, cuando tenía a su cargo la subgerencia de Fiscalización de la comuna chiclayana, procesos que aún se encuentra en etapa de investigación.
OTRA DENUNCIA
De igual manera, Luna Victoria que también ha ingresado una nueva denuncia penal por abuso de autoridad contra el alcalde David Cornejo Chinguel y contra la Procuradora Adjunta de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Luzmila Bazán Serna, quien ocupa el cargo a pesar que en su haber tiene varias denuncias y donde la agraviada también es la comuna.
El letrado refiere que una de las denuncias que tiene la aludida funcionaria y que también arrastra al alcalde David Cornejo, es que junto al subgerente de Tránsito y Transportes de la municipalidad de Chiclayo, Isaías Merino Chavezta, han sido denunciados por Usurpación de Funciones y Abuso de Autoridad.
“La nueva denuncia contra el alcalde David Cornejo Chinguel es porque teniendo conocimiento que la señorita Luzmila Bazán Serna tiene denuncias en su contra, la ha designado como Procuradora Adjunta. Lo más grave es que en este caso la afectada también es la municipalidad de Chiclayo”, sostuvo.
OPERATIVOS “BAMBA”
De igual manera, el abogado señala que Luzmila Bazán Serna, junto a Isaías Merino, vienen realizando operativos de vehículos en diferentes puntos de Chiclayo los cuales, de acuerdo a Ley, son “bambas” o sus acciones son indebidas porque usurpan funciones y cometen abuso de autoridad.
“Luzmila Bazán Serna e Isaías Merino vienen realizando la intervención y disponiendo el internamiento en el depósito municipal de Epsel, de vehículos que circulan por las calles de Chiclayo, sin que ellos tengan las facultades para intervenir. Es decir, adoptan funciones de la Policía y cometen abuso de autoridad e incluso estarían cometiendo el delito de secuestro, pero esto último está para determinarse”, explica.
Resaltan que una vez asignado los bienes al Consejo Regional del Deporte de Lambayeque, la administración, la preservación, así como su cuidado diario, es de absoluta responsabilidad de la persona a quien le fue asignado
El Instituto Peruano del Deporte a nivel nacional, deslindó todo tipo de responsabilidad sobre el presunto delito de Peculado de Uso que se habría venido cometiendo en Lambayeque, donde el Presidente del Consejo Regional del Deporte de Lambayeque, Walter Hugo Vera Mechán, habría venido dando mal uso al auto oficial de placa de rodaje GB-948, marca Hyundai de color rojo, a favor de la trabajadora Mayra Mercedes Ramírez Meléndez.
Óscar Fernández Cáceres, presidente nacional del IPD, a través de Francisco Cairo, jefe de la Oficina de Información y Comunicaciones del Instituto Nacional del Deporte, sostiene que el IPD nacional asigna los bienes únicamente para el cumplimiento de los fines para los cuales fueron asignados, por lo que cualquier uso distinto sin autorización, escapa del conocimiento de la autoridad regional.
De igual manera, precisa que el personal del Consejo Regional del Deporte de Lambayeque –CRD- a cargo de Walter Hugo Vera Mechán, se encuentra bajo la administración de su presidente, al ser un órgano desconcentrado del IPD nacional.
DE LOS BIENES
En su misiva, el jefe del IPD nacional, por medio de Francisco Cairo, detalla que una vez asignado los bienes al Consejo Regional del Deporte de Lambayeque u otro CRD, la administración, la preservación de los bienes, así como su cuidado diario, es de absoluta responsabilidad de la persona a quien le fue asignado el bien.
Asimismo, precisan que de los hechos que ahora son de conocimiento público, fueron conocidos por ellos el pasado 25 de febrero del 2017, y en mérito a ello se ha iniciado el procedimiento administrativo disciplinario correspondiente.
Finalmente, señala que sin perjuicio a lo indicado y al tener conocimiento por medio de la prensa respecto a los hechos que ya son de conocimiento público, el Instituto Peruano del Deporte nacional, en uso de sus facultades y atribuciones realizará el procedimiento correspondiente para deslindar responsabilidad.
PRESUNTO DELITO
Los hechos fueron puestos en conocimiento público luego que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, iniciara investigación por presunto peculado de uso, cuya sanción penal podría alcanzar al funcionario denunciado una condena de cuatro años de cárcel, investiga la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque. El presunto delito se habría dado al interior del Instituto Peruano del Deporte –IPD- de Lambayeque.
Conforme al caso Fiscal N° 2406075500-2017-0097-0, a cargo del fiscal Julio César Taboada Ramón, del pasado 28 de febrero, la que fuera elevada con oficio N° 098-2017 a la Dirección Contra la Corrupción de la Policía Nacional, para que notifique e investigue al Presidente del Consejo Regional del Deporte de Lambayeque, Walter Hugo Vera Mechán, sobre el presunto uso del auto asignado al IPD de placa de rodaje GB-948, marca Hyundai de color rojo, a favor de la trabajadora Mayra Mercedes Ramírez Meléndez.
Con referencia a los elementos de prueba con que contaría la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, amparado en la Ley Orgánica del Ministerio Público y el artículo 60 del Nuevo Código Procesal Penal, sobre funciones del Ministerio Público, la investigación contra el citado funcionario y la trabajadora, se inició el pasado 28 de febrero bajo la figura jurídica de acción popular o noticia por información criminal.
El Instituto Peruano del Deporte de Lambayeque – detalla la investigación - cuenta con un vehículo para uso oficial; es decir, la unidad está destinada para desarrollar funciones netamente oficiales de la institución y dentro de las horas de trabajo.
Sin embargo, la unidad de placa de rodaje GB-948, marca Hyundai de color rojo, habría estado siendo utilizada fuera de horario laboral para recoger y trasladar a su casa a Mayra Mercedes Ramírez Meléndez, quien habría ingresado a laborar al IPD el primero de setiembre del año 2016 como asistente administrativa.
En el poco tiempo que labora en el lugar, se habría ganado la simpatía del jefe del IPD Lambayeque, Walter Hugo Vera Mechán. Es el caso que a partir del primer día hábil del mes de enero del presente año se convierte en la administradora encargada ante la conclusión de contrato del administrador titular.
Es el caso que ante fuertes rumores que el jefe del IPD Lambayeque, Walter Hugo Vera Mechán, habría ordenado al chofer responsable del manejo, control y mantenimiento de la unidad, Max vera, que a partir de una determinada fecha tenía que recoger y trasladar a su casa a Mayra Mercedes Ramírez Meléndez, se habría iniciado un seguimiento por personas presuntamente cercanas al mismo jefe del IPD, por cuestiones que el funcionario denunciado dijo desconocer y mucho menos saber explicar.
Tal y como consta en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, se tiene que los días 25 y 26 de enero del presente año, el conductor de la unidad institucional, Max Vera, fue fotografiado y filmado recogiendo a la asistente en administración, Mayra Mercedes Ramírez Meléndez, de su casa ubicada en una concurrida Av. Del pueblo joven Diego Ferré, como si el vehículo perteneciera a alguna empresa de taxi.
La acción se repitió en los siguientes momentos; es decir, en esos días, el vehículo de uso exclusivo del Instituto Peruano del Deporte –IPD- de Lambayeque, fue utilizado a horas tempranas del día, a las 7:35 de la mañana, para recoger de su casa y trasladarla hasta su centro de labores a Mayra Mercedes Ramírez Meléndez, así como llevarla a su hogar luego de haber laborado.
DERECHO A REPLICA
El aludido funcionario, Walter Hugo Vera Mechán, fue ubicado por periodistas de este medio, negando todas las imputaciones y sosteniendo estar extrañado por la investigación fiscal en su contra en la figura de presunto peculado de uso.
De manera unilateral descartó que haya estado haciendo aprovechamiento indebido del cargo y dando mal uso del vehículo oficial de la institución. En su defensa, sostuvo que efectivamente en algunas oportunidades el vehículo oficial del IPD había recogido de su casa y llevado al trabajo a la trabajadora Mayra Mercedes Ramírez Meléndez.
Agregó que eso no significaba que se cometa delito de peculado de uso sino muy por el contrario, su acción se debe entender como un apoyo para Mayra Mercedes Ramírez Meléndez. Sostuvo que más que un apoyo, atina a su sentido de solidaridad y filantropía ya que dicha persona no gana más de 900 soles mensuales, el cual no le alcanzaría para sus pasajes diarios.
De igual manera, destaca que Mayra Mercedes Ramírez Meléndez se encontraba cubriendo tres puestos de trabajo como es el caso de asistente de presidencia, administradora encargada y administradora del Consejo Regional del Deporte –CRD- Lambayeque, y administradora del Centro de Alto Rendimiento –CEAR- Lambayeque.
La historia para recoger a Mayra Mercedes de su casa con movilidad a la puerta, se dio desde el mes de diciembre del año pasado –según dijo Walter Hugo Vera Mechán, quien explicó que en ese momento no se hacía uso de la unidad vehicular, sino que apostando a su sentido solidario y tras conversar con el chofer del IPD Lambayeque, Max Vera, le propuso que recoja a la mencionada dama y a cambio se le iba a recocer el consumo de combustible de sus vehículo personal.
La necesidad de utilizar el vehículo del IPD –señaló- se dio luego que el chofer del carro que recogía a la señorita Mayra Ramírez, tuvo problemas para circular con su unidad. Al señor Max Vera yo le reconocía el consumo de combustible para que vaya a recoger y llevar de su casa al trabajo y viceversa a la señorita Mayra Ramírez, pero un día me dijo que ya no podía hacer porque su carro estaba con orden de captura, optando por disponer el uso del vehículo oficial, pero a cambio él seguía pagando el consumo de combustible con objetivo de no afectar al Estado.
“El traslado de la señorita Mayra Ramírez era de su casa al trabajo y del trabajo a su casa, más no a otro lugar”, sostuvo.
De igual manera, reveló que a pesar que en el IPD Lambayeque se tiene una regular recaudación económica de los servicios que ofrecen y brindan, y que todo lo recaudado se envía a Lima para su distribución, desde el mes de noviembre del año 2016 los funcionarios de administrar el IPD nacional, hasta el momento no les hacen llegar su partida económica para el pago de combustible y la unidad pueda ser utilizada, teniendo él que gastar de su bolsillo.
El peligro de colapso de muchos monumentos, principalmente históricos, es otro de los saldos que va dejando hasta el momento El Niño Costero que azota a Lambayeque desde inicios de febrero pasado. Las lluvias han encendido las alarmas del sector Cultura, que, al no haber sido incluido en emergencia por desastres declarada por el Ejecutivo nacional, no tiene disponibilidad presupuestal para atender la protección del patrimonio. Peor aún, porque en el caso del departamento la Dirección Desconcentrada no es propietaria ni administradora de ninguno de estos recintos.
La situación es grave. El caso más saltante en Chiclayo tiene como protagonista al edificio del Politécnico Pedro Abel Labarthe Durand, ubicado entre las calles Tacna, Colón y la avenida Bolognesi, que desde un primer desplome parcial, ocurrido en febrero del 2010, se mantiene en condición ruinosa.
Las lluvias de la segunda semana de marzo originaron la caída de otra parte del inmueble, construido en la segunda década del siglo XX, que pese a tener condición de monumento histórico no recibe ninguna asignación presupuestal especial para su mantenimiento y restauración.
El año pasado, tras meses de gestión, el Gobierno Regional de Lambayeque logró que el Ministerio de Educación, propietario del inmueble, trasfiriera el bien para que se implemente un proyecto de restauración que permita la recuperación del edificio con fines culturales para la ciudad.
EL PROPIETARIO
Siendo así, ¿a quién corresponde su atención frente al inminente peligro de colapso que existe actualmente?
El arquitecto Alberto Risco Vega, responsable de la Dirección Desconcentrada de Cultura – DDC Lambayeque, señala que en teoría al gobierno regional, al ser este el nuevo titular del bien, pero que su intervención debe contar con autorización expresa del Ministerio de Cultura, del nivel central.
Como solución existen dos caminos: el desmontaje de la parte afectada para reducir el riesgo de colapso, que hace vulnerable la seguridad de los transeúntes e incluso de los alumnos, docentes y trabajadores que asisten al edificio contiguo, también propiedad del colegio, o demonumentalizar el bien; es decir, dejar sin efecto su condición de monumento histórico para que se proceda a la demolición. La Gerencia Regional de Infraestructura ha hecho público su interés de adoptar la primera alternativa.
“El Ministerio de Cultura, en Lambayeque, no tienen ninguna propiedad que sea monumento y tampoco administra ningún recinto histórico. No tenemos condición de propietarios o administradores. De acuerdo a la Ley de Protección de Patrimonio el principal responsable sobre el mantenimiento y conservación del bien es el propietario”, aclara Risco Vega.
Indica que si bien la ley es incompleta en el sentido que no brinda de parte del Estado ningún apoyo al propietario de los recintos monumentales, que pueden ser entidades públicas o entes privados, está claro que estos deben mantener integridad del mismo. “La ley ahora solo establece una tutela, no hay forma de invertir dinero del Estado en la conservación de un monumento propiedad de una persona natural o de una persona jurídica”, señala.
“El Gobierno Regional de Lambayeque lo que hizo fue corretear al Ministerio de Educación por más de un año para que vía convenio le ceda la propiedad del Politécnico Labarthe, lo que se logró en octubre del 2016. A fines del año pasado se adjudicó el perfil para la restauración”, comenta Risco Vega.
ACOMPAÑAMIENTO
El funcionario refiere que la participación del Ministerio de Cultura se dará solo cuando se empiece a formular el expediente técnico para la reconstrucción y restauración del edificio.
Entre el 2013 y el 2014 el Gobierno Regional de Lambayeque y el ministerio establecieron convenios para la puesta en valor de tres monumentos históricos: el exconvento de Santa María, el Teatro Dos de Mayo y el Politécnico Labarthe. Sin embargo, a nivel ministerial no se llegó a concretar la firma del secretario general de dicho portafolio en los acuerdos, por lo que a nivel local se fijó que el sector apoyaría en la supervisión de los trabajos que se realicen para concretar la recuperación de los inmuebles.
“Se acordó que Cultura no aportaría presupuesto para la restauración, sino que acompañaría únicamente como supervisor, por lo tanto no ha habido nada que limite al Ministerio de Educación o al Gobierno Regional de Lambayeque a invertir en la restauración, requerían una opinión favorable del Ministerio de Cultura, solo eso”, explica.
De este modo, Risco Vega responde a la solicitud de autorización que hace semanas hizo la Gerencia de Infraestructura del Gobierno Regional a la DDC Lambayeque para intervenir en el local del Politécnico Labarthe. “La única forma en la que nosotros podemos intervenir es que nos transfieran el bien, cosa que no ha sucedido”, remarca.
RIESGO LATENTE
Quitarle la condición de monumento al viejo local educativo tampoco es potestad de la Dirección Desconcentrada, sino del nivel central del Ministerio de Cultura. Por esta razón, a nivel local se plantea que se aplique el desmontaje de las estructuras con mayor riesgo de colapso.
Según informa Alberto Risco, el año pasado se trabajó bajo dicho mecanismo en siete casonas del centro histórico de Lambayeque.
“El caso del Politécnico Labarthe preocupa porque es uno de los pocos monumentos importantes que tenemos y seguro que después de estas lluvias habrá mucho que pensar y decir respecto al patrimonio histórico. Antes de las lluvias el patrimonio monumental ya estaba en estado ruinoso, salvo uno u otro caso excepcional, pero ahora sí todo está en riesgo”, menciona.
Similar situación es la que presenta el Colegio 27 de Diciembre de Lambayeque, donde al igual que en el Labarthe la DDC Lambayeque ha colocado listones de madera como soporte a las estructuras más vulnerables, esto como paliativo a la vulnerabilidad que existe.
La capilla del Hospital Las Mercedes, cuya torre cayó parcialmente con las lluvias de febrero, es propiedad del Ministerio de Salud, en tanto el terreno sigue siendo propiedad de la Sociedad de Beneficencia Pública de Chiclayo.
Casos también preocupantes son la Capilla Doctrinal de Mórrope, donde de manera provisional se ha revestido con plástico donado por el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, parte de la estructura, y las capillas del conjunto religioso de Lambayeque, en específico la recientemente restaurada Ramada de San Francisco.
El complejo religioso de Zaña, también es vulnerable, y en este caso no solo por las lluvias, sino también por su proximidad al río que cruza el distrito.
Respecto a la Iglesia Santo Domingo de Olmos, que el lunes último colapsó casi por completo, Risco Vega señala que esta no tenía la condición de monumento histórico aun cuando se sabe que parte de la infraestructura data de la época colonial.
“El ministerio en su conjunto ha tomado medidas para oficializar el gasto en emergencias, porque en realidad a todos nos tomó desprevenidos desde las primeras lluvias. En el caso de las unidades ejecutoras, que manejan presupuestos grandes, se han realizado modificaciones presupuestales para destinar fondos para la emergencia, y para ello se ha tenido que elaborar una normativa para que este gasto sea más eficiente, más controlado y se lleve una cuenta clara de cuánto se está gastando. En el caso de las direcciones desconcentradas de Cultura la situación es totalmente diferente, porque estas no manejan recursos. Recién hace dos semanas se han diseñado los formatos y directivas por las cuales se debe solicitar el recurso para intervenir en el patrimonio histórico y esto debe ser autorizado por Lima. El dinero vendrá en algún momento”, comenta.
PALIATIVOS
Parte del material de desecho de los proyectos de investigación arqueológica dirigidos por la Unidad Ejecutora 005 – Naylmap, ha sido empleado en el apuntalamiento de los edificios monumentales con riesgo de colapso.
Risco Vega explica que sin esta medida hubiera sido imposible ejecutar acciones durante la emergencia por las lluvias para evitar que los inmuebles se derrumben.
“Estimamos que se necesitan aproximadamente 100 mil soles para dar atenciones básicas a los inmuebles declarados como patrimonio histórico, porque estos no han recibido tratamiento preventivo a diferencia de lo que sucede con los complejos arqueológicos”, señala.
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO
Justamente, en relación al patrimonio arqueológico, en los últimos años se han realizado trabajos de protección que han mitigado el impacto de las lluvias de febrero y marzo. Uno de los ejemplos más saltantes es Túcume, donde se han registrado pequeños huaicos resultado del embalsamiento del agua de lluvia y su mezcla con arenisca movilizada por acción del viento.
La fuerza de estos eventos que pudieron semienterrar los recintos del viejo y el nuevo museo de sitio de Túcume fue reducida por la habilitación de drenes y muros de contención levantados hace años.
“Se ha contratado a cuadrillas de trabajadores para que limpien la zona, principalmente de los drenes a fin que en lluvias posteriores estos vuelvan a mitigar los deslizamientos. No se puede emplear maquinaria pesada porque se trata de una zona arqueológica”, detalla.
La Unidad Ejecutora 005 puede modificar hasta el 10 % de su presupuesto para acciones de contingencia en los centros arqueológicos. Esta flexibilidad para el gasto se dio semanas después de presentadas las primeras precipitaciones pluviales de febrero, y hasta el momento ha permitido mejorar la protección de algunos sitios.
Un problema detectado en Huaca Rajada, por ejemplo, es que la cobertura instalada en el 2006 tiene la misma área que la zona excavada por los arqueólogos, por lo que, al carecer de aleros, ha ocasionado algunas filtraciones sobre la huaca e incluso sobre la tumba original del Señor de Sipán, descubierta en 1987.
En este caso, por recomendación de los restauradores y arqueólogos se está dejando que las filtraciones sequen por sí solas, toda vez que la intervención del hombre puede ocasionar más daños a la estructura.
En otros complejos como Huaca Bandera en Pacora y Jotoro, en Jayanca, también se ha registrado filtraciones.
“Desde febrero tenemos cuadrillas trabajando permanentemente en Túcume y en el Santuario Histórico del Bosque de Pómac hemos tenido que esperar que el río La Leche reduzca su caudal para ingresar, con apoyo del Ejército”, menciona Risco Vega.
En el verano del 2016, la Unidad Ejecutora Naylamp realizó trabajos de protección de Pómac, principalmente en las huacas El Loro y Las Ventanas, que son las más vulnerables frente a las crecidas del conocido “río loco”. Estos trabajos, consistentes en la colocación de sacos terreros, permitieron frenar el avance de las aguas a la zona monumental. Actualmente se está reforzando el dique.
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La suerte de Manuela Pejerrey Campodónico no tiene límites. Ex gerente general de EPSEL y exfuncionaria de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, durante el gobierno del recluido exalcalde Roberto Torres Gonzales, ocupa hoy un alto cargo en la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, lo que no tendría nada de malo si es que el Ministerio Público no pidiera en su contra 15 años de prisión al señalarla como presunta responsable de delitos como asociación ilícita, peculado doloso y colusión agravada.
Una búsqueda en el Portal de Transparencia de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, permitió confirmar que Pejerrey Campodónico continúa laborando como funcionaria, pese a que en octubre del año pasado tanto el titular de la PCM, Fernando Zavala Lombardi, como el propio presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, fueron notificados por escrito de la situación legal de la extrabajadora de la comuna de Chiclayo.
Expresión corroboró que Manuela Pejerrey trabaja en la PCM incluso desde el gobierno de Ollanta Humala Tasso, pues en la nómina de personal Contratado por Administración de Servicios – CAS, correspondiente a julio del 2016, aparece en la página 13 como profesional asignada a la Secretaría de Gestión Pública, con una remuneración mensual de 10 mil soles. Ese mes recibió la gratificación correspondiente a Fiestas Patrias, ascendente a 300 soles.
Según el directorio de Oficinas de Programación e Inversiones OPI, o las que hacen sus veces, que aparece en la página del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Manuela Pejerrey Campodónico es responsable de la Unidad Formuladora – UF, de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, teniendo asignado su despacho en el piso 11 del edificio ubicado en el Jirón Cusco Nº 121 – Lima.
PRESENCIA EN EPSEL
Manuela Pejerrey asumió la gerencia general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, el 16 de febrero del 2011, por acuerdo del Directorio que en aquel entonces presidía Percy Quesquén Díaz, hoy investigado en el caso “Limpios de la corrupción”.
La designación fue defendida severamente por la administración municipal de Roberto Torres Gonzales, que tenía el control de la empresa de saneamiento, pese a que la Oficina Regional de la Contraloría General de la República remitió el Oficio N° 00397-2011-CG/ORCCH, en el que observaba la permanencia de Pejerrey Campodónico en la gerencia de EPSEL, al no reunir los requisitos mínimos para el desempeño del cargo.
El cuestionamiento contra la economista de profesión se centró en que de acuerdo al Manual de Organización y Funciones – MOF, de la entidad paramunicipal, la gerencia general debía ser ocupada por un ingeniero sanitario, civil o un licenciado en administración.
Según la Contraloría, la experiencia laboral y las capacidades académicas de Manuela Pejerrey no cubrían los requisitos del MOF, por lo que se recomendaba su separación del cargo. Empero, esta continuó ejerciendo la gerencia general.
EN LA MUNICIPALIDAD
De acuerdo a su hoja profesional, en el 2006 Pejerrey Campodónico se había encargado de la formulación de proyectos de preinversión con el Sistema Nacional de Inversión Pública, en la Unidad Formuladora de la comuna provincial.
Al iniciarse el primer mandato de Roberto Torres, entre el 2007 y el 2010, la economista se desempeñó como subgerente de Programación de Inversiones y Cooperación Técnica.
Precisamente en este puesto es que pasa a conformar el Comité de Adjudicaciones que debió entregar las buena pro de una serie de obras de pavimentación que el gobierno nacional financió a favor del municipio de Chiclayo, cuando la ciudad fue elegida subsede del Foro Económico del Asia Pacífico – APEC, en el 2008.
Resultado de dicha intervención económica se construyeron diversas pavimentaciones, entre ellas las avenidas Juan Tomis Stack, Los Tréboles y Agustín Vallejos Zavala.
Sin embargo, tiempo después se corroboró que dichos procesos se realizaron de manera irregular, y que las obras carecían de calidad técnica, por lo que presentaron deterioro prematuro.
PRIMERA ACUSACIÓN
El caso de las obras mal ejecutadas fue denunciado por el exregidor y primo de Torres Gonzales, Carlos Gonzales García, y recayó en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, asumiendo la carpeta N° 742-2010 el entonces fiscal Esdras Sánchez Moreno, quien formuló el requerimiento acusatorio contra el burgomaestre y otros 19 funcionarios y exservidores de la comuna, entre ellos Manuela Pejerrey, contra quien solicitó al Poder Judicial la imposición de una condena de 30 años de cárcel.
Sobre la economista se señalaron tres tipos penales: peculado doloso, colusión agravada y asociación ilícita.
El Ministerio Público consideró en su acusación que los imputados trasgredieron los principios que regulan las contrataciones del Estado, estipuladas en el artículo 4 del Decreto Legislativo 1017 y se coludieron con los proveedores a fin de defraudar al Estado, empleando la propia organización estatal para tal fin.
Asimismo, que se apropiaron de sumas de dinero destinado a la realización de obras públicas, para lo cual manipularon los procedimientos a seguir, sin respetar las formalidades impuestas por la ley; lo que quiere decir que se realizaron procesos de licitación para la adquisición de materiales, supuestamente para trabajos en obras ya finalizadas.
Inclusive, se detectó adquisiciones de bienes y servicios de manera directa, sin convocar a procesos de contratación.
REFORMULACIÓN
El juez del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Justicia de Lambayeque, Sergio Chimpén Asenjo, ordenó al fiscal Carlos Cáceres Alejos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, subsane los errores técnicos encontrados en la acusación que formuló el destituido fiscal Esdras Sánchez Moreno.
En el nuevo requerimiento presentado en enero de este año, el representante del Ministerio Público solicitó al Poder Judicial se imponga contra Pejerrey Campodónico la condena de 15 años de prisión, al sostener que es partícipe de los delitos de colusión ilegal, concusión y peculado, además de asociación ilícita.
OTROS CASOS
Pejerrey Campodónico también está involucrada en la investigación fiscal que se sigue contra Roberto Torres Gonzales por el mal uso de dineros dados a la Municipalidad Provincial de Chiclayo como parte del Plan de Incentivos del año 2014.
Se trata de seis millones de soles que fueron utilizados para contratar personal y pagar revalorizaciones de la obra de agua y alcantarillado de Campodónico y San Martín.
El Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria dispuso que se continúen las diligencias contra el exburgomaestre de la ciudad y otros exfuncionarios del municipio, señalados por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios como responsables del delito de malversación de fondos en agravio del Estado.
El caso, contenido en la Carpeta Fiscal N° 378-2015, se encuentra en manos de la fiscal Magaly Quiroz Caballero, quien ha determinado que el dinero recibido por la comuna como parte del Plan de Incentivos, ascendente a seis millones 888 mil soles, que debió ser utilizado para la modernización y mejora de la administración municipal, fue destinado al pago de planillas y revalorizaciones de una obra de saneamiento básico.
La participación de Manuela Pejerrey en este caso se debe a que según la Resolución de Alcaldía N° 107-2014/MPCh/A, esta debía implementar las metas del Plan de Incentivos, al desempeñarse como Subgerente de Programación de Inversiones y Cooperación de la comuna provincial.
Por otro lado, este año la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios citó de grado o fuerza a Manuela Pejerrey y a otros exfuncionarios municipales para que dé su testimonio en las investigaciones que a la exadministración de Roberto Torres en el municipio de Chiclayo.
INFORME AL PRESIDENTE
En octubre del año pasado, el exprocurador de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Pedro Alvarado Guerrero, cursó cartas al presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, y al presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala Lombardi, informando de la situación legal de Pejerrey Campodónico, solicitando su destitución inmediata.
El despacho presidencial, a través de la Subsecretaría General, respondió la carta de Pedro Alvarado el 7 de noviembre del 2016, con la misiva N° 4814-2016-DP-SSG/OACGD, indicando que se había dado cuenta del escrito a la Presidencia del Consejo de Ministros a fin que se revise y evalúe el caso, y se procesa de ser correspondiente al pedido realizado por el exprocurador municipal.
La polémica decisión del Directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, de suspender el cobro de la tasa de desagüe y alcantarillado correspondiente a marzo, abril y mayo, a propuesta del alcalde de Chiclayo y presidente de la Junta de Accionistas, David Cornejo Chinguel, sigue dando que hablar. Los propios trabajadores de la empresa han señalado que se trata de una medida antitécnica, en tanto el representante del gobierno regional advierte la posibilidad de una sanción dispuesta por la SUNASS.
Para la Municipalidad Provincial de Chiclayo la decisión adoptada en EPSEL es “histórica” y en palabras del alcalde representa “un nuevo espíritu de justicia comunitaria” que se verá reflejado en los recibos de más de 140 mil usuarios.
La decisión fue comunicada el 23 de marzo, a través de una nota de prensa de la comuna provincial, en la que se señala que Cornejo Chinguel, anunciaba el no cobro de la tasa de alcantarillado, lo que “alivia temporalmente la sufrida economía de todas las familias de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe que se ha visto afectada por la interrupción de los servicios de desagüe y alcantarillado”.
“Es de justicia que EPSEL tome esta decisión, favoreciendo la economía popular con la exoneración del pago de recibos que facturan marzo, abril y mayo”, dijo el burgomaestre, quien estuvo acompañado de regidores de su entorno, funcionarios de la paramunicipal y el congresista fujimorista Héctor Becerril Rodríguez.
Lo cierto es que por la medida, la entidad de saneamiento dejará de percibir un millón 527 mil 971 soles al mes; es decir, cuatro millones 583 mil 971 soles entre marzo y mayo, al beneficiar con la exoneración a los usuarios de todos los 27 distritos en los que EPSEL opera el servicio de alcantarillado.
Sin embargo, no fue sino hasta el martes 28 de marzo que se concretó lo dicho por Cornejo Chinguel con los votos de tres de los cinco integrantes del Directorio de la empresa, quienes fueron respaldados por los alcaldes provinciales de Lambayeque, Ricardo Velezmoro Ruiz, y de Ferreñafe, Jorge Temoche Orellano, además de algunos alcaldes distritales, entre ellos Epifanio Cubas Coronado, de José Leonardo Ortiz.
¿SE JUSTIFICA?
Precisamente sobre esto último se ha pronunciado el Sindicato de Trabajadores Profesionales de EPSEL – S.A., al cuestionar que la medida beneficie a la totalidad de usuarios bajo el argumento que se acoge la exoneración de la tasa de agua y alcantarillado por la emergencia que se vive por las lluvias e inundaciones, cuando en lo real diversos distritos a los que alcanza la decisión del Directorio de la empresa no atraviesan condiciones de riesgo por la ocurrencia de El Niño Costero y mucho menos suspensión de las operaciones de la prestadora.
Como señala el sindicato, lo que ocurre en las localidades de la Zonal Norte (Lambayeque, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca, Salas, Motupe y Olmos) no es similar a lo suscitado en la Zonal Sur (Monsefú, Reque, Santa Rosa, Ciudad Eten, Puerto Eten, Mocupe, Zaña, Nueva Arica y Oyotún), y tampoco igual a lo ocurrido en la Zonal Ferreñafe (Picsi, Ferreñafe, Pósope, y Batangrande), y los distritos de José Leonardo Ortiz , La Victoria y Chiclayo.
Cuestionan que ni el Directorio ni la Junta General de Accionistas hayan solicitado a través de la Gerencia General los informes correspondientes para saber la situación de las zonas afectadas por las lluvias e inundaciones, los mismos que acrediten que en efecto la totalidad del servicio de alcantarillado intradomiciliario en casi todo Lambayeque ha dejado de funcionar.
Añaden que para que se adopte dicha medida tampoco se ha tenido la opinión favorable de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, que como ente regulador de la empresa paramunicipal debió acreditar la no prestación del servicio para que se suspenda el cobro.
PROBLEMA ECONÓMICO
Pese a mantener el monopolio en la prestación de los servicios de saneamiento básico, EPSEL pierde al año, conforme los señalan los estados financieros, poco más de 13 millones de soles. Incluso, las firmas auditoras que en los últimos cinco años han auditado el manejo económico, financiero y contable de la empresa, se han negado a emitir opinión final respecto a los procedimientos, por carecer de información suficiente que permita arquear los ingresos y egresos de la paramunicipal.
El Sindicato de Trabajadores Profesionales de EPSEL advierte también que la liberación de la tasa de desagüe y alcantarillado, aplicable a los recibos de marzo, abril y mayo, generará efectos económicos para la empresa en los meses siguientes, agudizando aún más la situación financiera.
Según el gerente general, Néstor Salinas Vásquez, para compensar los casi cinco millones de soles que se dejarán de percibir durante estos meses, la empresa “reducirá sus gastos en publicidad y contratación de servicios”.
Empero, se advierte desde ya que la empresa, con estados financieros negativos, puede enfrentar problemas para asumir la operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado en los próximos meses.
LA EMPRESA
Salinas Vásquez ha explicado que entre abril y mayo la empresa ejecutará un programa de emergencia “de orden operacional”, para lo cual utilizará máquinas de balde y camiones hidrojet para rehabilitar el alcantarillado.
Asimismo, que se elaborarán expedientes para solicitar recursos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el Ministerio de Economía y Fianzas – MEF, para – según afirma – darle solución integral al problema del alcantarillado en las tres provincias del departamento.
Eso sí, la empresa se ha encargado de dejar en claro que la exoneración del pago de desagüe y alcantarillado se aplica únicamente a los usuarios de tipo domiciliario, quedando fuera del “beneficio” los consumidores de categoría industrial y comercial.
PRESIÓN EDIL
Roger Inga Durango, representante del Gobierno Regional de Lambayeque en el Directorio de EPSEL, comenta que en la sesión en la que se ratificó la exoneración del pago de desagüe y alcantarillado, este le hizo saber al alcalde David Cornejo que teniendo el colegiado autonomía para decidir – de acuerdo a la norma – correspondía que este lo deje decidir si se implementaba o no su propuesta.
“Él no quiso retirarse y prácticamente nos obligó. Lo que acaba de hacer el Directorio es un acto ilegal, y no está conforme a Ley, porque la norma señala que la empresa puede no facturar el servicio cuando este no se da, pero en este caso todos tenemos agua y desagüe con normalidad, entonces el servicio sí se está dando. Él no entendió razones, y dentro de mi postura por lo menos conseguí que no se exonerara del pago a las industrias y a los usuarios comerciales”, menciona.
El director de la empresa añade que incluso dentro de los distritos afectados por las lluvias e inundaciones existen zonas que siguen recibiendo con regularidad los servicios de EPSEL, pero que aun así los usuarios se beneficiarán con el no pago, haciendo la medida mucho más cuestionable.
¿CONSULTA VERBAL?
Cuenta Inga Durango que Cornejo Chinguel informó al Directorio que hizo la consulta previa a la SUNASS y que funcionarios del ente regulador “verbalmente le dijeron” que la exoneración era procedente.
“Las cosas en la administración pública se hacen por escrito, y con esto no solo se corre el riesgo que la SUNASS le enmiende la plana al alcalde y a sus directores, sino también que esta formule una denuncia por usurpación de funciones. Solo SUNASS está facultada para resolver la supresión de un cobro en los recibos”, menciona.
Anota que sí hay zonas de las que opera EPSEL en las que ha quedado interrumpido el suministro del servicio, por lo que en esos casos sí corresponde la exoneración en base a informes específicos, no lo que implica que la medida se haga efectiva a los 27 distritos donde tiene injerencia la empresa del saneamiento.
“El recurso es del Estado y nadie puede ir en contra de ello. Es como si mañana el jefe de SUNASS dijera que no se paguen impuestos, hacerlo es ir contra el Estado y eso es lo que no se está respetando en el caso de EPSEL”, precisa Inga Durango, quien anunció que formulará la denuncia correspondiente ante la superintendencia.
El gobernador de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, hace un llamado a los damnificados por las lluvias, desbordes y huaicos a mantener la calma, en tanto a los alcaldes distritales a que entreguen la totalidad de la ayuda que se asigna desde el Centro de Operaciones de Emergencia Regional – COER, a cada familia. Por otro lado, califica de populista la decisión dirigida por el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para que EPSEL deje de cobrar la tasa de desagüe y alcantarillado, argumentando que con eso no se soluciona el problema de fondo.
La última actualización del Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, reporta que en el departamento existen en total 52 mil 200 personas damnificadas y otras 145 mil 96 afectadas, siendo la provincia de Lambayeque la que mayor número de perjudicados registra por El Niño Costero que golpea al país. Allí se han reportado hasta el momento 29 mil 29 damnificados y 59 mil 384 afectados.
El distrito más golpeado es Mórrope, seguido de Jayanca y Pacora, con siete mil 517, cinco mil 950 y cinco mil 347 damnificados respectivamente. A estos se suman Túcume con tres mil 638 e Íllimo con dos mil 665. Sin embargo, Olmos es el que más afectados tiene al sumar 15 mil 72.
Mórrope y Jayanca son los distritos con mayor número de viviendas colapsadas.
Para el caso de la provincia de Chiclayo, el INDECI registra 20 mil 244 damnificados y 64 mil 601 afectados; siendo el distrito capital y José Leonardo Ortiz los que concentran la mayor cantidad de familias damnificadas.
En Ferreñafe provincia, hay dos mil 927 damnificados y 21 mil 111 afectados.
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
Según el reporte, en la provincia de Lambayeque las lluvias e inundaciones afectaron 97 instituciones educativas, 27 de ellas en Motupe, 20 en Íllimo y 13 en Mórrope. Además, tres colegios de Mochumí son ahora inhabitables.
Respecto a establecimientos de salud, 37 resultaron afectados, diez de ellos en Motupe y ocho en Mórrope. Asimismo, cuatro colapsaron en San José y en total siete están inhabitables: cuatro en San José, dos en Túcume y uno en Mochumí.
En Chiclayo, en el distrito de La Victoria se ha registrado que tres instituciones educativas han colapsado, en tanto 96 fueron afectadas, la mayor parte en José Leonardo Ortiz (22) y Nueva Arica (18). Un colegio de Ciudad Eten y dos de Nueva Arica son inhabitables.
La información sobre los establecimientos asistenciales de la provincia es la siguiente: 28 están afectados, dos colapsados (La Victoria), y dos inhabitables (Pátapo y Pimentel).
En Ferreñafe 30 colegios están afectados, 24 de ellos en Pítipo, en tanto cinco han sido declarados inhabitables en Cañaris.
TRANSPORTES
El saldo de El Niño Costero en relación a transportes y comunicaciones es alto. A nivel departamental se han destruido 202.51 kilómetros de caminos rurales y otros 331.84 están afectados. Asimismo, hay 48.29 kilómetros de carreteras destruidas y otros 21.7 afectados.
El número de puentes destruidos asciende a 52, y los afectados a 26.
Mórrope, Salas y Jayanca son los distritos con más caminos rurales destruidos, en tanto el primero de estos ha perdido 16.2 kilómetros de carretera.
“El puente Tablazos de Chongoyape, que fue destruido el fin de semana por el río Chancay, se trata de una estructura que desde 1998 se encontraba dañada. Las últimas lluvias originaron un caudal de 450 metros cúbicos por segundo que terminó por colapsar el puente, esto sin que el río traslade los mil 200 metros cúbicos que se acostumbra para fenómenos como el que vivimos”, explica el gobernador regional Humberto Acuña Peralta.
Indica que en el caso de Olmos sí se ha registrado un caudal preocupante, nunca antes visto, de 700 metros cúbicos por segundo, mientras que en Motupe se activaron quebradas que desde hace más de dos décadas permanecías secas.
La autoridad menciona que la situación es de alerta por lo que sucede también en Jayanca, así como en los distritos altoandinos de Cañaris e Incahuasi, donde se han perdido dos puentes peatonales y uno carrozable, que ha dejado incomunicadas a ambas jurisdicciones.
Acuña Peralta señala que en todas las zonas afectadas hay actualmente maquinaria tanto del gobierno regional, de los municipios y contratada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que están realizando trabajos de limpieza, mejora de defensas y desbloqueo de vías.
Sobre lo sucedido en Motupe, con la caída de huaicos desde el cerro Chalpón, que afectaron la infraestructura turística construida por el gobierno regional, Humberto Acuña señala que si bien el mirado ha sido completamente destruido este será rehabilitado por la empresa que ejecutó el proyecto, en tanto garantizó que el resto de la obra se encuentra en buen estado.
AYUDA HUMANITARIA
El gobernador regional sostiene que lo que más necesita en estos momentos es alimentos para los damnificados, muchos de ellos reubicados en los 26 albergues que el COER ha implementado Pacora, Íllimo, Jayanca, Olmos, Pítipo, José Leonardo Ortiz, Cayaltí y Pimentel.
Según el COER, se ha distribuido hasta el momento 65 toneladas de alimentos no perecibles entre los damnificados de Jayanca, Pacora, Íllimo, Túcume, Mórrope, Pítipo, Motupe y Chongoyape.
“Estamos coordinando con el INDECI para que envíe más raciones de alimentos, aunque ahora es un prioridad Piura, lo cual es entendible. Nosotros como gobierno regional, con la modificación presupuestal de dos millones de soles que se ha aprobado vamos a comprar alimentos, pero también estamos solicitando a los alcaldes que destinen el mayor porcentaje de los 200 mil soles que han recibido para la emergencia a la compra de alimentos no perecibles. Si bien el primer desembolso de 100 mil soles fue con restricciones, ahora sí es posible que adquieran estos insumos”, explica.
Reconoce el trabajo realizado hasta el momento por las Fuerzas Armadas y policiales, que se mantienen activas las 24 horas del día ayudando a las familias damnificadas y en estrecha coordinación con el COER.
“A los damnificados les pido calma y orden, seguir trabajando con planificación. La emergencia se está trabajando hasta ahora con una dirección técnica, pero lamentablemente hay autoridades que le están dando un criterio político. Hay malestar en cierta parte de la población porque la ayuda humanitaria no está llegando completa. El Gobierno Regional de Lambayeque y el INDECI están entregando la ayuda a los alcaldes y estos deben distribuirla de manera correcta. Por ejemplo, un damnificado que ha perdido su casa debe recibir 12 planchas de triplay y 18 calaminas para construir un módulo, pero hay alcaldes que están entregando menos de lo que se asigna desde el COER por familia, con el afán de llegar a más personas. Eso tiene que corregirse”, cuestiona.
MAQUINARIA
El gobernador regional precisa que la presencia del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Eduardo Ferreyros, como coordinador del gobierno nacional en las labores de emergencia, ha permitido que se incremente la presencia de maquinaria pesada para las labores de limpieza y encausamiento de ríos, así como de desbloqueo de carreteras.
De tener 70 máquinas, entre cargadores frontales, retroexcavadoras y volquetes, operando en la jurisdicción ahora se cuenta con 115.
“Tenemos maquinaria en Motupe, Olmos, Túcume, Pítipo, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña, Santa Rosa, Chongoyape, Lambayeque y Ferreñafe. La maquinaria ha sido distribuida entre todos los alcaldes, pero con prioridad a las zonas que más se necesitan”, refiere.
Comenta además que el ministro hizo posible que se mantenga un helicóptero del Ejército para trasladar medicinas y ayuda humanitaria a las zonas en las que por el momento es imposible el acceso vía terrestre.
“Hay algunas obras del gobierno regional que se han retrasado debido a las condiciones de acceso. Por ejemplo, tenemos un colegio listo para la colocación de puertas y ventanas en Incahuasi, pero no podemos culminar la obra debido a que no hay manera de trasladar los materiales. Del mismo modo en Cañaris, por la interrupción de la carretera Fernando Belaúnde Terry”, explica.
RECONSTRUCCIÓN
El gobernador regional refiere que aún es prematuro hablar de la reconstrucción que deberá iniciarse en el departamento, más porque las alertas de lluvia todavía se mantienen.
Indica que el gobierno nacional será el encargado de dirigir el proceso que puede tardar entre cuatro y cinco años, y que hasta el momento a través de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, no se han establecido directivas en relación a la rehabilitación de la infraestructura dañada.
Sin embargo, se estima que en el caso de Lambayeque se requerirían, hasta el momento, de cuatro mil 800 millones de soles para superar el daño causado por El Niño Costero.
“Se necesitan no menos de tres mil millones de soles para la mejora total del sistema de saneamiento básico en Lambayeque, seguida de la construcción del drenaje pluvial para las ciudades, que costaría aproximadamente mil millones, en tanto 800 millones de soles serían invertidos en pistas y veredas. Este proceso demorará, no es que el dinero va a llegar mañana. Lo que a nosotros nos preocupa ahora es recuperar los servicios y mejorar la accesibilidad a la zona rural, para lo cual se necesitará cerca de 120 millones de soles”, detalla.
A esto suma que se necesitarán recursos para la rehabilitación de colegios y centros de salud, además de las viviendas, aspecto que deberá ser asumido directamente por el gobierno central.
“No se ha definido nada aún respecto a la vivienda, pues no se sabe si a los damnificados se les reconstruirá la casa, se les otorgará un préstamo o un bono. El Ministerio de Vivienda juega un papel muy importante en este aspecto”, señala, agregando que la reubicación a zonas seguras también deberá ser considerada por el sector.
“La reconstrucción tiene que estar en manos de un equipo técnico y con experiencia, lejos de cualquier criterio político, y donde se garantice la transparencia”, asevera.
MEDIDA POPULISTA
La autoridad de Lambayeque aborda también la polémica decisión del directorio de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, de suspender para los meses de marzo, abril y mayo, el cobro de la tasa de desagüe y alcantarillado, esto por iniciativa del alcalde de Chiclayo y presidente de la Junta de Accionistas, David Cornejo Chinguel.
“Es una medida populista con la que el seguramente los usuarios se ahorrarán algunos cuantos soles, pero una decisión de ese tipo no resuelve la problemática del saneamiento en Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria”, asevera.
Resalta que el representante del Gobierno Regional de Lambayeque en el directorio de EPSEL, Roger Inga Durango, fue el único que votó en contra de la propuesta, dejando sentada su disconformidad por la carencia de sustento técnico.
COMPROMISOS
Finalmente, el gobernador regional señala que cumpliendo con los compromisos asumidos ante la sociedad civil a través del Comité Cívico de Lambayeque, ha alcanzado al presidente de la República los memoriales correspondientes en los que se solicita la ejecución de un proyecto integral de saneamiento básico para el departamento y la construcción del drenaje pluvial.
Asimismo, menciona que se trabaja en la conformación del Comité Regional de Competitividad para que la sociedad civil tenga voz y voto en las decisiones regionales relacionadas a la distribución de los recursos, en tanto informa que la próxima semana acudirá al Consejo de Ministros en Lima, como representante de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales donde solicitará que se realice una sesión descentralizada en Chiclayo.
El Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, realizará el próximo martes 4 de abril el Panel Fórum “Propuestas de drenaje pluvial para ciudades costeras – Caso Lambayeque”, actividad académica gratuita que reunirá a expertos nacionales y extranjeros para debatir sobre el importante proyecto que deberá ejecutarse en los próximos años.
Entre los conferencistas participarán: Alfredo Masen, especialista en hidrología y drenaje pluvial urbano, jefe del Departamento de Hidráulica e Hidrología de la Universidad Nacional de Ingeniería; Ángel Ruiz, especialista en sistemas de drenaje pluvial de ciudades, experto de la Universidad Técnica Particular de Loja – Ecuador, y Walter Morales, especialista en hidrología y drenaje pluvial, actual decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque.
La actividad académica, que se realizará en el Auditorio del Colegio Nacional de San José, se iniciará a las 9 de la mañana, y a ella están convocados profesionales de la ingeniería y arquitectura, así como autoridades públicas, representantes de la sociedad civil y estudiantes, además de integrantes del Colegio de Ingenieros de departamentos vecinos.
“Es preciso y oportuno, por la coyuntura que se está viviendo, este aporte de nuestro Consejo Departamental que no solo es para Lambayeque sino también para las regiones vecinas, porque ninguna de las ciudades que han sido afectadas ha tenido planificación y menos la preparación de infraestructura como el drenaje pluvial. Por eso, la invitación es extensiva no solo a las autoridades y a la sociedad civil, también a los miembros de la orden desde Áncash hasta Tumbes”, menciona Carlos Burgos Montenegro, decano del colegio profesional.
Hasta el momento han confirmado su asistencia el decano nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, Jorge Alva Hurtado, así como los decanos de La Libertad, Piura y Tumbes, todos ellos con delegaciones de profesionales considerando la importancia de abordar la discusión técnica del drenaje pluvial, cuya existencia habría mitigado en gran medida el impacto de las lluvias y desbordes que desde febrero pasado azotan a la macroregión norte como consecuencia de El Niño Costero.
“Debemos reconocer que Piura es hasta el momento la región más afectada por las lluvias y las inundaciones, y por esta razón nuestro Consejo Departamental ha puesto a disposición del colegio de esta región hermana a sus expertos en hidráulica, entendidos en la materia”, comenta el decano.
IMPORTANCIA DE LA PLANIFICACIÓN
Tal como lo señaló en la edición 1005 de Expresión el presidente de la Comisión de Contingencias del CIP Lambayeque, Pablo Valdivia Chacón, Burgos Montenegro pone énfasis en la necesidad de avanzar en la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano de Chiclayo Metropolitano para que el proyecto del drenaje pluvial sea realmente eficiente.
“Los involucrados, en este caso los gobernantes municipales, son los primeros que deben interesarse en este tema, nosotros exigimos que el crecimiento de la ciudad se dé de manera ordenada y en ese sentido impulsamos que la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo deje de trabajar de espaldas a la realidad y ponga énfasis en la elaboración de un Plan de Desarrollo con una visión de largo tiempo”, menciona.
Refiere que si en la zona metropolitana se han presentado afectaciones considerables a cientos de familias es precisamente por la falta de un plan que oriente el crecimiento, habiéndose permitido que se construya en zonas altamente vulnerables a las inundaciones.
“Y aquí también hay una responsabilidad de los ingenieros, porque muchas veces nosotros avalamos como responsables técnicos las construcciones que se hacen sabiendo que tienen un alto grado de vulnerabilidad respecto a los impactos de las lluvias e inundaciones”, reconoce.
ORDENAMIENTO
En ese sentido, Carlos Burgos señala que si se trabaja desde ya en un eficiente plan de ordenamiento urbano de Chiclayo Metropolitano se determinará en qué zonas ya no es posible seguir habilitando licencias para construcción por alto riesgo.
“Se tiene que corregir todos los errores que se han venido cometiendo y en adelante trazar una línea de crecimiento que solo puede darnos un Plan de Desarrollo Urbano, para cuya formulación están aptos a colaborar tanto el colegio de ingenieros como el de arquitectos”, sostiene.
IMPORTANCIA DEL DRENAJE
“Estamos convocando en el panel fórum a especialistas que no solo se han especializado en el diseño y consultoría de drenajes, sino también en los procesos constructivos, experiencias con las que queremos nutrir a nuestros asociados, pero además ponerlas a disposición de las autoridades locales y regionales, para que entiendan lo importante que es que prevalezca el criterio técnico y no el político”, señala Burgos Montenegro.
Comenta que se ha invitado a la totalidad de colegios profesionales y de manera formal a las autoridades del departamento.
“El Niño Costero también ha ocasionado la destrucción de diversos puentes, así que estamos organizando también una actividad académica para abordar este tema, invitando a expertos de países que han sufrido desgracias similares y con la aplicación de la técnica supieron revertir la crisis”, finaliza.
¿Se burla de los operadores de justicia o se siente seguro que nada le pasará?, es la pregunta que se hace el abogado de los regidores de minoría, Víctor Luna Victoria Menacho, quien en diciembre pasado denunció al alcalde provincial, David Cornejo Chinguel, por abuso de autoridad. El edil no se presentó a declarar ante la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, pese que estuvo citado para el martes último a horas 11 a.m.
La investigación contra la autoridad edil se debe a que en octubre del 2016 designó en el cargo de Procuradora Adjunta a Mariela Berenice Custodio Cholán, sin que esta reúna los requisitos que demanda el Manual de Organización de Funciones. Es más, la funcionaria mencionada tenía procesos pendientes donde ella es la denunciada y la Municipalidad de Chiclayo la agraviada.
La historia de índole legal se remonta a diciembre del año pasado, luego que alcalde fuera alertado que cometía delito de carácter penal al designar en el cargo de Procuradora Adjunta a Mariela Custodio Cholán.
CAMBIO INESPERADO
El 20 de octubre pasado, Mariela Custodio fue cambiada abruptamente de la subgerencia de Fiscalización, luego de hacerse una serie de denuncias sobre abuso de autoridad y presunto enriquecimiento, puesto en el cual permaneció por un año con 11 meses.
En conferencia de prensa, la autoridad edil anunció el cese de funciones de Mariela Custodio al frente del área de Fiscalización, e indicó que esta pasaba a ocupar su antiguo cargo, en una oficina de la casa edil. Días después Custodio Cholán apareció como Procuradora Adjunta de la Procuraduría Municipal, puesto para el cual no reuniría el perfil requerido de acuerdo al Decreto Legislativo N° 1068.
Luna Victoria señala que previa a la formulación de la denuncia, al alcalde David Cornejo se le hizo saber en una carta el pedido de cese de funciones en el cargo de la funcionaria, debido esta mantenía un litigio con el Estado al tener investigaciones pendientes en el Ministerio Público por abuso de autoridad y usurpación de funciones.
PEDIDO CIUDADANO
Con carta L-228, presentada el 23 de noviembre del 2016, Luna Victoria Menacho solicitó el cese inmediato en el cargo de Procuradora Adjunta de Mariela Custodio Cholán, pero su petición no tuvo eco.
La acción generó la apertura del expediente municipal N° 77577-2016, en el que se sostiene que dicha persona trasgredía la normativa vigente para cumplir con la función antes descrita, y al no tener una respuesta positiva o negativa a su petición por parte de la autoridad municipal, a pesar de haberse vencido el plazo que dispone la Ley para actos administrativos, dio origen a la carta reiterativa de código L-242-2016, presentada el 1 de diciembre.
En la misiva vuelve a solicitar a la autoridad municipal deje sin efecto la designación de la Procuradora Pública Adjunta, sin perjuicio de las acciones legales que devengan por el presunto nombramiento ilegal, así como la omisión que estaría haciendo el burgomaestre en su tardanza al actuar tal y como lo dispone la Ley en estos casos.
LOS REQUISITOS
Luna Victoria sostiene que otro más de los factores por los cuales se pidió la inmediata destitución de Mariela Custodio en el cargo, es que no reuniría el requisito de haber ejercido la profesión por un período no menor de cinco años consecutivos, tal y como lo dispone el reglamento del Decreto Ley N° 1068, para el caso de las municipalidades provinciales, y tres años en el caso de municipalidades distritales.
El peticionante hace conocer que si bien Mariela Custodio es abogada de profesión, no tenía experiencia en la defensa legal ya que desde muy joven, desde la gestión edil de Miguel Ángel Bartra Grosso, ingresó a trabajar como administrativa de la Municipalidad de Chiclayo, lo que la hace ver que no reunía la experiencia que exige la Ley, porque nunca habría litigado debido a ser una servidora pública de carrera.
De igual manera –añade- no gozaba de idoneidad profesional y trayectoria en defensa judicial; es decir, durante sus años como profesional en Derecho nunca habría ejercido la defensa en el Poder Judicial. Asimismo, se le exigía que no tenga litigio pendiente con el Estado a la fecha de su gestión.
EN LA FISCALÍA
Víctor Luna Victoria hizo conocer también que en su legajo laboral–profesional, Mariela Custodio Cholan era investigada por el Ministerio Público, juntamente con el ex jefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, de Chiclayo, Nilton César Monje Sampén, por el presunto delito de Usurpación de funciones, abuso de autoridad y falsedad genérica, en agravio de Juan Alfredo Román Quiroz y contra la misma comuna provincia.
En laa investigación que realiza el Ministerio Público en la carpeta fiscal N° 3094-2016, a cargo del fiscal Máximo Medina Lucana, a Mariela Custodio Cholan, en calidad de ex subgerente de Fiscalización, se le sindica de haber actuado arbitrariamente durante un operativo, al desconocer el contenido de la Ordenanza Municipal N° 07-2014, lo que generó que fuera denunciada.
“La señora custodio está siendo investigada por usurpación de funciones donde no solamente hay un afectado, sino que con su actitud también afectó a la municipalidad; es decir, la Municipalidad Provincial de Chiclayo es víctima de Mariela Custodio Cholán y lejos de ser separada del cargo y ubicada en un lugar donde no influya en las investigaciones que se le sigue, el alcalde David Cornejo la premia y la designa como Procuradora Adjunta Municipal, sin tener en cuenta que no reúne los requisitos exigidos por la norma vigente en el caso de designación de Procuradores Municipales”, sostuvo Luna Victoria.
EN MANOS DE OCI
Para evitar que la Municipalidad de Chiclayo siga siendo vulnerada ante la desidia del alcalde David Cornejo, y el presunto aprovechamiento que habría estado haciendo Mariela Custodio para mantenerse en el cargo, Víctor Luna Victoria también puso el hecho en conocimiento del jefe del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad de Chiclayo, Wilder Alonso Castro Nieves, con el objetivo que adopte las medidas del caso.
Mediante carta con código L-249 -2016, del 2 de diciembre del 2016, se le hace conocer sobre el presunto incumplimiento de normatividad legal para el nombramiento de Procuradores Públicos, según el Decreto Ley N° 1068.
De igual manera, se le informó que dicho nombramiento va en contra de la normativa correspondiente, así como en contra del Manual de Organización y Funciones –MOF, y el Reglamento de Organización de Funciones –ROF- de la municipalidad de Chiclayo.
Asimismo, al jefe de OCI se le indica que en la actualidad existen procedimientos administrativos pendientes en contra de Mariela Custodio Cholán, cuando tenía a su cargo la subgerencia de Fiscalización de la comuna chiclayana, procesos que aún se encuentra en etapa de investigación.
OTRA DENUNCIA
De igual manera, Luna Victoria que también ha ingresado una nueva denuncia penal por abuso de autoridad contra el alcalde David Cornejo Chinguel y contra la Procuradora Adjunta de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Luzmila Bazán Serna, quien ocupa el cargo a pesar que en su haber tiene varias denuncias y donde la agraviada también es la comuna.
El letrado refiere que una de las denuncias que tiene la aludida funcionaria y que también arrastra al alcalde David Cornejo, es que junto al subgerente de Tránsito y Transportes de la municipalidad de Chiclayo, Isaías Merino Chavezta, han sido denunciados por Usurpación de Funciones y Abuso de Autoridad.
“La nueva denuncia contra el alcalde David Cornejo Chinguel es porque teniendo conocimiento que la señorita Luzmila Bazán Serna tiene denuncias en su contra, la ha designado como Procuradora Adjunta. Lo más grave es que en este caso la afectada también es la municipalidad de Chiclayo”, sostuvo.
OPERATIVOS “BAMBA”
De igual manera, el abogado señala que Luzmila Bazán Serna, junto a Isaías Merino, vienen realizando operativos de vehículos en diferentes puntos de Chiclayo los cuales, de acuerdo a Ley, son “bambas” o sus acciones son indebidas porque usurpan funciones y cometen abuso de autoridad.
“Luzmila Bazán Serna e Isaías Merino vienen realizando la intervención y disponiendo el internamiento en el depósito municipal de Epsel, de vehículos que circulan por las calles de Chiclayo, sin que ellos tengan las facultades para intervenir. Es decir, adoptan funciones de la Policía y cometen abuso de autoridad e incluso estarían cometiendo el delito de secuestro, pero esto último está para determinarse”, explica.
Luis Gasco Arrobas, licenciado en Biología, Presidente de Asociación Peruana de Molineros de Arroz - APEMA y Director de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, representa al gremio de los empresarios en el recientemente formado Comité Cívico de Lambayeque, institución que es la plataforma que lidera a las organizaciones de la sociedad civil en la lucha por la reconstrucción física y de la competitividad del departamento.
Después de realizada la Marcha Cívica del 15 de Marzo, el dirigente empresarial hace un reconocimiento del ejercicio ciudadano que la población lambayecana realizó exigiendo condiciones más dignas para vivir, así como la ejecución de un proyecto integral de saneamiento básico para el departamento.
Con afán peyorativo, el alcalde provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, calificó a los promotores de la Marcha del 15 de Marzo como “cívicos”. ¿Es usted Cívico?
Hoy y siempre, de allí que acepté la responsabilidad de representar a la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque en esta institución que busca hacer sentir a las autoridades municipales, regionales y nacionales las demandas de la población lambayecana, priorizando la mejora del servicio de saneamiento básico en los 38 distritos, y la ejecución de proyectos integrales como la construcción del drenaje pluvial.
¿El Comité Cívico es una institución más?
De ninguna manera, nuestro trabajo está demostrando y demostrará que nos estamos erigiendo como un espacio de articulación, concertación, propuesta y fiscalización, aspirando a que todos tengamos acceso a condiciones dignas para vivir.
¿Cuál es el balance de la Marcha Cívica?
El balance es 100 % positivo, porque quienes hemos manejado esto desde adentro sabemos que con muchas limitaciones logísticas pudimos convocar a gente que siente el gran atraso en el que estamos sumidos a nivel departamental, provincial y distrital.
Fue una marcha pacífica, reivindicativa, de conciencia, de despertar, de salir libremente a expresarnos con fuerza de razón, arengando lo que queremos para nuestro Lambayeque.
Si un solo ciudadano protesta en un país democrático hay que escucharlo, en Lambayeque ya no es uno, son miles los que sienten desconcierto por la falta de capacidad en responder de nuestras autoridades y dejar al ciudadano de a pie que solo solucione sus problemas, que debería hacer el Estado a través de los gobiernos de turno.
Considero que marcharon unas tres mil personas, quienes lo dejaron todo para reclamar de manera responsable que las autoridades, como el gobernador regional, sus consejeros y funcionarios, prioricen proyectos de envergadura que nos beneficien a todos. Por ejemplo, no bajar la guardia en la construcción de nuestro Terminal Marítimo de Puerto Eten, concretizar el Plan de Desarrollo Vial, que nos asegurará la interconexión entre todos los pueblos de nuestro departamento que como bien sabemos es la brecha más grande que impide el crecimiento de Lambayeque y el país.
En la situación provincial, Chiclayo que debiera ser la metrópoli del norte solo ha quedado como frase o aspiración, la autoridad edil que tenemos hoy en día ha dado mucha muestra de incompetencia, al parecer nunca tuvo un Plan Municipal que haya puesto en práctica en estos tres años de gestión.
Y si de distritos hablamos el más grande de Chiclayo, como es José Leonardo Ortiz, es un lugar que presenta muchas carencias, que se ha quedado en el tiempo, donde notamos que no hay técnicos y tampoco buenas autoridades, no se planifica, no se prevé cómo invertir de manera adecuada sus recursos.
¿Qué cree que necesitan los lambayecanos para reaccionar ante la dejadez de las autoridades?
Por supuesto, tenemos que ejercer ciudadanía responsable, tenemos que salir a defender nuestros derechos y honrar nuestros compromisos. Los empresarios damos trabajo, pagamos impuestos, cumplimos con el país, entonces tenemos la obligación de reaccionar y hacer sentir a nuestras autoridades que estamos fiscalizando cómo y de qué manera se invierten los recursos públicos.
¿Cuál es la obra prioritaria que necesita Lambayeque?
Son muchas, pero considero que prioridad es el Plan Integral del Agua y Alcantarillado y el Drenaje Pluvial.
¿Es factible hacer el Drenaje Pluvial?
Por supuesto que es posible y para ello hay que trabajar de la mano de los colegios profesionales como el de Ingenieros, Arquitectos y las universidades, que tienen sus Facultades de Ingeniería Civil; el gobierno regional y los gobiernos locales, todo suma en beneficio de Lambayeque. Su financiamiento bien puede ser hasta con cooperación internacional.
¿Está de acuerdo en que Lima maneje los fondos para reconstruir Lambayeque?
Por hoy creo que sí, las autoridades actuales, desde el gobernador hasta los alcaldes, han mostrado ineficacia en el gasto público y falta de capacidad para contar con profesionales técnicos.
¿No sería centralizar todo en la capital?
Bueno nos hemos ganado así esta respuesta del Ejecutivo en tanto por años los gobiernos regionales no han mostrado buena capacidad en su gasto presupuestal.
EPSEL, ¿debería ser intervenido?
Hace rato debió intervenirse EPSEL por parte de OTTAS con el Régimen de Administración Transitoria, sin que ello signifique que abogo por su privatización. Necesitamos que el aparato político que deviene de la Junta de Accionistas no tenga más poder en la empresa del agua.
No es posible aceptar que siendo EPSEL una empresa monopólica en servicio de agua y alcantarillado, pierda 13 millones de soles al año. No es posible que desde el año 2009 al 2015, Lambayeque haya recibido mil 280 millones de soles para el saneamiento y haya sido nulo el resultado. Pregunto en qué y cómo se ha invertido este dinero si el saneamiento en Lambayeque es un caos total.
¿Sabe Lambayeque que el proyecto de los emisores principales para Chiclayo, presupuestado en más de 89 millones de soles, se ha paralizado desde noviembre del 2016, hace cuatro meses? ¿Quién responde por toda esta millonada, cómo se han seleccionado a las empresas? ¿No creen que alguien tiene que responder?
¿Es posible una labor en conjunto de la sociedad civil?
La sociedad civil organizada tiene que recuperar su institucionalidad, tiene que ser el ente articulador entre el aparato estatal y la ciudadanía, pues es necesario que quienes representan a los gobiernos escuchen qué prioridades tiene el pueblo y además cómo se gasta y cómo tiene que preverse situaciones como las que hoy estamos viviendo ante los desastres naturales, que si coordinadamente con eficiencia y eficacia se hubiera trabajado los impactos hubieran sido menores.
