Hombre de confianza del alcalde de José Leonardo Ortiz tilda de ignorante a Procurador Público que lo denunció. Además, pide entrevista para dar una “explicación”, pero nunca llegó.
El subgerente de Recursos Humanos de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz y hombre de confianza del alcalde Epifanio Cubas Coronado, Yuri Leonardo Castillo Castañeda, calificó de ignorante al Procurador de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Eduardo Rafael Moya Chávez, porque el 16 de mayo del 2016 este lo denunció ante el Ministerio Público por el delito de peculado, en la modalidad de apropiación culposa de caudales en agravio de la comuna.
La calificación peyorativa en contra del profesional en Derecho que defiende los intereses del Estado y de los cajamarquinos, la hizo Yuri Leonardo Castillo Castañeda en una emisora local, luego que Expresión dio cuenta de un proceso seguido en su contra por presuntas irregularidades cometidas cuando trabajó en el municipio provincial de Cajamarca.
Según lo informado, Yuri Castillo primero se desempeñó como uno de los varios asesores que a inicios del 2015 tenía el alcalde de Cajamarca Manuel Antenor Becerra Vílchez, y luego como jefe de la Oficina de Recursos Humanos.
PIERNA EN ALTO
Castillo Castañeda dijo – durante sus declaraciones en la radio local – que lo publicado por Expresión carecía de objetividad y seriedad.
“Es mentira, yo tengo los documentos en los que se acredita que no ha habido ninguna apropiación de fondos de la municipalidad de Cajamarca. Tengo en mi poder el informe N° 51-2017 emitido por un funcionario de la comuna cajamarquina – sin mencionar nombre- que expresamente dice que no hubo apropiación –robo- de mi parte”, señaló.
Acto seguido arremetió contra el Procurador Municipal de Cajamarca, Eduardo Rafael Moya Chávez.
“El procurador de Cajamarca es un ignorante, más aún en los términos que formula su denuncia en donde demuestra su clarísima ignorancia, que no es más que una denuncia que no tiene sustento ni fundamento”, señaló.
Dijo que la denuncia se presentó pero sin razón ni justificación, refiriendo que un informe de contaduría en la comuna de Cajamarca señala que no hubo tal apropiación de caudales.
¿SIN ARGUMENTO?
Cuestionó que el Ministerio Público haya admitido la denuncia y abierto investigación penal en su contra, la misma que se encuentra en etapa preparatoria, si – a su entender – lo planteado por el procurador no tiene sentido.
Añadió que la denuncia penal en su contra tiene un trasfondo político, refiriendo que detrás de ello estaría un regidor del oficialismo; dejando entrever que se trataría del concejal cajamarquino Antonio Gallardo Silva.
“En estos momentos existe en Cajamarca un proceso de vacancia de un regidor del oficialismo, y ese señor fue a pedirme que bote del trabajo a una trabadora edil, pero yo me negué”, señaló.
Efectivamente, regidores de la minoría han solicitado la vacancia del alcalde Manuel Becerra Vílchez y del primer regidor de Cajamarca, Antonio Gallardo Silva, por haber firmado un convenio entre la comuna local y la Universidad Guillermo Urrelo, donde la autoridad municipal es accionista.
Asimismo, señaló que cuenta con el respaldo del alcalde leonardino Epifanio Cubas Coronado.
“Tengo todo el respaldo del alcalde Epifanio Cubas y me ha dicho claramente que Cajamarca en nada tiene que ver con Leonardo Ortiz”, sostuvo.
NO ACUDIÓ
El funcionario del municipio distrital solicitó acceder al derecho de réplica en Expresión, el mismo que le fue concedido.
La cita fue agendada para las 5:00 de la tarde del miércoles, en la oficina del semanario, pero este no acudió a la reunión acordado.
LOS REGIDORES
En tanto, los regidores leonardinos Marino Olivera e Isael Bustamante se mostraron sorprendidos por la delicada investigación penal por delito de peculado en la que se encuentra sometido el funcionario Yuri Castillo Castañeda.
Ambos coincidieron en señalar que en próxima sesión de concejo solicitarán al pleno edil para que se informe sobre los antecedentes penales, judiciales y policiales del subgerente de Recursos Humanos.
También, para que se pida información o una comisión viaje a la ciudad de Cajamarca a recabar toda la documentación fiscal, judicial y administrativa que pueda tener Yuri Castañeda.
“No es novedad que el alcalde Epifanio Cubas traiga a la municipalidad a funcionarios que son cuestionados o que enfrentan procesos en otros distritos y provincias. Además, que se rodee de funcionarios que tienen problemas con la justicia por haber atentado y afectado los intereses del Estado. Esperamos que de oficio el burgomaestre subsane el error, caso contrario se tomarán las acciones del caso”, señaló el regidor Isael Bustamante.
De igual forma, Marino Olivera sostuvo que si bien a Yuri Castañeda no se le puede impedir trabajar en la comuna leonardina porque aún no está sentenciado y tampoco inhabilitado, ya que la investigación que afronta por peculado se encuentra en la etapa probatoria; existe ya un cuestionamiento ético.
“El mencionado funcionario tiene todo el derecho de trabajar. El responsable de rodearnos de trabajadores con problemas con la justicia por haber afectado las arcas del Estado y los intereses de la población es el alcalde Epifanio Cubas. Él ha traído a Yuri Castillo y no hay duda que tenga conocimiento de todos sus problemas legales. Por ética e imagen de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, donde todos los días luchamos contra la corrupción, el alcalde Epifanio Cubas Coronado debe tomar una decisión para mantener la tranquilidad interna y la imagen de la comuna”, señaló.
LA DENUNCIA
Conforme se detalla en el reporte de casos del Ministerio Público, el caso más delicado que afronta Yuri Castillo Castañeda es el signado con el código 1706045500-2016 -127-0 de investigación en fase preparatoria por el presunto delito de Peculado en la modalidad de apropiación culposa de caudal.
El origen de la denuncia se remonta al 16 de mayo del 2016, cuando el abogado Eduardo Rafael Moya Chávez, en representación de la Municipalidad de Cajamarca como Procurador Municipal y Walter Ernesto Noriega Soto, en calidad de Procurador Público Municipal Adjunto, presentan la denuncia contra el ex director de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos de la Municipalidad de Cajamarca, Yuri Leonardo Castillo Castañeda.
La denuncia, contenida en 64 páginas, se basa en el delito contra el Patrimonio, en su modalidad de Apropiación Ilícita, en agravio del municipio. En ella se detalla que Castillo Castañeda, fue designado mediante resolución de alcaldía N° 235-2015-A-MPC, del 12 de junio del año 2015, en el cargo de confianza de director de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos.
CAPACITACIÓN
Mediante Informe N° 707-2015-OGGRRHH- MPC, del 16 de setiembre del 2015, dirigido por Yuri Castillo Castañeda a Víctor Montenegro Díaz, en su calidad de Director de la Oficina General de Administración, le hace conocer sobre la necesidad de realizar capacitaciones en soporte y procesamiento de problemas en gestión pública, y para ello se necesitaba una inversión de nueve mil soles.
El gasto del dinero fue aprobado por la dirección de la comuna, el cual le fue entregado a la persona que lo requería debido a la necesidad que en ese momento existía a causa de la gran cantidad de problemas que presentaban en la comuna cajamarquina entre los servidores ediles y el área de Recursos Humanos.
El exfuncionario, Yuri Castillo Castañeda, recibió el dinero el 15 de octubre del 2015, en un cheque a su nombre, destinado para la realización de los cursos de capacitación.
Los funcionarios denunciantes refieren en las documentales de la denuncia interpuesta en la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionaros Públicos de Cajamarca, que el ex funcionario responsable de la oficina General de Gestión de Recursos Humanos, una vez que recibió el dinero debió solicitar la contratación de profesionales en Derecho y en todo caso, de un Administrador, con postgrado en Gestión Pública y con experiencia mínima de cinco años en cargos de alta dirección tal y como se perfila para este tipo de eventos académicos, para que se hagan cargo de realizar las capacitaciones en soporte y procesamiento de problemas en gestión pública.
SIN FECHA
Sin embargo, según los denunciantes y la investigación que se realiza en el Ministerio Público, las mencionadas capacitaciones en soporte y procesamiento de problemas en gestión pública no se habrían realizado en favor de la comuna cajamarquina tal y como se fundamentó inicialmente en el informe N° 707-2015-OGGRRHH- MPC, del 16 de setiembre del 2015.
De igual manera, el dinero que en su momento se entregó al solicitante tampoco fue devuelto en su oportunidad, según relatan los denunciantes ante el Ministerio Público, lo que los llevó a formular denuncia penal por delito contra el patrimonio en su modalidad de apropiación Ilícita en agravio de la Municipalidad Provincial de Cajamarca.
Ante el tiempo transcurrido y a pesar de ser hombre de confianza del alcalde provincial de Cajamarca, Manuel Antenor Becerra Vílchez, fue separado del cargo en enero del año pasado.
Mediante memorando, previo a la separación del cargo, el responsable de la Oficina de Contabilidad lo exhortó a que haga la devolución del dinero debido a que los cursos nunca se realizaron y tampoco habría presentado la rendición de cuentas.
LO EXHORTAN
Eduardo Rafael Moya Chávez, en representación de la Municipalidad de Cajamarca como Procurador Municipal y Walter Ernesto Noriega Soto, en calidad de Procurador Público Municipal adjunto, también hacen constar en la denuncia ante el Ministerio Público que al no tener una respuesta por parte del exfuncionario en cuanto a la devolución del dinero o la rendición y sustentación de gastos, el 22 de febrero se le cursó una carta notarial en la que se conmina a que devuelva los nueve mil soles.
Ante la presión, y presuntamente alertado que iba a ser denunciado, señalan en su escrito
los procuradores, el 28 de marzo del 2016 Yuri Castillo Castañeda presentó de manera extemporánea; es decir, fuera de los plazos de Ley, un informe.
En dicho documento hace conocer que sí realizó el “curso de liderazgo”, el cual, según detallan los denunciantes al Ministerio Público, nada tiene que ver con el informe N° 707-2015-OGGRRHH- MPC, del 16 de setiembre del 2015 sobre “Capacitaciones en soporte y procesamiento de problemas en gestión pública”.
Lo más delicado del descargo, es que los gastos de los nueve mil soles los sustenta con un recibo por honorarios profesionales a nombre de Fernando Poemape Solano, una persona dedicada al periodismo en Cajamarca, y que sus servicios nada tendrían que ver con el tema para el cual fue requerido el dinero de las arcas de la municipalidad de Cajamarca, por parte de Yuri Castillo.
Por esta acción; es decir, por haber permitido que Yuri Castillo haga uso de sus recibos por honorarios, Fernando Poémape Solano también ha sido denunciado por el delito de Peculado, en la modalidad de apropiación o utilización culposa de caudal.
Ministerio Público no realizó pericias económico – financieras en plazo otorgado por juez Cecilia Grandez Rojas.
El 30 de marzo del 2016, jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, en el expediente del caso “Los Limpios de la Corrupción”, emitió la Resolución N° 111, en la que exhorta al Ministerio Público recabar la información y nombrar a los expertos para la pericia económica – financiera, considerando el plazo concedido por prolongación de prisión preventiva, el cual es de quince meses para los procesados, período que engloba también la etapa de investigación, por lo que al tratarse de un diligencia macro, otorgando como plazo adicional seis meses.
Dicha quedó firme mediante el correspondiente pronunciamiento de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, adquiriendo la autoridad de cosa juzgada.
El plazo dispuesto por la juez para que el responsable de la investigación, Sergio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Penal de Chiclayo, a cargo del caso designe a los peritos que permitan demostrar que los exfuncionarios del SATCH, EPSEL y la Municipalidad Provincial de Chiclayo, comprendidos en el caso efectivamente cometieron el delito de lavado de activos, venció el 30 de septiembre del año pasado.
CASO INCHÁUSTEGUI
Vencido el plazo para la designación de peritos, la defensa técnica del ex gerente de Urbanismo de la municipalidad de Chiclayo, Jorge Incháustegui Samamé, el 31 de octubre del año pasado, solicitó que Zapata Orozco se pronuncie sobre la consecuencia jurídica o procesal del incumplimiento a lo ordenado por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo.
Mediante Disposición N° 224, del 7 de noviembre, el fiscal señaló que debía esperarse el resultado del “trámite correspondiente”.
Ante la respuesta, la defensa Incháustegui Samamé acudió vía tutela de derechos al despacho de la juez Cecilia Grandez, que el 14 de marzo último requirió al representante del Ministerio Público informe en el plazo de tres días sobre la realización de la pericia económica – financiera ordenada por su judicatura, bajo responsabilidad.
Así, el pasado 21 de marzo, Zapata Orozco respondió a lo solicitado por la jueza, precisando que ha cursado varios oficios a la Presidencia de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque; tres en el año 2015, uno el 2016 y uno el 2017, solicitando la contratación de los peritos contables, sin que se haya tenido resultado concreto.
Según los abogados del exfuncionario, lo más resaltante es que el fiscal efectuó el primer requerimiento recién el 27 de febrero de 2015, cinco meses después de formalizar investigación preparatoria a los implicados en el caso “Limpios de la corrupción” por el delito de lavado de activos.
En su opinión, el fiscal no solo formalizó investigación preparatoria, sino que también requirió prisión preventiva para los imputados sin contar con el indicio mínimo que requiere una imputación de lavado de activos, como es el desbalance patrimonial, que únicamente se puede demostrar a través de una pericia económica - financiera.
Los Artículos 173° y 174° del Código Procesal Penal establecen los procedimientos para el nombramiento y obligaciones de los peritos, lo que hasta la fecha el Ministerio Público habría incumplido, no obstante haber transcurrido un año desde lo ordenado por la titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria.
TIEMPO VENCIDO
Zapata Orozco también señaló que en mérito al Convenio Tripartito entre el Ministerio Público, Poder Judicial y la Contraloría General de la República, se ha solicitado a esta última el apoyo respectivo a fin de que puedan efectuar un informe técnico relacionado al desbalance patrimonial de los investigados.
Empero, los abogados argumentan que ningún Convenio puede exceder con lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de cada una de las instituciones suscribientes, por lo que se hace necesario señalar que el Artículo 82° de la constitución señala que la Contraloría “… Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control…”; es decir, “no tiene competencia para realizar informes técnicos sobre los ingresos y egresos privados de personas naturales con el fin de determinar un supuesto desbalance patrimonial”.
Lo anteriormente descrito se corroboraría con la respuesta dada por la Contraloría General de la República – Regional Norte, a la defensa de Incháustegui Samamé, cuando mediante Oficio N° 00087 – 2017 – CG/GCOREN, del 8 de febrero pasado, indica que el organismo contralor realiza control gubernamental, el cual consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública, en atención al grado de eficiencia, eficacia, transparencia y económica en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado; “por lo tanto, los actos realizados por particulares se encuentran fuera de su ámbito de competencia…”.
¿AL DESCUBIERTO?
La ex presidenta de la junta de fiscales; Giovanna del Río Carreño, declaró el año pasado que se había iniciado la pericia contable para confirmar el posible desbalance patrimonial de los integrantes de la presunta organización criminal “Los limpios de la corrupción” y verificar de esta forma si cometieron o no el delito de lavado de activos.
Para ello - indicó – se contaba con peritos de Lima que trabajaban a tiempo completo. La magistrada hacía referencia a dos supuestos especialistas de la Contraloría General de la República.
Hoy se sabe que se trata de los contadores públicos Mario Díaz Rojas y Eduardo Bazán Rosas. Sin embargo, ninguno de los dos pertenecen a la Contraloría General de la República; sino que fueron contratados bajo la modalidad de Locación de Servicios, con el objeto (Clausula Segunda) de brindar “… el servicio temporal de apoyo a la Fiscalía de Lavado de Activos de Lambayeque y elaboración de Hoja Informativa…”, de acuerdo a los contratos de servicios N° 154 – 2016 – CG y 152 – 2016 – CG.
A esto se añade que ninguno de los contadores públicos contratados por la Contraloría General de la República es perito especializado en Lavado de Activos adscrito al Registro de Peritos del Poder Judicial - REPEJ, de Lambayeque.
Otro hecho grave es que cuando Díaz Rojas suscribió el contrato con la Contraloría no estaba habilitado por su colegio profesional, conforme se corrobora con la Carta N° 013–2017–DS/CCPL, del 31 de enero de 2017, emitida por el Colegio de Contadores de Lambayeque.
Presuntos criminales lo golpearon para robarle celular y 100 soles, luego lo atropellaron dos veces con una mototaxi. Sujetos están identificados, pero se pasean libremente.
Al grito de justicia, así como levantando pancartas y fotografías, familiares, vecinos y amigos de Jhordan Rafael Linares, de 15 años de edad, asesinado por un grupo de supuestos sujetos en un paraje solitario de Puerto Eten, protestaron en el frontis de la fiscalía del distrito de La Victoria, en contra los representantes del Ministerio Público, debido a que la fecha no formalizan investigación y disponen la captura de los presuntos homicidas, cuyos nombres fueron revelados por la víctima antes de morir.
Alejandrina Linares Fernández, madre del menor, con gruesas lágrimas en los ojos, sostuvo que los hechos criminales contra su hijo ocurrieron el 23 de febrero pasado y a decir de la propia víctima, desde su lecho de agonía, reveló a la policía de la zona que los autores de las graves lesiones que sufrió son Juan Alberto Chancafé Espinoza, José Humberto Fernández Guevara, César Rony Ysique Neciosup, Jhon Jairo Cumpa Chafloque, César Alexander Gaona Díaz y Jazmín Elizabeth Ucancial Neciosup.
LOS HECHOS
El padre del menor, Carlos Rafael Pérez, relató que la madrugada del 23 de febrero pasado su hijo, Jhordan Rafael Linares, de 15 años de edad, se encontraba en el parque de Ciudad Eten y tomó una mototaxi para regresar a su casa, ubicada en Puerto Eten.
La víctima subió a la unidad de placa de rodaje 4571-DM, modelo WX150-A, de color azul, de propiedad de María Rosa Yangua Peña, la que era manejada por Juan Alberto Chancafé Liza, conocido como “Sheba” o “Junior”. Como si fuera un colectivo, la movilidad fue compartida con César Rony Ysique Neciosup y José Humberto Fernández Guevara, y otra persona más en proceso de identificación.
Es el caso que al llegar a la altura del Santuario, en plena carretera Ciudad Eten – Puerto Eten, los dos sujetos que estaban en ambos lados de la víctima, lo tomaron con fuerza y lo despojaron de su celular y 100 soles.
ATROPELLADO
Jhordan Rafael Linares reaccionó a la acción y pidió que el conductor detenga el vehículo, pero fue agredido por César Rony Ysique Neciosup, quien lo golpeó en la cabeza y lo hizo caer a la pista, producto de lo cual perdió el conocimiento.
No contentos con la acción violenta realizada, el conductor de la unidad habría hecho subir a sus cómplices a la mototaxi, pero no para escapar sino para pasar el vehículo por encima del cuerpo de la víctima. El menor quedó inconsciente y con graves lesiones.
Los agresores habrían llegado a Puerto Eten y luego de dar unas vueltas y recoger a Jazmín Elizabeth Ucancial Neciosup, habrían decidido regresar a Ciudad Eten.
En el camino habrían encontrado a Jhordan Rafael Linares, quien mal herido buscaba ayuda, pero nuevamente fue “embestido” por el vehículo, el cual en ese momento, según la familia, era manejado por César Rony Ysique Neciosup, dejándolo tendido a un costado de la vía y en medio de un charco de sangre.
NEGLIGENCIA
A los pocos minutos apareció por la zona un patrullero de la comisaría de Puerto Eten, los que, presuntamente, son alertados por los mismo agresores, que una persona en estado de ebriedad estaba tirada en la pista.
Sin embargo, los policías, a pesar de las evidentes lesiones y heridas expuestas, lejos de prestarle el auxilio inmediato y llevarlo a un centro de salud, lo llevaron a su casa donde lo dejaron, señalando que estaba ebrio y se había accidentado.
LO QUISIERON MATAR
Para los padres de la víctima está muy en claro que su hijo Jhordan Rafael Linares fue víctima de robo y que para ocultar el hecho, porque logró conocer a sus agresores, le pasaron la mnototaxi por encima con la finalidad de acabar con su vida.
Lo más salvaje del hecho – relatan los padres- es que los sujetos al descubrir que Jhordan Rafael Linares no estaba muerto y que mal herido se había puesto de pie buscando ayuda entre la oscuridad de la noche y de la zona, decidieron atropellarlo nuevamente.
La peligrosidad de los sujetos se acentúa aún más, que al notar que una dotación policial de la zona pasaba por el lugar, alertaron sobre la presencia de una persona presuntamente borracha que estaba tirada a un costado de la pista e incluso guiaron a los agentes hasta la casa de la víctima, donde lo dejaron.
LA PROTESTA
Los familiares y un grupo de pobladores llegaron hasta la sede del Ministerio Público en el distrito La Victoria para exigir a la fiscal que el día de los hechos estuvo de turno, que inicie una investigación y solicite la captura de los implicados en el crimen; pues según los
familiares están plenamente identificados.
Carlos Rafael Pérez, padre de la víctima, sostuvo que la policía de la zona ha podido identificar a los presuntos asesinos de su hijo, pero no se explica por qué hasta la fecha la representante del Ministerio Público no actúa.
“Solo pedimos justicia por la muerte de mi hijo, esto no puede quedar impune. Los asesinos se pasean por la zona libremente e incluso tenemos entendido que dos de ellos están vendiendo sus cosas porque presuntamente pretenden escapar”, sostuvieron.
De igual manera, Alejandrina Linares Fernández pide como madre que la Fiscalía actúe de manera imparcial e inmediata, ya que desde el día en que ocurrieron los hechos, hasta el momento no se toman cartas en el asunto.
"Solamente pedimos justicia por la muerte de Jhordán. Los agresores están libres como si nadie hubiera pasado”, sostuvieron.
