La intromisión política en las decisiones técnicas que requiere la ciudad es una práctica cada vez más notoria. Eso ha pasado con el Plan de Desarrollo Metropolitano de Chiclayo, cuya formulación quedó en stand by, pese a la imperiosa necesidad de su formulación y aplicación. Al respecto, el arquitecto Rodolfo Arbulú Chereque, exjefe del equipo multidisciplinario que trabajó en los primeros procesos del documento, señala que la falta de voluntad de las autoridades actuales le carga una costosa factura al crecimiento urbano.
En Chiclayo son diversos los documentos técnicos no atendidos por las autoridades de turno. El Plan Director de 1992 quedó en el olvido sin que se alcancen la totalidad de sus objetivos y la misma suerte corrió el Plan de Desarrollo Urbano – PDU, elaborado por los colegios profesionales para el período 2010-2015, que pese a haber sido aprobado por el concejo provincial para su aplicación, el actual alcalde David Cornejo Chinguel optó por desconocerlo, no impulsar su actualización y apostar por un nuevo documento: el Plan de Desarrollo Metropolitano.
En marzo del 2015 la Municipalidad Provincial de Chiclayo suscribió un convenio con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento para viabilizar la elaboración del estudio, que empezó en junio de ese año. Sin embargo, cinco meses después se frenó lo avanzado.
Rodolfo Arbulú y el equipo técnico que trabajaba en los estudios previos a la socialización del estudio, necesaria para la elaboración de las propuestas, fue cesado por la autoridad municipal y desde entonces poco es lo que se conoce del nuevo documento, sin cuya existencia resulta imposible, por ejemplo, el diseño de proyectos de índole multidistrital o tan prioritarios como el drenaje pluvial.
Hace un año, en febrero del 2016, Arbulú Chereque señaló que la falta de voluntad política era una de las principales trabas para la continuidad del trabajo que realizaban los técnicos.
Falta de apoyo logístico, presunto aprovechamiento por parte de un funcionario de confianza del alcalde y desinterés, fueron las razones que motivaron al equipo técnico a dar un paso al costado. Solo el Colegio de Arquitectos ofrecía el acompañamiento que por entonces se requería.
¿QUÉ SE AVANZÓ?
En la fase de diagnóstico, el equipo dirigido por Arbulú Chereque pudo determinar una serie de indicadores básicos para proyectar el crecimiento, ordenamiento y la priorización de obras de compleja ejecución para Chiclayo.
El área metropolitana, que ya en el PDU del 2010 se había definido por la integración de Chiclayo, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Monsefú, Pimentel, Santa Rosa, Reque, Ciudad y Puerto Eten, Picsi, Lagunas, San José y Lambayeque capital, es un espacio común de actividades urbanas, sociales, económicas, políticas, administrativas, físico-especiales y ambientales que requieren de atenciones y soluciones integrales.
La proyección avanzó sobre los indicadores de densidad poblacional al 2025 en diversos escenarios, desde lo más moderado hasta lo más explosivo, que considera que el número de habitantes podría incrementarse en 351 mil ciudadanos aproximadamente.
Se evaluó el crecimiento del comercio, que para ese entonces (diciembre del 2015) era de 7.8 % al año, y la necesidad de contar con infraestructura urbana capaz de soportar tal índice de expansión, así como ofrecer mejores servicios. A esto se sumó el aumento del flujo turístico, de la actividad industrial y también del sector inmobiliario. Los técnicos estimaron que en Chiclayo metropolitano existe un déficit de aproximadamente 32 mil viviendas, cifra que al 2025 podría llegar a 48 mil.
También se estudió el factor transporte y el crecimiento del parque automotor. Otro aspecto fue el freno a la expansión urbana que representa el Aeropuerto Internacional José Quiñones Gonzales y la base del Grupo Aéreo N° 6, el uso del suelo y los déficits de infraestructura de servicios.
Como se ha dicho, el diagnóstico estaba listo y era necesario avanzar en una siguiente etapa: la socialización de propuestas de solución.
“Tocaba entonces el proceso de diálogo con la colectividad chiclayana para conocer más de cerca los problemas y características del territorio para solucionarlos de manera armónica. No era posible formular propuestas sin tener talleres con la población. Sin embargo, no hubo el apoyo de la municipalidad para ello y por eso se detuvo el proceso y ahí está, hasta que la clase política entienda lo conveniente que es trabajar en ese sentido”, comenta.
El equipo técnico estaba conformado por arquitectos, economistas, sociólogos, especialistas en sistemas de información geográfica y otros profesionales más.
LO QUE NO SE HACE
El Plan de Desarrollo Urbano - PDU 2010-2015 fue aprobado en febrero del 2016. Conforme se observa en el portal de la Municipalidad Provincial de Chiclayo la última actualización hecha al documento corresponde a enero de ese año y desde entonces no se le ha sometido a revisión y muchos menos a discusión, pese a ser la herramienta vigente para el ordenamiento de la ciudad.
Es precisamente lo que recuerda Rodolfo Arbulú, quien sostiene que corresponde a los funcionarios y técnicos de la comuna propiciar la permanente actualización del PDU, en tanto se avanza con la formulación del Plan Metropolitano. Empero, a la luz de los resultados en el municipio no se ejecuta ninguna de las dos tareas.
“Lo que nosotros trabajábamos con el Plan Metropolitano era la proyección de las grandes obras que requiere la ciudad pensando en el futuro, como, por ejemplo, cuando se haga realidad la construcción del Terminal Portuario de Eten, cuando se reubique el aeropuerto y se construya uno verdaderamente internacional, cuando se habilite la zona franca industrial y se concreten las expansiones urbanas hacia el norte, el sur y el oeste”, señala.
EL ÁREA METROPOLITANA
Arbulú Chereque sostiene que no es posible planificar el crecimiento de Chiclayo asumiendo que el área metropolitana la conforman únicamente el distrito capital, José Leonardo Ortiz y La Victoria. Sino que hay la necesidad de asumir una visión de toda la zona conurbana que la integran 14 localidades.
“No podemos dejar de planificar sobre eso y pensar en las grandes infraestructura viales, de drenaje pluvial, de protección del río Reque, por ejemplo, que es un factor de vulnerabilidad constante para Monsefú, Reque y Ciudad Eten. Lamentablemente la clase política no muestra interés en este tipo de aspectos, no se identifica con los anhelos de la ciudad. El alcalde actual es ingeniero, por lo tanto debe interesarse en esto”, refiere.
EL ORDENAMIENTO
Desde el 2011 está postergado también en Plan de Acondicionamiento Territorial, cuya última actualización se remonta a enero del 2016.
Cuando el equipo del Plan Metropolitano accionaba en la elaboración del documento se nutrió de la información disponible del proceso del Ordenamiento Territorial que desarrolla el Gobierno Regional de Lambayeque, cuya formulación también está inconclusa.
“Uno de los documentos que nos sirvió de base fue la Zonificación Ecológica y Económica – ZEE elaborada por el gobierno regional, que también se ha retrasado en la conclusión del Ordenamiento Territorial. Sin embargo, lo trabajado fue de mucha importancia. Lamentablemente no todos los estamentos del Estado trabajan de manera armónica en la formulación de estas herramientas que son fundamentales para mejorar, ordenar y crecer de manera sostenible”, menciona Rodolfo Arbulú.
EL STATUS QUO
¿Otros factores retrasan el ordenamiento de Chiclayo? Arbulú Chereque señala que sí, y en esto tiene que ver mucho la corrupción, porque la correcta aplicación de los planes de desarrollo regularían el exceso de libertades que existe para actividades como la inmobiliaria, por ejemplo, que se desenvuelve sin respetar los parámetros urbanísticos y los mapas de riesgo, vulnerabilidad y peligro que también existen en la ciudad, pero que no se aplican.
“El factor corrupción acompaña al Estado en toda su historia, y esa es una razón de la falta de orden. No es posible que siga pensando en el diezmo de las obras de infraestructura con el saldo de que estas resultan no se efectivas para la beneficio de la comunidad. Hay también quienes ganan en el desorden y a ellos no les convienen procesos de planificación y regulación urbana”, señala.
Añade que la gestión municipal demanda de las autoridades preparación previa en asuntos referidos al manejo y organización de las ciudades. Su ausencia genera pasivos a la competitividad y el crecimiento armónico.
“Sinceramente creo que otro problema es que los períodos municipales son muy cortos. Cuatro años son insuficientes para que una autoridad pueda llevar adelante planes de organización y mejora en una ciudad. A esto se suma que muchos gobernantes llegan sin conocimiento previo de la normatividad, tiene que aprender en el camino y se encuentra con gravísimos problemas internos que retrasan los procesos de desarrollo tal y como está pasando en Chiclayo”.
Institución utiliza método alemán de enseñanza dual y forma profesionales en servicios técnicos para la Agroindustria, Electrotecnia Industrial, Mecatrónica Industrial, Mecánico de Maquinaria Agrícola, Mecatrónica Automotriz, Metalmecánica y otras carreras más.
“El Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial –SENATI, es una institución de formación profesional técnica que tiene por finalidad desarrollar las aptitudes humanas para el desempeño productivo y satisfactorio de los jóvenes, en ocupaciones técnicas de la actividad industrial, manufacturera y de las labores de instalación, reparación y mantenimiento”, sostiene el responsable de la comisión de examen de admisión, ingeniero David Barrón Cubas, recalcando que desde su ingreso para su formación profesional, los jóvenes reciben enseñanza y capacitación dinámica e innovadora, reconocida nacional e internacionalmente.
En entrevista con Expresión, David Barrón resalta que en SENATI también se promueve la cultura del trabajo, según normas internacionales de calidad y de protección del ambiente, fortaleciendo los valores humanos. Es decir – explica - se hace uso del método alemán, conocido como “Dual”, que no es más que hacer y aprender.
¿POR QUÉ LOS JÓVENES DEBEN ELEGIR A SENATI CÓMO SU CENTRO DE FORMACIÓN TÉCNICA?
Somos una institución de formación profesional y nuestra finalidad es desarrollar actitudes humanas. Buscamos el desempeño productivo y satisfactorio en la actividad industrial y de manufactura. La formación que se da en SENATI tiene un propósito, que es responder a la demanda de personal competente para lograr el desarrollo sostenido del sector industrial en el país.
La formación que recibe el joven profesional, desde el primer día que ingresa a aulas es técnica, pedagógica, administrativa y económica, con la finalidad que cuando el profesional egresa de aulas; es decir, cuando culmina la carrera no sale a practicar sino directamente a trabajar y hasta a formar empresa.
¿Por qué digo esto? Porque el joven que egresa de SENATI sale preparado y capacitado para afrontar y solucionar cualquier tipo de problema técnico. Durante los seis meses que dura la carrera de formación técnica, los jóvenes van haciendo y aprendiendo, conforme reciben la formación académica están practicando en los modernos laboratorios con que contamos.
¿CUÁLES SON LAS CARRERAS Y PROGRAMAS QUE OFRECE SENATI?
Como somos una institución que forma profesionales en servicios técnicos, así como asesoría y consultoría, para contribuir al desarrollo de la industria nacional, tenemos las carreras de Administración de Empresas y Administración Industrial; Agroindustria; Confecciones de Prendas de Vestir; Electrotecnia, que abarca también controlista de máquinas y procesos industriales, Electricista Industrial, Electrónico Industrial, Electrotecnia Industrial, Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado y Mecatrónica Industrial.
También tenemos Industria Alimentaria en la rama de Procesador de Alimentos; Mecánica Automotriz; Mecánico de Maquinaria Agrícola, Mecatrónica Automotriz; Metalmecánica, que tiene en su malla académica Mecánica de Producción, Mecánico de Construcciones Metálicas, Mecánico de Mantenimiento y Soldador Estructural.
De igual manera, se tiene Computación en Informática con Desarrollo de Software, Diseño Gráfico Digital, Diseño y Desarrollo de Web, Seguridad de la Información, Redes de Computadoras y Comunicación de Datos, Soporte y Mantenimiento de Equipos de Computación, así como Diseño de Estructuras Metálicas y de Construcción.
¿QUÉ NÚMERO DE VACANTES OTORGA SENATI PARA CADA CARRERA?
El domingo 9 de abril es el examen de admisión y la comisión, previa evaluación, está sacando a concurso un total de 560 vacantes en las diferentes carreteras que ya hemos detallado.
Quiero recalcar que las vacantes para cada carrera técnica están distribuidas de acuerdo a los requerimientos del mercado laboral y al cambio tecnológico de los sectores productivos, como es el caso de las carreras de Agroindustria, Controlista de Máquinas y Procesos Industriales, Electricista Industrial, Electrónico Industrial, Electrotecnia Industrial, Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado y Mecatrónica Industrial, profesionales que son muy requeridos por el desarrollo del Proyecto Olmos.
¿CUÁLES SON LAS ESPECIALIDADES QUE MÁS DEMANDA TIENEN EN EL MERCADO LAMBAYECANO Y DEL NORTE?
Las carreras de Agroindustria, Controlista de Máquinas y Procesos Industriales, Electricista Industrial, Electrónico Industrial, Electrotecnia Industrial, Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado y Mecatrónica Industrial, son las que ahora están teniendo mayores demandas tanto por los jóvenes como por las empresas que se vienen instalando en Lambayeque.
La razón es que como nuevas tierras se están incorporando a la agricultura, la mayoría están siendo dedicadas a la agroindustria y está actividad económica trae consigo adelanto tecnológico; es decir, todo es automatizado y se necesita de profesionales que conozcan y tengan especialidad en Agroindustria, Mecatrónica, Refrigeración y Aire Acondicionado, así como Mecánico de Maquinaria Agrícola.
Debo hacer hincapié que el Proyecto Olmos ha traído consigo la demanda de profesionales especializados en las ramas técnicas antes descritas.
¿ESTÁN ACREDITADAS TODAS LAS CARRERAS?
En el aspecto de la acreditación no entramos porque somos independientes del Ministerio de Educación. Nosotros somos una institución de formación y capacitación profesional, dinámica e innovadora, reconocida, que nos distinguimos por modernidad de nuestra organización y por la sostenibilidad técnica.
Lo que sí tenemos es certificación como el caso del ISO 9001, que se refiere a todo lo que tiene que ver con control de calidad. Estamos certificados por lo que tenemos mucho cuidado con la enseñanza técnica, el cuidado del medio amiente y la salud ocupacional.
Quiero detallar que cada uno de los jóvenes que ingresa a capacitarse en SENATI cuenta con un seguro médico. Eso nos exige la norma de certificación del ISO 9001.
SE DIJO EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS QUE EN LAMBAYEQUE HAY DÉFICIT DE MANO TÉCNICA SOBRE TODO PARA EL SECTOR DE LA AGROEXPORTACIÓN ¿QUÉ TIENE QUE EXPLICAR AL RESPECTO?
Cierto, la aparición de empresas dedicadas a la Agroindustria y Agroexportación trajo consigo la demanda de profesionales técnicos en las carreras de agroindustria, lo que ha llevado también que exista demanda de personal en la carrera de Controlista de Máquinas y Procesos Industriales.
También de personal en electricidad industrial, así como profesionales Electrónicos Industriales, Electrotecnia Industrial, Mecánico de Refrigeración y Aire Acondicionado y Mecatrónica Industrial.
Con la puesta en operatividad de las empresas que se han instalado en Olmos se está requiriendo de personal preparado en agroindustria; es decir, la agroindustria ha traído a Lambayeque la modernización y la necesidad de profesionales que conozcan de automatización mecánica y para ello se requiere de gente que conozca y tenga especialidad en Mecatrónica, Refrigeración y Aire Acondicionado, así como Mecánico de Maquinaria Agrícola, entre otras carreras ligadas al sector.
¿LOS EGRESADOS DE SENATI, EN SU MAYORÍA, OPTAN POR LA EMPRESA PROPIA O POR BUSCAR UN TRABAJO DEPENDIENTE?
En función de los diferentes requerimientos que se presentan en la estructura ocupacional de la actividad productiva, el SENATI ha establecido programas de formación y capacitación profesional para los niveles ocupacionales de Técnico Operativo, Técnico Medio y Técnico Superior.
En SENATI desarrollamos el potencial humano para la vida y el trabajo así como para la realización de servicios empresariales que respondan a sus necesidades. Los jóvenes, dentro del primer semestre reciben formación académica, pero es a partir del segundo semestre en que ya salen a la calle a practicar, empiezan a familiarse con el trabajo y cuando ya acaban con la carrera optan por formar su propia empresa como talleres, servis tercerizadoras, entre otras. Son pocos los que optan ser empleados en una empresa, fábrica, industria o taller.
¿ESTÁ SENATI MODERNIZADO EN INFRAESTRUCTURA PARA BENEFICIAR A SUS ALUMNOS? ¿CUENTAN CON LABORATORIOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA?
En función de los diferentes requerimientos que se presentan en la estructura ocupacional de la actividad productiva, el SENATI ha establecido programas de formación y capacitación profesional, pero ello va acompañado de la modernidad.
Contamos con laboratorios modernos, donde los alumnos hacen sus prácticas con total responsabilidad. El objetivo es que desde el primer día se familiaricen con la carrera que están estudiando y cuando salgan a la calle no tengan temor en armar o desarmar un motor, una red eléctrica.
La metodología de enseñanza que más caracteriza al SENATI es el “aprender haciendo”, y para ello necesitamos de condiciones reales y modernas para la formación en las ocupaciones técnicas operativas se realiza cada uno de los estudiantes.
Contamos con tecnología educativa innovadora en materia de formación profesional técnica, con reconocimiento a nivel nacional e internacional.
¿EL EQUIPO DOCENTE TIENEN ESPECIALIDAD, MAESTRÍAS, DOCTORADOS?
Como cualquier otro centro superior de estudios, los docentes con los que contamos están capacitados. Muchas de estas capacitaciones corren por cuenta del mismo SENATI.
En estos momentos, por ejemplo, en nuestras instalaciones tenemos a un docente francés y otro japonés, que están impartiendo conocimiento en los jóvenes que se están preparando en las carreras de Electrotecnia y Mecatrónica Automotriz.
LA PRÁCTICA Y EL CONOCIMIENTO DEL SEGUNDO IDIOMA ES IMPORTANTE PARA LOS ALUMNOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES, EN ESE SENTIDO, ¿SENATI ESTÁ PONIENDO EN PRÁCTICA QUE SUS ALUMNOS APRENDAN EL INGLÉS, POR EJEMPLO?
Sí, el segundo idioma es importante, y SENATI no es ajeno a ello porque el alumno que desarrolla asesoría y mantenimiento de equipo mecánicos y electrónicos necesita saber inglés de manera avanzada o intermedia. Una de las razones es que la mayoría de los manuales con que vienen los equipos están en inglés, porque los equipos son fabricados en China, Estados Unidos, Japón, Tailandia, entre otros países.
¿DURANTE EL AÑO 2017 CUÁNTOS EXÁMENES DE ADMISIÓN REALIZARÁN?
Para este año se tiene previsto dos exámenes de admisión. La demanda que se tiene sobrepasa las expectativas, que en algunos casos nos ha llevado a ampliar la capacidad académica.
¿QUÉ MENSAJE DEJARÍA A QUIENES ASPIRAN SER PARTE DE LA FAMILIA SENATINA?
Solamente señalar que la función principal del SENATI es impartir formación y capacitación profesional para la actividad industrial manufacturera y para las labores de instalación, reparación y mantenimiento en fábricas, empresas y otro tipo de actividad empresarial.
Para ello, el alumno se forma, desde el primero día, en programas, perfiles profesionales, contenidos curriculares, metodologías y formas organizativas que siguen el enfoque de formación profesional por competencias laborales concretas.
Contamos con personal técnico-docente y de gestión con experiencia industrial, capacitado y perfeccionado en países altamente desarrollados de América, Europa y Asia.
Centros de Formación y Capacitación profesional con equipamiento moderno y permanentemente actualizado.
Quiero recalcar que estudiar en SENATI no es caro, pero como toda institución de formación profesional tiene un costo. La gran diferencia frente a los demás centro de formación, es que en SENATI se aprende, pero practicando y trabajando.
OPINAN LOS ALUMNOS
Gustavo Pérez Villegas
Mecánica de Producción
“SENATI es oportunidad de desarrollo y superación. Nos preparamos para desarrollar tareas y funciones productivas simples y predecibles, correspondientes a una determinada ocupación operativa, tareas que requieren mayormente de un trabajo manual, combinando con la utilización de herramientas, máquinas o equipos, cuya ejecución exige responsabilidad individual y relativa autonomía”.
José Yarlaqué Rivas
Mecánica Automotriz
“SENATI es convertirme en una profesional calificado para el buen desempeño, con conocimientos generales y tecnológicos relacionados con la naturaleza y uso de los insumos, así como con las máquinas, las herramientas, los procesos productivos, las normas y los estándares de calidad utilizados para efectuar la actividad laboral, en un contexto determinado”.
Kelvin Requejo Tantaleán
Mecatrónica Automotriz
“SENATI es tener un mejor nivel Profesional Técnico, con calificación para el desempeño de tareas o funciones productivas operativas complejas o no rutinarias, correspondientes a una ocupación o a un grupo de ocupaciones afines. Nuestro desempeño laboral exige conocer los fundamentos tecnológicos y científicos de la actividad, así como responsabilidad por el trabajo personal y responsabilidad de coordinación, control y supervisión con el uso de la tecnología”.
Jean Paul Coronel Sánchez
Confecciones de prendas de vestir
“SENATI es competencia técnica que requiere de la aplicación en varios contextos de conocimientos generales y tecnológicos especializados, así como llevar a cabo labores técnicas relacionadas con la investigación de soluciones a problemas prácticos inmediatos o al control de los factores del proceso productivo de rama ocupacional para la cual nos estamos preparando”.
Fiscalía los acusa de apropiación de varios miles de soles producto de cobranza diaria en puestos de mercados de Chiclayo.
Entre notificados se encuentra actual jefe de la División de Recaudación y Control de Deuda, Ángel Leonidas López Castro, así como el jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria del ex SATCH, Juan Arturo Boyer Ramos,
Desde el viernes último, cinco ex funcionarias y dos actuales jefes del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo -CGT, son investigados de manera preparatoria por el Ministerio Público por el presunto delito de peculado doloso por apropiación de caudales y omisión de actos funcionales. Los funcionarios son acusados de haberse presuntamente apoderado de varios miles de soles, producto de la recaudación del día de los diferentes mercados de la ciudad.
Conforme a la disposición fiscal N° 04, del 18 de enero del presente año bajo el tenor jurídico de formalización y continuación de investigación preparatoria, entre los investigados por peculado doloso se encuentran Jennifer Leonor Briceño Cortez, Malena Lissete Álvarez Farfán, Nohelia Transita Chiscul Villasis y Sergio Pedro Vásquez Rodríguez.
Asimismo, la Fiscal Provincial Penal Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Magaly Quiroz Caballero, también ha dispuesto abrir investigación preparatoria contra el actual jefe de la División de Recaudación y Control de Deuda y Gerente de Operaciones (e) del ex SATCH, Ángel Leonidas López Castro, así también contra el jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Juan Arturo Boyer Ramos, sobre quienes se habría encontrado presunta responsabilidad en la comisión del delito contra la administración pública, en la figura jurídica de omisión de actos funcionales.
De acuerdo a la resolución fiscal, el caso ha sido declarado complejo y para tener un sólido conocimiento de los hechos, el Ministerio Público ha determinado la necesidad de desarrollar una pericia contable con el objetivo de tener con precisión el monto exacto del que se habrían apropiado cada uno de los investigados. La investigación se desarrollará por ocho meses más.
LOS HECHOS DE LA INVESTIGACIÓN
Conforme a la carpeta fiscal N° 2406075500-2015-354-0, entre los investigados por peculado doloso se encuentran Jennifer Leonor Briceño Cortez, Malena Lissete Álvarez Farfán, Nohelia Transita Chiscul Villasis y Sergio Pedro Vásquez Rodríguez. También Ángel Leonidas López Castro, Juan Arturo Boyer Ramos y Jorge Manuel León Vera.
Manera, mediante oficio N° 3129-2014-MP-2° FPPC-Ch/4° DI, el fiscal Carlos Gustavo Cáceres Alejos, Fiscal Provincial del 4° Despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, ha remitido XI tomos, en copia certificadas de la Carpeta de Control N° 078-2015-CG/CRN-EE-CC, correspondiente al Examen Especial al Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo, para que la Fiscalía que desarrolla la investigación preparatoria, proceda a desarrollar las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados.
Cada uno de los investigados fueron notificados desde el 25 de enero del presente año en sus centros de labores y domicilios, donde se les hace conocer que la investigación se inicia luego que la Contraloría General de la República desarrollara un Examen Especial al Centro de Gestión Tributaria – Ex SATCH, ante denuncias de comerciantes de diferentes mercados que se sentían afectados en sus pagos por concepto de pagos de merced conductiva.
En la investigación se detalla que el 3 de setiembre del año 2015, la Contraloría dio vida a la carpeta de control N° 078-2015-CG/CRN-EE-CC, advirtiendo dos hechos. El primero está relacionado con el dinero recaudado por los pagos únicos realizados por los administrados para obtener el derecho a conducir un puesto de ventas en algún mercado de Chiclayo y los importes pagados por conceptos administrativos derivados de los cobros a los comerciantes.
En el otro caso, según la investigación – se señala que luego de otorgar a los administrados la posesión de los puestos, tenían que realizar pagos semanales por concepto de merced conductiva, importe que se cobraba en los mercados 9 de octubre, Gamarra, Buenos Aires, Mercado Central, Diego Ferré, José Balta, La Primavera, Mercado Modelo y Santa Rosa.
EL PROCEDIMIENTO
Las investigaciones detallan que una vez que el comerciante desarrollaba el procedimiento de solicitud para obtener el derecho a un puesto en un centro de abastos, y recibir la resolución municipal que le otorga la conducción del puesto, la que era emitida por la Gerencia del Ambiente y Desarrollo Económico de la Municipalidad de Chiclayo, se le hacía conocer los pagos que debería hacer por concepto de gastos administrativos y pueda tener derecho sobre el puesto comercial.
Se advirtió también –además – que los comerciantes tenían que realizar pagos semanales por concepto de merced conductiva. El cobro se inicia con la asignación a los recaudadores de los recibos de ingresos manuales de la serie OIV-013 para la cobranza de la Merced Conductiva, la misma que también se realizaba y hasta ahora se hace, en el segundo piso del mercado Modelo, en el área de Otros Ingresos, jefatura que actualmente está en manos de Juan Arturo Boyer Ramos, quien también está sometido a investigación por el Ministerio Público en el presente caso.
En la etapa preliminar de la investigación, la Contraloría descubre que desde el 04 de enero del año 2010 al 4 de noviembre del año 2014, existen vacíos en los registros de pago o descarga del concepto por merced conductiva realizado por los comerciantes de los 10 mercados que existen en la Capital de la Amistad.
Mediante disposición Fiscal N° Cuatro de la Carpeta Fiscal N° 2406075500-2015-354-0, señala que en la etapa de investigación preliminar, personal de la Contraloría recabó recibos de cobranza por concepto de merced conductiva, los que al verificar descubrieron que los importes pagados no estaban cargados o registrados en el Sistema de Tributación Municipal –STM.
En la investigación la Contraloría notificó a un total de 1,946 comerciantes para determinar si habían cumplido con el pago de su merced conductiva, descubriendo que entre los montos cobrados y registrados en el sistema, existen algunas diferencias.
¿VIOLACIÓN DEL SISTEMA?
En la investigación –señala la Fiscalía- se ha llegado a determinar que respecto a la cobranza por merced conductiva, no se registra en su totalidad en el Sistema de Tributación Municipal, y los dineros tampoco fueron depositados en las cuentas bancarias del ex SATCH, ocasionando un perjuicio económico por 34 mil 210. 80 soles al Estado.
También se ha detectado la existencia de merced conductiva que fue dada de baja, la cual había sido registrada en el STM y esta ascendía a 17 mil 445.85 soles; es decir, ese monto presumiblemente habría sido devuelto a los comerciantes.
Sin embargo, conforme al informe N° 06.1-010-0000000118- 2015 del 19 de junio del 2015, el jefe de la Oficina de Informática, Denis Obando, alcanzó un CD con las altas y bajas por concepto de merced conductiva durante el periodo 2009 al 2014, en el cual se advierte que con los usuarios: jbriceño, que no sería más que Jennifer Leonor Briceño Cortez, jefa del área de otros ingresos –según el Ministerio Público- y los terminalistas de caja, Sergio Pedro Vásquez Rodríguez y Malena Lissete Álvarez Farfán, habrían efectuado bajas de deudas por los conceptos de merced conductiva correspondientes a semanas que sí habían sido cobradas, pero no fueron registrados en el STM y el dinero tampoco fue depositado en las cuentas bancarias del ex SATCH.
También toma como referente – la Fiscalía- a los comerciantes María Inés Céspedes Céspedes, conductora del puesto N° 53-A del mercado Modelo de Chiclayo, quien canceló una deuda de merced conductiva de 36 semanas con recibió N° 013-0178960 del 11 de diciembre del 2013, por el monto de 53.50 soles; sin embargo, al hacerse la revisión se advirtió que dicha deuda había sido dada de baja con el usuario de sistema Jbriceño.
La auditores de la Contraloría han advertido –según el documento fiscal- que los investigados del área de Otros Ingresos realizaron la cobranza por merced conductiva a los conductores de puestos de los 10 mercados con que cuenta la Municipalidad de Chiclayo, utilizando 432 recibos de ingresos manuales de la serie OIV-013, los mismos que no fueron registrados ni tampoco sus montos en el Sistema de Tributación Municipal y por ende no fueron depositados en las cuentas bancarias del ex SATCH.
MÁS DETALLES
La fiscalía ha evidenciado la existencia de un total de 100 recibos de ingresos por deuda de merced conductiva a favor de los conductores del mercado modelo por parte de los técnicos recaudadores del CGT Sergio Pedro Vásquez Rodríguez y en ocasiones a Nohelia Tránsita Chiscul Villasis y de Jennifer Leonor Briceño Cortes; sin embargo, los dineros cobrados no fueron ingresados al STM ni depositados en la cuenta del ex SATCH, debido a que las deudas habían sido dadas de baja.
De igual manera, se advierte que la comerciante Alicia Elizabeth Ríos Sernaqué, conductora del puesto N° 106, sección golosinas, del mercado Modelo, mediante recibo N° 013-197546 del 28 de febrero del 2014, canceló la suma de 235.20 soles por concepto de merced conductiva, pero se descubrió que el recibo no había sido registrado, lo cual indica que el dinero no fue ingresado al STM y tampoco depositado en el banco.
También está el caso de Doris Amelia Castro Añasco, conductora del puesto N° 16 del mercado Modelo, quien canceló 182 soles el 1 de marzo del 2014, pero tanto en el STM como en las cuentas del ente recaudador, no fueron depositados, y más bien a la deuda se le había dado de baja. Para esa acción, otra vez se hizo uso del usuario “jbriceño”.
De igual manera, se habría llegado a establecer que en esta ocasión se habrían cobrado 221 recibos de ingresos de mercado de abastos por 39 mil 18.50 soles, los mismos que fueron registrados parcialmente en el Sistema de Tributación Municipal por el monto de 6 mil 902.95 soles. Es decir, la suma de 32 mil 115.55 soles no se habría registrado en el STM y tampoco se habría depositado en la cuenta del ex SATCH.
La contribuyente Paula Sánchez Ramírez, conductora del puesto N° 236 del mercado José Balta, canceló su deuda con recibo N° 013-109727 del 23 de julio del 2012 por un total de 190 soles, pero al momento de revisar el STM se habría determinado que solamente se había registrado 98 soles. En este centro de abastos la Contraloría y la Fiscalía llegó a determinar que en ese mercado se cobraron un total de 490 recibos ascendentes a 22 mil 663.30 soles, pero en el STM solamente se registró un total de 8 mil 600.56 soles, haciendo falta 16 mil soles.
INVESTIGADOS
En la disposición Fiscal N° Cuatro de la Carpeta Fiscal N° 2406075500-2015-354-0, del último 18 de enero y notificada en 25 del mes pasado, la Fiscal Magaly Quiroz también sindica a Ángel Leonidas López Castro, actual jefe de la División de Recaudación y Control de Deuda, como responsable del delito de Omisión de Funciones, debido a que durante el tercer periodo en que se desempeñó como jefe del departamento de cobranza del ex SATCH, desde el 20 de junio del año 2013 al 2 de diciembre del 2014, habría incumplido la función establecida en el Reglamento de Organización y Funciones del ex SATCH, que señala que como función del jefe –literal “b” del artículo 41 del ROF- está la de “planificar las labores de control y cobranza de la deuda por conceptos no tributarios que sean responsabilidad del SATCH”, dentro de los cuales se encuentra el cobro de merced conductiva
López Castro estuvo como Gerente de Operaciones y jefe del departamento de Cobranzas, del ex SATCH desde el 31 de octubre del 2012 al 30 de noviembre del 2012, y desde el 20 de junio del 2013 al 02 de diciembre del 2014, en plena gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales.
De igual manera, la investigación fiscal también abraza a Juan Arturo Boyer Ramos, en su calidad de jefe del área de Otros Ingresos, a quien también se le imputa que habría cometido presunto delito de omisión de Actos Funcionales, debido a su condición de jefe del área no habría advertido los hechos en los que habrían incurrido los investigados.
Para el Ministerio Público es raro y llama su atención, es que el funcionario Juan Arturo Boyer, quien cumplió función de jefe de la unidad de otros ingresos del ex SATH desde el 17 de noviembre del año 2014 al 7 de enero del 2015, se encuentre actualmente ocupando en el mismo cargo y lugar a pesar que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, lo investiga por haber faltado en el gestión del ex alcalde Roberto Torres en el mismo lugar donde ahora se desempeña.
“EMPIEZA EL DESFILE”
Para el viernes 7 de abril, a las 9:00 de la mañana ha sido citada Leonor Briceño Cortez, a la sede de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, con el objetivo que haga su descargo respecto a los hechos que son materia de investigación. También han sido citado Sergio Pedro Vásquez Rodríguez y Nohelia Transita Chiscul Villasis.
Para el 10 de abril, a las 9:00 de la mañana, ha sido citada Malena Lissette Álvarez Farfán. En el caso de Juan Arturo Boyer Ramos, éste ha sido citado para el 17 de abril a horas 10:30 de la mañana .
También se ha notificado a la terminalista de caja, Adriana Fabiola Díaz Romero, quien acudirá en calidad de testigo según el informe N° 002- AFDR-DTYC, del 11 de diciembre del año 2014. La Fiscal Magaly Quiroz ha puesto en conocimiento los hechos ante el Procurador Público Anticorrupción de Lambayeque, para que asuma la defensa de los intereses del Estado.
Por el presunto delito de abuso de autoridad podría ser condenado a tres años de cárcel el actual gerente de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Isaías Nicolás Merino Chavesta, quien en julio del 2016 dispuso el desarrollo de operativos vehiculares en zonas presuntamente rígidas, llegando a la acción de intervenir motos lineales e internarlas en el depósito del terminal Epsel, condicionando su entrega al pago de papeleta de infracción municipal ascendente a 98.75 soles.
Junto al funcionario municipal también ha sido denunciada la actual Procuradora Municipal Adjunta, Luzmila del Socorro Bazán Cerna, quien en el tiempo de la comisión del presunto delito cumplía la función de subgerente de Tránsito y Transporte. A ella se suma también la inspectora de dicha área, Yaqueline Meregildo de la Cruz.
Tal y como consta en el expediente judicial N° 02456-2017-0-1706-JR-PE-07, del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo a cargo del juez Edgardo Hernán Asenjo Tamay, que tienen como origen la carpeta fiscal N° 3865-2016, bajo responsabilidad del fiscal José Luis Fernández Sirlopú, de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, los hechos ocurrieron la mañana del 21 de julio del año pasado.
Ese día, a las 10:40 de la mañana, el ciudadano Fernando Torres Menacho llegó hasta la oficina de la empresa Claro, ubicada en la calle 7 de Enero N° 239, interior 303, lugar donde realiza sus labores, con la finalidad de retirar documentos e ingresar su moto lineal de placa de rodaje 2580-4M, con el objetivo de guardarla.
Según el abogado del denunciante, Víctor Luna Victoria, este dejó por un momento su vehículo estacionado frente al local donde labora, esperando a que el vigilante de la empresa abriera la puerta y proceda a guardar la unidad motorizada, pero grande fue su sorpresa al salir, a las 10:55 de la mañana y no encontrar su moto lineal, pensando por un momento que había sido robada.
Sin embargo, por versiones de vecinos fue alertado que un grupo de personas vestidas con chalecos de color azul y logo de la municipalidad de Chiclayo, habían llegado en un camión de carga municipal, y tras bajar cargaron con la moto sin alertar al propietario.
La unidad motorizada había sido llevada sin que se levante una infracción tal y como lo dispone la Ley Nacional de Tránsito; es decir, que un miembro de la Policía Nacional de Tránsito se encuentre en el lugar de los hechos y levante la infracción o un acta de internamiento del vehículo.
EN UN CORRALÓN
Al acudir a la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue informado que la Gerencia de Desarrollo Vial y de Tránsito de la comuna, bajo la responsabilidad de Isaías Merino Chavesta, se encontraba realizando operativos por las calles del centro de la ciudad con la premisa de erradicar e internar en el depósito de Epsel a todo vehículo motorizado que se encontraba estacionado en zona rígida.
Indica en denunciante que al llegar al citado lugar fue atendido por Jaqueline Meregildo de la Cruz, quien se identificó como inspectora de la gerencia de Tránsito y Transportes de la municipalidad. Agrega que dicha persona le entregó un acta y una boleta de internamiento y le indicó que tenía que acudir al Centro de Gestión Tributaria – CGT de Chiclayo para hacer efectivo el pago de 98.75 soles y pueda retirar su unidad.
De igual manera, añade que tanto el acta de intervención del vehículo, así como la boleta de infracción que no se asemeja a una papeleta de infracción al tránsito, le fueron presentadas en el depósito de Epsel donde bajo coacción le obligaron a firmar.
Lo grave es que ninguno de los dos documentos lleva la firma de un policía del área de tránsito o de algún agente de la comisaría del sector donde se desarrolló el operativo, constituyendo en presunto abuso de autoridad.
Además, en ese momento no se había consignado -en ambos documentos- el nombre del inspector de tránsito que había llevado a cabo la intervención de la unidad vehicular, bajo la modalidad de operativo.
ORDENANZA MUNICIPAL
Al tener conocimiento de la denuncia en su contra por el delito de abuso de autoridad, los funcionarios ediles aludidos hicieron conocer que el operativo contra vehículos, en este caso moto lineales, se ejecutaba porque se estaba dando cumplimiento a la Ordenanza Municipal N° 024 -2015 MPCH/A, de fecha 14 de setiembre del 2015, la que se encuentra en vigencia y regulaba las zonas rígidas.
Sin embargo, del análisis lógico y de la argumentación jurídica, dicha Ordenanza Municipal contempla la declaratoria de zona rígida de varias calles del centro de Chiclayo, pero no se considera a la calle 7 de Enero, lugar donde la moto de propiedad del agraviado fue intervenida y llevada hasta el depósito municipal de Epsel.
Víctor Luna Victoria, explica que conforme a lo establecido en el artículo N° 336, inciso 1 del Código Procesal Penal, para el ejercicio válido de la acción penal, a través de la formalización de la investigación preparatoria, el fiscal deberá verificar, que aparezca indicios reveladores de la existencia del delito, que la acción penal no haya prescrito y que se haya individualizado a los imputados. Es decir, que cada uno de los responsables haya sido plenamente identificados y se haya establecido los roles que cada uno de ellos tenía en el delito imputado.
De igual manera, el abogado señala que si bien es cierto que existe una ordenanza municipal que se encuentra en vigencia, está no está reglamentada acorde a la Ley de Leyes; base legal donde debe ampararse todo normatividad que regula algún tipo de acción o de orden interno, sin vulnerar o violar el derecho de los demás.
VULNERACIÓN
El letrado también cuestiona la emisión de la boleta de internamiento N° 1342, de fecha 21 de julio del 2016, con la cual los denunciados dan cuenta que la unidad vehicular de placa 2580-4M fue infraccionada con la sanción K-01. Asimismo, se detalla que la autoridad que dispone la infracción es la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
De igual manera, el acta de control de transporte N° 3078, del mismo día, emitida por la inspectora Yaqueline Meregildo de la Cruz, carece de valor debido que no lleva la firma de un policía, funcionario público de importancia que garantizará la intervención y dará valor a la misma.
Por tales hechos, como se ha demostrado preliminarmente que existe una vulneración a los derechos del denunciante como ciudadano y transportista, el fiscal José Luis Fernández Sirlopú solicitó al titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Edgardo Hernán Asenjo Tamay, formalizar y continuar la investigación preparatoria contra Isaías Nicolás Merino Chavesta, así como contra Luzmila del Socorro Bazán Cerna y Jaqueline Meregildo de la Cruz.
RENUENTES
De igual manera, por tercera vez la Fiscalía se ha visto en la necesidad y dando conocimiento al juez que ve la causa, de reiterar oficio a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, debiendo requerirlo tanto al alcalde David Cornejo Chinguel, así como al gerente de Desarrollo Vial y Transportes, Isaías Merino Chavesta, a fin que cumplan con remitir la información que sustente -en original- por el cual se ordenó el internamiento de la unidad vehicular de placa 2580-4M.
También se ha solicitado que se remita el acta de control de transporte y la boleta de internamiento, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de ser considerados como acto hostil que imposibilita e impide continuar con la investigación y ser denunciados por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad
FISCAL PIDE LA REGLAMENTACIÓN
Asimismo, el representante del Ministerio Público recalca e informa al juez Edgardo Hernán Asenjo Tamay que, también por tercera vez, reitera oficio a la Municipalidad Provincial de Chiclayo e incluso al propio alcalde David Cornejo Chinguel, para que el gerente de Desarrollo Vial y Transporte, Isaías Merino Chavesta, cumpla con remitir al Ministerio Público los protocolos o documentos que regulan el procedimiento de actuación de los inspectores ediles en casos cuando se proceda al internamiento de un vehículo en el depósito municipal.
El representante del Ministerio Público también ha creído conveniente oficiar al jefe de la macro región policial Norte, con sede en Chiclayo, Jorge Pérez Flores, para que informe si desde la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte, así como de la Gerencia de la municipalidad de Chiclayo, se solicitó el apoyo con efectivos policiales para realizar operativos contra vehículos menores el día 21 de julio del 2016.
EN MANOS DEL JUEZ
Mediante Resolución N° 1, del 13 de marzo del presente año, el titular del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo resolvió recepcionar la comunicación de disposición de formalización y continuación de la Investigación Preparatoria expedida por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo contra los imputados Isaías Merino Chavesta, Luzmila del Socorro Bazán Cerna y Yaqueline Meregildo de la Cruz, por el presunto delito de abuso de autoridad en agravio de Fernando Torres Menacho y la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
OTRA DENUNCIA CONTRA CORNEJO
En otro extremo de la información, el abogado Víctor Luna Victoria no descartó que en las próximas horas el alcalde David Cornejo Chinguel pueda afrontar una nueva denuncia por el delito de Abuso de Autoridad, por tener en el cargo de Procuradora Adjunta de la Municipalidad Provincial de Chiclayo a Luzmila Bazán Cerna.
El letrado sostuvo que Luzmila Bazán no puede ejercer dicho cargo por afrontar una investigación judicial contenida en el expediente judicial N° 02456-2017-0-1706-JR-PE-07 del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, por presunto delito de abuso de autoridad y donde la comuna figura como agraviado.
“Es algo inconcebible que una persona que es investigada por afectar a la comuna chiclayana sea designada como Procuradora Adjunta. Quiero recordar que el alcalde David Cornejo ya afronta una investigación en el Ministerio Público por presunto delito de Abuso de Autoridad al designar en el cargo de Procuradora Adjunta a la funcionaria Mariela Custodio Cholán, a pesar que en su debido momento se le advirtió que dicha funcionaria no reunía el perfil profesional y que además tenía investigaciones penales en su contra y donde la afectada es la municipalidad de Chiclayo”, sostuvo.
Integrar el sistema de drenaje agrícola y las acequias que cruzan Chiclayo metropolitano al futuro drenaje pluvial es una de las propuestas que plantea el ingeniero Walter Morales Uchofen, especialista en hidrología y actual decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG de Lambayeque, quien rememora la importancia que estas tuvieron durante El Niño de 1998 para evacuar las aguas acumuladas producto de las lluvias.
“Considero que debe dársele especial atención a los sistemas que existen en Chiclayo de canales y drenes, porque para evacuar las aguas de lluvia en algún momento no vamos a hacer nuevos canales, sino aprovechar los existentes. Por ello, hay necesidad de darles un mejor tratamiento, reforzar los drenes, mejorarlos y restituir todo el sistema, evitar que estén colmatados o que se llenen de basura”, refiere el experto.
Anota que es necesario dar mantenimiento frecuente al sistema de drenaje cuya función es disminuir el agua del subsuelo, más porque durante la ocurrencia del Fenómeno El Niño de 1998 permitió evacuar las aguas acumulas en Chiclayo.
“Deben protegerse, evitar rellenarlos, porque intensiones de este tipo ya se han presentado. Respecto a los canales existentes deben mejorarse también”, asevera.
Destaca que estas infraestructuras de tipo agrícola tienen una topografía definida y su operatividad está comprobada. “No pueden dejarse de lado, porque serán los futuros evacuadores de cualquier proyecto que se haga en Chiclayo para evacuar las aguas de lluvia. Si se les da mantenimiento, quizá revestimiento e incluso si se elevan los bordos, se tendría un mejor sistema de protección para la ciudad”, explica.
REALIDAD DE LOS DRENES
La Comisión de Recursos Naturales, Gestión Ambiental y Agricultura y técnicos del Gobierno Regional de Lambayeque realizó en los tramos finales de los drenes 1000, 2000, 4000 y 5000, inspecciones que permitieron definir cuál es la situación del sistema en la actualidad.
El primero de ellos, por ejemplo, recibe varios drenes secundarios en su tramo final. En él se apreció un agua clara y sin mal olor, pero con el ramal sur contaminado. Según el informe de la comisión, se apreció que en algunos tramos del dren 1000, ubicado en jurisdicción de Lambayeque, han sido instaladas motobombas para irrigar los campos aleñados.
Asimismo, se encontró un botadero de basura que, según el documento, sería posiblemente utilizado por la Municipalidad Provincial de Lambayeque por su amplitud y acondicionamiento con entradas de acceso.
Por otro lado, junto a la fábrica San Roque, a la salida de Lambayeque, se encuentra el dren 2000, que desemboca cerca a San José. Según el informe, se encuentra limpio a la altura del puente en la Panamericana Norte, pero con basura acumulándose. Este se desbordó recientemente producto de las lluvias de marzo.
Se encontró que este dren tiene un represamiento oficial con obras de ingeniería y compuertas que evidentemente facilitan el riego de las chacras circundantes. Asimismo, se señala como evidente que la finalidad del dren ha sido trastocada, porque “si el agua contaminada es represada ya no cumple ninguna función de drenaje, sino más bien se ha convertido en una obra de infraestructura de riego”.
Siguiendo con la corriente hacia el mar, el dren 2000 se encuentra cubierto de totora y otras plantas acuáticas. En la parte final de desembocadura se cubre de cemento en un buen tramo sin la existencia de una vía de acceso terrestre.
Uno de los drenes más contaminados es el de Santa Rosa o dren 4000. Este emite un olor fétido muy fuerte y llega contaminado desde Pomalca. Asimismo, se encontraba libre de plantas acuáticas pues fue limpiado como parte de las obras de prevención del Fenómeno El Niño 2016.
Desde el trayecto de la nueva carretera Chiclayo – Monsefú hasta la caleta de Santa Rosa se presencian desagües de la zona urbana, basura amontonada y olores pestilentes. Estos problemas se ubican cercanos tanto a la población como al mercado local, centro de procesamiento de pescado y el desembarque del mismo, según el informe.
El último dren inspeccionado fue el de Monsefú y Santa Rosa o dren 5000. Este no se encuentra aparentemente muy contaminado, pues desciende por tierras poco pobladas. Según el informe, no se percibieron olores fétidos fuertes, se encontró limpio en todo su cauce y dio muestras de haber recibido mantenimiento.
Asimismo se identificó las descargas de aguas residuales a los drenes 1000, 2000, 3000, 4000 y 5000 hacia el mar, y las descargas de aguas residuales de los drenes 6000 y 7100 al río Reque, que afectan la calidad del agua.
El referido informe también detalla las fuentes contaminantes de algunos drenes. Por ejemplo, el dren 1000 tiene 13 fuentes contaminantes entre el tipo de agua residual doméstico, industrial, municipal y botaderos de residuos sólidos.
Del mismo modo, los drenes 2000, 3000, 4000 y 5000 tienen nueve, seis, 12 y dos fuentes contaminantes, respectivamente, entre tipo de agua residual doméstica, industrial y municipal. Los drenes 6000 y 7100 solo tienen una fuente contaminante.
LAS ACEQUIAS
Respecto a las acequias que cruzan la ciudad, Morales Uchofen recuerda que antes la acequia Cois, que divide a Chiclayo de José Leonardo Ortiz, tenía una sección mucho más grande, que con el tiempo se fue reduciendo sin considerar que la importancia que esta tiene para la prevención de inundaciones.
“Se amerita que se mejore también el sistema de canales. La acequia Cois debe recibir mantenimiento, igual que las acequias Yortuque y Pulen, que deben tener todo el trazo revestido, protegerlas e incrementar sus bordos. Lamentablemente estas se han ido reduciendo e incluso cubriendo en algunas partes, siendo esto un peligro latente para la ciudad”, manifiesta.
LAS INTENSIDADES
Morales Uchofen señala que la construcción del sistema de drenaje pluvial para el departamento no solo pasa por procesos ingenieriles que permitan el aprovechamiento de las pendientes para la evacuación de las aguas de lluvias, sino también la estimación de otros factores relacionados a la hidrología, como la intensidad de las precipitaciones, cuyo promedio anual es distinto en las diferentes ciudades.
Sobre esto existe abundante información generada a partir de la evaluación en las distintas estaciones meteorológicas que operan en el departamento, sobre las cuales se han aplicado cálculos que han permitido definir los indicadores por distrito.
“He realizado trabajos de investigación en la facultad haciendo uso de la información del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía – SENAMHI, generando mapas de intensidades que con criterio técnico-científico he propuesto. Pero no solo eso, también he generado fórmulas que pueden utilizarse para calcular la intensidad de las lluvias en Lambayeque, Motupe, Olmos, Cayaltí, Ferreñafe y otros lugares, elaborados a partir de la información real empleando documentación de investigadores extranjeros, pero aplicando fórmulas específicas para cada sector”, explica.
Detalla que los mapas generados consideran la información de las fuentes hidrológicas que funcionan en Lambayeque.
“Tenemos información, solamente que hay que darle el adecuado uso. Esto servirá para contrastar los proyectos que se presenten en adelante respecto al drenaje pluvial. Se requiere de esta información para verificar los parámetros básicos que se deben considerar para ejecutar un proyecto de drenaje pluvial”, manifiesta.
POCA ATENCIÓN
El investigador lamenta que pese a la existencia de diversos estudios que sirven de base para la generación de proyectos de alta ingeniería, como el de un drenaje pluvial para Chiclayo, por ejemplo, no se les haya tomado en cuenta a nivel de gobierno regional y local.
“Están plasmados en documentos, pero simplemente las autoridades no les dan la atención aun cuando se trata de información muy valiosa”, cuestiona.
Añade, que como investigador ha trabajado junto al Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI en la elaboración de diversos estudios de vulnerabilidad para Ciudad Eten, Puerto Eten, Monsefú, Reque, Lambayeque y Ferreñafe, documentos que han sido oportunamente entregados a los municipios, pero a los que tampoco se les ha dado el tratamiento adecuado.
“Esa información está en los municipios, también la posee el INDECI, y con esta fue posible identificar muchas zonas de peligro o alta vulnerabilidad, pero lamentablemente nunca se le dio la atención debida”, asevera.
LAS PENDIENTES
En la realización del proyecto de drenaje pluvial, el decano de la Facultad de Ingeniería Civil, Sistemas y Arquitectura de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo manifiesta que las pendientes son otro factor determinante para la efectividad de los trabajos, por lo que es necesario que se realice en Chiclayo un adecuado y minucioso levantamiento topográfico, a fin de aprovechar las condiciones naturales del suelo para la eliminación de las aguas pluviales.
“Es lo primero que tiene que hacerse, el levantamiento topográfico es fundamental para todo proyecto de drenaje pluvial. Chiclayo aparentemente es plano, pero cuando llueve es fácil observar que el agua discurre en una dirección y esto sucede porque hay desniveles. Por más plana que sea la ciudad, el agua siempre irá al oeste, por eso es necesario el estudio topográfico a detalle, integral”, precisa.
Anota que la ciudad de Lambayeque presenta similares características, e incluso la información que se tiene de esta es mucho más minuciosa debido a que cuenta con una estación meteorológica propia.
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A mediados de diciembre del 2015 la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo emitió la Resolución de Licencia de Edificación N° 1386-2015, a favor de Carlos Bazán Silva, autorizándole para la construcción del primer nivel del inmueble ubicado en la Manzana 39, lotes A-11 y A-12 del ex fundo Cerropón. Sin embargo, luego que el beneficiario levantara la edificación, la comuna tuvo que retroceder en su decisión debido a que las áreas corresponden a la vía pública.
En abril del 2013, Bazán Silva celebró en la Notaría Alvarado Quijano la Escritura Pública N° 0890441 con Rodolfo Rodríguez Quiroz y Julia Remon Gonzales, por la compra de los sub lotes A-1, A-11 y A-12 ubicados en la Prolongación de la Avenida Bolognesi, ex Fundo Cerropón de Chiclayo, por un valor de 10 mil 500 soles que fueron pagados en efectivo.
Los predios le habían sido vendidos en el 2001, de acuerdo a un contrato privado de compra y venta, que sirvió de sustento para la legalización de la escritura pública.
La propiedad fue adquirida por los vendedores mediante sucesión intestada inscrita en el Asiento 2, Código N° 13399 del Registro de Sucesión Intestada de los Registros Públicos de Chiclayo, y por sub división inscrita en el asiento 4-B de la Ficha N° 4892 del Registro de Propiedad Inmueble de los Registros Públicos de Chiclayo.
Precisamente, de la revisión de este último documento se confirma que los sub lotes A-1, A-8, A-11 y A-12, del predio en mención, “se constituyen en áreas de uso común que sirven de servidumbre”, por lo que la construcciones sobre estos se configuran en ilegales.
Así consta también en la Memoria Descriptiva y el Plano del Lote Matriz (sub lote A), donde se señala con claridad que dichos lotes correspondían al área común, tan es así que el lote A-1 se afectó totalmente por la construcción de la Avenida Prolongación Bolognesi, el A-8 por el trazo de una vía que une a la prolongación con la Avenida Pedro Cieza de León, el lote A-11, por el trazo de una vía paralela a la acequia El Arenal, en tanto el lote A-12 se afecta por el área de servidumbre que se aplica para predios colindantes a acequias y canales de regadíos, de acuerdo a la normativa de la Autoridad Nacional del Agua – ANA, que señala que la mínima de la faja marginal en acequias debe ser de cuatro metros para realizar actividades protección y conservación de la fuente natural de agua, libre tránsito y/o camino de vigilancia.
INSPECCIÓN OCULAR
La Municipalidad Provincial de Chiclayo confirmó que la construcción realizada por Bazán Silva, al amparo de la licencia que en diciembre del 2015 se le confirió, no cumple con la distancia mínima indicada por la normatividad de la ANA.
Asimismo, que según del Plan de Desarrollo Urbano – PDU vigente, aprobado por Ordenanza Municipal 004-2016-MPCH/A, se observa que la distancia medida del eje de la acequia El Arenal al límite de propiedad de un predio con fines residenciales debe ser de 10 metros, aspectos que la construcción de Bazán Silva tampoco cumple.
NULIDAD DE OFICIO
La comuna, mediante el Memorando N° 573-2016-MPCH-GDU, emitido por la Gerencia de Desarrollo Urbano, señaló haber detectado que el Expediente N° 057763, del 15 de diciembre del 2015, sobre la licencia de edificación presentada por Carlos Bazán Silva, fue elevado sin tener en cuenta que los lotes sobre los cuales se autorizó el cerco perimétrico de su construcción se encuentra ocupando la vía pública, por lo que se solicitó la nulidad de oficio de la respectiva licencia.
Asimismo, mediante el Informe Legal N° 469-2016-MPCH-GAJ, la Gerencia de Asesoría Jurídica del municipio opinó a favor de la procedencia de declarar la nulidad de oficio del acto administrativo comprendido en la Resolución de Licencia de Edificación N° 1386-2015, dada por el municipio a favor de Carlos Bazán, por lo que debió retrotraerse el proceso a la etapa de presentación del expediente administrativo y proceder a la paralización de la construcción sobre los lotes A-11 y A-12 del ex Fundo Cerropón.
De este modo, el 8 de agosto del año pasado se emitió la Resolución de Alcaldía N° 933, que dejó sin efectos la licencia de construcción, decisión que hasta el momento no ha surtido efectos para la liberación de las áreas comunes. Es decir, pese al mandato municipal, lo edificado por Bazán Silva continúa sobre los lotes que en el registro de propiedad aparecen como áreas libres y vías de acceso, además de servidumbre a la acequia El Arenal, que pasa cerca al área vendida por Rodolfo Rodríguez Quiroz y Julia Remon Gonzales.
¿ERROR INTENCIONAL?
Lo que llama la atención es que la comuna no dispuso en la Resolución de Alcaldía de agosto del año pasado la demolición de lo construido, como sí lo hizo en dos resoluciones previas, donde sospechosamente se indicó que Bazán Silva había construido sobre otro lote, uno que no adquirió de acuerdo a la Escritura Pública suscrita en la Notaría Alvarado Quijano.
El 14 de enero del 2016, la Gerencia de Desarrollo Urbano emitió la Resolución N° 005-2016-MPCH-GDU, con la que se dispone la demolición del área supuestamente ocupada por Bazán Silva, correspondiente a un supuesto lote A9 en el ex Fundo Cerropón, porque se consideraba que era área pública, cuando en lo real se trataba de un predio que el constructor no adquirió.
Pese al evidente error de precisión presentado en la resolución de la comuna, Bazán Silva presentó un recurso de apelación a la decisión municipal, la misma que fue desestimada el 16 de marzo del año pasado con la Resolución de Alcaldía N° 468-2016-MPCH/A, que confirmó la demolición de lo edificado en el “lote A9”, aun cuando Carlos Bazán no ocupaba este predio.
Con todo ello, hasta el momento los vecinos de la zona siguen teniendo serios problemas para transitar debido al impedimento que representa lo construido por Bazán Silva, sobre todo en el área cercana a la acequia El Arenal, donde no se han respetado las distancias mínimas ordenadas por la Autoridad Nacional del Agua y tampoco por el Plan de Desarrollo Urbano vigente en Chiclayo.
Los efectos de El Niño Costero sobre la producción agrícola y exportadora son altos. Millones de dólares en pérdidas se contabilizan desde Tumbes hasta Áncash, y en Lambayeque la producción de mango y palta atraviesa una situación crítica. A decir del presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Max Santolaya Silva, lo sucedido pone nuevamente sobre la mesa la urgente necesidad de gestionar la ejecución del Plan Hidráulico Regional.
En octubre del 2011 Lambayeque fue el primer departamento en entregar su Plan Hidráulico Regional al Ministerio de Agricultura y Riego, que por aquel entonces tenía como titular a Milton Von Hesse. El completo documento fue resultado de un minucioso trabajo técnico iniciado en el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, y respaldado con asistencia internacional gestionada por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.
El estudio, que contempla la ejecución de un total de 19 represas distribuidas estratégicamente en los valles Zaña, Chancay – Lambayeque, La Leche, Motupe, Olmos y Casjacales, así como obras hidráulicas y drenajes, tiene como propósito avanzar en el represamiento, regulación y administración del recurso hídrico para uso poblacional y agrícola, además de promover la prevención de inundaciones y desbordes, además de frenar la pérdida anual de millones de metros cúbicos de agua.
“Indudablemente el agua es vida y siempre han sido esperadas, igual que las crecidas de los ríos, anheladas a lo largo de la historia. Recordemos que antes la gente celebraba estos acontecimientos, no había represas y el incremento de los caudales permitía la agricultura. No es malo, lo que pasa es que hemos olvidado tratar el agua de las lluvias. Quizá mi opinión no les agrade a muchos pero es cierto, ni el Estado, ni las autoridades, ni los empresarios ni los agricultores hemos aprendido a tratar los procesos de inundación, con prevención y obras. Eso es culpa humana. Hemos olvidado también la importancia de las obras de infraestructura hidráulica, por eso se hace necesario que se piense con mayor responsabilidad y visión la ejecución del Plan Hidráulico de Lambayeque”, refiere el presidente de AREX.
Las elevadas temperaturas, las lluvias e inundaciones han afectado las cosechas y trastornado las etapas de producción de agroexportables, porque han madurado más rápido los frutos.
“El calor ha originado un poco más de enfermedades, y al mojarse los frutos han aparecido hongos y se ha afectado la misma producción”, manifiesta.
SECTOR EXPORTADOR
Santolaya Silva señala que la temporada de lluvias iniciada en febrero pasado ha ocasionado diferentes impactos negativos en el sector agroexportador, no solo por las precipitaciones que han dañado el proceso de florecimiento de los frutos, sino también por la aparición de hongos, plagas y, sobre todo, por el daño a la infraestructura vial, como puentes y carreteras, que han impedido el cumplimiento de los envíos al exterior en el tiempo fijado según los acuerdos de importación.
“Los cultivos más afectados son los de época, sobre todo los de mango y palta. El período climático ha originado que el mango madure más rápido, no en los ciclos que estaba programado, hay que añadir que el tratamiento del mago para exportación indica que este debe ser lavado en agua de 38° de temperatura y pase el control de sanidad, del que se encarga Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA”, explica.
Y es precisamente en esto último en lo que los productores agroexportadores han tenido mayores complicaciones, pues el SENASA no ha flexibilizado sus estándares a fin de garantizar que todo lo comercializador en el exterior reúna las condiciones de calidad.
“El SENASA no tiene límites, no considera de que porque hay emergencia o ha llovido mucho hay que ser condescendientes. No, es drástico, certifica que los frutos tengan tales lavados, tales controles, tales temperaturas y si no se tiene no da el visto bueno para la exportación, lo que en realidad es muy bueno, porque se trata de imagen del país”, sostiene el dirigente empresarial.
INCUMPLIMIENTOS
“El 2017 está siendo un mal año por el incumplimiento en los envíos, por las afectaciones al mango y a la palta. Si el producto no se exporta, se vende aquí, hay otras alternativas, por eso lo más grave es el incumplimiento en los envíos y la mala imagen que se proyecta como país a pesar de estar en emergencia, con lluvias continuas. Al importador eso no le importa”, asevera Max Santolaya.
Anota que la campaña de la uva se terminó con la cosecha, antes de la segunda semana de marzo y se alcanzó a exportar sin que haya lluvias de gran intensidad. Por otro lado, hay cultivos de arándano y aguaymanto que no son masivos, son en pequeñas cantidades y en diferentes lugares, cuya afectación es mínima. “Son cultivos experimentales, exportaciones de 30 mil dólares que si bien afectan no lo son tan perjudiciales como las de tres o cuatro millones de dólares”, refiere presidente de AREX.
Respecto a los ajíes y pimientos no se han reportado problemas hasta ahora, porque la cosecha es entre diciembre y enero. “Esperemos que la situación no continúe ni genere condiciones de plagas o enfermedades al agro”, confía.
Comenta que la temporada de lluvias ha implicado un esfuerzo mayor y elevar los costos totales del tratamiento de los productos agroindustriales. “La angustia de los agricultores en este caso ha sido el incumplimiento y las multas que se aplican por no cumplir fechas y plazos por problemas en el transporte. Lo más grave de todo es la interrupción de las carreteras”, señala.
Agrega que otro problema es el que se ha presentado con la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, que pese a que las exportaciones tienen un reintegro del Impuesto General a las Ventas – IGV, y del reconocimiento del pago de gastos con otros subproductos, esto se da post exportación, y la exportación con carreteras rotas sufre el desmedro y el incumplimiento de los contratos. “No poder llegar a Paita, por ejemplo, y embarcar el producto en las fechas programadas tiene sanción internacional por falta de cumplimiento y sobre eso la SUNAT no ha tenido ningún reparo”, indica Santolaya Silva.
PROBLEMAS COLATERALES
Otro problema del sector es que en la zona rural los trabajadores tampoco pueden llegar a sus centros de producción agrícola debido a que han quedado aislados o sufren el encarecimiento del transporte.
“Ellos no pueden dejar a sus familias con el drama de las lluvias, de la inundación, del huaico o del puente roto. Esta emergencia ha sido general, pero muy dura para los sectores rurales. Todas estas situaciones sufren los productores agroexportadores por la emergencia presentada, en la que no hay condescendencia”, señala.
Frente a esta situación, Max Santolaya refiere que el Estado debe también extender mecanismos de apoyo al sector agroexportador, debido a que su crecimiento permite ingresos económicos al país y beneficios colectivos.
“El Estado, como socio de los exportadores por los ingresos y las divisas que recibe, tiene que considerarse afectado directo. Por ello es importante que se coordine entre el empresariado, el gobierno y la academia soluciones a este problema, se trata de un trípode que debe activarse, somos socios en la generación de trabajo y de ingresos para el país, y el gobierno debe ser consciente de eso. Afectados no solo son los exportadores, también los agricultores quienes tienen inconvenientes para sacar sus productos”, asevera.
Anota que durante las visitas del ministro de Agricultura y Riego, José Manuel Hernández Calderón, se le ha hecho ver la problemática y este es consciente de lo que está pasando en el sector, pero no se han tomado medidas “porque todo está concentrado en el factor humano más que en lo empresarial y productivo”, precisa.
El drama de Lucio Ballena Llontop es el mismo que atraviesan cientos de extrabajadores de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quienes hoy reciben pensiones “miseria” pese a que la comuna les descontó mes a mes lo correspondiente al pago de la AFP.
Por la irresponsabilidad municipal, Ballena Llontop es obligado a vivir con una pensión de 306 soles al mes, monto que evidentemente no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas.
Esta situación, lo obligó a formular 16 de marzo pasado una denuncia por apropiación ilícita y estafa contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en la persona del alcalde David Cornejo Chinguel, quien como titular del pliego deberá responder por el incumplimiento de la comuna a lo largo de ocho años y medio.
A sus 80 años de edad, Lucio Ballena, quien desde 1992 hasta el 2010 trabajó en el grifo del municipio provincial, ha señalado al Ministerio Público que luego de 22 años y tres meses de servicios en la comuna, al haberse jubilado en la aseguradora Profuturo, se dio con la ingrata sorpresa que su exempleadora no canceló los derechos en su fondo de pensiones, pese a que sí hizo efectivos los descuentos.
“La aseguradora no reconoce la deuda de la municipalidad, ocasionándome un gran perjuicio como jubilado, al otorgarme solo una pensión en base a lo aportado por el municipio que asciende a 306 soles mensuales”, señala.
GRAN DEUDA
Buscando una solución a su reclamo, Ballena Llontop tuvo que acudir a la sede central de la aseguradora, en Lima, para conocer la real situación de su fondo previsional, hallando que lo adeudado por el municipio de Chiclayo llega a 106 mil 502.49 soles, dinero que le fue descontado de su sueldo pero no depositado para su jubilación.
“He solicitado a la municipalidad el pago de dicha deuda, pero hasta la fecha no me han dado ninguna respuesta, por esta razón he interpuesto la denuncia penal por apropiación ilícita y estafa”, indica el jubilado.
AÑOS SIN PAGAR
El 8 de marzo, Lucio Ballena se dirigió por escrito al alcalde David Cornejo Chinguel haciéndole conocer de la situación de su fondo previsión por responsabilidad de la comuna, sin que desde el despacho de alcaldía se haya dado respuesta alguna a su pedido, centrado en el pago de la deuda.
La aseguradora remitió en octubre del 2016 el detalle de la deuda acumulada por los ocho años y medio de incumplimiento municipal, el mismo que se remonta a 1996. Ese año, la comuna dejó de pagar los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
En 1997 dejó de pagar lo correspondiente al período enero – julio, y en el 2000 al período agosto – diciembre. Todo el año 2001 el municipio no depositó nada del dinero que le descontó a Ballena Llontop, situación que se repitió en el 2002.
Para el 2003 la comuna dejó de pagar marzo hasta septiembre; en el 2004 solo abonó lo correspondiente a enero, febrero y marzo; en tanto en el 2005 los adeudos se acumularon desde mayo a diciembre.
En el 2006 no pagó a Profuturo de marzo a agosto, en el 2009 no pagó septiembre y en el 2010, último año en que el servidor laboró para la comuna, no se hicieron efectivos los depósitos desde junio a diciembre.
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La reciente decisión de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de la República, de disponer que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo adopte las medidas de corrección o protección a favor de Edwin Oviedo Picchotito, en la investigación que le sigue la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado – FECOR, por su presunta participación en una organización criminal al interior de la Empresa Agroindustrial Tumán, pone sobre la mesa la posibilidad de que todo lo actuado por el Ministerio Público, en lo referido al empresario, sea declarado nulo.
En concreto, la resolución emitida el 31 de enero de este año hace referencia a la Casación N° 326-2016, dada en noviembre del año pasado por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema a favor de Oviedo Picchotito, por la cual deja sin efecto la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque que desestimó la tutela de derechos que en primera instancia se le concedió al empresario, contra quien la fiscalía, a cargo de Juan Manuel Carrasco Millones, no presentó imputación real para incriminarlo en el caso también conocido como “Wachiturros”.
En la casación, la suprema otorgó un plazo de cinco días para que el Ministerio Público subsane la investigación a Oviedo Picchotito y precise cuáles eran los hechos o elementos de convicción por los que lo sindica como líder de la presunta organización criminal, detallando así su imputación.
En consecuencia, la Sala Penal Permanente decidió adicional a su casación el contenido a referido a que el juez del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Reynaldo Leonardo Carrillo, que revisa el caso “Wachiturros”, dicte las medidas de corrección o de protección que correspondan “para hacer eficaz lo resuelto en la sentencia casatoria del 23 de noviembre del 2016 y, de ser el caso, aplicar lo establecido al Título III del Libro Segundo del Código Procesal Penal”.
POSIBLE NULIDAD
Por esto último, el abogado Carlos Isla Montaño, defensor legal de Edwin Oviedo, sostiene que existe la posibilidad de que el Poder Judicial declare la nulidad de lo actuado por el Ministerio Público respecto del empresario azucarero, considerando además que la FECOR Lambayeque – según afirma – no cumplió con lo indicado en la sentencia casatoria de subsanar su investigación en el plazo de cinco días.
“La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema le está ordenando al juez que adopte todas las medidas de protección, todas las medidas correctivas para que se cumpla con su mandato, y esto porque se le dio al Ministerio Público un plazo determinado para que subsane la imputación contra mi patrocinado de ser posible hacerlo. Sin embargo, transcurrido ese plazo el Ministerio Público hizo caso omiso al mandato supremo y respondió señalando que había operado una sustracción de la materia y, por lo tanto, con la formalización de la investigación preparatoria ya había señalado la real imputación. Eso nosotros lo consideramos una burla, un acto arbitrario, una falta de respeto al órgano supremo del Poder Judicial en su última instancia”, precisa el abogado.
Isla Montaño refiere que a insistencia de la defensa técnica de Oviedo Picchotito la Corte Suprema volvió a pronunciarse sobre su casación vía aclaración, precisando qué acciones debe tomar el juzgado de investigación preparatoria.
“Le dice al juez que no solo tome medidas correctivas y de protección, sino que además puede aplicar el Código Procesal Penal en el extremo de nulidades; es decir, que si este advierte que la investigación es nula tendrá que declararla como tal, porque desde ya la Corte Suprema ha dicho que la investigación es incongruente, contradictoria, vulnera el derecho a la defensa y, por lo tanto, desde nuestro punto de vista, no surte ningún efecto legal. En base a esta nueva resolución suprema el juzgado debe pronunciarse”, asevera.
VULNERACIÓN DE DERECHOS
El letrado cuestiona que pese a no haber precisado la imputación respecto al empresario, la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado haya solicitado al despacho de Leonardo Carrillo el levantamiento de las comunicaciones contra Oviedo Picchotito, agravando – según dice – la vulneración de derechos.
“Cómo es posible que sin haber definido si existen o no cargos o imputaciones contra el señor Edwin Oviedo, el Ministerio Público pida el levantamiento de las telecomunicaciones, eso es absurdo. Si la fiscalía no ha podido indicar cuál es la supuesta participación ni detallar cuáles son los cargos del señor Oviedo en el caso Tumán, lo que queda corroborado con esta nueva resolución de la Corte Suprema, queda entonces claro que no procede ninguna medida de restricción en su contra, y esto porque no es posible defender a un investigado en tanto el Ministerio Público no ha precisado cuáles son los cargos. Eso vulnera el derecho a la defensa y al debido proceso”, señala.
José Carlos Isla sostiene que la nulidad de la investigación contra Oviedo Picchotito es una posibilidad que el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria puede adoptar, por existir indicios suficientes de que el procedimiento fiscal ha sido irregular.
“No hay un plazo señalado en la resolución pero se entiende que el accionar del juzgado debe ser a la brevedad. El señor Oviedo viene siendo investigado hace dos años y él ha colaborado con la justifica porque es el primer interesado en que esta situación se esclarezca. Sin embargo. Una persona no puede estar investigada por siempre, y por eso la Corte Suprema le ha pedido al Ministerio Público que cumpla con indicar cuáles son los cargos mínimos para que el señor Oviedo pueda defenderse”, manifiesta.
La decisión de la Sala Pena Permanente de la Corte Suprema tiene carácter de inapelable, y es la segunda que se da en relación a la necesidad de que la fiscalía defina la participación de Oviedo Picchotito en el caso Wachiturros, en el que se sindican delitos como asociación ilícita para delinquir, extorsión, robo agravado, tenencia ilegal de armas y otros.
INFORMACIÓN FINANCIERA
Por otro lado, el abogado hizo referencia al requerimiento de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, que a través del Oficio N°2361-2015-MP-2°FPPC-CH/5°DI, ha solicitado al Primer Juzgado Civil y Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo los informes financieros y todo acto jurídico que el Grupo Oviedo, a través de su ex administración judicial, ejecutó en la Empresa Agroindustrial Tumán.
De acuerdo a la Carpeta Fiscal N° 2361-2015, a cargo fiscal Carlos Osores Padilla, esta investigación preliminar se formalizó por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, fraude en la administración de personas jurídicas, apropiación ilícita, fraude procesal, falsedad ideológica, evasión tributaria y daños.
Al respecto, Isla Montaño indica que en ambos despachos judiciales se encuentra toda la información económica, financiera y contable que la administración judicial de Segundo Ordinola Zapata alcanzó de manera trimestral y anual, así como los estados financieros auditados que aparecen publicados en la Bolsa de Valores.
“En el expediente judicial en el Séptimo Juzgado Civil existen informes trimestrales que versan sobre aspectos económicos, financieros y contables de la empresa, alcanzados a lo largo de los últimos ocho años. Estos informes fueron puestos de conocimiento de las partes y nunca fueron impugnados, por lo que se entiende que fueron correctos. En buena hora que el Ministerio Público pida esa información, seguramente los jugados responderán, porque además dos peritos judiciales validaron el manejo de la compañía durante la permanencia de la administración de Segundo Ordinola Zapata”, resalta.
Añade que, por el contrario, en los últimos dos años no se han presentado los informes trimestrales del manejo financiero de la azucarera y tampoco los estados que las empresas que se encuentran en la Bolsa de Valores de Lima, como es el caso de Tumán, están obligadas a presentar.
“Esa conducta debe ser investigada por el juzgado. Durante los ocho años de la administración judicial que encabezó Segundo Ordinola Zapata se entregaron estados financieros y se auditó a la empresa, por eso es que estamos llanos a que se revise esa información, pero también pedimos al Ministerio Público que de igual modo investigue qué ha pasado en los dos últimos años respecto al manejo de la empresa”, enfatiza.
