Los escándalos de corrupción que han puesto en jaque a la gestión de Ricardo Velezmoro Ruiz en la Municipalidad Provincial de Lambayeque han motivado a preguntarse cuál es el rol que ha jugado la Contraloría General de la República en la fiscalización de los procesos seguidos en la comuna desde enero del 2015 a la fecha.
Una rápida revisión de lo actuado por la institución encargada de cautelar el correcto desempeño de la administración pública, da cuenta de 27 acciones de control, entre intervenciones simultáneas, alertas y auditorías realizadas.
PRIMER AÑO DE GESTIÓN
Los representantes de la Contraloría en la municipalidad de Lambayeque realizaron una visita de control al depósito de la entidad que dio origen al Informe N° 001-2015-OCI/027-VC, del 31 de agosto del 2015, en el que se detalló el inadecuado almacenamiento de bienes y falta de distribución y zonificación de las áreas que utilizaban el espacio, generando riesgo en la seguridad por las condiciones de la infraestructura y la falta de vigilancia.
El 30 de octubre del 2015, por ejemplo, se elevó a través del Órgano de Control Interno – OCI, el Oficio N° 95-2015, respecto a los contratos bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y a los contratos bajo la modalidad de Locación de Servicios iniciados por el municipio.
La orientación de oficio se centró en el caso de los gerentes y subgerentes contratados por la administración de Ricardo Velezmoro, a quien se comunicó de los riesgos identificados que generaban perjuicio al Estado.
Del mismo modo, producto de una acción simultánea al Proceso de Selección de la Licitación Pública N° 001-2015-MPL/CE, para la adquisición de una barredora con sistema mecánico aspirante para limpieza pública, se halló una serie de falencias, como que los actos preparativos del proceso se habían realizado al margen de la Ley de Contrataciones del Estado, y que se había implementado de manera inadecuada lo dispuesto por el Organismo Supervisor de la Contrataciones del Estado – OSCE, en lo referido al Estudio de Posibilidades que ofrece el mercado.
También se halló que la conformación del Comité Especial era inadecuada, que se habían modificado las especificaciones técnicas sin coordinación y/o supervisión del área usuaria, y que se habían aprobado las bases antes de la instalación del comité. Todo ello se precisó en el Informe de Acción Simultánea N° 001-2015-OCI/0427-AS, del 16 de noviembre del 2015.
El alcalde fue informado dos días después.
El 15 de diciembre, los auditores visitaron los ambientes destinados al Programa de Asistencia Alimentaria y del Vaso de Leche, encontrando que la distribución y entrega de la leche fresca cruda de vaca no se realizaba en presencia del responsable municipal ni se levantaba la correspondiente acta de recepción del producto. Tampoco se garantizaba
AÑO ACCIDENTADO
El 2016 fue el año que más intervenciones tuvo la Contraloría General de la República en la gestión de Ricardo Velezmoro.
Empezando el período anual, el 4 de enero del 2016, se elevó el Informe de Acción Simultánea N° 001-2016-OCI/0427-AS, refiero al Proceso de Adjudicación por Régimen Especial N° 001-2015-MPL-CA, para la adquisición de arroz pilado y arveja seca entera para el Programa de Complementación Alimentaria, donde se encontró que los costos sobrepasaban de largo los presupuestos asignados por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF.
Con el Oficio N° 062-2015-ML-OCI, del 10 de mayo del 2016, el órgano de control determinó que en el otorgamiento de licencia y reserva de plaza a uno de los servidores del municipio sin considerar la normatividad del Servicio Civil.
En ese caso se determinó que se otorgó al trabajador licencia sin goce de haber por capacitación no oficializada, que se reservó la plaza y que se renovó la licencia con una resolución que posteriormente fue anulada.
También se encontró que la Municipalidad Provincial de Lambayeque contrató a personal bajo el régimen CAS sin convocar a concurso público, irregularidad que le fue comunicada al alcalde en mayo del año pasado.
Asimismo, en mayo el órgano de control observó a la gestión por el incumplimiento obligatorio del horario de atención a los administrados y por la falta de entrega de cargo del acervo documentario por parte de funcionarios de diversas oficinas.
Otra observación hecha por la Contraloría fue a la suspensión de las labores municipales sucedida el 30 de mayo por disposición del despacho de alcaldía.
MÁS LICITACIONES
Meses después, el 7 de septiembre del año pasado, la Contraloría alertó con el Oficio N° 164-2016-MPL-OCI, que había irregularidades en el Procedimiento de Selección – Adjudicación N° 001-2016-MPL-OEC, derivado de la Subasta Inversa Electrónica N° 001-2016-MPL-OEC-Tercera Convocatoria, al determinarse que en el proceso para la compra de combustible se habían utilizado cotizaciones con precio a crédito incrementando el valor del insumo.
En relación a la Licitación Pública N° 001-2016-MPL/CS, para la ejecución de la obra “Mejoramiento del servicio de actividades deportivas, recreativas y culturales en el Parque Infantil Victoria Mejía de García”, se encontraron deficiencias por parte del órgano encargado de las contrataciones al efectuar la indagación de mercado respecto a los requerimientos técnicos mínimos solicitados por el área usuaria, que en este caso es la Subgerencia de Obras.
Además, se había modificado los requerimientos técnicos mínimos sin evidenciar el documento que justifique dicho cambio y el Comité de Selección no había usado el mismo criterio al momento de calificar las ofertas de los postores.
El alcalde Ricardo Velezmoro fue informado de dichos hallazgos con el Oficio N° 201-2016-MPL-OCI, del 28 de diciembre del 2016.
Otro caso es el del Procedimiento de Selección de Subasta Inversa Electrónica N° 001-2016-MPL/OEC, en el que se estableció que el presupuesto asignado al procedimiento fue utilizado en adquisiciones directas al Grifo Kamt SAC, durante el período de enero a junio del 2016 por un valor de 246 mil 674.77 soles, cuya orden de compra fue considerada para determinar el valor estimado, otorgando finalmente la buena pro al mismo. Es decir, la comuna fraccionó la compra del combustible por montos menores a 8 UIT.
VISITAS DE CONTROL
El año pasado también se realizó una visita de control al Programa de Asistencia Alimentaria y del Vaso de Leche de la comuna de Lambayeque, dando nacimiento al Informe N° 003-2016-OCI/0427-VC, del 18 de agosto, hallándose la distribución inoportuna e incompleta de los productos alimenticios del Programa de Complementación Alimentaria a los beneficiarios.
Otro hallazgo fue que los comedores populares suspendidos no cuentan con documentación sustentatoria, no obstante que se había prescindido de distribuir los productos alimenticios; que el aceite vegetal ubicado en el Almacén de la Municipalidad tenía una vigencia de 24 meses. Sin embargo en las Bases Administrativas del Procedimiento de Selección Subasta Inversa N.° 002-2016/OEC se requerían 26 meses de vigencia.
Asimismo, que la ración alimentaria del Programa del Vaso de Leche comprendía únicamente un producto, el cual no tenía información relacionada al valor nutricional, y que las adquisiciones y gastos del programa eran inferiores al presupuesto dado por el MEF.
Por otro lado, los auditores de la Contraloría General de la República realizaron una visita de control a la obra “Mejoramiento y rehabilitación de la pavimentación de calles del lado noreste del distrito de Lambayeque”, proyecto que fue contratado sin contar con disponibilidad física del terreno, cuyas áreas no cuentan con saneamiento básico renovado, generando la paralización del mismo.
Con el informe N° 004-2016-OCI/027-VC, del 14 de octubre del año pasado, se dio cuenta que la municipalidad había ejecutado por administración directa la obra “Ejecución de colectores primarios y secundarios correspondientes al sector 2, que comprende los ámbitos poblacionales: UPIS Santo Domingo, Urbanización Próceres de la Independencia, asentamiento humano El Rosario, y parte del pueblo joven Santa Rosa, sin contar con expediente técnico aprobado. La obra estaba inconclusa.
AÑO 2017
Este año, la Contraloría volvió a oficiar al alcalde de Lambayeque para que se subsanen los riesgos advertidos en la obra del Parque Infantil, como, por ejemplo, entregar el terreno sin que tenga saneamiento físico legal. En el caso de la cámara de bombeo de la Estación de Bombeo de Aguas Residuales – EBAR Las Dunas se halló anomalías tras una visita de verificación.
También se hizo conocer a Velezmoro Ruiz que los procedimientos de selección no eran convocados en los meses programados previstos en el Plan Anual de Contrataciones aprobado para el 2017.
Asimismo, se observó el procedimiento implementado por la comuna para la entrega de la ayuda humanitaria a favor de los damnificados y afectados por las lluvias de El Niño Costero.
Por otro lado, OCI encontró que la municipalidad no prosigue lo establecido en la normatividad de contrataciones ante la disconformidad del contratista en la recepción de la obra de mejoramiento de los servicios de alcantarillado de la Avenida Andrés Avelino Cáceres, respecto a las observaciones en las pendientes hidráulicas encontradas por debajo de los niveles establecidos en el expediente técnico.
También que la municipalidad convocó a una consultoría para la elaboración del expediente técnico de la obra "Instalación de líneas primarias, redes primarias y redes secundarias de los caseríos de Lambayeque, Sector V " la misma que tenía expediente técnico cancelado desde el 2015.
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El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque saluda que el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS, haya decidido finalmente intervenir a la Entidad Prestadora de los Servicios de Saneamiento – EPSEL, con la aplicación del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, y asegura que esta es la oportunidad que se esperaba para que se transparente el modo en el que se ha conducido la empresa en los últimos años, debiendo implementarse los correctivos necesarios para que se ofrezca a la población usuaria una gestión de calidad.
Olivio Huancaruna destaca la importancia que ha tenido la insistencia de los gremios y la sociedad civil ante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para que se evalúe el funcionamiento de EPSEL y se determinen las causales de la intervención.
“Son gestas que se iniciaron en instituciones como la cámara y con personas y líderes de la sociedad civil. La ciudadanía en su conjunto se ha fajado y salió a las calles para exigir una solución definitiva al problema del saneamiento y a la crisis de la empresa, a pesar que hubo contraposición pagada con los dineros del pueblo. Este solo es un primer paso que nos demuestra que la población no puede seguir sumisa y en silencio, esta es la línea correcta y ahora nos queda esperar que el OTASS haga su trabajo y garantice una mejor gestión y calidad en los servicios de la empresa”, relieva.
INVESTIGACIÓN A FONDO
Añade que es importante que la nueva administración de la empresa de saneamiento investigue a profundidad qué ha sucedido con la obra de los emisores principales de Chiclayo, valorizada de más de 89 millones de soles y que actualmente se encuentra en arbitraje, existiendo el riesgo de que EPSEL deba desembolsar a favor del consorcio ejecutor 19 millones de soles que este exige por un supuesto perjuicio al no poder continuar con los trabajos por errores en el expediente técnico.
“Debe investigarse todo lo que ha venido pasando en la empresa, sobre todo en lo referido a los proyectos y el daño que causa para Lambayeque que EPSEL sea en la actualidad una empresa quebrada. Hay quienes han sabido camuflarse en argumentos sindicales o políticos para frenar mucho tiempo que la verdad salga a la luz, pero esperamos que con el ingreso del RAT esta situación se acabe”, manifiesta.
Huancaruna Perales señala que los trabajadores de la empresa paramunicipal no deberían temer al proceso de asistencia que se inicia con el ingreso del OTASS, como tampoco a que en un futuro ingrese un operador privado a la empresa, ya que este garantizaría aún más la optimización de los servicios y la conducción responsable de EPSEL.
“En la empresa tienen que estar las personas indicadas, ya no por favores políticos. Si vemos la forma cómo se ha conducido el Directorio o a quiénes ha servido, la realidad es absolutamente penosa, más porque ha defendido sus decisiones de la forma más inaceptable y increíblemente anti técnica, con criterios errados en el aspecto ejecutor como en la administración contable. Las cosas se han hecho muy mal en EPSEL y es momento que se corrijan”, precisa.
RECONSTRUCCIÓN DE LAMBAYEQUE
Por otro lado, Huancaruna Perales, confía en que el proceso de reconstrucción, que deberá iniciarse en los próximos meses en los departamentos afectados por El Niño Costero, se desarrollará de manera eficiente, pero advierte que si no se garantiza la fiscalización y la transparencia, el proceso podría convertirse en una pesadilla para la población.
En su opinión, para la reconstrucción se están tomando en consideración experiencias positivas que han tenido otros países frente a desastres similares, y en ese sentido destaca que la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios haya optado por la exigencia profesional para designar a sus coordinadores a nivel nacional.
“Me alegró escuchar que se ha tomado como el referente el caso de Mocoa, en Colombia, pueblo que fue arrasado por un huaico y que se reconstruyó teniendo en consideración todas las líneas centrales de lo que es el medio ambiente, lo que me parece bueno, porque dentro de ello también están exigiendo a todas las empresas de la construcción que participarán en las obras que tomen estos lineamientos en cuenta”, asevera.
Huancaruna Perales refiere que la reconstrucción podrá a disponibilidad de las autoridades locales, regionales y nacionales una alta cantidad de recursos, por lo que es importante que se establezcan eficientes mecanismos de control y participación de la sociedad civil.
“La reconstrucción será una pesadilla si no se implementa un observatorio para garantizar la transparencia. Habrá recursos, pero si no hay transparencia las cosas no se harán bien y la sociedad civil no puede claudicar en esta labor, la fiscalización es una tarea que hemos hecho pésimamente en años anteriores y es por eso que las autoridades elegidas no le entregan cuentas a nadie. Ahora mismo están recibiendo recursos y no se sabe cuál es el procedimiento que le están dando, cuáles son las empresas que han sido ganadoras o las que concursan, no sabemos si esos procedimientos son correctos y, por lo tanto, no sabemos qué clase de obras están haciendo. Toda la región del norte debe tener muy presente que los recursos públicos deben ser celosamente manejados”, señala el dirigente gremial.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
El representante del empresariado menciona que se debe cautelar también que la reconstrucción no se ejecute con criterios únicamente políticos, “porque los políticos van y hacen las cosas donde hay votos”.
“Se necesitan obras de naturaleza productiva, es decir la reconstrucción productiva podrá generar puestos de trabajo no solamente en las ciudades, sino también en la zona rural, donde hay bastante producción. No es lo mismo construir infraestructura urbana que rural, y debemos entender que la infraestructura rural dinamiza la producción. Es enorme la diferencia entre una chacra que tiene pista y otra que no. Veamos a Chongoyape, si no hubiera existido esta pista asfaltada nadie hubiera soñado con producir arándanos o uvas en esa zona, porque se trata de frutos muy delicados y que para su traslado demandan de diversos cuidados. Creando un puesto de trabajo a partir de las obras productivas es posible llevar a una familia las condiciones necesarias para su desarrollo, lo que no se logra con las vereditas o cosas pequeñas que buscan hacer siempre los políticos”, sostiene.
CAMPAÑA DE DIFAMACIÓN
En las últimas semanas, a través de las redes sociales, se han difundido una serie de videos con los que se vincula al presidente de la Cámara de Comercio de Lambayeque con hechos delictivos, con el afán – asegura – de desprestigiar su imagen.
“Tengo que denunciar que esto es una patraña, es una de las acciones más bajas que puede cometer un ser humano. Son cobardes los que se esconden en las redes sociales, quienes representan a lobistas de la corrupción, los que están detrás de todo esto y que no tienen el valor suficiente para dar la cara. Algunos no han podido ocultar esa forma de hacer daño y se han presentado con nombre y apellido. Sin embargo, los que están detrás de ellos tampoco han podido sobreponerse a este tipo de cosas. Es gente que está esperando solamente usufructuar de lo ajeno”, remarca.
Huancaruna Perales hace un llamado a las instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Policía Nacional para que investigue y den con los responsables de estas prácticas difamatorias y se busque la verdad de los hechos que se señalan.
“Detrás de esto hay personas que tienen intereses económicos y políticos, por un lado ellos creen que por accidente estoy desempeñando la representación de la Cámara de Comercio y que mi próximo paso será la política. Lo descarto enfáticamente. No tengo ningún interés en ser autoridad ni en ser candidato o en participar en política. Mi espacio no es el político, yo soy empresario. Lo que hay es solamente una intención de hacer daño, creyendo que me tumban moralmente y con ello tienen el camino libre para hacer las cosas. Hay gente vinculada al sector azucarero, que se ha valido de jugadas judiciales o de apoyo político para llegar a donde está, y son ellos lo que financian esta campaña difamatoria”, asegura.
Añade que no tiene proceso judicial pendiente y que toda investigación a la que ha sido sometido ha confirmado su inocencia.
“Buscan generar escándalo en base a hechos que fueron investigados y archivados por la justicia, o vinculándome a hechos en los que mi presunta participación no resiste a mayor lógica. Hay una campaña de desprestigio y marcha y creo que la población se da cuenta y sabe de qué lado viene”, enfatiza.
Finalmente, Huancaruna Perales asegura que no tiene interés alguno de participar de la administración de las empresas Pomalca, Tumán o Pucalá, y que su vinculación con el sector azucarero se debe a que es sembrador de caña.
“Como productor de caña tengo el sano interés de que el sector funcione bien y sea rentable, pero me interesa ser administrador de una azucarera”, concluye.
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Tras realizarse la Junta General de Accionistas de la agroindustrial Tumán, en su segunda convocatoria del domingo 9 de julio, se eligió a los integrantes del V Directorio de la azucarera y el martes último al presidente, vicepresidente y secretario del órgano de gobierno, que de acuerdo al mandato del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo asume la conducción de la empresa, lo que en teoría debe significar el fin de la tutela judicial.
De acuerdo a los estatutos de la empresa, el V Directorio está compuesto por nueve miembros titulares y dos suplentes, habiendo sido elegido como presidente Luis Felipe Cantuarias Salaverry, como vicepresidente a Juan Carlos Eguren Neuenschwander, y como secretario a José Carlos Isla Montaño. Los otros integrantes son: Carlos Alberto Andrade Villar, Segundo Pedro Marín Aguilar, Segundo Camacho Delgado, José Gregorio Guevara Chávez e Iván Gonzáles Valdivia, siendo directores suplementes Juan Gonzalo Rodríguez Soto y Marco Antonio Nevado Panta.
“No solamente están representados los accionistas, sino también los trabajadores y jubilados, es un directorio que además cuenta con tres miembros independientes, profesionales que no somos parte de la administración ni trabajadores, con la idea de promover un gobierno corporativo, que quiere decir fortalecer la gestión del negocio”, destaca Cantuarias Salaverry.
EL PRESIDENTE
El flamante presidente del V Directorio de Tumán es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con una maestría en leyes por la Universidad de Harvard, con una especialización en Finanzas. Además, tiene estudios de Negociación Avanzada en la Universidad de Harvard, cursó el Programa de Gestión de CEO en el Kellogg School of Management y el Programa de Alta Dirección en el IE & Chicago Booth.
Desde noviembre del año pasado es presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, se ha desempeñado como vicepresidente de Planeamiento y Asuntos Corporativos de Cervecerías Peruanas Backus, fue vicepresidente de Asuntos Corporativos para América Latina de Sabmiller, vicepresidente Comercial y de Asuntos Corporativos de la Compañía Minera Antamina y entre mayo de 1996 y junio de 1998 jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros.
“Este nuevo directorio que tiene una característica particular, pues en él están representados accionistas, trabajadores, jubilados y también cuenta con miembros independientes, lo que es hoy una línea moderna para que la empresa pueda trabajar el tema de gobierno corporativo. El gran reto de este directorio es lograr la transformación de Tumán para convertirla en una empresa eficiente, profesional y confiable. Todos sabemos que Tumán ha sido una empresa emblemática del sector azucarero, que fue reconocida por su capacidad y eficiencia y ese es el gran reto que nos hemos trazado”, señala el presidente.
OBJETIVOS
Explica que existen cinco objetivos específicos para con la azucarera. El primero – refiere - es implementar una gestión transparente y ética, con un gobierno corporativo donde la comunicación sea abierta y fluida.
“Para eso hay tres miembros independientes que aportamos con nuestra experiencia para ayudar a profesionalizar la misión del directorio contribuir con la gerencia general”, precisa.
El segundo objetivo es profesionalizar la gestión. Luis Felipe Cantuarias refiere que se necesita que Tumán sea nuevamente eficiente y se base en planes estratégicos de largo plazo, con indicadores, donde se trabaje como lo hace cualquier empresa moderna.
“De esta manera podrá ser nuevamente productiva y competitiva y, por ende, ser rentable para beneficio de los accionistas, de los trabajadores y jubilados”, indica.
Como tercer objetivo señala que es prioritario restaurar la paz social y laboral, y para eso ha solicitado a la Gerencia General, que se mantendrá a cargo de Antonio Becerril Rodríguez, que diseñe un plan que permita recuperar el orden con una serie de acciones específicas.
“Un plan que permita que Tumán vuelva a ser no solamente un lugar tranquilo y donde los trabajadores puedan desempeñarse sin temores, sino que además la comunidad de Tumán pueda sentir a la empresa como beneficio para todos. En ese sentido lo que queremos es una relación fluida y una comunicación abierta con todos los trabajadores, jubilados y familias de Tumán. El directorio ha pedido de una manera muy especial a la administración un plan social que permita restaurar la paz y la continuidad del negocio, un plan que considere que Tumán hoy es viable sobre la base de que todos los actores podamos convivir de manera pacífica”, detalla.
Añadió que el V Directorio se abocará a promover planes de inversión que permitan la modernización del ingenio, considera que se requiere de la mejora de la infraestructura y de sus procesos para estar a la par de otras empresas agroindustriales que han demostrado eficiencia y capacidad de gestión.
“Si nosotros logramos la paz social, un trabajo en convivencia, si invertimos en Tumán, si además dotamos a la gestión de transparencia y ética, no hay ninguna duda de que la empresa será otra vez eficiente, un buen lugar para trabajar y un lugar donde los trabajadores, los jubilados y las familias se sientan orgullosas”, asevera Cantuarias Salaverry.
ORDEN FINANCIERO
Con más de dos años de una crisis de gobierno, originada por los conflictos judiciales y disputas por el control de la azucarera, han dado como resultado el desorden económico – financiero que ha encontrado la actual administración.
Frente a ello, el presidente del V Directorio anuncia que se ha dispuesto la realización de una evaluación externa de la situación de la empresa a fin de establecer cuál es exactamente la situación de Tumán.
“Desgraciadamente hoy el directorio no cuenta con la información operativa, financiera, tributaria y legal necesaria para saber el estatus exacto. En consecuencia, hemos acordado hacer una evaluación externa que nos permita saber la situación del negocio, esa evaluación externa esperamos que sea aprobada en el próximo directorio y cuando esté concluida será puesta a disposición de todos los accionistas, trabajadores y jubilados, y de toda la opinión pública para saber exactamente qué ha pasado con la empresa”, ofrece.
Del mismo modo, refiere que se ha solicitado a la Gerencia General un plan de acción para los próximos cinco meses del año, con el propósito de recuperar la capacidad operativa de la empresa. Dicho documento debe priorizar – detalla – la eficiencia operativa y financiera, un plan social y la resolución de los problemas labores para que los trabajadores y jubilados gocen de sus beneficios a plenitud.
“Estamos invocando a todos los trabajadores, a las familias, jubilados y a la comunidad de Tumán a sumarse a este esfuerzo para recuperar la empresa para la gente de Tumán. Tumán ha sido una empresa emblemática, nuestro compromiso hoy como directorio es trabajar de manera transparente y abierta”, asegura.
AUDITORÍA
Comenta que la revisión y reconstrucción de la información económica, financiera, contable y legal de la azucarera se alcanzará luego de elegir entre tres propuestas a la firma auditora a la que se le encargará dicha tarea.
Para ello se ha creado una comisión al interior del Directorio, la que tendrá la responsabilidad de elaborar las propuestas.
“En el gobierno corporativo, cuando se trata de contrataciones, se tienen que hacer de manera transparente. Estamos estableciendo un nuevo modelo de gestión que implica dar tres propuestas, tan luego se tenga se informará en qué tiempo se hará esta evaluación, obviamente nosotros queremos que se realice lo más pronto posible para contar con la información y poder gestionar el negocio. Tendremos que esperar la evaluación externa para poder dar el detalle”, explica.
Destaca que la ratificación de Antonio Becerril Rodríguez como gerente general de la empresa responde “a la capacidad que este ha demostrado en el sector azucarero” y porque responde al perfil que busca para la administración.
“Nosotros como directorio no estamos involucrados en la parte operativa y en consecuencia es la administración del negocio la que tiene la responsabilidad de proponernos un plan social amplio. Lo que ha hecho el directorio es ofrecer colaboración a la administración de Tumán a partir de la experiencia que tenemos muchos integrantes en estos procesos. Vamos a colaborar con la administración y a realizar un plan integral”, asevera.
Finalmente, Cantuarias Salaverry llama a los trabajadores de la empresa a reincorporarse a sus puestos de trabajo y poner fin a la desobediencia civil que lidera una facción que busca asumir el control de la empresa, amparándose en la administración judicial designada por el Juzgado Mixto de Bongará, Amazonas, que reconocer una acreencia a favor de la empresa Alimenta Perú.
HABLA BECERRIL
En entrevista con Expresión, el CPC Antonio Becerril Rodríguez, precisó que se trabaja el diseño del Plan Social que ha recomendado el directorio a fin que se supere la brecha de distanciamiento con un casi 49% de trabajadores que se resisten a volver a su centro de labores.
“Los trabajadores ausentes no vienen a trabajar porque son amenazados. Hay una psicosis donde es comprensible su temor porque están amenazados que atentarán contra sus vidas y la de sus familias y el Ministerio Público que tiene identificado a organizaciones delictivas como autores intelectuales de estas amenazas no los capturan, ¿quién financia a los disociadores que continuamente aterrorizan a la masa laboral tumaneña?, pregunto Becerril.
El funcionario azucarero manifestó que en la empresa no hay problemas de orden laboral o sindical, en la agroindustrial Tumán lo que hay son actos vandálicos, actos terroristas, actos delictivos que gracias a la Emergencia decretada por el gobierno nacional por ahora se ha podido darle tranquilidad a la comunidad en general. “Es el Ministerio del Interior y de la Policía Nacional que a través de sus informes de inteligencia señalarán si esta emergencia se prolonga o cesa, nosotros respetaremos las decisiones que determinen las instituciones tutelares de nuestro país”, afirma.
El ratificado gerente general de la agroindustrial refirió que se ha formado el Comité de Auditoría que dará cuenta del estado económico, contable, financiero y legal sobre las pérdidas que originó la toma de la empresa de manera ilegal. Este grupo de profesionales en auditoría está conformado por técnicos experimentados en hallazgos contables y financieros.
Titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, aplicó multa de una Unidad de Referencia Procesal por incumplir sentencia que ordena aplicación y puesta en vigencia de Ordenanza Municipal N° 009-2015. Se determina si dinero habría sido cogido de algún a partida presupuestada para desarrollo de gestión
Por el presunto delito de malversación de fondos, podría ser denunciado en los próximos días el alcalde de la provincia de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, luego que el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, emitiera la resolución N° 13 y N° 15 del expediente judicial N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04 por la materia jurídica de Acción de Cumplimiento, en la que se aprueba hacer efectivo el apercibimiento e impone una multa de una Unidad de Referencia Procesal –URP- a la comuna chiclayana y al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
La sanción económica, la que debió haber sido pagada en un plazo de tres días, y la cual refiere a la suma de 405 soles para cada una de las entidades antes descritas, la que corresponde por el incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009-2015-MPCH ordenada en la sentencia N° 07 expedida el 24 de octubre del año 2016.
De acuerdo a la resolución judicial, hasta la fecha tanto el alcalde de la Capital de la Amistad, David Cornejo Chinguel y el actual jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo – Ex SATCH- Nicolás Amador Mondoñedo Chávez, no han cumplido con lo ordenado por el magistrado, lo que ha llevado a que se formule ante el Ministerio Público una denuncia por el delito de desobediencia a la autoridad, y se aplique una multa.
La mencionada disposición –la resolución N° 009-2015- MPCH, fue emanada en sesión ordinaria de concejo, la que consiste en dar facultades al titular del pliego –CGT- en aquella oportunidad bajo la jefatura de Nilton César Monje Sampén- para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura Orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes del ente recaudador, debido a que cuando inicio actividades lo hizo como Servicio de Administración Tributaria –SATCH.
La mencionada resolución pone en claro conocimiento que desde el nacimiento del ente recaudador, en el año 2004, a la institución recaudadora se le “bautizó” con el nombre de Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo - SATCH, pero es el caso que en al empezar la actual gestión municipal – enero del año 2015- y bajo la jefatura del sentenciado a tres años de prisión suspendida por falsificación de documentos en el uso de título profesional falso de Economista, Avelino Ponce de León, se le cambio de nombre, adoptando la institucionalidad de Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT.
Bajo la premisa y argumento que se vivían “Nuevos Tiempos”, la nueva gestión municipal siguió desarrollando actividades institucionales con el nuevo nombre e incluso se crearon nuevos cargos y puestos de trabajo con sueldos alentadores, pero para desarrollar gestión –hasta la actualidad- siguen utilizando los instrumentos de gestión del antiguo Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH.
PRIMERA SENTENCIA
De acuerdo a lo que en su oportunidad el abogado y denunciante, Víctor Eliseo Luna Victoria Menacho, sostuvo que el 27 de abril del 2015, mediante sesión de concejo, bajo la presencia del alcalde David Cornejo Chinguel, y la asistencia reglamentaria de los regidores, se analizó el proyecto del Reglamento de Organización y Funciones, y la propuesta Orgánica del CGT, la cual, luego de un arduo debate, se aprobó y se acordó plasmarla en la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
La norma edil local fue publicada en el diario oficial el día 3 de mayo del 2015, mediante memorando N° 070-2016-MPCH/SG.II.RRPP suscrito por la responsable de Imagen Institucional Angélica Medina Atoche Cuadros, pero es el caso que hasta ahora no se ha cumplido con lo ordenado en el dispositivo legal antes descrito. Es decir, en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo no existe Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, entre otros instrumentos de gestión, como el CAP, PAP, Manual Interno, PIA 2016, POI2016 y PEI 2016-2018, TUPA, MAPRO y MPP.
La mencionada Ordenanza Municipal tenía un plazo de 180 días para ser cumplida, pero hasta la fecha no ha sido desarrollada y ejecutada a pesar que ya existen resoluciones o sentencias judiciales que obliga a la autoridad municipal y a sus principales funcionarios a cumplirla, tal y como está establecido en el Código Procesal Constitucional.
La Ordenanza Municipal N° 009-2015-MPCH cuenta con 5 artículos, pero en su artículo dos señala: “el de dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo ROF, así como la estructura Orgánica”, para el CGT.
El artículo tres encarga al jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo de ese momento, Nilton César Monje Sampén, el cumplimiento de lo dispuesto, de acuerdo a sus funciones y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes, pero nunca lo hizo durante su permanencia en el cargo.
El incumplimiento de la autoridad municipal y los funcionarios, fue sancionada mediante resolución de sentencia de Proceso Constitucional de Cumplimiento N° 07, del 24 de octubre del año 2016, amparada en el expediente judicial N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04, para que cumpla con dar cumplimiento a la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
La resolución judicial fue apelada por la Procuradora Pública Municipal, Karen Yuliana Bustamante Sipión, quien con anticipación había advertido al alcalde David Cornejo Chinguel, de la gravedad de la condena, la que le podría significar una denuncia penal si es que la ignoraba. Además, le recordó que la sentencia de esa naturaleza fue a raíz de la negligencia del ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Nilton César Monje Sampén, y del mal asesoramiento legal que éste habría tenido en su momento.
SEGUNDA RESOLUCIÓN
De acuerdo a lo dispuesto por el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, en la resolución N° 13 del 27 de abril último y notificada el último 5 de mayo, dispone hacer efectivo el apercibimiento que dispuso mediante resolución N° 12 del 10 de abril pasado, en la que requería a la Municipalidad de Chiclayo y al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, para que en un plazo de tres días acredite el cumplimiento de lo ordenado en la sentencia N° 07 del 24 de octubre del año 2016.
En la referida sentencia el magistrado sentenció que en un plazo de 10 días, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, juntamente con el ex jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, ex SATCH, Nilton César Monje Sampén, cumplan con dar cumplimiento a la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH.
Ante su negativa y clara notoriedad a desobedecer lo ordenado por el magistrado, éste dispuso remitir al Ministerio Público copias certificadas de la sentencia y cargos de notificación y escrito, a fin de que proceda a formalizar la denuncia por el delito de Omisión y Desobediencia a la Autoridad.
En su defensa, David Cornejo Chinguel señaló al magistrado -mediante escrito- que en el CGT se ha elaborado un proyecto de Texto Único de Procesos Administrativos - TUPA- pero es el caso que este documento tiene que ser revisado por las demás unidades orgánicas de gestión y de planificación de la comuna para ser llevada a sesión de concejo aprobado en; sin embargo, nada de este procedimiento se ha cumplido hasta la fecha.
“La acción constitucional de cumplimiento pretende proteger el transparente y normal funcionamiento de la administración pública, entendida como toda actividad de los funcionarios y servidores públicos para poner en funcionamiento al Estado y así este pueda cumplir sus fines para los cuales ha sido creado”, señaló en abogado Víctor Luna Victoria al momento de iniciar la acción legal.
LA APELARON
La resolución judicial N° 13 puso de “vuelta y media” al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y al nuevo jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo,
Amador Nicolás Mondoñedo Chávez, quien mediante escrito interpuso recurso de apelación contra la resolución antes descrita, del 27 de abril del dos mil diecisiete.
Mondoñedo Chávez, en defensa de la autoridad municipal y del ex jefe del CGT, Nilton César Monje Sampén, señala en su recurso de apelación que la aludida resolución está produciendo agravio, y solicita que sea anulada o revocada, total o parcialmente
A la petición de Amador Nicolás Mondoñedo Chávez se sumó la Procuradora Pública Municipal Adjunto de la Municipalidad de Chiclayo, Karen Bustamante Sipión, quien mediante escrito de fecha nueve de mayo del presente año deduce nulidad contra la resolución N° 13; sin embargo, la petición de la mencionada funcionaria fue declarada improcedente debido a que debió solicitar recurso de apelación más no el de nulidad y poder hacer valer su derecho.
El titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, tras revisar las peticiones, dispuso conceder recurso de apelación sin efecto suspensivo y sin calidad diferida, lo que de acuerdo al inciso 2 del artículo 368 del Código Procesal Civil, implica que la eficacia de la resolución N° 13 del 27 de abril del presente año impugnada por Amador Nicolás Mondoñedo Chávez, se mantiene e incluso puede ser cumplida mientras el juez superior resuelve.
De igual manera, el magistrado declara improcedente el recurso de nulidad interpuesto por la Procuradora Pública Municipal Adjunto Karen Bustamante Sipión de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
MALVERSACIÓN
Sin embargo, mediante resolución N° 15 del 24 de mayo del 2017, el juez Héctor Conteña Vizcarra dispuso hacer efectivo el apercibimiento que se ordenaba en la resolución N° 13 del 27 de abril pasado, e impone una multa de una Unidad de Referencia Procesal –URP- a cada una de las demandadas; es decir, a la Municipalidad de Chiclayo y al Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo. En caso no cumplan con el pago –dispone la resolución- el cobro será hecho por la vía coactiva.
Víctor Luna Victoria detalla que lo ordenado por el juez mediante resolución, debe ser cumplido sí o sí, pero ello conllevaría a que los funcionarios responsables de proteger los dineros de la Municipalidad de Chiclayo y del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, cometan delito de malversación; es decir, para cumplir con el pago de la multa de una URP tendrán que usar los recursos del Estado que estarían destinado para otras atenciones y necesidades.
“De acuerdo a lo que reza la norma penal, el funcionario o servidor público que da al dinero o bienes que administra una aplicación definitiva diferente de aquella a los que están destinados, afectando el servicio o la función encomendada, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de uno ni mayor de cuatro años de cárcel”, sostuvo.
Agrega que la acción de pago por parte de las instituciones aludidas, obliga a los Órganos de Control Institucional a fiscalizar el cumplimiento, y si esta acción se ha hecho con dinero que no afecte a las partidas económicas de algún gasto ya programado para el desarrollo o cumplimiento de las metas de las instituciones.
“Si el dinero o los bienes que administra corresponden a programas de apoyo social, de desarrollo o asistenciales, y son destinados a una aplicación definitiva diferente, afectando el servicio o la función encomendada, la pena privativa de la libertad o cárcel no será menor de tres ni mayor de ocho años”, resaltó.
A LA ESPERA
Mediante resolución N° uno de la Segunda Sala Civil de Lambayeque, del 21 de junio pasado, integrada por los jueces superiores Carlos Alfonso Silva Muñoz, Edilberto Rodríguez Tanta y Enrique Eduardo Salazar Fernández, dispusieron que los actuados de la Acción de cumplimiento amparado en el expediente N° 1676-2016-43-1706-JR-CI-04 en contra de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, sean puestos a disposición del colegiado para ser visto, analizado y resuelto mediante resolución.
La acción obedece a la apelación interpuesta por el actual jefe del CGT, Amador Nicolás Mondoñedo Chávez, quien por casualidades de la vida es hijo de la juez suprema Magdalena Chávez Mella.
El abogado constitucionalista, docente universitario e historiador Freddy Centurión González, comparte con Expresión su análisis de la clase política nacional y propone una revisión de la historia más reciente de la República para comprender el deterioro de esta e identificar las tantas oportunidades que fueron propicias para el fortalecimiento de la institucionalidad y que, sin embargo, no fueron aprovechadas plenamente.
Centurión González sostiene que el Perú es un país ingrato, que no ha aprendido a valorar el esfuerzo y sacrificio de quienes ofrendaron incluso su vida para construir una sociedad justa y democrática, con apego al marco constitucional y capaz de hacerle frente a la corrupción y a otros males.
¿Considera que a partir del 5 de abril de 1992, después del autogolpe de Alberto Fujimori, se agudizó el problema de la clase política peruana que es no solo de liderazgo, sino también ético y moral entre los dirigentes y los partidos?
En rigor, 1992 es el año hito de fines del siglo XX, pero debemos entender cómo llegamos a 1992. Hablamos del autogolpe, pero para explicar que la mayor parte de la población apoyó y legitimó ese hecho, tenemos que partir del contexto previo y eso implica ir más allá de los cinco años del “aprocalipsis”, del primer gobierno de Alan García.
Cuando se produce el golpe de Velasco Alvarado, en 1968, había una generación de políticos y en los 12 años de la dictadura militar prácticamente se cerraron los espacios. No hubo el necesario recambio generacional en cada partido, de forma que cuando se producen las primeras elecciones democráticas del Perú, que incluyeron a los analfabetos, (1980), tenemos que los políticos eran los mismos de los años 60. Belaunde fue uno de ellos.
El único partido en el que hubo una renovación es el APRA, en el que Haya de la Torre tuvo la previsión de preparar a un grupo de jóvenes dirigentes, entre los cuales Alan García es el que más ha figurado. Entonces, teníamos ya una clase política desgastada y el retorno a la democracia no resolvió los grandes problemas heredados del gobierno militar.
¿Cómo cuáles por ejemplo?
En primer lugar la crisis económica, las reformas mal implementadas como la del agro y basta ver cómo están hasta ahora las azucareras para entenderlo, y el grave problema del terrorismo que le estalló en las manos a Belaunde.
¿Qué pasó entonces con los políticos peruanos?
Los que venían de la década del 60 tuvieron una nueva oportunidad en el 80, pero no supieron entender el panorama del Perú de ese momento. Era un país que todavía se aferraba a un modelo de mayor intervención del Estado en la economía, cuando en los países desarrollados la tendencia que se imponía era el neoliberalismo, que en realidad era un sistema liberal clásico.
Como nuestra clase política no podía resolver el problema, aparecieron como parte de la cultura informal los independientes. Hernando de Soto escribió en esa época “El otro sendero”, Matos Mar el famoso “Desborde cultural y crisis del Estado”, y ambos señalan que el Estado no llegaba a resolver la mayor parte del problema y frente a ello la ciudadanía buscó mecanismos, uno de ellos fue la informalidad.
Entonces, podríamos decir que un subproducto de la informalidad, en el caso político son los independientes, aquellos que no pertenecen a los partidos tradicionales y que aglutinan el apoyo ciudadano. Uno de los primeros fue Ricardo Belmont, que ganó la alcaldía de Lima, y otro fue Alberto Fujimori.
¿Con Fujimori empieza un nuevo fenómeno político?
Fujimori llegó al poder en 1990 y era una incógnita. En el debate presidencial había dicho: “Vargas (Llosa) es el shock. Yo soy el no shock”. ¿Qué fue lo primero que hizo? El shock. “Que Dios nos ayude”.
Fujimori fue el producto de diez años de gobiernos democráticos que habían fallado en su misión histórica de encauzar al país y garantizar la constitucionalidad. El pacto social consagrado en la Constitución de 1979 se convirtió en un pacto fallido. Fue una oportunidad perdida de garantizar la institucionalidad en el país.
¿Arrastramos entonces la herencia negativa del gobierno militar?
Y también de los años 80, que es la década perdida. En el 90, con la llegada de Fujimori hubo cambio económico, eso es innegable. Lo del desarrollo se lo dejo a los economistas.
Fujimori aprovechó bien su condición de independiente. La explotó y lo hizo para atacar o hacer lo que Carlos Iván Degregori llamaba “la política de la antipolítica”. Fujimori hacía política manifestando que era un político distinto, que no venía de las canteras tradicionales, que no era de los partidos tradicionales.
Fujimori cayó en el 2000, está preso desde el 2007 desde que lo capturaron en Chile, pero el fujimorismo político, y no me refiero a Fuerza Popular ni al partido de su hija Keiko, sino al mensaje subliminal que dice que si se crea un partido se es un político tradicional y por lo tanto no se tiene crédito de confianza. Ese mensaje ha calado.
Y se sigue repitiendo y como ejemplos están Verónika Mendoza, Julio Guzmán y con todos los que aparecen como el outsider en una elección.
Exacto, y con eso estamos fortaleciendo constantemente una política caudillista, que depende de un personaje de momento.
La recuperación de la democracia en el 2000, ¿fue también una oportunidad perdida?
Hubo la esperanza de que con Paniagua y Toledo se iniciara la necesaria limpieza de las instituciones y el fortalecimiento de estas.
Don Valentín (Paniagua) decía que era necesario “convertir a la constitución en la carta magna, norma de vida y convivencia común”, pero con Toledo esa fue una oportunidad desperdiciada. El gobierno de Toledo tuvo mérito en el aspecto económico, pero en lado moral, en el lado social, de lo que es el desarrollo jurídico y de la institucionalidad del país, su nota es francamente negativa.
Se esperaba que en la época de Toledo se realice una restauración democrática que propiciase que la ciudadanía tenga un papel mucho más decisivo para cambiar nuestra cultura política, que en el Perú e es caudillista, indiferente y en la que falta participación del ciudadana.
¿El indulto a Alberto Fujimori es un camino a la reconciliación?
Yo no lo indultaría, pero sí le daría arresto domiciliario. Dudo mucho que con Fujimori indultado la bancada fujimorista dejará de ser dura en el Congreso, porque esta no querrá mostrar debilidad.
Si el presidente Pedro Pablo Kuczynski opta por el indulto lo primero que generara será una crisis en su gabinete, porque de sus ministros están en contra y, en consecuencia, perdería por lo menos la tercera parte. Es un alto riesgo político. Si no lo indulta, los fujimoristas le seguirán dando con palo.
Kuczynski tuvo la oportunidad de ponerse firme ante el Congreso el año pasado, cuando se censuró al ministro Jaime Saavedra (Educación). La cuestión de confianza fue su oportunidad para mostrarse firme y la desperdició. Oportunidades como esa no llegan dos veces.
Pareciera que Kuczynski, con todos los méritos que tiene, no comprende que no es lo mismo ser un flautista, un economista y un gestor de empresa, que ser el presidente de la República. El presidente es la máxima figura de la vida política del país, el primer actor nacional, pero si él no lo entiende así entonces estamos ante una debilidad preocupante.
¿Cómo califica a los políticos que tenemos actualmente en el Perú?
He leído la historia del Perú y he visto que hemos tenido a grandes políticos. Comparados con los políticos que antes tuvimos, los de hoy dejan mucho que desear. Comparados con Ramón Castilla; con Vivanco, que fue miembro de la Real Academia; con un Leguía, al margen de sus excesos; con un Pardo y su Proyecto Nacional; con un Belaunde con una ilusión democrática; con un Haya de la Torre, pensador continental, ¿ahorita qué tenemos?
Nuestros expresidentes están embarrados hasta el cuello: Fujimori preso, Toledo prófugo, García seriamente cuestionado, Humala investigado y Kuczynski atado de pies y manos. A este le ha tocado el pan con pescado en el Congreso.
En conclusión, nuestra clase política, si me permiten la expresión literaria, me da más “náusea” que la sartreana.
Y con ese panorama, ¿a dónde va el país?
(Sonrisa) Una de dos, o hacemos una regeneración moral desde abajo o seremos un país fracasado una vez más, con una generación perdida, desilusionada o, peor aún, que se acabe en una conmoción tremenda como ya hemos visto antes, que puede ser destructora o constructora. Me basta con mencionar, por ejemplo, la de 1834 cuando se levantaron contra el militarismo; la de 1855, cuando se levantó la gente contra el escándalo de la consolidación de la deuda; la de 1872 contra los hermanos Gutiérrez que terminaron colgados en las torres de la Catedral de Lima; la de 1895, de Piérola contra Cáceres; 1932, el año de la barbarie, o los 80, cuando un grupo de fanáticos quiso tomar el poder saliendo de la vía democrática.
¿Por qué cree que le cuesta tanto a los peruanos entender todos estos procesos que han quedado truncos y que son tan necesarios para fortalecer la institucionalidad y la democracia, si no es la primera vez que los políticos están cuestionados, que la corrupción genera asco, que la economía crece en menor escala?
Francisco García Calderón hijo solía decir que el Perú se salvará en el polvo de una biblioteca; es decir, con educación. También hay quienes dicen que la educación no es la panacea universal y, obviamente, no lo es, pero sí es importantísima. Es necesario que nuestros jóvenes, por ejemplo, aprendan matemáticas y ciencias, pero es más crucial que aprendan historia y geografía, porque eso servirá para se sientan identificados con la tierra que los vio nacer, la tierra de sus antepasados.
Sin una adecuada comprensión de la historia caemos en un estado tremendamente decepcionante. ¿Qué ven nuestros jóvenes en la televisión? Programas reality donde una chica dice que quien se tiró del Morro de Arica fue Colón o donde otra dice que el autor de “Yawuar fiesta” fue Coelho. ¿Esos son los referentes de los jóvenes peruanos? Si esos son, pobre patria mía, tan lejos de Dios y tan llena de escoria.
Es lamentable que haya hombres y mujeres que soñaron por este país, que dieron la vida por el Perú y cuyos actos quedan ignorados, como pareciendo que su sacrificio fue en vano. Falta mucha consciencia y educación.
Somos un país ingrato, muy ingrato, y la ciudadanía tiene que conocer su historia para corregir precisamente eso, porque lo peor que puede ser un país es ser ingrato con la gente que ha dado todo por él.
Freddy Centurión González nació en Trujillo, estudió Derecho en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y ha cursado una maestría en Derecho Constitucional y Gobernabilidad en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Actualmente se desempeña como docente de la Facultad de Derecho – USAT y de la Universidad Tecnológica del Perú – UTP.
El jefe de la Oficina Desconcentrada de Control Interno del Ministerio Público de Lambayeque, Alejandro Lamadrid Ubillús, dispuso el inicio de la investigación preliminar contra el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, responsable del caso “Limpios de la corrupción”, por los delitos de prevaricato y fraude procesal en agravio del Estado.
Con la Disposición N° 01-2017, del Caso N° 2411010000-2017-232-0, Lamadrid Ubillús acogió la denuncia presentada contra Zapata Orozco por Juan Miguel Valdivia Goicochea, ex gerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, investigado por el caso “Limpios de la corrupción”, quien se encuentra bajo mandato de prisión preventiva desde enero del 2015.
BASE DE LA DENUNCIA
La disposición emitida el 28 de junio pasado, explica que en el requerimiento de acusación, de fecha 12 de mayo del 2017, y el requerimiento de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, del 2 de junio de este año, presentados por Zapata Orozco ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, contra Valdivia Goicochea, por la presunta comisión del delito de corrupción de funcionarios en su modalidad de cohecho pasivo impropio (caso “Limpios de la corrupción”), el fiscal habría consignado declaraciones falsas, atribuidas al también investigado Jorge Matallana Peralta.
Estas aseveraciones fueron incluidas en los puntos 11 y 26 de los requerimientos del fiscal contra Valdivia Goicochea.
En su declaración dada el 14 de julio del 2016, Matallana Peralta dice textualmente que “cuando Vera Cóndor hacía el depósito del dinero en la cuenta del proveedor de facturas, este avisaba a Percy Quesquén Díaz, quien lo llamaba y le solicitaba que fuera al proveedor de las facturas a retirar el depósito de su cuenta; luego de ser cobrado el depósito por el proveedor, cogía su parte por concepto de comisión, que consistía en el 5 % del monto de la factura, y la diferencia se la entregaba en un sobre cerrado manila en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quien a su vez entregaba el dinero a Percy Quesquén”.
“En la declaración de Jorge Matallana Peralta (…), recibida por el mismo fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, se puede apreciar que en ninguna de las respuestas dadas a las 25 preguntas formuladas se señala lo indicado en el punto 26 del requerimiento de acusación y en el punto 11 del requerimiento de variación de la comparecencia simple por prisión preventiva, lo que configuraría los delitos denunciados”, señala la disposición del órgano de control.
LOS DELITOS
El delito de prevaricato está previsto y sancionado por el Artículo 418 del Código Procesal Penal.
De acuerdo a la denuncia presentada por el exfuncionario de EPSEL, el fiscal Zapata Orozco en el punto 26 del requerimiento de acusación y en el punto 11 del requerimiento de variación de comparecencia simple por prisión preventiva, habría citado pruebas inexistentes o hechos falsos, que no se encuentran consignados en la declaración de Jorge Matallana.
Asimismo, el delito fraude procesal se configuraría debido a que el fiscal consignó dichos datos en sus escritos ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, “buscando presumiblemente sorprender e inducir al error a la autoridad judicial”.
DECISIÓN DE CONTROL INTERNO
“Por lo expuesto, y de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 159, inciso 4 de la Constitución Política del Perú y los artículos 58 y 59, inciso a, b, y 60 del Reglamento de Organización y Funciones de la Fiscalía Suprema de Control Interno (…), se dispone abrir investigación preliminar por el término de ley contra el abogado Sergio Lucio Zapata Orozco, fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, por la presunta comisión del delito de prevaricato y fraude procesal en agravio del Estado”, reza la disposición de Lamadrid Ubillús.
En atención a lo dispuesto se ha requerido a Zapato Orozco su informe de descargo en el térmico de cinco días hábiles, y que la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo remita copias certificadas de las declaraciones que haya brindado el procesado Jorge Matallana Peralta, del requerimiento de acusación de fecha 12de mayo del 2017, y del requerimiento de variación de comparecencia simple por prisión preventiva de fecha 2 de junio del 2017 de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014.
También se ha ordenado que el caso sea puesto de conocimiento al Procurador Público del Estado.
Con la Resolución N° 7, del Expediente N° 03956-2017-6-1706-JR-PE-04, emitida el 10 de julio pasado, la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque decidió por unanimidad anular el mandato de prisión preventiva contra el ex gerente general de EPSEL, Juan Miguel Valdivia Goicochea, investigado en el caso “Limpios de la corrupción”, al considerar que la jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, Cecilia Grandez Rojas, violó el debido proceso.
Los magistrados César Bravo Llaque, Raúl Solano Chambergo y Erwin Quispe Díaz, arribaron a tal decisión luego de la audiencia de apelación a la Resolución N° 3, dada el 21 de junio de este año por la jueza de investigación preparatoria, que declaró fundada la prisión preventiva por cuatro meses, requerida por el Ministerio Público contra Valdivia Goicochea, por el delito contra la administración publica en su figura de cohecho pasivo impropio en agravio del Estado.
En dicha audiencia participaron el abogado defensor José Rolando Manayalle Sánchez y la fiscal superior Lily Díaz Gonzales.
FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN
Como se consigna en la decisión de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, la defensa del exfuncionario argumentó que la resolución debía ser anulada por “deficiente e indebida motivación”.
“En primer lugar se ha resuelto la prisión preventiva fuera de audiencia, pese a que el debate resultó favorable a la defensa al verificarse la no concurrencia de graves y fundados elementos de convicción. La audiencia se realizó el 9 de junio y se resolvió el 21 del mismo mes, transgrediéndose con ello el debido proceso”, indica la resolución.
De acuerdo a la defensa legal de Juan Miguel Valdivia, después que este ha permanecido 29 meses bajo mandato de prisión preventiva, recién se requirió la medida cautelar por el presunto delito de cohecho pasivo impropio, bajo la premisa fiscal que con ello se garantizaría el correcto desarrollo de proceso.
Según señaló el abogado defensor, cuando al exgerente de EPSEL le dictaron prisión preventiva en la investigación seguida por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita ya habían sido contenidos los hechos que el Ministerio Público presentó para sustentar su nuevo requerimiento de cuatro meses.
Manayalle Sánchez acotó ante la Segunda Sala Penal de Apelaciones que en la resolución de la jueza Grandez Rojas “se advierte un copia y pega de los elementos de convicción descritos en el requerimiento fiscal, sin haberse brindado razones valederas acerca del cuestionamiento de la defensa”, por lo que en su apelación destalló sus argumentos.
La imputación fiscal contra Valdivia Goicochea se centra en el presunto favorecimiento que tuvo con la empresa Triveca, ganadora de la buena pro para proveer de medidores de agua potable a EPSEL.
“La fiscalía ni siquiera sustentó acerca del plazo de la prisión preventiva, teniendo en cuenta que ya ha vencido la investigación”, señala el abogado.
POSICIÓN DE LA SALA
Los magistrados sostienen en su resolución que el pedido puntual contenido en el requerimiento fiscal consistió en la variación de la medida de comparecencia por la de prisión preventiva contra Juan Miguel Valdivia Goicochea, solicitud que se condice con lo previsto en la norma procesal, específicamente el Artículo 279° 1, donde se indica que: “Si durante la investigación resultasen indicios delictivos fundados de que el imputado en situación de comparecencia está incurso en los supuestos del Artículo 268°, el juez, a petición del fiscal, podría dictar auto de prisión preventiva”.
“Sin embargo, se verifica que la imputación por cohecho pasivo impropio lo ha sido como consecuencia de la desacumulación de imputaciones autorizada por el órgano jurisdiccional, bajo la lógica de resolverse con prontitud respecto de imputados sujetos a prisión preventiva. El tema es que los hechos subsumidos en el mencionado delito no estuvieron comprendidos en la prisión preventiva que se dictara contra el apelante, sino únicamente lavado de activos y asociación ilícita. Se advierte, entonces, un primer inconveniente, que cuando se amplía la formalización y continuación de la investigación preparatoria contra Juan Miguel Valdivia Goicochea por cohecho pasivo impropio, según Disposición N° 187, del 4 de agosto de 2016, el Ministerio Público no requirió ninguna medida coercitiva de naturaleza personal, sino que dispuso: ‘Manténgase la medida personal de prisión preventiva’. Es decir, la fiscalía motu proprio asumió que al haberse dictado prisión preventiva por lavado de activos y asociación ilícita, el cohecho pasivo impropio también quedaba sometido a dicha medida coercitiva personal, lo que constituiría un despropósito por cuanto las medidas coercitivas son dictadas únicamente por el órgano jurisdiccional”, reza la resolución.
Los integrantes de la sala señalan que la controversia generada es responsabilidad de la fiscalía, porque si esta hubiera solicitado la medida coercitiva en su disposición, sí hubiera sido apropiada la ampliación de la prisión preventiva también por los hechos comprendidos como cohecho pasivo impropio, pero nada de eso ocurrió. “Al respecto, la resolución impugnada no ha apreciado dicha situación”, remarcan los vocales superiores.
CUESTIONAMIENTO
La sala cuestiona además que la fiscalía haya solicitado la prisión preventiva contra Valdivia Goicochea por cohecho pasivo impropio después que se haya agotado la fase de la investigación, toda vez que el 12 de mayo pasado se presentó el requerimiento acusatorio por este delito contra el exfuncionario y el proceso se encuentra en fase de juzgamiento.
“¿Puede formularse un requerimiento de prisión preventiva en etapa intermedia? La respuesta tendría que darse de acuerdo al caso en concreto, interpretándose lo que recoge el Artículo 349.4 de la norma adjetiva penal, que por un tema de congruencia procesal debiera ser objeto de discusión en el juzgado de primera instancia, conforme a la real pretensión de las partes legitimadas; tanto más, si según información recogida, en el proceso penal originario donde al apelante se le comprende por lavado de activos y asociación ilícita, este se encuentra privado de su libertad. Incluso, actualmente se ha dictado en su contra la medida excepcional de adecuación del plazo de la prolongación de la prisión preventiva por seis meses, que se extiende hasta el 15 de diciembre del 2017”, indica.
Siendo así, los magistrados superiores aprobaron anular la resolución de la jueza Grandez Rojas, al advertirse vicios de nulidad absoluta que la invalidan de conformidad con el Artículo 150, literal d) del Código Procesal Penal, debiéndose renovar el acto procesal.
+ NOTICIAS
Aún con sangre en el ojo, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, quien hasta el martes último presidía la suspendida Junta de Accionistas de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, ha prometido dar cerrada oposición al Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, implementado en la empresa del agua. Con actitud desafiante, el burgomaestre ha señalado que acudirá al Poder Judicial para frenar la presencia del OTASS, y así mantener el control de la paramunicipal, cuya gestión administrativa, comercial y económica ha tocado fondo.
Lo que por meses fue una demanda de la colectividad lambayecana finalmente sucedió. El martes 11 d.c. el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución N° 262-2017, con la cual ratificó el Acuerdo del Consejo Directivo del Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS, que declara el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio – RAT, en EPSEL S.A.
La resolución da cuenta que el Consejo Directivo del OTASS, en su Sesión N° 012-2017, del 22 de junio pasado, declaró mediante Acuerdos Primero y Tercero el inicio del Régimen de Apoyo Transitorio en EPSEL, debido a que esta incurre en la causal de insolvencia económica - financiera, prevista en el inciso 1 del párrafo 89.1 del Artículo 89 de la Ley Marco de los Servicios de Saneamiento, y en la causal de incumplimiento de la normativa sectorial relacionada con la gestión directiva prevista en el literal a) del inciso 2 del párrafo 89.1 del Artículo 89 de la Ley.
LOS CAMBIOS
Con la decisión del Consejo Directivo del OTASS, de acuerdo a lo señalado por la norma, desde el miércoles se hizo efectivo el inicio del RAT en EPSEL, que supone la intervención de la empresa y la suspensión de los órganos de gobiernos, así como de las competencias de la Junta de Accionistas que integran 26 alcaldes del departamento y que tenía a Cornejo Chinguel como presidente.
El Decreto Legislativo 1280, publicado en enero pasado, es claro en señalar que los municipios no pierden la titularidad de las acciones que poseen en la empresa, pero sí quedan fuera de las decisiones de gobierno mientras dure la aplicación del RAT, que puede extenderse hasta por 15 años.
El mismo dispositivo precisa que en adelante es el OTASS el encargado de designar a los integrantes del Directorio y al gerente general de la entidad del saneamiento, hecho que ocurrió el miércoles mismo con la instalación de Víctor Hugo Villacorta Félix como gerente de la empresa. Para tal efecto, los funcionarios del organismo técnico del Ministerio de Vivienda, con su director ejecutivo, Fernando Laca Barrera, a la cabeza, tuvieron que ingresar a las instalaciones de EPSEL con auxilio policial, debido a que horas antes los dirigentes de los trabajadores, con el aval de la autoridad municipal, anunciaron que se resistirían a la medida e incluso que se atrincherarían.
RAZONES DEL RAT
La insolvencia económica de EPSEL es la principal motivación del OTASS para la intervención a través del RAT.
En los últimos años, los indicadores económicos de la empresa han ido en caída, en parte por la negligente gestión de los recursos, problema del que la entidad no pudo recuperarse tras los ocho años de gobierno municipal del exalcalde Roberto Torres Gonzales, quien ejerció el control de EPSEL a través del Directorio y al manejar la Junta de Accionistas.
En el primer año de David Cornejo como presidente de la junta empresarial, EPSEL registró pérdidas superiores a los 16 millones de soles, (Expresión 1013) dos millones más que lo acumulado en el último gobierno de Roberto Torres, según los estados financieros que fueron revisados por la firma Ángel López Aguirre Auditora & Asociados CCPPSC, la misma que se abstuvo de emitir opinión final sobre la información proporcionada por la gerencia general, a cargo de Néstor Salinas Vásquez, al considerar que era insuficiente.
Del período 2016, hasta el lunes de esta semana el Directorio que presidía César Alberto García Espinoza no había aprobado los estados financieros y por consiguiente estos no habían sido auditados.
A esta situación debe sumarse la decisión que por insistencia de Cornejo Chinguel adoptó el órgano de gobierno de EPSEL de no cobrar la tasa del alcantarillado correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo, generando una merma económica de casi cuatro millones 600 mil soles a las arcas de la entidad, bajo el argumento de resarcir el servicio deficiente dado a los usuarios durante la emergencia por El Niño Costero. (Expresión 1006).
Otro indicador negativo de la empresa es que de acuerdo a la evaluación realizada por la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS, EPSEL destina el 86.9 % de su presupuesto al gasto corriente (Expresión 1015), pero además, que la no facturación del agua que produce la entidad asciende al 44 %, generando pérdidas millonarias en el último año.
A esto se añade que la SUNASS sancionó a la empresa por el incumplimiento de metas de su primer Plan Maestro Optimizado – PMO, vigente para el quinquenio 2009-2014, y que en el segundo PMO no ha sido hasta el momento aprobado por la superintendencia.
Según información del OTASS, EPSEL tiene también una deuda vencida de 96 millones de soles con el Fondo Nacional de Vivienda – FONAVI y un acumulado de tres millones 500 mil soles en procesos laborales (Expresión 1015).
Entre las razones también figura la incapacidad que tuvo la empresa para ejecutar los más de 10 millones de soles que recibió entre el 2015 y el 2016 para la realización de trabajos preventivos ante el inminente Fenómeno El Niño, desatendiendo las indicaciones del Ministerio de Vivienda que la obligaban a dar prioridad al mejoramiento del sistema del alcantarillado en el distrito de José Leonardo Ortiz.
Del mismo modo, se añade a la larga lista la controversia generada en la obra de los emisores principales de Chiclayo, valorizada en más de 87 millones de soles y que se encuentra paralizada desde noviembre del 2016 y en arbitraje desde abril pasado. En este caso la empresa encargada de los trabajos demanda el reconocimiento de casi 19 millones de soles por presunto perjuicio económico, atribuyendo que por fallas en el expediente técnico le resultó imposible continuar con la obra (Expresión 1013).
MEJORA DEL SERVICIO
En comunicación con nuestro medio, el Director Ejecutivo del OTASS, Fernando Laca, declaró que lo antes mencionado “son solo algunas perlas” de la empresa, pero que en lo real lo que se busca es la mejora de los servicios que EPSEL ofrece a sus más de 140 mil usuarios.
En conferencia de prensa, el alcalde David Cornejo, acompañado de los dirigentes de los trabajadores, señaló que la insolvencia económica declarada por el OTASS no existía, pues en su opinión solo el INDECOPI o el Poder Judicial pueden emitir un pronunciamiento en ese sentido.
“No voy a estar diciendo una serie de números en contra de lo que pueda decir el señor alcalde, quien puede poner otros números. Lo que interesa acá es qué es lo que percibe la población y el tipo de servicios que está recibiendo, y yo creo que a todas luces la población tiene un servicio con el que no está contenta, el servicio que está recibiendo es deficiente y eso reemplaza a cualquier número, cualquier estadística que uno puede presentar”, aseveró.
Laca Barrera, quien se reunió hasta en tres ocasiones con el alcalde de Chiclayo, pese a que este ha desconocido los avances de la evaluación del OTASS, precisó que el RAT es una oportunidad para mejorar la condición operativa de la empresa y ordenar su gestión administrativa y financiera, por lo que no habría justificación para la cerrada oposición que lidera el burgomaestre.
“Nosotros hemos sostenido reuniones con él, reuniones muy provechosas en las que hemos coincidido en que la población tiene que recibir un mejor servicio. OTASS está viniendo para apoyar, esta es una oportunidad que tiene la empresa EPSEL para poder reflotarse, para poder reanimarse, para que se le inyecten directamente a la vena recursos financieros, como asistencia técnica y especialistas para reorganizar la institución”, manifestó el funcionario.
LA ACCIÓN JUDICIAL
Cornejo Chinguel ha argumentado no solo que recurrirá al Poder Judicial para que a través de una medida cautelar se deje sin efecto la intervención del OTASS, sino también que denunciará al nuevo gerente general de la empresa, Víctor Hugo Villacorta Félix, por “usurpación de funciones”.
El miércoles por la tarde, la autoridad municipal se constituyó hasta las instalaciones de la empresa y en una improvisada reunión con parte de los trabajadores, acompañado por los dirigentes Pilar Cabrera y Marcos Castañeda, aprovechó para lanzar una vez más sus críticas contra la decisión del Ministerio de Vivienda.
“Le digo a los señores de OTASS, que están de manera espuria, que es cierto, tienen su resolución, pero esta no es el agua bendita que los santifica para estar en EPSEL. Primero, al señor gerente que aparece firmando hoy día mañana lo estoy denunciando por usurpación de funciones. Le digo al señor Fernando Laca, director ejecutivo, que trate las cosas con prudencia y con mesura, si usted desea conversar las puertas de mi despacho están abiertas, pero yo prefiero conversar aquí”, dijo entre los vítores de los trabajadores.
“El diálogo no está cerrado, está abierto, yo les pido no descuidar los servicios operativos de EPSEL, no descuidar ninguna tarea. Nuestra desobediencia es un acuerdo sindical, es una actitud personal, pero con mucha prudencia. Respetos guardan respetos y consideraciones guardan consideraciones, y a nuestros amigos de Lima tenemos que demostrarles que sí estamos preparados en la provincia para asumir nuestro propio destino”, añadió eufórico el edil.
LA JUGADA DE SALINAS
Y mientras el alcalde cerraba filas en defensa de su terca oposición al RAT, Néstor Salinas Vásquez, el hombre al que ha mantenido en la gerencia general de EPSEL desde que inició su gestión municipal, en enero del 2015, buscó acomodarse en el régimen de apoyo del OTASS.
Expresión accedió a los resultados del Proceso CAS N° 022-2017-OTASS, para la contratación de 12 coordinadores de dirección en el marco, en cuya lista aparece Salinas Vásquez.
El exfuncionario figura en el puesto 31 de un total de 91 postulantes que se presentaron a la convocatoria, al haber obtenido 87 puntos de calificación.
Otro de los que postuló, alcanzando 85 puntos de calificación, fue el hasta hace poco director de la empresa en representación del Gobierno Regional de Lambayeque, Rogger Inga Durango.
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