El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, presentó en Chiclayo una conferencia sobre los retos y desafíos de la lucha contra la corrupción en el Perú, remarcando que para que esta sea efectiva es necesario el compromiso interinstitucional, pero además que el Estado reconozca de mejor manera el esfuerzo de los servidores públicos. Los bajos sueldos – señaló – alientan los actos de corrupción en el aparato estatal.

Previamente, el jueves último, Rodríguez Tineo se reunió con las autoridades departamentales que integran la Comisión Regional Anticorrupción, a quienes instó a firmar la declaración de intereses, documentos adicionales a la declaración jurada de bienes y rentas que todo funcionarios público debe presentar en el ejercicio del cargo.

La declaración de intereses – explicó – sirve para determinar los vínculos familiares del servidor, a fin que se conozcan cuáles podrían ser sus relaciones que generen incompatibilidad en el ejercicio de sus funciones.

“Se han establecido varias medidas que se van a tomar a través de la Comisión Regional Anticorrupción y además de manera simbólica las autoridades firmaron la declaración jurada de intereses, dando ejemplo de lo que debe hacer todo funcionario público. La declaración de intereses es diferente a la de bienes y rentas. En la segunda se precisan las propiedades, ingresos y rentas, en tanto en la primera se indica quiénes son los hermanos, cuñados, familiares directos y/o empresas que posee el funcionario. El objetivo es evitar la incompatibilidad de los intereses del funcionario con los del Estado”, precisó.

RETOS CONTRA LA CORRUPCIÓN

El también presidente de la Comisión de la Alto Nivel de Lucha Anticorrupción explicó que entre los ejes de esta política se tiene a la prevención, la identificación de riesgos y el castigo o sanción. En el primer eje se propone el desarrollo de programas escolares que involucren a los padres, educadores y universitarios, y en el segundo la implementación de la declaración jurada de intereses

“Lo que más convence no es la palabra, es el ejemplo. En un hogar no interesa lo que diga el papá y la mamá, sino lo que hacen; es decir, cuál es su conducta: son decentes, son honestos, son laboriosos o son ladrones. El hijo va a ver como un ejemplo a su padre y a su madre. Después de la familia está el maestro y por ello la batalla contra la corrupción debe empezar en la casa. No es una batalla que acabará mañana, es de largo alcance, de largo aliento”, aseveró.

Remarcó que es necesario promover las veedurías ciudadanas y el control de las organizaciones sociales para fiscalizar la ejecución de los recursos públicos, todo esto de manera gratuita y desinteresada.

“Debemos asegurar la rendición de cuentas de las autoridades elegidas por voto popular. Respecto a la sanción estamos preparados. En el Poder Judicial hemos implementado un Sistema Nacional Contra Delitos de Corrupción de Funcionarios que está funcionando muy bien. No tengo ninguna queja, ninguna denuncia por ello. Funciona desde el 31 de marzo y lo dirige una mujer, Susana Castañeda Otsu, de Oyotún”, resaltó Duberlí Rodríguez.

Precisó además que es necesario que en el sector público los servidores perciban mejores remuneraciones, porque de esta manera se asegurará que se resistan a la corrupción menor, que resulta siendo igual de grave y peligrosa que la corrupción a gran escala.

“Me preocupa la caída de la autoestima nacional, hay desmoralización y la gente dice: ‘Esto ya no lo salva nadie’, ‘todos son ladrones’, ‘todos son corruptos’. Esto genera una actitud pesimista, ya nadie se salva y eso no está bien. Ahora que hay tanta lucha contra la corrupción qué hacen algunas autoridades: adoptan la política del muertito, no hacen nada y así se evitan denuncias. También están los que roban y hacen obra y eso lo admite la gente”, indicó.

AZUCARERAS

Rodríguez Tineo también se reunió con trabajadores de las empresas agroindustriales Pomalca y Tumán, quienes le demandaron el cese de la injerencia del Poder Judicial a través de las controvertidas administraciones, que han agudizado los enfrentamientos sociales en estos ingenios azucareros.

“Me han explicado que las administraciones judiciales han sido perjudiciales para sus pueblos y esperan que se les haga justicia. Son temas que están judicializados, yo no puedo interferir en la labor de los jueces. También se han quejado por la prolongada declaración de emergencia de Tumán, tema que corresponde resolver al Poder Ejecutivo. Ojalá que en poco tiempo este clima de inseguridad e intranquilidad que se vive en las empresas azucareras termine”, dijo.

Varios trabajadores de ambas empresas agroindustriales increparon al presidente de la Corte Suprema no dar una respuesta mucho más concreta frente a la problemática que estas atraviesan, denunciando que los principales actos de corrupción de la administración de justicia en Lambayeque se relacionan precisamente a las azucareras.

“Yo gobierno a un poder del Estado que tiene 30 mil personas, tres mil 80 jueces y 27 mil trabajadores, y son muchos los problemas del Poder Judicial, como la lentitud para resolver los casos. Estamos avanzando con los expedientes judiciales electrónicos, tres mil procesos ya se están viendo de esa manera con cero papel, con celeridad y con transparencia, y cuando termine mi gestión estaremos caminando sobre rieles porque ya incluso tengo el préstamo del Banco Mundial, de más de 100 millones de dólares, para que este proyecto camine. Estamos formando los juzgados anticorrupción y los módulos de justicia integrados contra la violencia a la mujer, así como módulos de justicia ambiental. Mi presidencia está abocada a mejorar la administración de justicia, esa es la razón de ser de mi trabajo”, remarcó.

CASTRACIÓN QUÍMICA

El presidente de la Corte Suprema de la República se refirió también a la decisión del Congreso de la República de aprobar, en primera votación, la castración química para los violadores de menores de 14 años de edad.

El magistrado dijo que no podía rechazar una decisión de parlamento, adoptada en función de su autonomía y legitimidad. Sin embargo, insistió en que se busca solucionar el alarmante incremento de los casos de violación sexual contra menores de edad con medidas de castigo, dejando de lado a la prevención.

“Estamos yendo solamente por el lado del castigo, por endurecer penas, por endurecer sanciones penales. No digo que no son necesarias, pero sí que es fundamental ir a la prevención del delito. El tema, por ejemplo, de la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar se puede atacar con leyes, pero lo principal es eliminar la cultura machista y patriarcal que predomina en nuestra sociedad desde tiempos inmemoriales. No es un tema de ahora, de tal manera que es una batalla de largo alcance que hay que ir dando paulatinamente”, precisó Rodríguez Tineo.

Insistió en que medidas como la castración química a los violadores de menores de edad no puede ser la principal acción contra la comisión de este tipo de delitos.

“Con la castración estamos yendo a la fase final, cuando ya se produjo el hecho. Lo que se trata es de evitar que se produzcan esas agresiones sexuales contra nuestras mujeres y nuestros niños”, sostuvo.

COMISIÓN LAVA JATO

También se pronunció en relación al trabajo de la Comisión Lava Jato que preside la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra Barriga en el Congreso de la República. Indicó que en ningún momento cuestionó el funcionamiento del grupo de investigación parlamentaria y que su posición es de absoluto respeto a las decisiones que adopta dicho poder del Estado.

“Expreso mi respeto absoluto por las atribuciones que tiene el Congreso de la República como poder independiente. Yo he dicho que no encontraría mucha utilidad a que existiera una doble investigación para el caso Odebrecht, lo que he pedido es que se le dé respaldo y atención a la investigación que lleva adelante el Ministerio Público y eso no significa que me oponga a que exista una comisión investigadora en el Congreso”, aseveró.

Negó además haberse referido en términos peyorativos a Rosa Bartra y le reiteró su respeto.

“Espero que esta aparente contradicción sea superada porque los poderes del Estado no tiene por qué estar enfrentados”, manifestó.

“La prisión preventiva es una regla excepcional, no es una regla general, la regla general es cuando se investiga en libertad al imputado y excepcionalmente lo detienen cuando ya hay una acusación y se ha probado el delito que lo condena. Sin embargo, actualmente muchas veces se mantiene nueve o más meses a personas presas sin acusación, sin condena, sin expediente o caso formado”, cuestionó desde Chiclayo el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Jorge Blume Fortini.

El magistrado explicó que los requisitos exigidos para la prisión preventiva tienen que ser acumulativos; es decir, tienen que darse todos en conjuntos y no por separados.

“No es necesario que exista un requisito para que yo pueda solicitar la prisión preventiva, deben de existir varios requisitos.  Sin embargo, esto no se está respetado”, expresó Ernesto Blume.

INOCENCIA

Añadió que tampoco se respeta la presunción de inocencia, la cual dijo “no está pintada en la pared”. El presidente del TC invocó el artículo segundo inciso 24 de la Constitución Política del Perú, que dice que toda persona es considera inocente mientras no se pruebe judicialmente su responsabilidad.

“Eso es un derecho que todos tenemos y no solamente es un derecho, es un deber que cada uno de nosotros debe cumplir.  Es decir, yo debo presumir que cada uno de ustedes es inocente y ustedes deben presumir que yo soy inocente, eso es lo que manda la constitución nos guste o no, ese es el deber  de las cosas que difiere muchas veces de los juicios mediáticos que marca simplemente tendencias de la opinión pública”, señaló.

DERECHOS

Blume Fortini explicó que el auténtico juez constitucional debe tener el coraje suficiente para asumir los riesgos de una decisión de rescate de los derechos fundamentales, así esta sea incomprendida por una mayoría de la población.

“Se habla tanto de corrupción, pero corrupción también es opinar sin saber y difamar impunemente mediante las redes sociales mientras su nombre está oculto, sin haber siquiera leído y entendido la sentencia. Cuando hemos resuelto el caso Humala - Heredia prácticamente se armó una ola de protesta y yo digo: cómo es la vida, hemos tratado de defender los derechos de todos los peruanos, porque no puede ser que en el escenario cautelar se avasallen derechos. Sin embargo, se nos acusa de mil cosas”, aseveró Ernesto Blume.

El magistrado indicó que en el país es necesario fortalecer la lucha anticorrupción, pero respetando los derechos fundamentales se trate de quien se trate. Dijo que no puede llevarse a cabo un proceso cautelar donde se dejen de lado varios derechos del imputado o de los imputados.

Refirió además que el mundo occidental la policía no puede violentar los derechos del individuo así haya cometido el acto más abominable. La persona tiene derecho a guardar silencio, a contar con un abogado y a le lean sus derechos. 

FISCALES

Ernesto Blume argumentó que el Ministerio Público debe derrotar a la presunción de inocencia, ya que es el titular de la acción penal pública y es el único que puede denunciar los delitos perseguibles de oficio. Con la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal la fiscalía tiene un papel mucho más protagónico.

“El Ministerio Público debe denunciar y tiene que derrotar a la presunción de inocencia y si no la derrota no se puede condenar a una persona, que dicho sea de paso está sometida a una investigación en el marco del principio que no hay delito que no esté tipificado previamente y penado por la ley”, dijo Blume Fortini.

OLVIDADA

Añadió que la presunción de inocencia muchas veces pasa al saco del olvido. Algunos expertos han afirmado que en el escenario cautelar no opera la presunción de inocencia y que opera cuando el proceso está instaurado, cuando se va a condenar a la persona.

“Para ellos, cuando te meten preso sin haber una acusación no opera, como si las personas fueran un simple objeto. El representante del Ministerio Público, mientras prepara su caso, para evitar cualquier problema pide la prisión preventiva y a la persona la meten presa, el fiscal hace todas las diligencias y después de un tiempo denuncia y acusa. Y yo pregunto: ¿la libertad está pintada en la pared?, ¿no vale de nada el esfuerzo que hemos hecho tantos años para constituirnos como Estado constitucional?”, increpó.

PRUEBAS

Otro aspecto que abordó el presidente del Tribunal Constitucional es la valoración de la prueba.

Comentó que el fiscal presenta pruebas de cargo y la defensa pruebas de descargo, pero que en un escenario cautelar solo se tiene en cuenta las pruebas de cargo.

“Es decir, a ti te quieren meter preso y te imputan de varios delitos, pero tú dices un momentito aquí está mi prueba que yo no he sido y como respuesta te dicen no, no eso no lo vamos a tener en cuenta ahora, eso lo tendremos en cuenta después y mientras tanto vas preso. Yo pregunto, ¿eso se hace en una sociedad democrática?, ¿eso ocurre en un Estado de Derecho Constitucional?, ¿eso es civilización?”, cuestionó con énfasis.

INDICIOS

También se refirió a los indicios y dijo que se está trabajando mucho en esa lógica en la que se empodera al fiscal.

“Prácticamente le damos todo el poder para impulsar, dirigir postular y evidentemente en ese marco han resultado muchas cosas, entre ellos los indicios, que no son pruebas sino supuesto de un hecho. Entremos en su territorio donde suponemos y seguimos suponiendo y con ese criterio ninguno de nosotros está libre que el día de mañana nos armen un caso y terminemos en la cárcel. Eso no puede aceptar un juez constitucional”, manifestó.

Añadió que se ha dejado de lado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con la característica de la calificación y del análisis que hay que es necesario realizar en un requerimiento cautelar. La normativa supranacional exige una calificación puntual, prolija y rigorosa donde se demuestre realmente que la única alternativa es la prisión preventiva.

Hizo alusión también a la vulneración del derecho defensa en la que incurren los magistrados del Poder Judicial cuando dictan sus resoluciones en los pedidos de prisión preventiva.

Citó como ejemplo las audiencias que se prolongan por largo tiempo y en las que el juez de garantías señala la lectura de resolución en horas de la madrugada.

“Eso no es respetar el derecho de defensa. ¿Se puede exigir a un abogado el nivel de concentración para ejercer un patrocinio adecuado si tiene 15 horas esperando en una audiencia? Así no opera el derecho de defensa. En este país los abogados tenemos el derecho de ejercer la defensa en un escenario razonable, con los requerimientos de la naturaleza humana. No es correcto que se nos condene a estar horas de horas, eso no ocurre en otras partes del mundo, ni siquiera en los países comunistas”, relató.

PUERTO ETEN

Por otro lado, el presidente del Tribunal Constitucional se refirió al fallo pendiente de su representada en el caso del Terminal Portuario de Lambayeque, ante la demanda presentada contra el Gobierno Regional de Lambayeque por Inversiones Stop SAC, para que se le restituya una concesión en el área de influencia del megaproyecto, la misma que fue anulada por la Corte Suprema de la República.

Ernesto Blume dijo que eL proceso de Puerto Eten aún no está resuelto y todavía faltan algunos trámites.

“Inicialmente intervino el magistrado Óscar Urviola, pero ya ha dejado de ser magistrado y ha ingresado en su remplazo como nuevo integrante del TC Augusto Ferrero Costa, habiéndose abocado al conocimiento de la causa. Al no haber estado en la audiencia que anteriormente se programó lo que corresponde es que el magistrado opte entre dos alternativas: citar a una audiencia especial para escuchar a todas las partes involucradas o visualizar los videos de la audiencia anterior. Yo tengo entendido que la idea del magistrado Augusto Ferrero es citar a una audiencia especial para que asistan todas las partes, a efectos tener todos los elementos con la mayor amplitud para llegar a una decisión que sea justa. En los próximos 15 días se estaría realizando dicha audiencia”, señaló Blume Fortini.

“Hace 15 años, Edwin Oviedo  llegó a Chiclayo para trabajar y coadyuvar al desarrollo de la industria azucarera en Lambayeque, el camino no le ha sido fácil, es espinoso, fangoso, hay piedras y rocas en el camino, pero la gente valiosa que comparte sueños y anhelos lo  animó a seguir adelante sorteando adversidades. Sin embargo, con la fe en Dios y sabiendo que no ha hecho nada malo, él  tiene la fortaleza para continuar con su trabajo, ahora desde una institución que está en los ojos de todo un país y del mundo”, fueron las frases que dijo a Expresión el abogado defensor del empresario y actual presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Edwin Oviedo Picchotito.

La Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR Lambayeque ha solicitado que el Poder Judicial ordene 12 meses de prisión preventiva contra él y otros exfuncionarios de la Empresa Agroindustrial Tumán, bajo la tesis de que habrían conformado la organización denominada “Los Wachiturros” para ejecutar una serie de ilícitos, entre ellos asesinatos, tenencia ilegal de armas y robos.

¿Es el señor Oviedo asesino, lidera una organización criminal? Se le atribuye ser autor mediato de dos asesinatos.

Niego tajantemente esas imputaciones  calumniosas. Solo una mente perversa puede atribuirle a mi defendido hechos así. No me queda duda que hay gente que articula no solo para desprestigiarlo, sino para tomar por asalto nuevamente, como ya lo hicieron por casi dos años, la Empresa Agroindustrial Tumán. Ese es el objetivo de fondo.

Hay un requerimiento de prisión preventiva en contra del señor Oviedo por 12 meses. ¿Le preocupa? 

Preocupa que se utilice una parte del sistema judicial para elaborar falsas imputaciones, dañar gravemente la imagen de una persona y de esa forma buscar despojarlo un vez más del control de empresa Tumán. No existe un solo elemento grave y fundado de convicción qué vincule al señor Oviedo con los graves hechos denunciados, además tiene arraigo en el País, es decir un domicilio y residencia habitual y un oficio conocido y además que es de conocimiento público, y por tal motivo, no concurren los presupuestos para una prisión preventiva, que por lo demás es malintencionada que sólo busca dañarlo mediáticamente.

Es más, en agosto del 2015 el fiscal hizo un pedido de detención preliminar contra mi patrocinado, el que fue negado por el Juez de ese entonces, porque el pedido fiscal no cumplía con dichos requisitos de ley, y esa decisión no fue apelada por el ministerio público.

Así mismo, la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia, le pidió a la jueza de primera instancia que ordene a la fiscalía cumpla en el plazo de cinco días con subsanar la imputación contra el Señor Oviedo y lejos de hacerlo el fiscal lo acusó ilegalmente, requerimiento que luego fue declarado nulo y sin efecto legal por el Poder Judicial.

 ¿Y qué cree que ha pasado ahora?

El Fiscal, en una actitud de represalia contra mi patrocinado luego que el juzgado le anuló dos acusaciones contra el Señor Oviedo pide la prisión preventiva luego que la Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque le enmendó la plana negándole un  pedido de desacumulación del proceso, que finalmente ha vuelto a ser vista por el Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, y que después de las audiencias respectivas la ha vuelto a otorgar. La defensa legal de la que formo parte hemos apelado para saber si esta decisión de primera instancia queda o no firme.

 ¿Cuál es el indicio que tiene la fiscalía para atribuirle la autoría mediata de los asesinatos?

Cuenta con el dicho de dos colaboradores eficaces. Dos personas que han delinquido. Sobre uno de ellos, tomamos conocimiento que el indicado colaborador fue condenado en otro proceso a 12 años de pena privativa de la libertad efectiva por el delito de Robo Agravado (Asalto a mano Armada) en agravio de la Empresa Servis Contratista Laborum Outsourcing SAC (Electronorte), mediante sentencia expedida por la Primera Sala de Apelaciones del 24 de mayo de 2016 y que el 7 de mayo de 2018 (3 años después) se ordenó su inmediata libertad por la reducción de su pena efectiva de 12 años a 4 años de pena suspendida, en mérito al acuerdo de colaboración entre el condenado y el fiscal Carrasco a cambio de imputar falsamente a otros procesados, lo que es materia de investigación en la fiscalía de control interno.

¿Al señor Oviedo  le une alguna amistad o enemistad con el fiscal Juan Manuel Carrasco, jefe de la FECCOR y quien tiene a cargo la investigación del caso “Los Wachiturros”?

Sé que no ha conocido al fiscal Carrasco, solo se entrevistó una vez con él cuando fue a declarar al Ministerio Público al inicio de estas investigaciones.

 ¿Lo de los vínculos familiares del fiscal y la empresa está probado?

Entiendo que existen algunas  publicaciones de fuentes informativas que dan cuenta sobre lo indicado con algunos abogados que intentaron tomar el control de la azucarera Tumán desde el 2008, que se han presentado recursos judiciales referidos a la administración de Tumán para promover el cambio de una administración judicial de la azucarera en ese entonces y también de una acción de amparo que se presentó en el Juzgado Mixto de Utcubamba y luego de un hábeas corpus contra la administración vigente en la empresa, pero es un tema que tendrá que dilucidarse en alguna investigación formal, para luego definir si estos antecedentes le quitan o no objetividad a cualquier operador de justicia.

¿El señor Edwin Oviedo supo de estos vínculos antes?

No, para todos fue una sorpresa enterarnos por las fuentes informativas y conforme lo señala la publicación debe investigarse y concluir si el fiscal perdería objetividad en el caso si llegara a comprobarse lo publicado en el medio de comunicación.

 ¿Cómo subsanar esta situación

Eso corresponde a los órganos de control del Ministerio Público, ya habiéndose informado de manera periodística sobre estos hechos entiendo que existiría una investigación al respecto. Toda investigación penal debe ser imparcial y justa, sin fabricación de cargos. Solicitamos que el  Ministerio Público haga un trabajo equilibrado, que no se mezclen cosas que afecten la investigación  y generen duda de imparcialidad.

La jueza del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria, Eva María Vásquez Vásquez, ha programado la audiencia de revisión del pedido fiscal para el 27 de junio. Es evidente que por el cargo que ostenta como presidente de la Federación Peruana de Fútbol el señor Oviedo no estará en el país. ¿Asegura que él no rehúye a la justicia?

Desde luego que lo aseguro. Desde que se inició esta investigación el Señor Oviedo se puso a derecho y siempre colaboró con la acción de la Justicia, como parte de la defensa nunca se buscó medidas dilatorias en la investigación, nos hemos limitado a exigir que se respete el debido proceso y el derecho de defensa, sin embargo la fiscalía no ha cumplido reiteradamente con lo ordenado por la Corte Suprema al no subsanar los cargos imputados a mi patrocinado.

 Es más, hace poco por el cargo que ostenta viajó a Suiza como es de conocimiento público, y por supuesto ya está regresando a continuar  con sus obligaciones como dirigente deportivo, pues tiene arraigo laboral y familiar en el país.

Es prematuro saber si estará presente en la audiencia, sin embargo en su calidad de la Federación Peruana de Fútbol tiene obligaciones de representación en el balompié de nuestro país, pero como abogados defensores  acudiremos a sustentar y desvirtuar el pedido de prisión preventiva.

¿Prefiere el señor Oviedo acudir al mundial que a la audiencia en la que se debatirá su libertad?

El Señor Oviedo es el primer interesado en que se esclarezcan los hechos, él no tiene ninguna participación en estos lamentables sucesos y estamos convencidos que eso quedará demostrado de manera fehaciente, y como dije es prematuro hablar sobre su asistencia.

 ¿El señor Oviedo autorizó el desvío de fondos de la Empresa Tumán para el Club Juan Aurich del que alguna vez también fue presidente?

Lambayeque debe recordar cómo encumbró al Juan Aurich cuando asumió su presidencia. El Club se manejó con sus propios ingresos. Esa afirmación es temeraria, es negarle a los chiclayanos su respaldo y apoyo en cada partido y actividad que se realizó. Como abogado niego de manera contundente esa afirmación del fiscal. No hay una sola prueba que acredite ello.

 ¿Con qué frecuencia iba el señor Oviedo a Tumán?

Él no gerenciaba la empresa, esta tenía una administración judicial y un colegiado de funcionarios administrativos que cumplía su función. Además, como recordarán, había un directorio que se encontraba suspendido en la mayoría de sus funciones.

 Lo acusan a su patrocinado de lucrar ilícitamente.

El señor Oviedo es un empresario que llegó a Tumán a recuperar una deuda cuantiosa, que siguió invirtiendo porque en el camino sucedieron muchos hechos que no permitieron honrar los cronogramas de pago, la empresa tenía muchas necesidades que no le fueron indiferentes conforme lo detallaron los funcionarios y siguió confiando, otorgando los fondos necesarios para asegurar una producción que beneficiara en primer lugar a los trabajadores y luego a quienes debía pagarse.

 El fiscal en su acusación refiere que el señor Oviedo se habría asociado ilícitamente para reclamar en Lima la Ley de Protección Patrimonial, para ejecutar atentados contra las casas de los dirigentes opositores, que habría incurrido en tenencia ilegal de armas, encubierto actos ilícitos en el desalojo de invasores en las tierra de Tumán, entregado dinero a policías por apoyo logístico para cometer actos ilícitos y estar inmerso en asesinatos. Los cargos no son pocos. ¿Qué puede decir al respecto?

Semejante imaginación la del fiscal. Solo existió un propósito de trabajo y bienestar a los trabajadores. Niego rotunda y categóricamente semejante aseveración que mancha su honra. Respeto a la Policía Nacional, nunca realizó una propuesta deshonesta a una institución que en todo momento ha demostrado actuar con apego a ley en los problemas de la empresa.

 ¿El Grupo Oviedo ha fracasado en Tumán?       

De ninguna manera, es lamentable decirlo pero en Lambayeque hay personas que confabulan para que la industria azucarera no prospere, desean que el caos siga cundiendo para en ese desorden desestabilizar un sector del que dependen cerca de 40 mil familias. En Tumán se avanzó mucho y allí están las estadísticas de producción, el cumplimiento de sueldos, gratificaciones, obligaciones tributarias y de los cronogramas establecidos por organismos como la SUNAT, Essalud, la ONP.

Hace casi tres años que ingresaron tres administraciones judiciales fraudulentas y solo lograron  el quiebre de la línea que se había logrado desde el ingreso del Grupo Oviedo en el año 2007, estas administraciones han saqueado el patrimonio de la empresa, las pérdidas son incalculables, aún así hemos reingresado con el fin de devolverle el lugar que siempre tuvo Tumán en la industria azucarera.

 ¿Es muy difícil la situación de Tumán?

Muy grave, sin embargo creo que hay mucha gente que no está contaminada de odio y tiene esperanza en que Tumán vuelva a renacer.

*******

 “DESDE QUE SE INICIÓ ESTE CASO LA DEFENSA NO HA BUSCADO MEDIDAS DILATORIAS PARA LAS INVESTIGACIONES, LO ÚNICO A LO QUE NOS HEMOS LIMITADO ES A EXIGIR QUE SE RESPETE EL DEBIDO PROCESO”.

******

“SOLICITO QUE EL MINISTERIO PÚBLICO HAGA UN TRABAJO EQUILIBRADO, QUE NO MEZCLEN COSAS QUE AFECTAN A LOS PROCESOS Y CONFUNDEN A LA OPINIÓN PÚBLICA”.

Pedro Cateriano Bellido estuvo en Chiclayo y conversó ampliamente con Expresión sobre la coyuntura nacional. El expresidente del Consejo de Ministros del gobierno de Ollanta Humala Tasso resaltó la importancia de una reforma constitucional efectiva que garantice la independencia de los poderes del Estado, afirmó que la política peruana está judicializada y que hasta ahora los jueces y fiscales peruanos no logran probar los sobornos de los exgobernantes. El caso Alan García – dice – ilustre esta realidad.

A tres años del bicentenario de la República, ¿cuáles son en su opinión los aspectos más importantes sobre los que se debe trabajar la reforma constitucional?

Si nosotros hacemos una revisión de nuestros antecedentes históricos, vemos que la democracia como forma de gobierno no es lo que ha predominado en el tiempo, sino las dictaduras y, en algunos casos, cuando los gobiernos democráticos han accedido al poder una de las gravísimas dificultades que han tenido los presidentes para ejercer sus atribuciones constitucionales es no tener mayoría parlamentaria. Por ejemplo, tenemos a Bustamante y Rivero y Belaunde en su primer gobierno, bajo la vigencia de la Constitución del 33. No tuvieron mayoría parlamentaria y acabaron con golpes de Estado.

Se creyó que la Constitución del 79 iba a solucionar este problema. Nuestro esquema constitucional tiene rasgos del presidencialismo y del parlamentarismo. Se incorporó el llamado derecho de disolución para que el presidente pudiese disolver la cámara de diputados si esta censuraba o negaba la confianza a tres consejos de ministros y en 1992 vimos que Alberto Fujimori, en lugar de hacer uso de esa atribución constitucional, dio un golpe de Estado.

Ocurrido el rompimiento del orden constitucional por Fujimori y Montesinos se redacta una nueva carta y acabamos de apreciar cómo una mayoría de parlamentaria, que hace abuso del poder, forzó la renuncia del presidente de la República. Algo inédito, lo que quiere decir que este esquema no funciona. Por lo tanto, debemos empezar a discutir qué mecanismo podemos establecer para en el futuro evitar una situación similar de parálisis institucional.

¿La reforma parcial realizada por el Congreso a su reglamento, para poner obstáculos a la facultad de disolución, agudiza el problema entre los poderes del Estado?

Se ha quebrado el equilibrio entre los poderes del Estado. Es decir, lo que hizo el señor Mauricio Mulder con el apoyo del fujimorismo y otras agrupaciones fue quebrar lo que es normal en un sistema democrático: el equilibrio entre los poderes del Estado, por eso una de las tareas del presidente Martín Vizcarra debe ser restablecer ese equilibrio.

Hay dos posibilidades: o consagramos la facultad a favor del presidente de la República para que disuelva sin prerrequisitos el Congreso o establecemos la renovación parcial del parlamento a mitad de mandato. Ojo, cuando el gobierno ha tenido mayoría parlamentaria también hubo abusos, como ocurrió en el primer gobierno de Alan García, lo que nos llevó a la hecatombe política. Eso se vio nuevamente con la famosa tercera relección de Fujimori.

¿Qué permitiría la renovación del parlamento a mitad del mandato?

Que la ciudadanía pueda confirmarle la mayoría parlamentaria al presidente en ejercicio si es que está realizando una buena labor o retirarle la misma.

¿Con este Congreso es posible avanzar hacia este tipo de cambios? Hace unos días se archivó el proyecto para frenar la reelección indefinida de los parlamentarios, hay siete proyectos para volver a la bicameralidad que duermen el sueño de los justos y otros ejemplos más.

En este Congreso no podemos confiar. Este Congreso, no hay que olvidar, pretendió darle un golpe de Estado al presidente Pedro Pablo Kuczynski cuando tergiversó, distorsionó, totalmente el mecanismo de la vacancia. Estos parlamentarios constituyen una amenaza para el sistema democrático.

Es sumamente grave que los congresistas estén ejerciendo abusivamente el poder violando la constitución. ¿Qué podemos esperar? Nada.

Ciertamente estas reformas o debates los tendrá que realizar un próximo parlamento que esté configurado por fuerzas políticas que tengan verdaderas convicciones y principios democráticos. No podemos hablar pues a estas alturas, por ejemplo, que Fuerza Popular es una agrupación democrática.

Vemos cómo Keiko Fujimori, con el increíble apoyo del APRA, viene utilizando los mismos procedimientos que caracterizaron a la dictadura de su padre y Montesinos: videos adulterados, audios adulterados… el objetivo es liquidar al adversario. Hasta ahora, por ejemplo, no aparece el video de Mamami con el presidente Kuczynski y esa fue una de las razones que empleó el fujiaprismo para forzar su renuncia.

¿Martín Vizcarra y su primer ministro, César Villanueva, son cómplices de ello?

El congresista Mulder acusó al presidente Vizcarra de haber conspirado contra el expresidente Kuczynski y él respondió que no, pero su respuesta francamente no fue convincente y, por el momento, no hay mayores explicaciones.

Sin embargo, respecto al presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, no hay duda alguna. El señor Villanueva formó parte del grupo de congresistas que impulsó la segunda vacancia contra Kuczynski sabiendo que el mecanismo era anticostitucional. Podemos discrepar de Kuczynski, que políticamente es indefendible. Su manejo profesional y su vinculación con Odebrecht genera cualquier tipo de dudas, pero al igual que a cualquier peruano se le tiene que aplicar la constitución, no el ejercicio abusivo del poder.

El contexto político forzó la renuncia de Kuczynski, que está contemplada en la constitución, pero el intento fue sacarlo al margen de esta.

¿Villanueva es un golpista?

Villanueva no es un golpista porque no se concretó la vacancia que buscaba, pero yo podría decir que sí es un conspirador. Generó el clima y sus actos lo presentan claramente como un conspirador.

Él públicamente en distintos medios de comunicación señaló que lo hacía por una cuestión de principios y que de ninguna manera iba a aceptar un cargo ministerial en la gestión de Vizcarra. Fue un compromiso que nadie se lo solicitó, él mismo lo dijo. Ya sabemos que terminó haciendo lo contrario.

¿Fue una situación confirmatoria como sucedió con el indulto a Fujimori?

Lo del indulto creo que fue peor, porque Kuczynski prometió también libremente que no iba a indultar al exdictador y ese cachito de votos que le permitió ganar agónicamente fue precisamente de personas, como quien habla, que optó por él porque dio ciertas garantías a quienes creen que Fujimori debía cumplir con su pena. Trascurrido el tiempo Kuczynski traicionó al electorado.

¿Ha dicho que Kuczynski es políticamente indefendible por sus vinculaciones con Odebrecht. ¿Piensa lo mismo de Ollanta Humala?

Las situaciones son completamente diferentes. En el caso de Kuczynski estamos hablando de hechos acontecidos durante su gestión como ministro de Economía o presidente del Consejo de Ministros; es decir, negocios con el Estado. En el caso del expresidente Humala estamos hablando de aportes a la campaña electoral y no de sobornos, como sí sucede en el caso de Alejandro Toledo y de los exfuncionarios de confianza de Alan García en su segundo gobierno. Ellos sí recibieron millones de dólares de Odebrecht.

¿Le parece ilógico creer que los aportes de Odebrecht a la campaña electoral de Humala fueron a cambio de nada? Odebrecht durante el gobierno de Humala siguió contratando con el Estado y participando de importantes proyectos.

Odebrecht forzó la licitación del Tren Eléctrico y la terminó ganando un consorcio ítalo-español con Cosapi. ¿Quiénes fueron los dos críticos a la buena pro que otorgó en el gobierno de Humala Proinversión? Pedro Pablo Kuczynski y Alan García.

Yo en las últimas semanas vengo impulsando una campaña para que el parlamento tipifique como delito en el Código Penal el financiamiento ilegal de las campañas electorales. Se ha iniciado un debate en el Congreso, pero ¿por qué razón Keiko Fujimori, que tiene el control del Congreso, no aprueba este proyecto? Lamentablemente porque hay muchos intereses.

Intereses del narcotráfico y de la minería ilegal…

Lamentablemente hemos visto la calidad de personas que Keiko Fujimori postuló al Congreso. Tenemos al congresista Vergara vinculado a un capo del narcotráfico, lo que demuestra la negligencia con la cual se elaboraron las listas de Fuerza Popular. Otro caso es el de Yessenia Ponce, que falsificó sus estudios y cuyos compañeros de colegio no existen. ¿Por qué razón esa señora, que debería estar en su casa o respondiendo ante la justicia, sigue sentada en el parlamento? Interés político, porque ese tipo de parlamentarios responden y obedecen al pie de la letra las órdenes de Keiko Fujimori.

¿Qué cree que ha aprendido la ciudadanía después de tantas crisis políticas vividas en el Perú?

La democracia, como cualquier actividad, requiere un proceso a lo largo del tiempo para que la gente se eduque; es decir, tenga una cultura democrática y una consciencia constitucional. Lo cierto del caso es que a pesar de todos los defectos y de las debilidades de nuestro sistema, siempre es preferible una democracia limitada a una dictadura.

El daño más grande que ocasiona una dictadura en cualquier parte es que genera adeptos. Vemos cómo hasta ahora hay gente que reivindica a la dictadura de Fujimori y Montesinos, y también cómo los actuales dirigentes de Fuerza Popular ejercen ese poder. Es decir, todos estos chanchullos como las grabaciones e interceptaciones se dan con fines políticos y esos fines tienen atrás intereses oscuros: corrupción, narcotráfico, minería ilegal.

Podríamos decir que a la gente ya no le interesa si se le está violando la intimidad o el debido proceso. Para algunos, en el Perú, cercarnos a Fuerza Popular o al fujiaprismo, estas prácticas son válidas.

Hay que decirlo también: la alianza entre apristas y fujimoristas es quizá la más vergonzosa en la historia del APRA, incluso más que la que tuvo con Odría.

¿Qué opinión le merece la posible postulación a la presidencia de la República del actual presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo?

Yo cuestiono que los jueces, fiscales y procuradores empleen esos cargos de importancia, que requieren neutralidad e independencia, como un trampolín político. Hemos visto en los últimos años cómo estos emplean el poder que tienen como una oportunidad para mostrarse políticamente y luego llegar al parlamento o para ocupar otras responsabilidades.

Sería gravísimo que el actual presidente del Poder Judicial, que dicho sea de paso fue diputado por Lambayeque hace muchos años, pretenda usar ahora estos meses que le restan como magistrado de la Corte Suprema como un trampolín para otro cargo público. Creo que eso hace daño al sistema democrático.

La política ya está judicializada de una manera escandalosa. Todo termina en la fiscalía o en el Poder Judicial, ya sea por persecución, por justificadas razones o porque el parlamento no logra solucionar los problemas. Si a eso le vamos a sumar los apetitos electorales personales de los jueces, fiscales y procuradores, creo que esto sí sería algo que tendríamos que censurar y combatir con firmeza.

¿Alan García está protegido por una coraza de inmunidad?

Resolverlo es tarea de jueces y fiscales. La constante del APRA es decir siempre que no hay pruebas. El soborno que le pagó Sergio Siragusa en Barcklay’s Bank, en las islas Gran Caimán, por el tren eléctrico fue descubierto por el juez Dereck Schofield al levantarle el secreto bancario a Alfredo Zanatti, quien en televisión contó que Alan García le dijo: “¿Y cómo es la mía?”. Ese no es un invento. Eso fue probado por la fiscal Nelly Calderón y el juez Hugo Sivina. El caso prescribió, pero prueba cómo se comporta Alan García en el poder.

Ocurre una cosa muy curiosa. Él se reunió en 23 oportunidades con Jorge Barata de Odebrecht. Cuando los adversarios nos reunimos con otros funcionarios internacionales los apristas acusan de negociación incompatible o colusión, pero cuando García sostenía reuniones con gente de Odebrecht eran por trabajo. Cuando a García se le pagan cientos de miles de dólares por conferencias, entre comillas, dice que son ajustadas a la ley y cuando aparecen cerca de 20 millones de dólares en un banco de Andorra nadie dice nada.

Esa plata está congelada en Andorra, fue depositada a partir del 2009 y nadie la ha movido. ¿De quién es? Hay que recordar que a finales de las décadas de 90 se le encontró a Agustín Mantilla, ex secretario de García, seis millones de dólares en un banco suizo. Yo no estoy acá difamando ni calumniando ni insultando, estoy mostrando hechos.

En los dos gobiernos de Alan García su proyecto emblemático, el tren eléctrico, fue producto de dos sobornos probados judicialmente: el pagado por Siraguza y la plata depositada en Andorra que nadie sabe de quién es.

Con la megacomisión de Sergio Tejada se llegó a probar el caso de los narcoindultos. Él mismo Alan García dijo que durante horas revisaba los expedientes y que los beneficiados no tenían vínculos con el narcotráfico. Después se descubrió que era mentira, que sí se indultó a narcotraficantes. La investigación judicial no se profundizó.

Cuando intervienen en las investigaciones fiscales y jueces extranjeros se encuentran los sobornos, cuando intervienen magistrados peruanos no. En el caso de los sobornos del BCCI, en el primer gobierno de García, intervino el fiscal de Nueva York Robert Morgenthau; en el caso del tren eléctrico en su primer gobierno el soborno lo descubrió el fiscal Dereck Schofield; los sobornos de Fujimori y Montesinos los descubrió la fiscal suiza Cornelia Cobos y ahora los sobornos de Lava Jato los descubre el juez Moro de Brasil. ¿Por qué no se hace una algún juez nacional?

*****

HAYA DE LA TORRE

“Pensador y soñador cuyas ideas fueron traicionadas por sus discípulos”

Fernando Belaunde

“Demócrata cabal, honradez comprobada. Como gobernante no cumplió con las expectativas de muchos de sus electores”.

Alan García

“Tenía todas las posibilidades para ser buen gobernante, pero fracasó manchado por la corrupción”.

Valentín Paniagua

“Ejemplo de honestidad y de respeto a la legalidad”.

Luis Bedoya Reyes

“Demócrata cabal, peruano ejemplar”.

Alejandro Toledo

“Traidor”.

Ollanta Humala

“Queda pendiente la evaluación del juicio histórico”

Lourdes Flores

“Decepción”

Pedro Pablo Kuczynski

“Ineptitud y traición a los valores democráticos”.

Alberto Fujimori

“El dictador más corrupto y violador de derechos humanos que hemos tenido en la historia republicana”.

Keiko Fujimori

“Sigue con los modales de la dictadura de Fujimori y Montesinos”.

Kenji Fujimori

“La ambición lo nublará”. 

Norbil José Vega Orozco ingeniero de profesión con ejercicio en la actividad ingenieril hace más de tres décadas tiene la ilusión de llegar a ocupar el sillón regional de Lambayeque representando al Partido Popular Cristiano, del que pertenece hace muchos años y en el que ha militado por siempre.

Vega con amplio currículo vitae conoce por dentro la administración pública, desempeñó con acierto la gerencia regional de Energía y Minas en los años 2009 y 2010, es un hombre institucionalista que ha desempeñado diversos cargos en el Colegio de Ingenieros de Lambayeque y otras entidades.

En entrevista con Expresión Vega Orozco, precisa que desea contar con el apoyo del electorado lambayecano para el próximo 7 de octubre, porque está capacitado junto a un equipo técnico escogido con rigurosidad para darle a Lambayeque la II etapa del proyecto hidroenergético Olmos, el Terminal Marítimo de Puerto Eten, la Represa La Calzada y el Nuevo Aeropuerto Internacional.

“El PPC es un partido político que no está manchado en nada. Se fundó el 18 de diciembre de 1966 con el fin de promocionar el desarrollode la persona humana, la familia y la consecución del bien común del pueblo peruano, nuestro propósito es trabajar por el país de manera coherente y afianzar la práctica de los valores supremos de la honestidad, responsabilidad y solidaridad entre todos los peruanos”, refirió Norbil Vega, candidato oficial a la gobernación regional de Lambayeque por el PPC partido político que fundara Luis Bedoya Reyes. .

Compartimos con ustedes lectores la entrevista a Norbil Vega Orozco.

¿Qué lo ha motivado a participar del proceso electoral como candidato al Gobierno Regional de Lambayeque?

Soy una persona agradecida por todo lo que he recibido de esta Región. Vivo en la Ciudad de Chiclayo desde que tenía 11 años. Me aparté de ella solo para estudiar superior  en la Universidad en La Plata – Argentina. Mi esposa y mis 2 hijos son chiclayanos. Considero que este es el momento de retribuir lo que he recibido, sirviendo a Lambayeque como autoridad para contribuir e impulsar  su desarrollo.

Por qué considera que el PPC sí tiene opciones de pasar a la segunda vuelta y ganar las elecciones?.

La coyuntura política actual es propicia para que los candidatos del PPC salgan victoriosos en estas elecciones del 7 de octubre. El país está atravesando una etapa de grave crisis moral de sus autoridades nacionales, regionales y distritales, algunos purgan pena de cárcel o están perseguidos por la justicia por su presunto actuar delictivo y otros  tienen serios cuestionamientos a su desempeño administrativo. En este panorama el PPC puede decir con orgullo que ninguno de sus dirigentes nacionales está vinculado con actos de corrupción como por ejemplo lo que sucede con el Caso Lavajato, que ha involucrado a muchos líderes de  Partidos Políticos con excepción del PPC. En tal sentido, nuestra integridad moral y honestidad, es nuestra fortaleza y el electorado sabrá valorar cuando deba elegir a sus autoridades.

¿Qué aspectos son los que más le preocupan del panorama de Lambayeque?

En la Región Lambayeque hay muchas cosas por hacer y es el Gobernador Regional quien debe liderar esta transformación, por ejemplo mejorar la calidad de los servicios de salud, con un mejor desempeño de las postas y centros de salud, incidiendo en la cultura de la prevención, con atención del personal durante las 24 horas. En ese sentido es necesario mejorar la infraestructura de salud con la construcción de nuevos centros de salud y el mejoramiento de los existentes, así como mejorar el equipamiento de los centros de salud habilitando laboratorios básicos para atención primaria que paralelamente ayudarán a aliviar la carga de los hospitales de la Región. La atención de la salud en la región está descuidada y este será uno de los principales problemas por resolver. Se debe encarar con resolución los problemas de hacinamiento hospitalario, de escasez de medicamentos y de insuficiente personal de salud 

También considero de suma importancia mejorar la calidad de los servicios educativos. Si bien es cierto ha existido una importante inversión en infraestructura en este sector, esta debe ir acompañada por un mayor compromiso del docente, principalmente en las zonasaltoandinas y  rurales, con el objetivo de reducir la deserción escolar, brindando mejores oportunidades para el acceso a la educación básica y superior.

Además de su función como Director Regional de Energía y Minas, qué otra experiencia tiene usted en la función pública.

Trabajé durante 2 años como Director Regional de Energía y Minas y puedo decir con orgullo que desempeñé mi función con eficiencia sin tener ningún tipo de cuestionamientos o denuncias. Esta ha sido la única experiencia como funcionario público. Mi trayectoria profesional ha estado fundamentalmente ligada al sector privado habiendo trabajado en jefaturas de importantes empresas de diferentes sectores como la industria de alimentos, la industria del petróleo, el sector construcción y otros.

¿Cuáles serían las prioridades de un eventual mandato regional del PPC en Lambayeque?

Contribuir para que la reconstrucción con cambios de nuestra región azotada por el fenómeno de El Niño Costero se agilice, porque es urgente que la Región esté preparada para reducir su vulnerabilidad ante los  riesgos de desastres naturales.

Como ya lo he mencionado anteriormente, es imperativo mejorar la calidad de los servicios de salud y de los servicios educativos.

¿Qué grandes proyectos perseguiría la Región?

Fundamentalmente planteamos continuidad en la gestión para la realización de los siguientes proyectos:Segunda etapa del proyecto hidroenergético Olmos, Terminal Marítimo de Puerto Eten, Represa La Calzada y Nuevo Aeropuerto Internacional.

¿Cuán organizado esta el PPC para el presente proceso electoral?

El PPC es un partido con una sólida base democrática e institucional. Hemos atravesado una profunda crisis interna, la cual superamos definitivamente en diciembre de 2017, con el reconocimiento de las autoridades regionales en todo el país y la elección en el Congreso Nacional de nuestras autoridades de todo el paìs. Nos hemos reorganizado y el 20 de Mayo del presente hemos finalizado nuestro proceso electoral interno. Estamos presentando candidaturas Regionales, Provinciales y Distritales en muchas circunscripciones territoriales del interior del país y principalmente en Lima, donde la presencia del PPC es preponderante.

Tenemos una sólida organización nacional que es soporte para las Regiones, el partido ha vuelto revitalizado, con mucho entusiasmo para enfrentar con muchas posibilidades de éxito este proceso electoral.

¿Quienes conforman su equipo técnico?

En el PPC Lambayeque tenemos profesionales de gran valía, al que se vienen sumando amigos profesionales de las distintas especialidades para plantear soluciones a los problemas de la Región.

¿Quien lo acompañara en la Vice Gobernación Regional?

La candidata a la Vice Gobernación Regional es la señora Lina Dávila, docente universitaria de la Universidad Nacional “Pedro Ruiz Gallo”, profesional de gran prestigio y pepecista de corazón.

¿Cómo financiará su campaña?

Nuestra campaña es muy austera, se financiará con los recursos propios de los candidatos, fundamentalmente de los aportes de la cabeza de lista y en menor medida de las personas que integran su lista. No invertiremos en una propaganda electoral costosa, porque simplemente no disponemos de esos fondos. La ciudadanía debe cuestionarse sobre cómo recuperarán el dinero invertido aquellos candidatos que gastan cantidades millonarias que no pueden ser recuperadas de ninguna manera con el sueldo que van a percibir como autoridades. En este momento por ejemplo hay pre candidatos que tienen propaganda electoral desde enero en paneles publicitarios cuyo costo es de 1,000.00 dólares mensuales, lo cual hasta Octubre significaría un costo de 10,000.00 Dólares por un panel, pero estos candidatos tienen más de 10 paneles solo en la ciudad de Chiclayo, significando ello un gasto proyectado de más de 100,000.00 Dólares solo en paneles publicitarios. Esto significa aproximadamente el sueldo de dos años de la autoridad regional. Acá falta contabilizar la publicidad en televisión que es la más costosa, luego en la radio y en los diarios.Nuevamente surge la interrogante: ¿Cómo está pensando ese candidato en recuperar el dinero invertido?

¿Qué mensaje quiere dejar a todos los electores?

Un mensaje de esperanza, considerar que a pesar de la situación política que vivimos, deben renovar su confianza en el sistema democrático. También invocarles que en cuanto tomen conocimiento quienes serán los candidatos; con la ayuda de Internet y Google deben investigarlos para conocerlos y determinar si es una persona confiable,honesta y preparada para gobernar su comunidad, e invito a la juventud Lambayecana a involucrarse en la política entendida ésta como vocación de servicio.

¿Podríamos conocer los nombres de los candidatos a las alcaldía provinciales y Distritales y Regionales?

Nuestros candidatos son los siguientes:

REGION LAMBAYEQUE

Gobernador: NorbilJosé Vega Orozco

Vice Gobernadora: María Lina Dávila Chévez

CANDIDATOS A ALCALDIAS

Provincia de Chiclayo: Maribel LLamosa Quiroz

Distrito José Leonardo Ortiz: Eder Yanil Medina Zelada

Distrito Cayaltí; Carlos Alonso Rodríguez Ordoñez

Distrito La Victoria:Ray Marvin Aliaga Calderón

Distrito Pimentel: José Ramón Salazar Huamanchumo

Distrito Pátapo: Adriano Martínez Barahona

Provincia Lambayeque: Duberly Ramos Damián Becerra

Distrito Olmos: Wiston Esteban Mío Serrato

Distrito Pacora: Víctor Enrique Becerra Murillo

Distrito Túcume: Eduardo SuclupeValdera

Distrito Jayanca: Dionicio Vera Purisaca

Distrito Mórrope: Ramos Damián Suclupe

¿Algo más que quiera agregar?

Agradecer al semanario Expresión por la posibilidad que me otorga de dirigirme a la población lambayecana a la que pido ejercer su derecho de voto de manera responsable.

El decano del Colegio de Periodistas de Lambayeque, Vladimir Villón Andía, destaca las acciones realizadas por su directiva para mejorar el funcionamiento de la orden profesional, así como los servicios que se brinda a los asociados.

A cuatro meses de asumir el cargo, el decano de los periodistas refiere que ha sido necesario corregir algunas situaciones irregulares encontradas en el manejo institucional, dando cuenta de ellas al Tribunal de Honor para que asuma competencia.

“Inicialmente ordené los problemas internos del colegio, así encontré ciertos problemas que se derivaron al Tribunal de Honor, organismo encargado de determinar y analizar el estado de cada colegiado”, señala.

PROBLEMAS

Comenta Vladimir Villón que en la Primera Asamblea Nacional de Decanos del Colegio de Periodistas, realizada en Lima, se habló de posicionar a la institución y ordenarla, por ejemplo, en cuanto a colegiaturas, pues se identificó que se ha extendido el reconocimiento a personas cuyos expedientes no cumplen los requisitos mínimos, a tal punto que existen colegiados sin tener título profesional o que se ha generado duplicidad de registros, lo cual es ilegal.  

Otro de los problemas es que las jefaturas de imagen institucional, relaciones públicas o comunicaciones en entidades del Estado son ocupadas por profesionales no colegiados y la ley dice que deben serlo. El incumplimiento ha sido denunciado por el Colegio de Periodistas, máxime porque se han dado casos de instituciones que designan en dichas áreas a profesionales de especialidades ajenas al campo de competencia.

“Es más, ponen a gente de otras carreras a desempeñar un cargo que debe ser ocupado por un comunicador o periodista. Para ello existe una ley que señala que todos aquellos que laboren en entidades públicas y están en oficinas de Imagen Institucional deben ser colegiados y habilitados. Por ello realizamos un pronunciamiento con los decanos a nivel nacional a fin de exigir el cumplimiento de la norma”, agrega.

Asimismo, el decano señala que en las municipalidades suelen darse estos casos y es ahí donde se ve el mal desempeño de la ejecución de la ley. Por tal motivo, ha realizado visitas a los jefes de las áreas de comunicaciones para instarlos a colegiarse.

ACTIVIDADES

A fin de capacitar a los periodistas, recientemente el colegio realizó un seminario acerca de la prensa – policía, donde se instruyó a los comunicadores en el respeto y limitaciones que deben tener al cubrir información policial. Uno de los temas abordados fue el cuidado de la escena del delito.

“También tocamos el tema del tratamiento de la noticia en menores de edad, ya que no podemos publicar sus rostros ni nombres, pero a veces lo hacemos. El tema final giró en torno a las diferencias entre delito y falta”, refiere.

Vladimir Villón añade que temas como conflictos sociales y otros más han sido muy bien aceptados. Sin embargo la afluencia de colegiados es poca en comparación a sin tener registro en la orden acuden como representantes de medios de comunicación.

“Recientemente firmamos un convenio con la presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para dictar un diplomado en materia jurídica, porque a veces los periodistas emplean términos muy coloquiales. Si bien es cierto a la ciudadanía debemos brindarle un lenguaje entendible, lo ideal es hablar con propiedad y manejar bien el tema jurídico”, dice.

Añade que en los próximos meses se realizará un seminario con el apoyo de la Fundación Gustavo Mohme Llona.

Por otro lado, el decano se pronuncia sobre la disposición que desde el año pasado se hizo efectiva en las comisarías del departamento restringiendo el acceso a los periodistas, pese a que estas son entidades públicas. Al respecto, Vladimir Villón manifiesta que sostuvo conversaciones con el mando policial para flexibilizar el acceso a la información y no restringir el acceso a los hombres de prensa.

“La policía no puede prohibir el ingreso a una comisaria. Sin embargo, esas son disposiciones de cada jefe, pues ellos son la autoridad y determinan qué hacer. No está de más llamar la atención a los periodistas, pues si bien es cierto las puertas de las comisarías están abiertas hay momentos reservados y no podemos alegar que realizamos nuestro trabajo y entrar sin autorización. Hay que respetar a la autoridad”, menciona.

PERÍODO ELECTORAL

El decano del Colegio de Periodistas señala que con el inicio del período electoral proliferarán los falsos comunicadores u hombres que utilizan los medios de comunicación para extorsionar y difamar, por lo que desde la orden se van a adoptar acciones preventivas y de concienciación con los propietarios de emisoras radiales y canales de televisión.

Comenta que recientemente se desarrolló una asamblea regional en Tumbes que convocó a los decanos de Piura, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque, La Libertad y Áncash y contó con la presencia del decano nacional, donde se trató esta situación.

“La constitución es clara y dice que en nombre de la libertad de prensa uno puede expresarse, pero siempre bajo responsabilidad. Eso significa que cualquiera está en la obligación de denunciar a un mal periodista que difama, injuria o dice calumnias. Ese pronunciamiento recientemente se ha firmado entre la federación, el colegio, también firmamos una carta con el presidente de la Corte de Lambayeque a fin de que exista facilidad para acceder a documentos judiciales de los candidatos y así alertar al ciudadano a fin de que haga un voto de conciencia”, expresa.

Actualmente el Colegio de Periodistas de Lambayeque tiene 364 asociados, de los cuales 147 están habilitados. En cuanto a denuncias, el Tribunal de Honor, presidido por el periodista Faustino Pisfil, no ha recibido ningún caso.