El 8 de enero, con la Resolución de Alcaldía N° 042-2019-MPCH/A, el burgomaestre de la ciudad, Marcos Gasco Arrobas, nombró como director de la Sociedad Beneficencia de Chiclayo, en representación de la municipalidad provincial, a Víctor Miguel Calleja Vela, designación que no llamaría la atención si no fuera porque este es abogado de las empresas familiares del edil, pero además porque existe contra él una sentencia por incumplimiento de beneficios laborales en perjuicio de una trabajadora.
La cercanía entre Gasco Arrobas y Calleja Vela tiene vieja data. Este último es socio fundador del Estudio Calleja Abogados, a través del cual brinda – según la propia página web de la firma – asesoría jurídica a empresas como Gasco Inmobiliaria SAC, cuyo representante según SUNAT es el padre del alcalde; Comercial Molinera San Luis – COMOLSA SAC, que tiene como apoderados al padre y los hermanos del edil, y Represent y Distribuciones del Norte – REYDINOR SAC, también del padre y los hermanos de Marcos Gasco.
Otras empresas clientes del Estudio Calleja Abogados son Sierra Distribuciones SAC, Tambos Perú SAC, Transportes Valle Norte SAC y Georgina Development INC, también vinculadas al entorno familiar del alcalde, además de la Asociación Nacional de Productores de Arroz – APEMA.
Marcos Gasco fue director de REYDINOR, de AGA SAC y de Transportes Valle Norte SAC, director gerente de COMOLSA y vicepresidente de APEMA.
Si bien, de acuerdo al Artículo 9 del Decreto Supremo 1411, que regula el funcionamiento de las sociedades de beneficencia, Calleja Vela no incurre en algunos de los impedimentos para desempeñar la función de director de la Beneficencia de Chiclayo, sí recae sobre su designación un cuestionamiento ético debido a la estrecha vinculación en cautela de los intereses particulares del alcalde y su entorno familiar más cercano.
DEMANDA POR BENEFICIOS
El otro hecho referido a Calleja Vela es el que se desprende de la sentencia contenida en la Resolución N° 7, emitida el 31 de enero de este año por el Segundo Juzgado Laboral de Chiclayo, a cargo del juez Ricardo Núñez Larreátegui, por pago de beneficios sociales contra el abogado y su estudio jurídico.
El 3 de marzo del 2017, Cecilia Romero Paredes presentó una demanda contra Calleja Vela y el Estudio Calleja Abogados SAC, solicitando el reconocimiento de los beneficios sociales como trabajadora y el pago de los intereses legales, costos y costas del proceso.
Romero Paredes ingresó a laboral para Víctor Miguel Calleja el 1 de diciembre del 2013, desempeñándose como abogada para su estudio jurídico, dedicándose a desarrollar actividades como la elaboración de demandas y escritos durante un año y nueve meses.
Según argumentó ante el juzgado, durante ese tiempo, el abogado incumplió con el registro en planillas sin reconocerle los beneficios sociales, ingresando a planilla recién en septiembre del 2015, manteniendo una relación laboral con el estudio jurídico hasta febrero del 2017, aunque – refiere – también sin recibir el pago de los beneficios sociales.
La demanda de la abogada fue admitida el 12 de abril del 2017, programándose la audiencia de conciliación entre las partes para el 20 de noviembre de ese año. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.
ARGUMENTOS DEL ABOGADO
El estudio jurídico contestó a la demanda argumentando que no mantuvo vínculo laboral con la abogada, pues señaló que esta estaba vinculada al Estudio Daly, Otero & Flores S. Civil de RL, de la ciudad de Lima y que este era el verdadero empleador de la demandante, además que “la función del señor Calleja solo consistía en ser intermediario de pago, más la demandante siempre laboró de manera exclusiva para el estudio de Lima”.
Calleja Vela señaló, por su parte, que el juzgado debía aplicar el principio de primacía de la realidad y que requiera al estudio de Lima que asuma el pago de los beneficios a favor de la abogada.
Por su parte, el Estudio Daly, Otero & Flores S., cuya razón social ahora es Falcón, Daly & Otero, negó haber tenido relación laboral directa o de locación Cecilia Romero.
El juez declaró fundada la excepción planteada por el estudio jurídico de Lima, procediendo a determinar si correspondía o no ordenar el pago de beneficios sociales (gratificaciones, vacaciones y CTS) por el período 1 de diciembre del 2013 al 31 de agosto del 2015, período en el que Romero Paredes trabajó para Víctor Calleja Vela, y del período 1 de septiembre del 2015 al 6 de febrero del 2017, tiempo en el que laboró para el Estudio Jurídico Calleja Abogados SAC.
Además, el juez se enfocó en determinar si correspondía indemnización por despido arbitrario y si correspondía que se le otorgue certificado de trabajo.
FRAUDE LABORAL
Para el juzgador quedó acreditado que entre diciembre del 2013 y agosto del 2015 se configuraron las características propias de una relación laboral y, por ende, en aplicación de los principios de primacía de la realidad y laboriosidad se declaró la desnaturalización de los contratos de locación de servicios suscritos por la demandante con Calleja Vela, debiendo entenderse como un contrato de trabajo a plazo indeterminado, “ya que encubren una relación laboral propia”, en consecuencia se debe considerar a Cecilia Romero como una trabajadora sujeta al régimen laboral privado – Decreto Legislativo N° 728.
En cuanto al segundo período, se probó que sí hubo relación laboral entre la abogada y el estudio Calleja.
“Se concluye que la empresa demandada Estudio Calleja Abogados SAC tuvo como gerente general a Víctor Miguel Calleja Vela, asimismo la personal natural que estaba representada por el mismo Víctor Miguel Calleja Vela, acreditándose de esta manera una vinculación económica entre ellas, evidenciándose la existencia de fraude con el objeto de burlar los derechos laborales de los trabajadores, situación que ya ha sido desarrollada en el Pleno Jurisdiccional Nacional Laboral del año 2008 y por el Tribunal Constitucional en el Expediente N° 6322-2007-PA/TC, y a los que se adhiere el juzgado. (…) Por tanto, las codemandadas resultan ser las obligadas a asumir las acreencias laborales demandadas”, señaló el juez en su resolución de sentencia.
La autoridad judicial determinó que Cecilia Romero laboró tanto para Calleja Vela como para el estudio jurídico de este durante tres años, dos meses y 5 días.
De este modo, tras el cálculo realizado, se estableció que por Compensación de Tiempo de Servicios – CTS, debía reconocerse el pago a favor de la abogada de cinco mil 341.67 soles.
Por gratificaciones legales el pago de 10 mil 767.67 soles, por vacaciones no gozadas, indemnizaciones y truncas ocho mil 811.67 soles y como indemnización por despido ocho mil 117.50 soles.
El juez Núñez Larreátegui declaró fundada la demanda interpuesta por Cecilia Romero Paredes contra Víctor Miguel Calleja y su estudio jurídico, reconociendo el pago de beneficios sociales por un importante total de 33 mil 38.50 soles, además de mil 500 soles como costos del proceso y el pago del 5 % a favor del Colegio de Abogados de Lambayeque.
En el marco de las investigaciones que se le siguen a diversos políticos, jueces y empresarios del país por los casos del "Club de la Construcción" y "Cuellos blancos del Callao", el presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, Oscar Burga Zamora, resalta la importancia de que esta lucha no la hagan solo los jueces y personas vinculados al derecho, sino la sociedad en su conjunto desde el ámbito donde se desempeñan.
“El tiempo nos ha demostrado que la lucha contra la corrupción no es de jueces solamente ni de fiscales, es de nuestra sociedad en su conjunto si queremos vivir dignamente”, sostiene.
Burga Zamora señala que, lamentablemente, al Poder Judicial siempre lo relacionan con la corrupción, a pesar de que son muchos más los buenos elementos en la administración judicial que los malos. Esto se debe, indica, a que cuando falla uno, no es esa persona en particular la que falla, sino todo el Poder Judicial.
“En esta Corte nada más trabajamos más de mil personas. Es difícil estar detrás de cada persona a efecto de buscar que actúen todas dentro del marco de la ley. Si alguien falla, ese alguien nos mancha a todos”, manifiesta.
Afirma que la corrupción no es un lastre que pueda anularse completamente, pero sí por lo menos puede disminuirse a niveles aceptables a fin de que las personas “sedientas de justicia”, quenes son las más vulnerables en esta situación, no resulten afectadas.
Añade que la corrupción tampoco tiene un estrato social definido, pues se presenta en todos los niveles de la sociedad, situación que ha sido una constante a lo largo de la historia.
Justicia que tarda no es justicia. Después de más de década y media de lucha, 380 de 493 beneficiarios del Fondo Mi Vivienda recibirían sus títulos de propiedad con la suscripción de la última adenda que permitirá dar cierre al fideicomiso en el que entraron las familias para ver realizado el sueño de la casa propia en el Proyecto Las Garzas.
Las Garzas es un proyecto del programa Techo Propio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamientoque empezó en el 2003. En un inicio, este condominio residencial de casas ubicado en el kilómetro 7 de la carretera a Pimentel estaba proyectado para mil 200 unidades, pero tras idas y vueltas fueron 493 las familias que pudieron acceder al bono familiar de tres mil 600 dólares que entregaba el Estado.
Quienes intervinieron en un primer lugar fueron: el Fondo Mi Vivienda, con los bonos; la inmobiliaria Veritas Edificaciones SAC, con la construcción; las familias como beneficiarios, el Banco Wiesse, como administrador de los recursos, y el Fondo de Vivienda Policial – FOVIPOL, pues dentro de este grupo de familias también había policías.
PRIMERA PARALIZACIÓN
La presidenta de la Asociación de Adquirientes, Rafaela Pérez Ortiz, relata que la ejecución del proyecto como tal inició en el año 2004, año en el que la empresa Veritas tenía pensado construir viviendas para 109 familias en una primera etapa.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año la construcción se paralizó, quedando las obras entre un 50 % y 70 % de avance. Ortiz Peralta señala que quien era el administrador de los bonos y ahorros en ese momento, el Banco Wiesse, alegó haberse quedado sin fondos en su cuenta, motivo por el cual renunció y quedó la obra paralizada. Según supieron después los beneficiarios, aparentemente la constructora había utilizado el fondo de los bonos y ahorros en habilitar los terrenos cuando estos ya debían haber estado totalmente saneados.
Fue así que en el 2005 los beneficiarios denunciaron este caso ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que en aquel momento era presidida por el parlamentario Javier Velásquez Quesquén. En esta comisión se citó a todos los actores para que den las explicaciones del caso y se arribó a la firma de un nuevo contrato de fideicomiso.
En el nuevo contrato aparece el Fondo Mi Vivienda como el fideicomitente, el Banco de Comercio como nuevo administrador (fiduciario), continuó FOVIPOL y la inmobiliaria Veritas a cargo de la ejecución de la obra al ser esta la propietaria de los terrenos, promotora y constructora.
Las obras continuaron en el 2005 y en septiembre del año siguiente la constructora hizo entrega del primer paquete de casas que en este caso no fueron solo 109, sino 140. A estas edificaciones les faltaba aún regularizar la documentación (escrituras, testimonios de propiedad y el paso técnico, es decir, la conformidad de la obra y la declaratoria de fábrica por parte de la municipalidad). Sin embargo, relata Pérez Ortiz, el entusiasmo fue tal que las familias obviaron ese detalle y esperaron que la empresa regularice posteriormente.
Cuenta la beneficiaria que el día de la entrega estuvo el entonces ministro de Vivienda Hernán Garrido Lecca, quien señaló que, de acuerdo a la fiscalización que iba a llevar esa cartera, se iba a entregar 80 casas cada tres meses hasta completar las 493.
SEGUNDA PARALIZACIÓN
Se empezaron a construir 80 casas más, pero en el 2007 la obra volvió a ser paralizada. Según las averiguaciones que realizaron los beneficiarios, la cuenta del Banco de Comercio que administraba los bonos del Estado, los créditos de FOVIPOL y los ahorros de las familias, quedó con solo dos mil soles.
Pérez Ortiz cuenta que tras varias gestiones ante la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Fiscalización del Congreso y el Órgano de Control Interno del Ministerio de Vivienda, el Banco de Comercio les señaló que con el dinero de los ahorros y bonos se habían pagado comisiones, pues el fideicomiso no era gratuito. Les señalaron que el Fondo Mi Vivienda cobraba una comisión como fiduciario, también cobraba un inspector y el mismo Banco de Comercio una cuota por administrar los bienes.
Narra que al quedarse el fideicomiso sin recursos, el Fondo Mi Vivienda como fideicomitente y garantizador de que se concluyan las obras buscó diversas alternativas de solución, pues dentro de las condiciones que tenía este como fideicomitente era que, en el caso de quedarse el proyecto sin dinero, el Fondo Mi Vivienda devolvía el dinero que había recibido para salvaguardar y garantizar la finalización del proyecto.
No obstante, Rafaela Pérez cuenta que el Fondo Mi Vivienda luego emitió una adenda de modificación del fideicomiso donde prácticamente asumió la figura de mejorador que tenía en salvaguarda del Proyecto Las Garzas, desligándose de esa responsabilidad.
ARBITRAJE Y OTRAS SOLUCIONES
Pérez Ortiz señala que en el 2010 la inmobiliaria denunció al Fondo Mi Vivienda a través de un arbitraje en el cual no se le permitió participar a los beneficiarios porque de acuerdo al contrato de fideicomiso ellos no tenían ni voz ni voto.
En el 2015 se emitió el laudo arbitral en el que se eximió de responsabilidad tanto al Fondo Mi Vivienda como a la inmobiliaria Veritas. El único beneficio que obtuvieron con ese laudo las familias – cuenta - fue que se consignaba que a las 109 familias debía transferírseles el título de propiedad con conformidad, declaratoria y toda la parte técnica faltante.
Mientras tanto, ya desde el 2009 un grupo de aproximadamente 120 familias había tomado posesión de los terrenos cuyas casas quedaron a medio construir (algunas al 90 %, otras al 80 % y 70 %). Este grupo de familias culminó la construcción de sus casas con sus propios recursos, por lo que ahora estas casas ya aparecen como terminadas. La inmobiliaria se comprometió a darles el expediente técnico a estas familias con la condición de que los costos del proceso de regularización lo asuman las familias, con lo cual se sumó a un total de 220 casas ya saneadas técnicamente.
Anota que al grupo restante de las 493 familias que se quedaron sin construcción alguna, la inmobiliaria les ofreció hacer una transacción extrajudicial consistente en la renuncia por parte de las familias al primer contrato de compra – venta de casa y realizar un nuevo contrato, esta vez de compra – venta de un terreno.
Son alrededor de 160 familias las que han aceptado realizar ese nuevo contrato. El costo que ha fijado la inmobiliaria para estos terrenos es de cuatro mil 400 dólares.
“Como este era un proyecto de vivienda social, los costos de las viviendas en un inicio eran cómodos. Iban desde cinco mil dólares hasta ocho mil dólares, pero ya que el Estado otorgaba un bono de tres mil 600 dólares, las familias solo cancelaban el dinero restante de acuerdo a al modelo de casa que compraban”, señala.
Sin embargo, apunta que hoy a esas familias solo se les está reconociendo el ahorro que pusieron (algunas mil, otras mil 200 dólares), con lo cual tienen que cancelar el dinero restante para llegar a los cuatro mil 400 dólares. En cuanto a los bonos familiares, estos se pierden al momento de hacer este nuevo contrato porque este significa que se está renunciando al primero y, por lo tanto, este grupo de familias salen del fideicomiso.
Mientras tanto, a las familias restantes que no quisieron firmar este nuevo contrato, un promedio de 130, la empresa inmobiliaria les ha enviado una notificación de prescripción del contrato, debido a que ya transcurrieron más de 10 años desde la firma del mismo.
Pérez Ortiz manifiesta que la Asociación de Adquirientes que ella presidente ya no puede entrar en defensa de este grupo de familias, pues ellas ya entrarían en un proceso judicial aparte con la inmobiliaria.
ADENDA DE CIERRE
El 22 de febrero de este año, a través de la Carta Nº 137-2019-FMV/GPIS, el Fondo Mi Vivienda se comunicó con el congresista Clemente Flores Vílchez, quien estuvo ayudando a las familias en las diligencias, para comunicarle que “las negociaciones de los términos de la tercera adenda que permita dar cierre al fideicomiso y salvaguardar los intereses de los beneficiarios se encuentran en la etapa final entre el FMC y el promotor, esperándose tener los acuerdos cerrados durante el primer trimestre del presente año”.
Pérez Ortiz señala que han tenido conocimiento que la adenda ya ingresó al directorio para su aprobación, lo cual esperan que se realice sin ningún contratiempo, pues en otras ocasiones también estuvieron a puertas de firmar una adenda de solución y esta al llegar al directorio fue desaprobada.
Señala que del grupo de las primeras 140 familias que fueron beneficiadas, 90 ya tienen por lo menos las escrituras, siendo lo único faltante la ratificación del Fondo Mi Vivienda ante la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP, ya que en el 2010 el Banco de Comercio también renunció a la administración de los recursos y le transmitió la fiducia al Fondo Mi Vivienda, que actualmente aparece en Registros Públicos como administrador de las propiedades.
“Con esta adenda ya se contempla la solución para este proceso, pues al liquidarse el fideicomiso nos transferirán a las 220 familias los títulos de propiedad y a las 160 familias que hicieron la transacción se les dará también la transferencia de su compra – venta de terreno”, explica.
Por ahora solo queda esperar que los ofrecimientos no caigan en saco roto.
Con Resolución Directoral N° 000043-2018-GR. LAMB/DRIN-DSL, suscrita el 22 de mayo del 2018 por el entonces director de Supervisión y Liquidación del Gobierno Regional de Lambayeque, Ángel Liza Chafloque, se aprobó la liquidación de la Ejecución del Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento del Servicio Educativo en el Colegio Militar Elías Aguirre”, cuyo monto de inversión inicial contratado ascendió a 46 millones 915 mil 348.17 soles, además del servicio de supervisión contratado en dos millones 127 mil 272.85 soles.
La ejecución de la obra estuvo a cargo del Consorcio Angamos, integrado por las empresas Ingeniería Civil Montajes – ICM SA y Bauen Empresa Constructora Sau Sucursal Perú, en tanto la supervisión fue contratada con el Consorcio Pimentel integrado por Proyectos Obras Inmobiliarias Cáceres SAC, Insamac Asistencias Técnicas SA y Torres Obando Rolando.
ADICIONALES Y REINTEGROS
De acuerdo al desagregado de la Liquidación de Contrato de Obra como parte de la resolución aludida, la gestión del exgobernador regional Humberto Acuña Peralta pagó al Consorcio Angamos cuatro adicionales de obra, el primero por el importe de 645 mil soles, el segundo por 838 mil 783 soles, prosiguiendo con el tercero equivalente a 822 mil 445 soles, concluyendo con un cuarto adicional, el más significativo, por el monto de tres millones 199 mil soles, los cuales totalizaron en su conjunto cinco millones 408 mil soles.
Es decir, en la obra que costó 46 millones 915 mil 348.17 soles, el gobierno regional adicionó el presupuesto en 11.5 %.
Pero además, el desagregado de liquidación referido incluye información respecto a cinco pagos autorizados y realizados como reintegros netos a favor del Consorcio Angamos por el monto que supera los dos millones 657 mil soles, importe que resulta de haber desembolsado a favor dicho contratista un primer reintegro neto por el Contrato Principal equivalente a un millón 430 mil 891 soles, para luego sucesivamente abonarle como reintegro neto del Adicional de Obra N° 1 de 34 mil 618 soles, prosiguiendo con el pago del reintegro del Adicional N° 2 por 402 mil 63 soles. A este le siguió el abono de 235 mil 136 soles como reintegro neto del Adicional N° 3, para luego concluir con la cancelación de un cuarto reintegro correspondiente al Adicional N° 4 equivalente a 554 mil 412 soles.
En el Acta de Recepción y Entrega de Obra, suscrita el 8 de marzo del 2018 por la comisión nombrada para dicho fin, los representantes del Consorcio Angamos – ejecutor de la obra – como así también la supervisora del proyecto, en este caso el Consorcio Pimentel, se hace referencia a la aprobación al contratista dos ampliaciones de plazo, la primera por 151 días calendario, admitida mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 144-2017-GR. LAMB/PR, y una segunda por 81 días, de acuerdo a la Resolución Ejecutiva N° 316-2017-GR. LAMB/PR, haciendo un total de 712 días para la ejecución de la obra.
AMPLIACIONES DE PLAZO
Según el Acta de Recepción, el proyecto de inversión se inició en su ejecución el 2 de febrero del 2016 y concluyó, con las ampliaciones de plazo aprobadas, el 13 de enero del 2018, es decir después de aproximadamente 232 días del plazo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de Obra N° 10-2015-GR-LAMB/ORAD, suscrito el 16 de octubre de 2015 por el entonces jefe de la Oficina Regional de Administración, Yosip Ibrain Mejía Díaz, y el representante legal común del Consorcio Angamos, Rolando Torres Cruz.
El proyecto de mejora y ampliación del emblemático Colegio Militar Elías Aguirre consideró la ejecución de una serie de componentes para modernizar las aulas pedagógicas, la zona de internado y ambientes complementarios, así como el mejoramiento de servicios médicos y administrativos, la refacción del coliseo cerrado, el comedor estudiantil, el gimnasio y la piscina olímpica; igualmente la mejora del estadio, las diferentes plataformas deportivas y el cerco perimétrico, así también el equipamiento de las aulas pedagógicas, laboratorios, biblioteca, aulas de arte, cómputo, audiovisuales, ambiente de peluquería, incluyendo el equipamiento de los ambientes administrativos, área de internado, coliseo cerrado, gimnasio, piscina olímpica y plataformas deportivas.
VARIOS ADICIONALES
Durante su segunda gestión como gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta firmó 89 resoluciones para aprobar millonarios adicionales para la ejecución de componentes de obras reformulados o no considerados en los expedientes técnicos de cada uno de los proyectos, como así también la prestación de servicios de consultoría de obras y la adquisición de bienes por un monto que supera los 17 millones de soles.
La lucha contra la violencia a la mujer es uno de los aspectos en los que el sistema de justicia ha redoblado sus esfuerzos. Entre el 2017 y el 2018 en Lambayeque se reportó la ocurrencia de siete feminicidios y 11 tentativas de este delito.
La presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones, Ana Salés del Castillo, explica que en el distrito judicial de Lambayeque, donde además están comprendidas las provincias de Jaén, Cutervo y San Ignacio, en el 2017 se judicializaron 10 tentativas de feminicidio y tres feminicidios consumados. De estos procesos, advierte, cuatro fueron sentenciados y nueve están aún en trámite.
En tanto, en el 2018 se registraron 11 tentativas de feminicidio y cuatro feminicidios consumados (uno más que el año anterior), de los cuales cinco casos han sido sentenciados y 10 se encuentran aún en trámite.
Manifiesta además que de las nueve sentencias emitidas entre el 2017 y el 2018 todas han sido a penas efectivas, siendo la mayor una de 35 años registrada en el 2017, mientras que en el 2018 la condena mayor fue de 25 años.
“Varios de estos casos han terminado por una conclusión anticipada del proceso, lo que implica una reducción de la pena para el sujeto acusado en razón de haber aceptado los cargos”, anota.
CIFRAS NO RECONOCIDAS
La ex presidente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque alerta que existe una “cifra negra” que no se encuentra visibilizada a nivel nacional y que corresponde a la diferencia de cifras entre los feminicidios y tentativas que consigna el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables – MIMP, y los que realmente ocurren.
Manifiesta que esto se debe a que las cifras que consigna el MIMP son solo de los casos atendidos a través de los Centros de Emergencia Mujer –CEM. “O el Ministerio de la Mujer no se abastece para atender todos los casos de feminicidio que tenemos o la población todavía no acude a estos centros para ser atendida” señala.
Indica que según el reporte del MIMP, entre el 2009 y el 2019 Lambayeque registró 32 casos de feminicidios. En lo que va del 2019, en este departamento se registra un feminicidio y tres tentativas de este delito, a diferencia de otros departamentos como Tumbes y La Libertad, donde este año aún no se registra ningún feminicidio. Aunque es preciso resaltar que este último figura junto a Cusco, Lima y Ayacucho como los departamentos donde se registra el mayor número de feminicidios a nivel nacional.
Justamente a nivel nacional es que las cifras entre el 2014 y el 2018 han ido creciendo. En el 2014 se consignaron 96 feminicidios, en el 2015 se registraron 95, en el 2016 fueron 124, en el 2017 se llegó a 121 y el 2018 cerró con la cifra más alta, 146.
GÉNESIS DEL DELITO DE FEMINICIDIO
Por otro lado, la magistrada señala que el delito de feminicidio se incorporó recién en el 2011 en el Perú a través de la Ley Nº 29819, autógrafa que modificaba el Artículo 107 del Código Penal referente al homicidio calificado, agregando un tercer párrafo en el que se señalaba que si la víctima era cónyuge o conviviente del autor de delito o estuvo ligada a él por una relación análoga, este delito tendría el nombre de feminicidio.
Anota que luego en el 2013 este artículo fue modificado por la Ley Nº 30068, en la cual ya se incluye al feminicidio como un tipo penal independiente, a través del Artículo 108-B del Código Penal. En este artículo se reprime al agente que mata a una mujer por su condición de tal ya no solo en el contexto de violencia familiar, sino también en el de coacción, hostigamiento o acoso sexual; abuso de poder, confianza o de cualquier otra posición o relación que le confiera autoridad al agente; y cualquier forma de discriminación contra la mujer, independientemente de que exista o haya existido una relación conyugal o de convivencia con el agente.
“Este ya es un tipo autónomo fuera del homicidio calificado porque ya se están previendo los contextos en los que se va a sancionar esta conducta y sobre todo se tiene la premisa de que se comete este delito porque se mata a la mujer por su condición de tal”, asevera.
AGRAVANTES
Añade que en el 2017 este artículo fue modificado por el Decreto Legislativo Nº 1323, en el que se incorporaron agravantes a este delito, como que la víctima sea adulta mayor o tenga discapacidad (también se cambia el término padece por tiene), o el sometimiento a trata de personas o cualquier tipo de explotación humana. Además, agrega el inciso 8 sobre la comisión del hecho delictivo por parte del sujeto cuando este tiene conocimiento de la presencia de hijos de la víctima o de niñas, niños o adolescentes que se encuentren bajo su cuidado.
Apunta que este decreto legislativo también fue modificado el 13 de julio del 2018 a través de la Ley Nº 30819, en la cual se añaden dos agravantes más: la actuación del sujeto en estado de ebriedad, con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor de 0.25 gramos-litro, o bajo efecto de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o sintéticas; y si en la comisión del delito estuvo presente cualquier niña, niño o adolescente, independientemente si estos fuesen hijos de la víctima o estuviesen a su cuidado.
“De esta forma se va ampliando el tipo penal para tratar de abarcar todos los contextos en los cuales la mujer puede ser víctima de afectación no solo al bien jurídico vida, sino también a la igualdad”, sostiene.
ESTRUCTURA TÍPICA DEL DELITO
Asimismo, explica que en la estructura típica de este delito habrá un sujeto activo que siempre deberá ser un hombre (la Corte Suprema de Justicia a través de su Acuerdo Plenario Nº 001-2016 dilucidó una discusión doctrinaria sobre si el sujeto activo también podía ser una mujer), y un sujeto pasivo que será la mujer.
Señala que el bien jurídico del que se trata en los casos de feminicidios es la vida humana, pero también se encuentra la igualdad. “El hombre mata a la mujer por el contexto de desigualdad. Él considera que la mujer es una cosa, que él es su dueño y que por lo tanto la mujer debe serle fiel, debe cocinarle, debe trabajar para él y cuidarle a los hijos para él”, advierte.
En cuanto a la acción típica, indica que el resultado tiene que ser la muerte de la mujer para poder cometer este delito, aunque también se da por grados. Si no se logra la consumación del delito, estamos hablando de una tentativa de feminicidio.
En tanto, manifiesta que el comportamiento puede ser por acción, es decir mata directamente, o comisión por omisión, cuando el sujeto omite realizar una actividad que se le está obligada.
Adiciona que en los elementos del tipo objetivo debe presentarse la condición de mujer; idoneidad lesiva de la conducta, es decir, querer que esa conducta se desarrolle en agravio de la mujer; probabilidad de muerte y la creación directa de un riesgo a un bien jurídico.
Mientras que en la tipicidad subjetiva, señala que este es un delito eminentemente doloso, lo cual sugiere que el agente tiene intención y conocimiento de querer realizar la conducta. No obstante, señala que también se admite el dolo eventual.
Al respecto, cita el Acuerdo Plenario Nº 001-2016 de la Corte Suprema de Justicia, el cual señala que el dolo no implica para el delito de feminicidio “un conocimiento certero de que producirá el resultado muerte. Es suficiente que el agente se haya representado, como probable, el resultado. Por ende, el feminicidio puede ser cometido por dolo directo o dolo eventual”.
En dicho acuerdo se señala que para dilucidar la verdadera intencionalidad del sujeto activo deben considerarse diversos criterios como la intensidad del ataque, el medio empleado, la vulnerabilidad de la víctima, el lugar donde se produjeron las lesiones, los indicios del móvil y el tiempo que medió entre el ataque a la mujer y su muerte.
“No podemos considerar que la quiso matar porque le dio una bofetada. Será otro delito, pero no será feminicidio. Tenemos que ver el contexto situacional en el que se produce la agresión para poder establecer que nos encontramos frente a un delito de feminicidio ya sea en grado de tentativa si es que no logro consumarse o en grado consumado”, sostiene.
Además, explica que se adiciona un elemento subjetivo de naturaleza trascendente, el cual es que la muerte de la mujer se dé por su condición de tal. Para entender esto afirma que es necesario ir al Artículo 4.3 del reglamento de la Ley Nº 30364 – “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”, donde se señala que la violencia contra la mujer por su condición como tal es entendida como toda “manifestación de discriminación que inhibe gravemente la capacidad de las mujeres de gozar de derechos y libertadas en pie de igualdad, a través de relaciones de dominio, de sometimiento y subordinación hacia las mujeres”.
Preocupante. Pese a que el 22 de octubre del año pasado el fiscal Sergio Zapata Orozco, jefe del equipo especial dedicado exclusivamente al caso “Limpios de la corrupción” dio por concluida la investigación preparatoria, hasta el momento los peritos contratados por el Ministerio Público para determinar si los involucrados tienen o no desbalance patrimonial no elevan sus informes finales. Así lo confirmó en exclusiva a Expresión el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, quien refiere que tratándose de un caso complejo es entendible la demora. Sin embargo, existe el riesgo de que dichos elementos probatorios sean impugnados si es que se inicia el proceso por lavado de activos contra el exalcalde Roberto Torres Gonzales y sus exfuncionarios.
Fue una disposición del propio fiscal Zapata Orozco la que fijó que los peritajes debían elaborarse entre diciembre del 2017 y abril del 2018, tiempo que evidentemente se excedió, dando este por concluida la fase de investigación preparatoria en octubre del año pasado, por lo que, de acuerdo al Código Procesal Penal, el agente del Ministerio Público debería haber formulado la acusación por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir contra los investigados.
Empero, pese a que ha trascurrido más de cuatro meses desde el fin de la etapa preparatoria, Zapata Orozco no formula acusación. Esto, tal como lo explica el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, porque los peritajes aún no se concluyen.
Arteaga Vera conversó ampliamente con Expresión sobre este y otros importantes casos que tiene el Ministerio Público en Lambayeque, como también de las carencias que enfrenta la institución a diez años de aplicado el Nuevo Código Procesal Penal en la jurisdicción.
Al crearse el Sistema Anticorrupción el Poder Judicial dispuso que los casos sobre corrupción de funcionarios sean transferidos a los juzgados especializados. Así, por ejemplo, el caso “Limpios de la corrupción” pasó del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria al despacho del juez Reynaldo Leonardo Carrillo. ¿Por qué si el Ministerio Público también tiene fiscalía especializada en corrupción de funcionarios el caso “Limpios” se mantiene en la Tercera Fiscalía Provincial Penal con el fiscal Sergio Zapata?
Cuando empezó el caso no existían las fiscalías anticorrupción. Los fiscales que empezaron ya conocían este caso, lo han seguido conociendo, lo ven hasta ahora y no sería correcto que a estas alturas el caso sea visto por los fiscales anticorrupción cuando ya existe un grupo Ad hoc que viene llevando el caso, salvo que las circunstancias permitan establecer que ya está terminándose y se tomaría la decisión en su momento oportuno.
La investigación en el caso “Limpios de la corrupción” concluyó en octubre del año pasado por disposición del fiscal Zapata Orozco, pero hasta el momento no hay acusación por lavado de activos ni asociación ilícita, que son los delitos madre por los que fueron enviados a prisión preventiva Roberto Torres y sus funcionarios. Tampoco se sabe si ya existen los peritajes, porque hasta donde se conoce estos no han sido trasladados a la defensa de los investigados para su confrontación. ¿Qué sabe al respecto como titular del Ministerio Público?
En ningún momento se ha vulnerado el derecho a la defensa de los investigados. En su momento se les notificará la pericia que se emita. Los fiscales han emitido los informes a presidencia y puedo decir que en el caso “Limpios de la corrupción” hay a la fecha 29 condenas.
Pero las condenas son por casos desacumulados, no por lavado de activos ni asociación ilícita que son los delitos madres…
El caso de lavado de activos y asociación ilícita no se ha culminado y está pendiente de presentar el requerimiento acusatorio. Tan complejo es el peritaje que ni los mismos peritos, que son tres contadores, no terminan el análisis final de los tantos tomos que consta el caso. Son más de diez investigados y abundante la información recopilada. Eso lo han informado los fiscales, están en la etapa final de la elaboración de la pericia y el fiscal Sergio Zapata Orozco debe estar emitiendo su requerimiento acusatorio en los próximos días.
Usted ha sido fiscal coordinador de la Primera Fiscalía Provincial Penal y de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones, ¿cuál es el plazo que se tiene desde que un fiscal concluye una investigación preliminar para que presente el requerimiento acusatorio?
He conocido los casos, en segunda instancia, de lavado de activos, incluido el de “Los limpios de la corrupción”. Un caso de violencia familiar, de lesiones leves o de omisión a la asistencia familiar implica pues que a los 15 días se emita un requerimiento acusatorio, una vez concluida la investigación, pero en este caso es una investigación compleja y los abogados tienen a su disposición la carpeta, al órgano jurisdiccional para que tutele las garantías que estime pertinentes y están trabajando en ello los fiscales. Están en la última parte de este caso antes de llegar a la etapa intermedia del requerimiento acusatorio.
Los mismos proveídos y disposiciones del fiscal Zapata Orozco establecieron un plazo máximo para que los peritos entreguen sus informes (abril 2018). Lo que se ha descubierto en el tiempo es que los peritos fueron contratados para dos fases, cuando estas, en documentos, no existen. Nunca se dijo que las pericias se habrían en dos etapas. Por otro lado, el juez Leonardo Carrillo negó una prórroga de la pórroga de los plazos considerando que los tiempos ya se habían agotado. ¿Puede la comunidad de Lambayeque entender que a marzo del 2019, a meses de cumplirse cinco años de iniciado el caso, los peritos todavía siguen investigando el presunto lavado de activos?
Los peritos no investigan, elaboran un informe pericial. El cuestionamiento tiene que verse no en este momento, sino en el órgano jurisdiccional cuando finalmente se presente la pericia. Se correrá traslado en etapa intermedia, podrán hacer las observaciones, (los investigados) podrán presentar su pericia de parte, en fin… Es en la misma actividad jurisdiccional donde se va a discutir la pertinencia de las pericias, el contenido y las conclusiones.
¿Cabe la posibilidad de que sean impugnadas?
Las partes están asesoradas por sus abogados…
¿El Ministerio Público es consciente que así como el juez puede declarar válidas las pericias también puede desestimarlas por haberse agotado los tiempos?
El pronunciamiento sobre las pericias corresponde a las partes procesales, a los abogados.
Sobre el caso “Temerarios del crimen”. El presidente de la Corte Superior de Lambayeque, Óscar Burga Zamora, señaló que el caso debió iniciarse en la Fiscalía Anticorrupción y no en la de Crimen Organizado, que es la que actualmente revisa la carpeta. ¿Su opinión es…?
Respecto a la posición del presidente de la Corte, este caso lo inició la Fiscalía de Crimen Organizado y en todo caso si se discutiera la competencia que se haga en el órgano jurisdiccional. Nosotros los fiscales estamos preparados para afrontar esas investigaciones. Sea FECOR o sea la Fiscalía Anticorrupción, el lambayecano debe saber que las investigaciones son llevadas a cabo con transparencia, con objetividad sobre todo, para que no se diga que se está llevando la balanza para uno u otro lado.
Es un caso emblemático que ha llamado la atención y es por eso que Lima, a través de la Fiscalía de la Nación, ha repotenciado la Fiscalía Contra el Crimen Organizado.
¿Está usted conforme con las sentencias por conclusión anticipada dictadas contra Antonio Becerril Rodríguez y Boris Bartra Grosso, a cuatro años de prisión suspendida, en el caso “Temerarios del crimen”, considerando que esta se dio previo acuerdo con la fiscalía y hoy se conoce que ambos estuvieron involucrados en más hechos de corrupción? ¿No son penas benignas? ¿Qué le han informado sus fiscales?
Las investigaciones y las sentencias se dan con autonomía y en eso no interviene mi presidencia. En todo caso lo positivo y correcto es que se ha logrado una condena. Corresponde a la estrategia del fiscal si alguno de esos condenados será testigo en otro proceso y colaborará para ayudar a descubrir algún otro hecho cometido por funcionarios de mayor rango. Si la crítica es porque se trata de una pena suspendida, la respuesta es que no es el único delito por los que están incursos y finalmente las penas se suman.
¿Esas penas podrían ser variadas?
Las sentencias que han adquirido la condición de cosa juzgada ya no pueden variarse, pero de llegar a establecerse la responsabilidad sobre otros delitos las penas se suman.
¿Ha rebasado la capacidad del Ministerio Público en Lambayeque la existencia de tantas organizaciones criminales? En el 2010 fue la banda de “El Burro”, en el 2011 “La Gran Familia”, en el 2012 “El Clan del Norte”, en el 2014 “Los Limpios de la Corrupción”, en el 2015 “Los intelectuales de Lambayeque”, “Los Wachiturros”, “La hermandad del norte” y ahora “Los Temearios”, además de otras menos medáticas.
El Ministerio Público no va a terminar con las organizaciones criminales, es una realidad. Las organizaciones criminales existen en nuestro medio, pero en La Libertad todos los días, casi, hay una muerte por ajuste de cuentas ejecutada por sicarios. En Lambayeque hace más de dos años no tenemos esos casos. Se ha logrado contener a la fecha esa ola de violencia.
No digo que aquí se vive la felicidad total, pero el Ministerio Público viene desarticulando a través de los megaoperativos y las escuchas telefónicas con orden judicial, con saldo positivo. Tenemos 126 personas con prisión preventiva requerida por la Fiscalía del Crimen Organizado. Estamos en una situación expectante.
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La semana que pasó la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo y la Policía Anticorrupción intervinieron en la Municipalidad Provincial de Chiclayo por una denuncia contra la subgerente de Sanidad y Vigilancia Sanitaria, Berenice Morales Vega, quien presuntamente no cumpliría con el perfil profesional para ocupar este cargo, toda vez que es tecnóloga médica. A raíz de este hecho, Expresión indagó cuántos son los funcionarios que el alcalde provincial Marcos Gasco Arrobas ha cambiado en poco más de dos meses de gestión edil. El resultado es contundente.
Gasco Arrobas no solo ha cambiado a 23 de sus funcionarios en las distintas áreas de la municipalidad, sino que en el portal web de la municipalidad hay resoluciones de alcaldía que no aparecen publicadas y otras tantas en las cuales hay errores que generan suspicacia, llevando a pensar que no se ha sabido, si quiera, en qué puestos fueron nombrados determinados profesionales.
ROSARIO DE CAMBIOS
El 2 de enero de este año, con la Resolución de Alcaldía Nº 017-2019, se designó como secretario general a Ismael Gómez Silva, quien había ocupado el mismo puesto en la corta gestión de Guillermo Segura Díaz. Tan solo nueve días después, el 11 de enero, Gasco Arrobas dio por concluida su designación mediante la Resolución Nº 056-2019, siendo reemplazado por Cinthya del Milagro Flores Huamanquispe.
Ese mismo día se designó con la Resolución Nº 006-2019 a Johanna Alarcón Torres como subgerente de Logística y Servicios Internos, cuya renuncia fue aceptada el 8 de enero mediante Resolución Nº 046-2019. Alarcón Torres duró en el cargo seis días y fue reemplazada por Edgardo Siadén Ortega.
Más fugaz aún fue la permanencia en el cargo de Segundo Hoyos Alarcón, quien fue nombrado el 10 de enero como subgerente de Registro Civil a través de la Resolución Nº 053-2019, para ser cesado cuatro días después con la Resolución Nº 062-2019, entrando en su lugar Manuel Lozano Barragán.
Un poco más duró en el cargo del procurador público municipal Aldo Piccini Solís, quien fue nombrado con la Resolución Nº 016-2019, del 2 de enero, y permaneció hasta el 16 del mismo mes, día en que se dio por concluida su designación mediante la Resolución Nº 067-2019, asumiendo la procuraduría Fermín Valdivieso Villena.
Con la Resolución Nº 012-2019, también del 2 de enero, fue designado en la Gerencia de Desarrollo Vial y Tránsito Arquímedes Muñoz Zambrano, funcionario que estuvo en el cargo hasta el 6 de febrero, fecha en que se dio por concluido su nombramiento con la Resolución Nº 154-2019, ingresando en su lugar Segundo Soraluz Piñella, quien era asesor técnico de la Gerencia Municipal desde el 11 de enero. En su reemplazo como asesor ingresó Ricardo Romero Rentería, exfuncionario de la gestión regional de Humberto Acuña Peralta. Su nombramiento se dio con la Resolución Nº 251-2019, del 18 de febrero.
La Gerencia de Seguridad Ciudadana y Fiscalización también sufrió cambios. Mediante la Resolución Nº 008-2019 fue designado el 2 de enero en esta área Walter Catter Arteaga, cuya permanencia fue hasta el 31 de enero, día en que le removió de funciones con la Resolución Nº 126-2019, siendo reemplazado por Luis Enrique Miranda Orué.
El 3 de enero, por medio de la Resolución Nº 024-2019, fue nombrado como subgerente de Planeamiento y Racionalización César Méndez López. Sin embargo, este renunció antes de cumplir el primer mes, siendo aceptada su dimisión el 31 de enero con la Resolución Nº 125-2019, asumiendo el puesto Óscar Petroni Arana.
En el Centro de Gestión Ambiental fue designada también el 3 de enero, a través de la Resolución Nº 028-2019, Sirley Bernabé Orellano (también exfuncionaria de Humberto Acuña). Esta presentó su renuncia posteriormente, la misma que fue aceptada el 5 de febrero mediante la Disposición Nº 149-2019, entrando en su lugar Óscar Ahumada Ramos, quien venía ejerciendo como jefe de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos desde el 11 de enero. En reemplazo de este funcionario ingresó Adriana Ghersi Burga, nombrado con Nº 153-2019.
El 10 de enero con la Resolución Nº 052-2019 fue designado Guillermo Billinghurst Aguilar en la Subgerencia de la Guardia Municipal, Urbana y Serenazgo. Este comandante de la Policía renunció y su dimisión fue aceptada el 5 de febrero con la Resolución Nº 150-2019. En su reemplazo ingresó Eber Marquez Howard.
LOS QUE DURARON MÁS
Una de los funcionarias de este grupo que más tiempo duró en el cargo fue Kelly Capuñay Capuñay, quien con la Resolución Nº 033-2019, del 3 de enero, a la Subgerencia de Promoción Empresarial y Formalización, de la cual salió el 26 de febrero con la Resolución Nº 261-2019. En su reemplazo ingresó esa misma fechaSegundo Bocanegra Campos, según consta en la Resolución Nº 264-2019, quien había sido hasta el 22 de febrero gerente de Planeamiento y Presupuesto. Dicho sea de paso, esta gerencia aún tiene el puesto vacante.
Érin Muguerza Benel fue nombrado como subgerente de Participación Vecinal el 2 de enero a través de la Resolución Nº 020-2019 y ocupó el cargo hasta el 15 de febrero, fecha en que se dio por concluida su designación con la Resolución Nº 247-2019. En su lugar asumió Yhusley Angulo Angulo.
El 26 de febrero, con Resolución Nº 260-2019, se dio por concluida la designación del entonces subgerente de Tránsito y Seguridad Vial,Juan Huamán Rodríguez, quien ejercía funciones desde el 3 de enero. En su reemplazo ingresó Luis Enrique Farro Mori.
En tanto, en la Subgerencia de Imagen Institucional estuvo en un primer momento José Zegarra Huamán, quien ingresó con la Resolución Nº 079-2019, del 17 de enero, a pesar de ser bachiller en Ingeniería de Sistemas y Computación. Su designación se dio por concluida el 1 de marzo con la Resolución Nº 284-2019, ingresando en su lugar Pavel Toro Gálvez.
En tanto, en la Gerencia de Asesoría Jurídica hubo dos cambios. Inicialmente ocupó el cargo el 2 de enero Milagro Carranza Farro, nombrada con la Resolución Nº 018-2019. El 26 de febrero se dio por concluida su designación, a través de la Resolución Nº 263-2019, y ese mismo día se le encargó esta gerencia a la subgerente de la Secretaría General Cinthya Flores Huamanquispe. Su encargatura culminó el 4 de marzo con la Resolución Nº 291-2019. En su lugar asumió funciones José Flores Cabanillas.
ERRORES Y OMISIONES
La Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia ha tenido tres funcionarios en su cargo. El 2 de enero fue nombrado como gerente Alfredo Gonzales Loayza mediante la Resolución Nº 010-2019 (dicho documento fue corregido, porque en el área decía: Gerencia de Administración y Finanzas).
Seis días después, el 8 de enero, se le encargó el puesto a través de la Resolución Nº 047-2019 a Vianca Elizabeth Uriarte Delgado, quien ejercía en ese momento como subgerente de Educación, Cultura, Juventudes y Turismo. Para asumir esta subgerencia tuvo que corregirse su resolución con una fe de erratas porque se le consignó como licenciada, cuando es bachiller. El encargo que ocupó en la Gerencia de Desarrollo Social y Promoción de la Familia duró hasta el 15 de febrero, fecha en la cual se dio por concluida su encargatura.
Ese mismo día, con la Resolución Nº 250-2019, se designó en este puesto a Marco Barboza Burga. Se desconoce qué pasó con Alfredo Gonzales Loayza, pues al menos en el portal web de la municipalidad no se consigna ningún documento que señale cuándo se aceptó su renuncia o concluyó su designación.
En la Subgerencia de Obras Privadas ocurre un caso particular. El 3 de enero se designó a través de la Resolución Nº 022-2019 a Karen Vargas Enríquez para que se haga cargo provisionalmente hasta el 10 de enero de este despacho. Con la Resolución Nº 034-2019, también del 3 de enero, se nombró a Carlos Huanambal Coral como subgerente de esta área (con una fe de erratas se corrigió el nombre de su cargo que inicialmente aparecía como subgerente de Obras Privadas y Control Urbano por subgerente de Obras Privadas).
El 11 de enero, a través de la Resolución Nº 061-2019 (que no aparece en el portal web de la comuna), se designó a Luis Farro Mori como nuevo subgerente de Obras Privadas, función que concluyó el 26 de febrero con la Resolución Nº 262-2019, ingresando en su lugar Walter Pérez Serrano. ¿En qué momento se concluyó la designación de Huanambal Coral para que entre en su lugar Farro Mori?
La explicación tal vez se halle en la Subgerencia de Control Urbano y Supervisión donde el 1 de marzo, con Resolución Nº 286-219, se dio por concluida la designación de Carlos Huanambal Coral al mando de esta. ¿Será que en realidad la Resolución Nº 034-2019 debió consignar que se nombraba a Huanambal Coral como subgerente de Control Urbano y Supervisión en vez de subgerente de Obras Privadas?
Finalmente, en la Gerencia de Administración y Finanzas y la Subgerencia de Tesorería y Finanzas hay un nombre bastante recurrente: Juan Carlos Ibáñez Álvarez. En un inicio, la gerencia antes mencionada era ocupada por Fredy Medianero Montalvo, quien ingresó con la Resolución Nº 009-2019, del 2 de enero, y permaneció en el cargo hasta el 26 de febrero, fecha en la que se aceptó su renuncia con la Resolución Nº 269-2019.
Esta gerencia pasó a ser encargada a Ibáñez Álvarez el 22 de febrero mediante Resolución Nº 257-2019, quien ejercía funciones como subgerente de Tesorería y Finanzas desde el 3 de enero. Lo curioso de este caso es que el 1 de marzo se concluyó su designación en esta subgerencia a través de la Resolución Nº 288-2019 para designarlo ya oficialmente ese mismo día como gerente de Administración y Finanzas (Resolución Nº 289-2019), cargo que hasta ese momento venía ocupando solo por encargatura. Sin embargo, el mismo día mediante la Resolución Nº 290-2019 se le encargó la subgerencia de la que acababan de cesarlo.
Luis Díaz Campodónico es un reconocido experto en el tratamiento de residuos sólidos, doctor en Ingeniería Ambiental por la Universidad de California y con una amplia experiencia como asesor del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo del Asia y la Agencia de Desarrollo de los Estados Unidos. En su reciente visita a Chiclayo, conversó con Expresión sobre la severa problemática que existe en las ciudades peruanas por el mal manejo de la basura y planteó algunas de las medidas más urgentes que deben adoptar las autoridades y ciudadanos frente a la contaminación del medioambiente.
“La problemática de la basura no se limita a Chiclayo, es a nivel nacional. Para solucionarla es necesario tomar varios temas, partiendo por una completa educación a la población y a los funcionarios públicos. Es necesario también tener el tipo de empleados que conozcan sobre el tema. Es así como se comienza a organizar algo bien, porque aquí nos falta desde el mantenimiento de los equipos hasta el entrenamiento del personal y, a nosotros los ciudadanos, actitud de cooperación”, menciona el especialista, doctor en ingeniería por la Bauhaus Universidad de Weimar, Alemania.
Díaz Campodónico, quien ha participado en programas de mitigación de impactos ambientales en 45 países, sostiene que en Lambayeque se carece de un plan de ciudades o a nivel regional que indique qué acciones se van a adoptar frente a la acumulación de basura.
LA EDUCACIÓN VECINAL
Refiere que los objetivos del Proyecto Chiclayo Limpio, financiado en mayor proporción por la cooperación suiza, es bueno en la medida que abordan el recojo, transferencia y disposición final de los residuos sólidos generados en la zona conurbada, incluyendo además una línea de trabajo referida a la educación de la población.
“Aplicar un plan de educación es fundamental, no solamente la infraestructura. A nivel continental, desde México hasta Chile, no tenemos profesionales preparados para manejar este tema. Siempre se busca a ingenieros sanitarios, pero estos están preparados para manejar agua potable, agua residual y muy poco para el tratamiento de los residuos sólidos modernamente. No estamos preparados a nivel regional”, manifiesta Luis Díaz.
Anota que los programas educativos deben ser liderados por los gobiernos municipales en el afán de instruir a la población en el tratamiento correcto de los residuos, lo que implica la segregación (selección de la basura).
“Debe quedar claro que nosotros somos los que contribuimos a la problemática. Desde que nos despertamos ya estamos generando residuos, ya sea líquidos o sólidos. Nosotros somos los que botamos sin ninguna pena, sin ningún cuidado, los residuos a la calle y lo mismo hacemos desde nuestros hogares: sacamos la basura a la calle y creemos que ya no es nuestro problema. Yo estoy expandiendo la definición educativa a nivel profesional y repito: no tenemos profesionales preparados para manejar este problema”, asevera.
EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS
Díaz Campodónico, quien participó en la formulación de Cuarto Informe de Evaluación del Panel Intergubernamental del Cambio Climático – IPCC (por sus siglas en inglés), institución que recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2007, señala que la solución al problema de los residuos sólidos no es solamente competencia de los ingenieros.
“El Perú no tiene ingenieros especialistas en residuos, no tiene universidades preparando a profesionales para estos temas. Pero también se necesita de profesionales en sociología, derecho, economía y una serie de disciplinas que son prioritarias para manejar la problemática, e incluso mecánicos que puedan mantener o dar un buen tratamiento a los equipos, porque ese es un aspecto muy serio. El mantenimiento a las unidades compactadoras debe ser diario, porque tienen funcionamiento hidráulico, porque cuando se dañan no hay los repuestos para repararlas y se quedan inutilizables. El problema es complejo”, indica.
Añade que la falta de profesionales especializados en el manejo de residuos sólidos se presenta incluso en países desarrollados, lo que impide que los gobiernos convoquen a especialistas realmente preparados para afrontar el problema.
POLÍTICA NACIONAL
Refiere también que es necesaria una política nacional relacionada al adecuado tratamiento de la basura. En la región, Brasil es el único país que se ha propuesto – hasta momento – una política pública orientada en ese sentido.
“Es importante una política nacional porque de ella surgen las leyes, las sanciones y las medidas de solución, también las competencias de los niveles de gobierno. Como eje trasversal está la educación, que va desde el ámbito formal, que involucra al nivel primario, secundario y superior, hasta la informal, que es la que se da a los ciudadanos en sus casas y espacios. La idea general debe ser que todos aprendan a respetar el manejo del medioambiente”, señala.
Explica que lo ideal para una población sería no generar residuos sólidos, pero ante esa imposibilidad lo recomendable es reducir su producción. Logrado ello, antes de llevar la basura a un destino final que reúna condiciones técnicas y amigables con el medioambiente, refiere que es recomendable optar por el reciclaje.
“La industria peruana usa mucho material reciclado como el papel, el cartón, algunos tipos de plásticos y metales, pero también se genera algún tipo de residuos que se debe depositar y esto debe hacerse en las condiciones correctas; es decir, en un relleno que no contamine el suelo, el acuífero o el aire. Lo que tenemos en Chiclayo, en las pampas de Reque, es un desastre. No hay manejo de basura, se está botando y quemando indiscriminadamente cuando eso no es necesario. El tratamiento de la basura demanda de técnicas relativamente simples, solo que hay que saber cómo hacerlo”, precisa.
EXPERIENCIAS REFERENCIALES
Comenta que los mejores ejemplos de cómo se trata de manera correcta la basura están en países industrializados como Alemania o Japón.
“Son países que han evolucionando y en 50 años han logrado manejar bien sus residuos, pero esas políticas han ido cambiando en el tiempo. Japón, por ejemplo, que es una serie de islas tiene terreno limitado y entonces aplica la incineración, lo mismo que en algunos otros países de Europa. Esto significa que no se puede decir: ‘Me voy a Tokio y aprenderé cómo manejar los residuos’. Se aprenderá, pero solo algo que será útil. En América Latina las grandes zonas metropolitanas recién están empezando a manejar sus residuos de manera correcta. En el pasado Brasil o Colombia se basaron en modelos de disposición de toda la basura en el suelo y de ahí evolucionaron a rellenos medianamente eficientes. No podría decir: ‘Vayan a Cali que ahí encontrarán lo mejor’, porque no lo hay. En el Perú, lamentablemente, estamos menos que en pañales”, refiere.
En América Latina la producción de basura por persona es de aproximadamente 60 gramos al día, de los cuales el 80 % son residuos de alimentos.
“Es importante que el usuario sepa a dónde van sus residuos. Los vecinos sacan su bolsa de basura a la calle y se olvidan del problema, pero ¿sabe cuánto cuesta el tratamiento de la misma?, ¿sabe a dónde va? Lo otro que es necesario mejorar son los programas de reciclaje. He visto que se segregan vidrios, plásticos y papeles, pero a la hora que pasa el camión recolector lo mezcla todo y entonces el vecino se pregunta para qué se esfuerza en clasificar si finalmente se mezcla y así va al botadero. Es un asunto muy complejo e integral”, sostiene.
Finalmente, Luis Díaz señala que los actos de corrupción, como los sucedidos en la provincia con el Proyecto Chiclayo Limpio, terminan agudizando el problema.
“Siempre digo que la basura es un negocio muy sucio y eso en doble sentido. Por donde voy, en países en vía de desarrollo, siempre hay corrupción y el tratamiento de la basura se presta a eso porque no se le da seguimiento. Al contratista se le paga por peso, por cuántas toneladas lleva al relleno sanitario, pero al mismo tiempo existen quienes a la basura le agregan agua o piedras para que pese más y cobrar más. Eso pasa. No en todo el mundo sucede, pero es un negocio que permite hacer esas cosas”, enfatiza.
