A fines de este mes la comisión especial encargada de la designación de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia – JNJ, organismo que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura – CNM, emitirá sus resultados. De los 29 postulantes que han pasado a la última fase, solo siete serán elegidos. En el norte del país, el único candidato que ha superado hasta el momento las etapas es el abogado Tito Esteves Torres, quien conversó con Expresión sobre el sistema de justicia y los aspectos que – en su opinión – impiden que la aplicación de la norma procesal penal preserve su originalidad.
Esteves Torres es magíster en Derecho Civil y Comercial, y en Litigación Oral, además de doctor en Derecho, docente universitario en materia Penal y Criminología, y Derecho Procesal, así como presidente del Instituto Latinoamericano de Litigación Oral – ILALO. Fue becario de CEJA América y ejerce la profesión hace 27 años.
Por su experiencia como abogado penalista, ¿cuánto cree que ha mejorado la administración de justicia en la última década, precisamente desde que se aplicó el Nuevo Código Procesal Penal en el Distrito Judicial de Lambayeque?
Me parece que a los magistrados todavía les cuesta un poco internalizar todo lo que es el nuevo modelo procesal penal que se aplica desde el año 2009. ¿Por qué digo esto? Porque en el nuevo modelo, que es de tipo acusatorio, adversarial, solamente las partes en conflicto, en este caso el Ministerio Público y el imputado, son las que deben proveer de medios probatorios al juez a efectos de que este resuelva de una manera imparcial el hecho que es puesto a su consideración.
Vemos en la práctica que los jueces, lejos de mantener imparcialidad frente a los actores procesales, tienden a buscar llegar a la verdad, cuando eso le corresponde al Ministerio Público o al acusado. Eso merma o trastoca la imparcialidad.
¿Quiere decir que aún quedan rezagos del viejo código en cuanto al desempeño del juez?
Exacto y eso se puede ver en los juicios orales. A veces el Ministerio Público o la defensa técnica no provee la información necesaria para que el juez pueda tener una visión completa del asunto y este se toma licencias en indagar, en preguntar a los órganos de prueba para obtener la información. Es decir, de alguna forma se sustituye a la función de las partes y eso vulnera uno de los principios fundamentales que es el de la imparcialidad.
El juez debe ser imparcial, quienes deben proveer la información son las partes y no el juez buscar la información para lograr la verdad.
¿Y esto permite, por ejemplo, que se cometan algunos excesos en la admisión de medidas cautelares como interceptaciones, allanamientos, mandatos de comparecencia o prisiones preventivas?
Se ha tocado un tema que en realidad sí nos preocupa. Sin temor a dudas todos los requerimientos de allanamientos, de detenciones preliminares, de levantamiento del secreto de las comunicaciones y otros más se hacen en virtud a notas de inteligencia, a declaraciones de aspirantes a colaboración eficaz o información policial.
En realidad, eso sí preocupa, porque en las notas de inteligencia no se sabe cuál es la fuente de información. Si bien la ley permite que se reserve la identidad de la fuente, por un asunto de garantía el juez sí debería conocer quién es, porque es muy fácil elaborar un documento y afirmar que por notas de inteligencia se ha obtenido tal o cual información.
Como ya ha sucedido en importantes casos en Lambayeque…
Así es, ya ha sucedido. En el caso de los aspirantes a colaboradores eficaces la norma exige un mínimo de corroboración. Pero, ¿qué está pasando? Lo que el Ministerio Público trata de corroborar no es el hecho materia de imputación. Por ejemplo, si alguien se le imputa ser autor del delito de homicidio y existe un aspirante a colaborador, la fiscalía no corrobora la información respecto a la autoría del hecho o la vinculación del hecho, no se preocupa en corroborar eso.
Si el colaborar dice que vio a la persona que ingresó a determinado inmueble, la fiscalía va y verifica si el inmueble existe. Esos temas sí preocupan.
Hoy se han puesto muy de moda los informes policiales, que los suscribe un instructor y en los que se da cuenta que determinada persona está incurriendo en determinado delito y eso es suficiente para que el Ministerio Público solicite a la autoridad judicial que se autorice el allanamiento, la detención preliminar o el levantamiento del secreto de las comunicaciones.
¿Hay una actitud facilista en algunos fiscales, porque siendo estos los que tiene la responsabilidad de la carga probatoria al basarse solo en documentos policiales solo estarían fungiendo de tramitadores ante los jueces?
Exacto, es más, no hay que olvidar que el fiscal es el titular de la acción penal, el director de la investigación.
Yo considero que si la policía tiene alguna información respecto a un hecho ilícito y la vinculación con alguna persona, lo primero que debe hacer es inmediatamente poner en conocimiento al Ministerio Público para que asuma, de acuerdo a su función constitucional, la dirección de la investigación.
Sin embargo, en la práctica estamos volviendo al sistema anterior, cuando existían los famosos atestados, en los que el policía elaboraba la información y concluía, incluso, con la responsabilidad penal sobre el investigado.
¿Se está desnaturalizando la aplicación del Nuevo Código Procesal Penal?
Se está desnaturalizando el nuevo modelo procesal.
¿Por qué, acaso la preparación previa de los operadores de justicia antes de la aplicación de la nueva herramienta no fue suficiente o en el tiempo ha faltado fortalecer y trabajar en los principios que esta recoge para evitar que se vuelva a las viejas prácticas?
Sí, pero también somos conscientes que la inseguridad ciudadana ha crecido, hay mucha delincuencia y el juez, frente a un caso de robo agravado o extorsión, lo que procura es dar una respuesta a la sociedad y evitar la impunidad, y por eso interviene si es que el fiscal no aporta muchos elementos para establecer la responsabilidad penal del acusado.
El juez se siente en esa obligación de averiguar el asunto para emitir una sentencia condenatoria, pero ese no era el espíritu del sistema.
¿Qué hacer para reencauzar la aplicación de la herramienta procesal?
Lo que pasa es que los jueces no internalizan el nuevo sistema procesal. Se instaló a nivel nacional el nuevo modelo, se capacitó a los magistrados de todos los niveles y ahí quedó. Eso es lo que está generando este tipo de problemas.
Un problema que arrastra desde hace varios años el sistema de justicia es la provisionalidad de magistrados, lo que impediría que jueces y fiscales maduren en el conocimiento de las herramientas procesales. ¿Lo considera así?
Hay dos problemas ahí: los jueces supernumerarios y los jueces suplentes. Muchas veces hemos concurrido a un juicio oral en el que en la primera sesión han participado los miembros titulares y en la segunda sesión ante la ausencia de uno de los titulares ha ido la secretaria o el secretario como sustituto. Puro formalismo.
El otro tema es la designación de los jueces supernumerarios. Hay buenos jueces supernumerarios, sobre todo en Lambayeque, pero en la mayoría de casos se está designando a personas que no están debidamente capacitadas.
De repente este juez, por cuestiones mediáticas o por cuidar el puesto, resuelve de acuerdo a las circunstancias y no de acuerdo a ley, y eso es peligroso, porque no hay que olvidar que de los jueces penales depende mucho la libertad de las personas. La libertad está después del derecho a la vida y eso lo establece la carta política del Estado.
Los colegios de abogados tienen un rol importante en la administración de justicia, porque deben cautelar el comportamiento ético de sus integrantes, entre los que se cuentan a jueces y fiscales. ¿Preocupa el silencio que tiene la orden profesional?
Sí preocupa. Lamentablemente, en su gran mayoría, quienes ocupan cargos en representación del Colegio de Abogados son profesionales que han laborado en el Poder Judicial y eso los limita de alguna forma debido a la amistad o al cariño que le han tenido a la institución.
¿Hay espíritu de cuerpo?
Me parece que en algunos casos sí. Los colegios de abogados, en particular en Lambayeque, hasta ahora no asumen el rol que les corresponde y, por ejemplo, la problemática que se vive dentro del Poder Judicial no es asumida o de interés del colegio. Debemos hacer una autocrítica y cuando llegue el tiempo de elecciones elegir bien a los representantes de nuestra institución.
Desde que se desactivó el Consejo Nacional de Magistratura se dejó en suspenso procesos de evaluación, ratificación y nombramiento de jueces y fiscales, los que deberá asumir de manera inmediata la Junta Nacional de Justicia. ¿Cree que no se tomaron las previsiones suficientes para evitar la acefalía que hoy existe respecto a la magistratura?
Sabemos que esta situación se dio de un momento a otro y efectivamente estamos viviendo una etapa en la que los magistrados no son evaluados ni ratificados, no hay concursos y tenemos deficiencias de magistrados. Espero que el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia termine indefectiblemente este mes y en enero próximo se trabaje justamente estos temas.
¿Por qué quiere ser integrante de la Junta Nacional de Justicia?
Soy abogado litigante hace 27 años, cinco años trabajé en la Corte Suprema, tres años como secretario en el Poder Judicial y conozco la problemática por dentro y por fuera. En realidad, para mí un problema fundamental es el ser humano que administra justicia. La forma cómo se ingresa a la administración de justicia no es la adecuada y eso tiene que ver mucho con la capacitación.
Aspiro a que se cree la carrera judicial, donde el abogado después de tres o cuatro años de estudio salga debidamente capacitado para ser juez o fiscal.
¿La Academia Nacional de Magistratura no ha cubierto este espacio?, ¿no es suficiente?
Se ha convertido en un ente que brinda capacitaciones esporádicas. Lo que yo aspiro es que exista la carrera judicial para que el magistrado esté debidamente capacitado y no se deje llevar por una nota de agente, un informe policial o la cuestión mediática.
La Junta Nacional de Justicia tendrá iniciativa legislativa y podría presentar un proyecto para la creación de la carrera judicial.
El viernes 6 de diciembre 17 candidatos al Congreso de la República se dieron cita en la Centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque – CCPLAM, para participar de la exposición ‘Proyectos de ley que el Perú necesita’, actividad organizada por el Comité de Profesionales en Proyectos, Tecnología y Comunicación de dicha institución.
Las organizaciones políticas que participaron de la exposición son: Avanza País – Partido de Integración Social, Partido Popular Cristiano, Contigo, Solidaridad Nacional, Somos Perú, Todos Por el Perú, Democracia Directa, Acción Popular, Partido Morado, Perú Nación, Fuerza Popular, Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad; Frente Popular Agrícola Fia del Perú – FREPAP, Podemos Perú, Juntos Por el Perú, Partido Aprista Peruano y Perú Libre.
Estuvieron ausentes, pese a ser invitados, Perú Patria Segura, Alianza Para el Progreso, Unión Por el Perú, Vamos Perú y Renacimiento Unido Nacional.
Los candidatos tuvieron en total ocho minutos, divididos en tres rondas, para exponer las iniciativas legislativas de sus organizaciones políticas, de cara a las elecciones extraordinarias del próximo 26 de enero, con las que se busca completar el período parlamentario 2016 – 2021.
ROBERTO AGUILAR NÚÑEZ
Avanza País
“El proyecto de reforma constitucional que proponemos responde a una demanda de la población como es la eliminación de la inmunidad parlamentaria, porque desde allí nace la corrupción. Muchos de los que están sentenciados en primera instancia acuden al Congreso para poder salvarse, por eso presentamos este proyecto de ley en el que vamos a derogar o modificar el artículo 93 de la Constitución Política del Perú, según la cual el congresista no puede ser procesado ni preso sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente, desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante. Derogar ese artículo está dentro de nuestras atribuciones. La constitución, tanto en el artículo 97 que nos da las funciones como el 102 que nos da las atribuciones, nos faculta a modificar este artículo y eliminar la inmunidad parlamentaria. Ya que los otros congresistas no lo hicieron, nosotros tenemos que hacerlo y esa es una propuesta de Avanza País.
Nuestra segunda propuesta viene a pedido de los amigos jubilados, quienes se han acercado a nosotros para pedirnos la modificación el Decreto Legislativo N° 19990. No es posible que nuestros adultos mayores ganen 430 soles. Espero que algunos de los colegas al Congreso apoyen esta iniciativa para poder hacerla realidad y se aumenten las pensiones a nuestros hermanos jubilados. Esto está dentro de nuestras facultades y en el tema de fiscalización como dice el artículo 102 de la Constitución”.
NORBIL VEGA OROZCO
Parido Popular Cristiano
“Nosotros somos un partido y consecuentemente las propuestas legislativas que manejamos son partidarias, mas no individuales. Una de ellas es defender la economía social de mercado, la cual planteamos a raíz de la disolución del Congreso y de la convocatoria a elecciones, pues hubo voces, principalmente de los partidos de izquierda, que dijeron: ‘Ahora sí vamos a cambiar el capítulo económico de la Constitución’. El país se ha desarrollado precisamente porque tenemos una economía de mercado en nuestra Constitución desde el año 79, la misma que fue reafirmada en el 93, eso es lo que nos ha permitido consolidarnos como una economía sólida en la región. Ahora vemos la situación de los países vecinos como son Chile, Bolivia y Ecuador y, pese a la crisis política y moral por la que atraviesa el Perú, nuestra economía se mantiene fuerte, incólume y sólida, ese es el resultado de la economía social de mercado a la cual defendemos.
Tenemos otros tres ejes fundamentales: la reforma política, la judicial y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Dentro de la primera planteamos el cambio de la inmunidad parlamentaria. No pedimos su eliminación porque eso es populismo. Un congresista debe poseer inmunidad parlamentaria para fiscalizar. Si no la tiene va a pasarse atendiendo juicios y no va a poder trabajar. Planteamos que la inmunidad no sea levantada por el Congreso, sino por el Tribunal Constitucional conformado por un número mínimo de 11 integrantes para que exista pluralidad de ideas y de doctrinas”.
ERIKA VALDIVIESO LÓPEZ
Contigo
“Represento a Contigo, un partido defensor de la democracia, de la separación de poderes, de las instituciones democráticas, de la vida, de la familia y del derecho de cada uno a desarrollar sus oportunidades en igualdad de condiciones. La propuesta del partido se divide en tres ejes temáticos: la recuperación de la confianza del ciudadano en las instituciones, que se mejoren las condiciones de vida de las personas y preparar las condiciones necesarias para el Congreso del bicentenario. Una de las propuestas es la necesidad de fiscalizar el uso eficiente del presupuesto asignado a Lambayeque. No es posible que tengamos que devolver más del 30 % por falta de ejecución.
Otra propuesta es la incorporación del enfoque de familia en las políticas públicas, que se desarrollan bajo los enfoques de intergeneracionalidad, de género, de multiculturalidad y de derechos humanos. El enfoque de familia permitirá tener una visión integral a todos los problemas, tales como violencia, maltrato, desigualdad, embarazo adolescente, entre otros. En el 2009 la tasa de embarazo adolescente era del 13 % y en el 2019 la cifra es la misma. No es posible que no haya bajado. Tenemos que darle otra mirada al problema y el enfoque de familia sirve para eso. Además, nos ayuda a pensar en las personas vulnerables, en aquellas familias que tienen bajo su cuidado a personas con discapacidad y adultos mayores, en las que algunos de los miembros tiene que dejar de trabajar para hacer una labor que le correspondería al Estado”.
ALEJANDRO ÑIQUEN SANDOVAL
Solidaridad Nacional
“En el 2015 salió el decreto supremo que incorporaba al Terminal Portuario de Lambayeque – atentos a la denominación - porque en el 2016 Clemente Flores pidió que se declare de necesidad pública e interés nacional la construcción del Terminal Marítimo de Puerto Eten. No es lo mismo Terminal Marítimo de Puerto Eten que Terminal Portuario Lambayeque, es algo que siempre han confundido. Debo agradecer a la Autoridad Portuaria porque hizo realidad el plan maestro, pero sobre todo a la sociedad civil porque sus luchas han permitido que llegue hasta donde está. Quiero felicitar a Olivio Huancaruna como ex presidente de la Cámara de Comercio y al ingeniero Carlos Burgos porque en junio de este año nos permitieron hacer una marcha para que el gobierno nos atienda. Sin embargo, allí ha quedado, pese a que la Comisión de Transportes lo aprobó, hay que presentarlo nuevamente porque en Lambayeque no hay liderazgo regional. Le hacen caso a Puno, Cusco, pero el departamento sigue dormitando. Por eso vamos a presentar y corregir que se declare al Terminal Portuario de Lambayeque de necesidad pública y de interés nacional.
Por otro lado, ¿cuántos sabemos que es obligatorio para una entidad pública implementar un sistema de control interno, que se debe poner en marcha por lo menos el ISO 37001 o que en cada institución del Estado debe haber un oficial de cumplimiento? ¿Cuántos sabemos que cada servidor público debe presentar su declaración de intereses? Si nos comprometiéramos como ciudadanos, la corrupción disminuiría”.
ANTONIO URIARTE GONZALES
Somos Perú
“En la región venimos arrastrando una no ejecución de inversiones desde el 2016 que ya acumula alrededor de 48 mil millones de soles, producto de la inestabilidad política que se ha dado por la pelea entre el Congreso y el Ejecutivo. Acompañado a eso, tenemos 16 mil millones de soles en un total de 867 obras paralizadas. Y si a eso les sumamos los 15 mil millones de la Reconstrucción, tenemos algo de 31 mil millones. Al no haber estas obras, no hay trabajo y como consecuencia no se le da oportunidades a los jóvenes, al maestro de obra, al operario, al peón.
Por eso propongo la modificación de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual ya es obsoleta. El gobierno hace poco sacó el Decreto de Urgencia Nº 008-2019 que busca agilizar el destrabe de las obras paralizadas, pero se debe modificar la Ley de Contrataciones, pues es la única manera de que la economía se dinamice y al dinamizarla hay trabajo, salud, educación, hay hospitales. ¿Cómo vamos a hablar de la mejora de la salud si no tenemos hospitales? No podemos construir. La autoridad nacional de la reconstrucción dice que para hacer colegios en el departamento van a hacer convenios de país a país, eso quiere decir que todos los que estamos acá somos incapaces de hacer un colegio. Tenemos potencial, 12 mil 400 ingenieros y 878 arquitectos, además de economistas, profesores, entre otros, pero viene una señora de la Reconstrucción y dice: ‘Ustedes no valen para nada y eso está mal’. En Lambayeque creo que tenemos potencialidades demás”.
JOSÉ CARLOS VALERIANO
Todos Por el Perú
“Tenemos 84 mil millones de soles sin ejecutar y parte de la culpa la tienen los congresistas de todos los partidos políticos tradicionales por no hacer cumplir su rol fiscalizador. Tan fácil que es ahora fiscalizar con el celular, desde donde se puede ver la ejecución presupuestal financiera y fija. Si yo sé que en el gobierno regional hay 36 mil millones de soles y solo se han gastado cinco mil, voy al Ministerio Público y digo aquí hay un delito penal. Además, hay un 70 % de ejecución financiera y 30 % de ejecución física, es decir, un 40 % de diferencia. ¿Qué significa eso? ¿Qué congresista ha dicho esto? Ninguno, porque están comprometidos con la corrupción: ‘Te doy una obra y no me fiscalices’. Vamos a hacer la fiscalización de la inversión y del gasto, pero con gente capaz, que conozca del tema, no que vaya a aprender al Congreso como muchos irán. Se gasta mucho en una burocracia dorada que no hace nada y como consecuencia hay incapacidad de gastar e invertir.
Además, proponemos un proyecto de ley para la recuperación del rol protector del Estado con la ciudadanía, debido al incremento de la delincuencia, que ha invadido nuestras calles. Estamos comprometidos con ello. Vamos a penalizar los actos delictivos y criminales cometidos por los menores de edad, acabando con la inmunidad perniciosa que dispone al menor a ser utilizado por bandas criminales que atentan contra la vida y el patrimonio de los peruanos. Esta propuesta impulsa la inclusión de estos autores de delitos en el código penal”.
GERMÁN MELENDRES RAMOS
Democracia Directa
“El cáncer hasta antes del 2000 era la cuarta causa de muerte a nivel mundial, hoy es la segunda causa, después de los accidentes de tránsito. Lima cuenta con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas – INEN, que en un inicio era el único que trataba estas enfermedades oncológicas. Luego se ha descentralizado a Trujillo, Arequipa e Iquitos, cuya población es casi la tercera parte de nuestra región. Además de eso, Lima tiene tres hospitales que cuentan con este departamento: el hospital Santa Rosa, el Daniel Alcides Carrión y el María Auxiliadora, todos los cuales tienen un departamento contra el cáncer y la prevención.
Lambayeque cuenta con una población que supera el millón de habitantes, la cual geográficamente es una zona estratégica para el Estado que debería contar con ese departamento. Los vecinos de Piura, Cajamarca, Amazonas serían atendidos también aquí. Hay un plan maestro para la construcción de una torre de tres pisos dentro del Hospital Regional. Cada piso está valorizado en 25 millones de soles, dentro de estos está también la implementación de equipos modernos especializados como una cama hiperbárica, un tomógrafo, un mamógrafo. Propongo para Lambayeque ese departamento de prevención y tratamiento de enfermedades neoplásicas. El MINSA destina 13 millones de soles anuales para estas enfermedades, pero como no tenemos un departamento especializado, ese dinero se deriva a otras unidades del Hospital Regional que cuenta con solo tres oncólogos y ninguno es pediátrico”.
ROLANDO CAMPOS VILLALOBOS
Acción Popular
“Milito en Acción Popular hace 35 años, de tal manera que no somos improvisados, no representamos al partido por causalidad. Me extraña que nadie hable de la pequeña agricultura y la pequeña ganadería, actividad de la que miles de familias dependen en todo el Perú, el 50 %. Debido al abandono total que existe en el campo por parte del Estado hacia el pequeño agricultor y ganadero, para quienes no hay asistencia técnica ni crediticia, el productor de campo se esfuerza para producir, pero ¿quién se lleva las ganancias? El intermediario. ¿Y qué llevan los productores? Su pobreza, la cual cada vez se incrementa más en el campo.
Tener una política de Estado para la pequeña agricultura y ganadería en el país significa un paquete de medidas en el largo plazo que ningún gobierno lo pueda cambiar porque en nuestro país ocurren cosas… Alguien viene con excelentes ideas, pero el siguiente no lo respeta y lo deja a un lado y no hay continuidad. Por eso, los objetivos y las metas no se cumplen y ahí están las consecuencias de la pobreza de nuestra patria. Planteamos políticas de Estado para buscar el desarrollo rural del campo con tecnologías de punta. Por ejemplo, ¿por qué no hacen SECIGRA y SERUMS los que estudian carreras afines al desarrollo del campo como los ingenieros agrónomos, los veterinarios, los ingenieros zootecnistas? ¿Por qué no hay tecnología para el riego por goteo en campo para que el agricultor se junte y forme grupos? ¿Por qué no? Eso tenemos que hacer, otro países lo hacen”.
JHONATTAN MENDOZA AGUIRRE
Partido Morado
“El Partido Morado establece un total de 50 puntos con objetivos específicos, creíbles y orientables que pueden ser seguidos por la ciudadanía para ser ejecutados en este período, los cuales están divididos en temas como la lucha frontal contra la corrupción, las reformas del Congreso, judicial, educación, salud, medioambiente y seguridad ciudadana. Todos hemos tratado de sobrevivir a la justicia en el Perú. Lamentablemente, sabemos que si vamos a un tribunal sufriremos y no necesariamente obtendremos la justicia que necesitamos. Por un tema de interés de la clase política no se han podido realizar estas reformas porque están encarpetadas en el Congreso. El CERIAJUS durante el gobierno de Alejandro Toledo e incluso la Comisión Wagner intentó hacer algo. No podemos perder otra oportunidad para reformar la justicia. Proponemos crear un sistema especializado anticorrupción de funcionarios que permita perseguir el lavado de activos, que como hemos visto ha tenido tantos tentáculos que ha llegado hasta los máximos poderes del Estado. Además, proponemos la creación de juzgados especializados para la lucha contra la corrupción.
Respecto a la educación, proponemos fortalecer la labor de la SUNEDU. Nunca más estudiantes eternos ni universidades de cartón. No podemos engañarles a los jóvenes, quienes no somos solamente un discurso. Los jóvenes somos el presente del país y no me refiero a edad cronológica, sino a una actitud juvenil de rechazo al estado de cosas que se plantea transformarlas para mejor”.
CECILIA VIDAURRE NIETO
Perú Nación
“Hablar de leyes es hablar de un conjunto de normas y reglas que se promulgan, pero muchas veces no se cumplen o se cumplen a medias. Existen numerosas normas legales, decretos y resoluciones que se publican en El Peruano, pero ¿cuántas son efectivas, se aplican y contribuyen a mejorar el desarrollo del país? En este corto tiempo que vamos a tener los congresistas que salgamos elegidos tenemos que revisar y analizar las leyes que existen, sobre todo aquellas que tienen una visión regionalista. Como docente universitaria, con muchos años de experiencia, creo que una de las principales leyes que debemos analizar y revisar es la Ley Nº 28044 - Ley General de Educación, la cual no nace con una visión clara de cómo sacar adelante la educación peruana. La actual ley - según los entendidos - es una lírica, incapaz de producir cambios.
Partimos desde la premisa de que la Ley de Educación tenga una visión regionalista que valore la cultura de Lambayeque y la integre a las sesiones de aprendizaje de los colegios. Planteamos la articulación del Proyecto Educativo de Lambayeque al 2021 con el Proyecto Pedagógico Regional y el proyecto educativo institucional de cada centro educativo. Hay que hacer un monitoreo de las sesiones de aprendizaje para que logren su objetivo primario: el desarrollo de las competencias de los alumnos de acuerdo al nuevo diseño curricular educativo. Además, tener en constante capacitación al magisterio peruano, a través de las facultades de educación de las universidades locales”.
PAUL ARRUNÁTEGUI RAMÍREZ
Fuerza Popular
“Estoy convencido, por mi formación y por respeto a mi familia, que jamás toleraré ningún acto de corrupción. No es necesario ser psicólogo como lo soy para entender que la familia es la base fundamental de la sociedad y allí es donde se forman los futuros ciudadanos del país. En los últimos años se ha incrementado el número de familias disfuncionales en las que la madre se ve obligada a asumir roles que difícilmente puede cubrir al 100 %, debido a padres ausentes, drogadictos u alcohólicos. Se ha hablado de temas técnicos, pero qué difícil es hablar de la falta de valores, allí va mi propuesta. Vamos a fortalecer en el área educativa, especialmente la salud psicológica, porque la Ley General de Educación obliga a todos los colegios del país a contar con un psicólogo que establezca las condiciones adecuadas del desarrollo el educando, pero es letra muerta. Además, la prevención e intervención psicológica permitirá controlar los altos índices de feminicidio, delincuencia y suicidio.
En cuanto a la seguridad ciudadana, necesitamos que regrese el servicio militar obligatorio. Los de mi generación fuimos partícipes de las temidas levas. ¿Quién no recuerda en nuestra juventud el respeto que imponía ver un camión de tropa? Estas operaciones de reclutamiento para captar a jóvenes de cualquier condición social conducirán a disuadir y disminuir riesgos de inseguridad. Además, proponemos que los reos cumplan su condena realizando trabajos en producción. No podemos seguir manteniendo a delincuentes”.
SILVESTRE JUÁREZ ELÍAS
El Frente Amplio por la Justicia, Vida y Libertad
“Qué difícil se les hace hablar de valores a aquellos que no los practican o representan a organizaciones que no los practican. En el Perú hay un gravísimo problema que es la corrupción, madre del cordero en el país. Esta ha capturado al Congreso que es el primer poder del Estado. Si allí que es donde se fabrican las normas la cosa anda mal, ¿qué clase de resultados esperamos? Van a ser negativos como los que hemos tenido en los últimos 20 años de democracia, de sostener un modelo económico que defienden algunos y que ha permitido vender al Perú por partes. Allí tenemos deudas como las de Movistar, que debe más de 200 mil millones de soles al Perú y ya se va. Y como el Congreso corrupto es manejado por una mayoría corrupta, se han hecho leyes para favorecerlos a ellos, sin tener en cuenta al trabajador, al maestro, al obrero. Entonces nadie puede cobrar esa deuda.
Hay que frenar la llegada de aquella clase corrupta que va a hacer su negocio con las leyes al Congreso y se tiene que blindar porque afuera ha cometido otros delitos en contra del país y se ha hecho de fortuna, y no los pueden tocar por la inmunidad parlamentaria que ha sido prostituida, la cual debió ser para el parlamentario que fiscaliza y acompaña a la ciudadanía en la búsqueda de la solución de sus problemas, pero no está sirviendo a ellos precisamente. En el Frente Amplio no venimos luchado contra la corrupción desde ahora, sino desde un principio, pues incluso la bancada fue la que planteó la disolución del anterior Congreso”.
JANET CUBAS HURTADO
Frente Popular Agrícola Fia del Perú – FREPAP
“El FREPAP propone, entre otras cosas, la eliminación de la inmunidad parlamentaria, la revocatoria de los congresistas y que el cargo sea renunciable; la humanización del trabajo, mediante la disminución de la jornada laboral de 48 a 44 horas, sin reducción de remuneraciones; la lucha contra la informalidad, el seguro de riesgo complementario para el transporte público, la libre desafiliación de una AFP para pasar a la ONP y viceversa, la ley de modificación de los beneficios penitenciarios, la lucha contra la inseguridad ciudadana, la ley de promoción del crédito y tributación para las MYPES, la ley de fortalecimiento del sistema nacional de fiscalización laboral, entre otras.
¿Quién no ha tenido un trabajo, ya sea estable o temporal? Todos necesitamos de un trabajo, pero de uno digno en el que se respeten nuestras horas laborales. ¿Quién no ha salido cansado después de 48 horas semanales? El FREPAP propone reducir la jornada laboral de 48 horas a 44, lo cual tiene múltiples ventajas. Al reducir la jornada laboral habrá más trabajo, el trabajador tendrá más tiempo para pasar con su familia, será más productivo en la empresa y tendrá menos riesgo de sufrir accidentes, porque la carga laboral genera estrés y eso conlleva a deteriorar la salud, incluida la mental. Además, la jornada laboral de 48 horas lleva más de cien años instaurada en nuestro país, mientras que en otros como Chile, Argentina, Bolivia y Venezuela oscila entre 40 y 44 horas y en los países desarrollados de Europa 33 y 40”.
CARLOS PEÑA RELUZ
Podemos por el Progreso del Perú
“Soy abogado de profesión, azucarero, trabajé en la Empresa Pomalca desde los 11 años. Conozco la triste realidad que atraviesan mis hermanos azucareros hoy en día en Pucalá. He sido expresidente de la Junta Nacional de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú que me honró al tener la representación de más de dos millones 600 mil agricultores del Perú. Cuando se habla de los álgidos problemas del país es precisamente porque faltan autoridades de calidad. Es necesario que cuando se nombre a una de estas se recoja el principio filosófico de Confucio, quien decía: ‘Hay que buscar el hombre para el cargo y no el cargo para el hombre’.
Me preocupa la vejez, la tercera edad, por ello en el 2014 reuní más de cien mil firmas en todo el Perú, especialmente de mis hermanos agricultores del sur, para presentar una iniciativa ciudadana y pedir la ley de jubilación del agricultor, porque somos nosotros quienes día a día labramos la tierra para entregar los productos a los mercados y dar la seguridad alimentaria de más de 30 millones de peruanos. Esta iniciativa la entregué a un hermano agricultor que en aquel entonces era el representante del partido de gobierno cuando estaba el presidente Ollanta Humala y obtuvo la firma de más de 80 congresistas de ese entonces, pero lamentablemente la indiferencia hizo que nunca se debatiera en el pleno. De llegar al Congreso voy a desempolvar este proyecto. Tengo la seguridad que tanto la Comisión Agraria, como la de Seguridad Social y el pleno lo van a aprobar”.
MARCO CARDOSO MONTOYA
Junto Por el Perú
“Hay una feliz coincidencia con muchos candidatos en lo que significa la inmunidad parlamentaria que debe ser de manera parcial y no total. Además, consideramos que el voto preferencial trae muchísimos problemas para las organizaciones políticas, pues no les permite avanzar. Por lo tanto, planteamos su eliminación de todas las elecciones generales, las cuales deben ser por listas, eso permitirá que los partidos políticos realmente se consoliden y tengan una mejor organización. Asimismo, tenemos otra propuesta referida al financiamiento de las organizaciones políticas. Creemos que el Estado con sus recursos propios debe financiar a todos los partidos políticos, con lo cual estaríamos impidiendo que dineros ilícitos, de procedencia irregular y hasta del narcotráfico, incursionen dentro de la política.
Proponemos la muerte civil a todos los corruptos, porque esa es la mejor manera de atacar la corrupción y no tener representantes que dicen defender los intereses de la mayoría y cuando llegan al poder se prestan a ese tipo de componendas que tanto daño le han hecho al país. Además, planteamos el equilibrio entre el mercado y el Estado, lo cual está referido a los altísimos intereses que cobra la banca comercial, incluidas las entidades financieras y las AFP. La relación es de seis a uno. El banco lo único que hace es intermediar entre el ahorro de la gente y la colocación a nivel de los préstamos. Mientras que a uno por sus ahorros le pagan como uno, por el otro lado le cobran como seis”.
SEGUNDO DÁVILA ALARCÓN
Partido Aprista Peruano
“Quisiera aterrizar en la idea de brindar oportunidades a los jóvenes que es el sector generacional al que represento. La propuesta consiste en la exoneración del pago de impuestos dentro de los dos primeros años a los emprendedores jóvenes del país. Esta nace de los índices de deserción o fracasos de los emprendimientos de los jóvenes, de los cuales ocho de cada diez se caen y muchas veces es por las altas tasas de contribución que pagan. La SUNAT, que en algunas ocasiones es poco o nada amigable, se presenta como el monstruo de aquellos jóvenes con ideas innovadoras que muchas veces incluso trabajan en temas medioambientales. La propuesta consiste en la exoneración del pago de tributos en los dos primeros años y el incremento progresivo en los siguientes tres.
El otro proyecto que presento es muy personal y nace del distrito al cual represento, Pátapo. Hace poco la Agroingustrial Pucalá cobró nuevamente la vida de uno de sus trabajadores. Hasta hoy son 27 los que han sacrificado su vida en la lucha y la defensa de los intereses del pueblo azucarero. Planteo la creación de la comisión de reestructuración de la agroindustrial que en su pico más alto pudo producir ocho mil bolsas de azúcar diarias y hoy es una empresa agonizante. Las administraciones judiciales le han hecho daño a Pucalá. Debemos terminar ya con los litisconsortes, que para lo único que han servido es para enriquecer a ocho o nueve familias de patapeños y pucaleños que se han beneficiado con los activos de esta empresa”.
JORGE GONZALES GAMARRA
Perú Libre
“Hoy el país atraviesa una de sus peores crisis gracias a los partidos tradicionales que nos han gobernado en las últimas décadas. Este es el momento para que la población lambayecana reflexione y comience a darle oportunidades a nuevos liderazgos. Nos declaramos como un partido de izquierda, pero no esa izquierda ortodoxa. Queremos rescatar la política que no puede ser un negocio, sino la vocación de servicio. Soy un médico cirujano, llevo 25 años trabajando en el MINSA y conozco la realidad del Perú profundo.
Es momento de erradicar la corrupción de raíz, pero con medidas concretas. Existe una ley de muerte civil, pero hay que esperar una sentencia definitiva para que al político corrupto se le prohíba ocupar un cargo dentro de la administración pública. Planteamos que a aquellos que aspiren a ocupar un cargo dentro de la administración pública y tengan una sentencia en primera instancia, ya se les prohibir acceder al cargo hasta que se aclare su situación legal, porque actualmente tenemos candidatos sentenciados por corrupción que siguen en carrera. Tiene que haber cambios dentro del mismo estatus de los congresistas, por eso planteamos la abolición de la inmunidad parlamentaria, así como el recorte de los privilegios. ¿Cómo es posible que tengan un seguro social en clínicas privadas, mientras que el ciudadano de a pie tiene que esperar dos meses para obtener una cita médica? Además, planteamos que el presidente del Poder Judicial y el Fiscal de la Nación sean elegidos por voto popular”.
La directora ejecutiva de la Autoridad para la Reconstrucción Con Cambios, Amalia Moreno Vizcardo, conversó con Expresión y anunció que la ARCC se convertirá en unidad ejecutora para los obras integrales como el drenaje pluvial de Chiclayo y el tratamiento de los valles de Lambayeque. Asimismo, la funcionaria anunció que se construirán colegios en el departamento, cuatro de ellos en José Leonardo Ortiz, bajo la modalidad ‘Gobierno a Gobierno’, como se hizo con las obras de los Juegos Panamericanos de Lima 2019.
Lambayeque, de las tres regiones más afectadas por el Niño Costero 2017 en el norte del país, que involucra Piura y La Libertad, es la que menos avance tiene en el proceso de reconstrucción. Evidentemente la ARCC tiene una función de coordinación, de buscar que los recursos se designen rápido pero, ¿cuál es el mea culpa que se hace del proceso integral? Paulo de la Flor, Edgar Quispe y Nelson Chui no fueron capaces de decir en qué ha errado el proceso, ¿usted sí?
La mirada que tengo para remontar cualquier nivel de ejecución es ver la parte que ya se ha avanzado, es una visión positiva de lo que se ha hecho. Creo que desde Paulo de la Flor hasta Nelson Chui cada uno ha avanzado en temas que son rescatables y eso a mí me sirve para remontar. Remontar, por ejemplo, reconociendo que nosotros debemos ser una unidad ejecutora, que significa que al igual que cualquier gobierno local o regional o un ministerio nosotros vamos a ser los responsables de ejecutar los proyectos y un proyecto muy importante es el de las soluciones integrales, porque estas son una función multisectorial que tiene que ver con los ministerios de Agricultura y Vivienda. Vamos a ser una unidad ejecutora que se va a comprar el pleito y queremos dar resultado desde nuestra experiencia.
¿Entonces principal error o deficiencia de la ARCC, desde el 2017 hasta hoy, diciembre del 2019, es no haber sido unidad ejecutora y haber delegado funciones, por ejemplo, para la descolmatación de ríos al PSI, cuya especialidad como ente del Ministerio de Agricultura es la tecnificación del riego? Precisamente en el caso de Lambayeque existen 16 informes de la Contraloría sobre irregularidades en las obras ejecutadas por el PSI.
Estamos para sumar, creo que el presidente de la república ha visto justamente la especialización en la ejecución, en la ejecución de proyectos y me imagino que ha visto esas cualidades para decidirse en un cambio y definir quién va a conducir la Autoridad de Reconstrucción con Cambios.
Como peruanos no hemos aprendido a reconstruir. Tenemos la reconstrucción del sur que quedó pendiente y se tardó muchísimo tiempo y que incluso sigue en camino, entonces es natural que cuando el gobierno tomó la decisión de que quería reconstruir haya habido baches para designar a un perfil o a otro buscando que esto resalte, que este tema empiece a revertirse y empiece a ejecutar. Creo que estamos llegando justamente a ese momento en el que la confianza de los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno empieza a crecer, porque eso es lo que he sentido en estas reuniones de trabajo y también en las actividades que estamos realizando.
¿Acabo el tiempo de ensayo entonces?
No lo llamaría ensayo, diría que todo país tiene que pasar por etapas y tiene etapas en las que caes y seguramente en mi gestión me gustaría prometer perfección pero estamos seguros que no vamos a tenerla. Lo que sí podemos tener, lo garantizo, es una gestión comprometida, transparente y que va a hacer todo lo posible para ser 100 % eficiente.
A fines de octubre se integró un nuevo equipo a la ARCC, el mismo que llegó con lauros y el reconocimiento nacional e internacional por su labor en los Panamericanos de Lima. Sin embargo, construir infraestructura deportiva no es lo mismo que construir un drenaje pluvial o ejecutar un proyecto definitivo para manejar una cuenca. ¿Cómo garantizar que esa experiencia de los Panamericanos será realmente eficiente y eficaz en el proceso de reconstrucción para las obras definitivas?
Cuando empezamos los Juegos Panamericanos tampoco éramos expertos haciendo instalaciones deportivas, estas tienen reconocimiento a nivel mundial por la calidad y los estándares que se tienen. Esos estándares nosotros no lo conocíamos y los hicimos a través de un sistema denominado “Convenio de Gobierno a Gobierno”, que lo que busca es la asistencia técnica de quienes ya saben.
En este caso nosotros estamos buscando la asistencia técnica de los expertos en manejo de las grandes masas de agua de inundaciones, en tener esa experiencia de reconstruir, porque nosotros no somos el único país que sufre los embates de la naturaleza. Hay muchos otros que rápidamente salen de ese tipo de situaciones.
¿Con qué países se está buscando ejecutar las obras definitivas?
Tenemos a Suecia, Reino Unido, Canadá, Alemania, Austria, Australia, Holanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda. Estamos iniciando la negociación. Se inicia la negociación con la presentación técnica de todos los involucrados de las soluciones integrales en el paquete de colegios y hospitales que vamos a hacer a través de este mecanismo. Esa es la gran diferencia y acá siempre yo digo una frase: “Pedir ayuda no está mal, es inteligente y es mejor pedir ayuda a quien ya sabe”. Eso es lo que hicimos en los Juegos Panamericanos y eso es lo que haremos en la reconstrucción, porque ya nos pusimos las pilas y diseñamos nuestra estrategia.
¿Y qué pasa con las obras que ya están concursadas en estos momentos y en proceso de construcción, en las que hay serios problemas? Por ejemplo, hay problemas en la construcción de colegios en Mórrope y Oyotún, pues las obras están en manos de empresas que no están calificadas o no tienen la experiencia suficiente para garantizar buenos trabajos.
Al ser unidad ejecutora también vamos a beneficiar a la región con colegios que nosotros mismos vamos a ejecutar bajo dos esquemas: El primero de ellos son los colegios emblemáticos que en su mayoría están en José Leonardo Ortiz. Estos se harán en el mecanismo ‘Gobierno a Gobierno’. Son cinco colegios que superan en su ejecución los cinco millones de soles. Ahí vamos a ver todas las buenas prácticas, porque estas no las vamos a aprender solo nosotros en la ARCC. Vamos a involucrar a quienes van a administrar estos colegios y van a aprender con los expertos cómo es que se ejecutan estos proyectos.
Además de ello estamos planteando otra estrategia que es la de ejecutar, por convenios, la administración de recursos con organismos internacionales, exigiendo que el organismo que se inscriba con nosotros tenga altos estándares de transparencia, que es lo que exige la Contraloría.
¿Evitando que estos organismos internacionales que administran recursos impidan luego la aplicación de los controles? Recordemos lo que sucedió en el segundo gobierno de Alan García con los hospitales UNOPS, que no estaban sujetos al control de Contraloría.
Y por eso yo puedo contar nuestra experiencia desde los Juegos Panamericanos, donde también suscribimos convenios de administración de recursos, por eso creo que es una nueva etapa y es la revancha de los organismos internacionales que quieren hacer bien las cosas. Nosotros pusimos una cláusula dentro del convenio por la que ellos se sometían al pedido de información de la Contraloría General de la República y esta quedó conforme con la información que facilitaban información.
Los funcionarios públicos somos llamados a facilitar estos temas. Imagínese que el organismo internacional no quiera dar la información, entonces para qué estamos nosotros los funcionarios, nosotros somos los llamados a dar toda la información. Pero, como eso no es suficiente para las acciones de control comprometimos en el convenio y eso es lo que haremos ahora para que no quede ninguna duda. La rendición de cuentas va a estar garantizada a propósito de este convenio.
Lo que queremos aprovechar de estos convenios de recursos es que ellos tienen la experiencia a nivel mundial haciendo rápidamente estas obras pequeñas, en comparación con otros proyectos en volumen, que tienen toda una estrategia. Tenemos que aprender a aprovechar esto porque es una situación excepcional, estamos esperando dos años y medio que se haga realidad la reconstrucción entonces necesitamos este tipo de estrategias para rápidamente revertir la brecha que nos queda por ejecutar y por cerrar.
¿El tratamiento de los valles de Lambayeque también se hará bajo estos mecanismos?
El drenaje pluvial es uno y el tratamiento o manejo de ríos, de las cuencas del La Leche, Chancay, Lambayeque, Olmos y Motupe, son proyectos que trabajaremos ‘Gobierno a Gobierno’. Cuando hablamos de tratamiento nos referimos a una solución integral para lo que vamos a trabajar en la parte alta, media y baja de los ríos y de manera integral. Tenemos que coordinar con la Autoridad Nacional del Agua – ANA, y el Ministerio de Agricultura.
El Plan de Reconstrucción de Lambayeque asciende a tres mil 300 millones de soles, de cuáles mil están destinados a obras de prevención como las mencionadas. ¿Alcanzará el dinero?
Sería irresponsable decir cuánto va a costar porque recién vamos a hacer los estudios. Tenemos que aprovechar la tecnología asistente ahora en el mundo, eso es lo que queremos que los expertos nos ayuden a definir qué es lo mejor de acuerdo a nuestro clima, a nuestra región, qué es lo más adecuado. Recién cuando tengamos estos estudios diremos cuánto es el presupuesto que se requiere, pero sabemos también nuestras limitaciones. No vamos a hacer un proyecto inejecutable por las dimensiones, tenemos siempre que aterrizar y eso también lo hicimos en los Juegos Panamericanos. Terminamos ahorrando 400 millones de soles porque siempre aterrizamos todos los proyectos a lo que se necesita realmente. Los peruanos tenemos un poquito de esa inclinación a sobredimensionar nuestras necesidades y algo que recién hemos aprendido de los países de primer mundo es que son muy austeros y que siempre tienen niveles de ejecución muy buenos.
¿Su gestión no promete obras faraónicas?
No, obras faraónicas creo que es el término correcto, eso es lo que no vamos a hacer.
¿Qué va a pasar con las personas que han estado a cargo del proceso hasta antes del 30 de octubre de este año? ¿Se investigará su desempeño y sancionará su inoperancia?
Yo he aprendido algo en la gestión que es priorizar los temas, yo creo que para eso tenemos autoridades y estoy segura que la Contraloría está advirtiendo y está evaluando cuál es el nivel de responsabilidad que tiene cada uno de los funcionarios, porque esa es su labor.
Mi labor en estos momentos, y lo tengo clarísimo, es ejecutar lo que se necesita para que eso sea una realidad. Ejecutar obras de calidad, responsables, ese es mi objetivo y también que el equipo que se quede conmigo sea el más idóneo, porque si alguno de ellos comete alguna falencia o infracción será también mi responsabilidad.
La Contraloría General de la República ha detectado la existencia de cartas fianza falsas, admitidas por la Municipalidad Distrital de Mórrope en el expediente de contratación de una obra para el mejoramiento de un camino vecinal, por lo que ha establecido la existencia de responsabilidad administración y penal entre los funcionarios que autorizaron el desembolso de casi la totalidad del presupuesto sin corroborar la veracidad y vigencia de los documentos.
Con el Informe de Control Posterior N° 3168-2019, la Contraloría revisó la documentación presentada por el adjudicatario de la obra: “Mejoramiento del camino vecinal Mórrope, Pedregal, Las Mercedes, Huaca de Barro, Las Pampas, Lagartera, Barrio Nuevo, del distrito de Mórrope’, valorizada en ocho millones 121 mil 499 soles.
En este caso, se ha establecido que la municipalidad del distrito admitió como cartas fianza documentos que no garantizaban el fiel cumplimiento del contrato, el adelanto directo y de materiales, por cuanto carecían de respaldo financiero y legal, generando perjuicio económico por 812 mil 149.94 soles, que corresponde a la aplicación de la penalidad máxima por mora en la ejecución de la prestación, dinero que no consiguió cobrar la entidad por resultar inejecutable.
La municipalidad otorgó al Consorcio Mórrope, integrado por Edgar ING Contrat GRLS EIRL, Constructora ARTAY SAC, J&S Pérez Asociados Contratistas Generales EIRL, la buena pro del Procedimiento de Selección de Contratación Directa N° 01-2018-MDM, convocado para la ejecución del salgo de la obra, durante la gestión del exalcalde Gustavo Cajusol Chapoñán, suscribiéndose el Contrato N° 03-2018-SGAYF/GM-MDM.
La representante legal del consorcio está identificada como Lilia Jáuregui Trujillo.
“De la revisión a la documentación que sustenta las garantías del contrato del saldo de la obra se evidenció que el subgerente de Administración y Finanzas y el jefe del Área de Tesorería, admitieron documentos relacionados a las garantías de fiel cumplimiento, adelanto directo y de materiales, sin contar con respaldo financiero y legal”, señala el informe de Contraloría.
PRESENTACIÓN DE CARTAS
El 30 de julio del 2018, con la Carta N° 01-2018-CM, el consorcio presentó a la comuna los documentos para la suscripción del contrato, entre ellos la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° P3002018004608, la cual consigna que fue emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros SA, cuya supuesta vigencia iniciaba el 27 de julio del 2018 y culminaba el 23 de enero de este año, ascendente a 812 mil 149.94 soles.
Ese mismo día, el entonces subgerente de Administración y Finanzas, Jayme Inoñán Valdera, solicitó al jefe del Área de Tesorería, Hualberto Sandoval Supo, que corrobore la veracidad, autenticidad y la respectiva custodia de la carta. Este dirigió el Oficio N° 010-2019-AT-SGAyF/GM/MDM, del el 16 de agosto, a la empresa AVLA Perú requiriendo información sobre la fianza presentada por el contratista. Sin embargo, no recibió respuesta.
Para la Contraloría, Inoñan Valdera y Sandoval Supo permitieron la continuidad de la ejecución del contrato sin tener certeza de la veracidad y autenticidad de la carta fianza, además procedieron con el trámite de pago al consorcio, inobservando lo establecido en la normativa vigente.
En total, la empresa recibió el pago de cinco valorizaciones, más un adicional de obra ascendente a 379 mil 797.93 soles. En total, entre agosto y diciembre la municipalidad pagó al consorcio siete millones 926 mil 760.92 soles.
El Consorcio Mórrope presentó el 1 de agosto una carta solicitando a la municipalidad el pago del adelanto directo, presentando para tal efecto la Carta Fianza N° P3002018004615, supuestamente también emitida por AVLA Perú ese mismo día.
Los funcionarios remitieron el procedimiento: Administración solicitó a Tesorería que corrobore la veracidad y vigencia de la carta, y al mismo tiempo dispuso al jefe de Logística y Control Patrimonial que proceda al pago por adelanto directo.
Posteriormente, el 29 de octubre, el consorcio presentó la Carta Fianza N° P03002018004928-2, como renovación de la garantía de adelanto directo, también con el membrete de AVLA Perú.
En la misma modalidad, el consorcio solicitó el pago de adelanto para materiales (Carta Fianza N° P3002018004719 – AVLA Perú), recibiendo la conformidad para el pago por parte de la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural.
En consecuencia, la empresa presentó a la municipalidad cuatro cartas, las mismas que fueron aceptadas sin que los funcionarios corroboren su veracidad. Los originales de las cartas fueron devueltos al consorcio a fines de diciembre del año pasado.
VULNERACIÓN NORMATIVA
Estos hechos – de acuerdo al documento – vulneran el Artículo 10 de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público según el cual los fondos públicos se orientan de manera eficiente; el Artículo VI del Título Preliminar, y los artículos 7, literal e), 8 y 9 del Decreto Supremo N° 126-2017-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, referidos al principio de seguridad, las atribuciones y responsabilidades de las unidades ejecutoras y áreas o dependencias equivalentes, y a la responsabilidad del Director General de Administración y del Tesorero en la Administración de los fondos públicos en las unidades ejecutoras y dependencias equivalentes en las entidades.
Asimismo se trasgredió el Artículo 33 de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referido a las garantías que deben otorgar los contratistas, así como a las condiciones y requisitos que estos deben reunir. Contraloría cita otros dispositivos legales también vulnerados.
“La situación expuesta se ha originado por la omisión por parte del subgerente de Administración y Finanzas y del jefe del Área de Tesorería de realizar la verificación de la veracidad y autenticidad de las cartas fianza que respaldan el fiel cumplimiento del contrato, la entrega del adelanto directo y el adelanto de materiales”, indica.
TRABAJOS CON CULMINADOS
El 7 de enero de este año, el Subgerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural solicitó a la supervisión de la obra un informe sobre el estado situacional de la misma. El requerimiento fue atendido con Carta N° 001-2019-CCP/JS, del 18 de enero, indicando que el Consorcio Mórrope había culminado con las metas establecidas en el expediente técnico y cumplido con la ejecución del contrato, adjuntando para tal efecto el Informe N° 002-2019-CCP/SO, del 16 de enero del 2019, así como la Carta N° 002-2019-CCP/RC, del 16 de enero de enero, dirigida al alcalde Nery Castillo Santamaría.
La supervisión fue contratada por 167 mil 583.23 soles con el Consorcio Carreteras Pampas, integrado por Ingenieros Inoñan Contratistas Generales SAC y Manuel Enrique González Uriarte.
Sin embargo, de acuerdo al Acta de Constatación Física de Obra, del 21 de enero del 2019, suscrita por el juez de Paz de Segunda Nominación de Mórrope y la Subgerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural se advierte que existen partidas que no fueron ejecutadas al 100 %, tales como: carpeta asfáltica en caliente, señalización y seguridad vial, marca en el pavimento, guardavías metálicos, captafaros para guardavías y captafaros para pavimentos.
Como consecuencia, el 23 de enero Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural solicitó a la Gerencia Municipal que se aplique al Consorcio Mórrope una penalidad de 36 mil 96.55 soles por cada día de retraso, ello teniendo en consideración que el término del plazo de ejecución de obra estaba previsto para el 11 de ese mes.
El 4 de febrero el alcalde de Mórrope solicitó por escrito a AVLA Perú Compañía de Seguros S.A. la ejecución del documento denominado Carta Fianza N° P3002018004608, presentado por el consorcio como garantía de fiel cumplimiento. La respuesta de la aseguradora, remitida por conducto notarial con Carta N° 006-2019-GL/AVLA, del 13 de febrero pasado, fue que la fianza que presentó la empresa no había sido emitida por AVLA Perú Seguros, “no correspondiendo el contenido ni las firmas de los funcionarios indicados en dicho documento”.
Por informe legal de la Subgerencia de Asesoría Jurídica se recomendó la resolución del contrato con el consorcio, emitiéndose la Resolución de Alcaldía N° 066-2019-MDM/A, del 7 de febrero, dejando sin efecto el contrato y autorizando la aplicación de la penalidad por 812 mil 149.94 soles al Consorcio Mórrope, así como la ejecución inmediata de las garantías.
Hechas las consultas, la aseguradora respondió que ninguna de las cuatro cartas presentadas por la contratista habían sido emitidas bajo su responsabilidad y que “se ha acreditado que las Cartas Fianza materia de la consulta podrían constituir en documento público adulterado”.
Dicha información fue confirmada en abril pasado por AVLA Perú a la Gerencia Regional de Control.
Resultado de las indagaciones de Contraloría, se estableció que en las cartas se había consignado un correo electrónico y una página web que aparentemente le pertenecían a la aseguradora, desde el cual se emitieron confirmaciones a las consultas hechas por el municipio sobre las cartas fianzas presentadas por el consorcio. Sin embargo, dichas direcciones habían sido creadas por el ingeniero de sistemas identificado como Jorge Espinoza Llontop, quien declaró a la entidad de control que sus servicios habían sido contratados para generar dichos dominios.
Contraloría ha encontrado responsabilidad penal y administrativa contra Jayme Inoñan Valdera y Hualberto Sandoval Supo, responsables de Administración y Tesorería, respectivamente.
El informe y sus conclusiones han sido remitidos a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para que se inicien las acciones legales contra los funcionarios y servidores comprendidos en los hechos irregulares.
