La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN), participó del evento que promociona el impacto social de la inversión privada mediante Asociación Público-Privada (APP), Proyectos en Activos y Obras por Impuestos (OxI), organizado por el despacho de la Congresista de la República, María Acuña Peralta, en la Sala Luna Pizarro del Palacio Legislativo.
Durante la exposición, se destacó que, en 22 años de gestión, PROINVERSIÓN generó más de US$ 43 mil millones de inversiones a través de 230 contratos adjudicados mediante Asociación Público – Privada (APP) y Proyectos en Activos en sectores estratégicos como electricidad, puertos, aeropuertos, viales, telecomunicaciones, saneamiento, minería, turismo, irrigación, salud y educación.
En 16 años de promoción del mecanismo de Obras por Impuestos, PROINVERSIÓN ha logrado la adjudicación de 545 proyectos bajo esta modalidad con un monto de inversión en S/ 8 126 millones, beneficiando a 22 millones de peruanos. Esto ha sido posible gracias a la asistencia técnica gratuita de la agencia a 214 gobiernos locales, 19 gobiernos regionales, ocho entidades del Gobierno Nacional y dos universidades públicas, que aplicaron el mecanismo.
Para el presente año, las entidades públicas tienen la meta de adjudicar Obras por Impuestos por un monto de S/1 100 millones, en beneficio de 15 regiones. El monto podría incrementarse con una serie de proyectos que se vienen gestionando como Agua Potable y Alcantarillado de Pucusana (S/275.8 millones) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento; y el Mejoramiento y ampliación de atención de Servicios de Salud Hospitalarios en Víctor Ramos Guardia de Huaraz (S/ 1 000 millones) del Gobierno Regional de Áncash.
La congresista de la República, María Acuña Peralta, resaltó la importancia de la inversión privada generada por PROINVERSIÓN para mejorar las condiciones de vida de los peruanos a nivel nacional en estos 22 años de gestión y mostró su confianza en el trabajo técnico de la agencia y agradeció de manera especial el reciente proceso público de adjudicación de la consultoría para actualizar los estudios del terminal marítimo de Lambayeque.
El ministro de economía indico que la cita en el hemiciclo reflejaba el interés del Congreso por apoyar el esfuerzo de promover la inversión privada para solucionar las necesidades más urgentes de la población “En el país el 80 por cuento es inversión privada y el 20 % inversión pública “preciso
Sostuvo que se busca mejorar la cartera de inversiones, mejorar la competitividad, apostar por el cierre de brechas de infraestructura mejorando la calidad de vida de los sectores vulnerables como educación y salud.
A su turno el director ejecutivo de PROINVERSIÓN, José Salardi, sostuvo que el aporte de la agencia ha sido crucial para darle sostenibilidad al crecimiento económico del país y reducir las brechas de acceso a servicios, así como también mejorar la calidad de vida de las familias peruanas.
“Esto reconfirma la confianza en la activa gestión de PROINVERSIÓN y las modalidades de inversión que promueve mediante el trabajo conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas y diversos ministerios, órganos reguladores y el sector privado, así como un equipo profesional, técnico y administrativo multidisciplinario de primer nivel”, sostuvo el titular de la agencia.
Cartera 2024-2026
El reto para el período 2024 - 2026 es mayor, Proinversión prevé adjudicar 96 proyectos de APP y Proyectos en Activos por US$ 24 000 millones. Para ello, ha fortalecido las acciones estratégicas que permitan agilizar y simplificar procesos, estandarizar contratos y trabajar de manera cercana con los titulares de los proyectos (ministerios, gobiernos regionales, etc.), dándole predictibilidad al sector privado.
Adicionalmente, la agencia logró la certificación de ISO 37001 Anticorrupción para los procesos que se realizan bajo el marco del Reglamento de Contrataciones de Consultorías y los procesos de promoción de la inversión privada, fomentando mayor transparencia y competencia en los procesos.
Corsi y recorsi
A 47 asciende el primer grupo de egresados denunciados por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, a través de la Oficina de Asesoría Jurídica, por la presunta comisión de los delitos de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsificación de documentos – falsedad material impropia, para obtener el título profesional.
Los denunciados cursaron estudios en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE, quienes, de acuerdo al escrito presentado por el abogado Carlos Palomino Guerra al Ministerio Público, en representación de la universidad, con la finalidad de obtener la titulación presentaron una serie de documentos en los que se habrían consignado no sólo información falsa, sino también adulterado las firmas de docentes, jurados e incluso del actual decano, Percy Morante Gamarra.
Los casos se remontan a la época de la pandemia por el Covid-19, en la que los estudiantes tenían dos opciones para alcanzar el grado de licenciados: elaborar un trabajo de investigación (tesis) o someterse a una evaluación de suficiencia, consistente en una clase magistral con alumnos, esto de manera virtual.
Cada expediente debía contener, además de los registros correspondientes, las firmas de los jurados y la comunicación oficial al decanato y la dirección de escuela en el correo institucional.
Documentos adulterados
Palomino Guerra ha informado al Ministerio Público que conforme al Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad y la Resolución n.° 0112-2020-EP-V-D-NG-FACHSE, del 12 de noviembre del 2021, en la que se aprueba las sustentaciones virtuales de examen de suficiencia profesional para la carrera profesional de Educación, los estudiantes debían presentar los siguientes documentos:
Formato único para trámite de título profesional; constancia de matrícula, constancia de egresado, copia del DNI, constancia del registro del grado de bachiller en SUNEDU, plan de estudios de la carrera, acta del examen de suficiencia profesional y constancias de pago para la obtención del título profesional en el Banco de la Nación.
La Oficina de Grados y Títulos de la universidad, en coordinación con la Dirección de la Escuela Profesional de Educación, entonces a cargo de Percy Morante Gamarra, advirtió que las actas de examen de suficiencia habían sido adulteras, ya que ninguna de estas, correspondientes a los denunciados, se encontraba registrada en los archivos de la escuela, en tanto otras eran inconsistentes respecto al número de decretos, fechas y otros. Ello ha permitido concluir – a nivel administrativo – que los egresados no rindieron los exámenes.
“Habiendo detectado dichas irregularidades se conformó una comisión encargada de indagar los casos especiales presentados por la Oficina de Grados y Títulos con la finalidad de precisar la veracidad y procedencia de la documentación en mención. Esta comisión se conformó con Resolución de Decanato n.° 001-2024-V-CF.FACHSE, del 2 de enero del 2024, la misma que tras evaluar la documentación, se encontraron irregularidades”, señala la denuncia.
Informe de la comisión
La comisión emitió su informe el 25 de enero al decanato, detectándose, por ejemplo, que algunas de las actas consignaban como jurado a personas que no docentes de la UNPRG, las fechas y horas de los supuestos exámenes no correspondían, los sellos no pertenecen a ninguna dependencia de la universidad y no contaban con número de expediente.
También se encontró que algunas actas contenían datos pertenecientes a otros estudiantes, decretos falsos y otras irregularidades.
“Queda claro que los denunciados han utilizado documentos públicos falsos (actas de examen de suficiencia profesional), pues conforme se ha verificado, dichas actas contienen información que corresponde a otros egresados de la misma facultad que sí han cumplido con los requisitos establecidos en el reglamento, por lo que estamos no sólo ante un ilícito administrativo, sino también ante ilícitos penales, ya que usando documentos adulterados en parte, los denunciados han logrado ingresar sus datos personales con la finalidad de completar el expediente de titulación, afectando con ello la funcionalidad del documento, así como han incurrido en la conducta ilícita de falsa declaración en procedimiento administrativo, ya que en la conformación del expediente administrativo han presentado dichos documentos adulterados, con lo que se afecta el principio de veracidad inherente a toda declaración de los administrados ante la administración pública”, señala la denuncia.
Los denunciados
La universidad ha presentado la denuncia contra Wilfredo Barboza Alarcón, natural de Bagua (Amazonas); Mily Mera Aguilar (Pucará, Cajamarca); Susana Andrade Camargo (Independencia, Lima); Yessuca Euribe Sotelo (Jesús María, Lima); Rubí Fernández Suárez (Tumán, Lambayeque); Silva Flores Manayay (Pueblo Nuevo, Lambayeque); Luis Alberto Flores Manayay (Pueblo Nuevo, Lambayeque); María Guarnizo Culquicondor (La Victoria, Lambayeque); Luz Heredia Montenegro (Salcahuasi, Huancavelica), y Guisella Marquez Sánchez (Huamachuco, La Libertad).
Dámaris Montenegro Rivasplata (Ferreñafe, Lambayeque); Mirela Olaya Martínez (Villa El Salvador, Lima); Berinia Torres Lluén (Monsefú, Lambayeque); Sandra Valeriano Morales (Chiclayo, Lambayeque); Maura Vargas Marquina (Huamachuco, La Libertad); Palermo Chumacero Paz (Lagunas, Piura); Sandy Ayquipa Arias (Villa El Salvador, Lima); Cinthia Cajo Céspedes (Incahuasi, Lambayeque); Ysabel Carbajal Puma (San Martín de Porras, Lima); Carlos Bernilla Román (Incahuasi, Lambayeque).
Ernesto Fernández Medina (Ventanilla, Callao); Roberto Infante Vásquez (Moyobamba, San Martín); Edith Olivos Bustamante (Chiclayo, Lambayeque); Perpeto Pérez Bravo (Jaén, Cajamarca); Floriselda Mendoza Huamán (Lambayeque, Lambayeque); Carol Mesones Saavedra (La Victoria, Lambayeque); Mireya Odar Linares (Pucará, Cajamarca); Editha Pompa Suxe (Santa Cruz, Cajamarca); María Quispe Bernilla (Incahuasi, Ferreñafe); Silvia Ramírez Tello (Jaén, Cajamarca).
Gladys Santillán Santillán (Contamana, Loreto); Nancy Taype Vargas (Santiago de Surco, Lima); Ruthi Vera Guerrero (Chiclayo, Lambayeque); Rocío Aranda Leonardo (Sánchez Carrión, La Libertad); Elicia Reyes Merma (Villa El Salvador, Lima); Maribel Carhuatanta Maribel (José Leonardo Ortiz, Lambayeque); Yrvin Sánchez Sánchez (Chiclayo, Lambayeque); Doris Santa Cruz Mejía (Cutervo, Cajamarca); Simon Quispe Santos (Sánchez Carrión, La Libertad), y María Suxe Alvites (Reque, Chiclayo).
Asimismo, Bonifacia Bernilla de la Cruz (Incahuasi, Ferreñafe); Luisa Bernilla Reyes (Cañaris, Ferreñafe); Victoria Chero Araujo (Callao); Sindy Chinguala Pelaez (Huamachuco, La Libertad); Fanny Cruz Marquina (Lambayeque, Lambayeque); Mayra Guevara Bustamante (Jaén, Cajamarca) y Diana Mío Montalván (Chiclayo, Lambayeque).
Acciones a realizar
La universidad ha solicitado al Ministerio Público que reciba la declaración de su representante legal, en este caso, el rector Enrique Cárpena Velásquez o su representante debidamente acreditado, la igual que la declaración del director de la Escuela Profesional de Educación y de la encargada de la Oficina de Grados y Títulos de la FACHSE.
También de la comisión especial encargada de indagar las irregularidades, integrada por Alfredo Puican Carreño, Jorge Castro Kikuchi, Mario Monero Chumacero y Juan Carlos Granados Barreto.
También que pide la intervención de la Policía Nacional del Perú a través del Laboratorio de Criminalística, a fin de que los peritos grafotécnicos realicen el estudio documentoscopio y se determinen las adulteraciones que se han hecho a las actas originales conforme a lo denunciado.
Trabajadores de la Azucarera Pomalca decidieron ir en marcha y protestar para dejar sentada su disconformidad por la decisión que tomó el gerente general del Gobierno Regional de Lambayeque Ranjiro Nakano al decidir revertir tierras de propiedad de su empresa sin respetar que hay un proceso judicial en marcha. Los trabajadores exigieron conversar con el gobernador regional de Lambayeque Jorge Pérez Flores, sin encontrar respuesta positiva.
Conforme consta en la Resolución Gerencial General Regional n.° 000124-2024-GR.LAMB/GGR, Ranjiro Nakano Osores no consideró que existe una investigación por el delito de usurpación agravada en la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo, a cargo del fiscal José Eduardo Céspedes García, quien formuló acusación contra un grupo de presuntos usurpadores para quienes se solicitó una pena privativa de libertad de 5 años de cárcel, por invadir de manera violenta parte del predio Samán – en el campo San Miguel, de propiedad de la Azucarera Pomalca.
A la fecha, este proceso se encuentra en la etapa de juicio oral ante el Segundo Juzgado Unipersonal de Chiclayo, que despacha el juez Juan Cubas Bravo, proceso en el que algunos de los acusados como Teodosia Culqui Culqui, América Mendoza de Montalván, Dina Muñoz Livaque, Julián Anticona Domínguez, Darío Muñoz Livaque, Juan Eleuterio Saavedra Gonzáles, Henry Petter Huauya Huamán y Rosa Gonzáles Munayalle, entre otros, habrían aceptado su responsabilidad penal por el delito de usurpación agravada y solicitado acogerse a la figura jurídica de conclusión anticipada del proceso.
Vulneraría el debido proceso
Uno de los presuntos invasores, identificado como Hebert Mejía Ramírez, recurrió al Gobierno Regional de Lambayeque para que se declare en abandono el terreno propiedad de la Azucarera Pomalca, pretensión que ha sido acogida en instancia administrativa definitiva por Ranjiro Nakano Osores y tres de sus principales funcionarios.
De acuerdo a lo informado por los representantes de Pomalca, el Gobierno Regional de Lambayeque programó la inspección ocular, acto al que se opuso la empresa, aduciendo que el caso está judicializado.
Conforme consta en la misma resolución, éstos conocen que el predio es de propiedad de la empresa Pomalca, habiendo sido invadido en setiembre del 2015, por lo que desde esa fecha se iniciaron actos legales en la vía penal ante la existencia del delito de usurpación agravada.
No acredita propiedad
En la misma resolución, Nakano Osores señala que “(…) de la revisión del expediente se observa que el administrado Sr. Hebert M-jía Ramírez…, ha cumplido con presentar los requisitos exigidos por el TUPA, y que de la inspección de campo se ha verificado únicamente la existencia física del predio materia de la solicitud (…)”.
Además, afirma que no es necesario que para el presente procedimiento, el solicitante, Hebert Mejía Ramírez, acredite la posesión y/o explotación económica del área, porque finalmente ha cumplido con los requisitos de admisibilidad y con cancelar los derechos de inspección ocular contemplado en el TUPA, lo cual es suficiente para el desarrollo del procedimiento administrativo de declarar en estado de abandono las 27 602 metros cuadrados del predio Samán y entregárselos.
Las casi tres hectáreas tienen un valor comercial superior a los tres millones de soles.
La Azucarera Pomalca, informó que ha iniciado el proceso judicial para la nulidad de la resolución en la vía judicial.
Tras una minuciosa búsqueda en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace, se ha identificado que en el Gobierno Regional de Lambayeque, entre el 2023 y lo que va del año, existen procesos de selección cuya finalidad no se ha concretado, debido a que presentan demoras en la adjudicación, vicios o han sido declarados nulos, frenando la inversión de S/149 898 690.
La situación obedece, en muchos casos, a expedientes técnicos deficientes, bases mal integradas o problemas con la adjudicación, pues se tiene procesos en los que se ha otorgado la buena pro e incluso firmado contrato, pero han tenido que declararse nulo por irregularidades no advertidas por los funcionarios de la gestión de Jorge Pérez Flores.
Primer proceso
El 21 de febrero de este año 2024, el Gobierno Regional de Lambayeque convocó el proceso de selección denominado Licitación Pública n.° 2-2024-GR.LAMB, con el objetivo de elegir al ejecutor de la obra: “Instalación de los servicios de educación inicial en las II.EE N° 10789 y 10817 ubicados en los C.P. de Atumpampa y Marayhuaca del distrito de Incahuasi”, cuyo presupuesto asciende a S/3 971 923.
Según explica el consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, dicho proceso selectivo, desde su convocatoria hasta el abril del presente año, ha sido materia de una serie de postergaciones, 11 en total.
“Actualmente se encuentra paralizado en sus etapas procesales, lo que ha impedido su adjudicación y, por ende, empezar a gastar el presupuesto asignado para su ejecución de la obra educativa”, precisa.
Segundo proceso
Según el SEACE, el 11 de marzo del año en curso, el GORE Lambayeque convocó la Licitación Pública n.° 4-2024-GR.LAMB, con el objeto de ejecutar la obra: “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal del sector Pósope Alto en el Distrito de Pátapo, cuyo presupuesto asciende a S/10 358 484.
Dicho procedimiento, desde su convocatoria hasta la integración de las bases realizada el 14 de mayo del presente año, ha sido sujeto de un extenso aplazamiento debido a la reconformación del comité de selección.
En este caso, refiere Chávez Pita, en el cronograma del Seace se indica que la adjudicación debió darse el 30 de mayo. Sin embargo, hasta el momento eso no sucede.
Tercer proceso
El Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – Seace, también muestra la convocatoria del proceso de selección: Adjudicación Simplificada n.° 24-2024-GR.LAMB, convocado el 20 de marzo de 2024 por la gobernación regional, cuyo objeto consiste en la ejecución de la obra “Renovación de pistas en la Av. Grau (tramo Av. Chinchaysuyo – Av. Gran Chimú) y Ca. Cahuide (tramo Av. Unión – Av. Gran Chimú) en el Distrito de La Victoria”, con un presupuesto de S/ 2 053 000.
“El proceso fue convocado el 20 de marzo de este año y ha sido sometido a una serie de postergaciones que se extendieron hasta el mes de abril. Después se advirtieron vicios en los actos procedimentales, lo que llevó al gerente general regional, Ranjiro Nakano Osores, a suscribir el 7 de mayo el documento resolutivo declarando la nulidad de oficio del proceso, el cual hasta la fecha no se convocado nuevamente”, explica el especialista.
Cuarto proceso
En la misma fecha que el proceso anterior, 20 de marzo, el GORE Lambayeque publicó en el Seace la convocatoria del procedimiento Adjudicación Simplificada n.° 25-2024-GR.LAMB, con el objeto de ejecutar la obra: “Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la 1,2 y 3 Etapa de la Habilitación Urbana Municipal – Distrito de La Victoria”, con un presupuesto aprobado de S/2 567 858.
Sin embargo, al igual que el proceso anterior, dicho procedimiento tuvo una serie de postergaciones en sus etapas procesales, lo que derivó en que, por las mismas causales de la declaratoria de nulidad antes citadas, este fuera declarado “nulo de oficio” por el actual gerente general regional.
Quinto proceso
El Seace también muestra que el 26 de marzo, el GORE Lambayeque convocó el proceso denominado Licitación Pública n.° 6-2024-GR.LAMB, con la finalidad de ejecutar la obra: “Mejoramiento del servicio de transitabilidad vehicular y peatonal dentro del perímetro de la Av. Grau, Ca. Ama Sua y Prolongación Av. Chinchaysuyo del P.J. Víctor Raúl Haya de la Torre – Distrito de la Victoria”, valorizada en S/ 5 417 105.
“Luego que el proceso fuera convocado, este fue postergado en su desarrollo procesal por el lapso de 45 días, integrándose las bases recién el 14 de mayo y, según lo programado, se debía adjudicar la buena pro el 29 de mayo, procedimiento que, pese al tiempo transcurrido, no ha sido llevado a cabo”, indica Chávez Pita.
Sexto proceso
De acuerdo a la información contenida en el Seace, se advierte la convocatoria del proceso con la nomenclatura LP-SM-7-2024 GR.LAMB por parte de la Sede Central del GORE Lambayeque, cuyo objetivo consiste en la ejecución de la obra “Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal en el P.J. Túpac Amaru y P.J. ampliación Túpac Amaru del Distrito de Chiclayo”, el cual cuenta con un presupuesto de S/ 12 491 967.
En las mismas condiciones que los procesos anteriormente convocados, este tuvo una serie de postergaciones consecutivas, las cuales se dieron desde su convocatoria, ocurrida el 2 de abril del 2024, hasta el 24 de mayo del año en curso. Luego de haberse integrado las bases del proceso, el comité de selección ha programado, tardíamente, adjudicar la buena pro el 13 de junio del año en curso.
Séptimo proceso
El 17 de mayo, la gestión de Jorge Pérez convocó la Licitación Pública n.° 18-2024-GR.LAMB, con la finalidad de realizar la contratación de la ejecución de la obra: “Reparación de pistas, reductor de velocidad, veredas y sardineles, además de otros activos en las vías locales del cercado del Distrito de Monsefú”, la cual cuenta con un presupuesto de S/4 184 883.
“Dicho proceso, se encuentra en la etapa de absolución de observaciones desde 4 de junio, las mismas que, según el Seace, han sido remitidas al área usuaria para la absolución respectiva, por lo que el comité de selección optativamente ha decidido programar su adjudicación hasta el 25 de junio, luego que las consultas y observaciones sean absueltas y las bases del proceso sean integradas, esto de no mediar dilación alguna”, comenta Jorge Chávez.
Procesos nulos
A inicios de agosto del 2023, el gobierno regional convocó la Licitación Pública n.° 8-2023.GR.LAMB, con la finalidad de ejecutar la obre: Mejoramiento del Servicio Educativo en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Enrique López Albújar, en el Distrito de Pueblo Nuevo”, proyecto que en ese momento contaba con un presupuesto aprobado de S/98 881 752.
Dicho procedimiento selectivo, desde su convocatoria no tuvo desarrollo en ninguna de sus etapas y casi dos meses después fue declarado nulo mediante la Resolución n.° 568- 2023-GR.LAMB, suscrita por el gobernador Jorge Pérez Flores.
La motivación de la nulidad recae en el sentido de la elaboración del expediente técnico y algunas consideraciones contractuales. Empero, desde la fecha de su anulación, hasta el cierre del presente informe, el proceso no ha vuelto a ser convocado
Un segundo proceso convocado en el año 2023, se identifica con la nomenclatura AS- Ley 31728- Sm-79-2023 GR.LAMB, el cual tenía como objeto ejecutar la obra: Mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en la carretera Ferreñafe – Hacienda Mamape” con un presupuesto aprobado de S/9 971 718.
Dicho proceso tuvo una serie de cuestionamientos por la presentación de documentos falsos en la oferta del postor, Consorcio Vial VI, a quien se le adjudicó la buena pro, firmó contrato e incluso pagó un adelanto de obra ascendente de casi S/900 000.
La contratación que es investigada por el Ministerio Público, fue declarada nula a fines de abril. En la resolución, el gobernador Jorge Pérez no sólo invoca el numeral 64.9 del artículo 64° de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a la existencia de documentación falsa, sino también a la existencia de errores en el expediente técnico.
En el 2006, Aeropuertos del Perú – ADP, asumió la concesión del Aeropuerto de Chiclayo, Capitán José Abelardo Quiñones Gonzales, siendo, además, la empresa responsable de ejecutar el proyecto de ampliación y modernización del terminal. Se estima que a fines del próximo año podrían iniciarse las obras, siempre y cuando la burocracia estatal permita acelerar los plazos. Una vez concluido, el aeropuerto podría generar hasta 8000 empleos directos.
ADP tiene entre sus obligaciones el diseño, construcción, financiamiento, operación y transferencia de la infraestructura aeroportuaria, a excepción de los servicios de aeronavegación, que continúan a cargo del Estado.
Para ello, de acuerdo al contrato, las inversiones y gastos afines son reembolsadas al 100 % por el Estado, por ende los proyectos que desarrollo ADP están regulados por el marco normativo vigente (SNIP o Invierte.pe).
Todas las intervenciones están bajo la mirada del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte Público – Ositran. En su rol como regulador es el encargo de aprobado los expedientes técnicos y supervisar la ejecución de las obras.
De acuerdo al representante de ADP, Leonardo Maia, la concesionaria el compromiso de acelerar los proyectos de ampliación y modernización del aeropuerto de Chiclayo, para lo cual afina detalles con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, concedente de la concesión, y Ositran.
“Al inicio de la concesión, en el 2009, el 52% de las intervenciones de ADP eran cofinanciadas por el Estado, cifra que al 2019, previo a la pandemia del Covid-19, pasó a sólo el 6 %. Actualmente, el cofinanciamiento es del 7 %. Lo que esperamos en los próximos años, con las construcciones que vamos a desarrollar, es que en vez de recibir dinero del Estado, vamos a aportarle, vamos a darle un canon porque nuestros aeropuerto serán autosustentables, generarán dinero suficiente para no recibir plata del Estado. Ahí se demuestra la potencia de una Alianza Público – Privada y el camino correcto para hacer bien las cosas”, menciona Maia.
ADP tiene la concesión de los aeropuertos de Chiclayo, Cajamarca, Chachapoyas, Huaraz, Pisco, Iquitos, Piura, Pucallpa, Talara, Tarapoto, Tumbes y Trujillo.
Inversiones
“Tenemos 4 870 000 000 de dólares de inversión divididos en los dos grandes programas: el primero referido a la rehabilitación de pistas, ascendente a 866 000 000 de dólares, siendo el aeropuerto de Chiclayo el primero que hemos intervenido, por lo que me atrevería a decir que tiene, si no es la primera, la segunda mejor pista de aterrizaje del país. Así lo dicen muchos de los pilotos. Es una pista de clase internacional. Actualmente estamos ejecutando la obra en Piura. Por otro lado, tenemos prevista la inversión de 4 004 000 000 de dólares en la ampliación de terminales, de los cuales el mayor será el de Chiclayo”, comenta.
Señala que el terminal aéreo de Chiclayo tendrá la capacidad de atraer a todas las otras ciudades del nororiente como hub internacional, por lo que es el proyecto más grande de la concesionaria. Sólo en el aeropuerto de la capital lambayecana se espera una inversión de 500 millones de dólares en el terminal de pasajeros y las zonas auxiliares.
Pista de aterrizaje
La nueva pista de aterrizaje de Chiclayo está ejecutada al 100 %, la Piura tiene un avance del 20 % y el resto de regiones está considerado para el corto y mediano plazo.
En Chiclayo se construyeron 130 000 metros cuadrados de pavimento rígido y 170 000 de pavimento flexible; se rehabilitó la pista de rodaje y las vías de servicio, así como el sistema de drenaje de la parte aeronáutica. También se ha mejorado las ayudas visuales para la aeronavegación, la rehabilitación de las plataformas de aeronaves, nuevas líneas perimetrales y la construcción y rehabilitación de 4000 metros de cercos perimétricos.
“Chiclayo tiene una pista de nivel internacional, que para nosotros es mejor a la del aeropuerto de Lima. Es más, el contratista que hizo la pista de Lima es el que ejecutó la del aeropuerto de esta ciudad, por lo que, si algún error cometió en Lima, aquí ya lo tuvo porque sabía qué hacer. El próximo año ejecutaremos las pistas de los aeropuertos de Pucallpa y Pisco, en el 2026 será en Iquitos y Tumbes y, después, Cajamarca, Talara, Tarapoto, Trujillo, Huaraz y Chachapoyas. En la pista de aterrizaje de Chiclayo se invirtieron 56 000 000 de dólares”, mencionó.
El objetivo de la concesionaria es llegar al 2031 con el 100 % de las pistas de los 12 aeropuertos completamente rehabilitadas.
Modernización en Chiclayo
Leonardo Maia menciona que el proyecto para la modernización y ampliación del terminal aéreo de Chiclayo también es el primero en la cartera de ADP, el mismo que representará una inversión de 430 millones de dólares. A nivel de ingeniería, el proyecto tiene un avance del 73 %.
“Hemos dado un empuje para que el proyecto de Chiclayo avance más rápido y todos los meses recibimos el reporte del consultor de diseño, pues ya estamos en la etapa de entrega de los primeros expedientes de la obra. La obra tiene más de 60 expedientes técnicos”, acota.
El funcionario de ADP indica que es necesario destrabar algunos procesos a nivel de la administración pública para acelerar el inicio de los trabajos, proyectados para fines del 2025. Esto implica la aprobación progresiva de los expedientes y su ejecución paralela.
“Los expedientes deben ser aprobados por el MTC y luego pasar por Ositran, Corpac y la Fuerza Aérea del Perú - FAP. Lo que hemos propuesto es dividir la obra en cinco etapas, siendo la primera la solución de interferencias como la vía a Pomalca y la parte vial alrededor del aeropuerto. Si es así, empezaríamos a fines del año 2026. Por si esperamos a tener todo aprobado, tendríamos que esperar hasta el 2027”, indica.
“El terminal de Chiclayo empezará con 43 000 metros cuadrados, 5000 más que los que tuvo en su inicio el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, Ecuador, por donde se desplazan cinco millones de pasajeros. Chiclayo recibe al año alrededor de un millón pasajeros, por lo que habrá posibilidad de hasta quintuplicar la cifra actual”, añade el representante de ADP.
También se considera una intervención para la mejora de los sistemas eléctricos en nueve de los aeropuertos concesionados, con una inversión de 158 000 000 de dólares, siendo un de ellos el de Chiclayo.
“Los nueve expedientes técnicos ya fueron entregados al Ministerio de Transportes y Comunicaciones el año pasado y estamos en la lucha diaria para su aprobación, porque hasta ahora no sale la confirmación. Una vez aprobada iniciaremos los trabajos”.
Metas a lograr
Maia indica que el terminal aéreo de Chiclayo crecerá 21 veces en relación al existente; el terminal de carga, 15 veces; la playa de estacionamiento, cinco veces, y habrá una capacidad cuatro veces mayor para la llegada de pasajeros.
“Chiclayo se va a consolidar como el hub aéreo del norte del Perú, por lo que todos los pasajeros internacionales de Tumbes hasta LaLibertad, y de Piura hasta Amazonas, serán direccionados a Chiclayo y desde aquí al mundo”, acota.
El nuevo aeropuerto tendrá seis puentes de embarque; una plataforma comercial de aviación general y de carga para 18 aeronaves; planta de combustible, bloque sanitario para el manejo de residuos sólidos y líquidos; estación de bomberos, talleres de mantenimiento, nueva torre de control, playa de estacionamiento para 418 vehículos, habilitación de lotes para desarrollo comercial, y una ampliación de pista en 2693 metros, de tal manera que sea posible la llegada de naves Boing 747.
“Estos trabajos van a generar un cambio en el entorno del aeropuerto y generará muchas oportunidades. Sólo para tener una idea, esperamos contar con hasta 5000 trabajadores. De llegar a la capacidad de cinco millones de pasajeros al año, se podría contratar hasta 8000 personas de manera directa. Es un impacto fundamental para Lambayeque”, señala.
Proinversión dio un paso importante en la gestión del Terminal Portuario de Lambayeque al adjudicar la consultoría para la actualización de la demanda del plan maestro del proyecto, labor que realizará el Consorcio TP Lambayeque, integrado por el Instituto de Consultoría S.A. y Garrido Consultores S.R.L.
La actualización permitirá diseñar la estructura logística de la Alianza Público Privada que se daría en concurso, a fin de ejecutar el futuro Terminal Portuario de Lambayeque y como parte del plan de desarrollo portuario en la región.
“Esta actualización de la demanda portuaria servirá para diseñar el esquema de inversiones portuarias, la ha licitado Proinversión bajo un acuerdo con el gobierno regional y Autoridad Portuaria, y espero que hayan sido celosos con los requisitos y elegido una empresa con experiencia y capacidad de este importante encargo. El significado de la consultoría es establecer el crecimiento de la demanda portuaria, usos y plazos de inversión; con esos elementos hacer una nueva estructura de APP”, señala Jorge Nakazaki Servigón, ex gerente general de la Autoridad Portuaria Regional - APR, de Lambayeque.
Cada avance hacia la cristalización del ansiado proyecto departamental, que tendrá impacto sobre la toda la macrorregión nororiente, ha sido resultado de un arduo trabajo técnico y también de presencia política.
Ordenamiento legal
Como recuerda Nakazaki Servigón, para realizar el proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque, el primer objetivo fue incluir a la región dentro del Plan Nacional de Desarrollo Portuario.
“El primer paso, dentro de este objetivo, fue realizar un Plan Maestro, en el cual se desarrollasen todas las características del emplazamiento, tales como geo morfología marina, biocenosis, demanda, ubicación y demás características físicas; a fin de lograr establecer un diseño óptimo que no replique la problemática del resto de puertos del país”, comenta.
Fue el Gobierno Regional de Lambayeque, durante la gestión de Humberto Acuña Peralta, el que convocó al concurso internacional para seleccionar a la empresa que realizaría el Plan Maestro, resultando ganador el Consorcio Portuario Lambayeque, integrado por la Fundación Valencia Port de España y Acciona Ingeniería. La entrega oficial del producto se realizó en febrero del 2015.
Luego, el Plan Maestro fue elevado al directorio de la Autoridad Portuaria Nacional – APN, entidad que lo aprobó al igual que la Dirección Acuática del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC. Asimismo, el Ministerio de Defensa y la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM, emitieron opinión favorable.
Con el Decreto Supremo n.° 010 – 2015 – MTC se modificó el Plan Nacional de Desarrollo Portuario por la incorporación del Plan Maestro del Terminal Portuario de Lambayeque.
“Aquí quedó totalmente culminada la etapa legal y técnica; luego del objetivo cumplido, el siguiente era la búsqueda de la inversión”, indica Jorge Nakazaki.
Búsqueda de inversión
De acuerdo al marco legal Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos; la participación de la inversión privada, en líneas generales, en la oferta de infraestructura y servicios públicos puede ser de Tres formas: Proyectos en Activos, Iniciativas Privadas o Iniciativas Estatales.
La inversión portuaria privada puede conllevar a la construcción de puertos de uso privado y público (caso del puerto de Chancay) y puertos privados de uso público (caso el Callao, Paita, etc.).
Respecto al proyecto portuario de Lambayeque, en marzo del 2015, luego de una agresiva campaña de promoción del puerto a nivel internacional, el Consorcio Eten Port presentó ante la Autoridad Portuaria Regional una iniciativa de inversión 100 % autofinanciada por $385 000 000, la que fue declarada admisible meses después por la Autoridad Portuaria Nacional.
En julio de ese año, Proinversión puso como condición que el consorcio tenga personería jurídica establecida y no sólo una promesa de consorcio, aspecto que fue superado, quedando el camino listo para la opinión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que debía declarar la iniciativa de relevancia y consistencia.
El procedimiento siguió hasta que se solicitó al consorcio (ya constituido), información relevante para la continuidad de los trámites, pero este no respondió en los plazos establecidos y, por lo tanto, se resolvió la inadmisibilidad de la iniciativa.
“En noviembre del 2016, representantes del ministerio, la APN, Proinversión y la APR coincidieron en la necesidad de dar mayor impulso al proyecto, con mayor participación de Proinversión, para lo cual fue necesario reevaluar la demanda establecida en el Plan Maestro y desarrollar el componente financiero del proyecto que se pueda incorporar en la cartera de inversiones”, menciona.
Jorge Nakazaki añade que en el 2017 el gobierno regional entregó los fondos para los estudios que permitieron que en enero del 2019 la Dirección de Concesiones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, autorizara a la APN el inicio del proceso de promoción de la inversión privada, es decir la partida de nacimiento para que Proinversión inicie el proceso de estructuración de la Iniciativa estatal.
Ya en julio del 2018 el Consorcio Global Edison, de capitales norcoreanos, remitió una carta de intención para participar en la concesión del Terminal Portuario de Lambayeque. En febrero del 2019, la compañía China State Construction Harbour Co., expresó su voluntad de adherirse a la iniciativa de Global Edison. Sin embargo, esas intenciones no dieron resultado ante la absurda decisión de la gestión regional de Anselmo Lozano Centurión de prácticamente desaparecer la Autoridad Portuaria Regional – APR.
Pasos importantes
Jorge Nakazaki menciona que algunos de los pasos importantes dados respecto al proyecto son su inclusión en el Informe Multianual de Inversiones de Alianzas Público Privadas – IMIAPP, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como el encargo oficial a Proinversión para la difusión del proyecto y el proceso de convocatoria de la iniciativa estatal.
“Hoy día las autoridades han recomendado hacer una actualización de la demanda para diseñar el proceso y establecer un posible cronograma de la APP para el Terminal Portuario, lo cual está bien. Sin embargo, en paralelo debería trabajarse intensamente en la búsqueda de operadores portuarios e inversionistas, así como en la consolidación de la zona de inversiones relacionadas al terminal”, manifiesta.
Destaca que el proyecto completo es un Plan Integral de Desarrollo Regional, que implica el Terminal Marítimo acompañado del Parque Industrial y la Zona Franca; que son los elementos que en la mayoría de espacios del mundo consolidan los terminales.
“El diseño completo implica $565 000 000, inversión que podría hacerse por etapas y que se irían ejecutando junto a la consolidación de la demanda portuaria. La primera etapa sería de aproximadamente $150 000 000”, explica.
Inversión y riqueza
Añade que el objetivo final de la inversión es generar riqueza para la región y empleo para los lambayecanos.
“Si sólo hacemos un puerto veremos solamente pasar las exportaciones e importaciones de otros a través del tiempo y algunos cientos de puestos de trabajo, pero Lambayeque no generaría nunca la riqueza suficiente para consolidarse como un polo de desarrollo sustentable.
La mejor forma de distribuir riqueza es generando cadena de valor a todos nuestros productos y en este punto es que surge la necesidad de un Parque Industrial y de una Zona Franca, para desarrollar inversión para el mercado interno y externo”, asegura.
Precisa que los países latinoamericanos se encuentran con una realidad conjunta, por un lado, tienen en contra la pobreza y muy poca tecnología competitiva, pero tienen a favor la geoestrategia al encontrarse en medio del trayecto Asia – Europa y en la cuenca del Pacífico, principal centro del comercio mundial.
“Por eso, la estrategia del desarrollo de zonas francas nos permitiría absorber una parte importante de la cadena del valor de los productos, especialmente si Latinoamérica es la mayor fuente mundial de materia prima. Muchos países de la región ya tienen esa visión, el Perú, como de costumbre, aún no; ya para el año 2020 existían casi 800 zonas francas instaladas en América, las cuales albergaron más de 13 000 empresas, las cuales generaron casi dos millones de empleos, entre directos e indirectos. En promedio, las zonas francas latinoamericanas han aportado aproximadamente el 5 % del Producto Bruto Interno de sus países y los empleados que han trabajado en estos espacios económicos han percibido una remuneración mensual aproximadamente cinco veces mayor que el salario mínimo promedio de la región”, resalta.
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IMPULSO LEGISLATIVO: Congresista Mary Acuña acudió a acto de adjudicación
Al acto de adjudicación de la consultoría para la actualización de los estudios del Terminal Portuario Regional de Lambayeque, fue invitada la congresista Mary Acuña Peralta, principal impulsora de para hacer realidad este anhelo, quien asumió el compromiso desde su elección participando en las reuniones de coordinación y ayudó en facilitar la firma del convenio entre Preinversión, el Gobierno Regional de Lambayeque y la Autoridad Portuaria Nacional.
“Siento la satisfacción de ver que mis gestiones van dando su fruto, con proyectos de mi autoría y de esta manera ir garantizando el desarrollo económico de la región, generando desarrollo y puestos de trabajo. Desde el año 2021 me reuní con los diferentes ministros de Economía, Transportes y directores ejecutivos de Preinversión para poner énfasis en el proyecto lambayecano”, enfatizó la parlamentaria.
