El Partido Aprista ha tenido muchas crisis políticas desde que saltó a la palestra en 1924 como un movimiento de ámbito latinoamericano, y en 1930 ya como partido político en Perú, de la mano de su líder Víctor Raúl Haya de la Torre. Sus más preclaros dirigentes y el propio Haya sufrieron persecución política de diferentes gobiernos militares y dictatoriales, fueron acusados de comunistas, fueron encarcelados y otros terminaron exiliados, y un número indeterminado fue asesinado por defender sus ideas, como los cientos de fusilados en las ruinas de Chan Chan durante el gobierno de Sánchez Cerro, en la llamada revolución de Trujillo. Originalmente el APRA se fundó como un partido de izquierda, luego con el paso del tiempo y debido a diversos sucesos políticos, la organización viró hacia la centroizquierda, la social democracia; pero desde el 2006 cuando Alan García Pérez llegó por segunda vez al poder, el partido tuvo un giro de 180 grados al posicionarse en el lado de la derecha conservadora.
El momento auroral del APRA se produjo en 1985 cuando Alan García, con solo 36 años, ganó por un amplio margen la Presidencia de la República, a su ocasional contendor de la izquierda, Alfonso Barrantes. Era la primera vez en su historia que la Alianza Popular Revolucionaria Americana llegaba al poder, después de varios intentos fallidos. El 2006 la organización tendría su segunda luna de miel con el poder, luego que García alcanzara la Presidencia al vencer al nacionalista Ollanta Humala. Para ese momento el partido de Haya dejaba su postura inicial de izquierda y de centroizquierda para caminar hacia la derecha, porque el exgobernante impulsó políticas conservadoras y neoliberales, tanto en su gobierno como en el partido del era su presidente (Wikipedia).
Se avizoraba la crisis
Sin embargo, los comicios del 2016 evidenciarían la enorme crisis institucional que ya experimentaba dicha agrupación, las enormes grietas estructurales socavadas por sus máximos dirigentes, las eternas pugnas internas por cuotas de poder nunca pudieron ser solucionadas, lo que provocó divisionismos y renuncias. El mismo líder que llevó a la cúspide política al APRA se encargaría de hundirlo, pues en dicho proceso en alianza con Lourdes Flores del PPC pasarían con las justas la valla electoral (5.83%) y solo obtendrían cinco escaños congresales, lo que obligó a García a renunciar a la Presidencia del partido. La debacle estaba a la vista y en el horizonte no aparecía el líder que lance un salvavidas a ese barco que se hundía a paso firme. Las elecciones complementarias al Congreso, de enero de 2021, sería una fuerte estocada para el partido de la estrella, pues por primera vez no tendrían representación en el Parlamento, al haber obtenido un magro 2.72% de la votación.
La estocada final estaba muy cerca. Sin Alan García a la cabeza -se suicidó el 17 de abril de 2019 con un disparo, tras ser intervenido por la policía en el marco de las investigaciones del caso Odebrecht- y sin un comité político nacional cohesionado y unido, el APRA era sinónimo de desorganización, improvisación e incertidumbre. Esto se tradujo posteriormente en el retiro de la plancha presidencial encabezada por Nidia Vílchez, por decisión de la comisión política, para las elecciones del 11 de abril pasado. La excongresista demandó la remoción de los máximos dirigentes, pero su pedido quedó como una exigencia no atendida, porque hoy todo sigue igual. Incluso advirtió que esta crisis política se agudizaría con la pérdida de la inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
Y ello se produjo recientemente con la cancelación de la inscripción del APRA del Registro de Organizaciones Políticas, por no cumplir con los requisitos de ley para mantener su vigencia tras las elecciones generales 2021. El abrupto retiro de la plancha presidencial aprista les pasó la factura de la peor manera. El barco terminó por hundirse totalmente. El presidente de la comisión política, Mauricio Mulder, afirmó que el APRA participará en las elecciones municipales y regionales 2022, previa inscripción, y señaló que con la nueva norma solo requieren de 40 mil firmas para tener asegurado su registro ante el JNE, considerando que actualmente tienen 216,000 militantes inscritos. Una justificación complaciente que no asume responsabilidades ni mea culpas ante reiterados fracasos dirigenciales, que no han sabido llevar de manera inteligente y madura las riendas de uno de los partidos más longevos del país.
Se destruyó un partido con historia
Para el analista político Enrique Castillo, la difícil situación de los partidos tradicionales, que se han visto debilitados frente a la aparición de organizaciones independientes, le ha pasado “una factura muy fuerte al APRA, que mientras Alan García vivía fue disimulada por su presencia política”. (El Comercio- 23/12/2020). En tanto que el excongresista Daniel Robles López precisó que la dirigencia nacional encabezada por Elías Rodríguez Zavaleta ha destruido un partido con historia y organización partidaria, lo que ha ocasionado un enorme daño a la política regional y nacional. “Rodríguez se eligió de mala manera como secretario nacional, apoyado por grupos de poder y por intereses personales”, añadió. (La República- 10-09-2021).
Tras la muerte del expresidente y sin un liderazgo claro, la crisis en el APRA se ha agudizado exponencialmente, con dirigentes seriamente cuestionados que solo pensaron en sus intereses particulares más que en los del partido, y que no han sido capaces de poner orden y dar tranquilidad a su militancia ante tanto escepticismo. Por ello, urge que la agrupación ingrese en un proceso de refundación con nuevos rostros (basta ya de los Mulder, del Castillo, Velásquez, Rodríguez, Quesada) y propuestas políticas innovadoras, que les permita salir del hoyo institucional en que se encuentra. La tarea será bastante ardua y paciente, requerirá del compromiso y responsabilidad de todas las fuerzas vivas apristas, de las bases (militancia), de los comités regionales y provinciales, de los dirigentes nacionales. Pero también de despojarse de intereses subalternos que solo han beneficiado a pequeños grupos, que han terminado entornillándose y se creen los dueños del partido.
Haya de la Torre agradecerá cualquier desprendimiento personal y dejar posiciones sectarias, en aras de reconstruir este viejo partido golpeado desde sus adentros. El APRA no merece un final tan dramático por ambiciones y golpes bajos en su propio seno; por el contrario, por su historia debe resurgir como el ave fénix, porque al tener partidos institucionalizados y fortalecidos, se contribuye a defender nuestra precaria democracia.
(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación.
El cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, falleció este sábado a los 86 años de edad en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao (Cerec), en donde cumplía dos cadenas perpetuas por el delito de terrorismo. El grupo subversivo que fundó Abimael Guzmán fue "el principal perpetrador de crímenes y violaciones de los derechos humanos entre 1980 y 2000", y generó el periodo de violencia "más intenso, más extenso y más prolongado de toda la historia de la República", concluyó la Comisión de la Verdad.
En su sentencia del 2006, el Poder Judicial estableció que Manuel Rubén Abimael Guzmán Reinoso fue jefe máximo de Sendero Luminoso, tanto en los aspectos político, ideológico y militar. "En su condición de dirigente y jefe de la referida organización subversiva, planificó el accionar terrorista, autorizando el apoyo logístico para los Comités que dependían del Comité Central, tanto en material explosivo y armamento a través de los encargados logísticos, llevando el cuadro estadístico de todas las acciones por campañas, habiendo utilizado para el logro de sus fines “coches bombas”, artefactos explosivos, armas de guerra y otros medios”, se lee en la condena.
Su fallecimiento sucedió en la víspera de cumplirse 29 años de la denominada “Captura del siglo”, ocurrida el 12 de setiembre de 1992 en una vivienda del distrito limeño de Surquillo, luego de un largo trabajo de seguimiento del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) de la Dirección contra el Terrorismo de la Policía Nacional. Días después de su captura, Guzmán fue exhibido por el gobierno de Alberto Fujimori al interior de una jaula, vistiendo un traje a rayas, y lanzando arengas.
De acuerdo con información del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Guzmán Reinoso murió a las 6:40 a.m. debido a complicaciones en su estado de salud. Desde julio, el cabecilla terrorista era examinado por médicos en la prisión, y en algún momento tuvo que ser trasladado temporalmente a un hospital cercano, pese a su negativa inicial. Guzmán recibió el alta médica el 5 agosto y a partir de entonces fue monitoreado en el tópico de la Base Naval del Callao.
Comunicación de la muerte
En diálogo a OjoPúblico, la jefa del INPE, Susana Silva Hasembak, explicó que apenas fueron notificados de la muerte se activó el protocolo establecido para personas privadas de su libertad, que implica coordinar con el Ministerio Público a fin de que se constate el deceso y el cuerpo sea remitido a la morgue. También fueron notificados su abogado y su esposa, Elena Iparraguirre Revoredo, sentenciada a cadena perpetua por los mismos hechos y quien purga condena en el penal Virgen de Fátima, en Chorrillos.
El Ministerio Público informó que fue notificado del hecho a través de una llamada telefónica del personal de custodia de la Base Naval, poco más de una hora después de lo señalado por el INPE, a las 8:00 a. m. Luego de ello, la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Callao llegó a la prisión para realizar el levantamiento del cadáver y diligencias a fin de determinar las causas del deceso. Al promediar las 5 p.m. el cuerpo fue trasladado a la Morgue Central del Callao para practicarle la necropsia y los exámenes forenses.
Silva Hasembak aclaró que no corresponde a su institución decidir sobre el destino de los restos, y que cumplieron con informar a la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) de la Policía Nacional, "para evitar cualquier utilización política de este tema". "Nosotros hemos cumplido con lo que le corresponde al INPE, y su labor concluye cuando el cuerpo ingresa a la morgue. La Marina de Guerra nos notificó del hecho, y recibí su llamada al promediar las 7 a.m.. Ellos son los que se comunicaron con el Ministerio Público", añadió.
Por su parte, el exministro del Interior y exjefe del INPE, Wilfredo Pedraza, explicó que el mecanismo habitual es entregar los restos al familiar más cercano; en este caso, a su esposa, Elena Iparraguirre. Sin embargo, como ella está en prisión y no hay otros parientes identificados, considera que el Ejecutivo es quien debe hacerse cargo y subsanar este vacío normativo.
"En el caso de Guzmán, sus parientes de Arequipa han roto vínculos con él hace 30 años, y su esposa está privada de su libertad. Ella podría autorizar a un tercero, con una carta poder, para que lo reciba, pero eso no está reglamentado. No está normado a quién corresponde decidir sobre los restos o tipo de entierro que deben recibir cabecillas terroristas. La Marina de Guerra, el INPE, y el Ejecutivo, en general, son los que deben tomar una decisión conjunta", indicó a este medio.
Consultado al respecto, el abogado de Guzmán Reinoso, Sebastián Chávez, dijo que el cadáver debe ser entregado a Iparraguirre. "Van a hacer las diligencias del caso, la necropsia y luego veremos (...) Por ley tienen que entregárselo a su esposa, que es su familia más directa, o quien ella decida", añadió.
La camarada Bertha
El Ministerio Público informó la tarde del domingo que la ciudadana Iris Yolanda Quiñonez Colchado solicitó formalmente la entrega del cuerpo del máximo cabecilla de Sendero Luminoso. Ella dijo tener un poder escrito otorgado por la viuda de Guzmán, Elena Iparraguirre. El recurso también fue presentado al Poder Judicial, pero terminó rechazado.
Según la CVR, Iris Quiñonez, alias ‘Bertha’, fue mando militar del denominado Comité Zonal Sur de Sendero Luminoso que operaba en Lima y fue la responsable del asesinato del coronel PNP y miembro de la Dirección contra el Terrorismo (Dircote), Manuel Tumba Ortega en 1992.
El asesinato del oficial fue uno de los casos emblemáticos en el informe de la CVR y ocurrió como represalia a la captura de Abimael Guzmán de septiembre de 1992. Según un testimonio recopilado por la CVR, Quiñonez Colchado dijo que el asesinato del coronel Tumba Ortega “era un golpe a la Dircote” porque la víctima había participado en la captura del cabecilla de Sendero Luminoso.
En 1993, Quiñonez fue capturada por la policía y negó su participación en el crimen del coronel Tumba Ortega. Fue condenada por la justicia militar a cadena perpetua, sentencia que luego fue anulada en 2003 y el caso pasó al fuero civil. El 2009, luego de anularse un primer juicio en el fuero común por orden de la Corte Suprema, Quiñonez Colchado fue finalmente condenada a 28 años de prisión por terrorismo y al pago de 20 mil soles de reparación civil al Estado.
El 2011, Quiñonez presentó una demanda contra el Perú ante la Comisión Interamericana de DD.HH. argumentando una presunta violación de sus derechos. Cuestionó que la legislación vigente le prohíba volver a ejercer la docencia luego de purgar una condena por terrorismo. En febrero de este año, la Comisión Interamericana de DD.HH. admitió a trámite este pedido, etapa previa a una revisión sobre el fondo de la acusación y la notificación al Perú para su descargo.
Luego de purgar condena por más de 25 años de cárcel por terrorismo, Yolanda Quiñonez, se presentó ante la Fiscalía para pedir el cuerpo de Abimael Guzmán.
La insania del terror
La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) detalla en su informe final que Sendero Luminoso fue el principal responsable de la violencia en el Perú: "De acuerdo a su ideología, [esta organización] adoptó una estrategia que buscó constantemente provocar respuestas desproporcionadas por parte del Estado sin tener en cuenta el profundo sufrimiento que ello ocasionaba a la población".
Según el Registro Único de Víctimas (RUV) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la violencia iniciada por dicho grupo, junto al Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), que dirigió Víctor Polay Campos, y la respuesta del Estado, dejaron más de 33 mil fallecidos entre 1980 y el 2000.
De estos 33 mil peruanos ausentes, el 12 % corresponden a víctimas menores de edad; el 38 % se registraron en apenas tres años: 1984, 1989 y 1990; y el 70 % corresponden a casos ocurridos en Ayacucho, región donde se formó Sendero Luminoso y que fue la más golpeada en el país durante las décadas de violencia.
Entre sus conclusiones, la CVR hace énfasis en cómo Sendero Luminoso llevó "la ideología fundamentalista y la organización totalitaria a sus extremos", pues en sus acciones subversivas "ve clases, no individuos. De allí su falta absoluta de respeto por la persona humana y por el derecho a la vida".
Disposición del cadáver
La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó ante el Congreso de la República un proyecto de ley que faculta a los jueces o fiscales disponer el destino final de los cadáveres en casos de posible afectación de la seguridad y el orden público.
La iniciativa legislativa tiene por finalidad establecer un marco normativo que a la fecha no hay, para lo cual propone modificar la Ley 26842, Ley General de Salud, en su artículo 114.
De esta manera, se considera que "el juez o fiscal, según sea el caso, en decisión especialmente fundamentada, podrá disponer del destino final de los cadáveres, cuyo traslado, funerales o inhumación pudiera poner en grave riesgo la seguridad o el orden público".
La Fiscalía señaló que el tema no ha sido regulado legislativamente, situación evidenciada con la reciente muerte del cabecilla de la organización terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán.
Precisó que se trata de una situación evidenciada mas no un caso específico; es decir, la propuesta legislativa no es solo para dicho caso, sino para las situaciones descritas que se pudieran presentar.
Según indicó, un marco específico para los casos de cadáveres cuyo destino final afecten la seguridad u orden público brindará seguridad jurídica a jueces o fiscales y la ciudadanía en general.
Subrayó, además, que el proyecto de ley se encuentra dentro del marco constitucional y legal vigente, en tanto que el ejercicio de los derechos constitucionales debe estar en armonía con el orden público y la seguridad ciudadana es un derecho fundamental, cuyo garante es el Estado.
Tras su presentación, corresponde al Congreso su análisis, evaluación y eventual aprobación, a fin de que su aplicación se materialice.
Fuentes: Ojo Público / Andina.
