De enero a julio del presente año, el Centro de Emergencia Mujer ha registrado a nivel nacional más de 36 mil denuncias por violencia física, cerca de 18 mil casos de violencia sexual y más de 40 mil de violencia psicológica, según el portal estadístico Aurora, recordó Mariela Belleza, abogada integrante del colectivo Las Tejedoras, al señalar el peligro que significa el planteamiento del gobierno de fusionar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables-MIMP, con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).
Dio a conocer que, de esos totales, las mujeres violentadas físicamente son 30,610 (84.5%); sexualmente 16,540 (93,6%); y violentadas psicológicamente 32,601 (81.3%). En ese mismo nivel figuran los hombres, cuya cifra asciende a 7,502 (18.7%) en el primer caso; 1,130 (6.4%), en el segundo y 7,502 (18,7%) en el tercero.
Ataques desde el Congreso
Por otro lado, hablando durante la quinta sesión del Ciclo de Diálogos Políticos que organiza la Red Micaelas en alianza con la Fundación Gustavo Mohme Llona, Mariela Belleza precisó que desde el 2017 hasta este año, el Ministerio de la Mujer ha venido sufriendo ataques desde el Congreso de la República, por representantes de diversos partidos políticos.
En tal sentido, dijo, se presentaron diversos proyectos, tales como el 01782/2017-CR, Ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional la creación del Ministerio de la Familia e Inclusión Social (Fusión MIMP y MIDIS), por parte de Juan Carlos, Gonzales Ardiles (Fuerza Popular), del 15/08/2017. Igualmente, el 01229/2021-CR, Ley que modifica la denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a Ministerio de la Familia y Población Vulnerable, de Américo Gonza Castillo (Perú Libre), el 01/02/2022. También el 06588/2023-CR, Ley que declara de interés nacional el cambio de denominación del “Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables” por el de “Ministerio de Familia, Infancia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad”, de María Jáuregui Martínez (Renovación Popular), el 05/12/2023; y, finalmente, el 08434/2023-CR, Ley que determina el cambio de denominación del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Cultura, de Waldemar Cerrón Rojas (Perú Libre), presentado este último 19/07/2024.
En mayo de este año el Congreso aprobó la eliminación de la paridad horizontal en las listas electorales y el Ministerio de la Mujer rechazó la norma, calificando la medida como "un retroceso en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres". Los colectivos también se pronunciaron en contra de la contrarreforma del Legislativo. Sin embargo, el MIMP no observó la autógrafa de ley y esta fue publicada en junio de 2024.
Trabajo y remuneración
También expuso sobre la “carga global de trabajo” que se da en el Perú con respecto a la mujer. Esta carga se refiere a la suma del tiempo trabajado para el mercado (remunerado) más el tiempo de trabajo doméstico y de cuidado (no remunerado). La desigualdad en la distribución de la carga global de trabajo determina mayores oportunidades de los hombres para obtener ingresos, en comparación con las mujeres.
Así, hasta el 2010 la “carga global de trabajo” por sexo, era de 66:31 en el hombre; mientras que en la mujer llegaba al 75:53; lo que hacía una diferencia de -9:22 puntos.
Asimismo, de acuerdo al INEI al 2021, el ingreso promedio mensual de los hombres fue de s/.1,810.4 y el de las mujeres de S/.1,362.2, siendo la diferencia o brecha salarial de S/.484.2 (27%).
En este sentido, precisó que existen cuatro clases de empleo para las mujeres: Empleo parcial, que es la reducción de jornada para hacer frente al cuidado de la familia; Peores empleos, en el que las mujeres ocupan empleos peor remunerados y hay menos posibilidades de obtener empleos de mayor nivel, siendo uno de los factores la maternidad; Trabajos socialmente menos valorados. Aquí, las mujeres realizan más trabajos asociados a cuidados que están feminizados (enfermeras, trabajadoras del hogar, personal de limpieza, etc.) y Prejuicios al contratar mujeres. Se consideran que contratar mujeres es más costoso por maternidad, por ejemplo, señaló.
Techo de cristal
La expositora incidió en que existe limitación no evidenciada de ascenso de las personas dentro de las organizaciones e instituciones. “Se trata de un techo que limita las carreras profesionales, políticas y sociales de las mujeres, difícil de traspasar y que les impide seguir avanzando. Es invisible porque no existen leyes o dispositivos oficiales y/o establecidos que impongan una limitación explícita en la carrera de las mujeres”, dijo.
Agregó que, así, la participación de las mujeres en cargos de liderazgo en el aparato estatal no pasa del 35%, y en el sistema privado apenas alcanza el 30%. “Mientras más alto es el puesto, más difícil es para nosotras alcanzarlo, pues solo el 10% forman parte de los directorios”.
También se refirió a la división sexual de trabajo. En el Perú, dijo, el Tercer Estudio de Equidad de Género en las empresas de Ipsos Perú reveló que, al 2019, las ejecutivas dedican 5 horas más que los hombres a las labores en el hogar y 10 horas más en el cuidado de niños y niñas.
El aporte de su existencia
Mariela Belleza afirma que el carácter de ente rector de las políticas de igualdad entre mujeres y hombres del MIMP, se traduce en su competencia para diseñar políticas públicas multisectoriales especializadas, para crear normas y herramientas, para realizar monitoreos de los compromisos de todos los sectores y niveles de gobierno, y en brindar asistencia técnica para la incorporación del enfoque de género junto a los enfoques de interculturalidad y derechos humanos en todas las acciones de gobierno.
En tal sentido, agregó que el MIMP “cumple la función de orientar la acción pública para la garantía de los derechos en igualdad entre mujeres y hombres. El aporte de su existencia beneficia a todos, con políticas para la igualdad con planeamiento concertado”.
En el plano internacional, Perú está inmerso en los compromisos de Estados en la igualdad de los derechos de las mujeres: Cairo +20 (2014), Beijing +20 (2015), Belem Do Pará, Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo Global de Comercio y Género. En el plano nacional, se debe continuar con la visibilización de las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres en el país; mantener incidencia en instituciones públicas para incorporar el principio de igualdad de género de manera permanente en su accionar y estrategias; evidenciar impacto diferencial de las políticas públicas en la población en los tres niveles de gobierno; garantizar la continuidad del marco normativo e institucional del Estado por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres; y monitorear los compromisos por la igualdad entre mujeres y hombres y los avances en toda forma de violencia contra las mujeres.
Reacciones nacionales e internacionales
Dio cuenta igualmente de la reacción institucional de la Defensoría del Pueblo de agosto de 2017 cuando se buscaba fusionar el MIMP y MIDIS, así como su cambio de nombre a Ministerio de la Familia e inclusión social. “La Defensoría del Pueblo considera que la posible fusión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) con el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) debilitaría la implementación de las políticas públicas relacionadas con la igualdad y no discriminación en el Perú. Además, invisibilizaría a millones de mujeres que viven en situación de vulnerabilidad en el país”, se dijo entonces en un pronunciamiento de esta institución, titulado “El Ministerio de la Mujer no debe ser fusionado”. Asimismo, el de julio de 2022, cuando la Defensoría del Pueblo instó al Congreso de la República a no aprobar el cambio de nombre y funciones del ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables.
Igualmente, Mariela Belleza recordó las recomendaciones del Comité para eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW) al informe periódico presentado por Perú en sesiones celebradas entre el 01 de julio de 2014. Al respecto, leyó el punto N° 14 que señala: “El Comité reitera sus anteriores recomendaciones (ibid., párr. 15) al Estado parte y lo insta a reforzar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables en cuanto principal mecanismo para la aplicación de la Convención incrementando sustancialmente los recursos humanos y financieros destinados al cumplimiento de su mandato relativo a la aplicación de políticas y leyes en pro de la igualdad de género, promover la descentralización de las políticas públicas de adelanto de la mujer, y mejorar la coordinación de todas las ramas y niveles de gobierno mediante una presupuestación eficaz con perspectiva de género”
También hizo referencia a las sesiones celebradas entre el 15 y 16 de febrero 2022. “El Comité acoge con satisfacción el establecimiento de mecanismos de igualdad de género en los gobiernos regionales y locales, así como las iniciativas en pro de una aplicación más eficaz de los planes y políticas relacionados con los derechos de la mujer. Toma nota de la aprobación de la política nacional de igualdad de género para el período 2019-2030. Sin embargo, le preocupa el proyecto de ley que propone cambiar el nombre del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables por el de “Ministerio de la Familia y Poblaciones Vulnerables”, señalando que ello debilitaría el mecanismo institucional para los derechos de la mujer al desplazar el foco de atención de la política nacional de igualdad de género a un concepto tradicional de familia. Además, lamenta la falta de recursos asignados a los planes, programas y actividades para lograr la igualdad de género y los derechos de la mujer.
Recordando la orientación proporcionada en la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en particular en lo que respecta a las condiciones necesarias para el funcionamiento eficaz de los mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer, el Comité CEDAW recomienda que el Estado Peruano:
“a. Garantice la integridad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, tanto en su nombre como en su mandato, a fin de reforzar su capacidad de promover y supervisar la aplicación de las políticas de igualdad de género, fortaleciendo su papel en el marco normativo que rige la incorporación de la perspectiva de género, en todos los niveles de gobierno”.
La representante del colectivo Las Tejedoras sentenció estarse perdiendo una herramienta porque para otorgar igualdad a través del enfoque de género y planteó dar una respuesta desde el ámbito de las regiones, para luego, a nivel nacional, desarrollar acciones conjuntas: “Al parecer es una decisión del gobierno ir hacia esta fusión, pero todavía no ha sido tomada; entonces, aún tenemos un espacio de resistencia para busca revertir esto que ya parece una decisión cerrada”.
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* Portal de noticias Mira Por Ellos
En el umbral del siglo XXI, nos enfrentamos a una realidad alarmante: el aumento exponencial de enfermedades virales con potencial epidémico. Este fenómeno, lejos de ser una coincidencia o el fruto de teorías conspirativas, es el resultado directo de la compleja y peligrosa interacción entre la actividad humana y el medio ambiente. En este escenario, la deforestación y el cambio climático emergen como actores principales de una crisis sanitaria global en ciernes.
Los arbovirus, aquellos transmitidos por artrópodos como mosquitos y garrapatas, y las zoonosis, enfermedades que saltan la barrera de especies desde animales a humanos, han experimentado un incremento sin precedentes en las últimas décadas. La pandemia de COVID-19, causada por el SARS-CoV-2, es quizás el ejemplo más contundente y reciente de cómo un virus de origen animal puede tener consecuencias devastadoras a escala global. Sin embargo, esta no es más que la punta del iceberg de un problema mucho más profundo y sistémico.
La deforestación, impulsada por la voracidad de industrias extractivas y la expansión agrícola, está transformando vastos ecosistemas naturales en tierras de cultivo o zonas urbanas. Este proceso no solo altera dramáticamente la biodiversidad y el equilibrio ecológico, sino que también crea un escenario propicio para el contacto entre humanos y especies animales que son reservorios naturales de virus zoonóticos. Estudios recientes han revelado una estadística alarmante: el 70 % de los últimos brotes epidémicos, incluyendo el ébola, han tenido su origen en áreas donde se ha producido una deforestación significativa.
El caso del ébola
El caso del virus del ébola es particularmente ilustrativo. Investigaciones recientes han establecido una clara relación entre la pérdida de cobertura forestal en África y la aparición de nuevos brotes de esta enfermedad. Esta conexión se hace más evidente durante los dos primeros años tras la eliminación de la cubierta arbolada, especialmente en los bosques cerrados de África central y occidental. El brote de ébola en África occidental que comenzó en marzo de 2014 fue la epidemia viral hemorrágica más grande en la historia, con una tasa de mortalidad del 71 % entre los infectados.
Por su parte, el cambio climático actúa como un catalizador, modificando la distribución geográfica de especies animales, incluyendo aquellas que actúan como vectores de enfermedades. Este fenómeno puede llevar a la introducción de virus en nuevas áreas donde las poblaciones humanas carecen de inmunidad, creando las condiciones perfectas para brotes explosivos.
Dengue, zika y chikungunya
El dengue es un caso paradigmático de cómo el cambio climático está redibujando el mapa de las enfermedades virales. En países como Uruguay y Chile, tradicionalmente libres de esta enfermedad debido a sus climas más templados, han reportado sus primeros casos autóctonos a partir de 2016 y 2019 respectivamente, y a la fecha el virus ya se ha instaurado en estos países. En 2023, la Organización Panamericana de la Salud reportó un incremento nunca antes registrado de la enfermedad con más de 4.5 millones de casos en las Américas, con 7665 casos graves y 2363 fallecidos. Este hecho subraya cómo el calentamiento global está expandiendo el hábitat de los mosquitos vectores a latitudes antes impensables.
Otros arbovirus como el zika y el chikungunya también han expandido su alcance geográfico de manera preocupante. El brote de zika en la Polinesia Francesa entre 2013 y 2014, que afectó a unas 30 000 personas, fue solo el preludio de su expansión en las Américas. Por su parte, el chikungunya ha causado epidemias que se han dispersado rápidamente por la región desde su introducción en el Caribe en 2013.
Un caso particularmente preocupante es el del virus oropouche, otro arbovirus que ha ganado notoriedad recientemente. En 2024, se han registrado más de 7000 casos en Brasil, Perú, Bolivia y Colombia. Este virus, transmitido por jejenes y mosquitos, presenta síntomas similares al dengue y su aumento repentino en la región es una clara señal de cómo los cambios ambientales están favoreciendo la propagación de nuevos patógenos. Mientras que la viruela del simio (ahora mpox), una zoonosis que saltó a la fama mundial en 2022 con una variante del clado II, denominada clado IIb, ha vuelto a causar preocupación en 2024 con el aumento de casos del clado I en África. Con más de 16000 infecciones y alrededor de 600 muertes relacionadas al subclado I a, la expansión de esta enfermedad subraya la importancia de mantener una vigilancia constante sobre las zoonosis emergentes.
Es crucial entender que estos eventos no son aislados ni fortuitos, sino que son el resultado predecible de décadas de advertencias ignoradas sobre las consecuencias del cambio climático y la deforestación. La comunidad científica y los organismos internacionales han estado sonando la alarma durante años, pero la respuesta global ha sido, en el mejor de los casos, insuficiente.
Respuesta de los Estados
La agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas para 2030 reconoce esta realidad, dedicando más de la mitad de sus 17 objetivos a abordar directa o indirectamente estos problemas. Sin embargo, la implementación de estos objetivos a nivel nacional y local sigue siendo un desafío monumental, ya que se ha desviado su atención a discusiones de diversa índole.
La respuesta de muchos gobiernos sigue siendo inadecuada y, en algunos casos, contraproducente. En Perú, por ejemplo, la Ley 31973 ha debilitado las protecciones contra la deforestación, eliminando reglas cruciales que evitaban la destrucción de los bosques. Esta ley, al suspender la zonificación forestal, eliminar la obligación de la calificación de tierras y la prohibición de cambio de uso de tierra, efectivamente legaliza conductas que antes eran consideradas delictivas e ilícitas.
Por otro lado, la Ley Marco sobre Cambio Climático en Perú, que busca establecer principios y disposiciones para coordinar, articular y ejecutar políticas públicas para la gestión integral del cambio climático, aún no ha producido resultados tangibles. Esta situación refleja una realidad común en muchos países: la brecha entre la legislación y la implementación efectiva de medidas contra el cambio climático y la deforestación.
Es importante reconocer que, si bien la deforestación y el cambio climático son factores cruciales en el aumento de las enfermedades virales emergentes, no son los únicos elementos en juego. La creciente interacción humano-animal, facilitada por la expansión de asentamientos humanos en áreas naturales, crea oportunidades para el salto zoonótico de patógenos. La movilidad global sin precedentes permite que los virus se propaguen rápidamente a través de continentes en cuestión de días. Además, las mejoras en vigilancia y diagnóstico han aumentado nuestra capacidad para detectar y reportar virus que antes podrían haber pasado desapercibidos.
Lo que nos enseña el brote por virus oropuche
El caso del virus oropouche en 2024 ofrece valiosas lecciones sobre la intrincada relación entre la deforestación, el cambio climático y la emergencia de enfermedades virales. Este brote, que está afectado a varios países sudamericanos, se destaca como un ejemplo particularmente ilustrativo de cómo los cambios ambientales pueden influir en la propagación de patógenos.
La expansión geográfica del virus oropouche a áreas previamente no afectadas en Brasil, Bolivia, Colombia y Perú sugiere una ampliación del hábitat de sus vectores. Este fenómeno podría estar directamente relacionado con los cambios en los patrones climáticos y la alteración de los ecosistemas debido a la deforestación. Un estudio publicado en 2023 titulado: Riesgo de transmisión de la fiebre de oropouche en las Américas, detalla sobre el riesgo de transmisión de la fiebre de oropouche en las Américas y proporciona evidencia crucial que vincula la pérdida de vegetación con la aparición de brotes. De este modo, utilizando imágenes satelitales, los investigadores demostraron que las áreas con mayor pérdida de bosque tienen una mayor incidencia de casos de oropouche, ofreciendo un enfoque innovador para estudiar esta relación.
Estos hallazgos recientes confirman y expanden los resultados de un estudio anterior, titulado: Pérdida de vegetación y brote de fiebre de oropouche de 2016 en Perú reforzando la hipótesis de que la deforestación es un factor significativo en la emergencia de esta enfermedad. Además, los modelos desarrollados en estas investigaciones no solo explican los brotes actuales, sino que también predicen áreas potenciales de riesgo futuro, lo cual es crucial para la planificación de estrategias de prevención y control. El rápido aumento de casos en 2024 del virus oropouche demuestra cómo los cambios en el uso del suelo, la deforestación y posiblemente el cambio climático están interconectados en su impacto sobre la salud pública.
En conclusión, el aumento de enfermedades virales emergentes no es un intento de atemorizar a la población ni una exageración mediática. Es una consecuencia directa y previsible de nuestra falta de acción frente al cambio climático y la deforestación, amplificada por factores sociales, económicos y de salud pública. La pregunta que debemos hacernos no es si estos eventos son reales, sino qué estamos haciendo para mitigar sus causas y prepararnos para sus consecuencias.
El futuro de la salud global depende de nuestra capacidad para abordar estos desafíos de manera integral y urgente. Necesitamos enfocar mayores esfuerzos en la conservación del medio ambiente, la investigación médica, la mejora de los sistemas de salud pública y la cooperación internacional. Solo a través de un esfuerzo concertado y sostenido podremos esperar mitigar los impactos de estas amenazas virales emergentes y proteger la salud de las generaciones presentes y futuras.
(*) Decano del Colegio de Biólogos de Lambayeque.
