Jennie Dador Tozzini es abogada y experta en género y derechos humanos. Con ella, Expresión analiza la situación de la violencia contra la mujer y el grupo familiar en el país, que pareciera haber evolucionado a prácticas mucho más crueles pese a la carga punitiva que establece el marco normativo peruano.

Las leyes peruanas, en el tiempo, se han ido perfeccionando para frenar la violencia a partir de la promulgación de la ley que protege a la mujer y al entorno familia, pero aún quedan vacíos que permiten a los agresores, como a sus defensores, esquivar a la justicia o invocar los atenuantes. ¿No se termina de entender a nivel legislativo el grave problema de la violencia en el Perú o es que esta evoluciona tan rápido que es imposible que la sola norma la frene?

Un poco de las dos cosas. En principio, los marcos normativos se han perfeccionado, hemos avanzado e intentamos colocarnos siempre de acuerdo a los estándares internacionales. Vamos siguiendo la pista de lo que va evolucionando. Sin embargo, hay que entender que las formas de violencia también van mutando, se van perfeccionando y, por más que la ley sea bonita y perfecta, nunca se podrá colocar en todos los supuestos humanos de situaciones de violencia que se pueden dar.

Entonces, la ley, fundamentalmente, tiene que ser clara y tener un marco de principios adecuados que permitan la interpretación de la norma. La ley no es una matemática, no es como que 2+2 es igual a 4. Necesitamos, en ese sentido, jueces que manejen la interpretación adecuada del derecho y que no lo usen para reproducir la desigualdad o los estereotipos de género, que es lo que está pasando con el caso símbolo que es el de Arlette Contreras, por ejemplo.

Lo que hemos visto, en ese caso, es que las juzgadoras, siendo mujeres, han reproducido estereotipos de género. Eso también es peligroso. Nuestros magistrados deben tener claro que los márgenes para la interpretación de las leyes no pueden ser tan amplios como para la arbitrariedad.

¿En el caso de Arlette Contreras se podría percibir un efecto búmeran? Es un caso que ha recibido mucha atención de los medios de comunicación y eso, en algunos casos, podría motivar a los jueces a mostrar resistencia o rechazo.

Eso puede pasar en algunos casos, pero creo que Arlette Contreras, particularmente, sin la presión mediática ni el apoyo de las organizaciones de mujeres y los movimientos y las marchas, no se habría convertido en un símbolo de la lucha contra la violencia. Se hubiera quedado en Huamanga, su caso hubiera terminado en la justicia local, con influencia del condenado, de Adriano Pozo.

Ella, producto de un gran esfuerzo, logró que su caso se ventile en Lima y aun con todo miremos el resultado que se ha obtenido.

Lo que ocurre sí, es que a veces la mediatización de un caso, cuando todavía se encuentra en etapa de investigación, hace que se contamine, haya versiones contradictorias o no se ayude a la estrategia de defensa, pues se coloca a la víctima en una situación que después puede ser usada en su contra.

O se faranduliza…

O se faranduliza o se le resta seriedad e importancia, o sirve para exculpar al violador y vender esa idea de que se le está malogrando la vida al agresor porque para algunas personas es buena gente.

Si bien hay avances normativos en la lucha contra la violencia en general, también hay retrocesos. Un ejemplo de ello es la no penalización de los crímenes de odio contra las personas de la comunidad de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales – LGTBI.

El Congreso se dedicó a perseguir todo o lo poco que se había logrado a nivel legislativo para dar protección para las distintas orientaciones sexuales y las identidades de género. La consigna era que cada vez que aparecía la palabra género había que eliminarla.

En el caso de crímenes de odio hubo un entrampamiento porque el Congreso, efectivamente, ordenó hacer la modificación del código penal, la entregó al Ejecutivo, este la observó, retornó al Congreso, se votó, se aprobó y ahí se quedó. Nunca se siguió el trámite para completar con la modificatoria de la norma y publicarla. Es decir, en este momento todavía podríamos aplicar la figura de crimen de odio que está dentro del delito de discriminación y el Artículo 46 que agravaba las penas. Lo que no hay es el crimen de odio como tipo penal, sino como agravante.

¿Cómo evitar la revictimización institucional de las personas que sufren de violencia, como sucede en comisarías, en medicina legal o en la fiscalía, con las preguntas que hacen los fiscales?

Hay un poco de prejuicio, pero también mucha pereza mental de nuestros funcionarios. Ya tienen su plantilla, ya saben en un caso de violación que tienen que preguntar a, b, c, d y de pronto se olvidan que la víctima que tienen frente a ellos tiene 30, 50 o 5 años. Juntan la pereza mental y el prejuicio, que por supuesto es de discriminación de género, racial, sexual, clasista y sexista. En este sistema, hay autoridades que pueden tratar a las personas como cosas u objeto.

Para eso son importante no solo las capacitaciones, con las que llegamos eventualmente a un grupo que en ese momento está ejerciendo la función, pero sucede que en el Perú existe una alta rotación de todo y los que fueron capacitados hoy ya no están el próximo año. Para eso es fundamental que la posibilidad de investigar y resolver un caso se haga desde la perspectiva de género y ese proceso formativo parta desde las escuelas de Derecho y policía.

¿Es en las universidades donde la temática de género debe constituirse en aspecto trasversal para la aplicación del Derecho?

Actualmente se lleva, a lo mucho, como un curso electivo o que tiene uno o dos créditos, por eso no existe la posibilidad de abordar al género como un conjunto dentro de la formación profesional.

El Derecho muchas veces es utilizado como una herramienta de opresión y de reproducción de las discriminaciones, por eso no en vano quienes están en los espacios en los que se hacen las normas representan muchas corrientes que van en contra de la igualdad.

Con la publicación de su libro “El otro lado de la historia: Violencia sexual contra hombres – Perú 1980 – 2000”, ¿se puede concluir que en el país no se ha cumplido con la recomendación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación de atender a todas las víctimas, no solo de los enfrentamientos armados, sino también de abusos como los cometidos contra la libertad sexual?

Efectivamente, es una tarea pendiente el tema de reparaciones. Se avanzó mucho más en las reparaciones colectivas y de comunidades, en menor medida en las individuales y en las específicas, que tienen que ver con violencia sexual, es casi nada lo avanzando. El registro está todavía en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La Comisión de la Verdad y Reconciliación propuso una serie de medidas institucionales y esas son las que nos iban a ayudar a evitar que, en una nueva situación de conflicto, se repitan violaciones o vulneraciones de derechos humanos como los que hemos vivido. Por eso es importante que entremos a las escuelas de formación, que quienes se encargan de aplicar la ley y de cuidarnos en tiempos de conflictos internos o externos no sean formados mediante la despersonalización y deshumanización. Si se encuentra a un enemigo no se le puede tratar como si fuera uno cosa, independientemente de si es mujer, hombre o niño.

No nos olvidemos que los vulneradores de derecho, los agresores, están viviendo entre nosotros. Quizá vemos a un comandante, a un capitán o un exsubersivo que se sienta a nuestro lado y cometió violencia sexual contra muchas personas durante el conflicto. ¿Qué hemos hecho como sociedad para trabajar con estos sujetos que vulneraron derechos y que hoy andan como sujetos escindidos?

El sistema penitenciario peruano, ¿permite la resocialización y readaptación de las personas que incurren en violencia?

Hay que hacer un trabajo específico. Lamentablemente tenemos que considerar las condiciones en las que están las cárceles, el poco personal que existe… la falta de personal especializado.

La experiencia nos dice que para reeducar a sujetos que cometen este tipo de crímenes se necesita trabajar en procesos y terapias en las que, además, se involucre la familia del sujeto. Se necesita todo un equipo para cada delincuente o vulnerador de derechos. En el Perú, es imposible en este momento.

Paola Ugaz y Pedro Salinas publicaron el libro “Mitad monje, mitad soldado”, resultado de cinco años de investigación, con el que se ponen en evidencia los abusos sexuales, físicos y psicológicos que habrían cometido los integrantes del Sodalicio de Vida Cristiana contra niños y adolescentes peruanos. Ambos periodistas fueron querellados por difamación agravada por el arzobispo de Piura, José Antonio Eguren, quien luego se desistió del proceso. Empero, Ugaz actualmente enfrente tres denuncias más: una en Piura y dos en Lima, presentadas por personas que estarían vinculadas a dicha organización de la Iglesia Católica.

A su paso por Chiclayo, Paola Ugaz conversó con Expresión y compartió sus reflexiones sobre este caso, ante el cual – asegura – el Estado Peruano se muestra indiferente.

Desde la publicación del caso “Sodalicio”, al igual que Pedro Salinas, ha enfrentado procesos judiciales, situación que encaran actualmente muchos otros periodistas dedicados a la investigación en el país. ¿Se viven tiempos difíciles en el periodismo a nivel nacional?

Lo que está pasando es que han aprendido una metodología, en el Perú, que sí hay un periodista molesta con lo que publica se le presenta una querella o se le empapela una y otra vez. No solo somos Pedro Salinas y yo, esto le ha pasado a Óscar Castilla y Edmundo Cruz, quienes han estado investigando a un acusado por narcotráfico, ‘Eteco’ (Miguel Arévalo Ramírez). Los ha demandado y pedido que se incauten los bienes de Ojo Público. Tanto a ellos como a nosotros nos defiende el Instituto de Defensa Legal – IDL.

Esto pasa también en Cusco, en Arequipa, en Tarapoto. Lo que hacen es responder con demandas para amedrentar, hostigar y frenar el trabajo de investigación. Creo que esa es una forma de violencia contra los periodistas, porque las demandas no tienen ninguna base, pero buscan con eso detenerlos.

Pedro Salinas y yo somos periodistas ‘freelance’ (independientes) y obviamente una demanda es gasto de tiempo, de recursos, de todo.

Y al no tener un medio que los respalde a nivel institucional se genera una situación de mayor vulnerabilidad…

Sí, además de que el tiempo que le dedicábamos a la investigación se hace nulo, pues en nuestro caso debíamos buscar fondos, debido a que los juicios eran en Piura. Yo tengo un juicio todavía en Piura. Los gastos de viaje, el abogado de Piura, representan toda una carga que no teníamos planeada.

La investigación de ‘Mitad monjes, mitad soldados’ empezó en diciembre del 2010, el libro lo publicamos cinco años después y ahora yo estoy haciendo una investigación sobre el tema financiero del Sodalicio. Tengo nueve años investigando a esta organización y si a eso le sumamos los procesos judiciales tanto para mí como para mi familia se genera un desgaste emocional y de todo tipo.

Con Pedro Salinas se enfrenta no solo a una organización de la Iglesia Católica, sino también a un grupo que pertenece a un ala muy poderosa…

Y que tiene relaciones con políticos. Jaime Bertel, que es sacerdote del Sodalicio y quien no figura en nada, pero es quien maneja las finanzas de la organización, era muy cercano al expresidente Alan García.

Además, el Sodalicio tenía muchos vínculos con Fuerza Popular en el Congreso, un exasesor de Fuerza Popular en el Congreso, que dirige un portal difamatorio, me ha querellado. Entonces, el Sodalicio no ha estado presente en la sociedad peruana solo por el aire, sino que ha tenido muchísimas relaciones con las cuales se ha sentido poderoso. Los periodistas que nos hemos comprado esta historia en algún momento nos hemos sentido solos, pero poco a poco también hemos recibido mucha ayuda de organismos como IDL, Amnistía Internacional, el Consejo de la Prensa Peruana, el Instituto Prensa y Sociedad y la Asociación Nacional de Periodistas, que se han solidarizado.

Pusieron el dedo en una llaga muy profunda. El caso ‘Sodalicio’ puede ser la parte más superficial de un problema enorme que arrastra a instituciones poderosas no solo en lo económico, sino que tienen también mucha influencia sobre la Iglesia Católica.

Creo que esa influencia ha bajado muchísimo desde que Juan Luis Cipriani dejó de ser arzobispo de Lima y ahora está el arzobispo Carlos Castillo. La querella que nos interpone el arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, hace que la Iglesia Católica en el Perú se separe de ese paso dado por Eguren.

Cuando condenaron a Pedro Salinas en Piura, en abril, la Conferencia Episcopal Peruana, junto a Carlos Castillo, arzobispo de Lima, hizo un comunicado solidarizándose con Pedro Salinas. Yo siento que la iglesia ha cambiado, se ha oxigenado muchísimo y está siguiendo la línea del papa Francisco que ha hecho una conferencia mundial contra la pederastia.

Lo que sí ha quedado claro también es que el Sodalicio, dentro de la Iglesia Católica, se está quedando cada vez más solo. Lo que me impresiona de este caso es que el Estado Peruano no ha hecho nada para defender a las víctimas, el Ministerio de Educación no ha hecho nada con los colegios ni por los alumnos que acuden a estos, el Ministerio de Salud no ha solicitado ni a Pedro ni a mí un informe sobre las víctimas, para saber si necesitan tratamiento psiquiátrico o médico… nada.

El Estado Peruano brilla por su ausencia, solo lo hemos visto cuando nos han querellado. El Estado no piensa en que si soluciona lo que ha pasado en este caso la historia no se va a repetir. Sí me da pena que 19 años después de la primera denuncia contra el Sodalicio, hecha por José Enrique Escardó, el Estado no haya dicho esta boca es mía y eso demuestra en qué grado de vulnerabilidad se encuentran los niños en este país.

¿El caso “Sodalicio” da pie a pensar que otras congregaciones u organizaciones religiosas han incurrido en delitos similares?

Sería muy ligero decirlo. Lo que sí creo es que es en general, cualquier organización cerrada, sea católica, evangélica o de lo que sea, que tiene injerencia en menores de edad puede incurrir en estos casos.

En Irlanda y en Estados Unidos después de grandes denuncias de abusos sexuales a menores de edad, está prohibido que un sacerdote esté a solas con un niño, está prohibido que un profesor esté a solas con un menor de edad. En el Perú, el Estado no ha hecho absolutamente nada para cuidar a los niños sabiendo que hay denuncias de este tipo.

Un profesor o un sacerdote puede estar a solas con un menor de edad en el Perú. Sigue pasando. Mientras no se detengan las causas, los delitos seguirán pasando y eso es lo que me preocupa en este momento.

¿Es esa la reflexión que dejan los nueve años de investigación al Sodalicio, que el Estado se muestra indiferente ante un problema que puede dejar secuelas en las víctimas hasta por 35 o 40 años después?

Sí, es el Estado Peruano el que está en deuda en este caso, porque la Iglesia Católica está haciendo un montón de cosas para no repetir la historia.

¿Qué les queda a los periodistas que tienen que defender su verdad en los tribunales?

Lo que yo siempre he dicho es que nos toca hacer más y mejor periodismo. No me van a detener al publicar el libro que estoy trabajando, por más demandas que me hagan voy a seguir contando historias y no me van a detener.

¿El caso da para más?

Viene el libro sobre el Sodalicio y sus finanzas, así que lo esperen nomás.