Tradicionalmente, las ciudades se forman por el desplazamiento de las personas hacia lugares donde se concentran en torno a un mercado y actividades comerciales. En el Perú, la migración andina hacia la costa, principalmente a Lima, en la década del 40, generó el proceso de urbanización que dio como resultado asentamientos que prontamente se convirtieron en distritos. Sin embargo, nunca se planificó desde el Estado la construcción de una ciudad como tal hasta el surgimiento de Charles Sutton, un complemento para el desarrollo regional a raíz del planeamiento y puesta en marcha de la primera fase del Proyecto de Irrigación Olmos.
Hoy Charles Sutton se erige como la primera ciudad planificada, inclusiva, competitiva, inteligente y sostenible en el Perú. Dentro de poco, en marzo, el gobierno lanzará la subasta del primer macrolote, donde podrán construirse 1200 viviendas, tal como anunciara el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury Talledo, en su reciente visita a estas tierras.
“A fines de marzo vamos a lanzar la subasta del primer macrolote de este megaproyecto. Esperamos tener el apoyo de todos los inversionistas, el interés de ellos, y que se pueda concretar esta subasta para iniciar a poblar esta ciudad. Será para viviendas de interés social, ya sean unifamiliares o multifamiliares. Esta ciudad se empezó a construir en el 2017 y en esta gestión lanzaremos los complejos habitacionales”, explica.
Componentes
La ciudad Charles Sutton se ubica a 55 kilómetros al oeste del centro urbano de Olmos y a 105 kilómetros de Chiclayo, yendo por la Panamericana Norte Nueva. La nueva ciudad tiene 52 macrolotes a lo largo de sus 757 hectáreas de extensión, de los cuales 14 están destinados a uso residencial.
Actualmente, Charles Sutton ya cuenta con un sistema de viabilidad urbana que contempla vías expresas, arteriales y colectoras; tiene una planta de tratamiento de agua potable, reservorios elevados, cámaras de bombeo y una planta de tratamiento de aguas residuales. Además, el 99.84 % de la ciudad, casi la totalidad, tiene ya el sistema de saneamiento. Lo que queda por ahora pendiente es el saldo de obra de 60 millones de soles referente a la implementación de áreas verdes y zonas de recreación.
“Los saldos de obra no son significativos, la ciudad ya es perfectamente habitable, tal como se llegó a ejecutar en la parte habitacional como en las obras de cabecera, llámese sistemas de agua potable, saneamiento y de viabilidad. Los trabajos que quedan pendientes son de perfeccionamiento, pero no de habitabilidad. La ciudad cuenta con vías, semaforización, planta de agua potable, planta de tratamiento de aguas residuales. Su construcción es perfecta y esta es una ciudad que se puede habitar inmediatamente”, menciona Durich Whittembury.
Añade que, en una próxima reunión con el ministro de Economía, José Salardi, pedirán que se adecúe el marco normativo, a fin de hacer inversiones en componentes como comisarías, establecimientos médicos y colegios en la Charles Sutton.
Beneficios
Si bien la ciudad Charles Sutton está proyectada para albergar a los trabajadores y usuarios de las tierras nuevas del proyecto de irrigación, esta no excluye a ningún ciudadano que esté interesado en vivir en una ciudad planificada.
Además de los 14 macrolotes para uso residencial, la nueva ciudad cuenta con dos macrolotes para uso comercial, seis para uso logístico, once para recreación pública, dos para educación, dos para salud y quince para otros usos.
El gerente del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT), Luis Piedra Núñez, considera que la subasta del primer macrolote será una gran oportunidad para que los empresarios dedicados al sector inmobiliario vean el potencial que tiene Charles Sutton.
“Lambayeque es una zona estratégica donde se están planteando diferentes proyectos de inversión pública y necesitamos lugares que cuenten con toda la disponibilidad, tanto de los servicios básicos como de las rutas de acceso para que la gente pueda vivir de manera adecuada. Lambayeque y el Perú requerirán de estas ciudades y la puesta en valor de Charles Sutton servirá para que pueda replicarse en diferentes regiones”, comenta.
Entre los beneficios de invertir en Charles Sutton está el pronto incremento del valor del terreno, incentivos fiscales y un rápido retorno. Además, es importante su ubicación estratégica, con conectividad hacia proyectos clave, donde hay una comunidad activa de integración social.
“A futuro hablamos de 120 mil habitantes en esta primera etapa, porque si bien esta ciudad es de 757 hectáreas, tiene para ampliarse más”, comenta Piedra Núñez.
Actividades preventivas
De otro lado, el gerente del PEOT señala que ya se han culminado con las obras de encauzamiento del río Chancay, realizadas a fin de conducir adecuadamente el recurso hídrico en las épocas de máxima venida en el sector Vega Tabacal. Próximamente, continuarán con estas obras en otros sectores como La Ramada y en los distritos de Monsefú y Reque.
“Estas son actividades preventivas que antes no las hacíamos por la limitación de maquinaria, pero actualmente tenemos un pool que nos permite realizar actividades en diferentes sectores para apoyar a nuestros hermanos agricultores y que no se vean afectados ante la crecida de esta cuenca. Esto lo hacemos sin dejar de lado las actividades que como operadores tenemos programadas como es la limpieza de drenes, la rehabilitación de algunas compuertas y algunos proyectos que vamos a implementar con la finalidad de garantizar el agua y evitar que los sedimentos sigan llegando al vaso de Tinajones”, sostiene.
Luis Piedra señala que existe la disponibilidad hídrica para la irrigación de las 25 mil hectáreas que se vienen trabajando en este momento, para lo cual el Grupo PADH (Grupo Plan de Aprovechamiento de Disponibilidad Hídrica) se está reuniendo periódicamente, a fin de monitorear esta situación y evitar que los agricultores se queden sin agua como ocurrió en Piura a finales del año pasado.
“Ahora tenemos 168 millones de metros cúbicos en el reservorio, hemos tenido una crecida permanente por las lluvias en la parte alta, en Chota, Santa Cruz, lo cual nos permite tener ese ingreso de volumen constante y atender con el excedente a las diferentes comisiones de regantes que están solicitando el recurso hídrico”, manifiesta.
Valle Viejo de Olmos
En tanto, el alcalde de Olmos, Daniel Rivera Pasco, advierte que el último estiaje provocó que se perdieran entre 300 a 400 hectáreas de sembríos, tanto del Valle Viejo como de las zonas aledañas. En virtud de ello, resalta que ha pedido, a través del gobierno regional, que se incluya al Valle Viejo dentro del contrato de ampliación de la presa Limón, cuyo recrecimiento será de 45 metros a 85 metros de altura.
“En el Valle Viejo se vienen cultivando un promedio de 500 a 600 hectáreas de las previstas que son 5500, por eso hemos solicitado que el Valle Viejo se incluya dentro del proceso de la nueva contratación para la ampliación de la presa Limón y los otros trabajos que tengan que desarrollarse”, justifica.
Explica que el estiaje del río Huancabamba, principal afluente proveedor de agua de la presa Limón, y la falta de un sistema de contingencia generó la pérdida de las 300 a 400 hectáreas antes descritas. Sumado a eso, considera que la declaratoria de emergencia no tuvo resultados.
“Una planta tiene un período de cultivo, si no se hace dentro de los tiempos su producción va a caer. Actualmente, ya se terminó la emergencia, no se aprobó su ampliación, pero no se ha solucionado nada. La idea era que se inyecte dinero para perforar pozos, hacer trabajos de contingencia como la electrificación, pero no se ha hecho nada. En Olmos solo se ha atendido con algunas pacas de alfalfa seca y kits veterinarios a los ganaderos”, menciona.
Al respecto, considera necesario que se implemente el proyecto de electrificación trifásica para darle movimiento a los pozos tubulares y bajar los costos de riego.
“Lo reafirmo, si no se incluye al Valle Viejo en este proceso, no va nada. También estamos planteando que la concesionaria que gane se haga cargo del mantenimiento y mejoramiento de todos los accesos, porque de todos los lugares de Olmos vienen a trabajar a las empresas. Es también una obligación del concesionario habilitar las vías de acceso”, opina.
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El domingo 16 de febrero, vecinos del sector Jesús Nazareno, en el distrito de Monsefú, pidieron la intervención policial ante los gritos desgarradores de una mujer. Horas después José Alejandro Sánchez Nanfuñay (22) fue capturado por agentes de la Policía Nacional del Perú, luego que intentara asesinar a su pareja sentimental. El caso es uno de los que engrosa la lista de actos de violencia contra la mujer y entorno familiar en Lambayeque.
Cuando los agentes llegaron a la vivienda, cerca de las 6:00 p. m., encontraron a la víctima de iniciales I.G.T.M, de 28 años, con cortes en el rostro, pecho, glúteos, brazos, antebrazos y piernas, además del cabello casi rapado y golpes en diferentes partes del cuerpo. El atacante utilizó un cuchillo de cocina y al momento de ser capturado por la policía habría intentado contarse las venas de los brazos. Se trata de un caso de tentativa de feminicidio.
A diciembre del 2024
Entre enero y diciembre del 2024, de acuerdo al Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, en Lambayeque se registraron 10 412 denuncias por actos de violencia contra la mujer y el grupo familiar. En el 2023, la cifra llegó a 11 690.
Del total de denuncias, 8053 se reportaron en la provincia de Chiclayo, siendo esta la de mayor incidencia por este tipo de hechos en el departamento. En Chiclayo distrito, las denuncias fueron 3510; en José Leonardo Ortiz, 1576 y en Monsefú, donde ocurrió el ataque del domingo último, 210 casos.
Al 31 de enero de este año, la Policía Nacional del Perú ha recabado 868 denuncias por violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar.
A nivel nacional
“El Perú continúa enfrentando un panorama preocupante en torno a la violencia de género”, reveló la Defensoría del Pueblo en su último informe correspondiente al año 2024. Según cifras recientes, a nivel nacional se reportaron 170 feminicidios, un incremento significativo con respecto al año anterior, donde se documentaron 150 casos, lo que representa un aumento del 13 %. Además, el informe detalla que 10 de las víctimas de feminicidio fueron niñas y adolescentes.
“Estas cifras son alarmantes si se considera que el Perú registra un aumento sostenido en los últimos tres años, con más de 450 casos de feminicidio acumulados entre 2022 y 2024″, destacó la Defensoría del Pueblo.
Por otro lado, se registraron 69 tentativas de feminicidio y 35 muertes violentas que aún no han sido clasificadas como feminicidios por las autoridades fiscales o judiciales. Este incremento muestra un panorama social crítico donde las mujeres siguen siendo víctimas de agresiones letales, señaló la Defensoría. En este contexto, el organismo enfatizó la urgencia de una actuación más eficaz por parte de las instituciones gubernamentales. “Es fundamental una acción intersectorial articulada para frenar este continuo aumento de la violencia hacia las mujeres en el país”, se argumentó en el informe.
El problema no se limita al feminicidio. En su reporte titulado “¿Qué pasó con ellas?”, la Defensoría del Pueblo señaló que en el 2024 se registraron 7097 notas de alerta sobre mujeres desaparecidas. Este número supone un incremento del 37 % con respecto al 2023. “La mayor parte de las desaparecidas corresponde a niñas y adolescentes, que representan el 65 % de los casos”, subrayó el documento.
La distribución geográfica también fue destacada en el informe. Lima, debido a su alta densidad poblacional, lidera la lista con 3574 casos, seguida por regiones como Cusco (651), Lambayeque (540) y Arequipa (536). Un dato particularmente inquietante es que el 15 % de los feminicidios reportados estaban relacionados previamente con desapariciones. La Defensoría subrayó que muchas de estas desapariciones tienen conexiones con delitos graves como la trata de personas, explotación sexual y violación.
Las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios lograron la condena de 2078 personas por delitos de corrupción de funcionarios y el pago de una reparación civil por más de cien millones de soles durante el 2024.
Del total de condenados, 1569 corresponden a servidores y funcionarios públicos, entre ellos 23 gobernadores regionales, 169 gerentes, 179 a policías y 91 alcaldes, entre otros, de acuerdo al balance estadístico elaborado por la Coordinación Nacional de dicho subsistema del Ministerio Público.
Los delitos más comunes fueron peculado doloso por apropiación, cohecho activo (coima) y negociación incompatible.
Cien millones en reparación civil
Todas estas sentencias condenatorias significaron una reparación civil a favor del Estado de 100 millones 62 mil 227.56 soles.
“Refleja una estrategia integral en la lucha contra la corrupción, combinando la investigación rigurosa, la persecución penal efectiva y el resarcimiento económico por el delito cometido”, informa el Ministerio Público.
Los distritos fiscales con mayor número de condenas son Cusco, sede La Convención (90); Lima Norte (88) y Arequipa (56).
Como parte de las investigaciones por corrupción de funcionarios, se obtuvieron también 121 medidas de prisión preventiva y se ejecutaron 67 operativos y megaoperativos a nivel nacional, autorizados judicialmente.
“Estos resultados permiten combatir el abuso del poder para beneficio personal y demuestran el compromiso del Ministerio Público para seguir trabajando de manera incansable para combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública”, precisa la entidad.
Es resultado además de una ardua labor desplegada a nivel nacional por los fiscales, peritos y personal administrativo que conforman los 150 despachos superiores, supraprovinciales y provinciales, en los 34 distritos fiscales del Ministerio Público.
Cifras de la corrupción
De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, al 2024, se han registrado un total de 6294 casos en proceso relacionados con presuntos actos de corrupción, de los cuales 41 casos (1 %) se consideran emblemáticos. En términos geográficos, el departamento de Lima lidera con un 19 % de los casos (1 209), seguido por Junín, que representa un 6 % (409) del total.
En cuanto a la situación actual de los casos, el 95.4 % (6002) se encuentra en la fase de investigación preliminar, un 3.1 % (196) en investigación preparatoria, el 0.3 % (16) en etapa intermedia y únicamente el 0.4 % (23) en juicio oral o juzgamiento.
Las municipalidades, tanto provinciales como distritales, son las entidades más afectadas, concentrando más del 38 % del conjunto de casos registrados (2 410 de 6 294). En segundo lugar se encuentran los gobiernos regionales, que acumulan un 28 % de los casos (1 760). Además, más del 39 % de los incidentes delictivos reportados corresponden a colusión y peculado.
Percepción del problema
Transparencia Internacional publicó el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024, revelando que la corrupción continúa siendo un problema alarmante a nivel mundial. Más de dos tercios de los países evaluados obtuvieron menos de 50 puntos sobre 100, lo que evidencia la fragilidad de los esfuerzos anticorrupción.
El informe pone un énfasis especial en la relación entre la corrupción y la crisis climática, destacando cómo los elevados niveles de corrupción obstaculizan la adopción de políticas efectivas y permiten el mal uso de fondos destinados a combatir el cambio climático. La corrupción no solo debilita las instituciones, sino que también agrava la crisis ambiental al facilitar prácticas ilegales que destruyen ecosistemas y vulneran los derechos de las comunidades.
En la clasificación global, los países percibidos como menos corruptos son Dinamarca (90 puntos), Finlandia (88 puntos) y Singapur (84 puntos). En el extremo opuesto, los países con los niveles de corrupción más altos son Venezuela (10 puntos), Somalia (9 puntos) y Sudán del Sur (8 puntos).
Mientras que la población de Ferreñafe debe atenderse en un hospital que no reúne las condiciones mínimas para prestar el servicio de salud, en el Gobierno Regional de Lambayeque la incapacidad para sacar la licitación de la obra de mejoramiento de la capacidad resolutiva de este nosocomio es imperante. Nuevamente hay irregularidades en torno a esta anhelada obra, lo cual ha motivado que la fiscalía intervenga de oficio.
A través de la Disposición Número Uno, el Segundo Despacho de Investigación de la Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, a cargo de la fiscal Karin Ninaquispe Gil, dispuso el inicio de diligencias preliminares por el plazo de 60 días contra los que resulten responsables por la presunta comisión del delito contra la Administración Pública en agravio del Estado. Durante este tiempo la fiscalía recabará los testimonios de los defenestrados integrantes del Comité de Selección de la obra ‘Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital de Ferreañfe’, así como del gerente general el gobierno regional, Carlos Ramírez Córdova, y de la abogada Rosa Pizarro Piscoya.
Los hechos
Los miembros del comité de selección fueron Alfredo Boy Morán (director de Supervisión y Liquidación), en su calidad de presidente; Sergio Rovil Tineo Huancas (director de Estudios y Asistencia Técnica); y Juan Carlos Arbi Runco (jefe de la Oficina de Logística). El 13 de febrero, este último ingresó el Oficio n.° 001543-2025, dirigido a Boy Morán y al gerente general del gobierno regional, Carlos Ramírez Córdova, donde daba cuenta de la no suscripción del acta de admisión, evaluación, calificación y otorgamiento de la buena pro de la obra, debido a “no haber participado desde la etapa de evaluación integral de las ofertas presentadas por los postores”.
Arbi Runco denuncia en este oficio que, previo al acto de reinicio de la etapa de Admisión de Ofertas, programado para el día 12 de febrero, se realizó la sustracción indebida de acervo documentario por parte de dos miembros del comité de selección y una servidora pública, en referencia al presidente del comité Alfredo Boy Morán, el integrante Sergio Tineo Huancas y la abogada Rosa Pizarro Piscoya.
Según relata Arvi Runco, el pasado 10 de febrero Edwin Boy y Sergio Tineo, acompañados del abogado de su oficina, se apersonaron al Área de Apoyo a las Contrataciones del Estado y se entrevistaron con el especialista en contrataciones designado para brindar apoyo técnico al comité de selección. Allí pidieron que se les entregue de forma física el expediente de contratación que consta de 414 páginas, así como las ofertas de los postores en USB a la abogada Rosa Pizarro Piscoya, quien iba a realizar trabajos de evaluación en apoyo a estos integrantes del comité.
Este pedido de información se habría hecho sin el conocimiento de Arvi Runco, siendo que el acervo documentario recién habría sido devuelto al área de contrataciones el 12 de febrero a las 9:30 a. m., media hora antes de que el comité de selección se reuniera para reiniciar la etapa de admisión de ofertas.
Además, Arvi Runco detalla que existe un acto de favorecimiento indebido hacia un postor por parte de dos miembros del comité de selección (Edwin Boy y Sergio Tineo), dado que el 12 de febrero, cuando se reinició la etapa de admisión de ofertas, se presentó ante el comité un proyecto de Acta de Admisión, Evaluación y Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro, hecho que motivó su pedido de realizar antes el acto de evaluación de propuestas.
Añade que su sugerencia fue aceptada, pero al promedio las 12:30 de la tarde solicitó al comité que se le concediera un tiempo para atender acciones administrativas propias del cargo que ostenta, situación que se prolongó e impidió que pudiese regresar a la reunión del comité de selección. Sin embargo, el presidente del comité, Edwin Boy, continuó con la sesión, pese a que ya no se contaba con el quorum correspondiente, procediendo posteriormente a enviarle el acta, que inicialmente se había proyectado, para que la firme.
“Su persona me remite el acta que presentó al inicio de la reunión, y se encuentra firmada por 02 miembros del comité y, en la redacción de su oficio, genera una presunción de que mi persona se encontraba de acuerdo con la decisión que aparece en esta acta, alegando una demora en la impresión, hecho que justifica la ausencia de mi firma. Al respecto, reitero mi rechazo en todos sus extremos y exijo sea anulada, debido que, de persistir en su intención de que firme, lo consideraré como un hecho de coacción que afecta mi voluntad como persona”, se lee.
El acto de buena pro había sido realizado en favor del Consorcio Salud Ferreñafe.
Respuestas
Ante la remisión de este oficio, el gerente general del gobierno regional, Carlos Ramírez Córdova, cursó documentos a la Contraloría, la Procuraduría y el secretario de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, a fin de que se adopten acciones.
Otra respuesta que no se hizo esperar fue la del hasta hace poco jefe de Asesoría Legal del gobierno regional, Juan Pablo Chambergo, quien el 17 de febrero emitió el Informe Legal N° 000147-2025, a través del cual opina que "el comité de selección no ha cumplido con la publicación en el SEACE del otorgamiento de la buena pro, según el cronograma del procedimiento de selección (…) acto administrativo que contraviene las normas legales, lo que configuraría una causal de nulidad".
Se añade en el informe que, advertida la existencia de posibles vicios en el procedimiento de selección, se debía correr traslado a los favorecidos con el acto administrativo para que puedan pronunciarse en un plazo máximo de cinco días de forma previa a la decisión que adopte el titular de la entidad respecto de la declaración de nulidad.
Finalmente, recomienda que se remitan los actuados administrativos a la Oficina Regional de Administración para que inicie el procedimiento de nulidad de oficio del proceso de selección.
Por su parte, los auditores del Órgano de Control Interno de la sede central del gobierno regional ya se han presentado en la Oficina de Logística para recabar la información concerniente a las ofertas presentadas, mientras que el consejero regional Julio César Sevilla Exebio le ha pedido al gerente general Carlos Ramírez, mediante el Oficio n° 000044-2025, la remisión de las copias certificadas al Ministerio Público del informe del jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica.
Despidos
Al día siguiente de emitido el informe por el área de Asesoría Jurídica, se dio por concluida la designación de Juan Pablo Chambergo al frente de este despacho, nombrándose en su lugar al abogado Juan Carlos Vela Ojeda, mediante Resolución de Gerencia General Regional n.° 000088-2025-GR.LAMB/GGR.
Sumado a ello, Ramírez Córdova dio por concluida las designaciones de Edwin Boy Morán, Sergio Tineo Huancas y del mismo Juan Carlos Arvi Runco, mediante las resoluciones de gerencia general regional n.° 000092-2025, n.° 000091-2025 y n.° 000090-2025.
Opinión
Expresión se contactó con el especialista en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, quien señaló que, al no haber suscrito el acta uno de los miembros del comité, el proceso deviene en nulo, dado que el comité de selección es un ente colegiado y, por más que haya un voto discordante, debe estar suscrita el acta del proceso.
“El señor (Arvi Runco) no ha querido firmar el acta, que no está colgada en el SEACE porque no se oficializó, pero sí hay un acta del procedimiento que fue firmada por dos de los miembros, donde al postor ganador se le otorga el plazo de un día para que subsane dos observaciones que encuentra el comité: la primera es la foliatura de la oferta que se ingresa virtualmente y la segunda es una promesa del consorcio, donde la firma de uno de los consorciados faltaba ser legalizada”.
Indica que el Consorcio Salud Ferreñafe solamente subsanó la firma del postor, mas no la foliatura.
“Aquí ha habido un favorecimiento al postor porque le dijeron que subsanara la foliatura y no la subsanó, allí viene el tema. Ellos hacen un análisis y presumen que la oferta no varía en su contenido y eso no lo permite la norma. Ese es el vicio principal. Para mí no hay otro. Que el señor no quiera firmar el acta yo lo veo como un conflicto interno entre los integrantes del comité y puedo presumir que cada uno tenía su postor”, menciona.
Agrega que, de haber firmado Arvi Runco, estando en desacuerdo, la buena pro se hubiera dado de todas formas, pues no es necesaria la unanimidad. Sin embargo, presume que ha optado por simplemente no firmar, de modo que se invalide el proceso.
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La Concesionaria de Trasvase Olmos (CTO) y H2Olmos han salido al frente para aclarar falsas denuncias sobre el incumplimiento en la operación y mantenimiento del sistema de riego del Proyecto Olmos. Alfonso Pinillos Moncloa, representante de ambas entidades, enfatiza que el reclamo de un grupo reducido de agricultores no representa a la mayoría y que la concesionaria sigue comprometida con el desarrollo agrícola de la región.
En un esfuerzo por optimizar el acceso al agua en el Valle Viejo, H2Olmos ha presentado una iniciativa privada al Ministerio de Desarrollo Agrario para construir obras menores de riego en 5500 hectáreas mediante el mecanismo de Obras por Impuestos. Aunque no es una obligación contractual, la empresa busca facilitar el acceso al agua a pequeños agricultores. De aprobarse, la ejecución comenzaría en marzo o abril de 2026.
El directivo asegura que esta iniciativa responde a la responsabilidad social de la concesionaria y no a presiones externas. También rechaza las denuncias de incumplimiento en la concesión y resalta que los informes técnicos demuestran el impacto positivo del proyecto: más empleo, mejores ingresos y acceso continuo al agua. Además, recalca que no hay penalidades por incumplimiento contractual.
Presa Limón
Sobre la sedimentación de la presa Limón, Pinillos Moncloa explica que se debe a eventos climáticos extremos y no a una falta de mantenimiento.
Indica que la adenda en evaluación por parte del Gobierno Regional de Lambayeque para extender el período de concesión incluye dragado hidráulico y el recrecimiento de la presa para garantizar la operatividad del sistema.
“Con una inversión inicial de 500 millones de dólares, el Proyecto Olmos ha generado un impacto económico de 3,500 millones y 70 000 empleos, consolidándose como un pilar clave para el desarrollo agrícola de la región”, mencionó.
Proinversión
A inicios de semana se conoció que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada aseguraba que el Proyecto Olmos alista medidas para asegurar la irrigación de 30 500 hectáreas agrícolas, para lo cual brindará asistencia técnica al Gobierno Regional de Lambayeque para viabilizar una adenda con la empresa concesionaria de la infraestructura de trasvase, como soporte a la seguridad hídrica.
Ante esto se tiene claro que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, dará un nuevo impulso al Proyecto Olmos, asegurando la operación y mantenimiento de la infraestructura de trasvase que permite la irrigación en más de 30 mil hectáreas (primera fase) a través de la asistencia técnica que brindará la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión al Gobierno Regional de Lambayeque para viabilizar una adenda al contrato de concesión de las obras de trasvase.
El Gobierno Regional de Lambayeque solicitó la asistencia técnica de Proinversión para definir y estructurar soluciones viables que permitan la continuidad y la ampliación de la infraestructura necesaria.
Con base a ello, se programaron una serie de reuniones en las que se definirán los detalles del convenio de asistencia técnica y la estrategia de acciones concretas que garantizarán la operatividad y eficiencia de la primera fase del proyecto de riego de Olmos.
Las reuniones entre Proinversión y el Gobierno Regional de Lambayeque se iniciaron (hace unos días) en las instalaciones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con la presencia del titular del sector, José Salardi, quien afirmó que la articulación de estas dos instituciones permitirá asegurar la continuidad de las actividades de operación y mantenimiento de las obras del trasvase conformadas por la Presa Limón y el Túnel Trasandino del Proyecto Olmos.
Se debe considerar que el contrato de concesión concluirá en setiembre de este año, tras 20 años, desde su adjudicación en 2004. Asimismo, el proyecto Olmos consiste en el trasvase de las aguas del río Huancabamba (Piura), que son almacenadas en la presa Limón y conducidas a través del Túnel Trasandino (estructura principal) hacia el valle de Olmos en Lambayeque, permitiendo el riego de hasta 43 500 hectáreas, mediante un sistema moderno, presurizado y automatizado.
Puntos clave
Las obras medulares de la irrigación de Olmos corresponden al trasvase del proyecto, incluyendo la presa Limón, con una altura inicial de hasta 43 metros y el túnel trasandino de 20 kilómetros de extensión.
Uno de los problemas es que la represa Limón fue construida al 50 % de su altura total y enfrenta desafíos por acumulación de sedimentos que podrían comprometer el servicio de trasvase de agua, afectando directamente el riego de 25 000 hectáreas agroexportadoras operativas y otras 5500 hectáreas en el Valle Viejo de Olmos.
Para controlar la acumulación de sedimentos se plantea optimizar las reglas de operación de la represa, hasta que sea posible elevar la presa hasta una altura de 85 metros, con lo cual se aumentará la capacidad de almacenamiento de 30 millones a 110 millones de metros cúbicos y garantizará un suministro hídrico sostenible para las tierras productivas del valle de Olmos.
