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ESPECIALISTA DE LA OIT: “LA CONSULTA PREVIA ES UN DERECHO PERO NO OBLIGA LAS DECISIONES DEL ESTADO”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1115

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La Organización Internacional del Trabajo – OIT, que este año cumple un siglo de acción, se formó con el objetivo de promover la justicia social en los países como una forma de asegurar la paz, siendo parte de sus objetivos estratégicos garantizar un piso de protección social a la gente, promover el diálogo social y el tripartismo (Estado, empleadores y trabajadores), apoyar en la generación de más y mejores empleos y normar. La OIT produce normas que los países ratifican y las transforman en legislación.

 

“Como somos una organización tripartita, lo que se busca es, a través del diálogo, las mejores propuestas para cada país a fin de garantizar estos objetivos estratégicos. Lo que la gente demanda en estos momentos es tener un empleo que le permita satisfacer sus necesidades personales y las de sus familias y asegurarse a largo plazo ingresos suficientes como para tener un retiro digno y razonable, que ofrezca seguridad a lo largo de la vida del trabajador”, manifiesta Roberto Villamil Álvarez, especialista en Actividades para los Empleadores de la OIT, en entrevista exclusiva con Expresión.

 

INFORMALIDAD LABORAL

Respecto al modelo previsional peruano, en el ámbito público, que otorga pensiones inferiores a la Remuneración Mínima Vital – RMV (930 soles mensuales) a los jubilados, indica que esta desigualdad es de preocupación de la OIT, como lo es también el alto nivel de informalidad laboral que se tiene en el país, lo que impide – asevera – tener recursos suficientes para mejorar la condición de los pensionistas.

“Para garantizar la existencia de un sistema de pensiones, que ofrezca lo que debe ofrecer a sus beneficiarios, es necesario que sea saludable. Para ello es necesario que haya una actividad económica floreciente que permita alimentar de recursos ese sistema y parte del problema que hay en América Latina, siendo el Perú uno de los casos más llamativos, es el alto nivel de informalidad. Cuando uno ve que solamente que el 30 % de los trabajadores está en la formalidad es razonable pensar que es muy difícil tener un sistema de pensiones que garantice los beneficios a la totalidad de la población”, explica.

En lo que sí se ha mejorado – señala – es en la reducción de los índices de informalidad dentro de la formalidad, que para el caso peruano son menores a los existentes en otros países de la región.

“La brecha más alta que tiene el Perú es entre trabajadores formales e informales. ¿Cómo hacer para garantizar derechos y alcanzar la prosperidad? Necesitamos un entorno de negocios que haga atractiva la inversión productiva y eso requiere de condiciones, que naturalmente para el sector empresarial son importantes, como que haya un sistema jurídico que funcione, estabilidad social, política, reglas de promoción de la inversión, fomento del emprendimiento y un buen sistema de formación técnica y profesional que facilite la transición de la escuela al trabajo en aquellas áreas que las empresas demandan”, anota.

 

INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Señala que, naturalmente, también es necesaria la existencia de infraestructura que vuelva atractivo al país para que se instalen empresas que trabajen en áreas nuevas que son más competitivas a nivel internacional.

“El aumento de la productividad no solo pasa por los trabajadores o el capital. Hay que incrementar la productividad global del país y eso se logra cuando se le ofrece a los ciudadanos infraestructura y servicios básicos, lo que involucra carreteras, agua, saneamiento, energía eléctrica”, menciona.

Villamil Álvarez sostiene que la promoción del emprendimiento, para alcanzar un mayor crecimiento económico y avanzar hacia un estadio de desarrollo superior, es fundamental, razón por la que la formación de técnicos y profesionales con perspectiva de superación y generación de empleo es otro de los factores que ayuda a revertir las condiciones de atraso y postergación social.

 

NUEVAS DEMANDAS

Por otro lado, refiere que las exigencias de los trabajadores actualmente ya no son solo remunerativas, sino también de obtener mayores capacidades de competitividad.

“Es cierto que han cambiado las demandas de los trabajadores, más allá de lo que uno tradicionalmente puede pensar que es prioritario para un sindicato como el tema del salario, seguridad y salud en el trabajo y negociación colectiva, y han avanzado en algunos casos hacia temas de mayor trascendencia de cara al futuro, como la formación permanente del individuo, entendiendo que el conocimiento cambia muy rápido, porque lo que uno aprende hoy quizá no sirva en cinco años o quizá la actividad que uno cumple hoy desaparece en el futuro”, expone.

Roberto Villamil enfatiza que la formación continua no es algo que interese solamente a los sindicatos, sino también a los empresarios, porque este arriesga su patrimonio y por ello necesita contar con los recursos adecuados, desde el punto de vista financiero como humano.

“Las empresas en los últimos 20 o 25 años empezaron a manifestar cierta preocupación porque no encuentran el personal con la capacitación requerida para lo que estas quieren hacer y eso llevó a que países como Suiza o Alemania adopten la formación profesional – laboral como parte de la educación básica del individuo, habiendo una simbiosis entre el aprendizaje y la participación de la persona en la empresa como pasante o aprendiz, por ejemplo”, indica.

Agrega que la acumulación de conocimiento debería ser una preocupación crucial en los gobiernos, porque estos – como representantes de los ciudadanos – deben señalar líneas de hacia dónde ir en la actividad productiva, en la formación y las estrategias de desarrollo.

“Nosotros insistimos mucho en que el diálogo es fundamental. Trabajadores, gobiernos y empresarios tienen que juntarse, dialogar y tratar de definir un futuro en común, porque los tres son actores esenciales. No habrá empleo si no hay empresas y si no hay empresas no habrá impuestos que recauden los gobiernos y estos, por lo tanto, no podrán hacer infraestructura o servicios”, señala.

 

LA CONSULTA PREVIA

Respecto al Convenio 169 de la OIT, suscrito por el Perú y que define la importancia de la consulta previa, Villamil Álvarez destaca el marco normativo que el país posee para el cumplimiento del acuerdo desde el 2011.

“El problema está en que se entiende como que el convenio solo se centra en la consulta previa y esta es solo una parte. El convenio trata de la reivindicación de derechos, pero también de contribuir al desarrollo de los pueblos indígenas y tribunales como parte de la sociedad. No es solamente una reivindican territorial. Tiene que respetarse su cultura, su idiosincrasia y su idioma y hacerlos parte del desarrollo nacional”, manifiesta.

El especialista de la OIT menciona que existen problemas en la interpretación de la consulta previa, pese a que en el convenio está claramente establecido que sus resultados no son vinculantes.

“La consulta previa es un derecho que tienen los pueblos indígenas pero no obliga al Estado a tomar una decisión de acuerdo al resultado que se tiene. Los gobiernos deciden en función de los mejores intereses del país y no porque decida a favor de la inversión quiere decir que se ha dejado de lado la opinión de las comunidades. Un proceso de consulta previa abarca un montón de cosas, no es simplemente hacer una pregunta a una comunidad indígena si acepta o no que se haga una determinada inversión en su región, una carretera, un puente o una explotación productiva. Lo que hay que tratar de encontrar es un equilibrio entre las necesidades de las comunidades indígenas, el respeto por sus derechos ancestrales, y las necesidades del país. Lo que hay que evitar es la polarización”, manifiesta.

El Convenio 169 de la OIT fue ratificado por 17 países de América Latina, pero es difícil establecer que uno de los modelos implementados para la aplicación del convenio en cualquiera de estos países es el más perfecto, teniendo en cuenta que la realidad en cada nación es distinta.

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