En diálogo con Expresión, la alcaldesa de la ciudad, Janet Cubas Carranza, aseveró que siente dolor por el estado actual de Chiclayo, consecuencia – asegura – de la mala gestión de sus antecesores. Sostiene que no renuncia al reto de solucionar los problemas más urgentes, ante los cuales afirma dar la cara.
La alcaldesa señala que al término de su primer año de gestión se logró comprometer el 75 % del presupuesto destinado para proyectos de inversión, cuyo monto total ascendió a 73 millones 56 mil 243 soles, lo que significa que los recursos certificados al 31 de diciembre pasado serán ejecutados este año.
“Los recursos comprometidos se van a ejecutar, por ejemplo, en obras como el Colegio Juan Tomis Stack, que ya empezó, igual que la reconstrucción del colegio Juan Mejía Baca. Si no hubiéramos comprometido y no hubiéramos quedado únicamente con el porcentaje de lo ejecutado, creo que sí sería válida y contra razón la crítica”, manifestó la alcaldesa.
Para el presente año, informa, la comuna cuenta con 206 millones de soles de presupuesto, recursos que destinarán para el cambio de las redes de agua y alcantarillado de todo el pueblo joven y ampliación San Antonio, valorizado en más de tres millones de soles; la obra de saneamiento en el casco central de Chiclayo, que ya iniciamos con el trabajo pericial; el colector Taymi, en Pósope, igualmente la pavimentación del pueblo joven San Nicolás, con una contrapartida de recursos que se sumarán a los del gobierno regional.
Menciona que hace una semana se ha iniciado la reposición y parchado de calles en el casco central de Chiclayo, actividad que se realiza por las noches, para lo cual se ha destinado ocho millones de soles.
“Tenemos calles como Ízaga y Balta, Angamos y San José, San Martín y San José, Luis González y San José, donde aún aflora el agua residual y de eso no sólo se ha comunicado al gerente de EPSEL, sino también a las autoridades ambientales. Nosotros estamos cargando esa mochila. Por ejemplo, en la avenida Bolognesi y José Leonardo Ortiz, ¿cuánto tiempo se ha demorado EPSEL para concluir ese emisor y cuánto tiempo ha pasado ya y aún no reparan los pavimentos? ¿Qué nos dicen los técnicos de ESPEL? Que están esperando un saldo de obra para poder reponer el pavimento, igual caso sucede con la avenida Haya de la Torre. EPSEL ejecutó esos trabajos más allá de la programación y ahora nosotros estamos luchando para que reponga los pavimentos”, indicó.
Añade que de la problemática respecto a las obras inconclusas de EPSEL ya se ha informado a la ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS.
“Al gerente de EPSEL he dicho: ‘Solucióneme ese problema de las aguas servidas en los puntos señalados’. Otro punto es Ízaga y Luis González, también Grau y Elías Aguirre. Necesitamos que EPSEL solucione el problema de los atoros para parchar las calles. En la esquina de SERPOST es una zona crítica y siendo de alto flujo vehicular, igual que en Angamos y San José, lo que genera la mortificación de los vecinos, malestar que es totalmente justificado, y soy yo quien carga la mochila”, asevera.
Diálogo y planificación
La alcaldesa de la ciudad informa que se ha formulado un Plan de Desarrollo Provincial de manera descentralizada, con participación de actores de la sociedad civil y la realización de diez talleres en los diferentes distritos, convocando a los actores locales.
“Por primera vez se ha hecho un proceso descentralizado y participativo. Se tiene ahora un Plan de Desarrollo Local Concertado al 2034, que ya está listo para ser presentado en sesión de concejo para su discusión y aprobación”, menciona.
Destaca que durante el 2023, a través de las diferentes áreas del municipio, ha procurado acercarse a todas las organizaciones de sociedad civil para recoger recomendaciones y sugerencias.
Asimismo, que con el acompañamiento de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros se ha trabajado en lo referido a modernización del Estado a nivel municipal, habiéndo logrado dos informes positivos sobre las acciones realizadas para la reorganización del aparato institucional.
“Lo que queremos es que nuestra municipalidad tenga procesos ágiles, útiles y transparentes para el servicio al ciudadano. Lo que necesitamos es que los administrados sean atendidos como corresponde, pero también que todo aquel que realice inversiones o negocios se haga responsable de los pasivos que estos generan para la ciudad, como, por ejemplo, los estacionamientos. Estamos trabajando la actualización del Texto Único de Procedimientos Administrativos – TUPA sin necesidad de contratar una consultora. Esa responsabilidad la ha asumido la Gerencia de Planificación y Presupuesto, que logró el premio nacional al mejor equipo de planificación en el país”, asevera.
El ordenamiento también apunta a la correcta clasificación del personal municipal. Es decir, que aquel trabajador que fue contratado como obrero cumpla esa labor y no desarrolle funciones administrativas. En tanto, los que se han profesionalizado en el transcurso del tiempo serán promovidos pero con contrataciones acorde a sus competencias.
“Con los sindicatos de trabajadores hemos sostenido el diálogo durante todo el año 2023, nunca les hemos dicho que nos los vamos a escuchar y tampoco hemos disimulado nuestra intención de ordenar el aspecto laboral”, indica.
Actualmente, la comuna de Chiclayo destina el 80 % de lo que recibe del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, al pago de planillas. Lo que recibe el municipio por FONCOMUN al año asciende a 70 millones de soles.
“A ello sumamos que tenemos una gruesa cifra por adeudos laborales acumulados en gestiones anteriores, los mismos que hemos empezado a pagar. Todo el año pasado hemos tenido embargos por procesos laborales”, señala.
Orden y proyectos
Cubas Carranza menciona que junto a sus técnicos trabaja en la gestión proyectos importantes para Chiclayo como la construcción del Terminal Terrestre, el nuevo mercado mayorista provincial y la renovación del servicio de agua y alcantarillado.
Empero, señala que es necesario tener una mayor participación de la Policía Nacional del Perú en cuanto al control del tránsito, por ejemplo, pues mientras no exista sanción policial la comuna no puede proceder a la intervención de vehículos mal estacionados al depósito.
“La población de Chiclayo no debe renunciar al anhelo de tener esos proyectos hechos realidad. Con ocasión de la llegada del ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras, hemos planteado la importancia de lograr el Terrapuerto Metropolitano y el Mercado Metropolitano, con el acompañamiento de Proinversión, pues su ejecución puede lograrse vía Alianza Público Privada – APP. El año pasado, cuando hemos establecido contacto con Proinversión se nos dijo claramente que el tema de Terrapuerto se encaminó tres veces: con Castillo, con Torres y con Cornejo, y cuando faltaba la firma del titular del pliego (alcalde), el proyecto de caía, dejando de lado el progreso de la ciudad debido a problemas totalmente paralelos”, indica.
Añade que el Ministerio de la Producción ha considerado a Chiclayo para la construcción de un hipermercado de alcance regional.
Respecto al Mercado Modelo, anuncia que la Municipalidad Provincial de Chiclayo y una comisión de representantes de comerciantes del mercado modelo, acordaron firmar un convenio de cooperación interinstitucional con apoyo técnico y legal para poder resolver temas pendientes como el del proceso de expropiación de las 37 tiendas.
“Queremos avanzar en todo lo que significa la documentación que la Dirección Nacional de Tasaciones nos ha requerido para el proceso de expropiación que la municipalidad ya inició este cumplimiento en el inicio de mi gestión”, destaca.
Situación de la ciudad
Sobre los comentarios que califican a Chiclayo como la ciudad más sucia del país, Janet Cubas precisa que la situación actual es crítica y obedece a lo que dejaron de hacer sus antecesores.
“Como lambayecana siento mucho dolor y como autoridad tengo la gran responsabilidad de remontar esa situación que viene de mucho tiempo atrás. Nosotros ya tenemos aprobado el expediente técnico y lo elevamos al Ministerio del Ambiente para conseguir que se financie el proyecto del relleno sanitario con el programa Con Punche Perú III, a través del gobierno regional. Ello considera también la culminación de la planta de transferencia de residuos sólidos, que por un problema de corrupción quedó trunco”, manifiesta.
Destaca que con un convenio aprobado por el concejo provincial se logró la asignación de maquinaria por parte del Ministerio del Ambiente y del Gobierno Regional de Lambayeque.
“Entiendo el malestar de la población. Como chiclayana, me duele que gestiones pasadas nos hayan llevado a esta calamitosa situación. Algunos me dicen: ‘Pero usted sabía’. Por supuesto que sí, pero cuando uno está en el cargo recién puede sincerar la información. No huyo al reto, estoy dando la cara a los problemas de Chiclayo, porque a eso nos hemos propuesto con el apoyo de las organizaciones y de los 15 regidores, de manera unánime”, asevera.
La situación de decenas de familias en el Condominio Parques de San Gabriel se ha tornado insostenible, debido a la falta de agua potable por reducción del suministro, lo que impide que las bombas automáticas trasladen el líquido a los edificios de la III, IV, V y VI etapa.
Ante la situación, los vecinos se han visto obligados a recurrir a la Fiscalía de Prevención del Delito y han presentado la queja respectiva ante la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL.
Para el abastecimiento normal de agua potable al interior del condominio, se necesita que las bombas mantengan un nivel de 210 metros cúbicos. Sin embargo, en las últimas semanas el caudal se vio severamente reducido, dejando sin abastecimiento a las familias. Aun cuando la situación pareciera haberse normalizado, al menos para la IV etapa, EPSEL todavía está llenando parte de las bombas con cisternas, lo que no asegura el normal suministro.
Denuncia ante fiscalía
El 28 de enero los representantes de las familias formularon denuncia penal contra EPSEL por el delito contra la salud, debido a que desde octubre del año pasado la empresa no cumplía con informar de manera técnica y detalla la situación del suministro de agua potable al condominio.
Concretamente, el 13 de octubre, los propietarios dirigentes de la IV y V etapa solicitaron por escrito a la empresa que informe de manera urgente cuánto era el suministro de agua que se estaba habilitando al condominio, advirtiendo que de no alcanzar el mínimo requería se presentarían problemas de abastecimiento en los departamentos e incluso podrían ocasionarse daños a los equipos de bombeo instalados.
En aquel momento, se puso de conocimiento de la empresa que la dotación de agua por cisternas era insipiente para más de 400 familias residentes entre la III y IV etapa.
Pedían, además, que se informe si la inmobiliaria Clasem, constructora del condominio, había entregado la factibilidad de agua para las etapas II, III y IV, y si EPSEL había supervisado su cumplimiento en el período establecido. También solicitaban información respecto a si la V y VI etapa contaban con factibilidad independiente para el suministro del agua.
“Sin embargo, EPSEL, mediante Carta n.° 55-2023-EPSEL.S.AGG.GO, nos da contestación conforme a lo detallado en la carta, y es que en efecto en esa fecha el supervisor de EPSEL, después de 5 días, para esto ya las cisternas habían llenado el reservorio de agua que tenemos, sumado al poco volumen que ingresaba diariamente por la dotación de EPSEL, logramos tener agua con normalidad desde el mes de noviembre a diciembre. Se le hizo saber al técnico que esto es debido a abastecimiento de cisternas, no porque EPSEL nos dote de agua con normalidad, durante más de 7 años no hemos tenido problemas de agua. Nos dijeron que nos darían una hora más de dotación de agua. Sin embargo, no fue así”, se lee en la denuncia”.
Los vecinos informaron en su denuncia que durante todo este tiempo han estado sujetos a que EPSEL envíe cisternas para completar el suministro necesario para las familias.
Cuando las familias presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Prevención del Delito tenían 10 días sin recibir el abastecimiento normal, por lo que pedían que se investigue si el suministro destinado a Parques de San Gabriel se estaba perdiendo por conexiones clandestinas o por autorizaciones nuevas.
“Somos más de 400 familias sólo entre la III y IV etapa, todos tenemos hijos pequeños que han enfermado con sarpullido, fiebres, alergias y problemas estomacales. Debido a la falta de agua se emanan olores fuertes que contaminan el ambiente en el que vivimos mientras los señores de EPSEL hacen caso omiso a nuestro reclamo”, señalaron.
Decisión fiscal
En el Informe n.° 060-2023-EPSEL S.A. GO/OD/CEMRD/LAMG, indica que el desabastecimiento de agua potable en la zona no se debe a problemas operativos, teniéndose que coordinar con el encargado de las redes que abastecen agua para incrementar el volumen, pues las conexiones se encuentran en buen estado y operativas.
Ante la solicitud de intervención, el 29 de enero la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito de Chiclayo emitió la Disposición n.° 1, señalando que ante los hechos expuestos se alertó sobre la necesidad de iniciar procedimiento preventivo ante la posible comisión de los delitos de entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, previsto en el Artículo 283° del Código Penal y supresión, destrucción u ocultamiento de documentos, tipificado en el Artículo 430° del mismo cuerpo de leyes, debiendo activar las competencias del organismo regulador y recabar información de las entidades involucradas, sin perjuicio de emitir algún otro pronunciamiento sobre los delitos a prevenir, conforme a los avances del procedimiento preventivo.
En consecuencia, el fiscal Erland Sánchez Díaz dispuso iniciar procedimiento preventivo durante el plazo de 90 días contra los que resulten responsables de los delitos antes señalados; oficiar a la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento – SUNASS Lambayeque, con la finalidad de activar sus competencias sobre la presunta vulneración de los derechos de los usuarios del servicio de agua potable en las etapas I, II, III, IV, V y VI del Condominio Parques de San Gabriel, “quienes se han visto afectados con el bajo nivel de ingreso de agua potable, concediéndole el pago de 7 días para remitir un informe sobre las acciones y resultados”.
Asimismo, oficiar a EPSEL con la finalidad de solicitar información sobre las causas por las cuales no se cuenta con el adecuado nivel de ingreso de agua potable, otorgándole también 7 días para emitir la información solicitada.
También se ha requerido a EPSEL que informe si la inmobiliaria Clasem comunicó oportunamente la factibilidad del servicio de agua potable para todas las etapas del condominio. De ser así, que se dé cuenta si EPSEL ha cumplido con evaluar dicha factibilidad.
Incumplimiento
Isela Sarango Campos, propietaria firmante de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, señala que el plazo de siete días otorgado tanto a SUNASS como a EPSEL se venció sin que ninguna de las dos entidades alcance al despacho fiscal los informes requeridos.
“La diligencia en EPSEL, programada para el miércoles 7 de febrero, se ha suspendido para el lunes 12 de febrero, en tanto el fiscal ha reiterado su disposición con el requerimiento tanto a EPSEL como a SUNASS, pues no han cumplido con enviar la información”, señala.
La también abogada precisa que ha encontrado documentación en la que EPSEL otorga la factibilidad a la inmobiliaria Clasem para construir la etapa VI-B, pero con suministro propio de agua a través de un pozo tubular. Sin embargo, anota, dicho pozo no estaría funcionando.
“Lo que presumimos es que se ha empalmado dicha etapa a las redes de suministro de las etapas anteriores y eso ha originado la reducción del volumen. Por otro lado, la Municipalidad Provincial de Chiclayo ya en su momento ordenó parar la construcción de más edificios, porque la licencia fue para mil 400 departamentos, y al momento de hacer su inspección encontró que había mil 416”, comenta.
Añade que después de la denuncia se ha normalizado el suministro, pero eso no garantiza que el problema vuelva a presentarse, pues desde EPSEL han comunicado extraoficialmente que no tienen los planos de conexiones en el condominio, lo cual resultaría incongruente debido a que la empresa debía contar con tal documentación para otorgar la factibilidad.
Por el delito Contra el Patrimonio, es su figura jurídica de Usurpación Agravada, fue denunciado ante el Ministerio Público, el alcalde del distrito de Zaña, Aladino Mori Centurión. Junto a él, también fueron denunciados Marco Antonio Olivos Burga y César Augusto Cumpa Suyón, por pretender apoderarse de un total de 10.6607 hectáreas de terreno, de propiedad de los esposos Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico.
El acto de usurpación – de acuerdo a la denuncia ante el Ministerio Público- fue puesta al descubierto el último 31 de enero, cuando el denunciante, Juan Pedro Jesús Guevara Bellodas, en representación de sus padres: Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico, se constituyó al predio rural denominado San Francisco, ubicado en el distrito de Zaña, para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento.
Cuando junto a trabajadores realizaba el corte de maleza y la remoción de tierra, hizo aparición un grupo de 20 personas, entre hombres y mujeres, liderados por el alcalde del distrito de Zaña, Aladino Mori Centurión, los que violentamente ingresaron a la propiedad provisto de machetes y objetos contundentes, alegando que el terreno era propiedad privada y le pertenecía a la autoridad municipal. Al poco rato, hicieron aparición otro grupo de 60 personas más, los que bajo las órdenes de la autoridad edil, ingresaron y tomaron posesión del predio.
Dice ser el dueño
En el lugar de los hechos, el actual alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, afirmó ser el dueño del terreno y que la propiedad la tiene desde el año de 1990; presentando solamente un certificado de posesión más no otras documentación que acredite y sustente lo que afirmaba.
Ante la superioridad numérica y el temor de ser agredidos por las personas que habían sido llevada por el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión; el denunciante, Juan Pedro Jesús Guevara Bellodas acudió hasta la comisaría de Zaña para formular la denuncia por usurpación del terreno de sus padres, Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico.
Los agentes policiales, constituidos en el lugar de los hechos, levantaron las actas respectivas, constatando que al interior del predio había un buen grupo de personal provistas de machetes y palos con la consigna de no permitir el ingreso de nadie que no sea de apoyo a la autoridad municipal.
De igual manera, se constató que por parte del denunciante también había un grupo de personas que con maquinaria pesada venía realizando limpieza y nivelación del terreno. Además, constataron que la propiedad se encuentra delimitada por estacas, colocadas en el mes de julio del 2019, por funcionarios de la entidad de saneamiento competente.
El denunciante presentó documentación técnica y legal; encontrándose que sus padres estaban debidamente empadronados ante la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, entidad que se encarga de realizar el saneamiento físico-legal de predios rurales; conforme lo establece el artículo 4° de la Ley de saneamiento físico-legal y formalización de predios rurales a cargo de los Gobiernos Regionales - LEY N.º 31145.
En la Comisaría
En la dependencia policial, el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, siguió sosteniendo ser el dueño, pero no presentaba ningún documento. Además, sostuvo ante los efectivos policiales que no permitiría que se realicen trabajos en el predio alegando que era propiedad privada.
A su turno, la parte agraviada sostuvo que el terreno era de su propiedad y la posesión la tienen desde hace más de 40 años, demostrando que se encuentran empadronados ante la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, entidad que se encarga de realizar el saneamiento físico-legal de predios rurales, mediante la Partida Electrónica N° 02294417.
“Mis padres son los dueños”
El denunciante, durante su permanencia en la comisaría, sostuvo que el predio “San Francisco”, tiene asignada la Unidad Catastral N° 18760, teniendo como antecedente registral al predio matriz denominado “Ubicación Rural Predio Cayaltí y Anexos”, debidamente inscrito en la Partida Electrónica N° 02294417 del Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Chiclayo, teniendo como titular registral al Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), según el Certificado de Búsqueda Catastral, emitido el día 10 de setiembre del 2018, por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP).
Explica en su denuncia que el Proyecto Especial de Titulación de Tierras (PETT), anteriormente era la entidad que se encargaba del saneamiento físico-legal de los predios rurales; sin embargo, mediante Decreto Supremo N.º 005-2007-VIVIENDA, se dispuso la fusión por absorción del PETT al Organismo de Formalización Informal – COFOPRI.
Posteriormente, mediante Decreto Supremo N.º 018-2014-VIVIENDA, se transfiere el Catastro Rural de COFOPRI al Ministerio de Agricultura y Riego, ahora Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI; y, dispone que los procedimientos y servicios referidos a saneamiento físico-legal de predios rurales, estará a cargo de los Gobiernos Regionales sobre Catastro Rural. En ese sentido, la entidad encargada de realizar el saneamiento físico-legal de los predios rurales son los gobiernos regionales; para el presente caso, el Gobierno Regional de Lambayeque.
Por ello, el denunciante, Juan Pedro Jesús Guevara Bellodas, señala en su denuncia que los legítimos poseedores y propietarios son sus padres, Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico, quienes cuentan con toda su documentación en regla.
Medios de prueba
Mientras que el alcalde de Zaña, Aladino Mori Centurión, aducía ser el propietario, pero sin presentar ningún documento que acredite la titularidad, el denunciante sostuvo ser el dueño presentando un Certificado de Posesión N° 321/80-DR-II-CH-DIA-Z, con fecha 19 de setiembre de 1980, otorgada por Ing. Ricardo Zuñe Falla, en calidad de jefe de Distrito Agropecuario Zaña.
Además, indicó que sus padres se encuentran debidamente empadronados como titulares catastrales ante la Gerencia Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Lambayeque, el cual cuenta con Unidad Catastral N° 18760, conforme lo acredita con copia informativa de plano catastral emitido por la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, de fecha 29 de enero del 2024, que señala que los denunciantes son los poseedores y propietarios, primeros y únicos empadronados en la referida entidad estatal para el saneamiento y titulación de la propiedad.
A ello se suma, que en el mes de julio del 2019 la Gerencia Regional de Agricultura de Lambayeque del Gobierno Regional de Lambayeque, realizó una inspección en el predio en litis y que dicho trámite fue solicitado por Juan Eduvigio Guevara Márquez y María Manuela Bellodas Paico, lo que conllevó a la colocación de hitos para realizar la demarcación y delimitación del terreno.
De igual manera, presentó memoria descriptiva del predio rural denominado “San Francisco”, cuya área es de 10.6607 hectáreas, contenida en la Unidad Catastral N° 18760, de fecha noviembre del 2018, autorizada por la Ingeniera Civil Flor Angélica Guevara Bellodas, debidamente visada por la oficina de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural de la Gerencia Regional de Agricultura - Lambayeque, con fecha 2 de julio del 2019.
También adjunta planos de ubicación y perimétricos, certificado registral inmobiliario, de fecha 16 de enero
del 2024 del predio matriz denominado Ubicación Rural Cayalti y Anexos emitido por la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP), así como plan de cultivo de los años 1984 - 1985, expedido en Formato Único del Ministerio de Agricultura.
