Tras los hallazgos del Órgano de Control Institucional – OCI, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe se vio obligada a anular de oficio la Adjudicación Simplificada N° 003-2018-MPF/CS “Construcción de veredas y pavimentación y obras complementarias en la Unidad Vecinas San Judas Tadeo”, por un valor referencial es de 435 mil 224.96 soles y cuya buena pro había sido entregada a una empresa que no cumplía con los requisitos exigidos en las bases del proceso.
Con Resolución de Alcaldía N° 455-2018-MPF/A, del 22 de octubre pasado, el burgomaestre de Ferreñafe, Jorge Temoche Orellano, resolvió declarar la nulidad de oficio del procedimiento de adjudicación y retrotraer el procedimiento hasta la etapa de evaluación y calificación de ofertas propuestas por los postores, dando cumplimiento al registro de la nueva modificación del cronograma para tal fin.
Asimismo, removió al segundo integrante titular del Comité de Selección designado mediante Resolución de Alcaldía N° 0335-2018-MPF/A, del 9 de agosto del 2018, Orlando Niño Vásquez, y encargó a la Secretaría Técnica de Procesos Disciplinarios iniciar las acciones conducentes al establecimiento de responsabilidades a que hubiese lugar por parte de los funcionarios que ocasionaron la nulidad del acto materia de pronunciamiento.
COMUNICACIÓN DEL OCI
El mismo día que Temoche Orellano emitió la resolución declarando la nulidad del proceso recibió de la jefa del Órgano de Control Institucional de la comuna, Sandra Benites Vera, el Oficio N° 334-2018, a través del cual puso en su conocimiento que se había ejecutado la acción simultánea a la Adjudicación Simplificada N° 03-2018-MPF/CS, referida a la obra de pavimentación en la unidad vecinal San Judas Tadeo, con la que se había determinado la existencia de hechos que afectaban la transparencia, probidad, normativa aplicable y el cumplimiento de las metas previstas.
En el oficio, la jefa del OCI le recomienda a la autoridad municipal valorar los riesgos contenidos en el informe y disponer acciones preventivas pertinentes, otorgándoles siete días hábiles para tal efecto.
HALLAZGOS
El Órgano de Control Institucional elaboró el Informe de Acción Simultánea N° 007-2018-OCI/0426-AS, formulado entre el 21 de septiembre y el 19 de octubre, encontrándose que el expediente de contratación de la obra en la unidad vecinal San Judas Tadeo estaba incompleto, al no contar con todos los documentos que sustentasen la fase de actos preparatorios, lo que ponía en riesgo el orden, archivo y preservación de la documentación que respalda las actualizaciones realizadas desde la formulación del requerimiento del área usuaria hasta la convocatoria del procedimiento de selección.
También que se incumplió con la publicación de postergaciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, ocasionado por falta de quórum del Comité Especial, así como por falta de impulso por parte de la entidad, poniendo en riesgo la transparencia y legalidad del procedimiento de selección.
Otro hallazgo fue que el Comité de Selección no cumplió con registrar en el SEACE las postergaciones ni la información producida a partir de la etapa de apertura de sobres, poniendo en riesgo la transparencia, eficacia y eficiencia, e integridad del procedimiento de selección.
El Órgano de Control Institucional detectó también que el Comité de Selección admitió a calificación dos propuestas que no cumplían con lo establecido en las bases integradas ni en el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, otorgándole luego a una de ellas la buena pro, lo cual generó que se ponga en riesgo los principios de igualdad de trato, competencia y eficacia y eficiencia.
ACCIONES DE CONTROL
La acción simultánea se desarrolló de acuerdo con lo establecido en la Directiva N° 07-2016-CG/DPROCAL, ‘Control Simultáneo’, aprobada por Resolución de Contraloría N° 432-2016-CG, de 3 de octubre del 2016, comprendiendo la revisión y análisis de la documentación e información alcanzada por la municipalidad de Ferreñafe y de la registrada en el portal informático del SEACE, relacionada con el procedimiento de selección.
Luego de realizar la verificación del contenido del expediente de contratación, OCI no encontró el sustento técnico que motivó la contratación de la obra de pavimentación por tramos; los formatos sobre la identificación, análisis, planificación de la respuesta y asignación de riesgos que forman parte de la información complementaria del expediente técnico de la obra; el documento que declaró al viabilidad del Proyecto de Inversión Pública – PIP, y la ficha técnica.
Tampoco se encontró la notificación de la designación de cada uno de los integrantes del Comité de Selección; la recepción por parte del presidente del expediente de contratación aprobado; el documento de recomposición del Comité de Selección y la notificación de la recomposición.
Del mismo, que las bases integradas del procedimiento de selección solo estaban firmadas por el segundo miembro titular del comité, cuando la norma exige que deben ser suscritas por todos los integrantes.
Respecto a la falta de quórum en el Comité de Selección para cumplir con el cronograma establecido inicialmente, las causas son las mismas a las presentadas en el proceso (también anulado) de la obra de pavimentación de la unidad vecinal Manuel González Prada: uno de los integrantes no acudió a laborar y el presidente del comité fue enviado de vacaciones un día antes de la fecha establecida para la evaluación y calificación de propuestas y entrega de la buena pro, fijada para el 21 de septiembre, sin que los miembros suplentes asuman la conducción del proceso como ordena la norma.
Esto último recién sucedió semanas después cuando el cronograma establecido se había alterado, sin que su modificación haya sido informada y publicada en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado.
CALIFICACIÓN DE PROPUESTAS
Al proceso de selección se registraron 16 participantes a través del SEACE. El 18 de septiembre, 12 postores, entre empresas y consorcios, presentaron sus propuestas a mesa de partes del municipio, de las cuales fueron admitidas para su evaluación solo seis.
De estas, el Comité de Selección (recompuesto por ausencia del presidente titular), realizó la evaluación del factor único, que en este caso fue el precio, siendo el resultado, según orden de prelación, el siguiente:
Consorcio Chiclayo, conformado por las empresas Constructora Mardec SAC y Ugaz Medina Diego (100 puntos); Construyendo Proyectos SCRL (97.92); Consorcio Consultores y Ejecutores, conformado por Valhuva SAC y QyQ Consultores y Ejecutores SAC (97.62); Consorcio Perú, integrado por Silaca Perú SAC y Construcciones Alardi SAC (97.62); V&A Building SAC (97.57) y CyP Constructores y Consultores EIRL (93.18).
Luego de descalificar a los cuatro primeros postores, se calificó al que ocupaba el quinto lugar de prelación (V&A Building SAC), que según la evaluación realizada por el Comité de Selección cumplía con todos los requisitos. Por lo tanto se le adjudicó la buena pro de la obra de pavimentación en San Judas Tadeo por el monto de 434 mil 999.80 soles.
Sin embargo, OCI ha determinado que el Comité Especial debió descalificar al Consorcio Perú por no presentar el detalle de los análisis de costos unitarios, así como al postor V&A Building SAC, dado que la propuesta técnico – económica no se encontraba foliada; por lo que tuvo que calificar solo las cuatro que cumplían con los requisitos establecidos en las bases integradas. Si esto se hubiera dado, solo se hubiera calificado la propuesta del postor C y P Constructores y Consultores EIRL, considerando que los otros tres (Consorcio Chiclayo, Construyendo Proyectos y Consorcio Consultores y Ejecutores), habían sido descalificadas de manera correcta.
Aún así, al postor C y P Constructores y Consultores tampoco le correspondía la buena pro, debido a que no cumplía con los requisitos de capacidad legal (representación) y capacidad técnica y profesional (equipamiento estratégico y experiencia del plantel profesional clave).
“Por lo tanto, al no cumplir ninguno de los postores evaluados con los requisitos de calificación, en cumplimiento a la normativa vigente, el procedimiento de selección debió ser declarado desierto”, concluye el Órgano de Control Institucional - OCI.
Esta semana se hizo público el contenido del informe final de la Comisión “Lava Jato”, presidida por la congresista fujimorista Rosa Bartra Barriga, que entre sus conclusiones señala que en el Proyecto Olmos existieron irregularidades en el otorgamiento de las concesiones para las fases de trasvase e irrigación, ejecutadas por la constructora brasilera Odebrecht, a través de sus subsidiarias.
Luego de dos años de investigación parlamentaria, la comisión especial del caso “Lava Jato” arribó a la conclusión que existen responsabilidades distintas entre varios de los exfuncionarios que, en su momento, tuvieron a cargo la revisión de los procedimientos del Proyecto Olmos.
IMPUTACIONES Y RESPONSABILIDADES
Entre los señalados por la comisión como responsables de irregularidades vinculadas a Olmos se encuentran el ex presidente de la República, Ollanta Humala Tasso, sobre quien se sindica infracción constitucional y parcialidad de los actos funcionales; el también ex presidente Pedro Pablo Kuczynski Godard, cuando se desempeñó como ministro de Estado en el gobierno de Alejadro Toledo Manrique, y su socia Gloria Kisic Wagner. Sobre estos dos la comisión imputa el delito de lavado de activos.
Asimismo, señala responsabilidad civil en Javier Roca Fabián, ex director general de la Dirección General de Asuntos de Economía Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF; Rosalía Álvarez Estresa, ex secretaria general de dicho portafolio; María Giulfo Suárez, ex viceministra de Economía y Enrique Salazar Torres, ex gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.
También identifica como responsables civiles de presunto perjuicio económico contra el Estado a los ex delegados del Consejo Regional de Lambayeque José Huamán Castillo y Adela Saavedra Díaz.
LA INVESTIGACIÓN
“Al haber hecho el control político del proyecto, esto es, al haber analizados los actos de gobierno realizados por los funcionarios públicos detectamos que los procesos no fueron regulares. Es entonces que nosotros, al carecer de información que nos permita determinar si existe una delación respecto a la entrega de sobornos, coimas o dádivas tuvimos que realizar un análisis del proyecto y ahí hemos identificado hechos que llaman nuestra atención”, explicó ante el pleno del Congreso de la República Rosa Bartra.
La parlamentaria indicó que en la tramitación del Proyecto Olmos se habrían omitido o “saltado” disposiciones legales, se habrían construido marcos jurídicos e incluso designado y retirado a funcionarios a fin de permitir que se concreten las concesiones de la obra a favor de Odebrecht.
“En base a ello, a quienes han participado en eso, nosotros hemos levantado determinada información constitucionalmente protegida, buscando que en ese espacio de investigación podamos determinar la entrega de sobornos, coimas o dádivas”, remarcó.
CASO KUCZYNSKI
Uno de los primeros hechos relevantes que la comisión ha determinado es el que involucra al ex presidente de la República Pedro Pablo Kuczynski, cuando este se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas en el gobierno de Alejandro Toledo y que precisamente fue uno de los detonantes de su caída como mandatario nacional a inicios de este año.
Según la comisión, habría quedado acreditado que Kuczynski, siendo ministro de Estado, actuó a favor de la Concesionaria Trasvase Olmos (subsidiaria de Odebrecht) a través de sus empresas Westfield y First Capital, que junto al Banco de Crédito del Perú - BCP, se encargaron de la estructura financiera del proyecto de trasvase.
“El 17 de marzo del 2004, la empresa unipersonal de Pedro Pablo Kuczynski y el BCP suscribieron un contrato con la constructora Norberto Odebrecht SA para diseñar la estructura financiera que cubriera el financiamiento que requería la constructora para el proyecto trasvase Olmos. Lo particular es que la constructora buscó el financiamiento sin siquiera haberse adjudicado la buena pro, lo que recién ocurrió el 17 de mayo del 2004”, detalló Rosa Bartra, remarcando además que Odebrecht fue el único postor en presentar su propuesta técnica y económica en la licitación.
“En otras palabras, la constructora contrató a Westfield Capital y al BCP antes de enterarse formalmente que sería el único postor que se presentaría en el concurso. Como consecuencia de ese contrato se creó la estructuración de bonos corporativos por 100 millones de dólares. Por ese contrato, Westfield Capital y el BCP habrían recibido la contraprestación de un millón 62 mil dólares”, explicó.
De acuerdo con la investigación, la colocación de los bonos resultó exitosa gracias a un decreto supremo del Ministerio de Economía y Finanzas del cual Kuczynski era titular. Dicho decreto garantizaba a nombre del Estado la inversión de la constructora.
“Cuando el BCP fue consultado por dicha asesoría dio hasta tres versiones. Conforme a la investigación de la comisión, la empresa de Kuczynski habría recibido más de un millón de dólares de Odebrecht”, aseveró, revelando además que la empresa unipersonal es la que compró la casa donde actualmente reside el ex presidente de la República, esto a través de una off shore.
CASO PERJUICIO ECONÓMICO
La comisión también consideró como irregular el pago de casi 50 millones de dólares a favor de la Concesionaria Trasvase Olmos por presunto perjuicio económico financiero en la perforación del Túnel Trasandino, poniendo en cuestionamiento la existencia de los estallidos de roca que sirvieron para sustentar el pago en efectivo autorizado por el Gobierno Regional de Lambayeque, ya en la gestión de Humberto Acuña Peralta, a favor de la constructora.
Rosa Bartra indicó que lo correcto hubiera sido que el Gobierno Regional de Lambayeque, como concedente del proyecto, aplicara la cláusula del contrato que le autorizaba la extensión de la concesión a fin que la compañía se resarciera del perjuicio económico financiero por causas no imputables. Sin embargo, optó por el pago en efectivo modificando el contrato de concesión a través de un acuerdo extrajudicial.
“La forma pactada para resarcir el perjuicio era la extensión del plazo de la concesión. No te doy dinero, te extiendo el plazo de la concesión. Pero el perjuicio, además, debía estar completamente acreditado por un especialista. No se preveía en el contrato en el pago en efectivo de compensación alguna”, señaló la congresista.
Las transferencias económicas a favor de la concesionaria se hicieron en el gobierno de Ollanta Humala Tasso.
CASO INICIATIVA PRIVADA
Otro hecho cuestionado por la Comisión “Lava Jato” es la suscripción del contrato de concesión para la ejecución del componente de irrigación del Proyecto Olmos, adjudicado a la subsidiaria de Odebrecht H2Olmos, debido a que se asumió como una iniciativa privada cuando debió ser considerada como una iniciativa cofinanciada, toda vez que parte del dinero obtenido por la venta de las tierras del Valle Nuevo fue utilizada para la obra, siendo estas de propiedad del Estado.
“Al haberse asumido como una iniciativa privada se le omitió del control del SNIP. Si esto no hubiera pasado se habría confirmado que la propuesta no era viable ni conveniente para el Estado”, indicó ante el Congreso de la República la presidenta de la comisión.
CASO VENTA DE TIERRAS
Por otro lado, el informe final del grupo de trabajo también objetó que el Gobierno Regional de Lambayeque haya modificado el contrato de concesión para permitir que Odebrecht adquiriese tierras en el Valle Nuevo de Olmos, a fin de declarar el éxito de la subasta, sin cuya condición no era posible concretar la fase de irrigación.
“El cambio en las condiciones del contrato benefició indiscutiblemente a Odebrecht, que se adjudicó la mayor cantidad de hectáreas al menor precio”, afirmó la legisladora.
De acuerdo a la conclusión de la comisión, Odebrecht obtuvo hasta 15 millones de dólares de rentabilidad al vender a terceros las tierras que adquirió por casi seis millones de dólares pasadas las dos subastas de los lotes del Valle Nuevo.
“Odebrecht Inversiones en Infraestructura S.A. se adjudicó de manera directa 11 mil 530 hectáreas por un valor de 49 millones dos mil 500 dólares, tierras que luego vendió a otras empresas por un monto de 64 millones 569 mil 890 dólares, ganando más de 15 millones de dólares con las tierras del proyecto”, precisó Bartra Barriga.
El nombre del ex gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Enrique Salazar Torres, aparece en el informe final de la comisión que investigó durante dos años el caso “Lava Jato” en el Congreso de la República. Según ha expuesto la presidenta de dicho grupo de trabajo, Rosa Bartra Barriga, sobre este existe responsabilidad civil en virtud de las decisiones que durante su gestión se habrían tomado para supuestamente favorecer a la constructora Odebrecht como concesionaria del componente de trasvase del Proyecto Olmos.
Expresión conversó con el exfuncionario para conocer sus impresiones tras la publicación del informe “Lava Jato”, cuya reserva fue levantada por decisión del pleno del Congreso pese a la férrea oposición de Rosa Bartra.
De plano, Salazar Torres sostiene que las afirmaciones que se formulan en el informe no se ajustan a la verdad, evidenciando más bien desconocimiento del contrato, el mecanismo empleado para la ejecución del proyecto y los procedimientos que se realizaron para la realización de la obra tanto de manera física como legal.
¿Cuál es su opinión respecto de este señalamiento realizado por el grupo de trabajo presidido por la congresista Rosa Bartra?
He tenido oportunidad de ver a través de Internet la presentación de la congresista Bartra, quien ha elaborado diversas tesis sobre los hechos en Olmos en base a premisas que no se ajustan a la verdad, como por ejemplo decir que no hay pruebas fehacientes de que en la construcción del Túnel Trasandino del Proyecto Olmos se dieron estallidos de rocas.
Todo un equipo profesional del PEOT puede dar fe de ello, así como todo el equipo profesional de la supervisión especializada. Ni qué decir de los valientes trabajadores que sufrieron accidentes y de los que quedaron lisiados permanentemente como consecuencia de los estallidos y condiciones extraordinarias que ocurrieron durante la construcción del Túnel Trasandino.
Por otro lado, se evidencia en el trabajo efectuado por la comisión investigadora una orfandad en el conocimiento del contrato y de las circunstancias que se nos presentaron en ese momento. Por ejemplo, afirmar que era más conveniente aplicar la Cláusula de Fuerza Mayor que aplicar la Cláusula de Hechos no Imputables a Terceros, evidencia un desconocimiento del contrato, en la medida que la Cláusula de Fuerza Mayor hubiese supuesto la revisión del equilibrio económico financiero del Contrato de Concesión, lo que suponía la posibilidad de un mayor cofinanciamiento, el aumento de la tarifa o el aumento del plazo de la concesión. Eso hubiese sido irresponsable de nuestra parte.
¿Por qué hechos supuestamente existe responsabilidad civil de su parte como ex gerente general del PEOT?
Ese es un tema que no termino de entender, porque si bien es cierto el PEOT era el órgano supervisor de los Contratos de Concesión, no era el órgano Concedente. Me pregunto cómo es posible que se me encuentre responsable por haber sido gerente del PEOT y no a los funcionarios del Concedente.
Nuestros técnicos dieron opiniones técnicas a los eventos que se generaron durante la ejecución del Contrato, pero las decisiones finales eran tomadas por el Concedente.
Es más, no entiendo que solo me imputan responsabilidad a mi persona y no a los que me sucedieron en el cargo. Ojo, no digo que tengan responsabilidad, ni tampoco los funcionarios del Concedente, en la medida que, entiendo que no cometimos ninguna irregularidad, pero no comprendo por qué solo imputan responsabilidad a mi gestión.
Por ejemplo, el pago en efectivo del perjuicio económico fue una decisión de la siguiente gestión.
¿Fue en algún momento citado por la Comisión Lava Jato en los más de dos años que ha demorado la formulación del informe?
Fui inicialmente invitado a la Comision Lava Jato y pedí reprogramen mi visita. Después de ello ya no fui invitado y recibí un pliego interrogatorio el cual respondí oportunamente.
Junto a usted, también son sindicados los exconsejeros José Huamán Castillo y Adela Saavedra Díaz. ¿Esto es por los mismos hechos?.
Habrá que leer el informe completo de la Comisión, pues de lo expresado por la congresista Bartra no me queda clara la razón de la sindicación de exmiembros del Consejo Regional de Lambayeque. Me pregunto, por qué solo imputan responsabilidad a los consejeros delegados y no a todos los miembros del Consejo. Eso resulta también ilógico.
Ojo no digo que tengan responsabilidad, toda vez que, no cometimos ninguna irregularidad, pero esa decisión de la Comisión es irracional.
¿Qué implica que la comisión señale Responsabilidad Civil en su contra?
Si se parte de la premisa que ocasionamos perjuicio económico al Estado, lo lógico es que se nos asigne responsabilidad civil y que el Estado tenga que iniciarnos sendos procesos administrativos y civiles.
¿Considera que es una conclusión excesiva de parte de la comisión?
De lo expuesto por la congresista Bartra me parece más que excesivas, toda vez que considero que la Comisión ha construido una tesis sobre un conjunto de premisas erradas en lo que a mí refiere. Premisas modificadas con fines politicos. Con premisas erradas las conclusiones siempre serán incorrectas.
¿Le llama la atención la no inclusión de otros funcionarios o autoridades que también tomaron decisiones respecto al Proyecto Olmos?
Yo fui gerente general del PEOT hasta fines del 2010 y no tendría que existir responsabilidad alguna cuando se actuó conforme a Ley, ni del suscrito ni de los funcionarios que me acompañaron en mi gestión.
Todos los pasos que dio el gobierno regional para Olmos contaron con las opiniones favorables de la Contraloría y del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta realidad es desconocida por la Comisión Lava Jato.
¿No considera que puede existir responsabilidades en otros funcionarios?
No podría comentar por las responsabilidades de gestiones distintas a la mía, pero sí resulta extraño que no se incluya a funcionarios de la actual gestión regional cuando resulta evidente que el 50 % de las observaciones son responsabilidad de la actual administración.
Ahora, si tenemos en cuenta el tema político, no resulta extraña esta realidad, en la medida que la actual gestión forma parte del actual Congreso, y se ha visto que ciertos partidos políticos han influenciado en la labor de la Comisión.
¿En todo este tiempo usted ha sido citado por alguna autoridad de control como la Contraloría o el Ministerio Público para explicar su proceder respecto al Proyecto Olmos cuando fue jefe del PEOT?
He sido invitado y he asisitido a la Comisión Lava Jato del gobierno pasado que fue presidida por el congresista Pari y que nunca fue debatida en el Congreso. No he sido citado por la Contraloría ni por el Ministerio Público.
¿Qué espera en adelante tras la publicación del informe Lava Jato?
Si se me acusa de tener alguna responsabilidad civil, esperaré el respectivo proceso judicial y con el mayor gusto facilitaré los elementos de juicio que la Comisión selectivamente ha optado por desconocer con relación a la realidad de las obras asociadas a la construcción del Túnel Trasandino del Proyecto Olmos. No tengo ninguna duda que un fiscal sabrá valorar la verdad de los hechos.
¿Se ratifica en señalar que nunca fue presionado por Odebrecht para decidir en contra de los intereses del Estado?
Durante mi gestión como gerente general del PEOT colaboramos con la adjudicación de la concesión de las obras de trasvase, se dio el inicio de las obras y se construyó gran parte de ellas. También, durante esa gestión se promovió activamente el componente de generación y de irrigación del Proyecto Olmos. Hasta el 2010 el PEOT y el gobierno regional fueron activos promotores de la inversión privada para Lambayeque. Los hechos así lo demuestran: 25 mil hectáreas sembradas en Olmos generando miles de empleos claramente indican que nosotros presionamos para el desarrollo de Lambayeque y del Perú, todo lo contrario a que una empresa nos presione.
El próximo domingo 25 de noviembre, el Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque realizará elecciones para renovar su Consejo Directivo. El CPC Javier Bancayán Elera postula con la lista Nª 5 con el slogan “Juventud y Experiencia” para el decanato de la orden profesional para el período 2019-2020.
En entrevista con Expresión, el profesional pidió el voto de sus colegas contadores públicos para hacer realidad la ejecución de cinco ejes transversales que propone como Plan de Trabajo en la gestión que desarrollará junto a un equipo de personas institucionalistas que buscan la presencia y prestancia del Colegio de Contadores Públicos en el contexto del desarrollo socioeconómico de Lambayeque.
Bancayán precisa que los cinco ejes transversales son en el aspecto académico, institucional, social –empresarial, de infraestructura y cultural.
“En lo Académico proponemos la capacitación permanente de calidad, dictada por expositores reconocidos a nivel nacional e internacional, la implementación de una Biblioteca Virtual, la actualización de la página web para que nuestros colegas contadores puedan acceder a material de interés con una videoteca, libros en PDF y otros”, refirió.
Asimismo precisó que en lo Institucional anhela reinsertarse a la Junta de Decanos del Colegios de Contadores Públicos del Perú.
“Deseamos realizar la firma de convenios interinstitucionales, fomentar la investigación en beneficio de la profesión contable, tener mayor presencia y prestancia en el desarrollo de nuestra región Lambayeque, es necesario que la voz de los contadores se haga escuchar frente a los múltiples problemas que afronta Lambayeque”, comentó.
De otro lado, refirió que en lo Social – Empresarial propone la creación de un Centro de Orientación Empresarial – COEM, gratuito para incentivar la formalización en beneficio de las microempresas, la creación del Centro de Defensoría del Contribuyente contra los excesos de la SUNAT, bancos, AFP y demás centros de recaudación, y para trabajar propuestas legislativas dando lugar a futuras jurisprudencias de observancia obligatoria.
“Buscamos la firma de onvenios con entidades aseguradoras de atención médica y seguros de vida para nuestros agremiados. Desde el primer día trabajaremos para darles a nuestros contadores colegiados un Fondo Mortuorio”, precisó.
OTROS EJES DE GESTIÓN
Agregó sobre el eje de Infraestructura que está decidido a hacer realidad el proyecto de remodelación del local institucional, el que – sostiene - debe contar con auditorios de amplia capacidad y con tecnología de punta para beneficiar a los colegiados.
“Debemos contar con una sede renovada en la que el contador colegiado tenga todas las facilidades de acceso a la que es su orden profesional. También presentaremos nuestro proyecto para hacer realidad la Urbanización del Contador lambayecano” acotó.
Sobre el eje Cultural, Bancayán refirió que desde el Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque se promoverá actividades culturales, artísticas y deportivas en beneficio de los agremiados y sus familiares, con permanentes talleres de danza, música, idiomas, deportes y otros sean de provecho para los asociados.
PROCESO ELECTORAL
El Colegio de Contadores Públicos en Lambayeque es la institución que vela y promueve la competencia profesional, la defensa y respeto del ejercicio de la profesión, acorde a los adelantos científicos, tecnológicos y la dinámica global. Se estima que en Lambayeque hay más de cinco mil contadores colegiados. Sin embargo, con certificado de habilidad solo ejercen unos dos mil 600 Contadores Públicos que irán a las urnas el próximo 25 de noviembre para elegir a su nuevo Consejo Directivo para lo que están en competencia cinco listas.
El proceso electoral se desarrollará en el marco de la aplicación de los artículos 20, 24 y 66 del Estatuto del Colegio de Contadores Públicos.
Acompañan a Javier Bancayán Elera quien postula como decano, los CPC Anderson Requejo Cueva como Vicedecano, Geovana Stucchi Ardiles como Directora Secretaria, Fiorella Ramírez Valle de Montero como Directora Tesorera, Doris Mirtha Vallejos Delgado como Directora de Propaganda y Prensa, Carlos García Pintado en la Dirección de Relaciones Públicas, Jorge Tenorio Gastelo a Director de Actividades Culturales y Recreativas, Alex Chávez Tovar en la Dirección de Defensa Profesional, Ana Monsalve Chávarry en la Dirección de Capacitación Profesional, Mariela Seclén Guerrero como Directora de Asistencia Social, María Mío Roque en la Dirección de Biblioteca, Omar Panta Chero en la Dirección de Organización, Martha Bances Saldaña como Directora de Asuntos Tributarios y Oscar Piscoya Chumán en la Dirección de Auditoría e Investigación.
Resultado de un paciente trabajo de investigación, recopilación y análisis, el magistrado Ismael Rodríguez Riojas publica su primer libro, titulado “Manual Práctico del Proceso Laboral”, con el aborda aspectos relevantes de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, herramienta implementada en el distrito judicial de Lambayeque desde noviembre del 2010.
La particularidad de este manual es que se refiere al proceso laboral privado, que se rige por el Decreto Legislativo 728, cuya aplicación también se da en el sector público, pero sobre el cual no es exigible el agotamiento en la vía administrativa para la resolución de controversias.
El manual consta de 479 páginas en las que se describen todos los tipos de procesos que genera la Nueva Ley Procesal del Trabajo. En el libro, el autor hace una referencia a la teoría del caso y a las técnicas de litigación oral.
“Es una tarea que la hemos acometido por varios meses presentada a una editorial llamada Motivensa que la acogió y ha merecido ya la publicación y puesta en el mundo jurídico local, nacional. Es mi primera obra bibliográfica, su producción ha tomado su tiempo como toda actividad intelectual y lo que hemos querido plasmar en ella son las experiencias adquiridas durante la aplicación del nuevo modelo procesal laboral”, comenta Rodríguez Riojas.
Refiere que la idea central se da a partir de su experiencia como magistrado del área laboral para proporcionar a los abogados, estudiantes y a la comunidad jurídica las líneas centrales de cómo se desarrolla el nuevo modelo del proceso laboral.
LA CONCILIACIÓN
Desde la aplicación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo, en noviembre del 2010 para el caso de Lambayeque, se ha puesto énfasis en la conciliación entre las partes como primer estadío para la resolución de controversias, aspecto que también es analizado por el autor, considerando que este permite abreviar tiempos y reducir carga procesal al Poder Judicial.
“El tema de fondo es una cultura de cumplimiento de obligaciones que no solamente es en el campo laboral, sino en todo ámbito de desarrollo del ser humano en sociedad. Una vez que se internalice que el sistema jurídico tiene sus disposiciones que están para cumplirse y que el objetivo central de estas disposiciones de las normas es lograr una convivencia armoniosa en las relaciones sociales, entre ellas las laborales, la sociedad puede avanzar hacían un clima de paz”, señala.
Ismael Rodríguez anota que cuando no se cumplen las disposiciones legales se genera un esquema de conflicto. Esos conflictos pueden solucionarse vía la conciliación que puede ser tratada directamente o con la ayuda de un tercero como es el servicio de conciliaciones del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, que es gratuito. Cuando ya la controversia no se soluciona pasa al órgano jurisdiccional que es el Poder Judicial, que por mandato de la Constitución tiene la función de resolver las controversias entre ciudadanos, personas naturales y personas jurídicas.
CONOCIMIENTO DEL MODELO
“Esa es la idea del manual y ese es el camino que hemos seguido, que a través de la experiencia de la aplicación del nuevo modelo en este distrito judicial de Lambayeque podamos poner a disposición de la comunidad jurídica y de los alumnos que se forman todos los pasos que conducen al desarrollo del proceso de manera que se puedan afrontar en mejores condiciones”, destaca.
Menciona también que es importante que se tenga coincidencia del lenguaje, las herramientas y las fases y cánones procesales, porque en el sistema de justicia tienen una parte importante los abogados, que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial, son colaboradores en la administración de justicia.
“Si tenemos abogados que vienen preparados, que conocen el camino del desarrollo del proceso, el reclamo de los derechos se aliviana en su camino y, por tanto, podemos dar una respuesta eficaz y oportuna para la solución de las controversias laborales que es la justicia de lo social”, indica.
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