Lambayeque es una de las regiones más golpeadas en su economía desde el 2017 y el 2018 por concluir, no solo por el Fenómeno de El Niño, sino también por los efectos de la corrupción. Se estima que se han perdido cerca de veinte mil puestos de trabajo directos y unos cincuenta mil empleos indirectos, lo que está ocasionando graves problemas de orden social. A nivel nacional se estima la pérdida de medio millón de empleos y cerca de 400 mil peruanos no podrán salir de la extrema pobreza.

Por otro lado, las autoridades regionales deben que ser una fortaleza para las autoridades nacionales en su lucha frontal contra la corrupción, que como ha señalado la Defensoría del Pueblo ocasiona al año la pérdida de 12 mil 974 millones de soles.

En Lambayeque hay muchos casos de corrupción judicializados que no han tenido éxito debido a la falta de profesionalismo de fiscales, quienes no han investigado debidamente los delitos y por los que el Poder Judicial lamentablemente no puede dar la sanción correspondiente. En el departamento, en nueve años de aplicación del Nuevo Código Procesal Penal, solo han sido sentenciados por delitos contra la administración pública 247 funcionarios.

Son cientos de millones de soles los que literalmente se van al agua, dinero recaudado a través de los impuestos que pagamos todos los peruanos y que es destinado a diversas obras entregadas a empresas cuestionadas o consorciadas para saquear al erario nacional, obras que finalmente no se ejecutan.

Para muestra tenemos la obra de agua de Pítipo, en la que el ex alcalde aprista Manuel Valverde Ancajima está procesado por más de 10 millones de soles, caso en el que a toda luz hay una suerte de “ayuda” de parte de las autoridades judiciales posiblemente para seguir dilatando la causa por la que se le investiga, así como los procesos contra el ex alcalde leonardino Javier Castro Cruz, los procesos del electo alcalde Willy Serrato Puse, de Percy Ramos Puelles, de Carlos Arvañil Saldaña, Marco Hernández Briones, Roberto Jacinto Purizaca y otros más, incluso el electo gobernador de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión.

¿Qué pasa con los administradores del Poder Judicial de Lambayeque? ¿No les duele la suerte que corre nuestro departamento como para seguir postergando los procesos judiciales en los que debiera sentarse precedentes firmes de castigo por mal usar los fondos públicos?  

Es muy lamentable saber que en el ránking de Competitividad del Foro Económico Mundial 2017-2018, nuestro país está en el puesto 89 de 137 en la categoría Pagos Irregulares y Sobornos. Comparte el puesto 96 de 180 con Brasil, Zambia y Colombia en el Índice de Percepción de Corrupción de la ONG Transparencia Internacional; y, entre otros informes “La corrupción ya es la prioridad número uno para el Gobierno del  presidente Martín Vizcarra”.

En este contexto, como parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS: ‘Paz, Justicia e Instituciones Sólidas’, recordemos que el Estado Peruano firmó en el 2015 un compromiso internacional para reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas al 2030. La pregunta es si estamos en camino a lograr este objetivo en menos de 12 años, porque lo que estamos viendo es un paso muy lento para combatir la corrupción.

Recordemos que en Lambayeque en la época nefasta de Roberto Torres Gonzáles caímos en inversión debido a la coima establecida especialmente en el sector construcción y si bien este ha dado un giro, la ineptitud del Concejo Municipal que concluirá en menos de sesenta días y la recesión económica en la que estamos no nos ayudan para un cambio notorio.

Debo compartir con ustedes lectores resultados que hace poco mostró el Foro Económico Mundial (WEF) sobre el encarecimiento que la corrupción produce en costos para hacer empresa. Estos se elevan a un 10 % de su precio real y hasta un 25 % del costo hasta la celebración de los contratos.

En esta línea, en base a un estudio del economista Gustavo Yamada Gibu indica que existe evidencia estadística que demuestra que quienes son más pobres utilizan más porcentaje de su dinero para pagar coimas. Estos pagos están destinados a facilitar el acceso a servicios básicos como, por ejemplo, salud y seguridad.

“Si eres pobre, destinas más plata a coimear. Si pasas a clase media, ya tienes acceso a servicios de salud y mejoran las probabilidades de no ser víctima de un trámite ilícito en la policía”, sostiene Yamada Gibu.

Al tratarse mayoritariamente de trámites burocráticos y de acceso a servicios básicos que imponen un costo económico sobre las familias, este sector se ubicaría dentro lo que se conoce como “pequeña corrupción”.

Por otro lado, actos como los que realizan mafias enquistadas que tramitan obras y se coluden con proveedores para ganar licitaciones son calificados por Gibu como ‘la corrupción de atrás’, “la que no se ve”.

Dentro de toda la lucha contra la corrupción, esta parte sería la que avanza más lento.

De allí que debemos insistir en trabajar, en seguir haciendo sólida la aún incipiente institucionalidad que en tanto no esté unida poco nos permitirá avanzar.

No solo el caso “Lava Jato” ha causado daño social y secuelas políticas en el sector construcción, la realidad es que ningún sector se escapa de la corrupción, así lo señala también un informe del Instituto Peruano de Economía: “El costo de la corrupción – expresado a través de menor crecimiento del Producto Bruto Interno, detrimento del ambiente de negocios, falta de acceso a servicios públicos y malas decisiones de política pública – es muchísimo mayor a lo que inicialmente se estima”.

La corrupción no solo tiene un alto costo político y social para los países como el Perú, en los que este flagelo está enquistado en casi todos los niveles. El impacto en la economía es muy alto y lo estamos sufriendo todas las regiones del país.

Corresponde a todos cambiar, refundar nuestro país, asumir un rol de práctica de valores en el hogar, la escuela, la universidad… las instituciones, de no hacerlo el futuro de nuestra región y país está en riesgo y el bienestar para nuestros hijos será incierto. Ojalá podamos sentir el liderazgo de nuestras autoridades en estos temas esenciales para construir desarrollo y crecimiento para todos.