Sin sueldo se encuentran los obreros de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, quienes como medida de protesta salieron a las calles para protestar contra el acalde Marcos Gasco Arrobas, exigiendo cumpla el pago del mes de diciembre del año pasado, además de la reparación de las maquinarias que utilizan para las labores de la limpieza.
Si la autoridad edil no soluciona los problemas que los aquejan, advierten que iniciarían una huelga indefinida y realizarán protestas en la calles.
IMPAGOS
Bibiano Carraco Llaja, secretario general del Sindicato de Obreros de la comuna chiclayana, manifiesta que pese a que se ha iniciado la segunda quincena de enero, el alcalde hasta el momento no soluciona el pago pendiente al personal obrero correspondiente a diciembre del 2018. Para buscar solución a su problema, acompañado de una comitiva acudió hasta el Palacio Municipal para dialogar con el burgomaestre, pero este no se encontraba presente.
Hasta el momento no han encontrado ninguna solución respecto a los pagos, el problema de cambio de personal y el arreglo de maquinaria, que es de suma urgencia para mantener limpia la ciudad de Chiclayo y sus alrededores.
“Espero que la municipalidad cumpla con los reclamos de los obreros y lo haga todo por escrito y no de palabra, o de lo contrario haremos fuerte nuestra medida de lucha”, expresa Bibiano Carrasco.
OBREROS
Un total de 800 obreros salieron a las calles para exigir a la autoridad edil cumpla con sus derechos.
Asimismo, señala que Marcos Gasco ingresó a la alcaldía asumiendo activos y pasivos, por lo que no puede indicar que el sueldo del mes de diciembre es responsabilidad de la gestión anterior.
“Todo alcalde entra con activos y pasivos, por lo tanto Gasco Arrobas tiene que responder por el sueldo atrasado que se le adeuda a los obreros. No hacerse de la vista gorda”, señala.
MAQUINARIA
El arreglo de las compactadoras, volquetes y cargadores frontales es importante para la limpieza de las urbanizaciones, pueblos jóvenes y asentamiento humanos de la ciudad de Chiclayo, por lo que se necesita que la autoridad edil ordene la reparación de las mismas para que estén operativas al 100 %.
Los dirigentes se reunieron con regidores y funcionarios, a quienes les dieron a saber sobre la problemática que están pasando, pero lamentablemente no llegaron a un acuerdo.
Como las autoridades no les dieron ninguna solución, los obreros seguirán con su medida de lucha hasta que el alcalde cumpla con pagarles el mes que les adeudan y reparen las maquinarias en su totalidad para que les facilite su trabajo. El lunes por la mañana los obreros acudieron hasta la vivienda del padre del primer vecino chiclayano, donde hicieron sentir su voz de protesta.
PIE DE LUCHA
“Seguiremos con nuestra medida de lucha porque no hay solución y solo con la lucha haremos respetar nuestros derechos”, relata.
Los obreros durante su recorrido por las diferentes arterias de Chiclayo y a viva voz de protesta, han exigido a Marco Gasco cumpla con pagarle su mes de sueldo atrasado, ellos quieren hechos y no promesas.
La bulliciosa protesta que realizaron los obreros en los últimos días interrumpió por varios minutos el tránsito vehicular en las calles y avenidas de Chiclayo, lo que ocasionó el malestar de cientos de transportistas. Los manifestantes en sus protestas se movilizaron con un auto cargando un parlante y durante sus peticiones indicaban que pedían dialogar con el alcalde Marcos Gasco, ya que desde que asumió el cargo no se ha reunido con ellos para escuchar sus demandas y coordinar planes de trabajo.
El fenómeno natural de El Niño Costero 2017 en Lambayeque dejó más de 30 instituciones educativas destruidas y diez centros de salud fuera de servicio. Este año, ante la proximidad de las lluvias, las autoridades y la población deben prepararse. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú - SENAMHI y el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño ENFEN, se registrarán entre Piura y La Libertad se presentarán precipitaciones por encima de los valores normales.
Las lluvias se darán a lo largo de la costa y Chiclayo no está preparada para soportar precipitaciones de regular intensidad, sobre todo porque no cuenta con un sistema de drenaje pluvial.
INDECI
El jefe de la Dirección Desconcentrada del INDECI Lambayeque, Carlos Balarezo Mesones, manifiesta que las autoridades y la población en general deben estar preparadas para las posibles lluvias que se presentarán en el departamento, que si bien no serían extremas sí pueden afectar el normal desarrollo de las actividades.
El informe de desastres de fenómenos naturales que se elaboró en agosto del 2017, indica que las lluvias de El Niño Costero en Lambayeque destruyeron un total de 33 instituciones educativas de diferentes niveles y 262 resultaron afectadas. Asimismo diez centros de salud terminaron devastadas, mientras que 83 fueron afectados.
“Está información sobre los daños que dejó El Niño Costero 2017 la maneja el Instituto Nacional de Defensa Civil”, señala.
FAMILIAS
El fenómeno natural además dejó pérdidas en Lambayeque y una gran cantidad de familias se vieron afectadas. Durante las fuertes lluvias un total de nueve mil 997 viviendas fueron destruidas o quedaron inhabitables y 30 mil 393 se vieron afectadas.
En esa época los lambayecanos no estuvieron preparados para el fenómeno de El Niño Costero totalmente atípico, ya que en diciembre del 2016 Lambayeque y otros departamentos de la zona norte del Perú estaban declarados en emergencia por sequía o déficit hídrico. Sin embargo, en unos días la temperatura del mar empezó a subir de manera súbita y la primera lluvia atribuida al Niño Costero se produjo la noche del 30 de enero del 2017, cuyo ámbito de afectación se produjo primero en el distrito de Pacora y algunos centros poblados vecinos.
En febrero la lluvia se presentó en un escenario urbano, luego en marzo en el rural con crecimiento de ríos Motupe y La Leche. El último de los nombrados se desbordó e inundo las zonas de Íllimo, Pacora y Jayanca.
LLUVIAS
Con el propósito de prevenir las próximas lluvias que se pueden presentar en el verano y que han sido pronosticadas por el SENAMHI y el ENFEN, el INDECI, junto a las autoridades, está trabajando para afrontar el fenómeno natural.
Las obras de prevención se han realizado a cargo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se realizaron trabajos de descolmatación en las diferentes cuencas. A través del Ministerio de Vivienda se han reconstruido viviendas en la zona urbana como rural, beneficiando a aquellas familias que fueron afectadas por el Niño Costero.
Seis distritos del departamento de Lambayeque están declarados en peligro eminente y son Chongoyape, Pitipo, Olmos, Motupe, Íllimo y Pacora. En cada distrito se ha identificado hasta ocho puntos críticos, donde podría haber desbordes. Es ahí donde se van ejecutar obras por parte del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI, órgano ejecutor del Ministerio de Agricultura.
“Esperamos que las obras puedan iniciarse lo más pronto posible, ya que son a nivel de cuencas, como son en los valles Chancay, La Leche, Olmos y Motupe. Eso va a permitir proteger a la población”, expresa.
PREOCUPACIÓN
La principal preocupación del INDECI Lambayeque es lo que pueda suceder en el ámbito de los ríos de Motupe y La Leche, donde hubo la mayor cantidad de damnificados, sobre todo en la zona rural que corresponde a los distritos de Pacora e Íllimo.
Balarezo Mesones sostiene que la naturaleza está dando una tregua a las autoridades y a la población, ya que las lluvias con valores superiores al normal, de acuerdo a los recientes pronósticos del ENFEN, probablemente se presenten a finales de febrero o marzo.
Si bien las precipitaciones sobre lo normal no serán como las de El Niño de 1998 o como las de El Niño Costero del 2017, la población de todas maneras debe estar preparada.
EPSEL
En el ámbito urbano, la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL, ha presentado su plan de contingencia de lluvias intensas en el departamento y está articulado al plan nacional también por precipitaciones agudas que ha elaborado el INDECI.
“El plan de contingencia de EPSEL tiene que estar coordinado en lo que respecta a labores de respuesta con otros organismos, para, a través de protocolos, intervenir en el ámbito urbano en caso se presentaran lluvias y hubiera necesidad de evacuar las aguas pluviales”, precisa Carlos Balarezo.
A pesar que EPSEL ha realizado la limpieza del sistema de alcantarillado en más 150 kilómetros en todo Lambayeque, no es suficiente para las lluvias que se han pronosticado.
BRIGADAS
También se está trabajando con instituciones de primera respuesta, a fin de lograr la participación de las brigadas en un escenario aparecido al Niño Costero 2017, donde hubo un trabajo coordinado que permitió una acción adecuada frente al fenómeno climático que no estaba pronosticado.
La información actual que maneja el INDECI es que el Gobierno Regional de Lambayeque a través del almacén que tiene a cargo el Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER, se encuentra totalmente abastecido para atender a los damnificados ante cualquier fenómeno climático que se pueda presentar, de igual forma otros almacenes están abastecidos.
Desde el año pasado el INDECI se reúne con las autoridades electas. Ahora está asesorando a los alcaldes para que instalen sus plataformas de Defensa Civil y su mesa de trabajo.
PLATAFORMA
Actualmente existen 14 municipios en el departamento que han instalado su plataforma de Defensa Civil y están siendo capacitados por INDECI para que en el más breve plazo puedan conformar sus grupos de trabajo.
Asimismo, INDECI ya inició las capacitaciones a los nuevos secretarios técnicos, ya que es una medida adecuada para que puedan actuar profesionalmente ante un fenómeno climático.
Hasta el momento ya está instalada la plataforma provincial de Chiclayo, Pacora, Zaña, Íllimo, Pomalca, Cañaris, José Leonardo Ortiz, Lambayeque, Motupe y Ferreñafe.
PREVENCIÓN
Carlos Balarezo recomienda que las autoridades y la población estén atentos a lo que pueda suceder. Si bien los pronósticos indican que este podría ser un verano normal, el Niño Costero 2017 ha enseñado a reflexionar y estar debidamente preparados.
“Cuando sucede una emergencia la primera respuesta es la de la población, luego interviene la autoridad local y si la emergencia es de mayor magnitud entra el INDECI, previa declaratoria de emergencia”, narra.
Chiclayo y otras ciudades no están preparadas para una lluvia sobre lo normal. Mientras no se realicen las obras de drenaje pluvial serán altamente vulnerables ante las precipitaciones. INDECI espera que las obra de drenaje pluvial se realicen el próximo año.
El mal uso del agua a manos de los agricultores del Valle Viejo de Olmos ha hecho que estos se enfrenten al Proyecto Especial Olmos Tinajones y a la Concesionaria H2Olmos. Los comuneros están derivando el agua de manera ilegal al valle de Cascajal.
La Junta de Usuarios de Olmos, encabezada por su presidente Daniel Manrique del Carpio, recibe la dotación de agua de 406 millones de metros cúbicos del trasvase del río Huancabamba, según el contrato de Concesión de Irrigación Olmos que estipula disponer al año la irrigación de 38 mil hectáreas en Tierras Nuevas y cinco mil 500 hectáreas en el Valle Viejo, comprendido por los bloques de riego El Imperial, La Mina Pumpurre, Miraflores, Las Norias y La Juliana.
Agua
El ingeniero Leopoldo Fernández León, gerente del PEOT, manifiesta que según el contrato, a los agricultores del Valle Viejo de Olmos, desde el año pasado se le han estado entregando 12 millones y medio de metros cúbicos de agua para las cinco mil 500 hectáreas. Sin embargo, estos aseguran que no les son suficientes.
Anota que los agricultores no quieren presentar ante el PEOT su plan de cultivo, que es importante para verificar si realmente están sembrando las cinco mil 500 hectáreas de cultivo.
“Los agricultores del Valle Viejo de Olmos, quieren una dotación de 20 mil metros cúbicos de agua por hectárea y por año”, manifiesta.
Asimismo, refiere que los 12 millones y medio de metros cúbicos de agua por año son suficiente para los agricultores, por lo que deduce que el agua ha estado siendo derivada para otro lado.
Visitas
El PEOT establecerá un mecanismo para garantizar que el agua que se les da a los agricultores desde el trasvase, a través del Túnel Trasandino y la Presa Limón, llegue a las parcelas sin problemas por lo que ya vienen realizando visitas inopinadas para constatar de cómo le debe ser utilizada el agua y no de la forma de como ellos quieren hacerlo, por eso retomarán la mesa técnica de trabajo para realizar las coordinaciones correspondientes.
En el Valle Viejo de Olmos estarían realizando un mal manejo de agua cediendo a intereses, ya que pese a recibir 12 millones y medio metros cúbicos de agua, muchos agricultores no tienen acceso al recursos, lo que responde al mal manejo de la Junta de Usuarios de Olmos, presidida por Daniel Manrique, que es la entidad encargada de distribuir el agua.
“La Junta de Usuarios de Olmos estaría comercializando el recurso hídrico, no hay de otra explicación, porque si a ellos le han dado 12 millones y medios de agua y tienen sembrado 285 hectáreas, dónde se ha ido el resto de agua”, indica Leopoldo Fernández.
ANA
Los agricultores del Valle Viejo de Olmos han recibido 12 millones y medio de metros cúbicos de agua al año para el riego de 285 hectáreas que consigna formalmente en los pedidos de la junta de usuarios, por lo tanto durante el 2018 recibieron el doble del producto hídrico ya que solo necesitaban de cinco millones 700 de metros cúbicos de agua.
El director de la Autoridad Administrativa del Agua Jequetepeque Zarumilla, Elmer García Samamé, indica que la ANA ha suscrito el contrato de la Concesión de Irrigación Olmos para garantizar que se cumpla con la legislación hídrica del país, en ese sentido ha otorgado licencia de uso de agua a la Concesionaria H2Olmos para que brinde el servicio de suministro de agua a los usuarios del Valle Viejo y Tierras Nuevas, todo ello con arreglo del contrato de concesión. Este contrato tiene carácter de ley y su cumplimiento es auditado en forma permanente por los diversos órganos de control.
CONCESIONARIA
El gerente de la Concesionaria Trasvase y H2Olmos, Alfonso Pinillos Moncloa, manifiesta que siempre al Valle Viejo se le entregado agua. Actualmente, dicha zona cuenta con el 20 % de las áreas sembradas.
El agua que está recibiendo la Junta de Usuarios de Olmos la está derivando a otra aérea que no pertenece al proyecto, como es el valle de Cascajal. Ellos mismos le están quitando agua al Valle Viejo, por eso no les alcanza para sus cultivos.
“Cuando dividen la cantidad de agua que el contrato establece y se la llevan a otro lado, obviamente el agua no alcanza para los agricultores, porque por beneficiar a otras zonas, ellos son los perjudicados”, relata.
DENUNCIA
La concesionaria ha presentado una denuncia ante la policía y la fiscalía sobre el ingreso ilegal que han realizado unos agricultores a una aérea que le corresponde a la concesión.
La cantidad de agua que existe está establecida en el contrato de concesión y eso se tiene que respetar, el agua es un bien que hoy en día es limitado.
“Solo son 400 millones metros cúbicos de agua, si le doy agua al Cascajal, de hecho que el Valle Viejo se quedará sin el producto hídrico. Cuando uno realiza un proyecto debe saber la cantidad de agua que existe, con esa cantidad de agua se puede saber qué cultivos se puede sembrar en los terrenos. Si el agricultor decide sembrar un cultivo que demanda mayor uso de agua, debe de utilizar un pozo, ya que la dotación del producto hídrico del río Huancabamba no es muy alta”, refiere Pinillos Moncloa.
De las cinco mil 500 hectáreas del Valle Viejo, 400 o 600 se encuentran sembradas y al parecer se estaría dando mal uso del agua. Además, está comprobado que el agua que se le dota a los agricultores está siendo derivada a otras zonas como es Cascajal.
“Esa es una de las discusiones principales que tenemos con el señor Manrique del Carpio, ya que el beneficio debe ser para el departamento y para los agricultores y no para otras zonas”, precisa Alfonso Pinillos.
AGRICULTORES
Daniel Manrique del Carpio, presidente de la Junta de Usuarios de Olmos, refiere que la Concesionaria debió construir las tomas en el sector La Juliana para atender al Valle Viejo, pero eso no ocurrió ya que solo se limitaron hacer trabajos complementarios en aquellas que ya existían.
“Allí existe un desarenarador para atender al Valle Viejo de Olmos con hidrantes de los cuales solo uno está operativo y tiene la capacidad para mil 500 hectáreas y solamente atiende a 50 hectáreas con 100 litros. Las aguas que se van al Valle Nuevo siguen su curso del río. La bocatoma Miraflores tiene todas las infraestructuras para atender a las tierras nuevas”, afirma.
HECTÁREAS
Dentro del contrato se establece que se debe entregar agua a las cinco mil 500 hectáreas del Valle Viejo de Olmos. El dirigente afirma eso no se está cumpliendo, porque no hay infraestructura y los agricultores no son responsable de eso, ya que la construcción de las infraestructura menor, como son los canales, es responsabilidad del Estado.
Justifica la intervención en la infraestructura de concesión al señalar que la bocatoma La Juliana siempre le correspondía a ellos y solo la han recuperarlo. La estructura actualmente está a su cargo. “La tomamos de forma pacífica, no se ha violentado ninguna cerradura, no existen daños de ninguna naturaleza”, señala.
“Yo me pregunto no somos iguales ante la constitución y la ley, por qué la discriminación, se tendría que corregir ese contracto porque es discriminatorio y además nadie tiene que pasar por encima de los convenios internacionales”, expresa Manrique del Carpio.
Asimismo precisa que el cultivo de babano orgánico en el Valle Viejo se sembró porque el mismo PEOT lo impulso y que actualmente han cortado el agua perjudicando a los agricultores.
En la Municipalidad Provincial de Chiclayo los obreros tienen el privilegio de heredar sus puestos laborales al cesar en sus funciones. Pueden acceder al empleo sus hijos o familiares basándose en un Pacto Colectivo vigente que el sindicato gestionó y fue aceptado por la administración edil sin observarse que dicho acuerdo, que tiene rango de ley, vulnera derechos laborales. A nivel judicial ya se ha declarado su improcedencia, pero los obreros siguen invocando el beneficio, vigente desde hace 40 años, aproximadamente.
El 22 de agosto del 2017, la Segunda Sala Laboral de Lambayeque expidió la Resolución N° 6 en el Expediente 02069-2015-0-1706-JR-LA-07, seguido por Feliciana Molocho Coronel contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo por incumplimiento de disposiciones laborales.
Molocho Coronel recurrió a la sala apelando la sentencia emitida por el Séptimo Juzgado de Trabajo de Chiclayo el 15 de febrero de ese año, que declaró improcedente su pretensión contra la comuna.
Invocaba la vulneración del Artículo 42 de la Ley N° 25593, Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, así como del Decreto Supremo N° 010-2003-TR, Texto Único Ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. También, que el juzgado de primera instancia no había contemplado jurisprudencia generada por la Corte Suprema de la República y tampoco el acta final de la Comisión Paritaria aprobada por Resolución de Alcaldía N° 056-2011, en la gestión del exalcalde Roberto Torres Gonzales.
Feliciana Molocho pedía su incorporación como trabajadora permanente, obrero barredor, de la Subgerencia de Limpieza Pública, con contrato de trabajo a plazo indeterminado, en cumplimiento de los convenios colectivos suscritos por la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Sindicato de Obreros. El sustento de la demanda era la existencia de pactos colectivos que estipulan que sería incorporado como trabajador en planilla única de obreros permanentes el hijo o familiar del obrero que renuncie, se jubile, falleciera o cuya incapacidad física haya sido declarada de manera permanente. En este caso, Molocho Coronel pedía que se aplique el pacto a su favor tras el cese por límite de edad de su padre, Martín Ortiz Molocho Chilcón.
¿QUÉ ES LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA?
La resolución de la Segunda Sala Laboral de Lambayeque recoge argumentos de la doctrina que señalan, de acuerdo con Neves Mujica, que “es la capacidad de autorregulación de sus relaciones por los sujetos laborales, colectivamente considerados, y significa que las partes pueden negociar libremente sobre un amplio conjunto de materias con miras a llegar a un acuerdo, el mismo que debe ser obligatoriamente cumplido”.
Para Palomeque López, “la negociación colectiva es como el proceso formalizado de diálogo entre representantes de trabajadores y de empresarios encaminado, en ejercicio de su autonomía colectiva, a la consecución de un convenio colectivo regulador de las relaciones entre ambos, así como de las condiciones a que han de ajustarse los contratos de trabajo, en un ámbito determinado”.
“En síntesis la negociación colectiva es concebida como el procedimiento que permite generar acuerdos y formalizar compromisos que den respuestas a los distintos intereses de los empleadores y trabajadores. Por ello, el contenido de la negociación colectiva o las materias objeto de negociación se centran en las condiciones de trabajo y de empleo en un sentido amplio, y en la regulación de las relaciones entre empleadores y trabajadores y sus respectivas organizaciones”, señala la Casación N° 1817-2011-Lambayeque.
ANÁLISIS DE LA SALA
Considerando que la pretensión de la demandante versaba sobre intereses de la comunidad, la sala se avocó a determinar cuál es el procedimiento que debe seguirse para la negociación colectiva en las entidades sujetas al régimen laboral de la administración pública y si se había o no cumplido con dichos procedimientos y lo dispuesto en el Artículo 44 del Decreto Legislativo N° 276 que establece la prohibición de las entidades públicas de negociar con sus servidores, directamente o a través de sus organizaciones sindicales, condiciones de trabajo o beneficios que impliquen incrementos remunerativos o que modifiquen el Sistema Único de Remuneraciones que se establece por la citada ley.
Tras el análisis normativo, la sala llegó a la conclusión que la Negociación Colectiva referida al pliego de Reclamos 2011, presentado por el Sindicato de Obreros Municipales – SOMUNCH, aprobado por resolución de alcaldía en la administración de Roberto Torres y que sirvió de sustento para la pretensión de Molocho Coronel, es ilegal.
El acuerdo del numeral 29 de dicha negociación señala: “Las partes acuerdan incorporar a la Municipalidad Provincial de Chiclayo como trabajador obrero en Planilla Única de Obreros Permanentes, al hijo o al familiar del obrero que se jubile, falleciera o se declare su incapacidad física permanente. Para tales efectos, el trabajador obrero designará al hijo o al familiar mediante carta poder. En los casos de fallecimiento del trabajador obrero, corresponde a la madre el beneficiario realizar la designación referida, a falta de ésta, por acuerdo total de los hijos. El ingreso de beneficiario será con el sueldo mínimo vital, debiendo dedicarse a labores de barrido de calles.”
Ante ello, la sala considera que el acuerdo es contrario al principio laboral de igualdad de oportunidades sin discriminación, así como al principio laboral de meritocracia en el ingreso a la Administración Pública, pues bien estaba acreditada la existencia del Acta Final de la Comisión Paritaria del año 2011, no era atendible lo solicitado por la demandante en razón que no puede legalmente aceptarse un pacto que contraviene el ordenamiento legal, dado que existen normas que regulan el ingreso a la Administración Pública, ya sea en calidad de nombrado o de contratado, más aun si el artículo 28° del Decreto Legislativo N° 276, precisa que es nulo el acto administrativo que contraviene la forma distinta al concurso; norma que incluso era aplicable a la demandante aun cuando pretendía una plaza en calidad de obrera, porque tendría la calidad de servidor público sujeto al régimen de la actividad privada.
“En ese orden de ideas, la forma pactada permitiendo el ingreso de un descendiente o familiar directo a la Administración Pública por causal de fallecimiento, invalidez, renuncia o cese del trabajador, no solo lleva anexa la violación de normas imperativas antes mencionadas, sino que además importa una situación de privilegio respecto de terceras personas que también pretenderían su ingreso, generándose así no solo un trato desigual entre iguales, sino que además implicaría crear un ‘derecho’ de acceder a una plaza de trabajo transmisible vía sucesión (fallecimiento) o ‘inter vivos’ (en el resto de los supuestos); situación que no es coherente con nuestro ordenamiento jurídico laboral”, señaló la sala en su sentencia, desestimando la apelación de Molocho Coronel y confirmando el fallo de primera instancia.
Molocho Coronel consintió el fallo de la segunda instancia, lo cual no ha sucedido en el caso de los Expedientes N° 1839-2015 y 3460-2015, que pese a tener pronunciamientos similares de la Corte de Lambayeque han sido elevados en casación a la Corte Suprema de la República.
A modo de clarificar algunos conceptos referidos a la negociación colectiva, es menester la revisión de la Sentencia en el Expediente N° 003-2013-PI/TC, emitida por el Tribunal Constitucional el 3 de septiembre del 2015, ante la demanda presentada por los colegios de abogados de Arequipa y el Callao y ciudadanos contra el Congreso de la República, demandando la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley de Presupuesto de los años 2012 y 2013.
En dicha sentencia, el Tribunal Constitucional define las condiciones válidas en las que las partes pueden arribar a la negociación colectiva, lo que sirve de referente para confirmar la ilegalidad del acuerdo aún vigente en la comuna de Chiclayo y otros municipios del país.
Los vínculos entre el actual alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, y el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, hoy recluido bajo prisión preventiva, están confirmados. Serrato, investigado por su participación en la organización “Los temerarios del crimen”, de la que Cornejo Chinguel sería cabecilla, no solo ha dado detalles de cómo ayudó a este en la gestión de obras y la búsqueda de apoyo judicial, sino también sobre los negocios familiares que la exautoridad mantiene, relacionados al sector educación.
En su declaración ampliatoria del 27 de diciembre pasado, dada en las instalaciones de la DEPANDRO ante el fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, coordinador de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, mientras se encontraba bajo detención preliminar, Serrato Puse, con asesoría de su abogado Jesús Burga Carhuajulca, narró lo que conocía sobre las actividades empresariales de David Cornejo y su hermano Pablo.
Es de mencionar que la relación amical entre Willy Serrato y David Cornejo se inició precisamente por intermedio de Pablo Cornejo Chinguel, quien los presentó para que arriben a un acuerdo de publicidad en la emisora radial que el alcalde de Olmos tiene en Chiclayo, a favor del Colegio Juan Mejía Baca.
AMPLIACIÓN DE NEGOCIOS
“He ido en varias oportunidades a la casa de David Cornejo Chinguel, fue en la época que la sociedad civil quería hacerle una huelga, que fue a comienzos del 2018, y me convocó para que lo asesorara en el tema periodístico y allí me pude percatar que discutían los dos hermanos, tanto David y Pablo Cornejo Chinguel, sobre el engrandecimiento inmobiliario de los centros educativos Peruano Español y Juan Mejía Baca”, relató ante el fiscal.
Como se sabe, David Cornejo es promotor del Colegio Mejía Baca, en tanto Pablo Cornejo del Colegio Peruano Español, ambos con una importante población estudiantil, pero, además, con significativo crecimiento de infraestructura, sobre todo en los últimos años.
“Estaban discutiendo sobre la construcción del Colegio Peruano Español en la Urbanización Santa Rosa, de la Policía Nacional, en La Victoria, calle Los Álamos o algo así y planificaban también la compra de un terreno en Ferreñafe, creo que ahora ya se concretó, que es el ex molino del ingeniero José Salazar García, al igual que en Lambayeque, donde ya han construido un colegio”, indicó el investigado.
LA CONSTRUCCIÓN DE COLEGIOS
El mismo Serrato Puse refiere en su declaración que lo llamativo del caso es que todo el dinero que habría recibido el alcalde David Cornejo Chinguel (producto de las coimas por obras en la comuna de Chiclayo) habría servido para ser invertido en estos colegios, “porque en tan poco tiempo, que al inicio era un local alquilado en Vicente de la Vega, ahora tenga la capacidad de hacer grandes infraestructuras educativas”.
“A parte de esto el colegio Inmaculada que está carretera Chiclayo – Monsefú (…) David Cornejo saca un préstamo a la Caja Municipal de Piura para dar la apariencia que fue construido con un préstamo, cuando en realidad una parte ya está construida y con el préstamo lo terminó de construir. A parte también, en un terreno que está por el Boulevard están las bases para hacer un centro médico, que está en la calle Grau, frente al Colegio Mejía Baca. A parte, don Pablo Cornejo ha incursionado en el mundo de la radiodifusión, pues tiene una radio en Olmos, funcionando de un alcance extraordinario, que es administrada por un señor de apellido Gavidia, cuyo nombre no recuerdo pero se le conoce como Colorete”, relató a la fiscalía.
CANJE DE TERRENO
Según Serrato Puse, en uno de los viajes en los que acompañó a David Cornejo a la ciudad de Lima, se le acercó una mujer identificada como Yanet Llamaguchi, “una señora achinada, contextura gruesa, alta, simpática, de unos 45 años de edad aproximadamente”, quien le cobró al exalcalde la suma de 300 mil soles que le había depositado en cuentas no de él, sino de uno de sus colaboradores. “Mencionaron a un señor Niño, no sé si es Vásquez Niño o Niño Vásquez, pero sé que está con orden de captura por estas investigaciones”.
Willy Serrato se refiere a Orlando Niño Vásquez, exsubgerente de Logística de la administración Cornejo Chinguel, también investigado por el caso “Temerarios del crimen”.
“A esta señora solamente presencié que le dieron la obra de la calle Tumbes, luego le ofrecieron la ampliación de la calle Tupac Amaru y la calle Santa Rosa, no recuerdo bien si fue por agua y desagüe, pero entre ambas obras sumaban dos millones de soles, y nunca le dieron nada, la cerraron. Sobre las obras que se habían ofrecido la misma señora le decía a viva voz, en mi presencia, todo ello fue en las afueras del Hotel Meliá (Lima). Para corroborar estos hechos, después me enteré por fuentes del mismo David Cornejo que para pagarle le había canjeado un terreno a nombre de ella, presumo que sea un terreno que quedaba por la Urbanización Santa Rosa de la PNP, en La Victoria. Estas obras se las dio a un contratista de nombre Miguel, con un apellido Huancari o Huancaris o algo así”, añadió.
A días de cumplir el primer mes de su administración, el alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, aún no logra designar a la totalidad de funcionarios en las 25 subgerencias del municipio. En tanto, la revisión de cada uno de los profesionales convocados permite concluir que no todos están registrados en la SUNEDU.
La lista de funcionarios la encabeza el gerente general de la municipalidad de Chiclayo, Cristian Rosenthal Ninapaytan, egresado de la Universidad Mayor de San Marcos. Él se encuentra registrado en la SUNEDU con dos grados de bachiller: el primero en Derecho y Ciencia Política y el segundo en Derecho, ambos correspondientes al 2003. De acuerdo con el Portal de Transparencia de la Municipalidad Metropolitana de Lima ocupó el cargo de Gerente de Fiscalización y Control en la reciente gestión 2015-2018. También fue jefe del Servicio de Parques de Lima.
El gerente de Planeamiento y Presupuesto, Segundo Bocanegra Campos, posee los grados de bachiller en Economía (2008), y licenciado en Economía (2008), además de maestro en Administración (2015). Segundo Bocanegra realizó sus estudios superiores en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
Asimismo, el gerente de Seguridad Ciudadana y Fiscalización, Walter Catter Arteaga, también posee grados académicos verificables en la SUNEDU, tales como el de bachiller en Administración y Ciencias Policiales (2010), licenciado en Administración y Ciencias Policiales (2010) y magíster en Gestión Pública (2013) por la Universidad ESAN.
En la Gerencia de Desarrollo Urbano ha sido designada Mariela Villena Pelayo, arquitecta egresada en 1990 de la Universidad Femenina Sagrado Corazón. La funcionaria, afiliada al Partido Popular Cristiano, postuló en el 2010 y en el 2014 como consejera regional y regidora de Chiclayo, respectivamente, por dicha agrupación.
En tanto la Gerencia de Infraestructura Pública está a cargo de Jocsan Altamirano Díaz, ingeniero civil de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Según el Colegio de Ingenieros, tiene condición de habilitado. Del mismo modo, en la Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte la gestión municipal designó a Arquímedes Muñoz Zambrano, ingeniero en Telecomunicaciones por la Universidad de la Plata – Argentina.
Muñoz Zambrano fue militante de Perú Posible, candidato a consejero regional de Lambayeque por ese partido en el 2002 y a regidor de Chiclayo por Amistad Solidaria Independiente – ASÍ, de Alberto Ortiz Prieto, en el 2006.
El actual procurador público municipal, Fermín Electo Valdivieso Villena, según la SUNEDU, es abogado por la Universidad de Chiclayo (2005) y magíster en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú (2015).
La responsable del Órgano de Control Institucional, Sandra Rocío Gonzáles Zúñiga, bachiller en Contabilidad y licenciada en dicha carrera por la Universidad Católica Santa María de Arequipa.
Alberto Samillán Ayala, gerente de Tecnología de la Información, es ingeniero de Computación y Sistemas por la Universidad Antenor Orrego (1997), maestro en Administración con Mención en Gerencia Empresarial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (2010) y doctor en Ciencias Ambientales (2017), por la misma casa superior de estudios.
Asimismo, Freddy Medianero Montalvo, gerente de Administración y Finanzas, es Contador Público egresado de la Universidad Ricardo Palma (1995) y magíster en Finanzas por la Universidad del Pacífico (2013).
CON ANTECEDENTES
La Gerencia de Asesoría Jurídica se encuentra bajo la responsabilidad de la abogada Milagro Carranza Farro, egresada de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. La hoy funcionaria fue sentenciada por la Segunda Sala de Apelaciones de Lambayeque en noviembre del 2012. La sentencia que se le impuso fue de dos años de pena privativa de la libertad, suspendida en su ejecución, por haber sido testigo en el matrimonio falso del fiscal Jorge Montenegro Dávila.
Milagros Carranza fue condenada bajo el delito falsedad material, como consecuencia de utilizar documentos oficiales para realizar un supuesto matrimonio entre Peggy Castillo Nonajulca y Montenegro Dávila, permitiéndole a la esposa del mencionado fiscal ser la heredera de todos sus bienes. De acuerdo con el portal del Colegio de Abogados de Lambayeque, Carranza Farro está habilitada para ejercer la profesión hasta el próximo 28 de febrero.
Otro es el caso del responsable de la Gerencia de Recursos Humanos, César Huancas Velasco, funcionario que figura como abogado en la página web del municipio de Chiclayo, egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuyo título no tiene fecha de emisión en la base de datos de la SUNEDU.
Huancas Velasco fue integrante de la Comisión de Archivo y de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Lima Este bajo la presidencia del hoy recluido magistrado Jimmy García Ruiz, fue juez del Juzgado Mixto de Sechura, en cuyo ejercicio fue denunciado por prevaricato por la Procuraduría del Ministerio de la Producción, en el 2003. El año pasado fue declarado no apto en el Concurso CAS N° 4228, convocado por el Ministerio de Justicia para Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Lambayeque -Tumbes).
SUBGERENCIAS
El subgerente de Coordinación de Alcaldía, Darío Leoni Ramos Amau, es bachiller en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad de San Martín de Porres desde 1997. En el caso de la Secretaria General, Cinthya del Milagro Flores Huamanquispe, es bachiller en Derecho (2007) y abogada (2011). Culminó sus en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo.
De la misma universidad es el abogado Ronald Díaz Correa, quien ocupa la Procuraduría Pública Municipal. Su título es del 2015. En el caso del subgerente de Participación Vecinal, Érin Muguerza Benel, su grado de bachiller en Derecho lo alcanzó en el 2013 en la Universidad Señor de Sipán, mientras que el de abogado en el 2016 en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Fue militante de Solidaridad Nacional.
En Subgerencia de Logística y Servicios Internos fue designado Edgardo Siadén Ortega, licenciado en Estadística por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. El subgerente de Tesorería y Finanzas, Juan Carlos Ibáñez Álvarez es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad de Lima; la subgerente de Contabilidad y Costos, Johana Alarcón Torres, es Contadora Pública por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, mientras que en subgerente de Presupuesto, Roberto Enríquez Calderón, es economista por la misma casa de estudios.
De la misma profesión y universidad es el Subgerente de Programas de Inversión, José Perleche Ramos.
El subgerente de Obras Privadas, Luis Farro Mori, es arquitecto por la Universidad de Chiclayo; la subgerente de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio, Kelly Capuñay Capuñay, es ingeniera agrícola por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo; el subgerente de Obras Públicas y Convenios, Juan Gonzales Sánchez, es ingeniero civil por la Universidad César Vallejo, y la subgerente de Estudios y Proyectos, Leidy Sánchez Campos, es ingeniera civil de la UNPRG.
En la Subgerencia de Registro Civil fue designado Manuel Lozano Barragán, ex militante del Partido Nacionalista Peruano, bachiller en Derecho por la Universidad Señor de Sipán y titulado en la Universidad de Chiclayo; en Tránsito y Seguridad Vial está Juan Francisco Huamán Rodríguez, ingeniero civil de la UNPRG; en Transporte, Julio Armas Alcalde, militante de Acción Popular, licenciado en Administración y Ciencias Policiales de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional, mientras que en Sanidad y Vigilancia Sanitaria fue designada Berenice Morales Vega, licenciada en Tecnología Médica por la Universidad de Chiclayo.
Finalmente, en la Subgerencia de Guardia Municipal y Serenazgo se nombró a Guillermo Billinghurst Aguilar, de quien se sabe es comandante de la Policía Nacional en situación de retiro.
GERENTE SIN GRADO
Por otro lado, no es posible corroborar los grados académicos correspondientes al Gerente de Desarrollo Social y Promoción de la Familia, Alfredo Gonzales Loayza, en tanto el subgerente de Planeamiento, César Méndez López, quien figura en la web de la comuna como licenciado en Administración no está registrado en la SUNEDU.
Por otro lado, la subgerente de Educación, Cultura, Juventud y Turismo, Vianca Uriarte Delgado, aparece en la web de la comuna como licenciada. Sin embargo, solo tiene el grado de bachiller en Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, obtenido en el 2012, según registro de la SUNEDU. Vianca Uriarte es militante aprista.
Finamente, en la Subgerencia de Fiscalización fue nombrado Mario García Martínez, quien no tiene grado académico.
Hasta el cierre de este informe, tres subgerencias seguían acéfalas. Estas son: Asistencia Social y Alimentación; Promoción de la Familia e Imagen Institucional y Relaciones Pública.
Industrias Triveca S.A.C. es una empresa familiar dedicada a la venta e instalación de medidores para conexiones domiciliarias de agua potable y a proveer a las empresas prestadoras de servicios, lo que se denomina el servicio de gestión comercial, que consiste en efectuar notificación de recibos y resoluciones, corte y reconexión de agua potable, y otra veintena de prestaciones. La sociedad a junio de 2015 poseía un capital social de 12 millones 500 mil soles y estaba conformada por Segundo Vera Cóndor, accionista mayoritario con el 68.40 % de la participación, y por sus dos hijos: Marco Yván Vera Aragón y Hernán Fabrizio Vera Aragón; accionistas minoritarios con el 15.10 % de acciones cada uno.
De conformidad con el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, Industrias Triveca S.A.C., tiene una vigencia indeterminada para ser participante, postor y contratista en procesos de selección que convoca el Estado en los rubros de ejecución de obras, proveedor de bienes y proveedor de servicios, y de acuerdo al Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre de 2014, la referida empresa, obtuvo utilidades entre los años 2013 y 2014; fecha en que ocurrieron los hechos por los que se le investigó en el caso “Los limpios de la corrupción”, por la suma de 20 millones de soles.
INDUSTRIAS TRIVECA Y EPSEL S.A.
La relación comercial entre Triveca y EPSEL S.A. se inició en el 2006 con la adquisición de algo más de dos mil medidores por un monto aproximado de 150 mil soles. Con la aprobación del Plan Maestro Optimizado para el quinquenio 2009-2014, se establecía dentro de las “Metas de Gestión” el incremento de algo más de 97 mil medidores en el ámbito de las 26 administraciones de EPSEL S.A., estableciéndose la mayor carga entre los años 2013-2014, en que se debían instalar algo menos de 60 mil medidores.
En los años 2010, 2011, 2013 y 2014 (el 2012 se declaró nulo el proceso de selección), Triveca se adjudicó todos los procesos de selección para adquisición e instalación de medidores, suministrando a EPSEL S.A. un aproximado de 60 mil medidores, por una cifra cercana a los veinte millones de soles, lo que ameritó la denuncia pública por parte del Sindicato de Trabajadores (SUTSELAM) por un presunto favorecimiento a la empresa de Vera Cóndor.
En el marco de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014; caso “Los Limpios de la corrupción”, el entonces fiscal adjunto Juan Manuel Carrasco Millones solicitó a la Contraloría General de la República, con fecha 1 de diciembre de 2014, se sirva informar con carácter de “muy urgente” sobre las acciones de control realizadas en el caso de la empresa proveedora de medidores de agua a la empresa EPSEL, las veces en que fue postora, las empresas postoras de estas licitaciones, objetivos y metas, y plazos ampliatorios que se le otorgaron; así como también el monto de los contratos cancelados y por cancelar a Triveca.
CONTRALORÍA INFORMA
Mediante Oficio N° 01101-2015-CG/DC, del 29 de mayo de 2015, el entonces Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, se dirigió a Carrasco Millones para señalarle que se había procedido a elaborar la Carpeta de Control N° 045-2015-CG/EPSEL-3472-EE-CC, que “…contiene la información relacionada con hechos comprendidos en la investigación que vuestro despacho viene desarrollando a través de la Investigación Fiscal N° 2447-2014. Se adjunta la citada carpeta de control en un tomo, a fin de proceder conforme a su competencia funcional…”.
El único hecho evidenciado (hallazgo) informado por la Contraloría General de la República, respecto de lo solicitado por el fiscal fue que durante la ejecución del Contrato N° 130-2013-EPSEL S.A./GG, del 15 de agosto de 2013, para la adquisición e instalación de 20 mil medidores, meta del Plan Maestro Optimizado 2013, “se otorgó una segunda ampliación de plazo con Resolución de Gerencia General N° 026-2014-EPSEL S.A./GG, del 17 de febrero del 2014, que no tuvo sustentos justificatorios, lo que habría significado dejar de calcular penalidades por 416 mil 57.58 soles”, señalando que los hechos observados se han producido por la “negligencia” con la que actuaron el Gerente General, la Gerencia Comercial, la Gerente de Administración y Finanzas, el jefe de la Oficina de Asesoría, el subgerente de Facturación y Cobranza, el jefe del Departamento de Micromedición y el Supervisor de Conexiones.
DECLARACIÓN DE VERA CÓNDOR
En su calidad de representante legal de Industrias Triveca S.A.C. y como firmante del Contrato N° 130-2013-EPSEL S.A./GG, Segundo Vera Cóndor se apersonó a brindar su declaración testimonial el 14 de septiembre del 2015, ante el fiscal adjunto provincial Elí Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial penal Corporativa de Chiclayo, en el Caso N° 2447-2014, acompañado de su abogado defensor Víctor Pastor Yaipén Zapata, con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 30004, señalando su derecho de “abstenerse” a prestar declaración, pese a la oposición del abogado defensor del imputado Juan Miguel Valdivia Goycochea, en el sentido que la abstención solo procedía en el caso de imputados, más no de testigos, que era la condición por la que había sido citado a declarar Vera Cóndor.
COLABORADOR EFICAZ N° 17-2015
Ese mismo día brindó su declaración testimonial ante el despacho fiscal a cargo del caso N° 2447-2014 el aspirante a colaborador eficaz con clave CE-17-2015, ampliada el 2 de octubre de 2015 (por error reseñada 2014), en las que narra los detalles de un acto de corrupción (pago de coimas) entre el representante legal de Industrias Triveca S.A.C. y funcionarios y servidores de EPSEL S.A., pactado en una reunión supuestamente sostenida en el Hotel Costa del Sol de Chiclayo en agosto de 2013, señalando que “…la persona que hizo el requerimiento (de la coima) fue Percy Quesquén Díaz, quien le manifestó al representante de la empresa de Industrias Triveca cómo se va a manejar esto, ya que de todas maneras tenía que haber un apoyo económico por cuanto todos los proveedores dejan algo, ese apoyo era por el tema de la deuda que le mantenían a Industrias Triveca S.A.C. (…) siendo que el representante de Triveca S.A.C. les manifiesta que tenía que pagar a la SUNAT y por eso fuera el 7 %, pero Percy Quesquén ha insistido en el 8 %, habiendo quedado en ese porcentaje…”, siendo así, que en distintas fechas, Industrias Triveca S.A.C., desembolsó la suma ascendente a 376 mil 819.56 soles, dinero que en virtud a la declaración del aspirante a colaborador eficaz con clave CE-09-2014, del fecha 16 de enero dle 2015, entregó a Percy Quesquén Díaz en el edificio de su propiedad ubicado en el pueblo joven Diego Ferré.
ACUERDO DE COLABORACIÓN CE-17-2015
Con fecha 27 de octubre del 2016, mediante Resolución N° 3 se aprobó el acuerdo de Beneficios por Colaboración del CE-17-2015, participando como abogado defensor Víctor Pastor Yaipén Zapata, quien según declaraciones de Willy Serrato Puse es “amigo” de Sergio Lucio Zapata Orozco, y fue quien le solicitó intercediera ante Iván Noguera Ramos para la ratificación del fiscal ante el Consejo Nacional de la Magistratura. (Expresión Edición 1095-1096).
Al Colaborador Eficaz N° 17-2015 se le impuso una pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución de cuatro años y el pago de 300 mil soles por concepto de reparación civil por los delitos de colusión 145 mil), cohecho activo genérico (145 mil) y falsificación de documentos (10 mil soles).
REPARACIÓN CIVIL ES IRRENUNCIABLE
La Ley 30737; Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos, establece en su Décimotercera Disposición Complementaria Final, primer párrafo: “[…] La aprobación del Acuerdo de Colaboración Eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede eximir, suspender o reducir a la persona jurídica o ente jurídico de las consecuencias jurídicas derivadas del delito; sin que ello implique renuncia a la reparación civil que corresponda”.
Queda claro, entonces, que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, podía solicitar al juzgado la reducción de la pena del CE-17-2015, como así lo hizo estableciéndose en cuatro años de pena privativa de la libertad por tres delitos: colusión, cohecho activo y falsificación de documentos, pero en cuanto al monto de la reparación civil debió, por lo menos, respetarse el Informe de Contraloría General de la República que establecía que el daño patrimonial causado al Estado ascendía a 416 mil 57.58 soles, correspondiente al monto de la penalidad que se dejó de calcular por el incumplimiento de plazos en que habría incurrido Industrias Triveca S.A.C.
IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
La Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1444), publicada el 11 de julio del 2014, vigente al momento de la emisión de la Resolución N° 3, que aprueba el acuerdo de beneficios del colaborador CE-17-2015, establece en su Artículo 11° los impedimentos para contratar con el Estado, incluyéndose específicamente en su inciso 11.1.n: “En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que: i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente...”.
Queda claro, entonces, que Industrias Triveca S.A.C., desde el reconocimiento de delitos y/o consentida la sentencia por parte de sus representantes legales, estaba impedida de contratar con el Estado. Sin embargo, el fiscal Sergio Zapata Orozco no informó al OSCE para que se procediera a su inhabilitación como proveedor del Estado, permitiendo que esta siga operando a nivel nacional.
Desde el 27 de octubre de 2016, en que se emitió la Resolución N° 3, que aprueba el acuerdo de beneficios del colaborador CE-17-2015, a la fecha, Triveca ha ganado 54 nuevos procesos de selección con el Estado, por un monto de 25 millones 361 mil 350.62 soles, lo que no hubiera ocurrido si se le hubiera informado oportunamente del reconocimiento de delitos de corrupción de funcionarios por parte de sus representantes legales.
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De los 15 integrantes del concejo provincial de Chiclayo, Andrés Puell Varas es quien tiene el conocimiento más cercano del sector transporte dada su condición de exdirigente. Sin embargo, en la última sesión ordinaria se le excluyó de formar parte de la Comisión de Transportes, encargando la presidencia de dicho grupo de trabajo al primer regidor Junior Vásquez Torres, quien también preside la Comisión de Asuntos Legales.
Puell Varas advierte que lo mismo hizo la gestión del ahora encarcelado exalcalde David Cornejo Chinguel, quien encargó la presidencia de ambas comisiones al también recluido y confeso corrupto regidor Alfredo Montenegro Bermeo, convirtiendo a ambos grupos de trabajo en “mesa de partes de proyectos ilegales”.
Expresión dialogó con el concejal, quien señala que si la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas se propone a dar resultados en la solución al caos del transporte en la provincia debe emprender un responsable proceso de formalización.
Se cumplen tres semanas de iniciada la gestión del alcalde Gasco Arrobas. ¿Cómo evalúa hasta ahora su desenvolvimiento?
Se está yendo equivocadamente y eso lo ha visto la ciudadanía, con decisiones erradas, una tras otra. Por ejemplo, aumentarse el sueldo del alcalde y los regidores en la primera sesión del concejo. Ya el Ministerio de Economía y Finanzas ha hecho una aclaratoria sobre la necesidad de que exista primero un Decreto Supremo para que proceda el aumento. Eso quiere decir que la aprobación que realizaron en la primera sesión no se adecuó legalmente.
A los regidores no se nos alcanzó el sustento financiero que avale el aumento de la dieta, tampoco el Presupuesto Institucional de Apertura – PIA, en el que se demuestre que estaban considerados los incrementos. Cosas como esa nos hacen pensar que los funcionarios no están asesorando adecuadamente al alcalde.
¿Coincide con el regidor Jony Piana sobre la negativa del alcalde para escuchar las opiniones de quienes no forman parte de su entorno? ¿Lo percibe así?
Eso se ha demostrado en las sesiones de concejo. En la última sesión de concejo, en la que se vio la conformación de las comisiones, tres regidores nos abstuvimos de votar y lo correcto era que el alcalde .nos permita el sustento de nuestra abstención. Sin embargo, a mí no se me dio la oportunidad de hacerlo.
Ese es un indicio de que al alcalde no le gusta escuchar las voces discrepantes con lo que él hace. Lo mismo pasó en la sesión del aumento del sueldo.
¿Hay exclusión en el manejo de los temas dentro del concejo municipal?
Sí, por ejemplo para la conformación de comisiones hubo una reunión previa entre la mayoría y tres regidores de oposición. No se invitó a los regidores Jony Piana, Percy Espinoza. Sí fueron invitados los concejales Randy Vega, Andrés Calderón y José Nakamine.
¿Considera que usted y los regidores Piana y Espinoza son incómodos para la gestión?
Considero que decimos lo que la población le pide al alcalde, llevamos la voz de quienes no son atendidos por la comuna de Chiclayo. Las actitudes y la poca apertura de la gestión y el oficialismo son lamentable.
¿Por qué no integra la Comisión de Transportes si es quien más conoce de ese sector en el pleno del concejo? Siendo transportes uno de los sectores más convulsionados de la provincia, pudo usted ser bisagra para que la comuna llegue a buenos acuerdos con los gremios.
Pareciera que hay una postura hacia el enfrentamiento. Recordemos que quien ocupa ahora la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes (Arquímedes Muñoz Zambrano), estuvo también en el 2003, año en el que durante tres días protestamos los transportistas en el Parque Principal en oposición a la política destructiva que había adoptado el alcalde Arturo Castillo. El personaje que estuvo en ese momento en la gerencia, es el que está ahora. Si a eso le sumamos la política de puertas cerradas, la situación se hace más compleja.
Transporte tiene serios problemas, porque existen aún rezagos de la corrupción que se acrecentó en la gestión anterior, que como sabemos involucró a regidores. Sobre esto quiero anotar lo siguiente: Hay que tener mucho cuidado. Yo recomiendo al Ministerio Público que esté bien alerta. ¿Por qué? El regidor Alfredo Montenegro, hoy investigado y preso por corrupción, fue presidente de la Comisión de Transportes y al mismo tiempo de la de la Asuntos Legales. Lo mismo está sucediendo hoy. Una misma persona preside ambas comisiones.
Es necesario que una de las comisiones sea presidida por otra persona, debido a que estas se pueden convertir en simples mesas de partes. Si un proyecto ilegal viene de la Gerencia de Transportes será aprobado, con los votos de mayoría, y luego pasará a la Gerencia Legal, donde el presidente tendrá la misma óptica. Se está poniendo en juego el equilibrio.
La Comisión de Transportes la preside el regidor Junior Vásquez y la integran los concejales Pedro Ubillús Falla y Randy Vega Díaz.
¿Teme que se repitan historias?
Lo que pido es que se haga todo el esfuerzo posible para que ello no ocurra y una manera de garantizarlo es poniendo a voces capaces de discrepar.
El transporte como sector tiene varios problemas, pero ¿cuál es el más urgente por resolver o por dónde se debería empezar?
Lo más urgente es acreditar a todos los transportistas formales. Hay un grupo de transportistas que desde hace mucho tiempo tienen sus autorizaciones para el servicio público, pero como esos documentos no son eternos y se vencen, han solicitado la renovación de los mismos. Sin embargo, pese a que han pagado sus derechos, hace tres años están esperando que el municipio les otorgue las debidas credenciales; es decir, las tarjetas de operatividad o la renovación de sus concesiones y autorizaciones.
¿Y cómo circulan entonces?
Esta situación los pone en el límite con la informalidad, porque solo portan un documento que dice “expediente en trámite”. ¿Dónde está el problema? En que la Superintendencia Nacional de Transportes – SUTRAN, ha emitido disposiciones para el retiro de placas de los vehículos informales y esta no considera válida la presentación de un documento que diga “expediente en trámite”. Varios transportistas formales han sido perjudicados con el retiro de sus placas.
¿Cuántos transportistas se encuentran con expedientes en trámite?
Aproximadamente cuatro mil 500, la gran mayoría del transporte urbano; es decir, taxistas.
¿Qué vendría después de la regularización de los formales?
Evidentemente la lucha contra la informalidad, que si se quiere puede hacerse en paralelo.
El municipio dejó varias reformas inconclusas, como la que estableció las nuevas zonas rígidas o la implementación de un mejor sistema de fiscalización en transportes. Otras las hizo mal, como el Plan Regulador de Rutas o el nuevo anillo vial para mototaxis….
Todas las disposiciones emitidas por la municipalidad deben ir acompañadas por el trabajo coordinado de gerencias como Fiscalización y Urbanismo. No se puede, por ejemplo, regular un paradero si no existe la estructura física que el usuario identifique para ahí abordar las unidades de transporte. Las ordenanzas por sí solas, sin acompañamiento, son imposibles de aplicar.
Otro caso es el de las zonas rígidas. En la gestión de David Cornejo se declaró 23 calles como zonas rígidas, pero no se habilitó espacios de parqueo para los usuarios. Antes, por ejemplo, la calle Manuel María Ízaga era rígida en un lado, con la ordenanza se dispuso que ambos márgenes y ahora, en la práctica, tanto a la derecha como a la izquierda se estacionan vehículos.
Además de la ya conocida ordenanza del nuevo anillo vial para mototaxis, ¿hay otras disposiciones municipales que son ilegales?
Sí. Por ejemplo, en la Gerencia de Transportes se han colocado unos letreros que indican que vehículos con más de 15 años de antigüedad no recibirán la renovación de permiso para el servicio público. De eso nadie dice nada, las comisiones de Transportes y Asuntos Legales no opinarán porque desconocen el tema, pero yo sí puedo decir que eso es ilegal.
Para que una disposición de ese tipo sea válida se necesita el procedimiento siguiente: el municipio elabora una propuesta y la eleva al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, este emite una resolución aceptándola o reformándola, el expediente regresa al municipio y este, a través de una ordenanza, reglamenta para que los transportistas sepan cuál debe ser la antigüedad de las unidades para el transporte público. Eso no ha ocurrido.
¿Cuál es su llamado al alcalde Gasco?
Que por lo menos, escuche.
El 13 de diciembre pasado fueron detenidos, entre otros, el regidor Boris Bartra Grosso, así como el exfuncionario Nilton Monje Sampén, investigados por pertenecer a la organización criminal “Los temerarios del crimen”. Días antes fue capturado el exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel, sindicado como cabecilla de la referida organización.
Ellos han seguido destinos diferentes. Boris Bartra Grosso se acogió a la Terminación Anticipada, por lo que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que despacha la juez Cecilia Grandez Rojas, lo sentenció a cuatro de pena suspendida en su ejecución, obteniendo su inmediata libertad. El que no siguió igual suerte fue Nilton Monje Sampén, a quien la juez le dictó mandato de prisión preventiva por 36 meses.
Este efectuó declaraciones que, a diferencia de otras, se mantuvieron en reserva, pero para sorpresa de la misma Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada - FECOR, cuya coordinación está a cargo del fiscal Juan Manuel Carrasco Millones, lo relatado por el ex hombre de confianza de David Cornejo ha salido a la luz.
DELATÓ FILTRACIÓN DE INFORMACIÓN
Cien días antes del operativo (el 3 de septiembre del 2018), el Diario Correo publicó que la FECOR tenía en la “mira” a una veintena de investigados, entre regidores y funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, reseñando que “la información de esta investigación, realizada de manera reservada, logró filtrarse al entorno del alcalde David Cornejo Chinguel, lo cual propició el rumor y, a la vez, que los investigados estén alertas ante cualquier acción o requerimiento del Ministerio Público. Esto coincide con que, extrañamente, el alcalde David Cornejo, así como los regidores investigados y los funcionarios de confianza hayan suspendido sus números telefónicos, toda vez que la Fiscalía solicitó el levantamiento del secreto de las comunicaciones…”.
¿Quién filtró la información? La respuesta quizá se encuentra en la declaración de Nilton Monje Sampén, del 22 de diciembre del 2018, ante los representantes de la FECOR y de la División de Investigaciones de Alta Complejidad – DEVIAC de la Policía Nacional del Perú, a cargo del mayor Juan Carlos Paz Oyola. Monje Sampén señaló:
“Estando en casa del alcalde, este me comentó que tenía un amigo comandante de inteligencia de la Policía, de apellido Romel Díaz, y que este era el que le advertía de todo tipo de operativos hacia la Municipalidad Provincial de Chiclayo; asimismo este tipo de comentario me lo realizaba esporádicamente, ya que andaba siempre paranoico respecto a intervenciones policiales y judiciales sobre la Municipalidad Provincial de Chiclayo…”.
En otro extremo de su declaración, el exjefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, señaló que a inicios del 2018 Cornejo Chinguel le narró que había llamado la atención a funcionarios de la Gerencia de Transportes en el sentido que tuvieran cuidado con los operativos realizados y que sospechosamente se habían frustrado, “… ya que dicha información habría sido obtenida por su amigo el comandante Romel Díaz que es de Inteligencia…”.
Monje Sampén continuó declarando y señaló que Cornejo Chinguel “… me manifestaba a mí y a los demás funcionarios que tuviéramos cuidado con lo que se conversara y hablara por celular, ya que él tenía conocimiento por su amigo, el comandante Romel Díaz, que estaban siendo chuponeados…”, lo que es concordante con lo señalado cien días antes y que generó que regidores y funcionarios cambien su número de teléfono celular.
Todo esto se complementaría con lo declarado en su momento por el exregidor el regidor Boris Bartra Grosso, quien manifestó que David Cornejo Chinguel “…habría pagado hasta 10 mil soles semanales a efectivos de Inteligencia para obtener información sobre las indagaciones en su contra…”.
¿ACCIONES?
Mientras otras declaraciones como las de Willy Serrato Puse, también investigado en el caso “Temearios del crimen” se hacían públicas, las que señalan al comandante Romel Díaz se han mantenido en reserva.
Lo que se desconoce, hasta el momento, es qué acciones ha emprendido la FECOR Lambayeque para corroborar que lo declarado por Monje Sampén y Bartra Grosso sea cierto, en relación a los nexos de David Cornejo con el agente de Inteligencia de la policía.
Lo que llama la atención de este caso es la relación familiar que existe entre el comandante Romel Díaz y el mayor Juan Carlos Paz Oyola, jefe de la DEVIAC y encargado de las investigaciones policiales en el caso “Los temerarios del crimen”, además de la conocida relación amical entre Díaz Paz y el fiscal Carrasco Millones, que se remonta a los trabajos que ambos realizaron en el caso “Limpios de la corrupción”.
DÍAZ Y “LOS LIMPIOS”
En la Edición N° 1069 de Expresión, el exfuncionario de la Municipalidad Provincial de Chiclayo e investigado del caso “Limpios de la corrupción”, Jorge Incháustegui Samamé declaró haber formulado una denuncia por los delitos de fraude procesal, prevaricato, abuso de autoridad y omisión de deberes funcionales, ante la Fiscalía Suprema de Control Interno contra los fiscales Juan Manuel Carrasco Millones, Sergio Zapata Orozco y Pamela Elías Bravo, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; Félix Tejada Ramos, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo; además del fiscal superior de la Segunda Fiscalía Superior de Apelaciones, Jorge Arteaga Vera y la fiscal superior adjunta superior del mismo despacho Lili Díaz Gonzáles. Inchaustegui Samamé los denunció por presentar informes falsos para sustentar el proceso investigatorio y la medida de prisión preventiva en su contra.
El principal cuestionamiento que hizo fue al informe Nº 136-2014-RPNO-DIRTEPOL-LAM, mediante el cual el entonces mayor Romel Díaz Paz y el teniente Víctor Chafloque Oliden solicitan a la Tercera Fiscalía Penal la detención preliminar contra 22 integrantes de la red criminal “Los limpios de la corrupción”, por la presunta comisión del delito de lavado de activos.
La Fiscalía Suprema de Control Interno, en ese entonces a cargo de Víctor Rodríguez Monteza, mediante Resolución N° 2134, de fecha 28 de noviembre de 2017, dispuso abrir investigación preliminar contra los fiscales denunciados.
EL INFORME 136
El 29 de septiembre del 2014, la Oficina de Inteligencia Territorial Policial - OFINTERPOL de Chiclayo, emitió el Oficio N° 1593-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, remitiendo al fiscal adjunto Juan Manuel Carrasco Millones el Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH de la misma fecha, que “estando a los elementos de convicción tanto documentales emitidos por SUNAT y SUNARP; así como los audios provenientes de la medida limitativa de levantamiento del secreto de las comunicaciones, se debería proceder a la ubicación y captura, así como allanamiento de su domicilio u oficina donde realiza su actividad laboral, empresarial o de otro tipo” de 22 personas, encabezadas por el exalcalde Roberto Torres Gonzales. Una de las primeras diferencias es que en este informe ya no se habla de la organización criminal “Los reyes limpios del diezmo”, sino de la organización criminal “Los limpios de la corrupción”.
Suscriben el informe el teniente Víctor Chafloque Oliden como Instructor, y el mayor Romel Díaz Paz, utilizando ambos los sellos de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial de Chiclayo.
NO TRABAJABAN ALLÍ
Mediante carta de fecha 3 de junio del 2015, la abogada Deissy Lorena Villanueva Velezmoro solicitó información documentada (copias certificadas) del Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, de fecha 29 de septiembre de 2014.
El jefe de la de la Oficina de Inteligencia Territorial Policial (de Chiclayo, Coronel Luis A. Guerrero Balladares, mediante Oficio N° 1027-2015-REGION POLICIAL-LAMB/ORI.SEC, de fecha 4 de junio del 2015, respondió textualmente que “en los archivos de esta unidad no se encuentra documento alguno relacionado al caso, no obstante, al recibir la copia de dicho documento remitido por Ud., se puede apreciar los nombres de dos oficiales PNP que firmaron su autoría, que si bien es cierto trabajaban en la ciudad de Chiclayo, no han prestado servicios en esta jefatura, desconociendo los motivos por los que aparecen sellos que presuntamente sean de esta unidad; ante ello sugiero a Ud. se dirija ante el Sr. Comandante PNP Romel Díaz Paz, jefe de la DEPANDRO-CHICLAYO, quien en ese entonces ha firmado ‘es conforme’ del documento solicitado”.
OTROS CUESTIONAMIENTOS
En su denuncia, Incháustegui Samamé cuestiona lo señalado en el inciso “T” del Informe N° 136-14-RPNO-DIRTEPOL-LAMB/OFINTE-CH, de fecha 29 de septiembre del 2014, en el que se asegura que “…en la ejecución del trabajo entre la Policía Nacional y el Ministerio Público, por coordinación del Fiscal del caso Sergio Lucio Zapata Orozco, se ha generado la participación de diversos entes del Estado, tales como un equipo de Contraloría, Unidad de Inteligencia Financiera, equipo de Lavado de Activos de la PNP, un equipo de la Comisión Nacional de Bienes Incautados, un equipo de peritos contables, equipo de inteligencia operativa de la Dirección General del Ministerio del Interior, además de un pool de 30 fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque, para cautelar el debido procedimiento durante el desarrollo de todo el operativo…”.
De acuerdo a la información solicitada a las diversas dependencias supuestamente participantes de los actos de investigación se obtuvo respuestas negativas, señalando que la solicitud de participación fue posterior al operativo del 30 de septiembre de 2014, por lo que se concluye que los fundamentos de informe con el que se pidió la detención de Torres Gonzales y sus funcionarios eran falsos. Como se ha mencionado, quien suscribe dicho informe es Romel Díaz Paz.
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Siendo alcalde de Olmos, a fines del 2013, Willy Serrato Puse – hoy investigado en el caso “Los temerarios del crimen” – celebró con siete consorcios contratos para la ejecución del mismo número de obras, todas ellas por un importe total cercano a los 120 millones de soles, sin la presentación oportuna de las respectivas Cartas Fianzas de Fiel Cumplimiento, conforme lo establecían las bases de cada uno de los procesos convocados y la normatividad de las contrataciones del Estado. Por este caso es investigado hace cuatro años.
Los siete proyectos de inversión pública consistieron en la ejecución del mejoramiento del sistema de agua potable y alcantarillado de la localidad de Olmos y los diferentes caseríos del distrito, para lo cual la municipalidad, liderada en ese entonces por Willy Serrato Puse, convocó a siete procesos de selección, los cuales luego de sendas postergaciones fueron adjudicados a consorcios que fueron conformados entre sí por siete empresas que al parecer pertenecían a dos grupos corporativos, quienes en forma proporcional fueron integrando los consorcios, siendo favorecidos con la buena pro de cada uno de los procedimientos convocados. Así tenemos:
CONSORCIO SAN GREGORIO
La Licitación Pública N° 02-2013-MDO/CE fue adjudicada el 8 de noviembre del 2013 al Consorcio San Gregorio, integrado por las empresas CEBA S.A., representada por César Muñoz Vera, e Ingenieros ABC Contratistas Generales S.A.C., representada por Gilberto Ramírez Acuña, cuyo objeto consistió en la ejecución de la obra “Mejoramiento de Sistemas de Agua potable y Alcantarillado de la localidad de Olmos”, por un monto ofertado de 46 millones 499 mil 111.83 soles. El contrato fue suscrito por Serrato Puse y el representante común del consorcio, Gilberto Ramírez Acuña, el 18 de noviembre del 2013.
De acuerdo a la información y la imagen de la Carta Fianza que se registra en el portal del Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, se puede advertir que la misma fue emitida por el Banco de Crédito con el N° D305-00105883 por el importe de cuatro millones 649 mil 911.19, equivalente al monto del 10 % del monto adjudicado garantizando el fiel cumplimiento del contrato.
La irregularidad se configura porque la mencionada carta fue emitida el 29 de noviembre de 2013, es decir, 11 días después de haberse suscrito el contrato, lo que evidencia que en la fecha de la suscripción del contraro el Consorcio San Gregorio no la habría obtenido ni presentado en el plazo previsto, condición que toma mayor relevancia y confirmaría la irregularidad punible, en cuanto en la Cláusula Séptima del contrato, referida a las Garantías, detalla textualmente el numero de la garantía, el importe, el beneficiario, en este caso la Municipalidad Distrital de Olmos, y el tipo de garantía, datos que son coincidentes con el documento valorado de garantía otorgada, el cual fue emitido con posterioridad.
Siendo el hecho expuesto materia de una presunta ilegalidad, se advierte de la misma manera, es decir con las herramientas de transparencia del SEACE que en los siete procedimientos contractuales restantes se habría incurrido en la misma modalidad: las cartas fianzas fueron emitidas en fechas posteriores a la suscripción de los respectivos contratos de obra y, a la vez, consignadas como tal en las cláusulas correspondientes de cada uno de los contratos suscritos.
OTRO CASO
En este sentido, el SEACE muestra imágenes del contrato suscrito por el ahora burgomaestre Willy Serrato Puse con el Consorcio Ejecutor Olmos, integrado por CEBA S.A., Ramca Contratistas SAC, representada por Henry Campos Zegarra, y J & J Sánchez Junior Contratistas Generales SAC, representada por Jorge Sánchez Yaranga, a quienes se les adjudicó la buena pro para la ejecución de la obra de saneamiento en 30 caseríos del distrito por un importe de 18 millones 693 mil 396.06 soles, cuyo contrato fue suscrito el 19 de noviembre de 2013.
De la misma forma, el SEACE muestra la imagen de la Carta Fianza emitida por el Banco Interbank, signada con el N° 67799-2, garantizando el fiel cumplimiento contractual por el importe de un millón 869 mil 339.65 soles, en este caso emitida el 4 de diciembre del 2013, 15 días después de la firma del contrato.
El mismo día de la suscripción del contrato antes mencionado (19 de noviembre de 2013), también se formalizó la relación contractual con el Consorcio Nuevo Horizonte, conformado recurrentemente por CEBA SA, Ramca Contratistas SAC y J & J Sánchez Junior Contratistas Generales SAC, quienes en forma conjunta debían ejecutar la obra de agua y letrinas en 23 Caseríos del norte de Olmos, con un monto adjudicado de 15 millones 243 mil 892.94 soles.
El SEACE registra la imagen de la Carta Fianza N° 67812-1 emitida por el Banco Interbank con fecha 5 de diciembre de 2013, es decir 16 días después de la firma del contrato con el Consorcio Nuevo Horizonte.
IRREGULARIDAD SUCESIVA
La modalidad aplicada se muestra nuevamente cuando Serrato Puse firma el contrato con el Consorcio Palo Santo, integrado por un segundo grupo de empresas, en esta oportunidad Troncos Construcciones SRL, representada por Rocío Troncos Merino; Santa Lucia SAC Construcciones, Maquinarias, Equipo y Servicios Generales, representada por Óscar Marotazo Espinoza, y San Martín SAC Construcciones y Servicios Generales, que tiene como representante a César Marotazo Espinoza.
El contrato suscrito el 20 de noviembre del 2013 con el referido consorcio tenía como objeto la ejecución de la obra de saneamiento en 15 caseríos de Olmos, por el monto adjudicado de seis millones 879 mil 916.85 soles, para lo cual Palo Santo presentó la Carta Fianza N° 67810-1 emitida por el Banco Interbank con fecha 5 de diciembre de 2013, es decir, dos semanas después.
El portal del SEACE también muestra el contrato suscrito el 20 de noviembre de 2013 con el Consorcio Los Algarrobos, cuyo objeto consistió en la ejecución de la obra de saneamiento en 26 caseríos del noreste de Olmos, adjudicada en nueve millones 300 mil 348.81 soles.
El Consorcio Los Algarrobos intercaló sus integrantes con las empresas del primer y segundo grupo, ya que este fue conformado por las empresas Troncos Construcciones SRL, Santa Lucia SAC Construcciones, Maquinarias, Equipo y Servicios Generales, y Ramca Contratistas SAC, quienes a destiempo presentaron la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento N° 67798-2, otorgada por el Banco Interbank recién el 4 de diciembre de 2013.
En una misma fecha (20 de noviembre de 2013), Serrato Puse firmó un sexto contrato, en esta oportunidad con el Consorcio San Cristóbal, conformado por Troncos Construcciones SRL, Santa Lucia SAC y la empresa que suscribió el primer contrato, Ingenieros ABC Contratistas Generales SAC, para la ejecución de la obra de saneamiento básico rural en 33 caseríos del noreste de Olmos, ascendente a 13 millones 315 mil 745.80 soles, para lo cual el consorcio presentó una carta de garantía del Banco Interbank con el N° 67797-1, emitida el 5 de diciembre de 2013.
El séptimo contrato, también del 20 de noviembre de 2013, se firmó con el Consorcio Buenaventura, conformado por las mismas empresas que integraron el Consorcio San Cristóbal, con la finalidad de ejecutar la obra de saneamiento en 33 caseríos del noreste de Olmos, todo ello por importe de siete millones 48 mil 208.52 soles, presentando la carta fianza emitida por Interbank con N° 67809, de fecha 5 de diciembre de 2013, igualmente a destiempo.
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Industrias Triveca S.A.C. es una empresa familiar dedicada a la venta e instalación de medidores para conexiones domiciliarias de agua potable y a proveer a las empresas prestadoras de servicios, lo que se denomina el servicio de gestión comercial, que consiste en efectuar notificación de recibos y resoluciones, corte y reconexión de agua potable, y otra veintena de prestaciones. La sociedad a junio de 2015 poseía un capital social de 12 millones 500 mil soles y estaba conformada por Segundo Vera Cóndor, accionista mayoritario con el 68.40 % de la participación, y por sus dos hijos: Marco Yván Vera Aragón y Hernán Fabrizio Vera Aragón; accionistas minoritarios con el 15.10 % de acciones cada uno.
De conformidad con el Registro Nacional de Proveedores del OSCE, Industrias Triveca S.A.C., tiene una vigencia indeterminada para ser participante, postor y contratista en procesos de selección que convoca el Estado en los rubros de ejecución de obras, proveedor de bienes y proveedor de servicios, y de acuerdo al Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre de 2014, la referida empresa, obtuvo utilidades entre los años 2013 y 2014; fecha en que ocurrieron los hechos por los que se le investigó en el caso “Los limpios de la corrupción”, por la suma de 20 millones de soles.
INDUSTRIAS TRIVECA Y EPSEL S.A.
La relación comercial entre Triveca y EPSEL S.A. se inició en el 2006 con la adquisición de algo más de dos mil medidores por un monto aproximado de 150 mil soles. Con la aprobación del Plan Maestro Optimizado para el quinquenio 2009-2014, se establecía dentro de las “Metas de Gestión” el incremento de algo más de 97 mil medidores en el ámbito de las 26 administraciones de EPSEL S.A., estableciéndose la mayor carga entre los años 2013-2014, en que se debían instalar algo menos de 60 mil medidores.
En los años 2010, 2011, 2013 y 2014 (el 2012 se declaró nulo el proceso de selección), Triveca se adjudicó todos los procesos de selección para adquisición e instalación de medidores, suministrando a EPSEL S.A. un aproximado de 60 mil medidores, por una cifra cercana a los veinte millones de soles, lo que ameritó la denuncia pública por parte del Sindicato de Trabajadores (SUTSELAM) por un presunto favorecimiento a la empresa de Vera Cóndor.
En el marco de la Carpeta Fiscal N° 2447-2014; caso “Los Limpios de la corrupción”, el entonces fiscal adjunto Juan Manuel Carrasco Millones solicitó a la Contraloría General de la República, con fecha 1 de diciembre de 2014, se sirva informar con carácter de “muy urgente” sobre las acciones de control realizadas en el caso de la empresa proveedora de medidores de agua a la empresa EPSEL, las veces en que fue postora, las empresas postoras de estas licitaciones, objetivos y metas, y plazos ampliatorios que se le otorgaron; así como también el monto de los contratos cancelados y por cancelar a Triveca.
CONTRALORÍA INFORMA
Mediante Oficio N° 01101-2015-CG/DC, del 29 de mayo de 2015, el entonces Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, se dirigió a Carrasco Millones para señalarle que se había procedido a elaborar la Carpeta de Control N° 045-2015-CG/EPSEL-3472-EE-CC, que “…contiene la información relacionada con hechos comprendidos en la investigación que vuestro despacho viene desarrollando a través de la Investigación Fiscal N° 2447-2014. Se adjunta la citada carpeta de control en un tomo, a fin de proceder conforme a su competencia funcional…”.
El único hecho evidenciado (hallazgo) informado por la Contraloría General de la República, respecto de lo solicitado por el fiscal fue que durante la ejecución del Contrato N° 130-2013-EPSEL S.A./GG, del 15 de agosto de 2013, para la adquisición e instalación de 20 mil medidores, meta del Plan Maestro Optimizado 2013, “se otorgó una segunda ampliación de plazo con Resolución de Gerencia General N° 026-2014-EPSEL S.A./GG, del 17 de febrero del 2014, que no tuvo sustentos justificatorios, lo que habría significado dejar de calcular penalidades por 416 mil 57.58 soles”, señalando que los hechos observados se han producido por la “negligencia” con la que actuaron el Gerente General, la Gerencia Comercial, la Gerente de Administración y Finanzas, el jefe de la Oficina de Asesoría, el subgerente de Facturación y Cobranza, el jefe del Departamento de Micromedición y el Supervisor de Conexiones.
DECLARACIÓN DE VERA CÓNDOR
En su calidad de representante legal de Industrias Triveca S.A.C. y como firmante del Contrato N° 130-2013-EPSEL S.A./GG, Segundo Vera Cóndor se apersonó a brindar su declaración testimonial el 14 de septiembre del 2015, ante el fiscal adjunto provincial Elí Pérez Díaz, de la Tercera Fiscalía Provincial penal Corporativa de Chiclayo, en el Caso N° 2447-2014, acompañado de su abogado defensor Víctor Pastor Yaipén Zapata, con Registro del Colegio de Abogados de Lima N° 30004, señalando su derecho de “abstenerse” a prestar declaración, pese a la oposición del abogado defensor del imputado Juan Miguel Valdivia Goycochea, en el sentido que la abstención solo procedía en el caso de imputados, más no de testigos, que era la condición por la que había sido citado a declarar Vera Cóndor.
COLABORADOR EFICAZ N° 17-2015
Ese mismo día brindó su declaración testimonial ante el despacho fiscal a cargo del caso N° 2447-2014 el aspirante a colaborador eficaz con clave CE-17-2015, ampliada el 2 de octubre de 2015 (por error reseñada 2014), en las que narra los detalles de un acto de corrupción (pago de coimas) entre el representante legal de Industrias Triveca S.A.C. y funcionarios y servidores de EPSEL S.A., pactado en una reunión supuestamente sostenida en el Hotel Costa del Sol de Chiclayo en agosto de 2013, señalando que “…la persona que hizo el requerimiento (de la coima) fue Percy Quesquén Díaz, quien le manifestó al representante de la empresa de Industrias Triveca cómo se va a manejar esto, ya que de todas maneras tenía que haber un apoyo económico por cuanto todos los proveedores dejan algo, ese apoyo era por el tema de la deuda que le mantenían a Industrias Triveca S.A.C. (…) siendo que el representante de Triveca S.A.C. les manifiesta que tenía que pagar a la SUNAT y por eso fuera el 7 %, pero Percy Quesquén ha insistido en el 8 %, habiendo quedado en ese porcentaje…”, siendo así, que en distintas fechas, Industrias Triveca S.A.C., desembolsó la suma ascendente a 376 mil 819.56 soles, dinero que en virtud a la declaración del aspirante a colaborador eficaz con clave CE-09-2014, del fecha 16 de enero dle 2015, entregó a Percy Quesquén Díaz en el edificio de su propiedad ubicado en el pueblo joven Diego Ferré.
ACUERDO DE COLABORACIÓN CE-17-2015
Con fecha 27 de octubre del 2016, mediante Resolución N° 3 se aprobó el acuerdo de Beneficios por Colaboración del CE-17-2015, participando como abogado defensor Víctor Pastor Yaipén Zapata, quien según declaraciones de Willy Serrato Puse es “amigo” de Sergio Lucio Zapata Orozco, y fue quien le solicitó intercediera ante Iván Noguera Ramos para la ratificación del fiscal ante el Consejo Nacional de la Magistratura. (Expresión Edición 1095-1096).
Al Colaborador Eficaz N° 17-2015 se le impuso una pena privativa de la libertad suspendida en su ejecución de cuatro años y el pago de 300 mil soles por concepto de reparación civil por los delitos de colusión 145 mil), cohecho activo genérico (145 mil) y falsificación de documentos (10 mil soles).
REPARACIÓN CIVIL ES IRRENUNCIABLE
La Ley 30737; Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos, establece en su Décimotercera Disposición Complementaria Final, primer párrafo: “[…] La aprobación del Acuerdo de Colaboración Eficaz por parte de los órganos judiciales, a criterio del Ministerio Público puede eximir, suspender o reducir a la persona jurídica o ente jurídico de las consecuencias jurídicas derivadas del delito; sin que ello implique renuncia a la reparación civil que corresponda”.
Queda claro, entonces, que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, podía solicitar al juzgado la reducción de la pena del CE-17-2015, como así lo hizo estableciéndose en cuatro años de pena privativa de la libertad por tres delitos: colusión, cohecho activo y falsificación de documentos, pero en cuanto al monto de la reparación civil debió, por lo menos, respetarse el Informe de Contraloría General de la República que establecía que el daño patrimonial causado al Estado ascendía a 416 mil 57.58 soles, correspondiente al monto de la penalidad que se dejó de calcular por el incumplimiento de plazos en que habría incurrido Industrias Triveca S.A.C.
IMPEDIMENTO PARA CONTRATAR CON EL ESTADO
La Ley de Contrataciones del Estado (Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1444), publicada el 11 de julio del 2014, vigente al momento de la emisión de la Resolución N° 3, que aprueba el acuerdo de beneficios del colaborador CE-17-2015, establece en su Artículo 11° los impedimentos para contratar con el Estado, incluyéndose específicamente en su inciso 11.1.n: “En todo proceso de contratación, las personas jurídicas cuyos representantes legales o personas vinculadas que: i) hubiesen sido condenadas, en el país o el extranjero, mediante sentencia consentida o ejecutoriada por delitos de concusión, peculado, corrupción de funcionarios, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, delitos cometidos en remates o procedimientos de selección, o delitos equivalentes en caso estos hayan sido cometidos en otros países; o, ii) directamente o a través de sus representantes, hubiesen admitido y/o reconocido la comisión de cualquiera de los delitos antes descritos ante alguna autoridad nacional o extranjera competente...”.
Queda claro, entonces, que Industrias Triveca S.A.C., desde el reconocimiento de delitos y/o consentida la sentencia por parte de sus representantes legales, estaba impedida de contratar con el Estado. Sin embargo, el fiscal Sergio Zapata Orozco no informó al OSCE para que se procediera a su inhabilitación como proveedor del Estado, permitiendo que esta siga operando a nivel nacional.
Desde el 27 de octubre de 2016, en que se emitió la Resolución N° 3, que aprueba el acuerdo de beneficios del colaborador CE-17-2015, a la fecha, Triveca ha ganado 54 nuevos procesos de selección con el Estado, por un monto de 25 millones 361 mil 350.62 soles, lo que no hubiera ocurrido si se le hubiera informado oportunamente del reconocimiento de delitos de corrupción de funcionarios por parte de sus representantes legales.
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