La construcción del Colegio San Pedro, en el centro poblado El Romero, en Mórrope, sigue dando que hablar. A los vicios advertidos durante el proceso de contratación se suma ahora lo detectado por la Contraloría General de la República en relación a los pagos realizados por la municipalidad del distrito por trabajos no realizados.
La obra: “Mejoramiento del servicio de educación primaria y secundaria en la I.E. N° 10168 San Pedro, del centro poblado El Romero”, se ejecuta con recursos de la Reconstrucción con Cambios. El presupuesto del proyecto supera los 13 millones de soles.
Sobre esta, la Oficina Regional de Control ha emitido el Informe de Hito N° 012-2012-CG/GRLA-SCC, que contiene los resultados de las evaluaciones hechas entre septiembre y noviembre del año pasado, en el que se concluyen dos situaciones adversas: que la Municipalidad Distrital de Mórrope no aplicó penalidades al contratista por el no uso de protección personal, ausencia de profesionales en la obra y la no disposición de maquinaria ofertada, generando un potencial perjuicio económico de 191 mil 394 soles, y que la actual supervisión aprobó un metrado que no se encuentra debidamente sustentado por el ejecutor, generando que la comuna tramite un pago irregular ascendente a 95 mil 526.27 soles.
EL CONTRATO
La primera vez que se convocó y adjudicó la millonaria obra fue en diciembre del 2018, pero la actual gestión liderada por el alcalde Nery Castillo Santamaría declaró la nulidad del proceso en enero del año pasado, atendiendo las recomendaciones de la Contraloría por vicios identificados durante la tramitación del mismo.
Con la decisión de la autoridad edil, el proceso se retrotrajo a la etapa de Expresión de Intereses, lanzándose la convocatoria para la ejecución y la supervisión de la obra educativa en abril y junio del 2019, respectivamente.
Contraloría ha emitido ocho informes de control concurrente sobre la obra, por lo que la contratación de la supervisión tuvo que ser anulada hasta en dos ocasiones, concluyéndose con una contratación directa celebrada el 3 de diciembre pasado, resultando ganador el Consorcio Club.
SIN PENALIDADES
La contratación para la ejecución del colegio se inició el 23 de julio. Desde entonces, la comisión de control designada por Contraloría realizó diferentes visitas a la obra, constatando la ausencia del personal técnico, así como de la supervisión. De aquellas inspecciones se levantaron las correspondientes actas de control concurrente en las que se confirma, además, que no había cuaderno de obra, calendario de trabajos ni la identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control.
Las visitas permitieron corroborar que la contratista empleaba maquinaria diferente a la consignada en su oferta, infringiendo incluso lo señalado en las bases de la contratación respecto a la capacidad y potencia de la misma. Otro de los hallazgos fue el cambio en el diseño de la construcción sin autorización expresa de la municipalidad, así como la ejecución de trabajos que difieren de las especificaciones técnicas del proyecto.
“Luego de revisar la documentación alcanzada por la entidad, así como las actas de control concurrente elaboradas en las visitas realizadas a obra (…) queda evidenciado que el contratista ejecutor no dispuso la concurrencia de la totalidad de los profesionales ofertados; es así que durante el período de ejecución de obras que comprende a los meses de agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2019, se constata la presencia y ausencia de profesionales durante las visitas realizadas por la comisión de control concurrente, así como en las visitas de constatación de personal efectuadas por la entidad y en los informes de valorización de pago de la supervisión, donde precisa la ausencia de los profesionales en obra, la misma que no ha sido cuantificada oportunamente por la supervisión”, señala el informe de Contraloría.
Se añade que el supervisor de la obra cuantificó mediante carta las veces en las que el contratista incurrió en penalidad por la ausencia de profesionales y la no disposición de maquinaria ofertada, pero sin estimar las penalidades económicas, monto que tuvo que ser proyectado por la comisión de control.
“Se tiene un total de 191 mil 394 soles de penalidad acumulada por el concepto de otras penalidades o penalidades adicionales a la penalidad por mora, hasta el mes de noviembre del 2019, la misma que no ha sido aplicada por la entidad, ni cuantificada oportunamente por la supervisión”, se indica.
MAYOR METRADO
Contraloría también identificó que la supervisión aprobó un metrado que no se encuentra debidamente sustentado por el contratista ejecutor, generando que la municipalidad de Mórrope tramite un pago no sustentado de 95 mil 526.27 soles.
“Se ha identificado que existen dos partidas valorizadas sin sustento alguno en los documentos que la contienen, específicamente las partidas denominadas OE.2.1.1.1. Corte y nivelación supervisión masivo con maquinaria y OE.2.1.1.2. Relleno con material de préstamo con maquinaria, las mismas que han sido cuantificadas y valorizadas, y que en el sustento de metrados señalan que, con relación a la partida OE.2.1.1.1., se ha considerado el corte de terreno contaminado dentro de la institución educativa, corte de terreno contaminado para protección de la institución y corte de terreno sobre nivel +00, y para la partida OE.2.1.1.2., señalan que este metrado corresponde al relleno con material de préstamo para alcanzar el nivel +00 al interior de la institución educativa”, se precisa en el informe.
Contraloría explica que no se evidencia registro alguno de esta labor en los cuadernos de obras ni las tomas fotográficas que constaten la ejecución de dichas partidas, y que tampoco se sustenta que se haya ejecutado según lo establecido en el análisis de costos unitarios y en las especificaciones técnicas, las mismas que precisan la utilización de maquinaria como un camión cisterna, una motoniveladora y un rodillo liso vibratorio autopropulsado.
“De la revisión de los documentos alcanzados por la entidad, que contiene la Valorización N° 4, no existe sustento de la ejecución de estas partidas, aunado a ello de la revisión de los asientos del cuaderno de obra, tampoco se registra la realización de estas labores, siendo que de acuerdo con las especificaciones técnicas se debió contar con la aprobación de la supervisión, así también de las vistas fotográficas adjuntas a la Valorización N° 4, ninguna de ellas registra la ejecución de estas partidas”, se precisa.
HALLAZGOS ANTERIORES
Como se ha mencionado, en el proceso del Colegio San Pedro de El Romero se han detectado varios vicios.
Con el Informe N° 1368-2019-CG-GRLA-SCC, del 25 de junio, se evidenció cuatro situaciones adversas: que la municipalidad había suscrito el contrato para la ejecución de la obra con un postor que no cumplía con las exigencias normativas respecto a la acreditación de la experiencia profesional, vulnerando los principios que rigen las contrataciones del Estado; que el postor ganador de la obra no había presentado en su totalidad el cronograma valorizado de la obra, generando el riesgo de que no se pueda controlar correctamente el avance de los trabajos; que la comuna no había publicado los documentos presentados para la suscripción del contrato, atentando contra la transparencia y publicidad, y que los términos de referencia para la expresión de interés de la supervisión de obra no se ajustaban a las exigencias normativas.
Asimismo, con el Informe N° 1639-2019-CG-GRLA-SCC, del 17 de julio del 2019, se comunicó de la existencia de seis situaciones adversas más; mientras que con el Informe N° 1919-2019-CG-GRLA-SCC, del 13 de septiembre pasado, se notificó a la municipalidad de una situación adversa más.
En tanto, en el Informe N° 3347-2019-CG-GRLA-SCC, del 14 de noviembre del 2019, Contraloría advirtió que la municipalidad había permitido que el ganador de la buena pro presente una declaración jurada distinta a la exigida en las bases para la firma del contrato, y que el contrato para la supervisión se firmó sin que el ganador de la buena pro acredite fehacientemente la experiencia de sus profesionales ofertados.
La Ley de Negociaciones Colectivas publicada por el Ejecutivo ha despertado la voz de protesta en los trabajadores. Pese a haberse presentado como un intento para regular las negociaciones colectivas en el sector público, los gremios sindicales coinciden en que esta es de carácter inconstitucional, pues abre la posibilidad de que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, intervenga, a través de informes desfavorables, en los pactos logrados anteriormente por los trabajadores.
En esa línea, los gremios sindicales plantean no solo presentar una acción de inconstitucionalidad, sino apostar por la derogatoria del citado decreto, para lo cual mantienen diálogo con los parlamentarios electos y ya tienen programada una jornada nacional de lucha para el 19 de marzo.
LESIVO
Al respecto, Arturo Reaño Tapia, secretario de la Confederación General de Trabajadores del Perú – CGTP Lambayeque, señala que con el Congreso anterior se había elaborado un proyecto de negociaciones colectivas en el sector público que se ajustaba a los postulados de la Organización Internacional de Trabajo – OIT. Sin embargo, el Ejecutivo lo observó y, tras la disolución del Parlamento, promulgó el mencionado decreto.
“La OIT establece como parámetro la democracia entre las partes para negociar, sin la intervención de terceros. No obstante, esto no se cumple con el decreto emitido por la gestión de Martín Vizcarra, pues el MEF tendrá injerencia directa poniendo los techos de negociación, quitándole autonomía a los involucrados”, asevera.
Asegura que el decreto contiene una serie de disposiciones complementarias que dotan de poder a los titulares de las distintas entidades del sector público, puesto que en cualquier momento podrán solicitar al MEF que emita un informe económico respecto a un pliego de pedidos, el cual de ser desfavorable culminaría con la inaplicabilidad total o parcial de la negociación colectiva.
PASIVIDAD
En tanto, Luis Escajadillo Castillo, secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial del departamento, resalta que esta era una medida que se veía venir desde el mensaje presidencial del 28 de julio de Martín Vizcarra, en el cual anunció un paquete de normas en el ámbito laboral.
“Lamentablemente las centrales sindicales tomaron un poco a la ligera el anuncio del presidente, no se dio el golpe contundente en su momento y el resultado ha sido este decreto de urgencia que ha suscitado la atención de la colectividad”, indica.
Explica que en las leyes de presupuesto siempre existe un artículo que restringe dietas, asignaciones, bonificaciones y ajustes de nivel remunerativo para los trabajadores del Estado, sobre lo cual el Tribunal Constitucional se pronunció en su momento señalando su inconstitucionalidad y delegando al Congreso la legislación de un proyecto que regule dicha normativa.
“El Congreso incumplió su labor, tardó mucho y ahora el gobierno lo ha suplido con este decreto de urgencia que, lejos de regular la negociación económica, pone una serie de trabas al condicionar los pactos al visto bueno del MEF”, manifiesta.
NEGOCIACIONES
Por otro lado, Reaño Tapia señala que el argumento del Ejecutivo sobre un excesivo gasto fruto de los pactos colectivos carece de sentido, pues a lo largo de los años el Estado le ha negado a los trabajadores del sector público la posibilidad de negociar condiciones económicas, por lo que han debido buscar otras vías.
Refiere que, por ejemplo, el hecho de que el hijo de un trabajador acceda a ocupar su puesto en el caso de que este quede discapacitado no puede usarse como referente para decir que se ha abusado de los pactos colectivos, pues estos solo han significado paliativos, mas no soluciones de fondo.
“El decreto no solamente es inconstitucional, sino que es una norma política dictada por el gobierno para hacer caja y continuar pagando la deuda externa. El Ejecutivo dice que se gasta demasiado en pactos colectivos, pero si hacemos un paralelo entre lo logrado por los trabajadores y lo que se paga de deuda externa, no hay punto de comparación, el desequilibrio presupuestal es 40 o 50 veces más”, advierte.
El único gremio sindical que tiene la posibilidad de negociar su pliego nacional es el de construcción civil, el cual todos los años arriba a un acuerdo con la Cámara Peruana de Construcción – CAPECO, para el logro de incrementos salariales.
Contraria es la postura de Escajadillo Castillo, quien sostiene que los gremios sindicales deben hacer una autocrítica, pues en algunas municipalidades casi la mitad de la planilla se va en pagos producto de los pactos colectivos. Sin embargo, apunta que de un caso particular no se puede hacer una generalización.
“El caso de la Municipalidad Provincial de Chiclayo es un factor negativo para nuestros intereses, sabemos que muchos alcaldes han cometido excesos al aprobar incrementos o beneficios que no correspondían. Lamentamos que algunos municipios se hayan acostumbrado a negociar sin tener en cuenta el equilibrio fiscal, en esos casos debería hacerse una evaluación, pero por ningún motivo pueden usarse estos ejemplos para afectar el derecho a la negociación colectiva”, indica.
Manifiesta que en el Poder Judicial ya hay un grupo de trabajadores que tiene procesos arbitrales ganados, los cuales podrían ser materia de revisión por parte del MEF, pese a que la jurisdicción arbitral tiene el respaldo de la Constitución, por lo que si un árbitro decide la viabilidad de un incremento salarial, este fallo adquiere la calidad de cosa juzgada.
“Que el gobierno diga que va a revisar los pactos colectivos o laudos arbitrales me parece un exceso, porque así ya no habría seguridad jurídica. Hay gremios que han obtenido beneficios por esa vía y si el gobierno no interpuso ninguna acción legal en su momento, ahora solo debe respetarlos”, advierte.
En la Corte Superior de Justicia de Lambayeque laboran un promedio de mil 300 trabajadores, de los cuales 700 son nombrados, 500 están sujetos al régimen de Contrato Administrativo de Servicio – CAS, y el resto se encuentra contratado a plazo fijo temporal.
MEDIDAS
En cuanto a las medidas a adoptar, Reaño Tapia afirma que la CGTP plantea la derogatoria del decreto mediante el Congreso, para lo cual ejercerán presión social y a la par que dialogarán con las distintas bancadas. Por lo pronto, asegura que a nivel nacional ya tienen un acuerdo con la del Frente Amplio.
“Tenemos conocimiento de que la Comisión Permanente del Congreso también emitirá en estos días un informe técnico desfavorable sobre el decreto de urgencia, el cual será entregado al nuevo Parlamento. Las bases sindicales de Lambayeque hemos acordado que el 19 de marzo nuestra lucha se reflejará en un paro. La norma debe derogarse, porque por donde se le vea no hay un solo artículo que favorezca a la negociación colectiva”, asevera.
En tanto, Escajadillo Castillo señala que si bien su gremio apunta a la derogatoria, también presentará la acción de inconstitucionalidad, para lo cual buscan el apoyo de los distintos Colegios de Abogados del país, de modo tal que adquiera legitimidad su pedido.
“Creemos que la gestión de Martín Vizcarra es la continuidad de los demás gobiernos. Si bien es cierto mantiene una lucha firme contra la corrupción, en el plano laboral deja mucho que desear. No solamente ha emitido el Decreto 014-2020, también está el 016 que prohíbe los nombramientos en el sector público, salvo concurso, y el 020 sobre arbitrajes en el Estado. Ahora sabemos que habrá una modificación del Decreto Legislativo Nº 728, el cual si bien es un régimen privado, alberga a algunos sectores del Estado. Esto podría significar la afectación de derechos en materia de ceses colectivos y laborales por rendimiento deficiente. Nos preocupa porque ya vemos que el gobierno legisla a su antojo y podría haber muchos despidos de trabajadores sin que se respete el debido proceso”, sentencia.
Pese a las carencias que tiene Chiclayo, la gestión edil al mando de Marcos Gasco Arrobas no ha podido ejecutar ni la mitad de su presupuesto para inversiones. Según la Resolución Directoral Nº 010-2020-EF/50.01, mediante la cual se aprueban los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones – REI, establecidas al 31 de diciembre del año pasado, la administración municipal solo gastó el 31 % de su Presupuesto Institucional Modificado – PIM, de inversiones.
En el informe elaborado por la Dirección General de Presupuesto Público se observa que a la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH, se le asignaron 32 millones 805 mil soles de PIM devengado de inversiones, de los cuales la gestión edil ejecutó al 31 de diciembre pasado nueve millones 934 mil 894 soles, con lo cual quedó lejos de cumplir la meta del 70 % que establece el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, para otorgar el incentivo del Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones.
NO CUMPLIERON
Similar situación es la de 31 de municipios que tampoco alcanzaron la meta. De los 38 distritos de Lambayeque, Chiclayo se ubica en el puesto 31 con el 31 % de ejecución, solo por encima de Lambayeque (28.9 %), Tumán (28.4 %), La Victoria (27.3 %), Pítipo (22.9 %), San José (14.5 %), Pátapo (7.9 %) y Puerto Eten. Este último llama la atención porque su gestión al mando de Ewerd Díaz Periche consigna el 0 % de gasto.
Junto a estos ocho municipios tampoco alcanzaron la meta Jayanca (34.2 %), Motupe (38.8 %), Salas (39.7 %), Mórrope (40.9 %), Olmos (41.6 %), Túcume (45.1 %), Ferreñafe (45.4 %), Incahuasi (58.1 %), Reque (59.6 %), Mochumí (61.3 %), Íllimo (64.8 %), Pomalca (66.4 %) y Zaña (69.6 %).
Sí cumplieron
En contraste, los municipios que sí alcanzaron la meta son: Nueva Arica (71.1 %), Pimentel (73.2 %), Mesones Muro (77.4 %), Pacora (78.5 %), Monsefú (80 %), Oyotún (80.2 %), Pueblo Nuevo (82.7 %), José Leonardo Ortiz (82.8 %), Chongoyape (85.1 %), Cañaris (85.2 %), Santa Rosa (85.6 %), Lagunas (85.7 %) y Cayaltí (87.5 %).
A estos se suman cuatro distritos que han ejecutado más del 90 % de su presupuesto de inversiones: Chóchope, que de los 367 mil 593 soles recibidos ejecutó 350 mil 485, lo cual representa el 95.3 %; Picsi, que gastó cinco millones 453 mil 120 de los cinco millones 716 mil 793, es decir el 95.4 %; Ciudad Eten con 14 millones 823 mil 495 de los 15 millones 162 mil 672 devengados y Pucalá, que ejecutó su presupuesto por encima del 100 % con 202 mil 77 de 197 mil 151.
En tanto, otros municipios provinciales vecinos tampoco llegaron a la meta de ejecución. Es el caso de Cajamarca, que gastó seis millones 95 mil 843 soles de 17 millones 607 mil 580 soles, es decir el 34.6 %; Trujillo, que de 77 millones 295 mil 872 ejecutó 21 millones 580 mil 630, lo cual representa el 27.9 %; y Piura con el 65.2 %, fruto de los 38 millones 251 mil 530 gastados de 58 millones 665 mil 813.
GOBIERNOS REGIONALES
De los 26 gobiernos regionales, incluyendo Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao, 20 cumplieron la meta del 70 %, entre los que se encuentra Lambayeque en el noveno lugar con el 87 % de ejecución del presupuesto de inversión, virtud de los 275 millones 825 mil 920 soles gastados de 317 millones.
El primer lugar de ejecución de inversión lo ocupa Apurímac con el 110.1 % de gasto, que corresponde a 260 millones 960 mil 41 soles de 237 millones; seguido de Cusco, con el 103.2 %, fruto de los 400 millones 234 mil 274 de 388 millones; Huánuco que ejecutó 276 millones 982 mil 152 de los 277 millones devengados, lo que representa el 100 %; y Madre de Dios, que ocupa la quinta casilla con el 96.4 %, tras gastar 164 millones 906 mil 874 de 171 millones.
Asimismo, La Libertad también superó la meta al ejecutar el 79.8 % de su presupuesto devengado para el 2019, que ascendió a 169 millones, mientras que Piura ni Cajamarca superaron el 70 %, toda vez que solo ejecutaron el 36 % y 64.1 % de mil 243 millones y 245 millones, respectivamente.
Tampoco superaron la meta Áncash (67.3 %), Ayacucho (66.9 %), Junín (68.8 %) y el Callao (67.7 %).
INCENTIVOS PRESUPUESTARIOS
La política del gobierno de otorgar incentivos presupuestarios obedece al Decreto de Urgencia Nº 011-2019, del 13 de noviembre pasado, mediante el cual se establecieron medidas extraordinarias para contribuir a la ejecución de inversiones, a través del gasto público, todo ello en el marco de la estrategia de gestión pública de Presupuesto por Resultados.
Mediante esta norma se aprobó que para el año fiscal 2020 pudieran hacerse modificaciones presupuestarias por hasta 200 millones de soles, “a fin de financiar la implementación de un incentivo presupuestario orientado a promover el incremento de la capacidad de ejecución de inversiones de los gobiernos regionales y locales”.
Según la Resolución Directoral Nº 010-2020-EF/50.01, a los gobiernos regionales que igualen o superen el 70 % de ejecución les corresponde el 32.8 % de los 200 millones soles, es decir, 65 millones 600 mil; en tanto el 62.8 % restante se asigna a los gobiernos locales, lo cual representa 134 millones 400 mil.
Además, la distribución de recursos en el caso de los gobiernos locales obedecerá a la clasificación de las municipalidades que establece el Programa de Incentivos a la Mejora de la Gestión Municipal. Bajo esa metodología se tienen las de Tipo A que son de jurisdicción provincial y pertenecen a ciudades principales (aquí está la MPCH) y las de Tipo B que son de ciudades no principales. En la primera se ubican 74 municipios, mientras que en la segunda 122.
En tanto, dentro de las municipalidades de jurisdicción distrital se encuentran las de Tipo C (42) que corresponden a Lima Metropolitana, las de Tipo D (129) en las que están las pertenecientes a otras ciudades principales, las de Tipo E (378) donde se ubican los municipios con más del 70 % de población urbana, las de Tipo F (509) con población urbana entre el 35 % y 70 % y las de Tipo G (620) con menos del 35 %.
Según la guía para el cumplimiento de la meta de ejecución presupuestal de inversiones aprobada por el MEF, al 30 de abril pasado los municipios del tipo A hasta el D debieron ejecutar el 20 %, mientras que los del E a la G el 25 %; para el 28 de junio los primeros debieron gastar el 35 %, en tanto los segundos el 45 %.
Asimismo, al 30 de septiembre el gasto de los primeros cuatro tipos de municipios debió alcanzar el 45 %, mientras que los tres restantes el 50 % y para el 31 de diciembre la ejecución debió estar en 75 % y 80 %, respectivamente.
METAS
Además de la meta de ejecución presupuestal de inversiones a cargo del MEF, para el 2019 también aplicaron otras metas tales como la del ‘Fortalecimiento de la Administración y Gestión del Presupuesto Predial’, a cargo del también del MEF, y la de ‘Implementación de un Sistema Integrado de Manejo de Residuos Sólidos Municipales’, promovido por el Ministerio del Ambiente – MINAM.
Le siguen la meta de ‘Acciones para Promover la Adecuada Alimentación y la Prevención y Reducción de la Anemia’, cuyo responsable es el Ministerio de Salud; ‘Acciones para Promover la Mejora en la Provisión del Servicio y Calidad del Agua’, del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento; y ‘Mejora de la Gestión de Unidad Territorial’, también de la misma cartera.
De las seis metas, la Municipalidad Provincial de Chiclayo pudo participar en todas, salvo en la relacionada a la provisión del recurso hídrico, puesto que solo aplicó para los ayuntamientos de tipo B, F y G.
Pese a que la Superintendencia de Banca y Seguros – SBS, ha señalado de manera reiterada que la Cooperativa FINANCOOP no está autorizada para la emisión de cartas fianza, diversas entidades siguen admitiendo los documentos sin valor que presentan constructoras y consorcios, logrando de ese modo millonarios contratos para la ejecución de obras públicas.
En la Edición 1150, Expresión reveló que en la Municipalidad Distrital de Incahuasi se aceptó la presentación de dos cartas emitidas por la Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop, las cuales fueron presentadas por los consorcios San Benito y Marcet, ambos conformados por: Empresa de Servicios & Logística Transnacionales S.A.C. y Grupo de Empresas Constructoras Industriales y Afines S.R.L.
El primer consorcio se hizo de la contratación para el proyecto “Recuperación del local escolar 10249 San Lorenzo de Machaycaj en el distrito de Incahuasi”, valorizado en más de un millón y medio de soles, mientras que Marcet se adjudicó la obra “Recuperación del local escolar 10791, del Centro Poblado La Tranca-Distrito de Incahuasi”, de más de cuatro millones de soles.
Para la suscripción de los contratos, los consorcios presentaron a la comuna de Incahuasi las cartas fianza N° 000244-2019, para el primer contrato, por un monto equivalente a 148 mil 150.59 soles; y N° 000230-2019/CACF, por 384 mil 554.09 soles, correspondiente a la segunda obra.
El municipio dio validez a las fianzas presentadas pese a que la Superintendencia de Banca y Seguros ha señalado que la referida entidad crediticia no está autorizada a emitir garantías, no encontrándose incluso en el listado de empresas que tiene facultad para emitir este tipo de documentos financieros.
Así se desprende del Oficio N° 01499 -2020 – SBS, emitido el 13 de enero pasado por el ente de supervisión y control financiero a la comuna de Incahuasi, en el que se señala textualmente que: “La Cooperativa de Ahorro y Crédito Financoop no se encuentra en el listado de empresas autorizadas para emitir garantías en el marco de lo dispuesto por el TUO de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento”.
Sin embargo, el burgomaestre del distrito, Wilfredo Hidalgo Manayay Manayay, a la fecha no se ha pronunciado respecto a la continuidad de los contratos suscritos tanto el 12 y el 17 de diciembre de año pasado, inacción que no solo estaría poniendo en riesgo el dinero asignado para la ejecución de los trabajos de mejoramiento de los centros escolares, sino también la buena ejecución de los mismos, en cuanto estos no cuentan con las garantías necesaria que establece la Ley de Contrataciones del Estado.
CASO ANDABAMBA
De acuerdo a las indagaciones realizadas por este medio periodístico y las publicaciones obrantes en el portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado - SEACE, se evidencia que la cuestionada cooperativa continua emitiendo cartas fianzas irregulares, como por ejemplo la presentada en la Municipalidad Distrital de Andabamba, donde al Consorcio La Punta, a quien le fue adjudicada la buena pro para la ejecución de la obra “Mejoramiento de la I.E. – Secundaria José del Carmen Cabrejos”, se le ha aceptado la Carta Fianza N° 287-12-2019, emitida por FINANCOOP el 20 de diciembre del 2019.
La obra supera los cuatro millones de soles de presupuesto.
La ilegalidad de la fianza no habría sido corroborada por la gestión del alcalde Saturnino Vásquez Ramos, quien el 26 de diciembre formalizó el contrato de obra con el consorcio adjudicatario, el mismo que no sería válido en el extremo de la calidad del aval otorgado.
OBRAS DEL PSI
En tanto la Contraloría General de la República, con el Informe N° 009-2020-OCI/4812-SOO, ha confirmado que el Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, adscrito al Ministerio de Agricultura y Riego, admitió dos fianzas de FINANCOOP en la obra: “Rehabilitación del reservorio La Viña y estructuras complementarias en el valle La Leche, distrito de Jayanca”.
“La entidad no ha cautelado en verificar si la Cooperativa FINANCOOP, emisora de las cartas fianza presentadas por el Consorcio Pegaso, se encuentra en la lista de empresas autorizadas para emitir la carta fianza de fiel cumplimiento y de adelanto directo ante un eventual incumplimiento contractual y de amortización o pago de dicho adelanto, respectivamente”, señala el informe.
La contratación de la referida obra se lanzó el 31 de mayo del año pasado con recursos de la Reconstrucción con Cambios, adjudicándose el 14 de junio al Consorcio Pegaso, con el que el PSI suscribió el Contrato N° 145-2019-MINAGRI-PSI, el 1 de julio pasado, ascendente a seis millones 528 mil 119.41 soles.
El consorcio está integrado por Kampau Contratistas Generales, ER Construcciones EIRL y C&C JKP SAC.
Con la fianza presentada, el consorcio recibió el 24 de julio el adelanto directo por 652 mil 811.94 soles.
Para esta obra, a favor del Consorcio Pegaso, FINANCOOP emitió las cartas N° 000328-2019/CACF y 000327-2019/CACF.
“En las Bases Integradas del procedimiento de contratación se estableció como requisito de las garantías que las mismas deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la SBS, y deben estar autorizadas para emitir garantías, precisando el link de acceso a la lista de empresas que se encuentran autorizadas por la SBS”, indica el informe de control.
Lo mismo ha sucedido en la contratación para la elaboración del expediente técnico y ejecución de la obra: “Rehabilitación del canal de Huallabamba en el valle de Motupe”.
La obra, cuya convocatoria de contratación fue lanzada el 31 de mayo pasado, fue adjudicada también al Consorcio Pegaso (el mismo de la obra del reservorio La Viña), por un valor de cuatro millones 780 mil 422.91 soles.
Contraloría, con el Informe N° 007-2020-OCI-4812-SOO, señala que para recibir los adelantos la empresa presentó también fianzas emitidas por FINANCOOP, ascendentes a 478 mil 42.29 soles, tanto para el fiel cumplimiento como para el adelanto directo.
Ambos informes de orientación de oficio han sido remitidos al director ejecutivo del PSI, Agripino Jiménez García, a fin que se tomen las medidas correctivas.
OPINIÓN
Expresiónrecabó la opinión del consultor en contrataciones del Estado, Jorge Chávez Pita, quien manifestó que efectivamente las cuestionadas garantías son invalidas, en razón de que la entidad emisora no está autorizada por la SBS para emitir este tipo de avales, por lo que bajo esta condición y en aplicación del Artículo 44° de la Ley de Contrataciones del Estado los contratos deberían ser anulados por los titulares de las entidades.
“Esto por cuanto las garantías otorgadas no cumplen con los requisitos establecidos en las bases de todos los procedimientos de selección y la normatividad vigente al respecto”, señala.
Los antecedentes de FINANCOOP en la emisión de fianzas no son precisamente los más positivos. Existen procesos judiciales en Amazonas, Lambayeque, Huancavelica y Junín debido a que contratistas presentaron fianzas expedidas por la cooperativa que en algún momento tuvo al hermano del excongresista Javier Velásquez Quesquén, Cesar Velásquez Quesquén, como presidente.
Así se tiene que, solo para obras de saneamiento que fueron ejecutadas en el distrito de Olmos, Financoop emitió 21 cartas fianzas fraudulentas por 57 millones de soles, permitiendo que diversos consorcios contraten con el ayuntamiento del distrito de la tierra del limón, cuando el alcalde era el hoy encarcelado Willy Serrato Puse.
A la presunta actuación dolosa del exalcalde y hoy encarcelado David Cornejo Chinguel se aúna una actitud omisiva al no haber cumplido con la obligación de realizar los aportes que recauda la Superintendencia de Administración Tributaria – SUNAT, destinados al sistema pensionario a cargo de la Oficina Nacional Previsional - ONP, Essalud y el Tesoro Público.
Dichos incumplimientos, según la información contenida en portal de la SUNAT, se encuentran sometidos a procesos de cobranza coactiva y remitidos a las centrales de riesgo.
DEUDA A LA ONP
A partir de mayo del 2016, el reporte de morosidad de la SUNAT registra que la Municipalidad Provincial de Chiclayo dejó de abonar los aportes al sistema de pensiones por un monto superior a los 20 mil soles, para luego continuar con su conducta omisiva incrementando los importes mensuales no pagados por este sistema en los meses subsiguientes, los cuales en la mayoría de ellos superaron los 500 mil soles, haciendo un total de deuda, solo por ese año, de dos millones 800 mil soles.
Siguiendo la conducta del no pago, la gestión edil de ese entonces endeudó a la MPCH por ese mismo concepto en los doce meses del 2017, acumulando un monto sustancialmente superior al del año anterior, ascendiente a cuatro millones 900 mil soles.
En el ultimo año de la administración edil de Cornejo Chinguel, la comuna provincial dejó de aportar a la ONP dos millones 800 mil soles.
La deuda generada con la ONP, y se encuentra en situación coactiva, suma más de 10 millones 400 mil soles entre el 2016 y el 2018.
DETALLE DE DEUDA A ESSALUD
En las mismas condiciones y con el mismo comportamiento, gestión del exalcalde del ayuntamiento chiclayano, fue dejando de cumplir con su obligación de depositar los aportes a EsSalud en favor de los trabajadores municipales.
En el detalle se tiene que a partir de junio del 2016 empezó a caer en morosidad al no pagar al sistema de salud la ínfima suma de cinco mil soles, continuando por el resto de los meses de ese año con no aportar un promedio mensual que supera los 380 mil, haciendo un total de deuda a EsSalud, tan solo en ese año, de más de dos millones 400 mil soles.
Durante todos los meses del 2017 se dejó de aportar a la SUNAT por el mismo concepto un promedio mensual similar al año anterior (380 mil soles), lo cual generó un endeudamiento durante ese ejercicio fiscal de más de dos millones 700 mil soles.
Además, la cuestionada gestión de Cornejo Chinguel logró endeudar a la MPCH en el año 2018 por pagos no efectuados a EsSalud por un importe que fue incrementado - comparativamente con los dos años anteriores -, alcanzando solo por ese período la exorbitante suma de endeudamiento de más de tres millones 600 mil soles, haciendo un total de pago pendiente en los tres años (2016, 2017 y 2018) de ocho millones 800 mil soles, según el reporte publicado en el portal de la SUNAT.
CON EL TESORO PÚBLICO
De acuerdo a la información obrante en el portal del ente recaudador, se evidencia que a partir del primer mes de la gestión de Cornejo Chinguel (enero 2015), se dejó de pagar la obligación tributaria asignada al Tesoro Público por un importe superior a los 500 mil soles, continuando a partir de junio de 2016 con el no pago de esta obligación hasta diciembre de ese año por un importe que supera los 373 mil soles.
Entre el 2017 y 2018, la administración edil omitió la cancelación de las obligaciones dinerarias al Tesoro Público en la totalidad de los meses por cada ejercicio fiscal, ascendiente a la suma de un millón 400 mil soles, lo que hace un total de la deuda con el erario nacional de aproximadamente un millón 900 mil soles, importe que adicionado a las ya existentes por obligaciones dejadas de pagar a Essalud y la ONP, dan como resultado un endeudamiento global que supera los 22 millones de soles.
Aun cuando las deudas se encuentran en condición coactiva, hasta el momento no ha sido posible su recuperación por parte del ente recaudador.
DEL GOBIERNO DE BARTRA
Miguel Ángel Bartra fue alcalde de Chiclayo en dos períodos (1996-1998 / 1999-2002). En su primer mandato, el municipio contrajo una deuda con el Tesoro Público ascendente a 227 mil 105 soles, que corresponden al período diciembre de 1998, la que en enero del 2004 pasó a cobranza coactiva.
En diciembre del 2000, la gestión de Bartra Grosso endeudó nuevamente al municipio con el Tesoro Público por 71 mil 933 soles, iniciándose el proceso coactivo en febrero del 2004. En adelante, todas las deudas contraídas por su gestión fueron con el Tesoro Público. Estas corresponden a los períodos abril-2001 (22 mil 448 soles) y agosto-2001 (20 mil 272 soles).
Vacado como alcalde, Bartra Grosso fue reemplazo por Fernando Noblecilla Merino, en cuya gestión se originaron las deudas al Tesoro Público correspondientes a octubre-2002 (202 mil 772 soles); noviembre-2002 (185 mil 109 soles) y diciembre-2002 (232 mil 241 soles).
EL TERCER MANDATO DE CASTILLO
Inmediatamente iniciado el tercer mandato de Arturo Castillo Chirinos como alcalde se originó una deuda de 193 mil 276 soles al Tesoro Público (enero-2003), situación que se repetiría hasta diciembre de ese año con montos ascendentes a 213 mil 959 soles (febrero), 196 mil 666 (marzo), 186 mil 49 (abril), 206 mil 762 (mayo), 229 mil 467 (junio), 221 mil 393 (julio), 182 mil 59 (agosto), 147 mil 170 (septiembre), 176 mil 350 (octubre), 118 mil 311 (noviembre) y 100 mil 142 (diciembre). Dichas deudas ingresaron a cobranza coactiva ese mismo año.
En el 2004, la comuna volvió a acumular deudas con el Tesoro Público. En enero se generó un endeudamiento de 178 mil 398 soles, en febrero de 113 mil 480 soles, en marzo de 113 mil 717 soles, en abril de 116 mil 914 soles, en mayo de 124 mil 721 soles, en junio de 131 mil 552 soles, en julio de 136 mil 822 soles, en agosto de 128 mil 23 soles, en septiembre de 130 mil 13 soles, en octubre de 123 mil 44 soles, en noviembre de 122 mil 543 soles y en diciembre de 32 mil 794 soles. Ese mismo año se inició el proceso coactivo.
LA GESTIÓN BARRUETO
Tras la salida de Castillo Chirinos del sillón municipal asumió el gobierno José Barrueto Sánchez, cuya administración también generó deudas con el Tesoro Público, pero por montos inferiores a los de su predecesor, aunque también se mantienen en situación coactiva.
En enero del 2005 la deuda fue de 32 mil 580 soles, en febrero de 29 mil 596 soles, en marzo de 29 mil 783 soles, en abril de 19 mil 340 soles, en mayo de 28 mil 616 soles y en junio de 26 mil 278. El endeudamiento se reiniciaría en octubre con el monto mínimo de mil 997 soles, seguidos de los 18 mil 791 soles acumulados en noviembre y de dos mil 542 soles correspondientes a diciembre. Por estas cantidades, SUNAT también inició cobranzas coactivas contra el municipio de Chiclayo.
En agosto del 2006 la deuda municipal con el Tesoro Público fue de 48 mil 724 soles y al mes siguiente de 33 mil 352 soles, esto durante el período transitorio de Guillermo Baca Aguinaga.
DEUDAS DE ROBERTO TORRES
Del primer mandato de Roberto Torres Gonzales ha quedado sin pagar 318 soles al Tesoro Público, correspondiente al período julio-2007 y al año siguiente, en noviembre, se generó una deuda de 35 mil 637 soles.
Desde ese momento, la comuna no volvería a endeudarse sino hasta agosto del 2013, cuando se acumuló 78 mil 780 soles. En septiembre se generó una deuda de 85 mil 595 soles, en febrero del 2014 la deuda fue de 83 mil 406 soles, en mayo 79 mil 69 soles, en junio 70 mil 673, en junio 81 mil 56, en agosto 76 mil 382 soles y en septiembre 61 mil 776 soles.
Iniciado el gobierno de Elizabeth Montenegro Dávila, se generó en octubre del 2014 una deuda al Tesoro Público de 54 mil 118 soles, en noviembre de 59 mil 999 soles y en diciembre de 62 mil 802 soles.
En suma, hasta antes que asumiera el cargo de alcalde David Cornejo Chinguel, la Municipalidad Provincial de Chiclayo arrastraba un endeudamiento tributario de seis millones 400 mil soles, tan solo por montos impositivos al Tesoro Público, el cual fue incrementado en un 400 % durante su gestión.
De acuerdo a la información registrada en el portal de la SUNAT, la deuda pendiente por cobrar bajo el procedimiento coactivo supera los 28 millones de soles.
El exregidor de Chiclayo Guillermo Pérez Sialer analiza el primer año de la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, remarcando la carencia de cuadros técnicos que esta expone. Asimismo, reflexiona sobre la crisis que atraviesa el Partido Aprista Peruano, del cual es militante.
¿Cuál es su análisis de la gestión del alcalde Marcos Gasco en la comuna de Chiclayo?
Ya cumplió un año en el que no se ha dejado notar la productividad en las diferentes áreas, sobre todo en lo que concierne al transporte, la limpieza pública y el ordenamiento de trabajadores y funcionarios en la municipalidad. Todo eso impide esperanzarnos en el breve tiempo a un mejor manejo.
La falta de experiencia, el cuestionamiento y enjuiciamiento a la gestión anterior, han distraído mucho a la gestión del alcalde Gasco. Se ha concentrado en esos temas, cuando en un estado de derecho como el que vivimos eso corresponde a las autoridades de control, llámese a la fiscalía, el Poder Judicial y la Contraloría. Las autoridades que elegimos deben solucionar los problemas que nos agobian, no distraerse. De tal manera que dados los resultados sí hay razón para preocuparse.
¿Cree que la soberbia es una de las principales características de esta gestión municipal? Los dos alcaldes anteriores se caracterizaron precisamente por eso, por cerrar las puertas, no escuchar a la sociedad civil, a los gremios o a los colegios profesionales…
La soberbia es una traba para el entendimiento que debería haber entre todos los ciudadanos y especialmente con la sociedad organizada de Chiclayo. La soberbia no es buena consejera, pero es parte del protagonismo que deslizan aquellos que son elegidos y creen que encarnan en una situación de poder absoluto y eso es falso. Cuando se nos encarga un cargo es precisamente eso: es una carga que debemos administrar y se sintetiza en el servicio que postulamos dar. No es para siempre, es pasajero y no es para perennizarnos en el cargo.
Lo que deberíamos hacer es interpretar que las elecciones en las que se nos encarga el cargo constituyen ocasiones. No digo oportunidades, sino ocasiones importantes para lograr la transcendencia.
Hemos visto personajes que han sido autoridades nuestras y que hoy al hacer mención de su memoria son bien tratados. Cómo no tener en cuenta, por ejemplo, a personajes de la talla de Glicerio García Campos, Guillermo Baca Aguinaga, Alfredo Montenegro de la Oliva y tantos otros personajes, alcaldes o presidentes. Cómo no traer a la memoria a Silva Santisteban, a Aurelio Matute Proaño o a Benigno León Escurra, que fue director de Vivienda. Son personajes que se entregaron al servicio y que cuando hacemos memoria de ellos es grato manifestar nuestra adhesión.
Pero es ingrato para aquellos que son soberbios, que se confunden y que no saben que el cargo es simplemente transitorio y que es una carga que demos administrar bien.
¿Dice mucho que la municipalidad de Chiclayo haya ejecutado solo el 31 % del presupuesto de inversiones en el 2019?
Sí, en torno a Chiclayo solo hay un 31 % del presupuesto ejecutado, lo que significa pobreza en las personas que manejan la ejecución presupuestal.
¿No hay capacidad para administrar la cosa pública?
No hay capacidad de gasto, no hay capacidad de manejo de personal, no hay una buena estrategia a nivel de funcionarios y no hay un buen entendimiento con la población que tanto espera.
Hay un vicio que he notado a través de los años y a estas alturas de mi vida puedo decirlo: no hay continuidad en la ejecución de la gestión pública, queremos ser protagonistas de lo novedoso. No, señor, lo que se deja a medias, lo que no se concluye, hay que continuarlo, porque es dinero del pueblo. Por ejemplo, aquí tenemos una obra que está frente a un hotel importante de Chiclayo, que está al inicio del paseo que lleva al Colegio Nacional de San José, y que no se culmina aún.
Ya pasaron tres gestiones y ahí está como un elefante blanco y es dinero importante de la comunidad. Si se concluyera se tendría un paseo importantísimo no solo para el ornato, sino también para el turismo.
¿En qué cree que se ha concentrado la gestión del alcalde Marcos Gasco?
Ha sido un escoger permanente de funcionarios y se ha perdido mucho tiempo en eso. Se ha perdido continuidad en la gestión y en la acción, porque cuando se saca a un gerente o un funcionario importante viene el otro y debe aprender desde cero.
¿Entonces eso revela que nunca tuvo un equipo técnico?
Eso no es novedad. La mayoría de los que han sido alcaldes no ha tenido equipo de funcionarios, ni planes de gobiernos, ni proyectos para viabilizar inmediatamente. Siempre han pronunciado un discurso demagógico, lleno de mentiras, de falsedades y en el camino han ido parchado. Han hecho una gestión tipo sastre, con puros parches.
Eso es lo que se ha visto hasta hoy, que en la comuna de Chiclayo no hay plan de trabajo.
Como militante aprista, ¿cuál es su reflexión de los resultados obtenidos en las elecciones congresales del 26 de enero?
En el partido aprista vivimos una crisis institucional. Esto no solamente atañe a un partido tan antiguo como el nuestro, que a decir de muchos siempre ha sido el más organizado, sino que atañe también a los otros partidos, de tal manera, que es una crisis que se generaliza.
¿El partido aprista perdió sintonía con la ciudadanía?
Sí, por supuesto, sería necio negar eso, de tal manera que nos ha castigado el voto de la población por las circunstancias que hemos atravesado en los últimos tiempos.
Por ejemplo, yo era una de las voces que decía que no debíamos participar en las elecciones congresales de enero y algunos compañeros me decían que no podía haber una elección nacional sin la presencia del APRA. No entendieron que veníamos lesionados, de un congreso que no ha sido exitoso, que ha sido confrontacional y que no nos fortaleció institucionalmente. Entonces, con ese desaliento participamos en una competencia y nuestra performance ha sido de lo peor.
¿Quiénes son los responsables?
Bueno, pues hay muchos, inclusive los de cerca y los de lejos. De tal manera que han sido muchos y lo que se debe hacer es emendar esas circunstancias, porque estamos a puertas de las elecciones generales del 2021.
¿Es el partido aprista una organización capturada por una camarilla de dirigentes que se resiste a los cambios generacionales?
Yo diría que el APRA está secuestrado por unos compañeros que no han entendido el concepto de alternancia.
La alternancia es una de las leyes de la política y de la democracia, hay que dar paso a las generaciones que vienen y las otras que ya cumplieron el servicio tienen que dar un paso al costado.
Aquí hubo vicios de compañeros que han estado 15 o 23 años en el Congreso y junto con ello no han dejado la dirigencia para sostenerse en este largo período como congresistas, como funcionarios, en altos cargos. De tal manera que esto tiene que acabarse y ya se acabó. Esto es parte de un proceso, espero que sea breve para orientarnos con lo que la población quiere del partido del pueblo
¿La organización aprista ha tocado fondo?
Sí y que bueno que haya tocado fondo para impulsarnos nuevamente hacia situaciones o estratos o estadios que la población espera de su partido.
El APRA permanece en la memoria, en el corazón de los ciudadanos, pero está molesta la población por estos vicios que estamos señalando.
¿Qué debe hacer el partido aprista para recuperar la confianza perdida?
Nuevos cuadros… Hay compañeros que se ha notado que están muy bien preparados para asumir la dirección del partido. En este partido no solo por fanatismo, sino por convicción y fe, decimos que nunca muere y lo hemos demostrado a lo largos de estos 96 años. Somos el único partido en el Perú de larga vida, de grandes logros sociales y de grandes líderes que hasta ahora son admirados.
¿Cree que existe una enorme deuda el partido para con la población de Lambayeque, porque durante el segundo gobierno aprista se festinó con los recursos asignados para obras como las de saneamiento y los involucrados aún se niegan a responder a la justicia, como sucede con el exalcalde Manuel Valverde?
Es una etapa negra a nivel del partido. La mayoría están denunciados, están en la fiscalía. Digamos que es una época negra, nefasta, perdida. Eso hay que superarlo.
No olvidemos que en el segundo gobierno aprista se ejecutó muchas obras para Lambayeque y podríamos mencionarlas, pero el pueblo las conoce, eso es un parte de un partido que está muy interiorizado en los peruanos, pero los peruanos están muy molestos.
Rafael Aita Campodónico tiene 66 años. A lo largo de su vida ha sido conocido en el plano político por ocupar distintos cargos públicos: fue congresista, viceministro de Defensa y prefecto regional. Sin embargo, dos tercios de su existencia los ha dedicado a otra faceta también bastante conocida: la de dirigente deportivo.
“Nací con la pelota”, cuenta Rafael Aita, quien tuvo su primer acercamiento al deporte en 1959, cuando su padre Juan Aita Valle ganó el concurso para la plaza del Seguro Social Obrero. Por aquel entonces jugaba en las instalaciones de la Piscina Municipal y lo hacía con una pelota de trapo. “La dominaba muy bien, eso me ayudó bastante después para ser goleador”, recuerda.
PININOS EN EL FÚTBOL
Al año siguiente el padre de Aita Campodónico lo inscribiría en una academia de fútbol de Lambayeque para posteriormente jugar por el Club José Gamarra de dicha ciudad. Relata que en 1962 ganó el campeonato infantil vistiendo las sedas de dicha institución en un partido frente al Club San Luis, también de Lambayeque, que se realizó en la Caleta de San José. El único tanto del partido fue obra suya.
Ya estando en la secundaria Aita Campodónico jugó un año por el Colegio Juan Manuel Iturregui para terminar defendiendo los colores del Colegio Militar Elías Aguirre en quinto de secundaria. “Justo el año anterior le habíamos ganado la final al militar con gol mío. Carlos Concha, que era el técnico, se acordaba todo el día del tema”, rememora.
Al terminar la educación básica regular continuó jugando por clubes como Estudiantes y Municipal de Lambayeque y para 1971 disputó su primera Copa Perú. Posteriormente se mudaría a Lima para seguir sus estudios superiores, pero siempre jugando los distintos campeonatos universitarios. Su director técnico en la capital fue el recordado jugador de Alianza Lima Manuel Grimaldo.
BACKUS Y EL DEPORTE
De regreso en Lambayeque, Rafael Aita pasó a jugar por el Atlético Porvenir de Chiclayo y a trabajar en la cervecería Backus, en la cual le dieron el encargo de ser el vínculo con las diferentes instituciones sociales, culturales y deportivas del departamento. Allí inició su vida como dirigente.
“En aquella época establecimos relaciones con el Atlético Porvenir de Chiclayo, el Boca Juniors de Ferreñafe, el Baldomero Aspíllaga de Cayaltí, el Cruz de Chalpón de Motupe y varios otros clubes a quienes tratábamos de apoyar de alguna forma significativa, ya sea con camisetas o estando presentes en sus actividades”, relata.
Sin embargo, Aita Campodónico no dejó de jugar fútbol. Ingresó al Círculo Departamental de Empleados donde disputó 14 campeonatos, siendo goleador en 10 de ellos. “Tengo la copa que me entregaron por haber ganado el torneo tres años consecutivos, la cual voy a donar al Círculo para que sea exhibida y sirva de incentivo para que se continúe fomentando el deporte”, afirma.
CAÑAÑA
Uno de los hitos más importantes que consiguió Aita Campodónico como dirigente deportivo se dio cuando alcanzó la presidencia del Deportivo Cañaña, club fundado en honor a Miguel Monsalve, de quien recibe el nombre pues “era flaco como una caña, pero fuerte”.
Relata que los Monsalve Aita, quienes son sus primos hermanos, nombraron como primer presidente a Claudio Velarde, yerno de Miguel Monsalve, pero tras un irregular año, lo nombraron a él al mando de la institución. Era 1980.
Señala que al primer año inscribieron al club en la Tercera División, la misma que campeonaron, ganando el derecho a participar en Segunda, de la cual también salieron airosos. En la final de la Primera División perdieron por penales ante el Club Agropecuario de Jayanca.
“En 1983 recorrimos el mismo camino y nos tocó volver a definir contra el Agropecuario de Jayanca, pero esta vez ganamos nosotros por penales. Así llegamos a disputar nuestra primera Copa Perú, la cual por diferencia de goles debimos ganarla, pero hubo un arreglo y al final le dieron el título al Sport Pilsen de Guadalupe”, cuenta.
En dicho año llegaron a la final de la Copa Perú, además del Deportivo Cañaña y el Sport Pilsen, el Real Madrid de Camaná, el Cienciano del Cusco, Juventud La Joya de Chancay y el Barcelona de Surquillo. La tabla final tuvo a tres equipos en el primer lugar con siete unidades: Sport Pilsen, Barcelona y Deportivo Cañaña, teniendo este último una diferencia de uno y dos goles a favor, respectivamente, frente a sus rivales.
LA PRIMERA COPA
En 1986 el Deportivo Cañaña volvería a jugar el hexagonal final de la Copa Perú junto al Félix Donayre de Ica, Minas Tintaya de Cusco, Deportivo Chanchamayo de La Merced, el Deportivo Camaná y el 7 de Agosto de Moyobamba. Tras culminar de forma invicta el torneo, el equipo del ‘Gallo’ consiguió por primera vez la Copa Perú para Lambayeque.
“Todos se preguntaban si podríamos traer la copa porque íbamos a competir contra 20 mil clubes de todo el país, pero al final lo logramos. Nuestro arribo a Chiclayo fue espectacular, nos recibió una gran cantidad de personas, llenamos el Parque Principal y mientras íbamos en la carretera a Lambayeque nos seguía toda una caravana”, evoca.
Aita Campodónico recuerda que los clásicos frente al Juan Aurich en aquella época concitaban a gran cantidad de espectadores, abarrotando las graderías del Estadio Elías Aguirre. Apunta que se disputaron alrededor de 30 de estos duelos, de los cuales Cañaña ganó 28 y el resto fueron empates.
“En 1981 viajé a ver la final del Campeonato Carioca entre Flamengo y Vasco da Gama y recogí de esa experiencia la modalidad de dar tarjetas de afiliados. Cuando el Cañaña subió a primera división implantamos la tarjeta del club, la cual le otorgaba a los hinchas descuentos en farmacias, servicios médicos, transportes, entre otros, por 10 soles mensuales. Eso ayudó a congregar a más adeptos. Tiempo después el Juan Aurich hizo lo mismo, pero no cumplía con otorgarle a sus fanáticos los beneficios acordados”, explica.
Tras descender en 1991, la dirigencia del Cañaña al mando de Rafael Aita decidió fusionarse en 1993 con el Juan Aurich, tras una conversación con su presidente Juan José Salazar García en la que concluyeron que no era razonable que haya dos clubes lambayecanos eliminándose entre sí en la Copa Perú, privándole al departamento de la oportunidad de tener fútbol profesional.
“Recuerdo que dijimos que solo con un millón de personas puede haber un equipo profesional y Lambayeque en ese entonces no tenía todavía esa población, entonces decidimos fusionarlo y fue así como ese año volvimos a ganar la Copa Perú”, indica.
POLÍTICA Y DEPORTE
Ya como congresista Rafael Aita continuó abocado a los temas deportivos, toda vez que es uno de los autores de la Ley Nº 28036 – Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Posteriormente sería vicepresidente y presidente del Instituto Peruano del Deporte – IPD, entidad donde laboró durante siete años.
“En el IPD logramos mejorar la infraestructura deportiva de todo el país, remodelamos el Estadio Nacional, el Elías Aguirre, el Mansiche de Trujillo, el Miguel Grau de Piura, estuvimos en la organización de la Copa América 2004, del Mundial Sub 17 del 2005, etc.”, asegura.
VIDA INSTITUCIONAL
Como dirigente gremial, Aita Campodónico ha sido presidente del Jockey Club de Chiclayo y de la Asociación de Casino de Pimentel, instituciones en las que –refiere- se preocupó por el tema educativo, cultural y deportivo, no solo del fútbol, sino de otras disciplinas deportivas.
“Cuando fui dirigente del Jockey Club tuvimos equipo de voleibol de mayores, menores, infantil y preinfantil. En el básquet competían siete u ocho equipos. Los equipos del Casino y del Jockey eran los que nos representaban. Hoy todo eso se ha perdido. ¿No hay dirigentes deportivos acaso?”, cuestiona.
Resalta que otra disciplina por la que se preocupó fue la hípica, en la que Lambayeque logró ganarle a potencias nacionales como Lima y Arequipa.
“Creo que en general hemos retrocedido en materia deportiva, quizá tenemos mejor infraestructura, pero antes habían mejores deportistas. Estábamos a la vanguardia, hoy a la retaguardia. Había una escuela de dirigentes con conocimientos, capacidades, que sostenían reuniones permanentes para proyectar cosas a mediano y largo plazo, hoy vemos personas que de repente tienen algunos recursos, pero no conocimientos y apelan a formas que no son las mejores para conseguir resultados. Hace poco vimos cómo al Carlos Stein y al Atlético Grau le ganaron con penales inexistentes, se ve la mano del árbitro que le quita el equilibrio a un partido”, sentencia.
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