Junto a los adultos mayores, los niños forman parte del grupo poblacional que aún debe guardar cuarentena. Según el Decreto Supremo N° 156-2020, del 26 de septiembre, los menores de 12 años (hasta antes de esa fecha la edad límite era 14) solo pueden salir una vez al día por el espacio máximo de una hora y a 500 metros a la redonda de su domicilio. Para la psicóloga y docente de la Universidad San Martín de Porres – USMP Filial Norte, Esther Huanay Vargas, esta situación genera que aumenten los casos de niños con trastorno de estrés postraumático.
La especialista señaló que los indicadores de este trastorno son las pesadillas, la ansiedad, alteración del sueño, los temores infundados y, en el caso de haber perdido seres queridos, el ‘flashback’ de los momentos vividos con ellos.
RECOMENDACIONES
Huanay Vargas recomendó a los padres de familia no ocultarles a los niños la información sobre lo que está sucediendo en la pandemia, pero tampoco exponerlos demasiado a lo que transmiten los medios de comunicación, pues se genera una suerte de “toxicidad emocional”. Deben ser los progenitores la principal fuente de lo que ocurre en el país y el mundo.
“Es muy importante que los adultos aprendamos a ver a los niños como personas que pueden expresar sus emociones y que entienden lo que está sucediendo. Muchas veces creemos que ellos no están en la capacidad de comprender y les ocultamos información. Hay que hablar con ellos sobre lo que está sucediendo, explicarles. YouTube, por ejemplo, tiene cuentos muy bonitos para niños que explican la importancia de quedarse en casa durante este tiempo. Ayudémosles a expresar sus emociones y sentimientos, que manifiesten alegría, miedo, temor, etcétera”, apuntó.
Asimismo, indicó que también pueden propiciarse reuniones virtuales de los niños con sus compañeros de colegio, que no se limiten solo al ámbito académico, sino también al ocio. Del mismo modo, aconsejó a los padres a mantener una rutina con sus hijos, a fin de que no permanezcan más horas de las necesarias frente a la pantalla.
En ese sentido, aconsejó mesura en los padres cuando conversen sobre temas relacionados al hogar, pues los niños son como “esponjas” que absorben los estímulos dados por los adultos, lo cual les puede generar un cuadro de ansiedad.
“Los papás debemos tener bastante prudencia en no expresar nuestras dificultades económicas delante de los niños, porque podemos confundirlos y hacerles creer que ellos han generado las deudas por sus pensiones escolares, por ejemplo. Ellos tienen que vivir su edad. No pueden asumir los problemas de los adultos. Lo mejor sería que mamá y papá hablen en un ambiente apartado sobre estos temas”, resaltó.
COLEGIO
Por otro lado, Huanay Vargas advirtió que a esta altura del año algunos niños pueden reusarse a participar de las clases virtuales, pues el cambio a la educación virtual les genera fatiga visual, cansancio crónico y desgano, en virtud de lo cual es necesario el acompañamiento socioemocional de los psicólogos en las instituciones educativas.
“Si bien los niños han demostrados ser valientes y obedientes para seguir al pie de la letra las indicaciones del gobierno para cuidar su salud, también está expuestos a consecuencias en el plano emocional, sobre todo si hubo miembros en la familia que fallecieron durante la pandemia”, indicó.
Además, aseguró que la afectación emocional es mayor en los niños que fueron cambiados de colegio, pues la escuela a esa edad es el entorno donde cultivan sus amigos más cercanos. La imposibilidad de interactuar y la actitud que muestren los padres frente a esta situación que para los menores es grave influirán directamente en su conducta.
Nuevamente los manejos en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque - ICAL, por parte de José María Balcázar Zelada, quien ejerce el rol de decano, ponen en problemas a la institución.
La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, ha multado a la orden con 29 mil 369 soles por no cancelar la gratificación correspondiente a Fiestas Patrias a uno de sus trabajadores y dos multas más, por el mismo monto, estarían próximas a ser notificadas, sumando más de 88 mil soles.
Del mismo modo, el ente fiscalizador declaró ilegal y nula la suspensión perfecta aplicada a los trabajadores: Elizabeth Herrera Alvarado, Yumiko Benites Yinki, Marvin Tinoco Velásquez y Gianfranco Mejía Coronel, el 20 de abril pasado.
Esto debido a que la suspensión perfecta fue adoptada por el ICAL de forma unilateral, sin agotar los procedimientos previos de acuerdo con los trabajadores, como el adelanto de vacaciones, reducción de horas de trabajo o realización de labores remotas.
Sin embargo, la gestión de Balcázar Zelada ha aplicado nuevamente la suspensión perfecta hasta enero del próximo año.
“La SUNAFIL ha dijo que la suspensión perfecta que nos aplicaron en abril es ilegal, que no se siguió el procedimiento establecido por la norma y, por lo tanto, era inaplicable. Sin embargo, ahora nos vuelven a suspender hasta enero del próximo año, violentando nuestros derechos como trabajadores”, refiere Yumiko Benites.
VACACIONES NO RECONOCIDAS
En el caso de Mejía Coronel, el Colegio de Abogados se niega a reconocer el pago de vacaciones truncas, pues entre el 2016 y el 2020 solo ha gozado en dos oportunidades de dicho derecho, razón por la cual ha iniciado un proceso judicial, el cual se ventila en el Octavo Juzgado Laboral de Chiclayo.
Ante la Gerencia Regional de Trabajo ha participado como defensor del ICAL el abogado Manuel Huangal Naveda, en tanto en el Poder Judicial el abogado Odar Custodio Cornejo, quien a la vez es el gerente general designado por Balcázar Zelada en el colegio.
“Ambos abogados dicen que no tengo derecho a que se me paguen las vacaciones porque las he gozado, cuando está normado que si un trabajador no goza de las vacaciones que le corresponden en el año debe ser indemnizado. El proceso ya está para sentencia y lo que espero que se haga justicia, porque resulta un abuso lo que el colegio, con la gestión del señor Balcázar, quiere hacer”, Mejía Coronel.
DESNATURALIZACIÓN DE CONTRATO
Respecto a Tinoco Velásquez, este ha solicitado la intervención de SUNAFIL, pues habiendo sido contratado como asistente legal del Consejo de Ética Profesional, ha sido cambiado a las oficinas de la Avenida Elvira García sin tener función específica.
“En mi contrato se especifica cuál es la razón de mi contratación. Sin embargo, me han trasladado a la oficina de Elvira García para que esté sentado en un escritorio en el cual no hay ni computadora y recibo una comunicación del gerente del colegio indicándome que debo emitir un informe diario de la producción realizada. ¿Qué producción se puede realizar si no tengo funciones específicas?”, cuestiona el trabajador.
DEUDAS
Según explicaron los trabajadores a Expresión, el ICAL les adeuda en promedio seis mil soles a cada uno por el incumplimiento de sus remuneraciones, sin contar la gratificación de julio. Denunciaron, también, que desde el 1 de octubre ya no tienen activa la acreditación al seguro social.
Refieren que el ICAL argumenta no contar con recursos para el pago de las obligaciones laborales. Empero, solo en septiembre este habría recibido 50 mil soles por colegiaturas, dinero que es depositado en una cuenta personal a nombre de Balcázar Zelada.
“Dicen que no hay recursos para pagar las obligaciones laborales. A nosotros nos han enviado a la sede de Elvira García y han contratado a nuevas personas para la sede principal. ¿De dónde se les paga entonces? Esperamos que las autoridades laborales puedan tomar cartas en el asunto. El Colegio ya fue multado por SUNAFIL, se vienen otras sanciones más y eso se pagará con las aportaciones de todos los abogados. Es muy lamentable lo que sucede en el ICAL”, indica Elizabeth Herrera.
Aunque existe consenso en la comunidad odontológica sobre lo beneficioso que es mantener una correcta salud bucal para prevenir el Covid-19, las cifras no son alentadoras. El coordinador académico de la Facultad de Odontología de la Universidad San Martín de Porres - USMP Filial Norte, Alex Vidal Mosquera, señaló que el 98 % de la población global presenta algún tipo de caries dental, según la Organización Mundial de la Salud – OMS.
Vidal Mosquera manifestó que por lo general los pacientes en el Perú acuden a las consultas odontológicas cuando sienten dolor, a diferencia de la población en Norteamérica y Europa, que acude cada seis meses a hacerse un chequeo preventivo.
“Todas las enfermedades ingresan por la boca. Un buen odontólogo debe estar pendiente de ello, por eso es importante una consulta dos veces al año para hacer una evaluación y ver que todo marche de la mejor manera”, postuló.
Aseguró que la evidencia científica demuestra que una buena salud bucal previene el Covid-19, ya que una correcta higiene, el uso de hilo dental y el enjuague disminuye la carga viral y bacteriana de la cavidad oral que, dicho sea de paso, es la parte del cuerpo más contaminada.
“Es mucho más importante e incluso económico realizarse chequeos preventivos para que no haya complicaciones a futuro. Yo puedo lanzar el precio estándar de una profilaxis a 50 soles, pero si el paciente no se ha hecho controles de forma preventiva va a tener caries y el tratamiento puede costar cien soles. Y más adelante, si no se hace la curación, deberá hacerse una endodoncia que cuesta entre 500 y 600 soles”, resaltó.
PANDEMIA
Asimismo, manifestó que la profesión odontológica es una de las que tiene mayor riesgo de contagio del Covid-19, lo cual amerita medidas de bioseguridad más estrictas en la atención de los pacientes, pues las emergencias orales no se han detenido durante la pandemia.
“La tecnología nos ha ayudado mucho a ampliar nuestra gama de posibilidades. Después de una crisis vienen las oportunidades, así nació la telemedicina y dentro de poco surgirá también la teleodontología”, resaltó.
USMP FILIAL NORTE
Por otro lado, precisó que la Facultad de Odontología de la USMP Filial Norte, que actualmente acoge a 300 alumnos, tiene ya 15 años, tiempo durante el cual han pasado 28 promociones. Con la emergencia sanitaria, la casa de estudios superiores implementó aulas virtuales con todas las prestaciones posibles para asegurar la calidad en la enseñanza.
“Nuestras autoridades, el rector, el decano Carlos Cava Vergiu y el director universitario Carlos Mechán Carmona siempre se han preocupado por la excelencia académica que nos caracteriza. Para ser buenos profesionales debemos contar con la tecnología de punta para darle lo mejor a nuestros estudiantes y pacientes”, indicó.
Refirió que actualmente están desarrollando ponencias virtuales, a través de la plataforma de Facebook, con ponentes del extranjero, mientras que a la par preparan una jornada de conferencias para el 4 de diciembre por el ‘Día del Odontólogo’.
“Como universidad formamos profesionales de altísima calidad. Nuestros laboratorios son los mejores del norte. Tenemos una clínica universitaria con 40 unidades dentales, laboratorios de prótesis y muchos de los trabajos más complejos. SI no llegamos en algún punto a abastecernos, tenemos el soporte de Lima”, aseguró.
Subrayó que la fibra social es una de las características que presentan los egresados de la Facultad de Odontología de la USMP, en virtud de lo cual mantienen convenios con instituciones educativas como el Karl Weiss y el San José, cuyos alumnos reciben asistencia en técnicas de cepillado y correcta alimentación, de modo tal que se ayuda a disminuir el índice de caries dental en Lambayeque.
Además, enfatizó en los convenios que tiene la USMP Filial Norte con universidades del extranjero para la realización de pasantías, dentro de las cuales se encuentra la Universidad Internacional de Cataluña, en España; la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil; la Pontificia Universidad Javeriana, de Colombia; y otras de Francia, Japón, Chile, etcétera.
Tras la disolución de la alianza electoral conformada entre Alianza Para el Progreso – APP, y el Partido Popular Cristiano - PPC, el secretario regional de este último, Norbil Vega Orozco, anunció su inscripción como precandidato al Congreso por Lambayeque, en virtud de lo cual se mostró confiado en que su agrupación no solo pasará la valla electoral, sino que obtendrá una representación parlamentaria considerable.
“Necesitamos del 5 % para pasar la valla electoral, pero eso no nos preocupa porque tendremos representantes adecuados tanto en la plancha presidencial como en la congresal. Confío en que la ciudadanía sabrá diferenciar entre quiénes ejercen la política decente de aquellos que a último momento comienzan a subirse al carro mejor vestido, lo cual es una costumbre muy arraigada en nuestra sociedad”, precisó.
Afirmó que el PPC sostuvo conversaciones con diferentes agrupaciones políticas para conformar una alianza, pero ninguna estaba dispuesta a deponer la candidatura presidencial y, si bien no estuvo de acuerdo con la conformada con APP, entendía que era un esfuerzo por evitar la dispersión del voto entre los partidos de centro, por lo cual lamenta que no se haya cristalizado.
“Si no se evita la dispersión del voto pueden suceder dos cosas: que estos vayan dirigidos a los extremos, tanto de izquierda como Verónika Mendoza y Antauro Humala, y de derecha como el fujimorismo; o que sean aprovechados por algún partido populista como Podemos Perú. Queríamos evitar eso, pero los egos personales no permitieron acuerdos porque todos los partidos con los que conversamos (antes de APP) establecían como condición poner al candidato presidencial”, señaló.
ESCENARIO
Vega Orozco explicó que de las 24 organizaciones políticas aptas para participar del proceso electoral muy pocas merecen llamarse partidos, pues lograron su inscripción con la firma de adherentes que no conocen siquiera quienes son los dirigentes ni la doctrina de la agrupación.
“Uno debe tener convicciones doctrinarias y defenderlas. Eso de pasar de partido en partido está mal. La ciudadanía conoce quiénes son los que se hacen llamar políticos, pero no ejercen adecuadamente la política y solo buscan la oportunidad para cumplir su objetivo. Las personas deben respetar su ideología y ser consecuentes con ella, entrar a un partido y trabajar por fortalecerlo. De lo contrario, solo son figuras del momento que buscan dónde acomodarse”, indicó.
Manifestó que en la elección pasada Acción Popular obtuvo el 12 % de los votos válidos a nivel nacional, cifra que no se condice con la mayoría obtenida en el Congreso. A su juicio, esto genera la confrontación entre el Ejecutivo y Legislativo, situación que volvería a repetirse si nuevamente se disgregan los votos.
ESTABILIDAD
Por otro lado, manifestó que una de las principales tareas del próximo Congreso será darle estabilidad al país, pues otro período de turbulencia política ahondaría aún más la crisis económica, la cual el Perú ha podido resistir por el buen manejo macroeconómico de los últimos años.
“Hemos tenido reservas internacionales importantes, las más grandes de Latinoamérica. Eso nos ha permitido sostener la situación, pero el dinero se acaba y sobre todo cuando no hay producción al 100 % como ahora. Los partidos deben ser conscientes de eso y poner a sus mejores cuadros para tener un Congreso que represente el sentir de la población que ya no quiere gente populista, sino honesta”, afirmó.
En esa línea, aseguró que no está de acuerdo con la nueva moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra, ya que detrás de eso habría una intención oculta de extender el período congresal e impedir que el jefe de Estado continúe con el proceso electoral en curso.
“No defiendo al presidente, pero hay un camino que es la justicia. No le queda mucho tiempo, deben permitirle que gobierne con tranquilidad para llegar a julio del 2021 en una mejor situación que la de ahora. Detrás de esto hay una intención oculta de permanecer más tiempo en el Congreso. Esas razones mezquinas hacen que el país se tambalee”, cuestionó.
Este 9 de diciembre es la fecha límite para que se conozcan los resultados de las elecciones internas de los partidos que presentarán candidatos de cara las elecciones del próximo 11 de abril. Por lo pronto, en Alianza Para el Progreso – APP, se han inscrito 12 precandidatos al Congreso por Lambayeque, dentro de los cuales está el exparlamentario Rafael Aita Campodónico, quien aseguró que la agrupación liderada a nivel nacional por César Acuña Peralta tiene grandes chances de alcanzar dos escaños en el departamento.
Aita Campodónico explicó que los comicios internos en APP se desarrollarán bajo la modalidad de delegados, quienes serán elegidos el 31 de octubre. Ellos entre el 5 y 6 de diciembre expresarán el voto de las bases y escogerán a los seis candidatos que conformarán la lista final de candidatos, según los lineamientos de la paridad y alternancia. Los resultados finales se conocerán el 9 de diciembre.
“En el poco tiempo que tengo en el partido he sido testigo de la democracia interna, de la participación. A mí los Acuña nunca me han dado un sol para mi campaña cuando he sido candidato. Esta es una organización con experiencia, que tiene llegada a un sector importante de la población a la que ha ayudado en temas sociales. A Mary Acuña (secretaria regional de APP) la conozco desde hace mucho tiempo, la he visto trabajar en el campo. Es una persona dedicada y que merece una oportunidad para ser candidata. Con nuestro trabajo y la experiencia del partido creo que podemos tener dos representantes en el Congreso”, resaltó.
Aseguró que la clave para obtener esos dos escaños es conformar una lista de gente experimentada y que conozca la realidad multisectorial de Lambayeque, para lo cual destacó que APP cuenta con infraestructura, bases en los 38 distritos, nueve alcaldes distritales y dos provinciales.
“Hay 956 mil personas aptas para votar en Lambayeque, pero de ellas se descuenta el 30 % entre nulos, blancos y viciados. Así, quedan 600 mil electores que se distribuirán entre los más de 20 partidos. Eso daría un promedio de 30 mil votos para cada uno, pero habrá algunos que sacarán apenas tres o cuatro. Apuntamos a obtener los 120 mil que siempre hemos tenido. En las elecciones pasadas saqué 70 mil votos a la municipalidad de Chiclayo y Agustín Lozano 100 mil al gobierno regional. Si repetimos el balance podemos alcanzar las dos curules”, resaltó.
ALIANZA FRUSTRADA
Consultado sobre la disolución de la alianza electoral entre APP y el Partido Popular Cristiano - PPC, calificó de ”lamentable” este suceso, pues la organización de la que forma parte necesitaba de un buen candidato en Lima y apostaba por Carlos Neuhaus, militante del PPC, como miembro de la plancha presidencial, debido a su trayectoria empresarial.
“El PPC es un partido formal que todo lo discute en asamblea, es sumamente democrático. Sin embargo, debemos reconocer que la difusión de aquellos audios también afectó. Parece que un sector de la prensa, en vez de buscar más alianzas y menos candidatos, se dedicó a tratar de romper las pocas que había. Espero que esta gente (del PPC) muy preparada logre entrar al Congreso”, manifestó.
Apuntó que con 24 partidos inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas – ROP, y seis en proceso de inscripción, lo saludable hubiese sido contar con al menos siete alianzas, pues habrá más de cuatro mil 800 candidatos al Congreso a nivel nacional.
PERFIL DEL CANDIDATO
Aita Campodónico exhortó a la población, independientemente de su filiación política, a votar por candidatos que muestren compromiso por la ciudad, capacidad empresarial, social o jurídica, que tengan una familia bien constituida y que conozcan de la cuestión pública, pues en el parlamento se debaten temas como infraestructura, salud y presupuesto.
“Si no quieres a tu familia, cómo vas a querer asumir otra responsabilidad. El primer requisito es tener una familia formal… He sido el congresista que más proyectos de ley tiene aprobados: 186, los cuales no los compré en la esquina, sino que los expuse. En las últimas elecciones regionales saqué más votos en los distritos que los mismos alcaldes. Tengo la dicha de que en estos 25 años la gente reconoce que he hecho cosas importantes”, manifestó.
Tras el fallecimiento de Alberto Ortiz Prieto, nuevas irregularidades se han conocido de lo que ocurría al interior de la Universidad Particular de Chiclayo – UDCH. Según Danilo Escobar Gutiérrez, reconocido oficialmente como rector de casa de estudios superiores desde el 8 de octubre, mediante el Oficio N° 3677-2020-SUNEDU-021502, entre los pasivos que dejó la gestión anterior se encuentran dos multas: una por la no entrega de los formatos del cese de actividades y otra por encubrimiento de una denuncia por hostigamiento sexual.
Sobre el encubrimiento de la denuncia por hostigamiento sexual, señaló que la multa impuesta por la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU, asciende a 40 mil soles y el autor de este hecho habría sido el exdirector de Bienestar Universitario.
En cuanto a la multa por no entregar los formatos F1, F2 y F3 sobre el proceso de cese de actividades la universidad, refirió que la multa alcanza el millón 900 mil soles.
Además, añadió que también hay otras multas por parte de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL, del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, y de la SUNEDU. La de esta última entidad es por denuncias que hiciesen los alumnos sobre malos tratos por parte de los docentes.
"Confiaba en Alberto Ortiz Prieto. No me sentí capaz de reclamarle y hacerle cambiar su política de administración de la universidad, pero ahora estoy conociendo realmente cómo era y estoy arrepentido de no haberlo enfrentado", dijo a Expresión Danilo Escobar.
REESTRUCTURACIÓN
Asimismo, aseguró que la UDCH tiene mil 800 procesos judiciales pendientes, de los cuales mil 600 son por temas laborales, en virtud de lo cual se ha conformado una comisión que buscará conciliar con los trabajadores, a fin de solucionar los reclamos. Del mismo modo, aseguró que su gestión ya tendió puentes de diálogo con los representantes del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la UDCH, con quienes han llegado a la conclusión de que la prioridad ahora es solucionar los problemas que dejó el extinto rector.
“Ya no estamos trabajando con el equipo de Alberto Ortiz Prieto. Todos ellos actualmente están en observación, en un proceso administrativo. Venimos estudiando la posibilidad de que ya no laboren en la universidad”, apuntó.
Añadió que la familia de Alberto Ortiz Prieto intentó crear una asamblea universitaria paralela para que juramentase a un nuevo rector, pero no contó con el apoyo de los docentes. A algunos de ellos se les cursó cartas de despido.
Al respecto, el 21 de septiembre se publicó en un diario local la convocatoria a una sesión extraordinaria de asamblea universitaria para elegir un comité electoral y encargar las funciones del rector. Sin embargo, mediante la Resolución de Consejo Universitario N° 296-2020-CU-UDCH, se resolvió desconocer dicho llamado.
En tanto, apuntó que el actual administrador de la UDCH viene elaborando un informe económico que permita conocer el real estado financiero de la casa de estudios. Por lo pronto, se sabe que las planillas sí se están pagando a tiempo, pero desde hace casi un año no se hace efectivo el pago al Seguro Social de Salud – EsSsalud. Posteriormente, se realizará una auditoría externa.
“Sabemos que los egresos son mayores a los ingresos. No estamos bien. El administrador actual ampliará el informe que hizo el anterior. Una vez que lo tenga en mis manos me reuniré con el Consejo Universitario y luego con los docentes para finalmente hacerlo público a la comunidad en general”, apuntaló.
PEDIDO DE PRISIÓN
En cuanto al pedido de seis años de prisión que solicitase la Segunda Fiscalía Penal contra él y otros 21 funcionarios y exautoridades, aseguró ser inocente y estar llano a colaborar con el proceso judicial, pues durante el tiempo en que fue vicerrector académico - período sobre el cual se le investiga - no tuvo ninguna injerencia en la toma de decisiones de la universidad.
Tania Bravo Vigo, fiscal de la Segunda Fiscalía Penal de Chiclayo, solicitó la prisión por los presuntos delitos de fraude, para el cual pidió tres años, y asociación ilícita para delinquir, para el que pidió tres más.
Además de Escobar Gutiérrez, entre los investigados se encuentran Ricardo Mendo Otero, exadministrador; Ana Edgar Caramutti, expareja del fallecido exrector Alberto Ortiz Prieto; Walter Peralta Ortiz, primo hermano de Alberto Ortiz y exadministrador de la UDCH; Hugo Rivera Barboza, exdirector de Infraestructura y Recursos Humanos de la UDCH; Henry Chiclayo Vega, exdecano de la Facultad de Ciencias de Comunicación; Víctor Rojas Herrera exdecano de la Facultad de Derecho; Jorge Cubas Ruiz, exdecano de la Facultad de Arquitectura; Luis Gómez Segura, exsecretario general de la UDCH; el auditor Juan Vera Motta, entre otros.
En esta investigación estaban también comprendidos Alberto Ortiz Prieto y Roger Pingo Jara, quienes ocuparon el rectorado. Ambos han fallecidos.
Según la Asociación Civil Educativa del Norte - ACEN, entidad fundadora y promotora de la casa de estudios en 1978, esto se trataría de un concurso real de delitos, por lo que las penas solicitadas por la fiscal se sumarían, con lo que serían un total de seis años de cárcel.
Desde la ACEN agregaron que la Fiscalía de Lavado de Activos también investiga a todos los involucrados e incluso ha solicitado apoyo a INTERPOL y la SBS para detectar si habrían hecho transferencias de dinero a cuentas en el extranjero.
LICENCIAMIENTO
Por otro lado, Escobar Gutiérrez afirmó que actualmente la UDCH cuenta con mil 600 alumnos entre las sedes de Chiclayo y Jaén, quienes vienen desarrollando de forma exitosa el ciclo virtual, a través de las plataformas ‘Canvas’ y ‘Zoom’. Antes de la denegatoria del licenciamiento había seis mil 234.
Por otro lado, señaló que hay una comisión que trabaja en lograr los tres años de gracia que concede la SUNEDU para poder emprender nuevamente el proceso de licenciamiento. En julio del 2019, esta superintendencia le denegó la licencia, tras no cumplir el 90 % de los indicadores básicos de calidad.
Dentro de las deficiencias que se encontró en la universidad resaltaban que el 80 % de los laboratorios no contaban con instrumentos de gestión para la identificación de peligros y control de riesgos, más del 50 % de los programas ofertados no tenían ambientes de enseñanza pertinentes, el porcentaje de docentes a tiempo completo estaba por debajo del 25 %, entre otras.
Al respecto, en marzo de este año el Frente de Defensa de la UDCH señaló que solo entre Ortiz Prieto y el exdirector de Recursos Humanos Hugo Rolando Rivera Barboza la universidad gastó 952 mil 959.04 soles, fruto de la Resolución Nº 066-2018-CU-UDCH, del 30 de enero del 2018, mediante la cual se aprobó “hacer un corte contable sobre el concepto de goce vacacional y liquidar a todos los que han acumulado vacaciones”.
Con ese dinero – refirieron – se pudo haber equipado las bibliotecas, los laboratorios y talleres.
“Le pido a todos los integrantes de la UDCH que nos unamos para sumar esfuerzos y sacar adelante a nuestra querida universidad. Los invoco a que no me dejen solo, porque así no podré”, exclamó Escobar Gutiérrez.
