A través del estudio técnico ‘Evolución de las exportaciones e importaciones’, el Instituto Nacional de Estadística e Información – INEI, dio cuenta sobre la disminución en noviembre del año pasado del 19.7 % del volumen total de bienes exportados en comparación al mismo mes del 2019. Esto obedece al retroceso en 30.6 % de las exportaciones tradicionales.
Entre los productos de las exportaciones tradicionales que más disminuyeron se encuentra la harina de pescado (-88.6 %), derivados del petróleo (-80.4 %), petróleo crudo (-52.4 %), café (-52.4 %), zinc (-51.3 %), aceite de pescado (-37.4 %), cobre (-32.5 %) y oro (-10.3 %). Los destinos que reportaron una caída en la demanda fueron la India (-53.1 %), China (-33.3 %), Estados Unidos (-30.2 %) y Canadá (-22.8 %).
En el caso de China, las exportaciones reales en noviembre pasado fueron de 843 millones de dólares, mientras que en el mismo mes del 2019 alcanzaron los mil 247 millones; en envíos a Estados Unidos la caída fue de 469 millones a 446 millones, mientras que en los Países Bajos fue de 126 millones a 116 millones.
La composición de las exportaciones en noviembre fue de la siguiente manera: el 37.85 % correspondió a productos no tradicionales y el 61.9 % a los tradicionales. De este segundo grupo, el 56.01 % representa a los productos del sector minero, el 3.27 % al agrícola, el 1.95 % al petróleo y gas natural, y el 0.67 % al pesquero.
ACUMULADO
Asimismo, en el período de enero a noviembre del 2020 el volumen total de exportaciones disminuyó en 17.3 %, respecto al mismo período del 2019. En el caso de los productos tradicionales, su decrecimiento fue del 21.2 %, siendo los principales sectores afectados el de petróleo y gas natural (-42.7 %), pesca (-27 %), minero (-19 %) y agrícola (-12.1 %).
En tanto, las exportaciones de los productos no tradicionales de enero a noviembre descendieron en 6.5 %, siendo los rubros de mayor decrecimiento la minería no metálica (-26.5 %), el textil (-25.3 %), la siderometalurgia (-24.4 %), metalmecánico (-19.1 %), pesquero (-16.1 %), entre otros sectores que suman en su conjunto -30.9 %.
En contraste, resalta el desempeño positivo del sector agropecuario que creció en 9 %.
PRODUCTOS MINEROS
El informe destaca que en noviembre el volumen exportado de los productos mineros descendió en 27.2 %, respecto al mismo mes del 2019.
Las exportaciones de cobre alcanzaron en total los 944.7 millones de dólares, siendo China el principal comprador al adquirir el 63.7 % del volumen, aunque con el descenso antes citado. También disminuyeron los envíos de oro a la India, Canadá y Suiza; de plomo a China; de zinc a Brasil, Corea del Sur y China; y de plata refinada a los Estados Unidos.
Caso contrario ocurrió con los envíos de hierro a China y Japón, y de estaño a China y México.
PETRÓLEO Y GAS NATURAL
En noviembre también descendieron las exportaciones de petróleo y gas natural en 61.7 %, debido a la disminución en los volúmenes exportados de petróleo crudo, de los derivados del petróleo y del mismo gas natural.
En el caso del petróleo crudo, los envíos bajaron en 52.4 %, ya que no se contó con Chile como destino de las exportaciones. También se redujeron los embarques de derivados del petróleo, particularmente de carburreactores tipo queroseno para turbinas en las empresas de aviación, hacia Estados Unidos.
En tanto, no se registraron envíos a Francia y Japón de gas natural, lo cual retrajo en 20 % las exportaciones.
PRODUCTOS PESQUEROS Y AGRÍCOLA
De igual forma, el volumen exportado de los productos pesqueros disminuyó en 81.9 %, debido a los menores embarques de harina de pescado y aceite de pescado a China.
En contraste, el volumen de las exportaciones agrícolas creció en 5.3 % a causa de las mayores ventas de café a Estados Unidos, Alemania y Bélgica; lo mismo que los embarques de azúcar a Estados Unidos.
PRODUCTOS NO TRADICIONALES
Los que también crecieron fueron los productos no tradicionales, que en noviembre registraron un aumento en las exportaciones de 7.3 % a comparación del mismo mes del año anterior. Con ello ya son cuatro meses consecutivos de un comportamiento positivo, aunque en el acumulado de enero a noviembre las cifras son negativas.
Uno de los rubros que más aportó fue el agropecuario con un incremento del 12.8 %, que obedece a la mayor colocación de uvas (174.5 millones de dólares), arándanos (156.7 millones) y jengibre sin triturar o pulverizar (16.9 millones) en los Estados Unidos y Países Bajos. También salieron otros productos como mangos y mangostanes, alcachofas, fresas sin adición de azúcar y fritos sin cocer o cocidos en agua o al vapor.
Similar comportamiento ocurrió con las exportaciones de calamar, pota y jibias congeladas, que fueron a España y Tailandia; de las conchas de abanico que tienen como destino Estados Unidos; y del langostino congelado entero, que va a España y Corea del Sur. Se vendieron también conchas de abanico y colas de langostino sin caparazón.
En tanto, el sector químico creció en 16.8 %, gracias a los embarques de óxido de zinc a Brasil y Reino Unido, de placas de polímeros de propileno a Brasil y Estados Unidos, y de llantas para automóviles de turismo y de carrera a Ecuador.
Asimismo, la minería no metálica elevó sus exportaciones en 8.5 %, gracias a las ventas de fosfato de calcio natural a Estados Unidos y de baldosas de cerámica con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5 % y menor o igual al 10 % a Chile y Estados Unidos.
En el sector metalmecánico aumentaron los volúmenes exportados por máquinas de sondeo o perforación a México, acumuladores eléctricos de plomo a Chile y grupos electrógenos petroleros de corriente alterna a Puerto Rico y Guatemala.
IMPORTACIONES
Por otra parte, las importaciones en noviembre del año pasado crecieron en 4.1 % respecto al mismo mes del 2019, tras nueve meses de contracción. Entre los sectores que sustentan este incremento están las materias primas y productos intermedios para la industria (21.6 %), los bienes de consumo no duradero (14.6 %) y los bienes de consumo duradero (3.3 %).
Entre los bienes de consumo no duradero que más se importaron están los medicamentos para uso humano (44.7 millones de dólares), el calzado (26.8 millones); arroz semiblanqueado, blanqueado y pulido o glaseado (12.5 millones); preparaciones alimenticias (10.6 millones); leche y nata conservada en polvo, granulada o sólida (10.1 millones); entre otras.
De igual forma, el Perú compró automóviles (91.1 millones de dólares) televisores (57.2 millones), motocicletas (17.9 millones), refrigeradores (15.1 millones), manufacturas de plástico (14.4 millones), auriculares con o sin micrófono (5.2 millones), cocinas a gas u otros combustibles (4.9 millones), así como otros bienes de consumo duradero.
El principal país proveedor fue China con el 33.8 %, cifra que aumentó en 14 % respecto a noviembre del 2019; seguido de México, que creció en 10.4 %; Estados Unidos, que disminuyó en 0.2 %; y Colombia, que aumentó en 3.2 %.
MATERIA PRIMA Y PRODUCTOS INTERMEDIOS
En esa línea, el volumen importado de materias primas y productos intermedios aumentó en 8.1 % en noviembre pasado a comparación del año anterior, debido al incremento en de las compras de maíz amarillo duro (49.2 millones de dólares), trigo duro excepto para siembra (30.3 millones), productos intermedios de hierro o acero (28.6 millones), polietileno de alta densidad (25 millones), aceite de soya en bruto (24.5 millones), polipropileno en formas primarias (23.3 millones), desperdicios y desechos de hierro o acero (18.9 millones), polietileno de baja densidad (15.5 millones), entre otros.
En cuanto a materias primas y productos intermedios para la agricultura, en noviembre se importaron 18.8 millones de dólares de tortas y residuos sólidos para la extracción de aceite de soya, 3.2 millones en fosfato diamónico y 4.1 millones en preparaciones utilizadas para la alimentación de animales.
Finalmente, en noviembre se importaron 129.1 millones de dólares de Diésel B2, 62.1 millones de Diésel B5 y 16 millones de aceite crudo de petróleo.
Según un informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística e Información – INEI, en el Perú existen 426 mil 726 hogares con emigración internacional, es decir, que tienen al menos un miembro que vive de forma permanente en otro país. De estos, 385 mil 753 pertenecen a la zona urbana, es decir, el 90.4 %; mientras que el 9.6 % restante a la zona rural. En cuanto a la región de origen, el 66.7 % proviene de la costa, el 26.4 % de la sierra y el 6.9 % de la selva.
Lima es el departamento que alberga más hogares con emigrantes (42.2 %). Le sigue La Libertad (7.5 %), Arequipa (4.5 %), Áncash (4.3 %), Callao (4.3 %), Piura (3.9%) y Lambayeque (3.5 %). Los de menor porcentaje son Pasco y Madre de Dios, ambos con el 0.4 %.
El estudio resalta que durante el siglo XX y el actual, el fenómeno migratorio en el Perú se ha caracterizado por una creciente salida de compatriotas al exterior, lo cual va de la mano con la introducción de nuevas tecnologías, redes de comunicación y sistemas de transporte. En contraparte, para los países receptores de la emigración, esta ha sido un motor para la provisión de mano de obra.
EDUCACIÓN
Los 426 mil 726 hogares con migración internacional albergan a un millón 433 mil 945 personas. De esta población, el 48.3 % es hombre y el 51.7 % es mujer. El mayor porcentaje (23.4 %) corresponde a jóvenes de entre 15 a 29 años, seguido de los menores de 15 años (21.9 %), quienes tienen entre 30 a 44 años (19.4 %), de 45 a 59 (17.7 %) y de 60 a más (17.6 %).
Asimismo, la población de 15 años a más que ha alcanzado un nivel de educación superior es del 38.9 %, habiendo logrado el 14.6 % una instrucción superior no universitaria y el 23.5 % una superior universitaria. En tanto, el 41.2 % completó la secundaria; el 16.9 % la primaria y educación básica especial; y el 3.8 % no alcanzó ningún grado de instrucción o, en su defecto, solo culminó el nivel inicial.
Se desprende de esto que el 80.1 % de los integrantes de un hogar que tiene un miembro residiendo en el extranjero logró culminar satisfactoriamente la educación básica regular.
Del mismo modo, la asistencia escolar en los niños de tres a cinco años de estos hogares equivale al 71.8 %; en los niños de seis a 11 años, el 96 %; en los adolescentes de 12 a 16, el 91.6; y en los jóvenes de 17 a 24, el 50.9 %.
ACTIVIDAD ECONÓMICA
Del millón 433 mil 945 personas que conforman los hogares con migración internacional, la Población Económicamente Activa – PEA, representa el 66.1 %. De este total, la PEA ocupada alcanza el 95.8 %, mientras que la PEA desocupada apenas el 4.2 %. De la PEA ocupada, el 36.7 % son empleados, el 36.6 % son trabajadores independientes, el 16.9 % obreros, el 5.6 % empleadores y el 2.3 % forman parte de un negocio familiar.
En cuanto al rubro en el que se desempeñaban, el 42.4 % ejercía labores relacionadas a servicios (intermediación financiera, enseñanza, inmobiliaria, salud, servicios básicos, hoteles, restaurantes y otros); el 21.3 % al comercio, el 10.5 % a la agricultura o ganadería, el 9.3 % a transportes y comunicaciones, el 8.5 % a manufactura, el 7 % a construcción, mientras que el 0.5 % se dedicaba a minería y pesca, cada uno.
NIVEL DE VIDA
Uno de los indicadores para evaluar la mejora en la calidad de vida de la población es el tipo de combustible que utilizan en sus hogares para cocinar los alimentos. En los últimos cinco años, el número de hogares con emigración internacional que usa gas GLP (balón) es del 67.6 %, mientras que los hogares sin residentes en el extranjero alcanzan el 57.2 %.
En el caso de los hogares que usan gas natural (sistema de tuberías), los que tienen emigración internacional llegan al 7.4 %, respecto al 4.9 % de los que no tienen familiares en el extranjero. El departamento que más utiliza este combustible es Lima con el 45.5 %, seguido de La Libertad (7.6 %), el Callao (5.3 %), Arequipa (5 %), Lima Región (4.2 %), Áncash (4 %) y Lambayeque (3.6 %).
Otro indicador para medir la calidad de vida es la tenencia de equipos y el acceso a tecnologías de la información y comunicación. Así, mientras que el 84.5 % de los hogares con emigración internacional cuentan con un televisor a color, los hogares sin emigración alcanzan el 72.1 %. Lo mismo ocurre con los equipos de sonido: 53.7 % frente al 40.7 %; con la tenencia de computadoras, laptops o tabletas: 44.8 % frente al 33.1 %; y con los teléfonos celulares: 87.9 % frente a 83.5 %.
En tanto, el 49.9 % de hogares con emigración internacional tiene televisión por cable o satelital, respecto al 36.9 % de los que no tienen emigración internacional. En cuanto a la conexión a Internet, la diferencia es de 39.4 % ante 27.4 %.
Es decir, los hogares con emigración internacional registran una tenencia en promedio 10 % mayor de equipos y artefactos que los hogares sin residentes en el extranjero. La misma tónica se observa en el combustible que se utiliza para la cocción de los alimentos.
“Las TIC (Tecnologías de Información y la Comunicación) dentro del espacio de la migración internacional juegan un papel muy importante, ya que influyen en los procesos migratorios y uno se puede enterar de lo que acontece en los países del mundo y conocer la situación económica que envuelve a cada país. De este modo se puede tomar una decisión sobre el rumbo deseable. De igual manera, la comunicación mediante los diferentes dispositivos digitales crea vínculos donde los emigrantes se sientan cercanos al hogar como parte de una unidad, a pesar de la distancia física que pueda existir”, explica el INEI en su estudio.
REMESAS
Mientras que en 1990 el monto total de remesas que llegaban al Perú era de 87 millones de dólares, para el año 2000 superaron los 718 millones. Al 2019, la suma total fue de tres mil 326 millones. Según el Banco Central de Reserva del Perú, el acumulado de 1990 al 2019 fue de 47 mil 397 millones de dólares.
En cuanto a la frecuencia del envío de las remesas, el 63.7 % de hogares las recibe de forma mensual; el 9.5 %, bimestral; el 9.2 %, trimestral; el 8 %, semestral; el 7 %, anual; el 1.6 %, semanalmente; y el 1 %, quincenalmente.
Los hogares que reciben remesas de forma semanal cobran un total de 220.7 soles; los que reciben quincenalmente, 304.1; y los que reciben mensualmente, 692.2. Pese a que la frecuencia de tiempo es mayor, en ningún caso alcanza a ser más del sueldo mínimo. Los residentes en el extranjero que envían remesas bimestralmente depositan 483.4 soles; trimestralmente, 537.7; semestralmente 608.9; y anualmente, 729.7.
Asimismo, el 52.7 % de las remesas se transfieren a través de los bancos, el 31.1 % mediante empresas de transferencia de fondos, el 8 % por familiares u amigos que viajan y el 7.1 % por servicio postal o agencias de viajes.
Al respecto, la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO, detalla que el 74.7 % del monto de las remesas se destina para gastos como alimentación, vestido, transporte, comunicación, entre otros; el 16.3 % en educación; el 5.5 % en vivienda; y el 3.6 % en ahorros.
RETORNANTES
Por otro lado, en los últimos cinco años retornaron al Perú 76 mil 412 personas. La mayoría de ellos provino de Argentina (17.3 %), seguido de Venezuela (15.6 %), España (13.1 %), Chile (12.2 %), Estados Unidos (10.5 %), Italia (7.2 %), Brasil (3.3 %), Ecuador (3.1 %), Bolivia (2.9 %), Japón (2.8 %), Colombia (1.9 %), México (1.2 %), Canadá (0.8 %), Francia (0.7 %) y otros países (7.3 %).
“Muchos peruanos residentes en diversos lugares del mundo, que habían depositado sus esperanzas por encontrar mejores condiciones de vida en otros países o en otros mercados están optando por regresar al Perú por las dificultades que afectan a algunos países como Argentina o Venezuela, generadas por la crisis financiera internacional. El retorno de muchos compatriotas se puede originar también por el endurecimiento de las leyes antiinmigrantes. O también pueden retornar de manera voluntaria por el proceso de estabilidad y crecimiento económico que se está viviendo en nuestro país en los últimos años”, explica el informe.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, la Defensoría del Pueblo ha desarrollado una importante labor de coordinación con los diferentes sectores, principalmente el de salud, a fin de velar por la garantía de los derechos fundamentales de las personas. En esa línea, el jefe de la Oficina Defensorial Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, señala que la preocupación está centrada en estos momentos en asegurar el acceso de los pacientes críticos a las áreas especializadas y la reprogramación de intervenciones quirúrgicas a los pacientes no covid.
“La defensoría del pueblo tiene una labor activa en cuando a supervisar a los actores involucrados en la atención de los problemas y servicios vinculados a la salud de la población. En ese sentido, esta acción de defensa de derechos es permanente y continua. La situación, como es de conocimiento público, es muy compleja, muy difícil, más aún cuando estamos en un escenario de pandemia, en el que se han hecho más evidentes las carencias de los servicios de salud”, señala Hidalgo Reyes.
Comenta que desde el 15 de marzo del año pasado hasta hoy, se han realizado acciones desde el gobierno central y el gobierno nacional para ir atendiendo estos problemas, lo cual ha sido un avance importante y significativo, pero sin duda siguen siendo aún insuficientes para atender las demandas históricas que tienen los servicios de salud.
CAMAS UCI
Uno de los problemas es que actualmente en la región no hay camas UCI disponibles para la atención de pacientes.
Hasta el 13 de enero, en coordinación directa con los directores de los hospitales, la Defensoría del Pueblo advirtió que había 12 pacientes en lista de espera para ingresar a una cama UCI en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. En otros hospitales, como el Regional y el Luis Heysen Incháustegui, la capacidad estaba al tope.
De la verificación realizada se conoció que en el Hospital Regional había 31 camas UCI, en el Hospital Almanzor Aguinaga 19 y en el Luis Heysen ocho. Ante el aumento de casos, la infraestructura actual ha resultado insuficiente.
“Es importante que el gobierno regional y EsSalud continúen haciendo los esfuerzos para ver la posibilidad de ampliar los servicios en los respectivos nosocomios. Hay monitoreo, atención médica, pero se requiere la atención especializada a través de las unidades de cuidados intensivos. Es necesario que se evalúe la posibilidad de ampliar la capacidad de los servicios. Si bien la prevención es importante, debemos ser conscientes, sin caer en alarmismo, que se necesita de más camas”, menciona.
Hidalgo Reyes anota que los directores están trabajando para ver la posibilidad de ampliar las UCI con algunas camas adicionales. Por ejemplo, en el Hospital Luis Heysen se podría habilitar cuatro camas más y en el Hospital Regional ocho. A ello se debe sumar el funcionamiento pleno del Centro de Hospitalización de La Victoria. Sin embargo, también se requiere urgentemente de profesionales especialistas.
REINICIO DE OPERACIONES
Hasta diciembre pasado, Lambayeque recibía pacientes críticos de la macro región nororiental, desde Tumbes hasta el norte de La Libertad, incluyendo a los casos referidos de Amazonas y San Martín.
La Defensoría del Pueblo solicitó tanto al Gobierno Regional de Lambayeque como a EsSalud que se reactive la atención a los pacientes no covid en los establecimientos de salud, porque son también población afectada.
“Tras esta intervención se implementó el servicio de teleconsulta, el cual es muy importante. Si bien no va a solucionar el problema integral sí ayuda a controlar mejor el problema. En lo que estamos trabajando ahora es en gestionar la reactivación de las intervenciones quirúrgicas. Hay pacientes no covid que por la pandemia no han podido ser operados y se requiere atender a esas personas”, remarca.
A través de la Sentencia 1087/2020, el Tribunal Constitucional se pronunció respecto a las normas contenidas en el artículo 11.1, inciso ‘h’, de la Ley 30225, modificada por el Decreto Legislativo 1444, relativas al impedimento del cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguineidad de los altos funcionarios para contratar con el Estado. Para el máximo intérprete de la Constitución, esta norma configura una amenaza de violación al derecho a la libre contratación.
Esta norma aplica para los parientes hasta el segundo grado de consanguineidad de las personas naturales citadas en el artículo 11.1, inciso h, de la citada ley: presidente, vicepresidentes, congresistas, ministros, viceministros, vocales y miembros del órgano colegiado de los organismos constitucionales autónomos.
Asimismo, el Tribunal Constitucional hace la salvedad de que esta norma no debe ser aplicable, siempre que el contrato no sea con la misma entidad en la que laboran los funcionarios antes citados.
ORIGEN
El pronunciamiento del Tribunal Constitucional obedece a la resolución de la Segunda Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la demanda de amparo presentada por Domingo García Belaúnde contra el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, que lo obligó a renunciar a su condición de proveedor de servicios para el Estado, dado que en aquel entonces su hermano, Víctor Andrés García Belaunde, era congresista de la República.
En virtud de ello, el demandante solicitó que se le permita inscribirse nuevamente en el Registro Nacional de Proveedores y se inaplique en su caso el artículo 10, inciso “f, del Decreto Legislativo 1017, argumentando que los congresistas no tienen iniciativa de gasto, por lo cual no pueden favorecer a sus parientes en las contrataciones con el Estado.
Si bien el Tribunal Constitucional advierte que en la causa opera la sustracción de la materia, dado que el Congreso del que formaba parte Víctor Andrés García Belaunde fue disuelto el 30 de septiembre pasado, se pronunció sobre el tema de fondo.
FUNDAMENTO
Al respecto, estableció que el derecho a la libertad de contratación no es ilimitado, sino que se encuentra condicionado por los límites explícitos e implícitos en la ley. Sin embargo, señaló que la norma descrita en el artículo 11.1, del inciso h, de la Ley 30225 no supera el juicio de necesidad, pues la ley prevé otros mecanismos para supervisar los procesos de contratación del Estado, que eliminan cualquier cualquier atisbo de favoritismo en función al parentesco de las personas con alguna autoridad estatal.
“En esa línea, resulta razonable el impedimento si es que la contratación se realiza con el Congreso de la República, pues se trata de la entidad a la que pertenece el congresista y, resulta evidente, sobre la cual puede ejercer influencia directa, generándose suspicacias y notorios conflictos de interés (…) Sin embargo, lo mismo no puede predicarse respecto a extender el impedimento a las contrataciones que el cónyuge, conviviente o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de las personas naturales señaladas en dicho artículo realicen con cualquier otra entidad estatal”, se lee en la sentencia.
Respecto a la figura del presidente de la república, el Tribunal Constitucional precisa que sí debe aplicársele los alcances del artículo 11.1 de la citada norma, haciéndose extensiva a todas las instituciones del Estado, toda vez que, además de encabezar el Poder Ejecutivo, está por encima de los demás poderes constituidos, ya que tiene la figura de jefe de gobierno y jefe de Estado. Lo mismo aplica para los vicepresidentes.
Votaron a favor de declarar fundada la demanda los magistrados Ferrero Costa, Blume Fortini, Ramos Núñez y Sardón de Taboada. En contra lo hicieron Ledesma Narváez, Miranda Canales y Espinosa-Saldaña Barrera.
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GINO SILVA LAOS: “SENTENCIA DEL TC NO ES VINCULANTE”
Sobre la decisión del Tribunal Constitucional en el caso García Belaunde, el especialista en contrataciones del Estado, Gino Silva Laos, señala que esta no es vinculante, sino más bien limitativa, pues no ha modificado ningún extremo de la normatividad vigente y se centra únicamente en el caso en concreto.
Explica que la actual Ley de Contrataciones del Estado es un tanto restrictiva, debido a que precisa en su artículo 11 una serie de especificaciones respecto a cuando una persona, sea natural o jurídica, está impedida de contratar con el Estado; es decir ser proveedor, contratista o ser partícipe en cualquier tipo de licitación o postulación para el sector público.
La norma señala que en el caso del presidente, los vicepresidentes, congresistas, ministros o integrantes de organismos autónomos, durante su gestión y hasta un año después de concluida esta, no pueden contratar con el Estado sus familiares hasta en segundo grado de consanguinidad.
“El proceso iniciado por Domingo García Belaunde data del 2013 y recién se ha dado el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto. Él demandó que se le restituya su condición de proveedor de servicios en el Registro Nacional de Proveedores. Siendo un reconocido jurista, podía participar en calidad de asesor técnica en cualquier entidad pública. Sin embargo, se le retiró la condición de proveedor porque su hermano era congresista”, indica.
“Presentó su demanda argumentando que se vulneraba la libertad de contratación y la presunción de inocencia hasta que no se demuestre lo contrario. Este caso es muy particular porque el Tribunal Constitucional no ha emitido una sentencia de carácter vinculante; es decir, no modifica una norma ni mucho menos establece que sea aplicable para todos los casos similares de aquí en adelante. Solamente establece el criterio para el caso García Belaunde”, señala Silva Laos.
El especialista anota que el TC reconoce que en perjuicio de García Belaunde se había restringido la libertad de contratación y precisa, además, que no podía participar en ningún contrato con el Poder Legislativo porque ahí estaba su hermano como autoridad elegida, pero sí podía hacerlo en cualquier otra entidad pública en calidad de postor, contratista u otro, al no existir incompatibilidad o conflicto de intereses.
“El TC refiere que para cada caso particular se debe analizar si existe o no la vulneración del derecho a la libre contratación o a la presunción de inocencia. Tomemos en cuenta que en el caso de García Belaunde se dejó sin efecto su registro como proveedor del Estado. Hubo una afectación a la libre contratación, obligándolo a renunciar a su inscripción ante el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE”, remarca.
La Gerencia Regional de Control ha emitido el Informe de Control Específico N° 9947-2020-CG/GRLA-SCE, relacionado a los desembolsos realizados por concepto de canastas navideñas a través de vales de consumo otorgados al personal CAS del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, entre el 2012 y el 2018. Para la entidad, existen varias irregularidades.
El informe señala que la entrega de las canastas navideñas se hizo inobservando la normativa aplicable y ocasionando un perjuicio económico de 337 mil 641.25 soles.
Este hecho descrito trasgredió lo dispuesto en el artículo 6 de las leyes N° 29812, 29951, 30114, 30281, 30372, 30518 y 30693, leyes de presupuesto del sector público para los años fiscales 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
“Los hechos expuestos afectaron el principio de legalidad que debe regir todas las actuaciones de la administración pública, dado que la entidad otorgó el concepto de canasta navideña al personal CAS, lo cual, por las características de su modalidad contractual, constituye un incremento remunerativo y, por lo tanto, es una prerrogativa que se encuentra limitada por las normas del sector públicas emitidas cada año”, señala el informe de Contraloría.
Sin informes
En consecuencia, la entidad refiere que el PEOT no contaba con el marco legal ni presupuestal para la ejecución de dichas asignaciones, generando el perjuicio económico antes precisado.
“La situación descrita ha sido ocasionada por la actuación de los gerentes generales de la entidad, quienes dieron trámite a la documentación recibida por su despacho, brindando su conformidad a los mismos, autorizando de esta forma el otorgamiento del beneficio de canasta navideña al personal contratado bajo el régimen CAS, sin contar previamente con informes técnicos o legales de las jefaturas de las unidades orgánicas competentes”, indica el documento.
Contraloría señala también como responsables de estos hechos a los entonces jefes de las oficinas de Asesoría Jurídica, Administración, Planificación, Presupuesto y Racionalización, y de la Unidad de Personal, por haber dado conformidad al trámite de las autorizaciones y pagos por concepto de canastas navideñas.
Además, se sindica como responsables a los representantes del PEOT en el Procedimiento de Negociación Colectiva 2013 con el Sindicato Único de Trabajadores CAS, quienes acordaron, a través de acta de negociación, que la entidad les otorgaría tal beneficio.
Responsables
Contraloría ha encontrado responsabilidad civil y administrativa en los ex gerentes generales del PEOT Francisco Gayoso Zevallos y Juan Saavedra Jiménez; el exjefe de la Oficina de Asesoría Jurídica Víctor Quijano Chávez y los ex jefes de la Oficina de Presupuesto, Planificación y Racionalización Jolver Barrantes Burga, quien además fue representante de la entidad en la negociación colectiva del 2013, y Miguel Díaz Espino.
También se considera como responsable a Judith Collao Puicán, ex jefe de la Oficina de Administración y de la Unidad de Personal; los exadministradores Víctor Arroyo Urbina y Eusebio Mendoza Parraguez, así como a los ex jefes de la Unidad de Personal Víctor Ordinola Cabrera y Julio Torres Manrique, así como al servidor Marlon Peralta Vera, como integrante de la comisión de negociación colectiva del 2013.
En atención al informe, se ha solicitado al actual gerente general del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, Leopoldo Fernández León, el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que corresponden de los funcionarios y servidores comprometidos en los citados hechos irregulares.
Asimismo, se ha dispuesto que el Procurador Público de la Contraloría General de la República dé inicio a las acciones legales contra los involucrados, considerando el perjuicio económico generado al Estado con la entrega irregular de las canastas navideñas, cuyo monto total es superior a los 330 mil soles.
Con un escenario atípico, los candidatos al Congreso de la República por Lambayeque empiezan a desplegar sus esfuerzos para promover sus propuestas de cara a las votaciones de abril próximo. La segunda ola por el Covid-19 y las restricciones dispuestas por el gobierno nacional desde el 15 de enero, hacen complejo el desarrollo de las actividades proselitistas, de ahí la necesidad de los aspirantes a recurrir a nuestras estrategias, principalmente a través de las redes sociales.
En Lambayeque son 18 las listas que lograron inscribirse ante el Jurado Electoral Especial de Chiclayo. De estas, 17 están inscritas y una en proceso de apelación (Unión Por el Perú) ante el Jurado Nacional de Elecciones.
En esta publicación ofrecemos los datos declarados por los postulantes de las seis organizaciones con mayores posibilidades, según las encuestas nacionales, de alcanzar representación en el próximo parlamento.
De acuerdo a la Encuesta Nacional Urbano Rural, elaborada por Ipsos Perú para El Comercio, publicada el 19 de enero, a la pregunta: “Si mañana fueran las elecciones para el Congreso, ¿por cuál agrupación votaría?”, el 9 % respondió por Acción Popular, el 8 % por el Partido Morado, el 7 % por Fuerza Popular, el 5 % por Juntos por el Perú, el 5 % por Alianza Para el Progreso y el 5 % por Somos Perú. Estas agrupaciones alcanzarían bancada al pasar la valla electoral.
ACCIÓN POPULAR
EDGARD CAYOTOPA MARTÍNEZ (1)
Nació en 1960 en Chota, Cajamarca. Fue asesor de comisiones de la Cámara de Diputados, en 1980, gerente ejecutivo de proyectos del Ministerio Público entre el 2001 y el 2002, entidad en la que también se desempeñó como asesor de la Fiscalía de la Nación. Estudió Derecho en la Universidad de Chiclayo. Tiene una sentencia por falsedad genérica. Sus ingresos anuales ascienden a 30 mil soles. No registra propiedades. Actualmente se encuentra en apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones frente al proceso de exclusión iniciado por el JEE Chiclayo.
HILDA PORTOCARRERO LÓPEZ (2)
Nació en 1968 en Chiclayo. Ha declarado no tener registro laboral, mas sí estudios superiores no universitarios concluidos en el Instituto Ciencias de la Salud Educare – Chiclayo como Auxiliar en Terapia Física y Masajes. No ha ocupado cargos en la organización política por la que postula y tampoco cargos por elección popular. Tampoco ha declarado ingresos, bienes o rentas, pero sí un predio ubicado en el pueblo joven Jorge Basadre. Como dato adicional ha declarado ser presiente de la Asociación Ángel Mary Valero, dedicada al apoyo social a niños discapacidad y adultos mayores.
JOSÉ LARRAÍN CISNEROS (3)
Nació en 1953 en Motupe y reside en el distrito de Pítipo. Es gerente de la Cooperativa Agraria de Servicios Múltiples de Producción, Comercio y Finanzas Agrícolas desde el 2015, siendo economista de profesión por la Universidad de San Martín de Porres desde 1985. No ha ocupado cargos partidarios ni por elección popular. Ha declarado como remuneración bruta anual 16 mil 800 soles, así como la propiedad de dos predios, uno en Pimentel y otro en Puerto Eten, y dos vehículos. En 1993 y el 2006 participó en elecciones municipales en Pítipo y Pimentel, respectivamente.
BLANCA PAREDES GUEVARA (4)
Nació en 1963 en Bambamarca, Cajamarca. Actualmente reside en el distrito de José Leonardo Ortiz, en cuya municipalidad labora desde 1991, desempeñándose en la actualidad como asesora legal de la Gerencia de Infraestructura. Estudió Secretaría Ejecutiva en el Instituto Superior Tecnológico No Estatal Perú y es abogada desde el 2006 por la Universidad Señor de Sipán. Cuenta, además, con una Maestría en Derecho con Mención en Ciencias Penales por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Cuenta también con estudios de doctorado. Ha declarado ingresos por 48 mil 552 soles al año, la propiedad de cuatro inmuebles y de una camioneta.
JUAN GRANADOS BARRETO (5)
Nació en 1980 en Íllimo, residiendo actualmente en la ciudad de Lambayeque. Desde el 2007 se desempeña como docente de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cada de estudios en la que se formó, egresando como licenciado en Educación, especialidad de Educación Física. Es maestro en Ciencias de la Educación y tiene el grado de doctor por la misma universidad. Ha declarado ingresos anuales por 66 mil soles, la propiedad de un inmueble y de un vehículo.
MIRIAM LÓPEZ MESONES (6)
Nació en 1958 en Trujillo, La Libertad, residiendo actualmente en Chiclayo. Labora en la Municipalidad Provincial de Chiclayo en la Defensoría – DEMUNA, desde 1999. Es abogada por la Universidad Señor de Sipán desde el 2005, magíster en Gestión Pública y doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad por la Universidad César Vallejo. Sus ingresos anuales ascienden a 24 mil 780 soles.
PARTIDO MORADO
MERLY BERRÍOS SÁNCHEZ (1)
Nació en 1965 en Chiclayo. Se desempeña como profesora del Colegio Pedro Abel Labarthe desde 1988 y hasta el año pasado fuera profesora de la Universidad de Chiclayo. También se ha desempañado como consultora del Gobierno Regional de Lambayeque en proyectos de inversión pública y subgerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial de Chiclayo. Estudio Docencia en el Instituto Pedagógico Sagrado Corazón de Jesús y Sociología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es magíster en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo. Militó en Perú Posible y el movimiento Poder Vecinal, sus ingresos anuales suman 63 mil 627 soles y cuenta con dos propiedades.
LUIS MORA BERNILLA (2)
Nació en 1993 en Salas. No ha declarado experiencia laboral y es bachiller en Derecho por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo desde el 2019. No ha registrado ingresos ni propiedades a su nombre. Su militancia partidaria la inició en la agrupación a la que representa.
SHEYLA BRIONES ORDINOLA (3)
Nació en 1988 en Chiclayo. Trabaja desde el 2018 como subgerente del Grupo Robrion SAC, con sede en Lima, y antes laboró como jefe de Marketing de la Distribuidora NC Comunicaciones – Claro Perú, así como en el Banco de Crédito del Perú como asesora de banca. Es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Militó en Todos por el Perú, sus ingresos anuales ascienden a 24 mil soles.
LUIS LOZANO ZELADA (4)
Nació en 1965 en Chiclayo. Labora desde 1995 en el Hospital Docente Las Mercedes, es cirujano dentista por la Universidad Nacional Federico Villarreal desde 1993, es magíster en Ciencias con Mención en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y cuenta con estudios de doctorado. Tiene una sentencia con reserva de fallo por injuria y otra por alimentos. Sus ingresos ascienden a 46 mil 456.37 soles y tiene una propiedad inmueble.
NADIA BRAVO HIDALGO (5)
Nació en 1982 en Sullana, Piura. Fue secretaria de gerencia de la municipalidad de Hualgayoc, Cajamarca, hasta el 2018; fue secretaria de alcaldía de la municipalidad de Pítipo en el 2014 y profesora de primaria en Moyobamba y Chiclayo. Es abogada desde el 2011 por la Universidad Señor de Sipán y licenciada en educación primaria por la Universidad de Chiclayo. Ha ocupado cargos dirigenciales en la agrupación a la que representa, antes fue militante del PPC, no ha declarado bienes, rentas ni ingresos.
SALVADOR ZEÑA PORRAS (6)
Nació en 1975 en Pacora. Fue docente de la Institución Educativa FAP “Renán Elías Olivera” hasta el año pasado, es licenciado en Educación por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la especialidad de Filosofía y Ciencias Sociales, sus ingresos anuales ascienden a 25 mil 878 soles. Ha declarado la propiedad de un vehículo.
FUERZA POPULAR
ALEJANDRO AGUINAGA RECUENCO (1)
Nació en 1950 en Trujillo, La Libertad. Es médico cirujano que laboró hasta el año pasado en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza y como docente de la Universidad Científica del Sur, estudió en la Universidad Nacional Federico Villarreal, cuenta con especialidad como cirujano. Es fundador de Fuerza Popular, ha sido congresista en dos oportunidades y ministro de Salud de Alberto Fujimori. Sus ingresos ascienden a 103 mil 25 soles anuales, tiene dos propiedades y cuatro vehículos.
VIOLETA FANZO NIQUEN (2)
Nació en 1951 en Lambayeque. Es promotora de la Institución Educativa Miguel Oneto García, es licenciada en Administración por la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, fue militante de Perú Patria Segura. Sus ingresos anuales suman 30 mil soles, ha declarado la propiedad de cuatro predios.
PAÚL ARRUNÁTEGUI RAMÍREZ (3)
Nació en 1973 en Reque. Trabaja como psicólogo de la Fuerza Aérea del Perú – FAP. Estudió en la Universidad de Chiclayo y es magíster en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Fue regidor de Reque por Alianza Para el Progreso del 2015 al 2018. Sus ingresos anuales suman 47 mil 125 soles, ha declarado una propiedad y dos vehículos.
MAGDALENA QUEPUY IZARRA (4)
Nació en 1978 en Chiclayo. Es licenciada en Enfermería del Hospital Regional de Lambayeque. Laboró hasta el 2012 en la Gerencia Regional de Salud. Estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, tiene maestría en Ciencias de la Salud Pública. Militó en el Partido Aprista Peruano hasta el 2009. Sus ingresos ascienden a 48 mil soles y ha declarado una propiedad.
JUAN MONTALVÁN VÉLIZ (5)
Nació en 1984 en Túcume. Ha trabajado hasta el año pasado como técnico de despacho en el Congreso de la República, fue ejecutivo de cuentas en Dicomsa SA y asesor comercial en Mega Representaciones SA, también fue asesor comercial en Gyn Rojas, no ha declarado estudios técnicos ni universitarios. Sus ingresos han sido declarados en 118 mil 92.83 soles. No ha declarado propiedades.
KAREN BALLENA TÚLLUME (6)
Nació en 1992 en Monsefú. Trabaja como administrativa de la Universidad Nacional del Callao y antes laboró en JYR Global Soluciones EIRL y en el CEBA República de Panamá. También fue asistente de gerencia de la Municipalidad Distrital de Monsefú del 2011 al 2014. Estudió Computación e Informática en el Instituto Juan Mejía Baca y tiene estudios de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Privada del Norte. Sus ingresos suman 21 mil 600 soles al año. Ha declarado la propiedad de un auto.
JUNTOS POR EL PERÚ
JANET CUBAS CARRANZA (1)
Nació en 1962 en Chiclayo. Es docente de la Universidad Señor de Sipán, contadora pública por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y doctora en Administración por la misma universidad. Fue secretaria general regional de Acción Popular, regidora de Chiclayo en dos oportunidades y candidata a la alcaldía provincial y al congreso en las elecciones del 2014, 2018 y 2020, respectivamente. Sus ingresos ascienden a 30 mil soles. Tiene una propiedad inmueble.
ERNESTO ZUNINI YERRÉN (2)
Nació en 1987 en Chiclayo, pero reside en Lima. Trabajó hasta el año pasado en el Ministerio de Educación como especialista. Es licenciado en Sociología en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Es magíster en Gestión Pública por la Universidad de San Martín de Porres. Sus ingresos se cuantifican en 66 mil 933 soles. No reporta bienes.
NATALIA ARBILDO PÉREZ (3)
Nació en 1994 en Chiclayo. Trabajó hasta el año pasado como encargada de la DEMUNA de la municipalidad de Cumba, Amazonas. Estudio Derecho en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y ha iniciado una maestría en Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Nacional de Trujillo. Fue candidata en las elecciones congresales del 2020 y sus ingresos ascienden a 30 mil soles.
ALMANZOR TORO LEÓN (4)
Nació en 1963 en Jaén. Es abogado por la Universidad Señor de Sipán y contador público por la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Trabajó como asesor de Famdent SAC y en la Asociación Civil Patronato de Sipán. Asimismo, fue responsable de aspectos administrativos en el Museo Tumbas Reales de Sipán. Es magíster en Contabilidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Fue militante de Bloque Popular. Sus ingresos ascienden a 14 mil 563 soles, tiene la propiedad de un predio.
LILIANA ARROYO CABREJOS (5)
Nació en 1969 en Chiclayo. Es licenciada en Enfermería y labora en el Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Antes laboró en el Hospital Docente Las Mercedes y como docente de la Universidad de Chiclayo, donde estudió su carrera profesional. Sus ingresos al año suman 92 mil 842 soles. Tiene una propiedad inmueble y otra vehicular.
GILBERTO GONZALES BERNAL (6)
Nació en 1961 en Saña. Es médico del Policlínico Chiclayo Oeste de EsSalud. Estudió en la Universidad Nacional de Trujillo y es especialista en Ginecología y Obstetricia. Tiene una maestría en Educación por la Universidad César Vallejo. Fue militante aprista hasta el 2010. Sus ingresos suman 180 mil 944.46 soles mensuales. Ha declarado dos propiedades y tres vehículos.
ALIANZA PARA EL PROGRESO
MARÍA ACUÑA PERALTA (1)
Nació en 1962 en Tacabamba, Cajamarca. Es actualmente gerente general de la Inmobiliaria Los Alizos EIRL, fue empleada de Radio Difusión Gran Plaza, administradora del Consorcio Nueva Esperanza y representante legal del Consorcio Algarrobos. Es abogada por la Universidad Señor de Sipán y doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad por la Universidad César Vallejo. Sus ingresos ascienden a 364 mil 486 soles. Fue candidata al congreso en el 2011. Ha reportador 14 propiedades y dos vehículos. Actualmente enfrenta un proceso de exclusión por omisión de sentencia.
HILDOMARO RODRÍGUEZ ALVARADO (2)
El candidato fue excluido del proceso por el Jurado Nacional de Elecciones, debido a que no consignó en su declaración de hoja de vida una sentencia por peculado de uso en agravio del Gobierno Regional de Lambayeque.
MERCEDES COLLAZOS ALARCÓN (3)
Nació en 1958 en Jaén. Trabaja en la Universidad César Vallejo y antes fue docente en la Universidad Señor de Sipán. Fue especialista del Ministerio de Educación. Estudió Educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde también estudió Zootécnia. Es doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad por la Universidad César Vallejo. Sus ingresos ascienden a 82 mil 601.51 soles. Tiene una propiedad y un vehículo.
JUAN RODRÍGUEZ TERRONES (4)
Nació en 1974 en Chiclayo. Es médico del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, donde fue gerente. Estudió en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y es maestro en Gerencia de Servicios de Salud por la Universidad Señor de Sipán. Ha declarado dos sentencias por asistencia familiar. Sus ingresos suman 140 mil 709 soles, ha declarado un inmueble y un vehículo. Enfrenta un proceso de exclusión por omisión de una sentencia por violencia familiar.
ADA CHICOMA SOTOMAYOR (5)
Nació en 1966 en Chiclayo. Labora como Coordinadora del Programa Población – Cultura de Plaz en la Gerencia Regional de Salud. Antes fue jefa de capacitación de la misma entidad y decana del Colegio Regional de Obstetras. Estudió en la Universidad de Chiclayo. Sus ingresos suman 40 mil 933 soles. No tiene propiedades declaradas.
FRANKLYN VARILLAS SALAZAR (6)
Nació en 1994 en Chiclayo. Ha trabajado como asistente del Área de Gestión de Calidad de la Universidad de Lambayeque y como gestor comunitario forestal del SERFOR. Es bachiller en Ingeniería Agrícola por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Sus ingresos suman 20 mil 746.37 soles.
SOMOS PERÚ
ANTONIO URIARTE GONZALES (1)
Nació en 1970 en José Leonardo Ortiz. Fue representante del Consorcio Cutervo Consultores y responsable de control interno de la Asociación Fondo Social La Granja. También fue asesor externo de la Dirección Subregional de Salud de Chota y jefe de la Oficina de Obras de la Municipalidad de Oyotún. Estudió Arquitectura en la Universidad de Chiclayo, tiene una maestría en Gestión Gubernamental por la Universidad Nacional de Piura. Militó en Alianza Para el Progreso, fue candidato regional y congresal por Somos Perú, sus ingresos suman 18 mil soles y ha declarado cuatro propiedades y dos vehículos.
FLERIDA SAAVEDRA LÓPEZ (2)
Nació en 1961 en Llama, Cajamarca. Es profesora de la Institución Educativa Nicolás La Torre y antes trabajó en el Colegio Octavio Campos Otoleas de Pomalca. Estudió Educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y tiene una maestría en Ciencias de la Educación por la misma universidad. Sus ingresos suman 35 mil 881 soles. Tiene tres propiedades.
GILMER DÍAZ CHANAMÉ (3)
Nació en 1967 en Chiclayo. Trabaja como docente del Colegio de Alto Rendimiento – COAR Lambayeque y de la Universidad de Chiclayo. Fue especialista del Ministerio de Educación. Estudió Educación en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y es maestro en Ciencias de la Educación por la misma casa de estudios. Fue militante aprista hasta el 2009. Sus ingresos suman 54 mil soles. No ha declarado propiedades.
MILAGROS NÚÑEZ NÚÑEZ (4)
Nació en 1978 en Chiclayo. Trabajó como periodista radial del Grupo Empresarial Granados EIRL hasta el año pasado. Estudió Periodismo en la Universidad de Chiclayo. Integró el Frente Independiente Moralizador hasta el 2007. Sus ingresos anuales suman cuatro mil 190 soles. Ha declarado dos propiedades y un vehículo.
JORGE PALACIOS INOÑÁN (5)
Nació en 1989 en Lambayeque. Es Técnico en Enfermería del Hospital Belén de Lambayeque. Estudió en el Instituto Cayetano Heredia e inició estudios de Derecho en la Universidad Los Ángeles de Chimbote. Militó en el partido Todos por el Perú. Sus ingresos suman 34 mil 300 soles.
ERICKA ESPINOZA GÓMEZ (6)
Nació en 1979 en Chiclayo. Es economista por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Fue militante del partido Fuerza Nacional. Sus ingresos suman 66 mil soles al año. Ha declarado dos propiedades.
Hasta octubre del año pasado, un centenar de servidores del sector educación, entre docentes, directivos y administrativos, habían fallecido a causa del COVID-19. Si bien no hay cifras sobre los dos últimos meses, se sabe que en diciembre habrían fallecido 30 más solo en la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, según señaló el gerente regional de Educación, Daniel Suárez Becerra.
Debido a ello y al nivel de alerta muy alto en el que se encuentra Lambayeque respecto a la incidencia de casos del COVID-19, Suárez Becerra anunció que su gerencia ha elevado al Ministerio de Educación – MINEDU, un pedido para que las clases en Lambayeque se desarrollen de forma virtual por lo menos hasta agosto.
Al respecto, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca Pareja, comunicó el pasado 17 de enero que el Año Escolar 2021 iniciará el 15 de marzo y – al menos durante el primer mes – se realizará de forma virtual, modalidad que estará sujeta a evaluación en los siguientes meses, según el aumento de casos del COVID-19.
“La propuesta de la Gerencia Regional de Educación ha sido que iniciemos las clases de manera virtual, pero no solo los primeros meses. Nos proyectamos como mínimo hasta agosto, teniendo en cuenta dos aspectos: la emergencia sanitaria y la situación real de las instituciones educativas. No se está garantizando que las vacunas lleguen para todos los maestros, recién estamos incluidos en la tercera etapa. Y no se trata solo de los maestros, cuando se moviliza un estudiante se moviliza a toda una comunidad”, aseveró.
Añadió que también se le viene dando acompañamiento psicológico a los estudiantes que han perdido a sus padres a causa del COVID-19.
APRENDO EN CASA
Suárez Becerra señaló que cuando en mayo del año pasado se puso en marcha la estrategia ‘Aprendo en Casa’, el 60 % de estudiantes de las instituciones públicas tenía dificultades de conectividad. Con el transcurrir de los meses esta cifra se redujo, de modo tal que el 2020 concluyó con menos del 9 % de alumnos con problemas de conectividad.
En cifras, Lambayeque cuenta con 327 mil 982 estudiantes. De ellos, un promedio de 242 mil pertenece a instituciones educativas públicas y 85 mil 500 a las privadas. Del total de alumnos de los colegios estatales, las diferentes UGEL reportaron que 215 mil 485 tuvieron acceso a la estrategia ‘Aprendo en Casa’, mientras que 22 mil 74 tuvieron dificultades de conectividad.
“La forma en que medimos la conectividad del estudiante es cuando mantiene una conexión constante con su maestro. No es que estos 22 mil 74 estudiantes no hayan recibido ninguna clase, sino que no fueron continuas”, explicó.
Suárez Becerra destacó las iniciativas de los docentes para acortar estas brechas de conectividad. Por ejemplo, resaltó que 16 maestros de la UGEL Ferreñafe hicieron ‘ad honorem’ la traducción al quechua norteño de los contenidos radiales de la citada estrategia, que venían con las variantes quechuas del centro y sur del país.
Remarcó también que la Gerencia de Transportes y Comunicaciones coadyuvó en replicar la señal radial en algunas localidades donde esta no llegaba, mientras que las UGEL invirtieron los bonos por cumplimiento de metas en la contratación de emisoras radiales para la difusión de la estrategia ‘Aprendo en Casa’.
REFORZAMIENTO
Sin embargo, señaló que tanto el año pasado como este son considerados como complementarios por el Ministerio de Educación - MINEDU, por lo que no se puede certificar que los alumnos han logrado las competencias esperadas. Es más, debido a que no todos los estudiantes accedieron a la estrategia ‘Aprendo en Casa’ al mismo tiempo, los estudiantes recibirán clases de reforzamiento hasta julio y agosto de este año.
“Como año complementario que ha sido (el 2020), algunos estudiantes ya recibieron sus carpetas de recuperación y otros las recibirán en los próximos días para que vayan trabajándolas en sus casas. Cuando inicien las clases, el 15 de marzo, se hará una especie de reforzamiento para medir el avance de los chicos. Complementariamente, estaríamos cerrando en julio u agosto el año escolar para aquellos estudiantes que progresivamente fueron sumándose a la Estrategia en Casa, a través de los dispositivos tecnológicos o el WhatsApp”, indicó.
Resaltó que las evidencias enviadas por los alumnos han servido para culminar el Año Escolar 2020 en el aspecto administrativo, mas no en el pedagógico. Al respecto, señaló que hasta noviembre del año pasado se había programado la puesta en marcha del programa NIVELATEC para estudiantes de quinto de secundaria, pero dado que este requería de la distribución total de tabletas digitales, no se podrá concretar.
“Aproximadamente, son cuatro mil los estudiantes de quinto año que han tenido dificultades para conectarse. Hay algunas iniciativas del MINEDU para atender esta situación. Estamos esperando que lleguen los acuerdos y ellos tendrán la atención preferencial”, anotó.
TABLETAS DIGITALES
Por otro lado, Suárez Becerra criticó que las 26 mil 500 tabletas digitales para los estudiantes y docentes que prometió el Ejecutivo para Lambayeque nunca hayan llegado, pese a que se hizo una transferencia de aproximadamente tres millones y medio de soles, a través de modificaciones presupuestales, al Ministerio de Educación para este fin.
Indicó que recién a fines de noviembre llegó un primer lote de 35 tabletas que se entregaron en una institución educativa de la provincia de Lambayeque como “muestra”, mientras que el segundo lote por cuestiones administrativas no llegó a ninguna de las UGEL, sino que quedó en el depósito de la empresa Backus. Son aproximadamente tres mil 500 los dispositivos que se encuentran a la espera del visto bueno del MINEDU para que sean distribuidos.
“El ministro de Educación, Ricardo Cuenca, se ha comprometido con nosotros en que para los primeros días de marzo ya se habrán repartido las 26 mil 500 tabletas. La viceministra de Gestión Pedagógica también nos ha informado que ya están estos equipos en los almacenes del MINEDU y solo falta procesar la información que corresponde. Confiamos en que esta vez sí puedan llegar para cerrar la brecha pendiente con los estudiantes”, aseveró.
TRASLADOS
Por otro lado, Suárez Becerra informó que el año pasado se presentaron diez mil solicitudes de traslado a instituciones públicas, de los cuales se concretaron tres mil 95. Para este año, las vacantes en los colegios de la zona urbana de Chiclayo son bastante reducidas, toda vez que la mayoría está en las instituciones del área rural.
“El 2020 ha concluido con una alta tasa de morosidad en los colegios privados y eso para nosotros es una alerta porque no sabemos cuál será la decisión de los padres. Eso nos pone una situación muy difícil, ya que las vacantes que tenemos están en la periferia. Con que solo el 10 % de los padres que tienen hijos en instituciones particulares decidan solicitar el traslado ya nos estaríamos poniendo en una situación complicada”, comentó.
PRESUPUESTO
En tanto, refirió que su despacho se encuentra a la espera de los informes que deben presentar los directores de las instituciones educativas sobre la ejecución del presupuesto que se les destinó para cuestiones de mantenimiento. Estos montos van desde tres mil 500 soles, en los colegios más pequeños, hasta cerca de 35 mil en los más grandes como el San José.
Precisó que este año las obras de mantenimiento en los colegios han estado orientadas al equipamiento de los servicios higiénicos y a la compra de kits de bioseguridad para la entrega del material educativo, el cual se distribuyó en su totalidad el año pasado, con apoyo de los docentes, directores, administrativos, el Ejército y los alcaldes.
Finalmente, afirmó que la deuda administrativa que se tiene con el personal de educación es de aproximadamente 30 millones de soles, mientras que la deuda social asciende a 395 millones. Al respecto, destacó que con los saldos presupuestales se ha logrado descontar del segundo monto citado 16 millones de soles y un millón 800 mil adicionales, que aportó la UGEL Chiclayo.
“El año pasado hemos pagado en la UGEL Chiclayo, por concepto de deuda social, entre dos mil 600 y dos mil 800 soles a cada trabajador, en la UGEL Lambayeque entre cuatro mil 500 y cinco mil y lo mismo en Ferreñafe. Por parte de la Gerencia Regional de Educación a cada profesor se le ha pagado cerca de once mil soles. La variación obedece al número de docentes que corresponde a cada entidad. Como gerencia hemos podido pagar más porque solo tenemos 65 servidores con los que mantenemos deuda social, mientras que en la UGEL Chiclayo la cifra supera los tres mil”, explicó.
Desde hace 20 años, en un ambiente cedido por el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, funciona una sede del Instituto Geofísico del Perú – IGP. Si bien la intención inicial era colocar estaciones sísmicas para monitorear el comportamiento del departamento donde se ejecutaba el citado proyecto, hoy el IGP ha crecido de tal forma que tiene en marcha la implementación de un observatorio geofísico, que esté al servicio de todo el norte del Perú, según explicó Hernando Tavera Huarache, presidente del IGP.
Para que lograr la implementación de este observatorio, el IGP se encuentra en búsqueda de un terreno, que podría ser donado por el Gobierno Regional de Lambayeque, aunque Tavera Huarache no descartó que el Gobierno Regional de Piura pueda hacer la donación del mismo y la estación sea edificada allá.
“En el transcurso de los años hemos incrementado el número de estaciones sísmicas, lo que nos ha permitido conocer muy de cerca la actividad telúrica que afecta a la región norte. Hemos podido conocer el comportamiento o la respuesta de los suelos cuando ocurren estos eventos en Lambayeque y toda la información se ha centralizado en esta oficina que tenemos por un convenio establecido con el PEOT”, indicó.
Tavera Huarache resaltó que este observatorio geofísico permitiría hacer más y mejores investigaciones, sobre todo porque en el Perú hay aproximadamente 300 profesionales en ciencias geofísicas, de los cuales el IGP es la única institución que cuenta con cerca de 30 especialistas con grados de doctor y maestría.
“Tenemos una filosofía moderna de cómo hacer investigación en el país. Hemos acuñado un lema que es ‘ciencia para protegernos, ciencia para avanzar’. De esta forma nos acercamos cada vez más a la población”, comentó.
El IGP es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, cuya sede principal se encuentra en Lima. Actualmente, cuenta con un observatorio geofísico en Junín, que permite monitorear los procesos físico atmosféricos del Valle del Mantaro; y otro en Jicamarca. Además, en Arequipa cuenta con el centro de monitoreo de volcanes.
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
Si en 1970, cuando ocurrió el terremoto de Áncash, hubiera existido un sistema de alerta temprana de sismos, la población del Callejón de Huaylas habría recibido con ocho segundos de anticipación el aviso de lo que estaba por suceder. En el caso de Chiclayo, el tiempo se habría extendido a 20 segundos. Aunque parezca poco, ese tiempo es valioso para ponerse a buen recaudo y salvar vidas, tal como explicó Tavera Huarache.
Por ello, otro de los grandes proyectos del IGP es la implementación de un sistema de alerta temprana de sismos en Lambayeque, para lo cual ya están próximos a firmar convenios con las cuatro jurisdicciones donde se instalarán los sensores: el Centro Poblado ‘La Capilla’, los distritos de San José y Ciudad Eten, y una localidad fronteriza con el departamento de La Libertad.
Estos cuatro sensores más los que ya están instalados en Piura y La Libertad alimentarán todo un sistema de alerta temprana para el norte del país, que tendrá como base de monitoreo la sede del IGP en Lambayeque. La intención es que a finales de este año la red de sensores funcione en su totalidad en toda la zona costera del país.
“Este año nos espera una reunión con el gobernador regional para especificarle a mayor detalle de qué se trata este proyecto y cómo ayudará a proteger la vida de los lambayecanos. Necesitamos el apoyo del Gobierno Regional de Lambayeque, porque ellos tendrán que participar del proyecto, apoyando en la compra las bocinas que serán ubicadas en las ciudades para dar la alerta”, detalló.
PREDICCIÓN Y PRONÓSTICO
Tavera Huarache explicó que en sismología la predicción no es posible, dado que aún la ciencia no puede definir dónde va a ocurrir el próximo movimiento telúrico, qué magnitud tendrá ni cuándo sucederá. Lo que sí se puede hacer – manifestó – es hablar de pronósticos, en lo cual la geofísica sí ha avanzado bastante.
“Sabemos que ocurrirá un sismo de una magnitud bastante importante, por encima de los 8.5, que afectará a toda la zona costera. Eso significa que Chiclayo será una de las principales ciudades, cuyo suelo será sacudido. Se espera bastante daño. Nuestro objetivo en este caso es salvar la vida de las personas. No importa que las estructuras colapsen, porque se pueden recuperar, pero las vidas no. Nos preocupa este silencio sísmico”, aseveró.
Precisó que como IGP también han recabado información sobre la posibilidad de la ocurrencia de un sismo de magnitud entre 7 y 7.5, cuyo epicentro sería cien kilómetros mar adentro, lo cual podría generar un tsunami que golpee la zona costera. Al respecto, destacó que el sistema de alerta temprana también notificaría el momento de llegada de las olas, labor en la cual vienen trabajando con la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú.
“Los terremotos o sismos son cíclicos. Lo que no sabemos es cada cuánto tiempo vuelven. La vida de las personas no suele ir más allá de los 80 años y estos eventos ocurren cada 200 o 250. La información sísmica histórica data de hace 500 años, pero no es suficiente para entender lo que ocurre”, puntualizó.
DESASTRES NATURALES
Añadió que la topografía del territorio nacional, conformado por valles, quebradas y cordilleras, es la consecuencia directa de la ocurrencia de sismos. Así como el ser humano sufre cambios conforme crece – comparó – la tierra también cambia y eso ocurre gracias a otros fenómenos climatológicos como las erupciones volcánicas, lluvias, huaycos, aluviones, etcétera.
“Al final, los terremotos, que ocurren en el corazón del planeta tierra, dan lugar a la morfología que ahora conocemos. Las erupciones volcánicas, las lluvias, los huaycos, son parte de la vida de la tierra, de su evolución, no podemos evitarlo. Para que la tierra se transforme no necesita de la mano del hombre, pero el hombre sí necesita de la tierra para vivir. Por eso tenemos que aprender a convivir de forma adecuada, respetando la naturaleza”, indicó.
Indicó que muchas veces las personas culpan a la naturaleza por la destrucción de sus viviendas cuando ocurren este tipo de fenómenos, pero en realidad es porque el hombre levanta edificaciones sobre suelos que no son los adecuados.
FENÓMENO EL NIÑO
Tavera Huarache señaló que el IGP forma parte de la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional e Fenómeno El Niño – ENFEN, conglomerado desde el cual aportan con el pronóstico de este fenómeno climático para la elaboración de documentos técnicos que ayudan a las autoridades en la toma de decisiones.
Según los estudios que cada 15 días emite el ENFEN, este año se prevé la ocurrencia de un Fenómeno El Niño – FEN, pero no de la misma magnitud que el ocurrido en el 2017. Sin embargo, resaltó que el objetivo es ir reduciendo cada año el riesgo que representa para la población.
“Si el FEN genera una lluvia copiosa y hay inundación en la zona costera, eso demarca la zona crítica donde ocurrirá el próximo huayco o aluvión, entonces tenemos que alejarnos de ese lugar. La naturaleza nos muestra el camino, debemos aprender eso. Si no lo hacemos, estaremos expuestos cada año a contar las mismas historias que afectan la vida de los peruanos”, exhortó.
PRESUPUESTO
En tanto, el ingeniero geofísico apuntó que, si bien el presupuesto nunca es suficiente, con lo poco que tienen han ido construyendo instrumental geofísico como magnetómetros, perfiladores de viento y radares para monitorear deslizamientos. Hoy, una de sus prioridades es construir un radar meteorológico, que costaría la tercera parte de lo que vale en el mercado internacional.
“Todos siempre diríamos que el presupuesto no es suficiente, pero también somos conscientes de la realidad en la que se encuentra el país con la pandemia. La experiencia que tenemos nos ayuda a buscar recursos. Hemos participado en concursos de financiamiento nacional e internacional para continuar con esta labor que realizamos. El Estado se ha preocupado por proveernos de lo necesario para sacar adelante los servicios que ofrecemos al país: el Centro Vulcanológico Nacional, en la región sur del país; el Centro Sismológico Nacional, que está en Lima; y ahora que estamos tratando de sacar adelante el Centro de Monitoreo de Alerta de Huaycos y el Sistema de Alerta Temprana de Sismos en Lambayeque”, afirmó.
Han pasado más de dos años desde que Marcos Gasco Arrobas asumió las riendas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH. Desde entonces, este medio ha sido critico de su administración, destapado una serie de irregularidades y denuncias, algunas de las cuales viene investigando el Ministerio Público. Sin embargo, en aras de la pluralidad, Expresión conversó en exclusiva con el burgomaestre para conocer los objetivos que persigue en su tercer año de gestión.
Dentro de estos – según anunció el primer vecino de la ciudad – está la tercerización de por lo menos el 50 % del servicio de recolección de residuos sólidos. Aunque no explicó en qué condiciones se hará esto, aseguró que ningún obrero municipal se verá afectado, pues aquellos que sean reemplazados en sus funciones pasarán a realizar otras labores como el barrido de las calles.
Resaltó, como antecedente, la experiencia con Veolia, empresa con la cual la MPCH suscribió el 22 de abril del 2019 un contrato directo por más de un millón 800 mil soles para el recojo de residuos sólidos y que – según la Contraloría – generó un perjuicio económico de más de 240 mil soles en la comuna. Gasco Arrobas indicó que con Veolia el recojo por tonelada de basura costó 138 soles, mientras que al ayuntamiento le cuesta 280 soles si lo hace con el trabajo de sus obreros.
“A nosotros nos costó 138 y se hizo una buena gestión, Veolia limpió y lo hizo muy bien. Tuvimos esa experiencia. Ahora lo que vamos a hacer es tercerizar parte importante de la recolección de residuos sólidos sin ningún detrimento al trabajador actual, que en la mitad de los casos está en sus casas ganando su sueldo sin trabajar porque son población vulnerable. La tercerización se hará de forma transparente y en pluralidad de postores, como mandan los procesos de licitación. Pido a la población un poquito de paciencia (…) Me comprometo que, para abril, para el aniversario de Chiclayo, la ciudad estará totalmente limpia”, aseveró.
Añadió que también está en proceso la compra de siete nuevas compactadoras, además de motofurgonetas para realizar la recolección de residuos en aquellos lugares donde los vehículos pesados no pueden ingresar. En contraparte, pidió a la población que también colabore con darle un mejor tratamiento a la basura que saca, así como el pago puntual de sus arbitrios.
DEUDAS
En tanto, Gasco Arrobas afirmó que su administración ha sincerado la deuda que tiene la MPCH, la cual ascendería a 350 millones de soles. Resaltó que este monto es producto de casi tres décadas de abandono por parte de las exautoridades y exfuncionarios, así como de convenios con los trabajadores y obreros que han sido “desangrantes” para la economía de la municipalidad.
Entre estos convenios que consideró lesivos está el período de lactancia materna hasta los siete años, el doble pago por concepto de Compensación por Tiempo de Servicios – CTS, la herencia laboral, las bonificaciones por los días festivos, entre otros.
“Mi actuación no ha sido simpática a la interna de la municipalidad, porque en un primer momento me enfrenté a diferentes poderes que existían acá como culturas ya impregnadas en el accionar de los trabajadores (…) Ha sido muy crudo, pero ya nos conocemos, sabemos nuestras posiciones. En las diferencias el secreto es conciliar y nosotros hemos conciliado, sin ir contra mis principios de gestión para mejorar la administración. ¿De dónde vamos a pagar una herencia laboral? ¿De dónde vamos a sacar para pagar una lactancia materna de siete años? Esos períodos no existen en ninguna parte del mundo. Hemos entablado los procesos judiciales correspondientes. He sido duro al principio, pero ahora necesito juntarme con todos los corazones de Chiclayo para pasar estos momentos tan difíciles”, indicó.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
Consultado sobre la ejecución presupuestal en sus dos años de gestión, señaló que en el 2019 la municipalidad de Chiclayo no devolvió recursos al tesoro público, pese a no haber cumplido las metas presupuestales.
Sin embargo, Según la Resolución Directoral Nº 010-2020-EF/50.01, mediante la cual se aprobaron los resultados de la evaluación del cumplimiento de las metas del Reconocimiento a la Ejecución de Inversiones – REI, establecidas al 31 de diciembre del 2019, la administración municipal solo gastó el 31 % de su Presupuesto Institucional Modificado – PIM, de inversiones, quedando muy lejos de la meta del 70 % que establece el Ministerio de Economía y Finanzas - MEF.
Para este 2020, la justificación del burgomaestre fue la pandemia del COVID-19, particularmente por el confinamiento obligatorio de cuatro meses. Según el portal de Consulta Amigable del MEF, la comuna provincial solo ejecutó el 59 % del presupuesto total.
OBRAS CON EL EJECUTIVO
En cuanto a las obras gestionadas con el Poder Ejecutivo, resaltó la del drenaje pluvial de Chiclayo, la cual costará dos mil millones de soles y que iniciaría en el segundo semestre de este año.
Asimismo, señaló que ya se inició la elaboración del perfil y expediente técnico para el cambio integral de las redes de agua y desagüe, obra de más de 800 millones de soles que se estaría lanzando a licitación el próximo año y permitiría cambiar la infraestructura que tiene 60 años de antigüedad.
Además, anunció que en febrero empezará la convocatoria de un concurso – oferta para la licitación del expediente técnico y la obra de 42 kilómetros de emisores primarios y la colocación de 912 buzones, la cual demandará una inversión de 83 millones de soles y beneficiará a Chiclayo distrito, José Leonardo Ortiz, La Victoria y Pimentel.
PAVIMENTACIÓN
Asimismo, destacó que a través de un convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque se hizo posible el inicio de las obras de pavimentación de pistas y veredas en el pueblo joven José Olaya, el cual hace 63 años carecía de esta infraestructura y que hoy ya se encuentra en el tercer mes de ejecución.
De igual forma, destacó la culminación las obras de pavimentación del pueblo joven 9 de Octubre, que desde hace 52 años no tenía pistas ni veredas; así como en la segunda etapa del pueblo joven Santa Rosa.
Adicionó la rehabilitación de las avenidas Chinchaysuyo, Mariscal Nieto (entre el colegio Karl Weiss y el centro comercial ‘Boulevard’) y Grau (entre el centro comercial ‘Boulevard’ y Real Plaza). En tanto, afirmó que hay un presupuesto de cuatro millones de soles destinado para el mantenimiento de todas las pistas y veredas de Chiclayo, entre las que se encuentran comprendidas la pavimentación de los pueblos jóvenes Ricardo Palma y Pastor Boggiano, así como el recapeo de las calles de las urbanizaciones Santa Victoria y Los Parques.
“El próximo mes iniciaremos el proceso de licitación para la avenida Pedro Cieza de León, que va de la Prolongación Bolognesi y termina en el cementerio El Carmen. Esa avenida será bella. La avenida ‘El Carmen’, que está frente al camposanto del mismo nombre también ya tiene la buena pro y en la próxima semana inician los trabajos de rehabilitación”, indicó.
Sumó a la lista de ofrecimientos la remodelación de la avenida Balta, la peatonalización y embellecimiento de la calle Elías Aguirre y la remodelación y ensanchamiento de la calle San José. En total, destacó que hay 60 millones de soles de presupuesto orientado para la inversión en todas estas obras.
OTRAS OBRAS
Además, mencionó el cambio de redes de agua y desagüe en los pueblos jóvenes Túpac Amaru, Ampliación Túpac Amaru, Cruz del Perdón, Ampliación Cruz del Perdón, Baca Burga y San Nicolás; así como la renovación de 20 parques en el mes de diciembre.
“Hemos hecho una obra importantísima que es el relleno sanitario, gracias a un paisano nuestro que es el excomandante general de la Fuerza Aérea del Perú. Él cedió a la provincia de Chiclayo 400 hectáreas para la construcción del relleno sanitario. Esta obra no se ve porque está a 30 kilómetros de Chiclayo, pero esta próxima a entregarse y mejorará el medio ambiente y la salud de todos”, puntualizó.
Finalmente, señaló que se pondrán contenedores de basura en diferentes puntos críticos de la ciudad y se implementarán 25 kilómetros de ciclovías.
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