Mediante la Resolución Administrativa N.° 139-2020-UAF-GAD-PJ, del 30 de diciembre del año pasado, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque – CSJLA, aprobó dar de baja a 149 bienes patrimoniales en supuesto mal estado y declarar en condición de sobrantes otros 63.
El pasado 4 de diciembre, la institución Rehabilitación de Marginados – REMAR, de Trujillo, presentó una carta a la CSJLA, solicitando la donación de bienes en desuso para acciones benéficas, específicamente para la implementación de casas hogares de asistencia y auxilio. En virtud de ello, se aprobó también en la citada resolución la donación de los 149 bienes patrimoniales a REMAR.
“El motivo de la presente es para solicitarles que nos ayuden a seguir adelante en esta obra social que realizamos en el Perú, considerándonos en sus programas de ayuda social con la donación de bienes en desuso o dados de baja: equipos de cómputo, muebles, escritorios, mesas, sillas, etcétera, los mismos que servirán para implementar las diferentes casas hogares de asistencia y auxilio”, se lee en la misiva.
Sin embargo, grande fue la sorpresa cuando parte de estos muebles, que contaban con los adhesivos de control patrimonial de la CSJLA, se hallaron en el sector denominado ‘La Cachina’ de Chiclayo, siendo ofertados por los comerciantes.
DENUNCIA
Enterado de esta situación, el presidente de la CSJLA, Juan Riquelme Guillermo Piscoya, elevó el Oficio N° 0071-2021-P-CSJLA-PJ-JRGP a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para poner en conocimiento que en el citado lugar se estaban vendiendo los bienes que habían sido donados por la Corte de Lambayeque.
A raíz de este oficio, personal de la fiscalía se apersonó el 16 de enero a la citada zona, donde – efectivamente – se identificó que la mayoría de bienes que se vendían pertenecían a las dependencias judiciales de Lambayeque. Estos eran ofertados con precios que iban desde los 20 soles hasta 200 soles cada uno.
No obstante, hasta el 17 de enero se seguían vendiendo algunos de esos muebles en ‘La Cachina’, por lo cual Guillermo Piscoya solicitó al Ministerio Público inmovilizar los bienes hasta que se hagan las aclaraciones correspondientes.
“Mi despacho ha remitido esta información no solo al Ministerio público para que proceda conforme a sus atribuciones, sino también al Órgano de Control Institucional para que también hagan las indagaciones, según sus competencias (…) De acuerdo a las fotografías que nos han enviado, hay bienes que evidentemente no estarían en tan mal estado, además los montos por los cuales son ofrecidos evidencian que su valor no es tan despreciable”, indicó.
Según la resolución con la que se dio de baja a los bienes, estos estarían valorizados en 53 mil 58.15 soles, distribuido en dos grupos, uno de 27 mil 509.76 soles y otro de 25 mil 548.39.
RESPONSABILIDADES
El titular de la corte afirmó que ya solicitó al gerente de la misma toda la información concerniente al procedimiento de baja y donación de los bienes, a fin de determinar responsabilidades en los funcionarios del área Logística y de Control Patrimonial.
“Uno de los puntos importantes durante mi discurso de apertura en el año judicial fue la lucha frontal contra la corrupción. No vamos a aceptar ningún atisbo de corrupción que pueda presentarse en esta corte. En ese sentido, y respetando la presunción de inocencia y las garantías tanto procesales, como administrativas y penales, serán los órganos de control penal, en este caso la fiscalía como órgano de control institucional, la responsable de establecer las responsabilidades que tuvieran lugar”, aseveró.
Agregó que en la CSJLA hay funcionarios de confianza de la gestión anterior, quienes están sujetos a evaluación permanente. De hallarse alguna responsabilidad en ellos, se iniciarán los procesos de sanción correspondientes.
“Estoy convencido que aquella persona que no tiene ningún tipo de responsabilidad no debe temer que se hagan las investigaciones correspondientes, sino al contrario, debe facilitar toda la información necesaria y colaborar con los entes del Estado para que se puedan esclarecer las cosas. No puede ser posible que la ciudadanía vea que los bienes que pertenecen a una institución del Estado como el Poder Judicial, que supuestamente tendrían que ser donados para fines benéficos, terminen siendo ofertados al mejor postor en un lugar como ‘La Cachina’”, aseguró.
