La inestabilidad política en el país afecta directamente el desarrollo de la economía y, en consecuencia, a la generación de empleo. Para el primer vicepresidente de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, Jesús Salazar Nishi, es urgente que desde el gobierno central se dé impulso a tres shock, con los cuales se posibilite el incremento de las inversiones en un clima de seguridad jurídica.
“Lamentablemente lo que observamos día a día es una distracción tremenda en asuntos domésticos por parte de nuestra clase política nacional, descuidando mucho el aspecto de las inversiones y del crecimiento de la economía. El Perú sigue paralizado, el ruido político le hace mucho daño a la economía nacional, aunque hemos cerrado el año 2021 con un 3.2 % de crecimiento”, manifiesta el dirigente empresarial.
Comenta que son dos mil 379 proyectos paralizados los que se cuentan a lo largo del territorio nacional, representando una inversión que supera los 22 mil millones de soles.
“Si activáramos los proyectos, si se generara la confianza en el empresariado, la inversión vendría sola. El empresario nacional lo que quiere es invertir, hacer crecer la economía del país, pero esto es algo que no sé por qué los políticos no pueden leer”, enfatiza.
La estrategia
Un análisis efectuado por el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de SNI, hace hincapié en tres shock imprescindibles, que deberían realizar quienes ahora se encuentran al mando del Ejecutivo.
El primero se refiere al área de Gestión Pública y Social, en la cual debe reactivarse y, generar inversiones; un segundo, orientado al ámbito tributario y financiero, cuyo espectro de acción debe ser la formalización y generación de empleo per se; mientras que el último versa sobre la política sectorial, que debe ir por el camino del crecimiento sostenido y el desarrollo.
Es en ese contexto que el empresario industrial hace referencia a las propuestas del gremio que representa, como la dación de un decreto de urgencia que tienda a destrabar los proyectos de inversión, similar al DU 008-2019, para lo cual se debería crear la Comisión Especial por el Pacto para la Inversión, la misma que debería estar integrada por miembros del Congreso, Ejecutivo y la Contraloría General de la República.
Otra propuesta es la referida a centralizar la ejecución de las grandes obras estratégicas nacionales y regionales, siguiendo el ejemplo de instituciones como la Agencia de Reconstrucción con Cambios; una tercera propuesta, se refiere a asegurar el cumplimiento del Plan de Infraestructura y determinación de proyectos regionales que requiere el Plan de Acción y Ejecución, y una última sugerencia para reactivar la economía está referida a relanzar el mecanismo de obras por impuestos que permita la generación de empleos, atención a la seguridad pública, anemia, friaje y a desarrollar nuevos alimentos fortificados a través de este mecanismo.
Salazar Nishi muestra su preocupación por un problema social como es la anemia, que sigue agrediendo de manera directa a la población más vulnerable, refiriéndose a los niños de 6 a 36 meses, que según cifras del 2020 alcanzan índices alarmantes de este flagelo, llegando a registrar un promedio nacional de 40 % de la niñez del Perú con anemia; siendo Ucayali, Cusco, Apurímac, Pasco, San Martín, Piura y, Huánuco, los departamentos que tienen una prevalencia de anemia muy alta, superando el porcentaje antes mencionado.
Ausencias en la agenda
“La corrupción nos está pasando la factura y golpeando mucho como país, pues genera atraso y trae pobreza. En el 2020 la pobreza creció casi 10 puntos respecto al 2019. Pasamos de 20.2 % de pobreza a 30.1 %, y la población que en el 2019 no era vulnerable (45.8 %), bajó a 34.4 %. Nuestro país da muestras de que se está debilitando y los ratios o indicadores sociales están creciendo muy fuerte, pero eso no forma parte de la agenda política actualmente. El Congreso está metido en sus temas, el Ejecutivo no sabe cómo salir de sus problemas y, mientras tanto, los empresarios tratamos de construir país todos los días”, remarca Jesús Salazar.
Menciona que Sociedad Nacional de Industrias demanda que se dé un pacto institucional que permita la revisión de la paralización de obras.
“Tenemos 379 obras de magnitud nacional, 276 de dimensión regional y mil 714 obras locales paralizadas. Si esto se puede dinamizar a través de trabajos en conjunto del Poder Ejecutivo, los gobiernos regionales, gobiernos locales, el Congreso, Contraloría y el Ministerio Público. Si todos ponen de su parte, en medio año se ponen en marcha todos estos proyectos y se dinamiza la economía. Sin embargo, hay un serio problema de dejadez”, indica.
Obras no ejecutadas
La paralización de obras pública y las carencias de la población tienen una relación estrecha, puesto que varios de estos proyectos están concebidos precisamente para atender a las familias más vulnerables.
Así, por ejemplo, cerca de ocho millones de ciudadanos en el Perú no cuentan en la actualidad con instalaciones de agua y desagüe, pese a que muchas de las obras paralizadas tienen que ver con ambos servicios. Lo más cuestionable es que dichos proyectos están financiados.
Tal como explica Jesús Salazar, la paralización de proyectos obedece a la falta de capacidad de los gobiernos regionales y locales para la celebración exitosa de procedimientos de adjudicación y contratación, debido a vicios o a irregularidades que son advertidas por los entes de control como la Contraloría General de la República.
“Lo más lamentable es que esos dos mil 379 proyectos que están paralizados tienen presupuesto, están financiados, por lo tanto el problema no es falta de recursos, sino de capacidad para desarrollarlo. Es lamentable que en un país donde la pobreza crece y se tiene dinero para hacer obras locales, regionales y nacionales, se paren los proyectos por incapacidad. Eso es un crimen, es negarle al país la posibilidad de crecimiento y de desarrollo. Entendemos que hay muchas de estas obras paralizadas por corrupción, que es un cáncer que debemos erradicar, pero hablemos claro: la corrupción tiene nombre propio y es identificable plenamente, ¿por qué no se le ataca de raíz entonces? Llegó el momento de hablar claro y alto, ya estamos cansados de ver que hay corrupción y no pase nada”, sostiene.
Anota que un serio problema también es la alta rotación entre los funcionarios del Ejecutivo, debido al clima de inestabilidad, lo que impide que los funcionarios de mando medio tomen decisiones respecto a los grandes proyectos o, con los cambios, se truncan los avances de reactivación.
Respecto a la formalización de la economía, Jesús Salazar menciona que es lamentable que en el país solo se hable de alentarla, pero no se den pasos concretos para sostenerla y hacerla atractiva para todos los actores económicos.
“La informalidad en el país ya está llegando cerca al 78.8 %. Hemos retrocedido 13 años, desde el 2008 no teníamos esta cifra de informalidad tan alta. ¿Cómo piensa el gobierno generar empleo formal y digno? ¿Aumentando el sueldo básico? No se entiende, se hace exactamente lo contrario. Las pequeñas empresas, que mueven el 99 % de la economía en el Perú, están prácticamente abandonadas. Todos miran a las grandes compañías y sus inversiones, pero nadie suma el esfuerzo que hacen todos los días las micro y pequeñas empresas para seguir produciendo”, acota.
La temeridad en su más alta expresión. La corroboración documental ha permitido desenmascarar al Consorcio del Norte, que en forma alevosa trató de adjudicarse la buena pro de dos procesos millonarios convocados por la Municipalidad Provincial de Ferreñafe con la presentación de documentos adulterados.
El 29 de noviembre del 2021, la Municipalidad Provincial de Ferreñafe convocó el Proceso Especial de Contratación Pública N° 01 - 2021-MPF con el objeto de contratar al ejecutor de la obra: “Recuperación de la Infraestructura de la Institución Educativa Inicial N°385 de la Unidad Vecinal Sagrado Corazón de Jesús – Distrito de Ferreñafe – Provincia de Ferreñafe”, valorizada en un millón 600 mil soles.
En el proceso participó el Consorcio del Norte, integrado por las empresas Corporation Sagesse SAC y 2SFD Consultores y Constructores SRL, que bajo el acuerdo formalizado mediante la Promesa de Consorcio requerida en las bases del proceso, suscribieron la misma el 10 de diciembre del 2021.
Acuerdo en cuestión
La norma procesal de las contrataciones del Estado y las bases del proceso convocado requieren que cuando participen empresas integrando un consorcio, las firmas de los representantes legales de las mismas deben contar con una legalización notarial para que el acuerdo sea válido, (Promesa de Consorcio), condición que aparentemente los integrantes del consorcio cumplieron.
De acuerdo a la publicación de este requisito obligatorio en el Sistema Electrónico de las Contrataciones del Estado - SEACE, la legalización de los representantes de ambas empresas, en este caso Carmen Fernández Chilce, representante del integrante Corporation Sagese SAC, y Félix Darwin Sampertegui Silva, representante de 2SFD Consultores & Constructores S R L, supuestamente fue legalizadas por el Notario de Lima Jorge Luis Gonzales Loli.
Sin embargo, a solicitud de uno de los participante, mediante la carta s/n de fecha 30 de diciembre de 2021, el notario respondió textualmente que: “Los sellos y firma no corresponden a los utilizados en mi despacho notarial”, tal como refiere el tenor de la misiva, haciendo hincapié en el mismo documento que “se trata de una falsificación”, quedando evidenciado el acto que vulnera, en este caso, el Principio de Presunción de Veracidad por parte del Consorcio del Norte.
El segundo proceso
Se tiene también que, el 1 de diciembre de 2021, la comuna ferreñafana convocó el proceso denominado Adjudicación Simplificada N°13 -2021 – MPF, derivada de la Licitación Pública N° 1 -2021 – MPF, para la contratación de la ejecución de la obra; “Creación del servicio transitabilidad vehicular y peatonal en la U.V. Casuarinas, U.V. Señor de la Justicia (sector norte) y la U.V. Héctor Aurich (sector norte), en el distrito de Ferreñafe – Provincia de Ferreñafe”, con un presupuesto cercano a los nueve millones de soles.
En dicho procedimiento volvió a participar el Consorcio del Norte, esta vez conformado por Corporation Sagesse SAC (la misma del proceso anterior) e Inversiones Lumi E.I.R.L., quienes formalizaron el acuerdo de su participación en conjunto, mediante la Promesa de Consorcio suscrita el 10 de diciembre de 2021 por los representantes de las empresas consorciadas, cuyas firmas – como en el caso anterior - supuestamente habrían sido legalizadas por el notario Jorge Luis Gonzales Loli.
Empero, esto tampoco se ajusta a la verdad,por cuanto el referido notario, a solicitud de uno de los participantes, emitió una segunda carta, con fecha 30 de diciembre de 2021, confirmando textualmente que tanto los sellos y firma que aparentemente habrían sido utilizados para legalizar las firmas de los representantes de las empresas, “no corresponden a los utilizados” en su despacho”, haciendo hincapié que “se trata de una falsificación”.
La infracción sancionable
Ante lo señalado por el notario Jorge Luis Gonzales Loli, respecto a que los sellos y las firmas que se registran en ambas promesas de consorcio son falsificadas, este hecho, de acuerdo al artículo 50 de la Ley de Contrataciones del Estado, se configura como infracción sancionable para no contratar con el Estado, al tratarse de la presentación de documentos con información falsa y/o inexacta, procedimiento que deberá ser llevado a cabo por el Tribunal de Contrataciones del Estado en cuanto tome conocimiento de ambos hechos.
A ello se suma que se habría incurrido en el delito de falsificación de documentos, lo que acarrea una sanción penal.
El Ministerio de Educación ha informado que en marzo próximo la comunidad educativa deberá volver a las aulas, bajo la modalidad semipresencial. Si bien no hay fecha fija, a decir del secretario general del SUTEP Lambayeque, Cebero Guerrero Segura, preocupa las condiciones de las escuelas, sobre todo porque varios locales educativos están en proceso de reconstrucción.
“Nos preguntamos cómo va el mantenimiento básico preventivo de las instituciones educativas. Tenemos entendido que a nivel nacional se ha destinado 417 millones de soles para el tema de salubridad y otros, y esto debería estar en ejecución, pero por lo que se nos ha informado el proceso es bastante lento. El otro tema es el de calendarización del año escolar. Inicialmente en la normativa se dijo que iniciaría el 3 de marzo y luego se dijo que a más tardar será el 28 de marzo. Preocupa que no haya una fecha definida”, señala el dirigente magisterial.
Menciona que algunas autoridades que representan al sector Educación en Lambayeque han mostrado indecisión y todo apunta a que lo más real es que se estaría empezando a fines del mes de mayo, en la modalidad presencial.
“Lo otro que se debe ver es el tipo de prestación del servicio educativo, pues no está claro si vamos a retornar en todas las instituciones educativas de la región Lambayeque a clases presenciales y semi presenciales o a distancia. Esto tiene que definirse a través de la comisión multisectorial, donde participan el sector Educación, sector Salud, Transportes, entre otros”, refiere.
Grupos de estudio y horarios
Guerrero Segura sostiene que, para garantizar el retorno seguro a las clases, lo que más se adecua a la realidad es la semi presencialidad, teniendo en cuenta que el regreso debe ser progresivo o gradual.
De allí que una de las propuestas es dividir a la población escolar en grupos, de tal manera que un primero acuda los lunes, miércoles y viernes, y otro los martes, jueves y sábado. También se podría alternar los grupos semana a semana, esto para garantizar el distanciamiento entre estudiantes y la bioseguridad.
Refiere que no se puede dejar de tener en cuenta que desde el inicio de la pandemia se ha presentado la migración de estudiantes de las escuelas privadas a la públicas, lo que representa una serie de necesidades, como, por ejemplo, incrementar el mobiliario para el distanciamiento y la ventilación.
Según el Ministerio de Educación, solo en el último año más de 300 mil escolares pasaron de los colegios privados a los públicos, principalmente por problemas económicos en sus familias. Otra problemática latente es el desamparo en el que han quedado más de 100 mil niños por la pérdida de padres o tutores, debido a la pandemia, a nivel nacional.
Herramientas y conectividad
El dirigente del SUTEP Lambayeque señala que ha sido necesario redoblar esfuerzos para fortalecer la educación a distancia, priorizando la conectividad. Sin embargo, lamentablemente muchos de los estudiantes no se han conectado a las clases ni han accedido a la estrategia ‘Aprendo en casa’, porque precisamente en sus zonas no hay electricidad o no tienen ningún medio de comunicación.
La Contraloría General de la República reportó, en sus informes del 2021, que en Lambayeque poco más de 35 % de estudiantes no lograron conectarse a la educación remota o tuvieron dificultades para acceder a “Aprendo en casa”, siendo excluidos del sistema educativo por falta de herramientas, Internet o energía eléctrica.
“Hacemos un llamado a las autoridades del gobierno regional para que presupuesten en el sector Educación las herramientas digitales para docentes y estudiantes, para que sean de ayuda en las clases semi presenciales. Es correcto que en Lambayeque se ha distribuido alrededor de 26 mil tablets, pero es insuficiente para toda la cantidad de estudiantes. Se tiene que seguir fortaleciendo el uso de las herramientas digitales, que llegaron para quedarse. La pandemia nos ha demostrado cuán importantes y necesarias son”, asevera.
Locales educativos
Asimismo, indica que es de preocupación la adecuación de espacios seguros para los estudiantes y maestros de las instituciones que se encuentran actualmente en proceso de reconstrucción, como los colegios Santa Magdalena Sofía, Inmaculada Concepción y Elías Aguirre, en Chiclayo.
“Es un problema la infraestructura educativa, por lo que en los próximos días se espera que el gerente regional de Educación y los directores de las UGEL, informen de manera definitiva qué ambientes seguros se van a alquilar, pues aún hay colegios sin las condiciones para el retorno. No se debe olvidar que en las aulas se debe tener un distanciamiento que nosotros recomendamos debe ser de más o menos metro y medio entre carpeta y carpeta, con grupos de estudio de nomás de 15 estudiantes”, explica.
Añade que a nivel nacional casi el 40 % de locales educativos se encuentran en condiciones ruinosas, por lo que deben ser reconstruidos en su totalidad.
“Para todas estas mejoras se necesita presupuesto y para ello nuestro sindicato logró que en el 2020 se modifique el artículo 16 de la Constitución, que establece que el Estado debe invertir no menos del 6 % del PBI en Educación. Sin embargo, es cuestionable que el gobierno de un maestro se haya asignado solo el 4 %. Esta falta de decisión política posterga las justas aspiraciones de la comunidad educativa a tener espacios seguros, modernos y bien implementados, así como a tener un magisterio mejor capacitado, con las herramientas necesarias y mejor remunerado”, manifiesta.
Enfatiza que para asegurar que el inicio del año escolar sea realmente exitoso, las autoridades regionales y locales deben trabajar en tres dimensiones: el acondicionamiento de las condiciones de bioseguridad de las instituciones educativas; la elaboración del plan anual de trabajo y el inicio del servicio educativo presencial o semi presencial.
“La norma establece que la vacunación es obligatoria para volver a las aulas, tanto para docentes como estudiantes. Ahora bien, el 40 % de maestros aún faltan vacunarse y los estudiantes de 12 a 17 años aún no tienen las dosis completas. A ello se suma que se exige como requisito la toma de pruebas de descarte del Covid-19 para los maestros. En Lambayeque somos 18 mil maestros, ¿cuándo se tomarán las pruebas y cuál será la estrategia?”, cuestiona.
La población magisterial en Lambayeque es de 18 mil 67 maestros, de los cuales 11 mil 645 pertenecen a las escuelas públicas y seis mil 421 a las privadas.
La obra de rehabilitación de la vía Valle Viejo-Nueva Ciudad de Olmos, financiada por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, con un monto de casi 15 millones de soles, corre el riesgo de perderse debido a la incapacidad de gestión la municipalidad distrital, cuyas autoridades hasta la fecha no logran diseñar un plan de desvío y solucionar otros problemas que se presentan en esta importante vía.
Actualmente, esta obra se encuentra detenida perjudicando a cientos de familias de comuneros de Las Norias, Nitape, Tunape y La Algodonera, quienes tienen dificultades para sacar sus productos, atender sus emergencias de salud y a unos mil vehículos que transportan a siete mil trabajadores de las empresas agroexportadoras, quienes tienen que transitar por una vía reducida a un solo carril y con zanjas abiertas que podrían causar accidentes.
Problemas
La Municipalidad Distrital de Olmos hasta la fecha no ha diseñado el plan de desvío o ruta alterna que permita al consorcio constructor ejecutar de lleno la rehabilitación de la carretera donde permanece una red de postes de alumbrado público, cuyo retiro debería ejecutarlo la empresa Electronorte SA, en coordinación con la entidad edilicia.
Otro de los inconvenientes que registra la ejecución de la vía es la ausencia de profesionales integrantes de la supervisión, labor que desde noviembre del 2021 fue encargada al Consorcio Mochica por un monto de casi medio millón de soles.
Asimismo, en manos de la municipalidad de Olmos está una propuesta planteada por la constructora Consorcio Vial Las Norias, que plantea cambiar el proceso constructivo, es decir la aplicación de una imprimación reforzada que garantizaría una mayor duración a lo planteado en el expediente técnico de la obra, lo cual haría posible conseguir mejoras en la transitabilidad vehicular en toda el área del afirmado de la vía.
Esta propuesta del consorcio constructor ha generado un dolor de cabeza en las autoridades de la Municipalidad Distrital de Olmos porque implicaría modificar el expediente técnico, cambios que retrasarán más la ejecución de los trabajos, los cuales a estas alturas deberían tener cierto avance a más de un mes de haberse entregado la buena pro.
Informe de Contraloría
El titular de la municipalidad de Olmos, Javier Roque Antón y varios funcionarios de su gestión, han sido comprendido con presunta responsabilidad penal y administrativa en dos informes emitidos recientemente por la Contraloría General de la República, en los que se concluye presuntos direccionamientos e inadecuado manejo en la rehabilitación de un colegio en el Pasaje Norte y en la mejora de un camino en los caseríos Laguna Larga, Pasabar La Granja de Olmos.
Los auditores de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque visitaron diferentes áreas de la Municipalidad Distrital de Olmos para conocer lo que está pasando con la rehabilitación de la vía del Valle Viejo y otras obras financiadas por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.
Con los antecedentes plasmados en los informes de la Contraloría, Daniel Ruiz Solís, presidente del Frente Único de Gestión, Fiscalización y Lucha del Valle Viejo de Olmos envió una señal de alerta a la entidad de control y al Ministerio Público para que fiscalicen la ejecución de la obra vial.
Daniel Ruiz Solís declaró a Expresión que los informes han sido enviados al Procurador Público Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, para que inicie el proceso penal contra las autoridades municipales.
“No queremos que se pierda o mal utilice el dinero de esta importante obra que nos costó muchísimo sacrificio conseguir. Necesitamos una obra que dure y que se ejecute bien para que tenga utilidad pública”, comentó preocupado el dirigente.
Jessica Luna, gerente general de Comex Perú, lamentó que la clase política esté más ocupada en los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Congreso de la República, en vez de atender las verdaderas necesidades del país. Asimismo, citó como ejemplo de la falta de capacidad en los gobiernos regionales y locales lo sucedido con la Municipalidad Provincial de Chiclayo, que dejó de invertir millonarios recursos pese a las carencias que tiene la población.
¿Cómo califica la gestión del presidente Pedro Castillo en sus primeros seis meses? Para algunos, en términos económicos, ha sido aceptable, pues el 2021 se cerró con los indicadores macroeconómicos en positivo. Sin embargo, no es lo que sienten las familias en sus bolsillos y mesas.
Pensemos en las familias peruanas y si se les pregunta cómo les va, sin duda responderán que nos les va bien. Las familias se encuentran en una situación muy complicada.
El panorama nacional tiene mucha inestabilidad, desconfianza e incertidumbre y todo eso afecta las perspectivas de la economía.
Para hablar en términos sencillos, con un escenario así el inversionista se retrae. Y no hablo solo del empresario minero o del gran industrial, sino del emprendedor o de aquel que tiene un puesto en una galería, ¿estarán dispuestos a abrir un nuevo puesto, a invertir el capital o ampliar sus negocios? Claro que no.
Cuando hay un ambiente de desconfianza, de que no sabemos si hay o no gabinete, si los precios suben o si habrá protestas, se paraliza al país. Por un lado, tenemos al empresario de todo tamaño, grande, mediano y sobre todo pequeño, esperando, porque nadie pone su dinero en un país en el que no hay confianza.
¿En qué nos afecta? Mucho, porque significa que no hay trabajo y lo que los peruanos queremos ahora es trabajo. Sin inversión privada, la situación se hace precaria.
¿La alta rotación de funcionarios en el gobierno también acarrea problemas a la economía?
Desde luego, sobre todo porque se ha nombrado a personas sin las capacidades, la experiencia ni el perfil en puestos claves. Como se dice coloquialmente, se ha dado la repartija, el pago de favores políticos a costas del progreso del país.
¿Cómo se refleja eso? En que tenemos niveles de ejecución pública muy bajos; es decir, que la posta, el colegio, el camino, el agua o el saneamiento no llegan.
Estas son dos consecuencias reales, palpables, basadas en evidencia, y que traducen los sentimientos de las familias.
A ello hay que sumar la disparidad que existe a nivel de regiones en cuanto a desarrollo. Comex Perú ha publicado el Índice de Competitividad Regional y lo que este refleja es que mientras unas regiones avanzan otras se quedan postergadas y algunas en situaciones críticas, como Lambayeque, que ocupa el último lugar en institucionalidad.
En esto hay dos niveles de responsabilidad: la del gobierno central y la de las autoridades regionales y municipales.
Primero, a nivel nacional la terrible crisis institucional y de desconfianza hace que los grandes proyectos de inversión no estén saliendo adelante, estén paralizados, obras que son importantes porque no hay una visión país de hacia dónde queremos ir y cómo aprovechar las oportunidades. La inestabilidad nos tiene ocupados o envueltos en temas que no son importantes. Las familias peruanas no se alimentan de la política y, sin embargo, estamos como en un sánguche: por un lado el Ejecutivo, por el otro el Congreso, y al centro los peruanos tratando de salir adelante.
Por otro lado, están los gobiernos regionales y municipales, a los que es importante y necesario mirar, porque nuestro país es descentralizado y hay muchos recursos cuya ejecución y buen uso depende de las autoridades subnacionales, que sin elegidas por la ciudadanía.
En el 2021, por ejemplo, según el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, el Gobierno Regional de Lambayeque tuvo una buena ejecución, con el 93 % del total de recursos de inversión, pero respecto a los gobiernos locales, Lambayeque es la quinta región en peor ejecución.
De todas las capitales departamentales, la Municipalidad Provincial de Chiclayo fue la última en ejecución de inversión pública; es decir, que el presupuesto asignado para obra pública no se gastó.
Exactamente, la Municipalidad Provincial de Chiclayo no gasta. De cada 10 soles, ejecutó tres. Los otros siete soles están en las cuentas o se puede revertir al presupuesto nacional. ¿Qué es eso? Eso es absolutamente inaceptable, los chiclayanos necesitan obras.
¿Cuánto dejó de ejecutar la municipalidad de Chiclayo el año pasado? 70 millones de soles. Eso es imperdonable.
Ahí es cuando entra a tallar la responsabilidad del gobierno local. La gente suele señalar a Lima y al gobierno central como el culpable. Sin duda, hay cierta responsabilidad, pero la mayor parte está en las autoridades locales que son elegidas por la población.
Pareciera que la población no se da cuenta del impacto que tiene un mal gobierno en su economía diaria, ¿verdad?
Exactamente, la gente dice: “A mí no me afecta”, “Yo sigo trabajando”, pero no comprende que la inestabilidad política o las repartijas de puestos públicos a gente no preparada, que es pagada con nuestros impuestos, nos afecta a todos.
Una mala decisión o un funcionario que no tiene capacidad para el cargo, significa la obra paralizada, el servicio básico que no llega o los millones de soles que se pierden por la corrupción.
En octubre de este año tenemos elecciones, no nos quejemos después si elegimos autoridades que ni siquiera nos hemos tomado el trabajo de ver qué formación tienen, qué experiencia han acumulado, qué han hecho en la vida. Pertenecer a un partido político no es garantía de nada.
Todos tenemos la responsabilidad de elegir autoridades preparadas, eficientes y, sobre todo, honestas, porque ese es el gran problema que tiene el país: la corrupción.
¿Es irreconciliable la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, cuyas fricciones están generando tanta inestabilidad y daño país?
Creo que no. Los ciudadanos tenemos que decir basta, así como lo hemos hecho hace unos días cuando se nombró al gabinete Valer y reclamamos porque se nombró a un personaje denunciado por violencia familiar, los peruanos tenemos que decir basta respecto al enfrentamiento entre los poderes del Estado.
En el momento en el que decidamos poner un alto y dejemos de acomodarnos, no saldremos adelante.
Aún tengo la esperanza de que la clase política ponga a los ciudadanos al centro, porque esta ha sido elegida para trabajar por las familias peruanas y no para satisfacer intereses personales. Pero miremos lo que está sucediendo, lo que quieren hacer con la SUNEDU, eso es imperdonable. Están jugando para repartirse el negocio de la educación en desmedro de la calidad.
Los ciudadanos tenemos el poder, pero a veces nos quedamos callados aun sabiendo que de nosotros depende cambiar lo que ocurre en el país.
La ejecución del Terminal Portuario Regional estaría cada vez más lejos, debido al desinterés que la promoción del proyecto tiene en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC.
El 16 de noviembre del año pasado, el encargado de la Dirección de Inversión Privada en Transportes, Ernesto Romero Tuya, dirigió el Informe N° 2054-2021-MTC/19.02, al director general de Programas y Proyectos de Transportes, Bartolomé Cueva Sáenz, en el cual da cuenta de la priorización de la cartera de proyectos del sector Transportes y Comunicaciones.
Esto, a raíz del Oficio N° 118-2021/Proinversión/DE, remitido por el Director Ejecutivo de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – Proinversión, Rafael Ugaz Vallenas, solicitando pronunciamiento por cada uno de los proyectos detallados en los Anexos 1 y 2, a efectos de “enfocar una cartera de proyectos que brinden servicios oportunos a la población”.
En perjuicio de la región
El informe de Romero Tuya resulta atentatorio para las justas aspiraciones de Lambayeque, que por décadas ansía la construcción del Terminal Portuario Regional.
El funcionario, recomendó “la ratificación de los proyectos maduros y con avances significativos en los procesos de promoción”.
Asimismo, recomendó “la exclusión del proyecto denominado Terminal Portuario de Lambayeque”, argumentando que según los estudios realizados por Proinversión, la demanda del proyecto no resulta suficiente para clasificarlo como autofinanciado.
El proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque fue incluido a fines del 2019 en el Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Pública Privadas – IMIAPP 2020-2023 del sector Transportes y Comunicaciones, encargándose a Proinversión la promoción del mismo para conseguir postores interesados en su financiamiento, a través de una Alianza Público – Privada (APP), o, en su defecto, proceder al financiamiento público.
Los proyectos que sí quedan
El informe de Romero Tuya beneficia con su visto bueno para continuidad de la promoción a otras obras como la Longitudinal de la Sierra – Tramo 4, el Ferrocarril Huancayo – Huancavelica, el Anillo Vial Periférico y el Nuevo Terminal Portuario de San Juan de Marcona, todos najo la modalidad de Iniciativa Privada Autofinanciada.
“Con respecto a las acciones medidas de priorización que garanticen el avance y cumplimiento de las metas de los proyectos en cartera, se precisa que, a la fecha, el equipo de Coordinación de Proyectos en Cartera de esta Dirección General viene ejecutando las acciones pertinentes para impulsar y culminar con éxito los procesos de promoción correspondientes, tomando en consideración los principios de ‘enfoque de resultados’ y ‘valor por dinero’, contemplados en la normativa vigente, y priorizando la implementación de la infraestructura y la provisión de los servicios de transporte público a favor de la población antes que cualquier formalidad, impulso y proactividad que también debe ser compartidos y solicitados de manera formal a los equipos técnicos de Proinversión”, señala el informe.
Respecto al proyecto Lambayeque, Romero Tuya recomienda que se inicien las evaluaciones correspondientes con el sector minería y la Autoridad Portuaria Nacional a efectos de promover los proyectos mineros que generarían la demanda necesaria para que el Terminal Portuario pueda calificar como autofinanciado.
El informe lleva las firmas de los ingenieros Juan Carlos Sánchez Medina y Giovanny Zúñiga Tintaya, y la economista Analí Azañero de la Cruz.
Pedido de explicaciones
Frente a estos hechos, el 9 de febrero, la congresista por Lambayeque María Acuña Peralta, presentó el Oficio N° 366-2021-2022-MAP/CR, al ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas.
En el escrito, la parlamentaria da cuenta del compromiso asumido por el titular del sector para impulsar el Terminal Portuario, ofrecimiento que caería en vano tomando como precedente el informe antes citado.
“Luego de la reunión en su despacho del día de ayer, 8 de febrero de 2022, en la que habíamos quedado en el acuerdo de impulsar este importante proyecto con un esfuerzo común entre el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de Economía y mi despacho congresal, he recibido con sorpresa que desde el 16 de noviembre del 2021, en el Ministerio de Transportes ya se viene preparando la exclusión del proyecto del Terminal Portuario de la cartera, sin hacer ningún esfuerzo ni realizar ninguna acción para que se concrete tan anhelado proyecto”, denuncia Acuña Peralta.
En el oficio, le increpa al ministro que responda cuál es su posición respecto al proyecto del Terminal Portuario de Lambayeque, confirme si el proyecto será excluido del Informe Multianual de Inversiones en Asociaciones Pública Privadas – IMIAPP 2020-2023 del sector, y que informe qué acciones inmediatas se tomarán para la concreción del proyecto.
El Terminal Portuario
Entre las obras de gran envergadura que más anhelo representan para los lambayecanos está el Terminal Portuario Regional.
De acuerdo al Plan Maestro de Desarrollo Portuario, la infraestructura deberá construirse a seis kilómetros al sur del distrito de Puerto Eten, apuntando a ser un punto de salida que conecte a los departamentos que componen el Corredor Noramazónico con todo el mundo, a través del Océano Pacifico, permitiendo el comercio de los productos agrícolas y de manufactura.
El proyecto contempla dos fases. En la primera deberá realizarse la construcción del puente de acceso (la plataforma portuaria se ubicará dos kilómetros mar adentro para evitar los problemas de arenamiento), el pantalán, las instalaciones en el mar, en tierra, las obras civiles y el rompeolas, indispensable para proteger la infraestructura portuaria.
En tanto, la segunda fase contempla la instalación del multiboyas, el incremento del puente de acceso, el rompeolas, las motas de cierre, el muelle de contenedores, el relleno de la explanada, y las obras civiles de instalación y el equipamiento.
La inversión total del proyecto se estima en 600 millones de dólares. Se ha realizado el saneamiento físico y legal de las tierras que son parte de la zona de influencia del terminal y desde el 22 de enero del 2018 se autorizó el proceso de promoción de la inversión privada.
Avances y retrocesos
En la gestión del ex gobernador regional Humberto Acuña Peralta se logró la inclusión de Lambayeque en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario y se elaboró el Plan Maestro del Terminal, pieza fundamental para perfilar el impacto y las características de la obra en función de las condiciones geográficas, flujos e impacto económico.
Asimismo, se creó la Autoridad Portuaria Regional, entidad que fue desactivada por el absurdo criterio del exgobernador Anselmo Lozano Centurión, investigado por presuntos actos de corrupción, quien sin conocimiento técnico buscó anular todo lo avanzado para la gestión del proyecto.
Desde la gestión de Lozano Centurión a la actual, a cargo de Luis Díaz Bravo, no se ha dado una sola gestión en pro del proyecto, siendo aislada la voz de organizaciones de la sociedad civil como la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, el Colegio de Ingenieros y la Asociación Regional de Exportadores – AREX.
