El abogado Javier Casas participó en el debate realizado por Ojo Público sobre la transparencia y rendición de cuentas de los funcionarios del Estado. El también presidente de la organización civil Suma Ciudadana señaló que formar conciencia sobre la importancia de la información permitiría impulsar el cambio en los procesos fiscalizadores contra la corrupción.
El abogado advirtió que el resultado de la encuesta global sobre las fortalezas institucionales realizado por el Foro Económico Mundial, en la cual el Perú ocupa el puesto número 130 de los 140 países evaluados y en la que se tomó como uno de los indicadores cuál era el país con mayor facilidad de acceso a sentencias favorables pagadas, respondía a la problemática de transparencia de los funcionarios públicos, específicamente de los jueces y fiscales del país.
A partir de ese contexto, Javier Casas expuso que el primer paso para contrastar la problemática era a través de acciones que transparenten el patrimonio de los jueces y fiscales, ya que “es evidente el enriquecimiento ilícito de los funcionarios en su labor, no solamente percibido por los propios peruanos, sino también mundialmente”.
“Esto es un escándalo. ¿Hemos escuchado algo del presidente de la Corte Suprema respecto a este resultado? No. El Perú marcha feliz para ser incorporado en la OCDE – Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, como uno de sus grandes metas, pero ni el presidente de la Corte ni del Congreso ha salido a decir algo sobre este escandaloso asunto. Nadie dice nada en el Estado, ya que nadie quiere reconocer que tenemos lo peor en administración pública en el mundo”, manifestó.
Por ende, el abogado mencionó que la iniciativa de conocer las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos es necesaria, y que esta debe ser impulsada desde la sociedad civil y el periodismo, debido a que el Estado pone poco interés en ello e incluso impone vallas y trabas para realizar el trabajo, agregando que la transparencia es un estado paradójico en el país.
“Las declaraciones juradas patrimoniales fue una ‘conquista’ de la sociedad en la época de Fujimori, porque por primera vez en la historia del Perú teníamos en la Constitución de 1993 la ley que establecía la publicación de las declaraciones juradas patrimoniales de todos los funcionarios jurídicos en el diario El Peruano. Antes, presentabas tus declaraciones, pero todo quedaba en un ambiente de reserva porque era el Estado el único ente fiscalizador. Es con Fujimori con quien se da este cambio en 1993. Sin embargo, nunca se implementó”, explicó.
“Fue un cambio dentro de un esquema donde la Constitución sirvió para que el mundo viera con mejores ojos al gobierno peruano que acababa de dar un golpe de Estado. Se construyó una institucionalidad de papel, pero a la hora de implementarla nunca se hizo nada. El Congreso nunca emitió la ley que regule el ejercicio a este derecho de conocer la información. Fue recién Paniagua quien dio las primeras leyes sobre la declaración jurídica patrimonial, que en efecto se debían publicar, pero inmediatamente el Ejecutivo realizó un reglamento por el cual solamente se publicara un resumen muy pequeño de la información”, enfatizó.
Agregó que aquella estructura normativa impedía el acceso a la información, sobre lo cual se pronunció el Tribunal Constitucional, dando como resultado que se aumentara y mejorara el estándar de transparencia en el que se debía publicar al detalle la declaración.
Javier Casas marcó este hecho como la principal experiencia que motivó y permitió construir la primera base de datos informativos de los patrimonios reales de los funcionarios.
CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República es el ente técnico rector del Sistema Nacional de Control, cuya misión es dirigir y supervisar con eficiencia y eficacia el control gubernamental, orientando su accionar a la transparencia de la gestión de entidades. Asimismo, una de sus funciones es acopiar a nivel nacional las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios públicos del país.
El abogado señaló que inicialmente la entidad había empezado a seguir el mandato establecido por el Tribual Constitucional, en el que se comenzó a brindar a detalle la información patrimonial de los funcionarios públicos, sin embargo, explica que la campaña de reelección del contralor fue el factor de cambio en la aplicación de dicha normatividad.
“En la Contraloría todo el mundo sabe que el contralor está en campaña para la reelección. ¿Y cómo es que los contralores buscan la reelección? Van donde están los que tienen que elegirlo, que son los congresistas, y se encargan de que ellos se queden cubiertos de cualquier tipo de fiscalización social para quedar bien vistos frente a los congresistas y logren ser reelegidos. El contralor Matute, en su momento, quiso ser reelegido, y en paralelo a esa época, se inició una campaña ciudadana muy fuerte la cual buscaba que cada ciudadano adopte un congresista para conocer sus gastos operativos, ya que era un escándalo las cifras de estos. Nadie rendía en el Congreso sobre sus gastos operativos. El contralor, como estaba en campaña, dijo no, que aquello era reservado y que él era el único que iba a fiscalizar eso y, por lo tanto, el presidente del Congreso aceptó lo que el contralor decía”, relató.
“¿Alguna vez alguien ha visto el informe que emitió la Contraloría por esos gastos operativos que fueron los que justificaron la reserva? Se sospecha que no existen. Pasa Matute y entra Fuad Khoury, quien también entró a reelección. ¿Qué es lo que hizo él para que los congresistas lo vean bien? Negarse a dar información, es decir, que ya no se iban a declarar los bienes de los funcionarios públicos. Ahora los funcionarios públicos deben de autorizar a la Contraloría para dar a conocer los bienes de su patrimonio”, puntualizó.
Javier Casas indicó que la información se debe de buscar a través de redes de periodistas y alumnos de periodismo, para que desde la sociedad se construya una fuerza de incidencia que pueda obligar de algún modo a cambiar la problemática actual, siendo el principal mecanismo la presión social, teniendo como consecuencia que el Estado tome de importancia a la iniciativa de cambio, resaltando la importancia de la información de las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios para la creación de dicha fuerza.
“Se identificaba a las redes de periodistas y alumnos de periodismo como las cajas de resonancia para que, desde la sociedad y a través de los medios, se pueda construir una fuerza que empiece a indicar, a quienes toman las decisiones, la importancia de la información patrimonial de los funcionarios. Queremos dar a entender que sí existe la necesidad de un reclamo ciudadano para que el Estado empiece a ser más transparente en la toma de decisiones, y también en el currículo y el patrimonio del sector público”, advirtió.
OCULTAMIENTO DE BIENES
Uno de los puntos expuestos en el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas de los funcionarios públicos fue el ocultamiento de bienes a través de la familia y de los ciudadanos cercanos, tanto a las personas jurídicas y naturales, principales personajes que se encuentran envueltos en el entorno de las actividades de los jueces y fiscales.
El abogado indicó que es muy difícil para cualquier sistema anticorrupción luchar contra esta sin la información de la ciudadanía, ya que “ellos son los que se encuentran en el entorno de los funcionarios públicos, y poseen la oportunidad de declarar cualquier acción grave o sospechosa”. Asimismo, que es el mismo control el que se encarga de probar la información brindada ya que no siempre es correcta.
“La sociedad es la que debe brindar la información a los entes de control para poder llevar adelante la lucha contra la corrupción. Lo que vemos ahora es que el ciudadano común se acerca a los medios de comunicación y no a los entes de Estado, debido que han demostrado ser entes de investigación, en cambio, el otro, no. Por ello, la función de transparentar el patrimonio del funcionario público sería el primer paso”, sostuvo.
Asimismo, explicó que es importante desmitificar a la familia como el entono necesario del bienestar de la persona, debido que es un sector muy importante de ocultamiento de los bienes en los casos de corrupción, partiendo como argumento principal en la falta de calidad de las declaraciones juradas patrimoniales realizadas ahora.
“La nueva Ley de Declaraciones Juradas Patrimoniales, que aprobó el Congreso el 23 de septiembre del 2014 y que hasta la fecha no se ha implementado, sostiene que los funcionarios solo deben de registrar en su declaración jurada los bienes propios y los del matrimonio, pero si es que hay separaciones de bienes, que es una práctica muy común encontrada en quienes entran a operar funciones de administración pública, no se declara lo del conyugue. Cuando se promulgó la ley, hablé con algunos encargados de anticorrupción de la Contraloría, teniendo como respuesta que no era un tema de importancia. Tan evidente es el proceso que nadie lo ve, y por supuesto para la Contraloría no es un tema relevante”, señaló, agregando que el Estado tiene que estar permanentemente en la revisión de sus instrumentos de lucha contra la corrupción y esta de la mano de las nuevas modalidades.
Javier Casas advirtió que el Perú va en retroceso y que en un futuro se recibiría declaraciones juradas vacías en consecuencia a la condición por separación de bienes. Además, que a los currículos profesionales de los funcionarios públicos también se debería tener acceso, ya que al tratarse de altos personajes el perfil académico cuenta como información relevante.
“Recuerdo que la declaración jurada del presidente del Consejo de Ministros, si mal no recuerdo, no contenía nada. Ahora vamos a leer declaraciones juradas que solo contengan la remuneración mensual, porque todo lo demás está a nombre de la esposa y ya no se debe declarar lo que ella tiene. Así de endebles se están convirtiendo los sistemas de control. Además, sería una iniciativa interesante pedir a los jueces sus currículos, porque los ciudadanos merecen saber quién es ese funcionario o fiscal desde el punto de vista profesional”, concluyó.
El caserío de Bodegones, perteneciente a la Comunidad Campesina de San José, ve cómo sus caminos son destruidos por el peso de aproximadamente 40 volquetes de arena que se retiran a diario de las dunas y que a la vez contaminan los cultivos de arroz por el polvo salitroso que levantan.
El caso de las más de 100 familias de Bodegones que están siendo afectadas es solo una de las consecuencias de la venta de terrenos por parte de la ex directiva que lidera Medardo Acosta Vidaurre, quien se encuentra en la presidencia desde el año 2007.
El artículo 20 de la Ley N° 24656 - Ley General de Comunidades Campesinas, establece que los miembros de la Directiva Comunal pueden ser elegidos por un período máximo de dos años y ser reelegidos por uno igual. Sin embargo, la gestión de Acosta Vidaurre lleva en curso nueve años y es reconocida por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - SUNARP.
La comunidad campesina de San José fue reconocida el 26 de diciembre de 1966 por la Resolución Suprema N° 476. Cuenta con un territorio comunal de siete mil 60 hectáreas inscritas en el Registro de Propiedad Inmueble de la Superintendencia de Registro Públicos de Chiclayo y limita por el norte con Mórrope y Lambayeque, y por el sur con Pimentel.
PROBLEMÁTICA
“La directiva del Medardo Acosta ya cumplió su período democrático, es por ello que es inaudito que continue en el cargo por más de cinco años, la ley no lo avala. Pero, su gestión continua siendo reconocida por la SUNARP en lugar de la de Rogelo Acosta Llonto, quien fue electo por la comunidad”, especifica José Leonardo Reyes, presidente de la Federación de la Comunidades Campesinas de Lambayeque – FEDECAL.
El 14 de noviembre del 2010 culminó el período de dirección de Medardo Acosta, sin embargo al ya no contar con ningún registro que lo respalde el 19 de diciembre del mismo año se prorrogó su mandato y sé modifico el artículo 40 del estatuto para evitar la elección del siguiente comité.
Esta modificación del artículo sostiene que el mandato de la directiva actual puede continuar por un período de dos años más con todas las facultades otorgadas en el estatuto y por las asambleas generales, concediendo su permanencia. Asimismo, el párrafo especifica que la gestión puede seguir después de acabado su período mientras no se elija una nueva directiva.
“Con el aval de esta modificación, estas personas continúan en el poder hasta el día de hoy. Lo cual denuncié ante el Juzgado Mixto Transitorio de Lambayeque en febrero del 2011”, comenta el nuevo presidente de la comunidad Rogelo Acosta Llonto.
El juez a cargo, José Luis Chanamé, emitió el fallo el 25 de noviembre del 2013 y por las consideraciones expuestas declaró fundada la demanda por parte de Acosta Llonto y la Comunidad Campesina de San José, ordenando se declare nula la modificación del estatuto acordada en la asamblea del 19 de diciembre y, a la vez, ordenó se convoque a una nueva asamblea general.
Ante tal sentencia, la directiva a cargo de Acosta Vidaurre apeló el fallo ante la Corte Superior, la que confirmó lo emitido el 25 de noviembre del 2013 por el juez del Juzgado Mixto Transitorio de Lambayeque, esta segunda sentencia fue dada el 12 de noviembre del 2014.
Pese a esta situación, en la que el Poder Judicial ha señalado en dos instancias que tanto la directiva de Medardo Acosta como el cambio de estatutos son ilegales, la Superintendencia de Registros Públicos- SUNARP mantiene su vigencia y valida la inscripción de ambos.
“Hay artículos que nos respaldan, por lo que es contradictorio que Registros Públicos continúe avalando esa prórroga del mandato, permitiendo que se le haga daño a nuestra comunidad con la permanencia de esa directiva que ejerce una venta indiscriminada de todo el territorio”, acusa Acosta Llonto.
Ante el desacato de ambas sentencias, 300 comuneros apelaron ante el Juzgado de Paz de San José sin obtener una solución, por lo que decidieron acudir al Juzgado de Paz Letrado de Lambayeque, el cual resolvió la revocatoria de la gestión y ordenó que el Juez de Paz del distrito de San José convoque a una asamblea general de comuneros, la que nunca fue realizada.
Dada la negativa por parte del Juez de Paz del distrito en elegir un nuevo comité electoral, la quinta parte de los comuneros tomó la decisión, en abril del 2015, en continuar trabajando y el 29 de noviembre del mismo año formó su nuevo comité, las elecciones se realizaron el 13 de diciembre del 2015 saliendo electo como nuevo presidente de la directiva Rogelo Acosta Llonto.
El mismo día de las elecciones el comité fue intervenido durante el proceso electoral por la fiscal de prevención al delito demandado por la anterior dirigencia. La fiscal Ivonne Zarate Izquierdo presenció el acto y con la documentación y garantías autorizó se continuara con el proceso, incluso con acompañamiento de la policía para resguardo del orden.
“El 26 de diciembre la nueva junta directiva solicitamos nos entregaran el local, pero al llegar al establecimiento nos dimos con la sorpresa de las chapas habían sido cambiadas, por lo que hicimos llegar una carta notarial que fue ignorada por la anterior gestión”, cuenta el Acosta Llonto.
Es así que la nueva dirigencia denunció ante el Poder Judicial el desacató a las sentencias dada. Sin embargo, lo único que han logrado es que el caso sea archivado. Por este motivo, al no recibir apoyo de las autoridades, la comunidad de campesinos optó por acudir al Tribunal Registral de Trujillo para registrase como la nueva junta directiva.
En tanto, la contraparte, que está siendo beneficiada por la venta de terrenos, presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema, la cual ya cuenta con el expediente de la comunidad y el 11 de enero del 2016 debió emitir su voto.
“Precisamente, para poder acudir a la Corte Suprema hemos solicitado la compañía de la Confederación de la Comunidad Agraria que cuenta con actores legales que pueden apoyarnos, porque esta ya es la última instancia a la que ellos pueden acudir para permanecer disponiendo de nuestros terrenos y cometer todos sus atropellos”, afirma Acosta Llonto.
Asimismo, la nueva directiva afirma que la gestión de Medardo Acosta, para lograr la permanencia de su mandato, ha registrado ante la SUNARP una supuesta asamblea realizada el 4 de setiembre del 2015, cuya agenda era la rectificación de actos jurídicos y la renovación de poder de la directiva comunal. Esta fue presentada el 19 de marzo del 2016 por Alfredo Santa Cruz Vera, quien ha ejercido como funcionario en las oficinas de registro públicos.
“Con este título han registrado a 27 comuneros que nadie conoce y se están tomando las atribuciones de decidir por nuestra comunidad. Nosotros hemos presentado reiteradas veces nuestra directiva ante la SUNARP, pero ellos nos dicen que están en observación. Ellos nunca hicieron algo por convocar a elecciones y cuando nosotros hacemos denuncias a los dos días aparecemos con demandas”, continua Rogelo Acosta.
VENTA DE TERRENOS Y AMENAZAS
Por otro lado, parte de los intereses de la directiva de Medardo Acosta en permanecer en el cargo durante dos años más ha sido la legalización de 69 ventas de terrenos que se realizaron durante el 2015.
Una de la ventas realizadas fue a Carlos Manuel Burgos Montenegro y María Martha Arrascue Pasapera, quienes adquirieron tres mil 161 hectáreas ubicadas en el sector Pampa de Perros del distrito de Pimentel, por el precio de dos mil nuevos soles. Dicho contrato de compra venta fue realizado bajo la firma notarial de Domingo Dávila Fernández.
“Otra de las ventas realizadas ha sido a la misma secretaria de Acosta Vidaurre, Aura Luz Juárez Miranda, que adquirió casi 100 hectáreas por mil soles y a su hija Zoe Fiorela Suyón Juárez, que por 500 soles obtuvo 464.93 metros cuadrados. Sin embargo, a una señora de la comunidad se le hizo una venta de 120 metros cuadrados para construir su casa por mil 500 soles”, afirma Rogelo Acosta.
La venta de más de tres mil hectáreas por dos mil soles equivale a un costo de 0.06 céntimos el metro cuadrado, sin considerar la ubicación de las tierras cerca a la rivera del mar desde Pimentel y que pasa por Playa Hermosa.
“Hay gente que está atenta a este tipo de espacios para venderlos a precios bajos o simplemente con visos de corrupción, pero estos lotes que están siendo adquiridos a un costo irrisorio en unos cinco años van a valorizarse y el problema es que la comunidad se está desasiendo de territorios y parcelas en donde solo se benefician unos pocos, cuando esto podría ser de mucha ayuda para el desarrollo de la comunidad”, comenta Pedro Alva Mariñas, asesor de la FEDECAL.
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Los constantes reportes de celulares robados y el bloqueo sin autorización del usuario, fueron los principales factores para el ente regulador de telecomunicaciones, OSIPTEL, implementara las medidas necesarias para cubrir con mayor rigurosidad la seguridad de equipos. A través del aplicativo de consulta IMEI y de los nuevos sistemas de contratación de líneas, se ayuda a contrastar la problemática nacional de los equipos móviles presentada desde años anteriores.
En el reporte de las empresas operadoras de servicios móviles sobre los equipos robados, hurtados, perdidos y recuperados realizado por el Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones – OSIPTEL, en el año 2013 se presentaron tres millones 668 mil 585 terminales móviles perdidos, hurtados o robados; 870 mil 851 teléfonos recuperados, y se realizaron tres millones 97 mil 734 bloqueos netos móviles.
Ese año, Telefónica Móviles S.A reportó en el primer trimestre 570 mil 476 teléfonos como perdidos, hurtados o robados, cifra que aumentó en 28 mil 271 para el segundo período. Sin embargo, en los dos últimos trimestres descendió a 541 mil 321 y 462 mil 189 respectivamente.
En el listado de teléfonos móviles recuperados, la empresa acumuló la cifra de 448 mil 979 reportes en los dos primeros períodos del año, mientras que en los dos últimos alcanzó 240 mil 218 reportes, disminuyendo a un 50 % de casos. Asimismo, en el 2013 Telefónica declaró 720 mil 244 reportes por bloqueos netos móviles en los dos primeros períodos. En los últimos aumentó la cifra en 43 mil 48 teléfonos bloqueados.
La empresa Claro presentó una cifra ascendente desde el primer trimestre del 2013 con 272 mil 244 móviles reportados como perdidos, robados o hurtados, hasta alcanzar en el último trimestre del año la cifra de 328 mil 403 reportes. En la misma línea, se encuentran los reportes por teléfonos recuperados, en el que se presentaron 18 mil 743 casos en el primer trimestre, concluyendo con 31 mil 615, y los reportes de bloqueos netos, en el que se presentaron un millón 109 mil 261 a fines de dicho año.
En el reporte presentado por Nextel del Perú se indicó 289 mil 487 teléfonos perdidos, robados o hurtados, 84 mil 550 recuperados, y 204 mil 937 bloqueos netos móviles.
En el 2014, los casos reportados por las empresas de telecomunicaciones en el país descendieron, alcanzando dos millones 267 mil 401 de teléfonos perdidos, robados o hurtados, 322 mil 362 móviles recuperados, y un millón 233 mil 594 de bloqueos netos telefónicos.
Telefónica alcanzó un millón 329 mil 407 reportes por terminales móviles perdidos, robados o hurtados, mientras que Claro y Nextel sumaron 937 mil 994 reportes. En cuanto a teléfonos recuperados, las operadoras telefónicas lograron disminuir la cifra del año anterior en 547 mil 723 casos.
En el caso de los bloqueos netos móviles, el organismo regulador evaluó los dos primeros trimestres del año, teniendo como resultado 598 mil 642 reportes de la empresa Telefónica, seguido de Claro con 549 mil 241, y en último lugar Nextel con 85 mil 711.
Asimismo, el año pasado, las empresas reportaron un incremento en las cifras de los casos de pérdida, robo y hurto de móviles, y recuperados, alcanzando cuatro millones 39 mil 916 reportes, en la que se sumó también la empresa Bitel, y los reportes por teléfonos móviles recuperados cifraron en 360 mil 993.
Bitel, presentó 55 mil 422 casos de móviles perdidos, robados o hurtados, y cuatro mil 503 reportes por recuperación de equipos. Las empresas Claro y Nextel presentaron en conjunto un millón 327 mil 456 terminales móviles perdidos, robados y hurtados y, a la vez, 193 mil 35 recuperaciones de teléfonos.
El reporte del organismo regulador de telecomunicaciones señala que hasta marzo del 2016 se registraron 134 mil 126 casos por móviles perdidos, robados o hurtados, siendo las empresas Telefónica y Claro las que mayores casos han alcanzado con una cifra de 60 mil. Los casos reportados por recuperación de equipos sumaron un total de 51 mil 762 presentados por parte de todas las empresas de telecomunicaciones.
CONSULTA IMEI
Debido a las altas cifras reportadas por pérdida de móviles, robo o hurto, recuperación de terminales y bloqueos netos telefónicos, el jefe de la oficina desconcentrada de OSIPTEL Lambayeque, Luis Zambrano Cárdenas, explica la importancia del nuevo aplicativo a través de cual el usuario puede tener acceso a la información de su dispositivo y saber en qué condiciones se encuentra, sin algún costo.
Zambrano Cárdenas define el código IMEI como la identidad internacional del equipo móvil, el cual es un código pre-grabado en los equipos móviles que permite la identificación del aparato de manera inequívoca a nivel mundial, es decir, que es un documento de identidad único del usuario.
“Para poder reconocer el código se debe marcar en llamada los símbolos ‘#06#’, y seguidamente se arroja un código. Asimismo, para garantizar que el número de IMEI corresponda al otorgado por el fabricante de dicho equipo, se verifica que coincida este con el código que figura en la parte interna del móvil. De esta forma el usuario puede confirmar que el equipo otorgado le pertenece únicamente a él”, detalla.
La creación del aplicativo informático para la consulta en línea sobre equipos terminales móviles reportados como hurtados, robados, perdidos o recuperados, permite identificar los terminales móviles que podrían ser comercializados a pesar de haber sido reportados, lo cual desincentivaría su comercialización y limitaría el crecimiento de la informalidad de dicho mercado. Asimismo, las empresas de telecomunicaciones tienen la obligación por bloquear los equipos que no concuerdan con sus códigos IMEI.
“En el 2015 registramos 17 casos de reclamos en Lambayeque por bloqueos de teléfonos sin el usuario haberlo solicitado. Lo que pasa es que el dispositivo otorgado, ya sea a través de un regalo o el prestar un celular usado por otro usuario, al poner un chip, el código IMEI es diferente, por ende, se bloquean. Hasta la fecha, solo se han presentado 5 casos por el cuestionamiento de titularidad de líneas”, señala.
Uno de los objetivos del aplicativo es facilitar la labor supervisora del organismo regulador respecto a la base de datos de equipos terminales móviles bloqueados, reportados por las empresas operadoras, a partir de la retroalimentación continua de la información que pueda ser proporcionada por los usuarios. Luis Zambrano resalta que la característica del aplicativo permite verificar el estado del equipo si este ha sido reportado bloqueado, recuperado o no reportado como bloqueado o recuperado, y el significado de este.
“Un equipo terminal móvil bloqueado refiere que ha sido reportado ante la empresa operadora como perdido, hurtado o robado, mientras que la recuperación del móvil se refiera a que el equipo fue reportado como perdido y que posteriormente el abonado lo reportó como encontrado. Por último, el no reportado es aquel equipo que no ha sido notificado como perdido, hurtado ni robado”, menciona.
NUEVO SERVICIO DE CONTRATACIÓN
El jefe de la oficina desconcentrada de Lambayeque advirtió la presencia de casos de adquisición de líneas a nombres de otras personas, por ello, desde junio del 2015 a través de la Resolución de Concejo Directivo 056 – 2015 – CD/OSIPEL, se establecieron dos nuevas modalidades de contratación para los servicios prepagos: el sistema biométrico y no biométrico.
Luis Zambrano explica que todas las empresas operadoras están en la obligación de implementar un sistema biométrico para que el usuario pueda contratar el servicio prepago en los centros de atención, mas no aún en los puntos de ventas y diversos mercados.
“Por ejemplo, si me acerco al centro de atención de cualquier operadora, esta debe contar con el sistema, el cual te permite captar la huella dactilar de la persona e inmediatamente interconectarse con la RENIEC y validar que tú seas realmente la persona que está contratando el servicio. De esta manera se reduciría las denuncias y reclamos por aparición de línea al nombre del usuario sin ser suyas”, puntualiza.
Asimismo, al no ser incluidas las otras formas de ventas de este servicio a través del sistema anteriormente señalado, Zambrano Cárdenas menciona que se establece la aplicación del no biométrico, en el cual el personal de venta debe tener un código de comercialización para activar las líneas, y, además, se realizan preguntas de origen privado para concertar que seas el portador legal de estas, incluyendo obligatoriamente la presentación del Documento Nacional de Identificación – DNI. No obstante, agrega que, para enero del 2017, todas las empresas de telecomunicaciones tienen que implementar obligatoriamente el sistema biométrico para la contratación de líneas.
PORTACIONES MÓVILES
El organismo regulador de telecomunicaciones informó que en abril pasado se registraron 112 mil 456 portaciones de líneas móviles a otros operadores. La cifra alcanzó el 16 %, superando al total de línea portadas en marzo, marcando un nuevo récord mensual desde que se relanzó la portabilidad móvil en el 2014.
Según el reporte, dos empresas concentraron la mayor cantidad de portaciones a su favor, siendo estas Entel Perú, que ganó 57 mil 57 líneas móviles, y Claro, que obtuvo 35 mil 33, concentrando el 78 % de las portaciones. Asimismo, estas operadoras perdieron 19 mil 196 y 32 mil 825 líneas respectivamente en el mismo período. Movistar ganó 14 mil 25 nuevas líneas, sin embargo, perdió 55 mil 246 líneas. La empresa Bitel a la vez captó seis mil 341 nuevos usuarios, pero perdió cinco mil 9, teniendo como resultado un crecimiento de tan solo mil nuevos operadores.
Roces de los candidatos que se disputan la presidencia de la República en segunda vuelta con la prensa pondrían en peligro la libertad de expresión, según Max Obregón Rossi, decano del Colegio de Periodistas del Perú – CPP, quien el año pasado asumió la dirigencia de la orden en medio de varios problemas internos que la alejaron de la defensa gremial.
En las últimas dos décadas el Colegio de Periodistas del Perú estuvo inmerso en una crisis institucional que llegó hasta el Consejo Nacional, por lo que con el arribo de la actual directiva se inició un proceso interno de reestructuración, con algunos cambios encaminados en los estatutos.
En los departamentos, las autoridades de la orden permanecían entre siete a diez años en las dirigencias y sin rendir cuentas. Igualmente, la autoridad nacional tampoco cumplía sus funciones, se realizaban viajes a las sedes locales en fechas turísticas y se citaba a todos los decanos a Lima entre una o dos veces al año, aun cuando los recursos eran escasos.
“Se gastaba en pasajes y no se hacía nada. Por eso decidimos crear el mecanismo de la convención con cuatro asambleas macroregionales: norte, sur, centro y oriente. Queremos dar una señal de preocupación de los periodistas sobre todo con las autoridades públicas que, por lo general, nos ven como enemigos. Los periodistas somos intermediarios entre la opinión pública y ellos, habrá que destacar y criticar cuando se tenga que hacer”, manifiesta Obregón Rossi.
RESCATE DE UN COLEGIO
Señala que nadie pagaba cuotas al CPP al no ser obligatoria la colegiatura y denuncia que algunos dirigentes aprovecharon el ingreso irregular de personas de centros de estética, panaderos, veterinarios y otras sin formación alguna, para comercializar carnés y diplomas.
“El Colegio servía exclusivamente para pedir donaciones de panetón y chocolate para taza en Navidad, que nos parece aberrante. Desde el año 2011 nos empezamos a preocupar de la situación del Colegio y se gestó un movimiento que permitió recuperar el principio de algunas bases importantes y desde Lima a liderar ciertas preocupaciones”, expresa Obregón Rossi.
La sede del Colegio de Periodistas en Lima recibió respuesta inmediata por parte de periodistas antiguos y serios, según cuenta el decano. Asimismo, fue el CPP el organizador del primer debate entre los candidatos a la alcaldía de Lima en el 2014 y también gestó la marcha contra la televisión basura en el 2015 en ciudades como Lima, Arequipa y Puno.
“A partir de ahí, nos empiezan a tomar más en serio. Empezamos un movimiento más institucional que ha ido creciendo y extendiéndose a nivel nacional, que nos ha permitido ser un referente en términos de opinión”, afirma la autoridad.
MEDIOS ANTES Y AHORA
Actualmente, diferentes medios de comunicación carecen de un círculo de periodistas, según Max Obregón, como resultado de una política donde estar agremiado era sinónimo de subversión. Con ello recuerda lo que sucedía con la prensa en la década del 90.
“Por pertenecer a un sindicato o a un círculo te llamaban ‘terrorista’. Entonces, los medios de comunicación empezaron a captar gente joven con talento, pero que no tenía la experiencia de la defensa gremial”, señala Max Obregón.
De la misma manera, el decano subraya que un periodista colegiado no debe ganar menos de tres sueldos mínimos, tiene derecho a jubilación anticipada a los 55 y 50 años, varones y mujeres, respectivamente. Además, a cinco días de trabajo semanales y dos de descanso.
“Estamos reivindicando este tipo de derechos que nadie sabía y siguen vigentes. Al final, los periodistas somos tan profesionales como otros con la diferencia que es la profesión más riesgosa del mundo, según la Organización Internacional del Trabajo”, expresa.
A pesar del retorno del liderazgo profesional en el Colegio de Periodistas del Perú, - en palabra del decano - existe una ley laxa que permite a cualquier persona ejercer el periodismo con solo invertir un poco de dinero y alquilar un espacio en radio y/o televisión.
“Las personas que antes llamábamos ‘mermeleros’ ahora se han convertido en periodistas-sicarios, muchos de ellos aliados de algunas autoridades y que son contratados y financiados con la condición de atacar a tal persona. Si bien es cierto no pertenecen al Colegio de Periodistas, nosotros los enfrentamos por el tema ético. Les pedimos a los decanos estar más alerta, porque solo en la medida que sigamos combatiendo vamos a eliminar esta corrupción”, expresa el decano.
PERIODISMO EN LOS 90
La persecución política, amenazas e incluso asesinatos a periodistas en los noventa complicaron la labor informativa de la época. Muchos periodistas prefirieron alejarse del ejercicio y optaron por buscar nuevas formas de trabajo.
Por esos tiempos, el Colegio de Periodistas del Perú sufrió la eliminación de la renta, así como la prohibición de la información pública y el despido masivo de periodistas incómodos en diversos los medios de comunicación.
“La mayoría de periodistas teníamos un promedio de 35 y 40 años y tuvimos que reinventarnos. Solo quedó un grupo de gente que yo llamo fenicios o aventureros. Nuestro apartamiento para sobrevivir de manera personal provocó nuestra decadencia en los noventa, donde los periodistas incómodos salen de los medios y entran personas como Laura Bozzo empezando la debacle de la televisión”, lamenta el decano.
PRÓXIMO GOBIERNO
Para Obregón Rossi existe cierta desconfianza respecto a la libertad de expresión generada por las actitudes y los antecedentes de los candidatos que participan de la segunda vuelta presidencial. El caso más alarmante sería el de la candidata por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, quien es la representante del fujimorismo de los noventa y como dato más alarmante obtuvo más de la mitad de escaños en el próximo parlamento.
“Los actuales candidatos presidenciales no garantizan la libertad de expresión. En el caso de Keiko Fujimori, el control de medios de comunicación está en sus genes políticos. Ahí están los vladivideos. Cuando no se pudo comprar periodistas, los sacaron y se fueron con los dueños de los medios”, enfatiza el decano.
Del mismo modo, identifica un problema en algunos simpatizantes fujimoristas quienes continúan siendo totalmente cerrados, creyendo que los periodistas son enemigos cuando recuerdan los sucesos ocurridos en los 90 para que la ciudadanía tome una decisión electoral. Asimismo, manifiesta que algunos de los canales de televisión de los noventa se mantienen en señal abierta en los mismos espacios físicos.
“El periodismo tiene una responsabilidad social. En esta campaña, ocurrió en Arequipa que un dirigente fujimorista no solo se enfrentó a un periodista, sino que lo agredió físicamente”, recuerda Max Obregón.
Por otro lado, el candidato por Peruanos Por el Kambio, Pedro Pablo Kuczynski, tuvo un altercado en una entrevista con un periodista del diario La República, a quién tildó de “ignorante” tras recibir una pregunta incómoda. Por su parte, Max Obregón lamenta que Kuczynski Godard no haya tenido “hidalgía de aceptar el error” y negar saber que se trataba de un periodista.
“Pedro Pablo Kuczynski representa un tipo de política liberal, en donde da lo mismo quién pueda ejercer una profesión”, afirma.
A pesar de las preocupaciones señaladas, el actual decano afirma con entusiasmo que lo sucedido en los 90 no se volverá a repetir y reconoce la existencia de mecanismos de control para la concentración de medios, la importancia de las redes sociales como medios de comunicación y el naciente interés de los estudiantes por estos temas.
“Estamos en nuevas épocas y eso garantiza la libertad de expresión, así se incrementen las penas por difamación y calumnia de tres a cinco años”, comenta Obregón Rossi.
MODIFICACIÓN PENAL
El Congreso de la República postergó el debate que busca ampliar las penas de tres a cinco años para los delitos de difamación y calumnia, lo que implicaría prisión efectiva.
“Están divididos, por lo menos se ha logrado postergar el debate. Cualquier intento va a ser rápidamente rechazado con el contingente de estudiantes de periodismo y ciencias de la comunicación, casi 12 mil 500 en todo el país en 33 universidades”, afirma Max Obregón.
En los últimos años se han registrado 40 casos de agresiones físicas a periodistas y un promedio de 100 denuncias por difamación contra comunicadores. Asimismo, en los últimos 50 años se han contabilizado aproximadamente 100 periodistas fallecidos en ejercicio de su trabajo.
En el 2006 se aprobó, con Ordenanza Regional N° 031, el Proyecto Educativo Regional – PER de Lambayeque al 2021, herramienta que fue pacientemente elaborada por un equipo multidisciplinario de la sociedad civil y el gobierno regional. El documento estableció el cumplimiento de seis objetivos generales, pero además la formulación de un plan estratégico de desarrollo educativo y de un nuevo diseño curricular, que recoja insumos para elevar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes.
Han trascurrido diez años desde la aprobación del PER y dos desde que un equipo técnico liderado por el ex viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Idel Vexler Talledo, entregó al Gobierno Regional de Lambayeque el Proyecto Pedagógico Regional – “Modelo Educativo para una Educación Básica de Calidad”, el mismo que contiene el Diseño Curricular necesario para hacer realidad los seis objetivos para la mejora de la educación en el departamento.
Sin embargo, poco o nada se ha avanzado en la ejecución de ambas herramientas, pese a que del 2007 a la fecha han pasado tres gobernantes regionales y nueve directores y gerentes de Educación.
LOS OBJETIVOS DEL PER
El Proyecto Educativo Regional de Lambayeque se engarza con los lineamientos generales del Proyecto Educativo Nacional del 2007, y busca la aplicación de políticas que respondan a los problemas, demandas y desafíos de la educación local.
Su elaboración fue resultado del proceso de convocatoria, diálogo y concertación que se inició en el 2004, por lo que su aplicación se hará viable – como señala el documento – con el compromiso no solo del gobierno regional, sino también de los actores sociales.
“El PER es un instrumento principal de planeamiento concertado, constituido por un conjunto de políticas pensadas a implementar en el mediano y largo plazo y que son el marco estratégico para las decisiones que conducen el desarrollo de la educación. Desde su dimensión social y aspiración al cambio, el PER expresa la voluntad colectiva porque ha sido construido con el esfuerzo conjunto y consensuado de los actores y organizaciones sociales, civiles, educativas, gobierno locales, fuerzas armadas y policiales, instituciones públicas y privadas de nuestra región”, refiere el texto de la propuesta aprobada en el 2006.
En atención a ello, el PER traza sus seis objetivos de desarrollo: alcanzar la calidad de los aprendizajes, para lo cual se proponen seis políticas y 19 medidas a aplicar; promover la equidad educativa, con siete políticas y 23 medidas; fortalecer la interculturalidad, a través de cinco políticas y 14 medidas; fortalecer el desarrollo magisterial, con cuatro políticas y 13 medidas; mejorar la gestión educativa democrática y descentralizada, con siete políticas y 22 medidas, e impulsar la educación superior articulada al desarrollo regional, con cinco políticas y 23 medidas.
Según el gerente regional de Educación, Ulises Guevara Paico, tanto los objetivos, políticas y medidas propuestas “se están ejecutando paulatinamente en cada una de las intervenciones pedagógicas” que desarrolla la dependencia que dirige.
“Los objetivos estratégicos que se plantean en el PER han sido plasmados en la propuesta pedagógica regional”, menciona.
EL CENSO
Iniciada la primera administración del gobernador Humberto Acuña Peralta, bajo la jefatura del entonces gerente regional de Educación, Adolfo Clement García, la dependencia sectorial emprendió la aplicación del primer censo para diagnosticar el proceso de enseñanza aprendizaje de Lambayeque.
Explica Guevara Paico que el censo buscaba implementar de manera planificada el Proyecto Educación Regional, teniendo como finalidad recoger información específica de todos los factores asociados, los determinantes y componentes relacionados directa e indirectamente con el proceso de enseñanza – aprendizaje.
“El censo nos ayudó a conocer la verdadera situación de la educación en Lambayeque y sirvió de base para formular y elaborar el Proyecto Pedagógico Regional, en el 2014”, menciona.
DISEÑO CURRICULAR
Fue la Universidad César Vallejo – Chiclayo la que asumió el pago de la consultoría de Vexler Talledo, quien dirigió el equipo conformado por el doctor Pedro Soplapuco Montalvo, y los magíster Luis Esquén Perales, Carlos Yampufé Requejo (integrante del Consejo Nacional de Educación) y Jorge Meoño Ballena, de parte de la Gerencia Regional de Educación, así como las doctoras Socorro Cuzquén Cabrera, Lourdes Palacios Ladines y Mercedes Collazos Alarcón, directivas de la casa de estudios, el mismo que recorrió 13 distritos de Lambayeque a fin de contrastar la realidad educativa de cada espacio geográfico y conocer in situ las demandas, carencias, potencialidades y destrezas de los educandos y maestros.
El proyecto, de socialización permanente es perfectible, apuntando a alcanzar mejores estándares educativos que beneficien directamente a los más 300 mil escolares; once mil maestros nombrados y tres mil docentes contratados que existen en Lambayeque, quienes representan aproximadamente el 30 % de la población regional.
El Modelo Educativo contempla tres importantes áreas curriculares: investigación para la vida, la cultura emprendedora y la identidad cultural regional. Asimismo, contiene las líneas de acción del Marco Curricular Nacional, el cual está centrado en el estudiante y promueve aprendizajes significativos a partir del propio contexto.
En mayo del 2014, cuando el documento fue entregado al Gobierno Regional de Lambayeque y al Ministerio de Educación, se indicó que, a partir del año siguiente (2015), se aplicaría la propuesta en colegios del nivel Inicial, Primaria, Secundaria, Especial y Técnico Productivo, tomando como centros piloto tres instituciones del departamento.
IMPORTANCIA
Expresión dialogó con la magíster Lourdes Palacios Ladines, quien destacó la importancia de la herramienta entregada hace dos años al Gobierno Regional de Lambayeque, mencionando que su implementación es fundamental para la mejora de la educación departamental debido a que está adaptada a la realidad local, consigna el interés de varios docentes, fue trabajada en consenso y había nacido del censo y las encuestas realizadas por la gerencia sectorial.
“Era lo que los maestros solicitaban, el hecho de saber la identidad, que los niños aprendieran a desarrollarse, a crear, investigar desde las edades tempranas; que se recogiera todo eso para emprender la mejora de la región”, señala la especialista.
Palacios Ladines, directora de la Escuela de Educación de la UCV Chiclayo, refiere que la aplicación del modelo en los colegios pilotos si bien demandaba de la asignación de presupuesto, también era posible con la suma de aportes de la sociedad civil, tal como se hizo en la formulación del documento.
“Se necesita obviamente de la decisión política y el hecho de organizar bien el sector de Educación, que tiene muchos puntos en convergencia y contradictorios. Esta herramienta lo que busca es partir de situaciones muy cotidianas del estudiante, desarrollar habilidades particulares, establecer un horario especial para ciertos cursos, implementar otros cursos y trabajar en la formación de nuestro jóvenes”, explica.
Refiere que causa preocupación que habiendo trascurrido dos años desde la conclusión del proyecto, hasta el momento no se haya dado ningún avance en su aplicación, lo que redunda – evidentemente – en los resultados que obtienen los escolares en las evaluaciones de sus aprendizajes.
“A mí me apena mucho, puesto que se hizo con mucha intención de mejora, la universidad puso mucho de su parte. Entonces, sí era realmente importante y espero que despierte interés en las autoridades actuales de la Gerencia de Educación, porque sé que ha habido cambios y se puede retomar el trabajo. Ojalá llegue el momento de su aplicación, al final las mejoras van a ser para la educación en Lambayeque”, enfatiza.
CERO EN AVANCE
Ulises Guevara asegura que las demoras en la aplicación del PER y del Modelo Educativo se deben a que hasta el momento no ha sido posible lograr la conformación del Concejo Participativo Regional de Educación – COPARE, espacio en el que confluyen los estamentos de gobierno, gestión y la sociedad civil. El problema – indica – se debe a que aún no se designan a los representantes del magisterio.
“Tiene que concertarse con todos los estamentos de la región, entre ellos los profesores de primaria y segundaria, sino que ahí tenemos un problema. Como hay dos colegios de profesores, lo han observado y están pidiendo la anulación para las nuevas elecciones del Consejo Participativo Regional de Educación – COPARE, entonces lo hemos elevado al gobierno regional para que tome la decisión y poder completar y empezar a trabajar el proyecto curricular. Unilateralmente no lo podemos hacer”, justifica,
Anota que de no ser posible el entendimientos entre las dos facciones que existen en el Colegio de Profesores se buscará el mecanismo de cubrir los asientos de representación magisterial en el COPARE, debido a que la norma no exige necesariamente la inclusión de maestros designados por la orden profesional, dando espacio a una elección libre a través de una asamblea que pueda convocar la Gerencia Regional de Educación.
“Invoco a la unificación del magisterio de Lambayeque para elegir de la mejor manera a sus representantes. La ley dice: representantes de los profesores, no dice del colegio”, asevera.
Por otro lado, confirma que no se ha avanzado nada respecto a la aplicación del Modelo Educativo del 2014, ni siquiera con colegios polito. Por el contrario, sostiene que la herramienta tiene que consensuarse y revisarse.
“La educación es dinámica y está en constante movimiento, entonces no podemos permitir aprobar un documento que a lo mejor en algunas partecitas ya no está actualizado. Habría que actualizarlo de acuerdo a los adelantos científicos y tecnológicos y también de acuerdo a las políticas que emite el Ministerio de Educación y también los gobiernos regionales. Respecto a los colegios pilotos, no se está trabajando directamente, no las estamos tomando en cuenta (las recomendaciones), por eso queremos consensuar y definir cuáles son las instituciones que se van a adecuar”, concluye.
En una inspección a los locales que se construyen en el distrito de Olmos, donde ahora los niños de inicial estudian en igual o mejores condiciones que en colegios particulares de Chiclayo, el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, resaltó el gasto del presupuesto asignado al sector Educación en el presente año, lo que coloca a Lambayeque segunda región a nivel nacional en ejecución presupuestal.
En Lambayeque actualmente se invierte el 60 % del presupuesto regional en la ejecución de obras en infraestructura educativa, sobre todo en lugares donde anteriormente la presencia del gobierno regional era casi nula, lo que relegó el desarrollo de la infraestructura educativa.
“Hemos construido modernas infraestructura en distritos como Reque e Íllimo, o en zonas como Moyán (Incahuasi). Hemos dedicado también los recursos para apoyar a distritos con la pavimentación de sus principales calles como en José Leonardo Ortiz, donde se ha ejecutado más de 10 cuadras de la avenida México y pronto se ejecutará la avenida Los Incas en La Victoria. Igualmente se construye vías en Monsefú, Pimentel y Cayaltí, y lo mismo se han planificado por un monto de tres millones de soles en Santa Rosa”, sostuvo.
Detalló que así como se construyen infraestructuras educativas modernas, también se han ejecutado carreteras en las tres provincias, entre las que resaltan Pomalca – Pampa Grande y Batán Grande – Mayascón, y se está reiniciando los trabajos en la carretera a Cañaris, que estuvo postergada por los conflictos sociales de la zona. “Gracias a la autoridad municipal, hace 15 días se ha firmado un acuerdo y se esperan concluir las obras en un breve plazo”, dijo.
“Si bien todas las obras son de interés, consideramos que la infraestructura educativa que dejaremos en todas las provincias y distritos de Lambayeque será muy importante para la educación de los niños y futuros profesionales, porque estamos cambiando las condiciones de estudios de los escolares y estamos seguros que redundarán en su futuro”, afirmó Acuña Peralta.
Hoy en día, dijo Acuña, el Gobierno de Lambayeque está presente en distritos donde no había presencia de la inversión regional, como Olmos, Túcume, Motupe, Pítipo, José Leonardo Ortiz, Reque, La Victoria, Cañaris, Ferreñafe, Pacora, Jayanca y Mórrope. Sin embargo, dijo que unas de las obras, donde la población no verá concreto ni edificaciones imponentes, es el Proyecto de la Conectividad Regional de Banda Ancha, con la instalación de 350 antenas en toda la región a fin dotar a las comisarías, colegios y a la misma población del servicio de Internet, que no solamente traerá conocimiento para los estudiantes y jóvenes, sino también modernidad y desarrollo para la población.
“La tecnología no solamente es educación, es salud, seguridad, desarrollo para los agricultores y, sobre todo, seguridad. El Gobierno Regional de Lambayeque pagará por el servicio a 300 centros educativos la suma de siete millones de soles anuales, convenio que se ha firmado con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, beneficiando a más de 350 mil habitantes. Ahora los niños se volverán más competitivos, innovadores y tendrán las mismas condiciones de joven de un centro educativo participar de cualquier colegio del país”, remarcó.
Indicó que el Proyecto de Conectividad de Banda Ancha se encuentra en un 80 % de avance y se tiene previsto concluir en el mes de octubre, ello porque en los distritos azucareros existen problemas para destinar los terrenos donde se instalarán las 50 antenas que faltan para culminar este proceso. “Lo cierto es que Lambayeque, junto a otras tres regiones, en la ejecución de este proyecto, es la que tiene más avanzada la conectividad y será la primera en concluirla”, acotó.
Sostuvo que con el proyecto en mención, la atención en salud puede contribuir positivamente en pacientes que están ubicados en zonas muy alejas de Chiclayo. “Por ejemplo, a través de una video-conferencia entre galenos de esta provincia y médicos que se encuentren en Incahuasi o Cañaris, se les pueden explicar los procedimientos para atender a pacientes en emergencias a través de las cámaras web”, explicó.
En suma, asegura el gobernador regional, el Proyecto de Conectividad Regional de Banda Ancha, que dotará del servicio de Internet a los 38 distritos de Lambayeque, sumado a la infraestructura educativa que se ejecuta actualmente, constituyen pilares fundamentales para el desarrollo integral de esta parte del país.
Acuña Peralta, también sostuvo que en el presente año se encuentran a la espera que la comuna de Chiclayo, transfiera la unidad ejecutora de la avenida Cieza de León, ubicada en la urbanización Las Brisas, donde se realizará una inversión de nueve millones de soles, obra integral que incluye agua, desagüe, pistas y veredas.
Además, la ejecución del eje a la sierra que permitirá la conexión de los distritos más alejados de la región con Chiclayo, lo que permitirá el desarrollo de sus pobladores, cuya inversión superaría los 250 millones de soles y se buscará el apoyo del Ejecutivo. También una inversión de cinco millones de soles para el eje de playas hasta el distrito de Lagunas. “Las vías de comunicación generan competitividad y desarrollo”, resaltó.
DISPUESTO A INVESTIGACIÓN
Las autoridades del Ministerio Público había decidido incluirlo en la investigación por delito de cohecho activo al igual que a su abogado Jovino Castillo, por el caso de Los Limpios de la Corrupción, sin embargo a última hora acordaron retirarlo de esta investigación. ¿Qué opinión le merece este hecho?
Soy respetuoso de las instituciones. Si las autoridades han dispuesto que se reabra este caso, digo que estoy apto a todo tipo de investigación. En este caso mi abogado César Nakazaki colocó los escritos correspondientes y me alegra que reconozcan que no atendieron el pedido de informe oral que la ley nos faculta, los lambayecanos y el país saben que mi conducta de hombre público será siempre demostrar que no estoy inmiscuido en ningún caso de corrupción.
¿Cuántos procesos afronta actualmente en investigación?
Actualmente son siete las investigaciones que se me siguen.
¿Investigaciones que le quitan el sueño?
Para nada. Estoy tranquilo porque no le he robado al pueblo, no he cobrado un diezmo y menos le he metido la mano al bolsillo a alguien para enriquecerme. Hay quienes estamos en la administración pública por servicio. Los temas de corrupción serán siempre temas complicados y de atraso para nuestros pueblos.
¿Lo dice por las denuncias a las que son pasibles?
Claro, un ciudadano formula una denuncia, la Procuraduría con razón abre una investigación, lo mismo hace la OCI y, por su parte, el Ministerio Público hace lo suyo, lo que hoy hace que las autoridades se sientan secuestradas por los medios de comunicación, que con grandes titulares difunden sus denuncias sin tener un veredicto final. Lo de secuestradas lo digo por el contexto nacional, es así como nos sentimos las autoridades, pero nadie lo dice. Hay muchas personas que están detenidas y que han pasado más de 18 meses y no concluye las investigaciones, seguramente las autoridades respectivas por temor a los medios de prensa resuelven los casos de manera mediática”, refiere Acuña Peralta.
¿Cómo analiza la situación política del país actual a pocas semanas de la segunda vuelta presidencial?
Es lamentable que actualmente se difundan ataques, mentiras, insultos y que los ciudadanos nos olvidemos de las propuestas.
¿Apuesta por la confrontación de propuestas para que el electorado defina su opción?
Por supuesto. Hace muchos años que el electorado más que elegir una propuesta coherente, ha sido testigo de las confrontaciones e insultos entre los candidatos, eso es lamentable, de tal manera que los jóvenes no tienen opciones de elegir y a muchos de ellos ni siquiera les interesa la política, por eso se da un alto índice de votos blancos, nulos y viciados.
La falta de propuesta, e insultos que se dan ¿a qué nos conduce?
Siempre lo he dicho, nos está conduciendo al sicariato político. Veamos que en algunas regiones hubo muertes por las campañas políticas, por las discrepancias entre los candidatos a falta de propuestas electorales y eso es lamentable.
¿La crisis política ya tocó Alianza para el Progreso?
Creo que no…
Pero, figuras importantes se alejan de APP, por ejemplo el alcalde de Chongoyape Agustín Lozano.
No me voy a referir al trabajo que Agustín Lozano, desarrolla como alcalde, él es una persona querida en Chongoyape, soy demócrata y respeto su posición y aspiración política.
¿Lamentan su partida?
No, en lo absoluto.
¿Su alejamiento de APP demuestra que solo tenía un objetivo personal, más no convicciones políticas?
Eso tendría que responderlo él (Agustín Lozano). Lo que yo puedo afirmar es que no tengo doble discurso y, por ejemplo, no me retractaría de lo que he manifestado de su labor a favor de su pueblo.
¿Se despidió de APP?
Me visitó y me comunicó de su decisión. Lo felicité y le he augurado el mejor de los éxitos, cada quien tiene derecho a crecer como mejor le convenga.
¿Presentó su renuncia por escrito?
No lo sé. No me han comunicado al respecto.
Algunos miembros de APP han comenzado a pronunciarse a favor de Keiko Fujimori a pesar que César Acuña anunció su adhesión a Pedro Pablo Kuczynski.
Es un tema que no puedo contestar, puedo ser sancionado en el marco de la Ley de Neutralidad.
¿Exhortaría a las autoridades que pertenecen a APP a mantener la neutralidad en el proceso?
Desde luego, de lo contrario afrontarían problemas.
¿Qué opina de la Ley de Neutralidad?
Es una mordaza. ¿Para qué pertenecer a un partido político sino puedes hablar, opinar de lo que se cree? Una cosa es que se cuide el dinero y la infraestructura del Estado, para no utilizarla en campañas políticas, y otra cosa es no permitir opinar del proceso electoral a un integrante, que por voluntad popular fue elegido autoridad. Esta norma es como si nos hubieran puesto un esparadrapo en la boca a quienes ejercemos un cargo por voluntad popular.
¿Pedirá a la ciudadanía a meditar el voto del próximo 5 de junio?
Con la mordaza que nos han puesto a las autoridades, no podemos hablar de ello. Cada uno será responsable de su decisión.
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REUNIONES DECISIVAS
Este 15 de mayo se cumplirá un año del fallecimiento del Amauta Guillermo Baca Aguinaga, educador, político y benefactor cultural cuyo aporte al desarrollo de Lambayeque no tiene parangón. Precisamente una de las herencias más importantes que dejó para el departamento es el Ateneo de la Casa Comunal de la Juventud, recinto que guarda valiosas piezas artísticas, bibliográficas y personales, hoy a disposición del público en general.
El edificio está distribuido en diferentes salas de exhibición, dedicadas a lo que fue, en resumida cuenta, la vida de Baca Aguinaga y sus más férreas convicciones. Así, hay una sala de música dedicada a Richard Wagner, a quien aprendió a admirar durante su estadía en Alemania; otra dedicada a la aviación y al héroe José Abelardo Quiñones, y una a su amado Colegio Nacional de San José con gráficas y dibujos del recordado director Karl Weiss, a quien tuvo oportunidad de conocer en el claustro granate.
También están las salas dedicadas al fundador del aprismo Víctor Raúl Haya de la Torre, de quien fue discípulo, al expresidente Alan García Pérez, y otra con los instrumentos y banderines de la Fanfarria de Lambayeque, agrupamiento musical formado al estilo prusiano por Baca Aguinaga en la década del 60.
Otros ambientes son la biblioteca, la videoteca y la sala abierta en honor al amauta, donde se guardan las más excelsas condecoraciones y reconocimientos dados a Baca Aguinaga, como la Orden del Sol del Perú, la Medalla del Congreso de la República y las Palmas Magisteriales.
“El Ateneo representa el corazón de la Casa Comunal de la Juventud, al conocerlo me he dado cuenta que este espacio nos permite encontrarnos con parte de la historia sociopolítica de Lambayeque y del país a través de su importante biblioteca, con la música más selecta gracias a su sala de discos, así como con la pintura a través de las reproducciones y obras originales que se conservan en la galería de exhibiciones. Este espacio conserva los objetos personales de Guillermo Baca Aguinaga, político lambayecano, quien diseñé este ambiente para el encuentro con el arte, la historia, y la cultura en sus múltiples expresiones. Se trata de la contemplación para la acción cívica, para la proyección en comunidad”, refiere el politólogo Jorge Vallejo Castello, quien recientemente se incorporó como asesor cultural del recinto.
REORGANIZACIÓN
El joven investigador fue invitado por la administración de la Casa Comunal para reorganizar el valioso acervo del Ateneo para su mejor difusión, principalmente hacia los jóvenes del departamento.
Es así como se ha elaborado un nuevo inventario de todos los bienes conservados en el Ateneo y especial cuidado se ha tenido con los más de cinco mil volúmenes de la biblioteca, entre obras y colecciones completas de revistas que trasladan a distintos tiempos de la historia del país.
“El encargado de la codificación es Fernando Carrillo y hasta el momento van registrándose más de 500 volúmenes, considerando una ficha completa para cada libro; así se apunta a tener un fichero electrónico en el mediano plazo, esto sería mucho más práctico para ayudar a ubicar por títulos, autores y temas las búsquedas e intereses de los visitantes. Se ha implementado también una mejor disposición de las mesas centrales para que los lectores puedan hacer uso de estas con mayor comodidad”, explica Vallejo Castello, añadiendo que en la reubicación de los materiales bibliográficos se ha dispuesto estanterías específicas para las distintas áreas.
La biblioteca es organizada por secciones especiales como la de música y arte; literatura universal y peruana; pedagogía; sexología; filosofía y religión; lugares del mundo; historia del Perú y universal, y, desde luego, un apartado dedicado exclusivamente a política y ciencia política. Asimismo, se ha dispuesto una sección exclusiva para obras sobre Lambayeque con la intención de conocer mejor lo que se ha escrito sobre el departamento desde el aspecto histórico, político y literario.
“Existen numerosos materiales que llaman la atención, el texto más antiguo encontrado en esta biblioteca es un ejemplar de 1845 sobre mapas. También podemos leer textos selectos como las ‘Cartas Amatorias de Mirabeau’, que contiene la correspondencia del Conde de Mirabeau, un destacado político de la Francia revolucionaria; este texto por ejemplo es de finales del siglo XIX. Entre otros materiales valiosos hallados se tienen los dibujos hechos por Karl Weiss, sus originales de 1914-1916 (guardados ahora en la Sala Guillermo Baca); así como un par de ejemplares de las Tradiciones Peruanas con la firma del mismo Ricardo Palma”, destaca Jorge Vallejo.
De igual modo se ha reorganizado la colección de discos de la Sala Wagner, en la que se han contabilizado exactamente 967 discos de música clásica, instrumental, canto lírico y folclore de distintos países; las mejores orquestas del mundo y los cantantes más destacados como Lauritz Melchior o Lotte Lehmann.
“Podemos afirmar que, por la calidad de sus centenares de discos, el Ateneo conserva la colección más grande de música wagneriana del departamento de Lambayeque y me atrevo a decir que una de las más importantes del país. Todos estos materiales musicales, bibliográficos, así como el mobiliario (pues se cuenta con objetos de principios del siglo XX, incluyendo un piano), han sido debidamente catalogados y ubicados para su mejor uso. Ello no es trabajo sencillo por el número de piezas y el cuidado especial que requieren; pero el personal de la Casa Comunal ha sido de apoyo en dicha tarea”, menciona Jorge Vallejo.
ACTIVIDADES CULTURALES
El proceso de ordenamiento del espacio ha significado también el desarrollo de una serie de actividades dirigidas al público local, como la proyección, hasta el momento, de 12 películas sobre temática social y política. El ciclo de cine se inició el 1 de abril.
“Se ha reordenado la disposición de las mesas centrales en el Hall de Exhibiciones para que puedan ser utilizadas por los jóvenes y en sí por todos los visitantes, este es un espacio también pensado para la realización de las Tertulias, conversaciones sobre las distintas problemáticas de actualidad”, señala el asesor cultural.
Destaca que el Ateneo también conserva las memorias anuales del Colegio Nacional de San José entre 1929 y 1940, todas de la gestión de Karl Weiss como director, así como distintos objetos de época pasada, como máquinas de escribir, radios antiguas y rollos de cine. También se han catalogado las más de cien condecoraciones recibidas por Baca Aguinaga en vida.
“Se han iniciado las Tertulias del Ateneo, rondas de diálogo sobre problemáticas actuales. La primera fue sobre Chiclayo Hoy, observando cómo muchos de los problemas que padece actualmente la ciudad son herencia de décadas atrás. En estas tertulias todos tienen oportunidad de plantear sus ideas, y se cuenta con materiales bibliográficos afines al tema que se desarrolla. La siguiente tertulia se realizará el sábado 14 de mayo, precisamente sobre políticos lambayecanos con mención a Guillermo Baca, a un año de su fallecimiento, recorriendo su trayectoria. En las tertulias se busca conversar, pero no con el ánimo de dogmatizar, sino de generar aprendizajes entre todos los presentes; como importante matiz se emplea también la música con los discos de la Sala Wagner, especialmente escogidos para ambientar estas reuniones”, refiere Jorge Vallejo.
AMIGOS DEL ATENEO
Anota que no se trata de realizar actividades aisladas, lo importante es generar alianzas; por ello, en vista de ser integrante de la internacional Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, hace un mes se tuvo el Diálogo Nacional aquí en Chiclayo, contándose con el Ateneo de la Casa Comunal como aliado. “Hay que resaltar que este ha sido el único diálogo realizado en Perú, cuya relevancia radica en que los aportes de la jornada serán considerados en la 46º Asamblea General de la OEA junto a los envíos de las juventudes de los países hermanos. Con los aliados correctos, se pueda hacer nuevos tipos de proyección trabajando en red; eso es lo que se necesita en Chiclayo”, señala Vallejo Castello.
En esta nueva etapa se ha sumado al Ateneo el profesor Antonio Serrepe Ascencio, conocedor de la historia lambayecana, quien conducirá y dirigirá el cronograma de actividades y que especialmente ha previsto un ciclo de visitas con los colegios del departamento, de este modo los escolares podrán acercarse al patrimonio que se conversa en dicho recinto, acercarse a la música, el arte y la cultura.
“La meta es tener un Club de Amigos del Ateneo, un grupo de jóvenes e interesados en general, dispuestos a participar de las actividades, hacer uso de las salas y así darle plena vida a este espacio, enclavado en pleno centro de la ciudad de Chiclayo. Se trata de formar para actuar, ello llevaría a que como amigos del Ateneo se puedan proyectar las actividades en zonas conurbanas y periféricas de la ciudad y en otros distritos del departamento; ello desde luego requiere el trabajo conjunto con más asociaciones de este mismo tipo. El Ateneo también es un museo por los materiales que conserva, ¿por qué no pensar en veladas culturales? Esas son las actividades que requieren impulso en el departamento de Lambayeque”, señala.
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Lo que sucede en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, es alarmante. El próximo año egresará la primera promoción de licenciados en la carrera, quienes trabajarán como politólogos, pero hasta hoy no han tenido un solo profesor especializado convocado por la casa superior.
Los futuros politólogos de la Pedro Ruiz Gallo no han tenido a ningún politólogo como docente. Las cátedras de la escuela han sido cubiertas, desde el 2013 hasta hoy, por sociólogos y abogados.
Lo más cercano que los casi 190 estudiantes de la escuela estuvieron a un docente especializado fue en el 2015, cuando la universidad contrató a la comunicadora Melisa Gonzales Medina, a quien encargó el dictado de seis cursos, pero que llegó a Lambayeque, desde Lima, con los gastos pagados por los propios alumnos. Es decir, los estudiantes se encargaban de solventar semana a semana los pasajes, hospedaje y alimentación de la catedrática, quien además, por su condición de profesora invitada, tuvo que esperar hasta el término el año académico para recién cobrar sus remuneraciones mensuales. Todas de golpe. Así trabaja la UNPRG, así trabajan las universidades públicas.
FALTAN DOCENTES
“Nosotros estamos en el cuarto año de carrera, el próximo año egresamos, vamos a ser la primera promoción y no tenemos docentes de especialidad”, reclama el alumno Roger Santa Cruz Carranza.
Por 40 horas de clases un docente contratado gana no más de mil 500 soles en la Escuela de Ciencias Políticas y lo mismo sucede en las demás escuelas de la universidad. Este año, para solucionar el problema de los docentes especializados, se convocó a un concurso de contratación, por el cual se ofrecía, entre otras cosas, un sueldo de 600 soles para el docente que dicte 20 horas académicas. Según Roger Santa Cruz, lo crítico no solo es la ínfima remuneración ofrecida, sino que además el aspirante a docente debía comprar las bases del concurso a un precio de 200 soles. La tercera parte del sueldo.
“La carrera de Ciencia Política es relativamente nueva en el Perú, pero en Lima se hace posible por la inversión que tienen universidades como la Católica. Ya hay politólogos que se están desempeñando en diferentes áreas del gobierno. Traerlos aquí representaría un gasto adicional y eso se entiende, porque tampoco va a venir un politólogo a perder dinero acá. En mi opinión, considero que esto es para generar amiguismos entre los profesores y contratarlos a pesar de no ser de especialidad, sino solo por ser amigos de las autoridades. Llego a esta conclusión porque primero, han puesto esas trabas legales para que finalmente no se pueda contratar a ningún profesor especialista, e inmediatamente llamar a profesores afines a ellas”, denuncia.
LA EXIGENCIA
El decano de la Facultad de Derecho, a la que está adscrita la Escuela de Ciencias Políticas, Ezequiel Chávarry Correa, señala que el procedimiento del concurso para contratación docente se ha realizado en el marco de la Nueva Ley Universitaria, la que exige la presencia de profesionales con el grado de magíster en el dictado de las cátedras.
Sin embargo, la realidad de los politólogos en el país es muy distinta a los requisitos de la norma, debido a que además de ser pocos los licenciados en la disciplina, son contados los que tienen maestría y difícilmente aceptan llegar a la UNPRG por los bajos sueldos que se les ofrecen.
Según Chávarry Correa se ha buscado como solución, con autorización del Consejo Universitario, que los politólogos a contratar cuenten únicamente con licenciatura. Aun así, de las seis plazas vacantes, solo una ha sido cubierta.
“Yo estudié antropología en Trujillo y no tenía profesor antropólogo, mayormente me formaron abogados. El Consejo Universitario dejó de pedir profesores politólogos con maestría, solamente con licenciatura y solo vino uno. Ahora posiblemente faltan dos”, manifiesta.
Pese a que la escuela tiene cuatro años funcionando, hasta ahora tampoco hay profesores nombrados. En total son 12 docentes con los que se trabaja y todos ellos están bajo la modalidad de contrato como profesores auxiliares.
“Nosotros, cuando creamos la Escuela de Ciencias Políticas, dijimos que hasta tercer año podíamos con los recursos que tenemos, pero ahí mismo debíamos prever que vengan tres o cuatro politólogos. Lamentablemente, eso no ha sucedido”, reconoce el decano.
El problema se agudiza porque a dos semanas de haber iniciado el año académico 2016, aún hay cursos sin profesor designado, lo que representa perjuicios directos para los estudiantes.
“No hay ningún curso con profesores de especialidad, no hay ningún politólogo dictando. En cuarto año, porque nosotros no estudiamos por ciclos, sino por años, de nueve cursos solos tenemos cubiertas tres plazas docentes”, señala Santa Cruz Carranza.
PROBLEMA UNIVERSITARIO
El doctor Freddy Hernández Rengifo, quien hasta diciembre del año pasado se desempeñó como director de la escuela, menciona que la presencia de politólogos en el dictado de los cursos no solo es vital para los alumnos de los últimos años, debido a que desde el inicio el estudiante de Ciencias Políticas lleva cursos especializados.
Por ejemplo, en primer año los alumnos llevan cursos como Teorías del Poder, Introducción a la Ciencia Política y Pensamiento Político Antiguo y Medieval. Luego, en segundo año llevan – según el Plan de Estudios de la escuela – Economía Política Clásica, Liberal y Neoliberal; Pensamiento Político Moderno y Contemporáneo y Multiculturalidad y Pluralismo Político. A medida que avanzan los años los cursos se han más específicos.
“En el primero año hay cursos como Pensamiento Político que deben ser dictados por politólogos. Más adelante, hay cursos como Teoría del Poder que deben enseñar profesores que manejen el tema. Lamentablemente estos profesionales se han estado reemplazando por abogados y sociólogos”, expone.
Hernández Rengifo va más allá del problema actual de la escuela y pone sobre la mesa la problemática que enfrenta la universidad pública en general, donde las condiciones son adversas para que buenos profesionales lleguen a la enseñanza superior.
“En términos generales, la UNPRG no es un incentivo para que un buen profesional vaya a enseñar. Al contrario, las convocatorias permiten que los que están desempleados y sin trabajo quieran ingresar al ser una fuente de ingreso rápido. Entonces, el sistema no permite que mejore a pesar de la existencia de una nueva ley universitaria, de una reforma universitaria”, lamenta el docente.
Cuando la escuela empezó a funcionar, en el 2013, se convocó a tres bachilleres en Ciencias Políticas para que dicten los cursos introductorios de la carrera. Empero, estos ya no fueron contratados al año siguiente, lo que a decir de Hernández Rengifo constituye un gran error que hoy pasa la factura a la universidad.
“El error que se cometió fue no incluirlos como jefes de práctica para que ayuden mediante seminarios, porque en realidad ellos tenían más conocimientos que los sociólogos y los abogados que dictan esos cursos. Entonces, la formalidad que tener el grado de magíster no garantiza ser mejor que los que no lo tienen, no es una regla”, refiere, remarcado el problema adicional que constituye el pago de haberes, a docentes contratados, recién al acabar el año académico.
“La universidad tiene la mala costumbre de contratar a los profesores y después de terminado el ciclo pagarle dos meses después los cuatro meses enseñados. Los profesionales que viven de la docencia no pueden esperar tanto tiempo para recibir sus pagos, porque de qué viven entonces, esto es el resultado de una mala gestión universitaria”, anota.
REALIDAD QUE PREOCUPA
En el país son siete las universidades que ofrecen la carrera de Ciencias Políticas: San Marcos, Villarreal, Católica y Antonio Ruiz de Montoya en Lima; Micaela Bastidas en Abancay, Trujillo en La Libertad y Pedro Ruiz Gallo en Lambayeque. Roger Santa Cruz afirma que todas, a excepción de la casa superior del departamento, tienen politólogos en sus claustros.
“La Universidad de Trujillo sí cuenta con politólogos especializados, y la de Abancay también. Mi curiosidad es la siguiente: cómo ellos sí pueden contratar con un salario adecuado y nosotros no. Entonces hay alguien que está infringiendo la ley, o ellos pagan demás o nosotros no queremos pagar lo que corresponde”, asevera Santa Cruz Carranza.
El temor en la casa superior es justificado. ¿Qué profesionales egresarán el próximo año si carecen de formación especializada en su disciplina?
“Ese temor lo comparten todos mis compañeros. Si no lo hacemos público no tendría mucho sentido y hemos recurrido a todas las instancias pertinentes. Hemos tratado de hacer algunas actividades como grupo de estudio, pero eso no es todo. La formación académica debería ser de lo curricular en adelante”, expresa Roger Santa Cruz.
“Lo que está pasando es muy riesgoso. Básicamente, el estudiante de Ciencias Políticas tiene que ser autodidacta. Los pocos profesores que han venido a enseñar la especialidad les han dado buena bibliografía, ellos han sacado copia a esos libros. Si quieren desempeñar un rol en la Ciencias Políticas, así como estamos, tendrían que ser autodidactas y estudiar por su cuenta. El sistema universitario no permite seleccionar a los mejores cuadros del medio, al contrario, es un sistema muy perjudicial”, añade Freddy Hernández.
Doce municipios reciben incentivos por avances en la organización vecinal contra la delincuencia.
Lambayeque, por quinto año consecutivo, ha cumplido con elaborar y remitir al Ministerio de Interior y a la Dirección Nacional de Seguridad Ciudadana, la totalidad de los planes realizados por el Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC, articuladamente con los estamentos provinciales y distritales. El beneficio del cumplimiento de estas herramientas ha permitido que, año tras año, se luche con mayor esfuerzo contra la criminalidad.
El Plan Regional de Seguridad Ciudadana 2016 de la Región Lambayeque - PRSC, se formuló en base a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana N° 27933, promulgada en marzo del 2003 y modificada en junio del 2013 por la nueva Ley N° 30055. El documento obedece a la finalidad de ser el principal instrumento de gestión y orientación para reducir planificadamente la criminalidad y la violencia, desde una óptica integral y multisectorial, es decir, que involucre a todos los niveles de gobiernos provinciales y distritales, y la acción conjunta entre el Estado y la ciudadanía.
El Comité Regional de Seguridad Ciudadana – CORESEC, cuyo presidente es el gobernador regional, Humberto Acuña Peralta, es el ente general. Además, se cuenta con comités provinciales y distritales, quienes trabajan independientemente en la elaboración de los objetivos de los planes, cumpliendo de manera general con el PRSC.
Por quinto año consecutivo, Lambayeque presentó al 100 % sus planes, alcanzándose 38 planes distritales, tres provinciales y uno regional de seguridad ciudadana. Las demás regiones que lograron el mismo porcentaje fueron el Callao, San Martín y Lima Metropolitana.
El CORESEC es conformado por la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil - SUCAMEC, las juntas vecinales, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo - MINCETUR, el Ministerio de Salud, los alcaldes provinciales, el Instituto Nacional Penitenciario - INPE, la Policía Nacional del Perú, el Gobierno Regional de Lambayeque, y el Ministerio del Interior – MININTER, quienes conjuntamente organizan diferentes actividades para el cumplimiento de los objetivos estratégicos del plan.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El Ingeniero Carlos Balarezo Mesones – secretario técnico del Comité de Defensa Civil y Seguridad Ciudadana del Gobierno Regional de Lambayeque, señala que la herramienta está basada en cinco objetivos principales, siendo el primero disponer de un Sistema Regional de Seguridad Ciudadana articulado y fortalecido, agregando que lograr el trabajo conjunto de los diferentes actores es aún un reto.
El segundo objetivo establecido en el plan es implementar, recuperar y disponer de espacios públicos seguros como lugares de encuentro ciudadano, aspecto que está más vinculado al tema municipal, ya que “está confirmado que en aquellas ciudades donde los espacios públicos carecen de iluminación o se encuentran en estado de abandono, existe una mayor incidencia de delincuencia”.
“Una buena experiencia en Chiclayo fue con el Paseo de Yortuque. Hace cinco años, el paseo era un nido de delincuentes y de basura, pero ahora se ha convertido en un museo al aire libre donde las familias pueden salir por la noche, con una buena iluminación, y es frecuentemente visitado por estudiantes. Así como la experiencia del Paseo Yortuque, queremos que las autoridades hagan el máximo esfuerzo para recuperar las áreas públicas abandonadas, donde se presenta altos índices de prostitución, consumo de drogas y alcohol, para que estos sean lugares donde se puedan desarrollar actividades culturales y deportivas”, ejemplifica.
El tercer objetivo estratégico es referente a la reducción de los factores de riesgo social en la región, los que propician comportamientos y conductas delictivas. El secretario técnico del comité regional define como factores de riesgo el consumo de drogas y alcohol, la violencia contra la mujer, la ludopatía, los problemas de hacinamiento del penal de Chiclayo y del establecimiento juvenil, y la corrupción, añadiendo que el 30 % de la delincuencia en el Perú y en Lambayeque es originada por estos.
“El consumo de drogas y alcohol, es un factor de riesgo en el que los alcaldes deben tomar participación en la evaluación asertiva de las discotecas, cantinas y bares en la ciudad, ya que son estos espacios en los que se producen las grescas que alteran la tranquilidad pública. La violencia contra la mujer es otro de los factores de riesgo con mayor índice presentado en Lambayeque, el cual es un factor determinante en la crianza de los hijos. Muchos de los adolescentes infractores o delincuentes juveniles vienen de familias disfuncionales, donde la madre es soltera o separada, o el esposo la ha agredido, lo cual genera en el joven que sus actitudes de respuesta sean agresivas ante la sociedad”, explica.
Además, indica que desde el Ministerio de Justicia se está impulsando, a través de una mesa de trabajo, combatir la problemática de los delitos patrimoniales, por lo que se debe enseñar al ciudadano que al comprar un equipo móvil robado tiene como consecuencia apoyar al incremento de los delitos de hurto o robo de celulares móviles indirectamente.
Carlos Balarezo advierte que las problemáticas con el hacinamiento en el penal de Chiclayo y el incremento de jóvenes infractores en el establecimiento juvenil José Abelardo Quiñones Gonzáles, son factores de riesgo de suma importancia, pero que son desatendidos.
“En una audiencia pública se negó otorgarle la licencia social al INPE para ampliar el penal que fue construido para 800 internos, pero que ahora alberga a más de tres mil 400 reos. Es decir, la situación del penal nos va a reventar en la cara en cualquier momento, y por ello hay la necesidad de invertir 140 millones de soles para ampliarlo. Además, estamos fallando en los procesos de resocialización. En muchos casos ingresan delincuentes primarios por algún delito leve, pero salen especializados del penal por el problema de hacinamiento que existe en él. Asimismo, el grave problema del establecimiento juvenil José Abelardo Quiñones Gonzáles donde hay 180 jóvenes infractores, que en algunos casos se logran convertir en delincuentes potenciales a ser sicarios”, advierte.
El cuarto objetivo estratégico del PRSC es promover la participación de los ciudadanos, sociedad civil, sector privado, y los medios de comunicación para enfrentar la inseguridad, en el cual menciona que se debe de trabajar articuladamente para poder cumplirlo. El ingeniero manifiesta que organizar a las Juntas Vecinales es una de las estrategias esenciales para combatir la delincuencia, ya que es el ciudadano quien tiene el conocimiento vivencial de la delincuencia.
Por último, el quinto objetivo establecido es fortalecer a la Policía Nacional del Perú de Lambayeque, para lograr los mayores niveles de eficiencia y eficacia, a fin de brindar un servicio de calidad a la ciudadanía, la cual se ha ido cumpliendo con éxito desde el 2011, lo cual ha permitido que el índice de delincuencia disminuya a un 30 % según el informe regional policial. Sin embargo, menciona que la cifra de percepción de la delincuencia alcanza a un 80 % a nivel nacional.
“Por una voluntad política del gobernador regional, desde el año 2011, hemos invertido más de 20 millones de soles. Hemos comprado 510 motocicletas policiales, 60 patrulleros, fortalecido las juntas vecinales, comprado puestos de respuesta inmediata y equipos de radiocomunicación. Estamos elaborando un proyecto para construir la comisaría de la familia, con una inversión de casi nueve millones de soles que estaría ubicada en el distrito de José Leonardo Ortiz. Además, está en planificación el financiamiento del complejo policial multipropósitos en Picsi, un terreno que ha sido donado por la policía, con una inversión aproximada de 30 millones de soles que podría financiarse con el mecanismo de obras por impuestos”, puntualiza.
INCENTIVOS MUNICIPALES
El Ministerio de Economía y Finanzas cada año premia a los municipios con un presupuesto adicional, siempre y cuando estos cumplan con un porcentaje en la aplicación de los planes de seguridad ciudadana. El cumplimiento de los planes es evaluado trimestralmente por el Ministerio del Interior a través de la Dirección de Seguridad Ciudadana en coordinación con el CORESEC, siendo los incentivos otorgados en el presente año a las municipalidades de Chiclayo, Ciudad Eten, José Leonardo Ortiz, La victoria, Monsefú, Pimentel, Pátapo, Pomalca, Tumán, Ferreñafe, Pueblo Nuevo y Lambayeque.
“En el caso de los planes municipales ya se agregan temas más específicos que competen al distrito. Es importante indicar que el Municipio de La Victoria es uno de los que mejor ejecuta su plan de seguridad ciudadana. Se recomienda a los alcaldes en verdad invertir este incentivo en los temas de inseguridad ciudadana, porque se han detectado casos en el que no se realiza de esta forma. Nosotros estimamos para finales del año cumplir con el 80 % de lo que se tiene aprobado en el plan, que no se requiere de un gran presupuesto”, manifiesta.
El secretario técnico del Comité Regional de Seguridad Ciudadana señala que el presupuesto establecido del COSERC para gastos corrientes alcanza una cifra aproximada a 700 mil soles, mientras que el presupuesto para los proyectos de inversión pública depende de la cantidad de iniciativas que se presenten.
“Las autoridades debemos organizarnos de tal forma que podamos cumplir con los objetivos del plan. En una ciudad, si hay un buen alcalde que esté comprometido con su población en seguridad ciudadana, si tenemos un buen comisario, un buen secretario técnico de seguridad ciudadana y un buen coordinador de juntas vecinales, les aseguro que se puede combatir la delincuencia común. Esta es la clave del éxito”, concluye.
