La gestión del rector Jorge Oliva Núñez en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque sigue dando que hablar, esta vez por el privilegiado pago de las famosas asignaciones especiales que por el ejercicio del cargo vienen recibiendo 41 catedráticos de la casa superior de estudios.
El 26 de agosto pasado se emitió la Planilla de Asignación Única por Función Directiva solo de la Alta Dirección de la universidad, correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo de este año, por un valor de 437 mil 450 soles, distribuidos en 41 docentes.
Las Asignaciones Únicas por Función Directiva en la UNRPG se entregan en virtud del cumplimiento de ciertas metas entre el personal docente. Por ejemplo, por el desarrollo de la educación universitaria de pregrado; por la gestión administrativa para el apoyo a la actividad académica; por brindar atención básica en salud; por la incorporación de nuevos estudiantes de acuerdo al perfil del ingresante; por la implementación de un programa de fomento para la investigación; por la evaluación y acreditación de carreras profesionales; por el planeamiento institucional, presupuestario y financiero; por gerenciar recursos material, humanos y financieros; por acciones administrativas; por gestión administrativa; por fomentar el deporte y la recreación; por la elaboración de estudios e investigaciones; por la formación profesional en postgrado, y por la formación de la investigación y el conocimiento.
LA ALTA DIRECCIÓN
El rector Jorge Oliva ha cobrado, por supuestamente cumplir dichos estándares entre marzo y mayo de este año, 13 mil 520 soles; que son independientes de la remuneración que como profesor principal tiene, que asciende a aproximadamente cinco 300 soles líquidos, aplicándole los descuentos de ley. Quiere decir que al término del año la autoridad universitaria habrá percibido aproximadamente 117 mil 672 soles de la casa de estudios.
El Vicerrector Académico, Bernardo Nieto Castellanos, ha ganado por asignaciones 10 mil 348 soles, al igual que el Vicerrector de Investigación, Ernesto Hashimoto Moncayo. Ambos también reciben sueldos como profesores principales. En tanto, el Secretario General de la universidad, Manuel Sandoval Rodríguez, también profesor principal, se benefició con la asignación de ocho mil 112 soles por los meses antes mencionados.
Estas autoridades además perciben desembolsos por movilidad, por los exámenes de admisión y otros beneficios pecuniarios que se les otorga por el ejercicio de cargo.
OTRAS AUTORIDADES
El SubDirector Académico del Centro Pre Universitario, Carlos Arturo Abramonte Ato, percibió cinco mil 408 soles por asignación especial; el Jefe de la Oficina General de Admisión, Norman Aguirre Zaquinalua, cinco mil 408 soles, en tanto el Director de la Oficina de Formación de Proyectos de Investigación, Isidoro Benites Morales, el pago de siete mil 176 soles adicionales a su remuneración como profesor principal.
El Jefe de la Oficina de Servicios Generales, Daniel Carranza Montenegro, fue beneficiado con cinco mil 876 soles por asignación; el Subdirector Administrativo del Centro Pre Universitario, Rolando Córdova Descalzi, recibió el mismo monto, el que también le fue depositado al Jefe de la Oficina General de Proyectos e Infraestructura, Emilio de la Rosa Ríos.
El director del Laboratorio de Biotecnología ganó entre marzo y mayo de este años tres mil 761.33 soles adicionales a su sueldo; el Jefe de la Oficina General de Planificación, Luis Espinoza Polo, cinco mil 708 soles; el Dirección General de Administración, Saúl Espinoza Zapata, siete mil 329 soles; en tanto el Jefe de Asuntos Académicos, Lumber Gonzales Zamora, cinco mil 408 soles.
En la Escuela de Posgtrado, los subdirectores administrativos Juan Granados Inoñán y Ema Noblecilla Montealegre ganaron tres mil 172 soles y dos mil 236 soles respectivamente. El Jefe de la Oficina General de Bienestar Universitario, Óscar Granda Sotero, cinco mil 408 soles; el Jefe de la Filial Cutervo, Ángel Mercado Seminario, seis mil 708 soles, mientras que la Directora de la Oficina de Edición y Difusión de la Investigación, María Pezo Silva, ganó seis mil 708 soles.
Robert Puican Guitérrez, jefe de la Oficina General de Sistemas Informáticos Administrativos, recibió por asignaciones cinco mil 408 soles; José Reupo Periche, director del Centro Pre Universitario, ocho mil 814 soles; la jefa de la Oficina General de Biblioteca, Pilar Ríos Cabrera, cinco mil 408 soles.
La Subdirectora Académica de la Escuela de Postgrado, Consuelo Rojas Idrogo, cinco mil 408 soles; la Jefa de la Oficina General de Responsabilidad Social, Dennie Rojas Manrique, cinco mil 876 soles; el Jefe de la Oficina General de Cooperación Técnica y Relaciones Internacionales, Nelson Sifuentes Justiniano, dos mil 724.80 soles; el Jefe de la Oficina General de Recurso Humanos, Sebastián Uriol Chávez; cinco mil 408 soles, y la Jefa de la Oficina General de Calidad Educativa; María Vásquez Pérez, tres mil 731 soles.
CASO BENITES MORALES
El actual jefe de la Oficina de Formulación de Proyectos de Investigación, adscrita al Vicerrectorado de Investigación, Isidoro Benites Morales, presenta una situación particular dentro de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, donde además tiene la condición de profesor principal, toda vez que a la par el sociólogo de profesión trabaja en el Instituto Superior Tecnológico República Federal de Alemania.
De acuerdo al Informe Escalafonario de Benites Morales, extendido por la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL de Chiclayo, al que Expresión tuvo acceso, este tiene condición de docente estable – nombrado en el instituto tecnológico desde 1976, y solo presentó el requerimiento de licencia sin goce de haber desde el 1 de abril hasta el 31 de julio de este año, con documento ingresado el 17 de mayo pasado.
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A la gestión de Ricardo Velezmoro y de presidenta de la institución, no les importaría el peligro diario que corren las personas que laborar entre paredes rajadas y a punto de caer
En grave peligro viven 40 personas que diariamente laboran en las diferentes áreas de la Beneficencia Pública de Lambayeque, debido a que las paredes del local que ocupan desde hace buen tiempo, se encuentran totalmente resquebrajadas y en algunos casos con enormes grietas que con facilidad dejan ver la luz del sol y hasta el lado contiguo de la habitación.
La alerta la dio el médico José Flores Delpino, quien sostuvo que desde hace 18 años labora en la institución, pero es el caso que en los últimos dos años tanto él como el personal que labora en la institución filantrópica, son diariamente expuestos al peligro, a pesar que desde el año 2012 existe un informe de Defensa Civil que declara inhabitable el inmueble debido al mal estado de sus paredes e infraestructura de soporte.
“En el año 2012, Defensa Civil hizo una inspección y fiscalización en el local, determinando luego que la propiedad es inhabitable por existir un peligro inminente debido al mal estado de su infraestructura, recomendando que sea desocupado en salvaguarda de la integridad física y la vida de las personas”, explicó el galeno.
CASO OMISO
De igual manera, añade que durante la gestión del alcalde Percy Ramos Puelles, en el año 2012, lejos de adoptarse las medidas correctivas y de protección no solamente a los trabajadores de la Beneficencia Pública sino también a los concurrentes que a diario suman más de cien persona, más bien se construyeron dos ambientes en el patio interno del local, habitaciones que se levantaron sin ningún tipo de seguridad estructural; pues no cuentan con columnas y mucho menos con vigas.
“Los ambientes fueron construidos para ser utilizados como consultorio. Uno es donde estoy actualmente trabajando, y el otro como laboratorio, pero con el transcurrir del tiempo las paredes se han deteriorado e incluso se han hecho fisuras que con facilidad entra la luz del sol y se puede ver al otro lado”, explicó.
Sin embargo, con la nueva gestión edil de Ricardo Velezmoro, imaginando que las cosas iban a cambiar, fue todo lo contrario; pues, a pesar de informar en manera permanente lo que estaba pasando y el peligro que significa el laborar en el lugar, hasta el momento nadie hace caso al estado peligroso del local, y al cuidado de la vida de las personas.
REITERA INMINENTE PELIGRO
En misiva dirigida el pasado 25 de setiembre a la presidenta de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lambayeque, Ludomila Orbegoso viuda de Grandez, el galeno solicita que se realice una inspección general y al detalle por parte de Defensa Civil, en el consultorio y laboratorio, del mencionado local.
Hace notar que en amparo a la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, pide que en el local ubicado en la calle Atahualpa N° 320, en Lambayeque, se desarrolle una inspección actualizada, con el objetivo que se tomen las medidas pertinentes a fin de evitar y corregir riesgos y daños en la infraestructura que estarían poniendo en peligro inminente la salud e integridad física de los trabajadores y usuarios.
Sin embargo, transcurrido los 30 días calendario, de acuerdo a Ley, para tener una respuesta por parte de la Administración Pública, en este caso la presidenta de la Beneficencia, Ludomila Orbegoso viuda de Grandez, el médico preocupado por su vida y la de sus compañeros, el 25 de octubre no tuvo más remedio que recurrir en acción de solicitud de acceso a la información pública, con el objetivo de obtener una respuesta alentadora, y en caso de seguir en el silencio, los responsables sean castigados de acuerdo a Ley en caso pueda ocurrir lo peor.
“El último movimiento telúrico ocurrido en la región y cuyo epicentro fue el mar al oeste del distrito de Pimentel, terminó de agrietar la pared del consultorio médico donde atiendo a los pacientes que a diario concurren en busca de atención médica”, sostuvo.
Una vez más
La solicitud fue cursada otra vez a la presidenta de la Beneficencia Pública de Lambayeque, Ludomila Orbegoso viuda de Grandez, a quien se le solicita la entrega en copia del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la resolución actualizada correspondiente del Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo, así como el nombre de los miembros que la conforman.
Además, se le solicita entregar el mapa de riesgo del local central, registro de inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo.
“NO SE HA HECHO NADA”
Periodistas del Semanario Expresión llegaron hasta las oficinas de Defensa Civil de la Municipalidad de Lambayeque, ubicada en uno de los ambientes del coliseo Eduardo Laca Barreto de la ciudad Evocadora, con el objetivo de obtener la versión oficial del responsable del área, César Chapoñán Flores, quien al ser consultado confirmó que desde año 2012 a la fecha la comuna lambayecana no ha hecho nada para encontrar una solución al problema y más aún, proteger la vida de las personas.
Luego, el funcionario, tratando de maquillar la negligencia, sostuvo que en la entidad no cuentan con los recursos suficientes para realizar las mejoras que el vetusto local requiere, pero al repreguntar sobre por qué no se han realizado las inspecciones, sostuvo que eso dependía de otra jerarquía, aunque luego varió la frase y sostuvo que tampoco se contaba con dinero para llevar hasta Lambayeque los inspectores especiales que se requieren.
Posteriormente, como queriendo disculpar o proteger a alguien, sostuvo que el pago lo tendría que hacer la misma Beneficencia con sus recursos públicos, para poder acceder a una inspección de detalle y el lugar sea declarado inhabitable nuevamente.
ALTO PELIGRO
El funcionario, posteriormente agregó que en el año 2014 si se había hecho una nueva inspección a la estructura del local, arrojando como resultado alto peligro, y que de ello, en el 2015, se había hecho conocer al alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz y a la gerencia municipal, pero a la fecha ninguno se había pronunciado y tampoco había dispuesto tomar las acciones respectivas de protección y salvaguarda de la vida de las personas.
Próxima a cumplir 25 años al servicio de la educación del país, la Universidad César Vallejo – UCV ha puesto en marcha un ambicioso plan de inversiones en infraestructura, equipamiento y desarrollo de capacidades académicas, tecnológicas y de investigación para cumplir con el licenciamiento de sus doce filiales, entre ellas Chiclayo, en la que ya inició la construcción de un moderno edificio para las escuelas de Ingeniería.
El miércoles último las principales autoridades de la casa superior de estudios, con presencia del fundador de la universidad César Acuña Peralta y el rector Humberto Llempén Coronel, participaron de la ceremonia de bendición y colocación de la primera piedra de lo que será el complejo de laboratorios de Ingeniería, espacios en los que los estudiantes podrán desarrollar sus procesos experimentales y de investigación contando con equipamiento de punta.
SER LOS MEJORES
Previamente el fundador de la UCV se reunió con los estudiantes de los primeros ciclos de las 13 escuelas profesionales que tiene la universidad en Chiclayo, a quienes animó a perseverar y esforzarse por cumplir sus objetivos.
“Nadie les puede decir que no pueden ni lo que tienen que hacer, ustedes tienen que cumplir sus objetivos, formar buenas familias para tener un mejor país, formarse como buenos profesionales y formarse como buenas personas. Solo así será posible el cambio”, señaló Acuña Peralta al auditorio.
El empresario educativo recibió el saludo del Director General de la UCV Chiclayo, Raúl Valencia Medina, quien destacó la visión que este tuvo hace 25 años para dar nacimiento a la casa superior y de esta forma permitir que hoy más de 150 mil estudiantes tengan la posibilidad de profesionalizarse con estándares de calidad y humanidad.
Asimismo, el rector señaló que la Universidad César Vallejo ha democratizado la enseñanza superior en el país, pues antes de su existencia era impensable que jóvenes de escasos recursos o de los sectores C, D y E alcancen un título profesional.
“Ahora pensamos en la universidad para los próximos 25 años y el objetivo ya no es crecer en número de estudiantes sino en calidad de enseñanza y convertirnos en la universidad de los emprendedores. Queremos buenos profesionales, sí, pero que a la vez tengan la visión no de buscar trabajo sino de generar trabajo para otros peruanos. Esa es la nueva universidad que queremos”, aseveró la autoridad académica.
INVERSIONES
Por su parte, César Acuña anunció que la universidad invertirá a nivel nacional 100 millones de soles entre noviembre y abril del próximo año para mejorar la infraestructura, equipamiento y optimizar los procesos internos.
De acuerdo a la Ley N° 30220, Nueva Ley Universitaria, las casas superiores tienen que cumplir el proceso de licenciamiento ante la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, a fin de validar el funcionamiento de sus filiales para adecuarse a los estándares de calidad que ahora exige la norma.
“Nosotros vamos a invertir 100 millones de soles hasta abril del 2014. ¿Qué universidad invertirá esa cantidad en sus campus y en sus estudiantes? Solo la Vallejo, y lo hacemos porque para nosotros sí es un compromiso reinvertir en los jóvenes y en su educación. De ese monto total diez millones serán para la filial Chiclayo, y le corresponde al señor Director General y a los demás directivos administrar bien esos recursos, porque ellos nos representan”, manifestó Acuña Peralta.
LABORATORIOS
Parte del plan de inversiones es la construcción de los laboratorios especializados para las escuelas de Ingeniería. El proyecto, que deberá concluir en los próximos tres meses, considera la edificación y equipamiento de los laboratorios de Suelos, Hidráulica, Concreto, Asfalto y Pavimento, en un área de 210.08 metros cuadrados.
Asimismo, los laboratorios de Electricidad, Energía, Control y Automatización, en 200 metros cuadrados; los laboratorios de Mecánica de Rocas, Minerología y Petrología, en 185.63 metros cuadrados y el laboratorio de Biotecnología en un área de 157.22 metros cuadrados.
Denuncian que último concurso para selección de personal estuvo amañado, burlándose de cientos de profesionales que con transparencia postularon, pero todo habría sido un engaño que se configuraría en el delito de estafa, con el único objetivo de formalizar en los cargos ocupados por sus allegados.
Conforme avanzan los días, la gestión del alcalde de Lambayeque, Ricardo Velezmoro Ruiz, parece hacer agua debido a presuntos actos de corrupción y donde algunos de ellos ya estarían siendo investigados por el Ministerio Público. Además, los actos supuestamente negativos son monitoreados de muy cerca por el movimiento ciudadano “Somos Lambayeque”.
De acuerdo a lo manifestado por Víctor Ponce Valenzuela, vocero oficial de “Somos Lambayeque”, sobre Ricardo Velezmoro Ruiz recae una denuncia por los presuntos delitos contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad, peculado y omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, que atenta en forma directa contra los intereses de la comuna y la ciudadanía, así como el Estado.
Explica que el Ministerio Público viene investigando de manera preliminar a la autoridad edil, así como al ex gerente municipal, Ulises Mendoza Dávila y los funcionarios Martín Pérez Carranza y Marcelino Inga Aquino.
Según relata el dirigente, la denuncia proviene de la obra de rehabilitación de la carretera vecinal Panamericana Norte-Punto Nueve-Rama Adobe Muy Finca-Dren 1000, obra que se ejecutó con un presupuesto de 174 mil 465 soles, dinero que proviene del Fondo de Compensación Municipal.
Detalla que la empresa constructora V&A Bulding SAC, habría utilizado greda en lugar de over con lo que no se habría cumplido con el expediente técnico. Además, se estaría realizando un afirmado de 10 centímetros de espesor en lugar de los 15 que ordena el expediente.
De igual manera, lo más grave del hecho es que como supervisor de la obra la municipalidad de Lambayeque habría permitido que se designe a un ingeniero agrícola en lugar de que el cargo sea ocupado por un especialista en ingeniería civil. Por el “trabajo” de vigilante de los intereses del Estado, el ingeniero agrónomo habría cobrado más de 700 mil soles.
SUELDO Y DIETAS
De igual manera, el dirigente hace conocer que de acuerdo a la carpeta fiscal N° 2406075500-2015-107, la Fiscalía de Lambayeque abrió investigación preparatoria contra Ricardo Velezmoro Ruiz por el delito de peculado, al haber aceptado y cobrado un aumento de sueldo que no le correspondía.
“Cuando el señor alcalde se sentó en el sillón edil, lo primero que la hizo en la primera sesión de concejo junto a los regidores de su entorno, fue debatir el aumento de sueldo y por ende el de dietas, lo cual está fuera de contexto y no ameritaba que lo haga.
El sueldo para Ricardo Velezmoro era de 4 mil 500 soles al momento de asumir el cargo, pero con una celeridad tan evidente, se hace aumentar su salario como alcalde en 8 mil 450 soles. A los regidores les correspondía percibir como dieta la suma de 1,350 soles, pero se incrementaron en 2 mil 535 soles”, señaló.
De igual manera – explica, que otra de las acciones de control que han hecho en contra la gestión del alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, es el presunto mal uso que se habría estado dando al estadio municipal Carlos Flores Marigorda, el cual se le pretendió entregar al ex alcalde de Olmos, Willy Serrato Puse, con el objetivo –presuntamente- de haberse estado siendo utilizado como “pichanga” y centro de bailes populares de fin de semana.
“En la actualidad tenemos siete denuncias pendientes, pero por el momento estamos recabando y adjuntan toda la documentación necesaria para ponerla a disposición del Ministerio Púbico, las que van desde abuso de autoridad hasta peculado”, detalló el dirigente.
EX GERENTE EDIL
De igual manera, Víctor Ponce no pudo evitar pronunciarse contra el proceso judicial que actualmente enfrenta el responsable de la oficina de Asesoría Legal de la Municipalidad de Lambayeque, Jhon William Malca Saavedra, de quien dijo que debe dar un paso al costado por el bien de la gestión municipal, al ser nuevamente procesado por el Poder Judicial de Lambayeque, y en está ocasión al pesar sobre él una demanda de su propia madrastra.
“A la comuna han llegado funcionarios con perfil bajo, pero con el transcurrir de los días se descubrió que eran todas unas joyitas, teniendo luego que irse de la casa edil como es el caso del ex gerente municipal Ulises Mendoza Dávila, quien en la actualidad afronta un proceso de investigación por presuntos actos de corrupción”, detalló
CONCURSO AMAÑADO
A su turno, la secretaria general del Sindicato Integral de Trabajadores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Marleny Sime Balladares, hizo extensiva su voz de protesta con el último concurso laboral que se desarrolló en Lambayeque para ocupar más de 200 plazas, el cual no fue más que un circo montado con el único objetivo de dar legalidad y formalizar la permanencia de la gente impuesta por el alcalde Ricardo Velezmoro y el partido político Alianza Para el Progreso (APP).
Añade que cuando Ricardo Velezmoro asumió la alcaldía de Lambayeque, con él llegaron unas 300 personas, las cuales ocuparon las plazas de los trabajadores que fueron despedidos a pesar que ya habían ganado derechos laborales.
“Los despedidos concurrieron al Poder Judicial y tras varios meses de trámite legal han regresado a trabajar, pero es el caso que como la municipalidad está súper poblada por personal laboral, los trabajadores que no son del agrado del alcalde Ricardo Velezmoro, deambulan por los pasadizos o simplemente son arrinconados”, resaltó la dirigente.
De igual manera, agrega que el problema edil se agrava aún más con el aval de la autoridad municipal para que se contrate más personas, lo que genera que mes a mes la planilla se incremente y haya problemas al momento de cumplir con los pagos, especialmente al personal nombrado y antiguo.
“Se vienen afectando los dineros de la comuna. Se contrata personal extra, vulnerando la Ley de presupuesto y teniendo que jalar dinero de un lado para otro y hasta afectando otros rubros que la ley prohíbe. No descarto que pueda existir una malversación de fondos si es que para cumplir con el pago de planillas del personal que ellos están contratando, tengan que cogerlo de otro lado”, explicó Marleny Sime.
SIN ECO
La dirigente hizo conocer que una serie de documentos han presentado al alcalde Ricardo Velezmoro Ruiz, con el objetivo de encontrar un diálogo y hacerle ver que en la comuna existe una sobrepoblación laboral, pero hasta la fecha no tienen una respuesta a sus documentos y mucho menos los dirigentes son llamados a dialogar.
De igual manera, resalta que copia fedateada de los documentos que han hecho llegar a la autoridad edil, también han sido enviados a la Oficina de Control Institucional y a la Contraloría General de la República con sede en Lambayeque, pero de igual manera tampoco tienen una respuesta.
“Con referencia al concursos laboral que se realizó a fines del mes de setiembre, se hace necesario que la Fiscalía intervenga y determine que dicha competencia fue totalmente amañada y que todo ha sido una burla, que se configura en el delito de estafa, y que fue realizado con la finalidad de formalizar o darle legalidad a las personas de su entorno que vienen ocupando cargos o desempeñando funciones”, sostuvo.
MÁS DE LO MISMO
Por su lado, el Contador Público Francisco Prada Luna, habitante del pueblo joven San Martín en Lambayeque, advierte que como vecino activo en el desarrollo de su distrito y la provincia, puede precisar claramente lo que viene ocurriendo en la gestión actual de Ricardo Velezmoro Ruiz, la cual deja mucho que desear.
Advierte que un claro actuar negativo de la autoridad municipal y su personal, es lo informado por la Oficina de Coordinación Regional Norte de la Contraloría General de la República, donde los funcionarios detectaron irregularidades que directamente involucran al burgomaestre y los 11 regidores.
“Mediante acuerdo de Concejo N° 003/2015 del 20 de enero de 2015, el Concejo Municipal de Lambayeque aprobó en su primera sesión ordinaria, por mayoría, incrementar el sueldo del burgomaestre Ricardo Velezmoro Ruiz, así como fijarse en nuevo monto las dietas de los 11 regidores.
El aumento de sueldo y dietas se dio gracias a la sustentación que hicieron en ese momento los gerentes de Asesoría Jurídica y Planificación y Presupuesto, para el periodo 2015- 2018”, detalló.
Recordó que los únicos que se abstuvieron fueron los regidores Francisco Javier Mesta Rivadeneira y Armando Rivas Guevara, quienes en la actualidad han sido separados de la investigación que realiza personal de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque.
“El sueldo del alcalde dejó de ser 7 mil 150 soles y pasó a ser de 8 mil 450 soles; mientras que los concejales dejaron de cobrar mil 350 soles para ahora cobrar 2 mil 535 soles”, explicó Francisco Prada.
COSTOSA BARREDORA
De igual manera, explica que a inicios de año la municipalidad lambayecana adquirió una barredora motorizada a un precio superior a los 600 mil soles, pero es el caso que tras cinco meses de trabajo el equipo motorizado se malogró y repararlo costaba algo de 1,700 dólares, pero la refacción tenía que importarse.
“En la actualidad no se sabe en dónde está la barredora, y se hace necesario que intervenga el Ministerio Público. Son muchos los actos de corrupción que se vienen dando al interior de la comuna lambayecana”, explicó.
De igual manera, detalla que otra de las graves decisiones tomadas por Ricardo Velezmoro, es que en el área de abastecimiento de la casa edil se haya tenido a un biólogo, así como a un ingeniero químico en administración, cuando el perfil no contempla a este tipo de profesionales para desempeñar el cargo o la función.
COMPRA DE COMBUSTIBLE
Francisco Prada explica también que en los últimos meses la gestión edil de Ricardo Velezmoro vendría comprando combustible de manera fraccionada por una cifra de 250 mil soles. “Está acción debe ser investigada en forma inmediata por la Contraloría, pero no lo hacen. Con documentos hemos hecho conocer el grave hecho, pero tampoco tenemos una respuesta.
Junto a un grupo de vecinos y dirigentes vecinales, estamos siguiendo de cerca las accione en defensa de los lambayecanos y el Estado”, señaló.
AUSENTE
Periodistas del Semanario Expresión fueron en busca del alcalde de la provincia de Lambayeque, Ricardo Casimiro Velezmoro Ruiz, pero la asistente de alcaldía, quien se identificó como Giorgina, hizo conocer que la autoridad municipal había abandonado su despacho y la comuna, no volviendo hasta dentro de algunos días.
Juez ordena que en 10 días se implemente Ordenanza Municipal N° 009-2015-MPCH, sino lo denunciará penalmente
Proceso judicial de Cumplimiento Constitucional fue generado por jefe del CGT, Nilton Monje Sampén, quien se negó a entregar documentación que sustente la creación de nuevos cargos laborales e incrementos de sueldos en el ente recaudador.
Si en diez días, el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, juntamente con el jefe del ex SATCh, ahora llamado Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT, Nilton César Monje Sampén, no cumplen con la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH, consistente en dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones -ROF, así como la estructura Orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes, serán denunciados penalmente por el delito de desobediencia a la autoridad.
De acuerdo a la resolución de sentencia de Proceso Constitucional de Cumplimiento N° 07, del 24 de octubre del 2016, amparado en el expediente judicial N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04, la demanda está referida a que funcionarios del CGT demuestren porque actualmente existen nuevos cargos sin contar con funciones específicas, así como las razones por las cuales los suertudos trabajadores se han visto beneficiados con llamativos incrementos económicos, sin darse cuenta que su actuar carece de todo valor legal, y que sobre ellos pesarían denuncias penales por aceptar cargos que no existen.
Ante el incumplimiento de los plazos que la misma Ordenanza edil establecía para su implementación, la que hasta la fecha no se han cumplido a pesar de haber transcurrido más de un año, el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, admitió a trámite la demanda de Proceso Constitucional de Cumplimiento, en contra la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
EL INICIO DE LA ACCIÓN
Mediante carta L114-2016, del 20 de julio del año 2016, Víctor Eliseo Luna Victoria Menacho se dirige al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para requerir el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009 -2015, la que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones (ROF) y la Propuesta de Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, respecto a los artículos segundo, tercero y cuarto, dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
La mencionada Ordenanza Municipal cuenta con 5 artículos, pero en su artículo dos señala: “el de dar facultades al titular del pliego, para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e Implementación del nuevo ROF, así como la estructura Orgánica”, para el CGT.
El artículo tres encarga al jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, Nilton César Monje Sampén, el cumplimiento de lo dispuesto, de acuerdo a sus funciones y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes”.
Finalmente, el artículo cuatro señala que la Ordenanza edil en cuestión “deroga aquellas normas municipales que se opongan a la vigencia de la presente ordenanza”.
“En el actual CGT no existen las funciones específicas del señor Ángel López Castro, quien en la actualidad se desempeña como jefe de la División de Control y Recaudación de la Deuda. De igual manera, la señora Jenny Valiente Vásquez, se desempeña como jefa de la División de Atención al Administrado.
Los cargos –aparentemente - fueron aprobados entre ellos, pero es el caso que a la fecha no existen en el Manual de Organización y Funciones del CGT, y mucho menos han adecuado a la Ley Servir”, explicó Luna Victoria.
EXTRAÑA TERQUEDAD
El 20 de julio del presente año se hace llegar al Centro de Gestión Tributaria la carta L115-2016, dirigida al jefe del ente recaudador, Nilton Monje Sampén, y se le requiere los mismos documentos que se solicitó al alcalde.
Ante la negativa a responder sobre lo solicitado, el 9 de agosto del 2016 se hace llegar una carta reiterativa a Nilton Monje, pero el demandado siguió en su negativa de respuesta.
Sin embargo, como se persistía en la negativa, se solicitó que se disponga una investigación bajo los lineamientos de la Ley Servir contra los que resulten responsables. También se hizo saber que el incumplimiento demanda una investigación por parte de la Procuraduría Pública Municipal, a efectos de que se realice una investigación civil y penal contra los que resulten responsables, por negarse a cumplir con lo requerido.
LA DESESPERACIÓN
La petición de derecho constitucional por parte de Víctor Luna Victoria, preocupó a algunos funcionarios ediles y es así que el 22 de julio del año 2016 el subgerente de Secretaria General, Gerardo Ordinola Araujo, hace llegar al jefe del ex SATCH, Nilton Monje Sampén, el oficio N° 401-SGSG-2016, en el cual le reitera el pedido hecho en el Oficio N° 396/SGSG-2016, para que ordene a quien corresponda se alcance en forma urgente, y en el término de 24 horas, la información solicitada por el administrado Víctor Eliseo Luna Victoria, respecto si su representada ha cumplido con lo dispuesto en la Ordenanza Municipal N° 009-2015- MPCH.
Luego de haber transcurrido 16 días de la misiva enviada por el subgerente de Secretaria General, Gerardo Ordinola Araujo al jefe del ex SATCH, Nilton Monje, el 8 de agosto pasado el demandante se ve en la imperiosa necesidad de reiterar su pedido, mediante la carta L136-2016, al alcalde David Cornejo Chinguel, en donde vuelve a pedir las instrumentales de cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
Preocupada por la negativa de Ninton Monje Sampén a hacer entrega de los informes requeridos, los cuales son de dominio público, el 11 de agosto pasado, la Procuradora Pública Municipal de ese momento, Edith Rosario Cancino Gamarra, mediante oficio N° 163-2016-MPCH/PPM, solicita a Monje Sampén con carácter de muy urgente, remita la documentación requerida relacionada a la cuestionada Ordenanza Municipal.
Además, Cancino Gamarra le otorga un plazo de 48 horas para la entrega de lo requerido, y se pueda continuar con las investigaciones de cumplimiento.
AL PODER JUDICIAL
La extraña actitud de Nilton Monje Sampén, jefe del ex SATCH, y la desobediencia a los funcionarios que le solicitaron la documentación con plazos y bajo la premisa de muy urgente, obligó a Víctor Luna Victoria a interponer demanda por Acción de Cumplimiento, con respecto a la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
La acción alcanza en primer lugar al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel; a la ex Procuradora Pública Municipal, Edith Rosario Cancino Gamarra, y al jefe del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT-, Nilton César Monje Sampén, a quien para mayor ubicación y sea debidamente notificado, se solicitó que las notificaciones que le haga llegar el juzgado, sean en su domicilio legal y laboral de la Av. Balta N° 820, en Chiclayo.
“El 27 de abril del 2015, mediante sesión de concejo, bajo la presencia del alcalde David Cornejo Chinguel, y la asistencia reglamentaria de los regidores, se analizó el proyecto del Reglamento de Organización y Funciones, y la propuesta Orgánica del CGT, la cual, luego de un arduo debate, se aprobó y se acordó plasmarla en la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
La norma edil local fue publicada en el diario oficial el pasado 3 de mayo, mediante memorando N° 070-2016-MPCH/SG.II.RRPP suscrito por la responsable de Imagen Institucional Angélica Atoche Cuadros, pero hasta ahora no se ha cumplido.
“Hasta la fecha no existe Manual de Organización y Funciones del CGT, así como Reglamento Interno de Trabajo”, sostuvo Luna Victoria en conferencia de prensa.
DESESPERACIÓN
Una vez agotado la vía administrativa y los plazos establecidos por la Ley, así como que el titular del Cuarto Juzgado Civil ya había admitido la Demanda de Acción de Cumplimiento, recién el 18 de agosto del presente año, Nilton Monje Sampén envía a la ex Procuradora Pública Municipal, Edith Cancino Gamarra, el oficio N° 01-013-000000431-2016, conteniendo la respuesta a la información solicitada.
En el documento señala que a la fecha se han aprobado el Cuadro de Asignación de Personal -CAP, Presupuesto de Asignación de Personal -PAP, Manual Interno –MP, Presupuesto de Inicio de Año -PIA 2016, Plan Operativo Institucional -POI 2016 y Plan Estratégico Institucional -EI 2016-2018, con sus respectivas resoluciones jefaturales de aprobación.
Con relación al Manual de Organización de Funciones -MOF, Texto Único de Procedimientos Administrativo -TUPA, Manual de Procedimientos -MAPRO y MPP, se encuentran en etapa de evaluación por parte de las unidades orgánicas del CGT, el cual ha sido solicitado por el jefe (e) de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Ignacio Quintana Ruiz, mediante informes N°04-010-0000000305-2016, 04-010-0000000306-2016 y 04-010-0000000307-2016.
De igual manera, como haciendo un “lavado de manos” para escapar de la responsabilidad civil y penal, en el documento se hace conocer que mediante oficio N° 01-013- 000001361, del 30 de noviembre del 2015, se remitió a la sub gerencia de Secretaia General de la MPCH, el proyecto del estatuto del CGT para su aprobación ante el pleno del consejo municipal, el cual se encuentra a la fecha pendiente de aprobación por parte de los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
MALA DEFENSA
El 25 de agosto del 2016 la ex Procuradora Pública Municipal, Edith Rosario Cancino Gamarra, contestó la demanda formulada por Víctor Luna Victoria, solicitando sea declarada improcedente o infundada en todos sus extremos.
Alega que con Resolución Municipal N°972-2016-MPCH/ del 19 de agosto del 2016, el alcalde David Cornejo ha dado cumplimiento en parte al cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009-2015, disponiendo la conformación de un comité especial de funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo, que se encargue del seguimiento e implementación del Nuevo Reglamento de Organización y Funciones – ROF- y la propuesta de la Estructura Orgánica del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo –CGT.
Además, en cuanto al artículo tercero de la cuestionada ordenanza edil hace conocer que con oficio N° 01-013-000000431-2016, el jefe del CGT, Nilton Monje Sampén, comunica que se ha efectuado el seguimiento, evaluación e implementación, y que a la fecha se ha aprobado el CAP, PAP, Manual Interno, PIA 2016, POI2016 y PEI 2016-2018, con sus respectivas resoluciones jefaturales de aprobación, y el MOF, TUPA, MAPRO y MPP, se encuentran en etapa de evaluación por parte de las unidades orgánicas del CGT.
¿TÉRMINO POR HUNDIRLO?
De igual manera, el 25 de agosto del 2016 también se apersona a Mesa de Partes del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo Yuri Díaz Cajo, en calidad de representante legal del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, quien sin fundamentos convincentes pide se declare infundada la demanda, por ser falso todo lo que se argumenta.
Sin embargo, en el punto dos de su descargo Yury Díaz Cajo responsabiliza al alcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel y a los regidores, de no aprobar desde el 7 de setiembre del 2015 el acta de sesión del Comité de Gerencia del CGT, en la cual se acuerda modificar el ROF, y sea la MPCH mediante sesión de concejo la apruebe, y hasta la fecha no hay pronunciamiento alguno.
También desdice a su jefe Nilton Monje Sampén y a la ex Procuradora Municipal Edith Cancino Gamarra, señalando que por parte de su representada se está trabajando para el cumplimiento de la Ordenanza Municipal, realizando diferentes diligencias, sobre todo se está programando establecer una sesión para ampliar el plazo establecido en la misma ordenanza, pudiendo así cumplir con lo estipulado, sin darse cuenta que su pedido es ilegal.
De igual manera, Yuri Díaz Cajo, aparentemente viéndose perdido, otorga facultades generales y especiales a la abogada María Marcelina Effio Arroyo, para que asuma la defensa.
Ministra de Justicia reconoce ineficacia de los defensores públicos que asigna el Estado.
A 80 mil asciende el número de internos en los 33 establecimientos penitenciarios que existen en el país, doce de los cuales, entre ellos el de Chiclayo, son considerados como los más peligrosos. El incremento de la población penal impide la efectividad del trabajo de resocialización a cargo del Instituto Nacional Penitenciario – INPE, por lo cual desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, según lo anunciado por su titular Marisol Pérez Tello, se evalúan algunas medidas paliativas, como la salida de los internos por omisión a la asistencia familiar.
Esto implicaría modificar las sanciones que actualmente se aplican a los infractores, para cambiar la carcelería efectiva por el uso de grilletes electrónicos, a fin que cumplan con su obligación en la manutención de sus hijos. Se espera que a partir de mayo de próximo año pueda aplicarse la medida a más de mil 800 internos a nivel nacional.
“No tiene ningún sentido que una persona que no pasa alimentos esté presa, porque no se logra el objetivo, no se logra resocializar y el niño, que es a quien tenemos que proteger, tampoco recibe alimentos porque no hay producción, así que en el primer grupo de vigilancia electrónica o grilletes que vamos a poner en marcha para abril o mayo del próximo año esperamos que los beneficiarios sean los que están por alimentos en los penales”, explicó la ministra de Estado durante su visita a Chiclayo en lunes último.
Pérez Tello, quien visitó en horas de la noche el Establecimiento Penitenciario de Picsi, señaló que la medida estaría sujeta a diversas condiciones por las que podría variar el régimen de libertad con vigilancia electrónica, como, por ejemplo, no cumplir con las reglas de conducta o no pagar lo adeudado por asistencia familiar en un plazo máximo de tres meses.
CRISIS PENITENCIARIA
La problemática carcelaria en el país se agudiza por el crecimiento de la población penal. A nivel nacional existen 35 mil camas en todos los establecimientos de reclusión, conocidas como unidades de albergue, las que resultan insuficientes para acoger a los 80 mil internos que se tiene actualmente.
De acuerdo a las evaluaciones realizadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, al año ocho mil personas se incorporan a la población penal.
“Si yo pudiera construir los dos megapenales de Piura e Ica, que tenemos planificados para el próximo año, en un promedio de 18 meses, serían seis mil unidades de albergue más, pero en dos años ya tendría 16 mil internos más, así que necesitamos una solución mucho más integral y esa es atacar las causas del delito, corregir los problemas, como vimos la vez anterior que estuvimos en Chiclayo en un conversatorio con las personas privadas de su libertad”, refirió Pérez Tello.
Precisamente de aquella reunión con los internos de Picsi se recogieron algunas conclusiones como la necesidad de revertir la situación de los encarcelados por omisión a la asistencia familiar, las condiciones de las personas de la tercera edad y de los sentenciados por delitos de violación de menores.
“El Ministerio de Salud ha priorizado el problema de la tuberculosis y a mí me parece una buena decisión. La primera campaña que estamos echando a andar es contra la TBC, porque es muy peligrosa. Hay penales en los cuales el 5 % de la población penitenciaria es tebeciana, y además no hay controles de ingreso al penal con lo cual cualquier persona con TBC puede ingresar sin ser detectada”, explicó.
CENTROS JUVENILES
La ministra de Justicia llegó a Chiclayo para participar de una de las actividades del programa “Quiero cambiar, quiero triunfar”, que impulsa el comediante Carlos Álvarez y consiste en organizar sesiones motivadoras con estudiantes de educación secundaria a través de experiencias de jóvenes que superaron problemas familiares, económicos y sociales.
“Nosotros hemos dividido el trabajo en la lucha contra la inseguridad ciudadana y contra la corrupción en varias etapas. Hay una etapa preventiva, de persecución, y una etapa de sanción. A través del programa estamos asociando la prevención y la sanción, y estamos llevando esto a los establecimientos penitenciarios, porque la metodología refuerza el principio de autoridad mostrando los casos de un policía, un militar, un aviador, un marino y un bombero que nos cuentan su historia de dificultad y a partir de ello cómo siguieron su vocación y la pusieron al servicio del país. Este programa lo estamos lanzando con los colegios de las zonas de mayor impacto en función del censo que hemos elaborado del riesgo del delito y también del censo penitenciario”, detalló.
Actualmente, la situación de los centros juveniles en el país no difiere a la de los establecimientos penitenciarios. Marisol Pérez Tello señaló que el problema de hacinamiento es el mismo, con el agravante que las condiciones pueden incluso acentuar desarraigo entre los menores infractores y sus familias.
“Hemos pedido una serie de facultades delegadas que refuerzan cada uno de los espacios que he mencionado: prevención, persecución y sanción. En la parte preventiva estamos sacando la Ley de Transparencia y también hemos pedido en la parte de persecución una modificación al Sistema de Tratamiento de Menores Infractores, porque esto depende hoy del Poder Judicial, que ha hecho su mayor esfuerzo y que tiene las mismas limitaciones que el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, pero que no tiene la posibilidad de trasversalizar la política porque no tiene sectores. El Poder Judicial no tiene médicos, no tiene psicólogos, no tiene educadores. Estamos realizando una coordinación muy fuerte para trasladar las competencias de los centros de jóvenes infractores al Poder Ejecutivo, ese es un esfuerzo importante, estamos todavía en plenas coordinaciones, ellos tienen ya un proyecto de Ley presentado”, mencionó la ministra.
“La situación es tan precaria como la de los penales, con un agravante que solo hay un centro preventivo de mujeres que está en Lima, lo cual genera desarraigo de las jóvenes con sus familiares, porque una niña chiclayana que está detenida en Lima está prácticamente impedida de que su familia pueda ir a visitarla y así fomentar la reinserción a su círculo familiar. Solamente en el centro juvenil de Maranga hay 800 menores de edad”, añadió.
DEFENSORES PÚBLICOS
Otro de los problemas descritos por la ministra es el de la defensoría pública. Según indicó, en el gobierno anterior se duplicó el número de abogados contratados por el Estado como defensores públicos, pero ello no implicó mejorar los estándares de calidad en el patrocinio de las víctimas o denunciados.
“Nosotros teníamos un promedio de dos mil abogados para la defensa pública a nivel nacional, lamentablemente ha tenido que haber una reducción de personal, no hay indicadores de calidad, sabemos cuántos abogados hay, cuántos casos atienden pero no sabemos cuántos ganan, con lo cual en la práctica no sabemos cuánto impacta esto en la vida de la gente, así que hemos tomado algunas medidas”, señaló.
Entre las medidas adoptadas están el desarrollo de campañas sociales en las que se informa a la población sobre sus derechos, además de los mecanismos de conciliación extrajudicial. Asimismo, se gestiona un convenio con el Colegio de Abogados para que en el ejercicio de la cuota voluntaria de cada abogado este pueda acoger por lo menos un caso y de esta forma triplicar el trabajo de los defensores públicos que actualmente tiene el Estado.
“Hay casos en los cuales el defensor público defiende a la víctima y también al victimario, lo cual es una barbaridad y entonces tenemos que corregir ese tipo de situaciones y esperamos que las personas con menos recursos tengan acceso a una defensa”, dijo.
BLOQUEADORES
En relación a la instalación de bloqueadores en los establecimientos penitenciarios, Pérez Tello anunció que el Ministerio de Justicia y Derechos Humano ha retomado las relaciones contractuales con la empresa Prisiontec, que ganó la licitación para la instalación de los equipos en los doce penales más peligrosos del país, entre ellos el de Trujillo y Chiclayo.
La empresa renovó la semana pasada su fianza y esto ha permitido reiniciar el cumplimiento del contrato asumido con el Estado, luego de una larga negociación que – según sostuvo – no perjudica al país.
“Hemos renovado las fianzas con la empresa y eso nos ha permitido sentarnos en una mesa de negociaciones para tratar de resolver los problemas que tenemos. Hay muchas deficiencias de compromiso de parte del Estado, del gobierno anterior lamentablemente, pero también muchas deficiencias de la empresa. Hemos acordado trabajar una cláusula adicional para poder implementar los penales. Acuérdense que en Chiclayo y Trujillo hay también bloqueadores de la Dirección Nacional de Inteligencia – DINI, a los que no se les ha estado dando mantenimiento, y muchos de esos bloqueadores nos salen mucho más caros que lo que costaron los bloqueadores que pone la empresa, por lo que vamos a pedir que se investigue directamente en Contraloría”, indicó.
Refirió que el propósito es que los bloqueadores se instalen en los 33 penales que hay en el país, para lo cual se deberá trabajar en nuevas cláusulas del contrato con la concesionaria.
“Habrá cláusulas de penalidad, nosotros esperamos lanzar cuando ya se haya definido el texto del acuerdo complementario e informarlo a nivel nacional para que sea el país el que vigile y los medios de comunicación puedan fiscalizar si van cumpliendo los plazos. Con eso queremos avanzar en dos cosas: grilletes o vigilancia electrónica, y bloqueadores. Yo confío en la buena voluntad de la empresa y en que sabremos llegar a soluciones que dentro del marco de la ley beneficien a todos, porque la inseguridad de un penal se refleja en la inseguridad fuera”, aseveró.
Según explicó, había dos posibilidades en la solución del problema con la concesionaria: mantener las 14 controversias y generar espacio para un arbitraje o negociar. “Lo que hemos hecho es sentarnos a buscar una solución integral, que sin perjudicar al Estado y en el marco de la ley, nos dé una salida en el corto plazo para tener los bloqueadores funcionando”, enfatizó.
Diez años después de batallar en los pasillos del Poder Judicial y contando ya con una sentencia firme, nueve familias de la Comunidad Campesina Santa Lucía de Ferreñafe lograron la orden de desalojo de quienes tomaron posesión ilegal de sus tierras en el distrito de Pítipo.
En el 2007 los comuneros Luzline Burga de los Santos, Orestes Sandoval Quezada, Gregario Siaden Sialer y Santos Mori Tafur denunciaron por usurpación y daños a Boris Salazar Mesones, hijo del entonces saliente ministro de Agricultura Juan José Salazar García, y a Manuel Ríos Rosas, dando inicio a una investigación a nivel policial y fiscal consignada con el número 851-2007.
Estos, quienes eran posesionarios desde hace más de 30 años y tenían certificados desde inicios de la década del 90, denunciaron que el 25 de julio de ese año Salazar Mesones y Ríos Rosas, utilizando armas de fuego y en complicidad con más personas invadieron sus predios, impidiéndoles el ingreso a los mismos, ocasionando destrozos en sus parcelas.
Pese a las constataciones hechas a los predios San Nicolás, San Juan – Grupo 2, Santa Julia, San Antonio, San Martín II, San Ramón, San Juan, San Martín I, todos del sector Mauro – Pítipo, donde se encontró a hombres armados encapuchados, así como construcciones e hitos destruidos, el Ministerio Público inicialmente resolvió declarar que no había lugar a la denuncia, disponiendo el archivo definitivo de la misma.
Al año siguiente, en mayo del 2008, los agraviados interpusieron una nueva denuncia penal, esta vez por falsificación de documentos contra José Agustín Farfán Tejada, argumentando que este presentó certificados de posesión falsos emitidos supuestamente por la Comunidad Santa Lucía de Ferreñafe, para el usufructo de 153 hectáreas de terreno en el sector San Rosa, que incluía a las parcelas de los afectados, trasfiriendo las mismas a terceras personas quienes solicitaban a COFOPRI la asignación de código o unidad catastral y visación de planos para la posterior tramitación de títulos de propiedad.
Esta nueva acusación motivó a que la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe disponga el inicio de la investigación preliminar por falsificación de documentos recabándose el Informe Técnico N° 012-2018-COFOPRI, donde se concluye el archivamiento definitivo de las solicitudes presentadas por los terceros para acceder a las unidades catastrales en atención a la oposición presentada por los denunciantes, quienes ampliaron su imputación incluyendo a Boris Salazar, Manuel Ríos y otras personas, señalando a estos dos como responsables intelectuales de la falsificación del certificado de posesión supuestamente emitido en septiembre de 1998.
Aun así, la fiscalía volvió a declarar no ha lugar a la formulación de la denuncia penal, decisión que fue confirmada por la fiscalía superior en enero del 2009.
LA TERCERA VEZ
Inconformes por el proceder del Ministerio Público y deseosos de justicia, los comuneros enajenados de sus tierras volvieron a denunciar, en marzo del 2009, a Boris Salazar, Manuel Ríos y otros más por falsificación de documentos y fraude procesal. La fiscalía de Ferreñafe dijo una vez más que no había lugar a la denuncia por tratarse de hechos ya revisados por ese despacho.
Sin embargo, el superior jerárquico, aplicando un nuevo criterio, opinó que se había adjuntado una nueva prueba al caso y que en la denuncia anterior no se había considerado la figura de fraude procesal, por lo cual solicitó la ampliación de la investigación y que se realicen las diligencias que permitan el esclarecimiento de los hechos.
En junio del 2009 se dispuso la formalización de la investigación preparatoria contra Boris Salazar Mesones, Manuel Ríos Rosas, Martha Pérez Colchado, Berónica Montalván Bazán, Gustavo Plaza Boggiano, Luis Sandoval Purizaca, Juan Chanamé López, Luis Burga Delgado, Eleuterio Balcázar Mesones, Armando Chanamé de los Santos, José Farfán Tejada, José Larios Ayala y Ángel Alvarado Ramos.
El Ministerio Público determinó que los certificados de posesión presentados por los investigados tenían tipos de caligrafía y rúbricas que no pertenecían a los supuestos emisores; que en los archivos del Juzgado de Paz de única nominación de Pítipo no había copias de los contratos de traspaso de posesión de tierras, y que no se habían cumplido los presupuestos necesarios para el procedimiento de adjudicación de terrenos de propiedad comunal a favor de terceros, de acuerdo a lo informado por COFOPRI.
El febrero del 2010, el fiscal Ricardo Cevallos Vegas, de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ferreñafe, presentó al Juzgado de Investigación Preparatoria el requerimiento acusatorio mixto, toda vez que en él también planteó el pedido de sobreseimiento a favor de Luis Burga de los Santos, Eleuterio Balcázar Mesones, Martha Pérez Colchado, Berónica Montalván Bazán, Juan Chanamé López, Luis Sandoval Purizaca, Boris Salazar Mesones, Manuel Ríos Rosas, Gustavo Plaza Boggiano, José Farfán Tejada, Ángel Alvarado Ramos, José Larios Ayala y Armando Chanamé de los Santos por fraude procesal, y a favor de los dos últimos en el delito de falsificación de documentos.
PRIMER FALLO
El 4 de mayo del 2011, la jueza María Rodríguez Llontop, del Primer Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial de Chiclayo, emitió la sentencia N° 12, del Expediente N° 3046-2009, en la cual condenó a Boris Salazar Mesones, Manuel Ríos Rosas, José Farfán Tejada, Luis Sandoval Purizaca, Gustavo Plaza Boggiano, Marta Pérez Colchado, Berónica Montalván Bazán y Juan Chamamé López a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida condicionalmente en su ejecución, con un período de prueba de tres años, al hallarlos responsables del delito de falsificación de documentos en su figura de uso de documento falsificado.
Los sentenciados quedaban prohibidos de ausentarse del lugar donde residen sin autorización del juez, y obligados a comparecer personal y obligatoriamente al juzgado para informar y justificar sus actividades cuando sean requeridos. Además, a reparar el daño ocasionado por el delito consistente en el pago de la reparación civil.
Como pena accesoria la jueza dispuso 90 días multa que calculaba sobre el 30 % de sus remuneraciones, fijando además el pago de siete mil soles de reparación civil a favor de los agraviados y de mil soles a favor del Estado.
APELACIÓN Y CASACIÓN
No conformes con la sentencia dada, los responsables del delito recurrieron en apelación a la Segunda Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que con Resolución N° 28, del 16 de septiembre del 2011, confirmó el fallo de primera instancia.
La decisión fue adoptada por los magistrados José María Balcázar Zelada, Jimmy García Ruiz y Margarita Zapata Cruz.
A la misma sala, pero con la participación del vocal Óscar Burga Zamora en reemplazo de Balcázar Zelada, le correspondió revisar semanas después el recurso de casación presentado por la defensa de los sentenciados, emitiendo la Resolución N° 29, del 3 de octubre, en la que resolvieron declarar inadmisible el pedido, confirmando el fallo de la jueza María Rodríguez Llontop.
RECUPERACIÓN DE LOS PREDIOS
Los afectados por la invasión recurrieron al Poder Judicial para exigir la recuperación de sus predios, puntualmente de los sectores denominados San Ramón (10.5956 hectáreas); Santa Julia (10.5955), San Juan (10.5958), San Juan II (10.5955), San Nicolás (10.5955), San Martín II (cinco hectáreas) y San Martín I (10.5955), ubicados en el sector Mauro del distrito de Pítipo.
El pedido fue revisado por el Juzgado Mixto de Ferreñafe, donde el juez Juan Zúñiga Bocanegra emitió sentencia con la Resolución N° 69, del 19 de septiembre del 2014, declarando fundada la demanda de interdicto de recobrar, ordenando que cesen los actos perturbatorios en contra de los agraviados y que los demandados Manuel Ríos Rosas y Boris Salazar Mesones desocupen y entreguen de manera inmediata los predios materia del reclamo, además que indemnicen a los agraviados por los daños y perjuicios, estimados en 50 mil soles.
La decisión del juez Zúñiga Bocanegra fue revisada por la Primera Sala Civil de Lambayeque, en virtud de la apelación presentada por los demandados, emitiéndose la Resolución N° 76, del 19 de junio del 2015, en la cual se confirma la sentencia que declaró fundado el interdicto de recobrar a favor de los comuneros enajenados de sus predios.
Basándose en el fallo de la Primera Sala Civil, el Juzgado Mixto de Ferreñafe emitió la Resolución N° 78, del 28 de agosto 2015, otorgando diez días a los demandados para que desocupen los predios y cumplan con indemnizar a los comuneros.
EL DESALOJO
Aun cuando había quedado acreditado el uso de documentos falsos para la toma de posesión de los predios, estos fueron vendidos a los hermanos Asalde Castañeda, allegados a Salazar Mesones, en el 2010, quienes enterados de la sentencia confirmada en instancia superior del Juzgado Mixto de Ferreñafe, respecto a la orden de desocupación dictada contra Ríos Rosas y Salazar Mesones, recurrieron en abril de este año al Poder Judicial en oposición.
Empero, el 27 de julio pasado, el juzgado emitió la Resolución N° 82, en la cual resuelve hacer efectivo el apercibimiento señalado contra los usurpadores, disponiendo el lanzamiento de los mismos y de todas las personas que se encuentren ocupando las tierras, diligencia que deberá realizarse el 28 de octubre, por lo cual se ha oficiado a la Comisaría de Ferreñafe a fin que preste las garantías necesarias para la recuperación de los terrenos.
“Los señores Asalde estuvieron presentes días después de la invasión, porque inmediatamente después colocaron parantes para la siembra de uva y ahora tienen cuatro terrenos de la zona sembrados. Han perforado dos pozos, destruyeron nuestras casas, nuestros sembríos y árboles, sacaron a balazos a nuestros guardianes. Nos hicieron ese gran daño y ahora no podemos regresar a nuestras parcelas”, asevera Luzline Burga de los Santos, una de las afectadas.
“No queremos que este desalojo se frustre y tampoco queremos que haya consecuencias lamentables para ninguna de las partes. Somos nueve familias, que nunca hemos tenido problemas de este tipo y ahora reclamamos que se nos devuelvan nuestras tierras”, añade.
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