Ha pasado casi un mes de la aparición del ciclón Yaku en nuestro país, específicamente en tierras norteñas donde generó inundaciones en distintas regiones por desborde de los ríos. Lastimosamente, los problemas continuaron con el cierre de carreteras, escasez de productos y subida de precios de la canasta básica familiar. A ello se suman las nuevas lluvias que se han estado dando, y que no permiten que podamos recuperarnos, afectando hogares y calles de la ciudad.
No solamente Lambayeque está siendo afectada por el clima, vemos que las regiones de Tumbes, Piura y la La Libertad, también presentan diferentes problemas fruto de las lluvias torrenciales.
Temporada afectada
A nivel empresarial, estas precipitaciones están afectando la economía de las regiones mencionadas, y más aún cuando estamos en temporada alta por Semana Santa, donde los turistas naciones y extranjeros elegían disfrutar del cálido norte aprovechando el feriado largo.
Sin duda lo más valorado eran las playas de todo el litoral. Si tomamos como ejemplo Lambayeque, tenían la costumbre -por recomendación de los guías- de hacer el circuito de playas que empieza en el distrito de San José y seguido de Pimentel, Santa Rosa, Monsefú y finaliza en Puerto Eten. Además, aprovechan para degustar nuestra deliciosa y variada gastronomía, y comprar artesanía como recuerdo de su viaje.
Del mismo modo, los visitantes aprovechaban para recorrer los museos y conocer un poco más de nuestras culturas. Lamentablemente, para esta Semana Santa no podremos ver la misma cantidad de turistas, debido a todos los problemas de alcantarillado y desbordes que tenemos.
Según manifiesta Darío Valdizán, director de Buy Side Research de Credicorp Capital Asset Management, el ciclón Yaku generó pérdidas económicas en S/13,000 millones proyectados en un escenario conservador, en las regiones de Lambayeque, Piura y Tumbes.
Mayores pérdidas
Si consideramos las recientes precipitaciones y las bajas ventas por la poca afluencia de visitantes por Semana Santa, las pérdidas económicas incrementarán significativamente. Como indica Enrique Quiñones, presidente de la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (APOTUR), son muchos turistas que tenían pensado visitado Chiclayo y Trujillo, pero desistieron debido a la situación actual que estamos viviendo.
De esta manera, observamos que el turismo se incrementará en otras zonas del país, como lo manifiesta la viceministra de Turismo del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR), Madeleine Burns. Siendo los destinos preferidos el sur: Ica, Ayacucho y Cusco. Asimismo, las regiones del centro, como Junín y Huánuco. Todas estas actividades movilizarían más de un millón de personas, y generarían un impacto económico de 107 millones de dólares, que lastimosamente no ingresarían a las MIPYMES de Lambayeque.
Espero que las autoridades regionales y nacionales, realicen acciones concretas para que esta situación mejore a la brevedad, en beneficio de toda la ciudadanía y el sector empresarial.
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(*) Consultor, mentor y catedrático. Especialista en Gestión Empresarial e Innovación.
La agrupación política que lidera César Acuña Peralta tiene en su haber a dos congresistas que son investigadas por el Ministerio Público por supuestamente recortar el sueldo de sus trabajadores; otro está preso acusado del delito de violación sexual en agravio de una empleada del Parlamento. Pero la lista no queda allí, hay dos legisladores del periodo 2016-2019 que también purgan condena en penales: uno por apropiación ilícita y el otro por colusión agravada. Además, hay dos alcaldes distritales de Trujillo que están prófugos de la justicia. Para colmo de males, en las últimas elecciones municipales y regionales, APP presentó a 23 candidatos con investigaciones por presunta corrupción; algunos salieron elegidos. Así se maneja lamentablemente la política en nuestro país.
¿Qué tienen en común Rosio Torres Salinas y Magaly Ruiz Rodríguez? Ambas son congresistas de Alianza para el Progreso (APP) y a las dos el Ministerio Público les ha iniciado investigación preliminar por presuntamente haber realizado cobros indebidos a los trabajadores que laboran en sus despachos. En el caso de Torres se ha incluido a su sobrino, Juan Pérez Guerra, en calidad de supuesto cómplice en la comisión del delito de concusión. Mientras que en el caso de Ruiz está implicado el asesor de su oficina, Johnny Romero Nima, quien se habría encargado del cobro dichos cupos. Como era lógico, el fundador de APP, César Acuña Peralta, condenó el suceso y anunció la expulsión de Torres; en tanto que Ruiz fue salvada por la campana, pues el partido señaló que las investigaciones determinen a los responsables. Estos actos reprochables no son los primeros en el Congreso (y no serán los últimos), antes también hubo casos indignos. Tal vez el más mediático fue el del desaforado legislador de La Libertad, Michael Urtecho, quien es investigado por el Poder Judicial por los delitos de concusión y enriquecimiento ilícito y para quien piden 24 años de cárcel. Su esposa también fue incluida en la indagación fiscal, para quien solicitan 22 años de prisión.
Estos antecedentes dejan muy mal parado a APP como organización política, debido a que no es el primer caso de un parlamentario que está envuelto en una grave denuncia. Los detractores del apepismo dicen que Acuña tiene una puntería muy fina para escoger a personajes de dudosa reputación que llegan al poder -sea al Congreso, gobiernos regionales o municipalidades- y luego terminan envueltos en graves hechos de corrupción, que al final le pasan la factura, directa o indirectamente, a esta agrupación en sus pretensiones políticas. Si no veamos lo que sucedió en las elecciones regionales y municipales del año pasado, donde APP ha perdido presencia a nivel nacional. En el norte, que era su bastión político más importante, solo ganó el Gobierno Regional de La Libertad y no accedió a ninguna alcaldía en capital de región, lo que evidencia el desgaste que ha tenido el partido desde que saltó a la palestra, por la falta de un liderazgo fuerte y sostenido, y por no tener filtros adecuados en la selección de sus candidatos. Un dato no menor es que en estos mismos comicios, APP llevó en sus filas al mayor número de aspirantes al Congreso con investigaciones por presunta corrupción. De 134 candidatos, 23 correspondieron al partido de Acuña. El exlegislador Richard Arce, señaló que “APP es un partido familiar que usa a la política para defender su negocio de la educación”.
Casos repulsivos
Pero el caso más repugnante hasta ahora ha sido el del excongresista Freddy Díaz Monago, quien fue sentenciado a 9 meses de prisión preventiva tras ser denunciado por el delito de violación sexual en agravio de una trabajadora del parlamento. Como era de esperarse fue expulsado de APP. La legisladora Lady Camones fue censurada de su cargo como presidenta del Congreso, debido a los audios de una reunión que sostuvo con César Acuña para priorizar un proyecto de ley a su favor, justo en la campaña electoral donde el líder de APP postuló al GR de La Libertad. Pero si nos remontamos un poco en el tiempo, durante el periodo congresal del 2016 al 2019, dos parlamentarios apepistas terminaron presos por estar involucrados en graves hechos de corrupción: el general EP ® Edwin Donayre, acusado de apropiación ilícita de combustible del Ejército; y el exalcalde de Urubamba (Cusco), Benicio Ríos, por tener condena judicial por colusión agravada. Ambos fueron capturados tras permanecer prófugos varios meses. En la lista también figura el exalcalde de Carabayllo (Lima), Marcos Espinoza, a quien le dieron 18 meses de prisión preventiva acusado de dirigir una organización criminal desde el municipio.
Alcaldes prófugos
Pero ha sido Trujillo, la ciudad donde surgió y creció Alianza para el Progreso, donde se registraron los primeros casos de autoridades investigadas por flagrantes casos de corrupción. Uno de estos corresponde a Daniel Marcelo Jacinto, exalcalde distrital de La Esperanza y de la Municipalidad Provincial de Trujillo, hombre del entorno político más cercano de Acuña. Fue sentenciado a 4 años y 8 meses de prisión efectiva por el delito de corrupción de funcionarios en la modalidad de negociación incompatible. Se lo acusó de una sobrevaloración de 78,000 soles en el alquiler de baños químicos durante la emergencia del fenómeno de El Niño de 2017, cuando el monto real en el mercado no superaba los dos mil soles. Estuvo varios meses prófugo de la justicia mientras sus abogados accionaban en la Corte Suprema, hasta que el Jurado Nacional de Elecciones le restableció la credencial de alcalde a fines de diciembre y retornó solo para cerrar la gestión 2018-2022.
Otra autoridad municipal apepista sentenciada es Roger Quispe Rosales, exalcalde de Moche, a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de negociación incompatible en perjuicio de la comuna de Moche. Además, fue inhabilitado por dos años para ejercer cualquier función pública. La lista lo completa Carlos Vásquez Llamo, exburgomaestre del distrito de Víctor Larco, sentenciado a cinco años de prisión por el delito de colusión. Ambos tienen órdenes de captura, pero se encuentran prófugos de la justicia hasta hoy. Lamentablemente así se maneja la política en nuestro país, donde la honestidad, la ética y la decencia importan muy poco al momento de elegir a quienes nos van a representar en la función pública. Es por eso que la clase política está desacreditada y manchada, ha tocado fondo, por personajes que ven en la política un medio para enriquecerse indebidamente del Estado y no para servir a la ciudadanía.
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(*) Licenciado en Ciencias de la Comunicación y Primer Vicedecano del Colegio de Periodistas de La Libertad.
Resulta recurrente, o mejor dicho una costumbre, que los gobiernos de turno asignen grandes cantidades de dinero, cuando se trata de paliar en parte los daños causados por fenómenos naturales imprevisibles, como son sismos de gran magnitud, las previsibles y cíclicas precipitaciones pluviales y producto del fenómeno El Niño, así como los daños recientes generados por un ciclón inesperado llamado Yaku; es decir, el régimen de turno, gasta a discreción y sin control cuando el daño está causado, como si de esta manera costumbrista estaría pretendiendo encarar el problema, bajo el manto de una declaratoria de emergencia, que si de algo sirve, es para generar más corrupción.
Días atrás, el poder Ejecutivo anunció la aprobación presupuestal de un mil 500 millones de soles con la finalidad de adquirir bienes y contratar servicios que permitirán contrarrestar los embates y los daños que podría ocasionar el tan anunciado fenómeno El Niño, cuando este ya está causando estragos producto de las lluvias torrenciales que se vienen dando, principalmente, en la parte norte del país, sin que por ejemplo, en la región Lambayeque se vea el efecto inmediato del presupuesto asignado, que más parece una dádiva ante una rogativa misericordiosa, antes que un paliativo efectista para amenguar en parte los daños ocasionados.
¿Por qué en una emergencia la corrupción crece?
La respuesta se cae de madura. Crece porque las autoridades y funcionarios perniciosos y sin alma, despreciando las normas, hacen uso indebido de los presupuestos asignados a favor de los damnificados de un hecho natural que muchas veces es predecible, y por qué no, de aquellos que no se esperan, apropiándose de la manera más vil de aquello que no les pertenece, usando para tal fin el arma letal de comprar lo que menos vale y pagar por lo que no se hizo, con el fin, por cierto esperado, de enriquecerse a costa de las carencias y el dolor ajeno.
¿Quiénes son aquellos corruptos?
Sin duda son los que ordenan y ejecutan las contrataciones de bienes y servicios - “qué duda cabe” -, si bien se sabe que en una entidad pública el que ordena la contratación es el mandamás y el que la ejecuta es el subordinado, quien prevalentemente ejecuta el gasto a libre albedrío y, de esta manera insana, sorteando aspectos normativos básicos de las compras estatales, logran que el entramado corrupto enquistado en muchas de ellas opere con total impunidad, perpetrando el gran robo de los dineros asignados para socorrer a la gente empobrecida y desamparada, consumando el hecho inmoral de enriquecerse de la manera más cruel, aprovechándose, como siempre, de la declaratoria de emergencias producida por un evento natural.
Los controles inoportunos e inadecuados
La decisión tomada por el ejecutivo de otorgar el millonario presupuesto por la emergencia decretada, no referencia la forma y los entes competentes para su ejecución, en razón de ello, no ha diseñado ni articulado un sistema adecuado y oportuno para controlar y cautelar el dinero que se está asignando por la declaratoria de emergencia actual, por lo tanto, es claro y previsible que controles de diferente índole habrán, pero estos – como siempre – se harán después que los millones de soles otorgados por el Ejecutivo hayan sido vilipendiados y destinados a engrandecer la cultura del lucro informal de los corruptos, quienes con la codicia facilista que los caracteriza y el total desprecio por la dignidad humana, lograrán apropiarse de los dineros estatales sin control alguno.
La vigilia ciudadana
Queda claro que, la inacción ciudadana y el conformismo de ver como la corrupción crece exponencialmente, nos está dañando día a día como consecuencia de la carencia de un control ciudadano in situ y efectivo, lo cual es tarea de todos, si tenemos en cuenta que este mal endémico llamado corrupción, siendo desde ya la primera violadora de los derechos humanos, permite que sus actores deshonestos se hagan ricos y la sociedad cada vez se empobrezca más, sin que para ello exista el antídoto perfecto para impedir el robo sistémico por parte de aquellos personajes ganapanes, que solo saben hacer el mal, mientras la sociedad, cada vez más, es jaloneada hacia atrás.
Concluyo recordando lo que en su momento dijo y propuso Javier Diez Canseco, luchador social incansable por excelencia, solidario y consecuente con sus principios: “Necesitamos una nación donde la corrupción no sea una forma consentida de gobernar”.
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(*) Especialista en Contrataciones del Estado.
