Con la promulgación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo se incluyó una modificatoria del Código Penal que reconoce la responsabilidad penal del empleador cuando se atenta contra la vida del o los trabajadores. Sin embargo, el tipo penal era de difícil ejecución por condiciones previas que la misma norma establecía.
Precisamente esto es lo que el abogado lambayecano Sergio Rodríguez Salinas, autor del libro “La responsabilidad penal del empleador como garante de la seguridad en el trabajo”, editado por la Pontificia Universidad Católica del Perú – PUCP, como parte de la serie Centenario, conmemorativa por los 100 años de su Facultad de Derecho, analiza, alcanzando propuestas para entender la aplicación de la legislación invocada.
En el Perú se promulgó hace diez años la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, norma que a lo largo de este tiempo ha recibido una serie de ajustes, principalmente en lo referido a la responsabilidad penal del empleador cuando se pone en riesgo o atenta contra la vida del trabajador. ¿Cuál es la situación normativa al respecto en la actualidad?
La ley incorporó como una disposición adicional el artículo 168-A al Código Penal, que es el que sanciona penalmente, luego tenemos las sanciones administrativas que corren por su cuenta de acuerdo a la Ley General de Inspección del Trabajo, pero es la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo la que habla por primera vez del atentado contra el trabajador.
Lamentablemente este tipo penal tenía cláusulas que impedían su operatividad. Una de las principales críticas es que se incorporó la necesidad de una notificación previa. Es decir, los fiscales no podían operar con ese tipo penal mientras la autoridad administrativa, que por lo general es SUNAFIL o los gobiernos regionales, no hubiera llegado a los centros de trabajo previamente a notificar alguna infracción, lo cual complicaba mucho el asunto, debido a las propias limitaciones de la autoridad administrativa y porque dejaba de lado las actividades que estaban fuera del foco de esta por tratarse de trabajos informales.
Otra cláusula que generaba mucha controversia era la que excluía la responsabilidad penal del empleador cuando el trabajador era responsable del incumplimiento. Eso llevaba a que se flexibilizara el nivel de vigilancia del empleador.
¿Y la situación normativa sigue así o ha cambiado?
A raíz de la muerte de dos jóvenes en Lima, a finales del 2019, en un centro de comida rápida, los legisladores se dieron cuenta que había cosas que mejorar y entonces se modificó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y se incluyeron algunas disposiciones para optimizar la facultad de fiscalización de la SUNAFIL y se aprovechó para modificar el Código Penal.
Así fue que se eliminó la cláusula de la notificación previa, que hacía inoperable el tipo penal, y se modificó el último párrafo que permitía la exclusión de la responsabilidad cuando dependía del trabajador.
¿Con esas modificaciones, a partir del caso McDonald s, en el que dos jóvenes murieron electrocutados realizando sus labores de trabajo, ahora los empleadores sí son penalmente responsables por lo que suceda con sus trabajadores durante el cumplimiento de deberes?
Sí, ya lo eran antes, pero por la existencia de ese requisito previo (la notificación), la configuración de la responsabilidad nunca se iba a cumplir. Según tengo entendido que se cumplió solo una vez, en un caso en el Cusco, donde se procesó a una autoridad edil, donde el control y fiscalización es mayor.
Ahora las puertas están abiertas para que se pueda aplicar el tipo penal sin necesidad de esperar una notificación previa. Lo que teníamos antes era una forma de desobediencia a la autoridad que le quitaba peso a lo señalado en el Código Penal.
Una de las limitaciones que siempre ha tenido la autoridad administrativa para la fiscalización laboral es la falta de inspectores. Cuando se creó la SUNAFIL se creyó que esta ayudaría a resolver el problema, recibiendo competencias que antes estaban a cargo de las gerencias o direcciones regionales de Trabajo, pero el problema persiste. ¿Cuál es la situación actual de este aspecto tan importante para la protección de derechos de empleados y empleadores?
Efectivamente, uno de los grandes problemas que tiene que ver con el eje de la fiscalización en algunas regiones tiene que ver con la falta de inspectores y recursos. El año pasado SUNAFIL hizo un gran concurso público, convocando a un gran número de plazas para inspectores, pero lamentablemente fue muy cuestionado por el desarrollo de las evaluaciones.
Las estadísticas de accidentes de trabajo de SUNAFIL se siguen basando en lo que el trabajador puede reportar, que no es la cifra exacta de lo que realmente ocurre. Nos estamos quedando en la reacción.
La Ley de General de Inspección de Trabajo autoriza las acciones de orientación y asistencia técnica para prevenir accidentes que se pueden evitar con mayor información o preparación, pero esto no es lo que se da.
Sabemos que los sectores de riesgo son minería y construcción, pero para hacer trabajo preventivo se necesita inspectores con la logística necesaria, y además se necesita atender otros aspectos que también son importantes como trabajos forzosos o trabajo infantil, entonces la capacidad se ve limitada.
Quiere decir que además de la falta de recursos falta una estrategia clara de cómo intervenir desde la autoridad administrativa, ya sea en la prevención o en la reacción, porque pareciera que todos los esfuerzos se concentran en lo segundo…
No se pueden visitar todos los centros de trabajo para labores preventivas, pero si la autoridad administrativa se abocara a visitar centros específicos, que se conviertan en referente se podría generar un efecto multiplicador de la acción preventiva, de tal manera que se expanda el conocimiento.
En cada región hay actividades específicas en las que se podría hacer mayor incidencia específica. En Lambayeque, por ejemplo, tenemos a las agroindustriales y las agroexportadoras, en otras regiones hay mayor actividad de la construcción o minera, y en estas se puede hacer énfasis.
¿Qué rol cumplen los sindicatos en el cuidado de la seguridad y salud en el trabajo?
Su rol es muy importante, porque por más que las condiciones de seguridad a veces sean individuales, siempre se puede hablar de una posibilidad de afectación al colectivo. La característica del tipo penal de atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo es que protege derechos colectivos.
Si en una fábrica falla una máquina y esta genera la muerte o discapacidad de uno o dos trabajadores, también cabe la posibilidad de una afectación mayor y, por lo tanto, el riesgo se hace colectivo. No se puede individualizar quién puede ser el afectado. El sujeto pasivo en este caso son todos los trabajadores.
Esa defensa de todos los trabajadores es la que hacen los sindicatos, por ello se debe reforzar su intervención y puedan hacer las denuncias correspondientes, sobre todo porque ya no hay necesidad de la notificación previa de la autoridad administrativa, que indique en qué ha fallado previamente el empleador.
La Universidad Nacional de Trujillo – UNT, podría ser la primera casa superior de estudios que aplique a la estrategia de ingreso libre a las universidades que planteó el presidente Pedro Castillo Terrones en su mensaje a la nación del pasado 28 de julio. En exclusiva para Expresión, el rector de la UNT, Carlos Vásquez Boyer, destacó que ya hay reuniones avanzadas con los funcionarios del Ministerio de Educación, quienes ven con buenos ojos que la cuarta universidad más antigua del país se convierta en el piloto de este ambicioso proyecto.
“Cuando escuché el mensaje presidencial sentí una extraordinaria satisfacción porque el año pasado hice pública una propuesta de esta naturaleza, y lo hice precisamente cuando asumí la conducción de la universidad. Comenzamos a evaluar el sistema educativo nacional porque no podemos ser una isla ni el propio sistema universitario puede serlo. Estamos en el marco de un contexto mayor que es el sistema educativo peruano, que durante muchos años ha sido desatendido por los diferentes gobiernos”, afirma.
Proceso de admisión
Explica que, si bien el proceso de admisión en la UNT es riguroso, siempre existen fallas, ya que por la misma naturaleza del examen es imposible ser equitativo y valorar las competencias, habilidades y destrezas de los estudiantes de secundaria. Indica que muchos jóvenes que egresan de la educación básica regular son brillantes, pero no logran acceder a la universidad, por lo cual propuso junto a su equipo directivo una alternativa distinta a la tradicional, a fin de garantizar el acceso libre de los estudiantes a las casas superiores de estudios.
“No se trata tampoco de que cualquier estudiante que pasa por la puerta de la universidad diga voy a inscribirme. No se trata de eso. Hay que considerar que el acceso a la universidad debe ser libre, pero al mismo tiempo debe garantizar calidad, de tal modo que los estudiantes de todo el país sepan que si ellos están en la universidad es porque son capaces y competentes, pero los que vendrán lo serán muchísimo más, porque la competencia será mayor”, sostiene.
Alternativas
En virtud de ello, señala que ya ha sostenido dos reuniones con funcionarios del Ministerio de Educación en las que ha planteado las alternativas que ofrece la UNT para abrir sus puertas de forma libre a los egresados de secundaria. Una de estas recoge la experiencia de Argentina, país donde el ingreso a las universidades públicas es totalmente libre, lo cual demanda que el Estado destine grandes cantidades de presupuesto. Por ejemplo, menciona, la Universidad de Buenos Aires recibe 66 mil nuevos estudiantes cada ciclo.
La otra alternativa -comenta- es más realista, ya que consiste en permitir el ingreso libre solo a los alumnos que forman del tercio superior de la educación básica regular. Apunta que anualmente egresan entre 30 mil a 40 mil estudiantes de la secundaria, con lo cual serían un promedio de 10 mil los que accedan libremente a las universidades.
Refiere que la UNT, que actualmente tiene tres mil 654 vacantes para su examen de admisión, podría triplicar esta oferta si instaura tres turnos de funcionamiento para el dictado de clases: mañana, tarde y noche.
Presupuesto
Afirma que el Estado le destina a la UNT un presupuesto de 242 millones de soles, pero para ser el piloto del ingreso libre de los estudiantes del tercio superior necesitaría una suma adicional de 106 millones, que serviría para implementar laboratorios, mejorar la infraestructura y contratar a más catedráticos.
“Es altamente probable que la UNT sea el piloto del ingreso libre a las universidades. Lo hemos conversado con el mismo ministro de Educación, que tuvo la gentileza de visitarnos. Le expresamos nuestra predisposición y luego hemos vuelto a conversar en Lima con sus funcionarios, quienes ven con buenos ojos nuestros planteamientos. Por ahora están evaluando el tema presupuestal y de infraestructura. Yo estoy gustoso de someterme a las evaluaciones de los organismos técnicos, eso nos permite sincerarnos ante la comunidad”, anota.
Asimismo, refiere que hoy el Estado invierte aproximadamente 10 mil soles por cada estudiante en las universidades públicas, ya que el presupuesto destinado a educación es del 3.8 % del Producto Bruto Interno – PBI. En contraste, resalta que otros países como Cuba asignan el 12 % de su PBI a este sector.
Dificultades
Por otro lado, manifiesta que el proceso de admisión, tal como funciona ahora, tiene varias falencias. Una de estas es que los alumnos de los colegios estatales consignan menores calificaciones que quienes egresan de los colegios privados. Esto no obedece necesariamente a una mejor formación, sino a que la nota mínima aprobatoria en los particulares suele ser mayor al 11 que fija la educación pública.
Apunta que esta misma situación ocurre en la educación superior, pues los alumnos que cursan medicina o enfermería en las universidades públicas están en desventaja frente a los de las universidades privadas cuando postulan para la residencia o el internado. En virtud de ello, señala que en la UNT se modificó el estatuto para que la nota mínima aprobatoria sea 14.
Señala que el planteamiento de la UNT para ser el piloto del ingreso libre a las universidades contempla que los estudiantes cursen uno o dos años de estudios generales y luego pasen a facultades. Para esa transición -sostiene- el promedio ponderado debería ser aún mayor.
“Hemos averiguado cómo es que los profesionales tienen acceso a algunas becas. Por ejemplo, para una beca en la OEA el promedio mínimo debe ser ocho, según el sistema decimal. En el vigesimal, como el nuestro, por qué no exigirles un promedio de 16 para pasar de estudios generales a facultad. Con eso buscamos la cualificación para que sean profesionales de mayor calidad. Nos exigimos internamente para tener impacto en la comunidad y decirle a la sociedad aquí te entrego un médico, un ingeniero, muy bien formado para el desarrollo en el país”, afirma.
Carreras
Por otro lado, considera que hay algunas carreras que han sido muy “estereotipadas” como medicina, que tiene diez postulantes por vacante; algunas ingenierías, que tienen ocho postulantes por vacante; y derecho, que tiene seis por vacante.
“Necesitamos que las universidades formen profesionales que impulsen el desarrollo nacional. Soy abogado, pero estimo que ya no se necesitan tantos en el país. No hay universidad que no haya puesto, sobre todo las particulares, cuatro paredes y un techo para albergar allí a cien alumnos. No sabemos cómo se estarán formando, espero que muy bien, tampoco quiero criticar a las universidades privadas, pero espero estén formando excelentes abogados”, menciona.
Apunta que hoy se necesitan más egresados de carreras como mecatrónica, ingeniería de materiales, biotecnología, entre otras.
“La vez pasada visité un laboratorio de biotecnología en Chavimochic y vi que se habían generado plantas de papaya con porcentajes diferentes de azúcar, según el mercado al que iban. Si iban a Europa llevaban menos azúcar y si iban al interior del país tenían más. Hemos generado plantas con biotecnología, por qué no trabajar esto desde la universidad”, manifiesta.
Asimismo, resalta que las universidades deben impulsar con más énfasis la investigación. En el caso de la UNT, señala que hay 144 profesores que están inscritos en el Registro Nacional Científico, Tecnológico y de Innovación Tecnológica – RENACYT.
“Nos entusiasma que nuestros docentes estén en RENACYT, pero ahora también les hacemos el llamado para que investiguen los grandes problemas nacionales. Necesitamos, por ejemplo, que nos digan cómo solucionar la carencia de agua de aquí a 50 años, o el tráfico vehicular. El impacto social debe trascender a los claustros universitarios”, afirma.
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Lucisol González González nació en Lima, pero se define como chiclayana. Llegó a los dos años a la ‘Capital de la Amistad’, donde cursó sus estudios primarios, secundarios y superiores. Egresada de la Universidad Particular de Chiclayo, la periodista radica desde hace 17 años en Chile, país en el que se ha convertido en una embajadora de la cultura peruana, pero, sobre todo, lambayecana.
“Cuando salgo del trabajo mis compañeros me ponen la canción ‘Un pueblo llamado Chiclayo’, de José Escajadillo. Yo la canto y ya todos se la saben. Ellos tienen ganas de conocer el Perú”, relata Lucisol González, quien trabaja como periodista jefe del programa ‘Conectados’, que se transmite por TV Chile.
Lucisol González recuerda que hizo sus prácticas profesionales como camarógrafa en la corresponsalía de Panamericana, donde laboró por nueve meses. Después, en 1999, ingresó a trabajar a Canal N, en lo que fueron los albores del canal de televisión por cable. Allí permaneció hasta el 2004, año en que emigró a Chile.
Cambios
Pese a que Lucisol González tiene vínculos con el vecino país del sur, pues su madre es chilena, el proceso de adaptación no fue del todo sencillo. Señala que al inicio sintió el choque cultural, pero el buen trato con el que fue recibida hizo que pronto pudiera desenvolverse con normalidad.
“Siempre habrá un choque cultural. Al principio todo va a ser un poco más difícil por el mismo hecho de estar en un lugar que no conoces. Te dicen, por ejemplo, anda a la avenida Grecia, camina tres cuadras y allí llegas, pero tú no tienes ni la menor idea de cómo moverte por las calles. También hay palabras que uno utiliza normalmente en el castellano, pero que en Chile tienen otro significado. Sin embargo, en líneas generales siento que me trataron bien”, evoca.
Resalta que en Chile estudió comunicación audiovisual y empezó desde cero, pues supuso que la educación recibida en Perú tendría algunas deficiencias respecto a la chilena. Sin embargo, grande fue su sorpresa al darse cuenta que muchas de las materias ya las dominaba.
“Recuerdo que había varios cursos que los estudiaba y me daba cuenta que ya los sabía. Al revisar la malla decidí que no los repetiría, así que me salté varios. Definitivamente, agradezco la base que me dejó la Universidad Particular de Chiclayo, porque me tocaron muy buenos profesores”, apunta.
Subraya como uno de sus docentes al fallecido exdecano del Colegio de Psicólogos de Lambayeque, Maximiliano Plaza Quevedo, cuyos conocimientos impartidos le ayudan hoy en día a entender el comportamiento del público en redes sociales.
“Uno tiene que aprender a tratar a la gente, porque por la naturaleza de mi trabajo estoy en contacto directo con el público a través de las redes sociales y a veces hay gente que trae mala onda en sus comentarios. Las cosas que uno aprende luego las utiliza en la vida. A veces decimos en la universidad de qué me va a servir esto, pero la verdad es que en algún momento lo necesitamos”, reflexiona.
Periodismo
Por otro lado, apunta que las redes sociales han revolucionado el ejercicio periodístico, pues ahora todos con un celular tienen la posibilidad de grabar un suceso y difundirlo. Sin embargo, hace hincapié en que la diferencia entre un periodista y alguien que no ha estudiado la carrera es que el primero sabe qué tratamiento darle al contenido noticioso. Esto implica contrastar las fuentes, buscar diversas opiniones y definir qué material es propicio publicar y cuál no.
Señala que el tratamiento de la información en Chile difiere en algunos aspectos a comparación del Perú. Por ejemplo, menciona que allá los periodistas tienen prohibido por ley revelar el nombre de una persona fallecida si es que antes su familia no ha sido informada.
“A veces está el reportero en vivo relatando que ocurrió un accidente y menciona que, si bien ya tiene la lista de fallecidos, no la puede revelar porque el carabinero le ha informado que todavía no se le da aviso a la familia. Eso me parece bien, porque es terrible que alguien se entere por un medio de comunicación que su ser querido ha muerto en vez de por la autoridad pertinente”, asevera.
Afirma que la libertad de expresión, derecho consagrado en la Constitución, también tiene límites y uno de estos es el derecho a la intimidad, con lo cual los periodistas deben tener sumo cuidado, pues la difusión de una denuncia puede afectar indirectamente a terceras personas que no tienen que ver con el hecho.
Comenta que en Chile existe el Consejo Nacional de Televisión, organismo ante el cual cualquier espectador puede denunciar la emisión de contenidos inapropiados, por lo cual el medio de comunicación puede llegar a ser sancionado, previa investigación.
Pandemia
A diferencia del Perú, donde hasta abril de este año habían fallecido 161 periodistas a causa del COVID-19, menciona que en Chile no se han registrados decesos en los hombres de prensa. En el caso de TV Chile, precisa que el 18 de marzo se interrumpieron las transmisiones en vivo del programa, pero solo 15 días después se reanudaron de forma remota, con los conductores desde sus casas.
“El 18 de marzo fue el último día que salimos en vivo. Las reglas fueron muy estrictas y solo se quedó funcionando el programa matinal. En los demás espacios se emitían programas grabados. Pero cuando empiezan las crisis también vienen las oportunidades. No podíamos seguir emitiendo enlatados, teníamos que ver la forma de salir. Y fue así que juntos al director Alejandro Ravani, la productora Jimena Ravani y todo el equipo técnico vimos la forma de sacar el programa desde casa, lo cual fue un reto”, enfatiza.
Además, destaca que Chile ya tiene al 80 % de su población vacunada contra el COVID-19, lo cual ha permitido reducir considerablemente las muertes y los contagios (de nueve mil a 300 por día). Apunta que en los próximos días empezarán a vacunar a niños de seis años a más, mientras que quienes cuentan con las dos vacunas están recibiendo una tercera dosis de reforzamiento.
“El proceso de vacunación en Chile empezó rápido y por parte del gobierno nunca se quiso cerrar por completo las puertas como ocurrió en Perú, cuyo toque de queda algunos días empezaba a las 4:00 de la tarde. Lo más extremo que se llegó a Chile fue implantar a un horario de inmovilización social de 10:00 de la noche a 6:00 de la mañana y solo en dos o tres semanas hubo cuarentena total”, apunta.
Embajadora
En tanto, refiere que en ‘Conectados’ han tenido la oportunidad de conversar con periodistas y personalidades de diversas partes del mundo, sobre todo ahora que el programa se transmite a través de la virtualidad. Esta experiencia le ha permitido corroborar que la percepción que hay a nivel internacional del Perú es muy positiva.
“El Perú es muy valorado afuera. A veces, uno viviendo allí no lo puede ver, pero cuando sales te das cuenta de cómo nos admiran afuera. Al extranjero le llama la atención cómo el peruano conoce su historia. En Chile hay dominicanos, haitianos, venezolanos, es un país cosmopolita, con muchas culturas juntas, pero si tú les preguntas que conocen de su país, saben mucho menos a comparación de nosotros. Me ha servido mucho conocer sobre mi país, porque cada vez que nos integramos me preguntan cosas de Perú y eso me obliga a conocer y leer más”, sostiene.
Refiere que hace poco en Conectados entrevistaron al arqueólogo Walter Alva Alva, exdirector del Museo Tumbas Reales. “Quienes vieron el programa se quedaron impresionados con las imágenes. ¿Eso está en Chiclayo? Quiero conocerlo, me decían”.
El presidente de la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, demandó a las autoridades regionales, provinciales y a los representantes de la sociedad civil a unir esfuerzos para impulsar la ejecución del Terminal Portuario, obra que – señala – dinamizará el desarrollo socioeconómico y productivo del departamento.
Menciona que si bien el Ministerio de Transportes y Comunicaciones incluyó al Terminal Portuario de Lambayeque en su Plan Multianual de Inversiones y la promoción de este se encuentra a cargo de Proinversión, la comunidad local no pueden ser indiferentes para seguir presionando por la ejecución de la ansiada obra.
La ejecución del Terminal Portuario de Lambayeque demanda de una inversión estimada en 600 millones de soles, pero en los últimos dos años el proyecto ha pasado inadvertido para las autoridades regionales. ¿Considera que hay desconocimiento sobre este?
Es una irresponsabilidad dejar de lado la gestión del proyecto y es penoso el desconocimiento sobre una obra tan esperada por la postergación de nuestra querida región Lambayeque. Antes se luchó mucho, cerca de cien años, por el proyecto de irrigación Olmos y todo proyecto emblemático requiere condiciones.
No es posible que este capital, la energía de lucha y la realización de Olmos, haya servido para beneficio de la región Piura, que es la que ha justificado la segunda etapa de su terminal portuario de Paita, con su corredor desde Yurimaguas y la trasversal para sacar la producción de Olmos.
Las autoridades se olvidan que la naturaleza misma de Lambayeque, la exquisitez de la tierra, del clima, así como la ubicación geográfica, nos conectan con todas las regiones vecinas. La salida natural de toda la macroregión nororiente es a través de nuestro departamento, lo que lo hace atractivo para el Terminal Portuario de Lambayeque.
Sobre todo con Cajamarca, cuya relación social, económica y productiva es muy fuerte…
Las cinco salidas que tiene Cajamarca a la costa son por Lambayeque: por el sur está el acceso por Ciudad de Dios, que perteneciendo a La Libertad es más cercano a Lambayeque, a menos de 45 kilómetros, lo cual es una ventaja frente a la distancia del puerto de Salaverry; luego tenemos la cuenca del río Zaña, cuyos pueblos se conectan con la provincia de San Miguel; la vinculación con las provincias de Chota, Santa Cruz y Cutervo, por Chongoyape, y los dos accesos hacia el nororiente por Pucará y Jaén.
Eso hace atractivo el Terminal Portuario de Lambayeque para ambas regiones. No olvidemos que con Cajamarca compartimos también el recurso hídrico, al que se le podría sacar un mejor provecho con el uso del riego tecnificado, ampliando la frontera agrícola en nuestros cinco valles.
¿La producción de Lambayeque sustenta la ejecución del terminal?
Lambayeque tiene un alto potencial agroexportador. De las 24 mil hectáreas que se han puesto en producción en el Valle Nuevo de Olmos, la mitad está cultivada con productos agroexportables y a ellas se suman otras tierras en Jayanca, Motupe, Chongoyape, Cayaltí, Zaña, Mórrope y otros distritos en los que se está cambiando el uso de cultivos, aumentando la rentabilidad, la mano de obra y, por supuesto, la producción.
Lambayeque no es una región minera, pero tenemos mucho techo para crecer con la agroexportación, que sumada a la producción de todo el nororiente, fácilmente podemos sustentar la construcción del Terminal Portuario.
La región de Amazonas en el Brasil, como Manaos, que es el epicentro productivo, tecnológico y comercial, demandan de los fosfatos que se extraen en Bayóvar, en el Bajo Piura, los cuales deben enviarse por vía marítima, a través del Canal de Panamá, dar la vuelta al subcontinente y luego ingresar por vía fluvial hasta esa zona. Son más de tres mil kilómetros de recorrido, cuando lo más lógico es que la ruta sea Puerto Eten – Saramiriza, por vía férrea o terrestre, y luego por navegación entrar por el río Marañón hasta el Amazonas y llegar a Brasil.
¿Se han entrevistado con el gobernador regional para tratar las gestiones del Terminal Portuario?
Como Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, como sociedad civil, le hemos solicitado una reunión de trabajo al gobernador regional Luis Díaz Bravo, para exponer nuestra preocupación sobre la falta de impulso al proyecto del Terminal Portuario.
Hacemos un llamado para que se nos convoque o, en todo caso, para que acepten las invitaciones. Hemos canalizado un pedido a través del vicegobernador Óscar Cárpena Recoba, porque en verdad sí nos parece lamentable que, durante dos años, prácticamente, la presión desde Lambayeque para que el gobierno nacional impulse y promueva la inversión privada en el Terminal Portuario haya sido nula.
¿Conoce de iniciativas empresariales relacionadas al Terminal Portuario?
Hay empresas interesadas en el Terminal Portuario. Nos hemos reunido con los representantes de una empresa logística que opera en el Canal de Panamá y han expresado su interés de realizar inversiones en Lambayeque, pero para ello necesitamos el acompañamiento de nuestra clase política, pues se trata de proyectos de gran envergadura.
Está claro que estas son inversiones de largo aliento, que demandan de mucha coordinación y planificación, pero si no se hace desde ahora vamos a seguir perdiendo oportunidades y yo creo que las circunstancias nos han demostrado que no estamos en condiciones de desaprovechar ni una sola ventana de inversión que genere empleo, tributos y bienestar para nuestro departamento.
