Dicen que en política no hay muertos, pero ojalá el viejo adagio no se aplique para los alcaldes provinciales de Lambayeque, los que en sesenta días le dirán adiós al cargo que hoy ostentan, posición privilegiada desde la cual muy poco han hecho a favor de sus jurisdicciones. Ojalá y la política no vuelva a dar oportunidades para el ejercicio de poder a David Cornejo Chinguel, Ricardo Velezmoro Ruiz y Jorge Temoche Orellano.
Los actuales alcaldes de Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, respectivamente, han sembrado hieles a su paso por la administración pública. Investigados, denunciados, desprestigiados y carentes de capacidad de crítica, empiezan a contar los descuentos tras cuatro años de presencia como autoridades. Digo presencia porque gobierno es lo que menos han hecho.
Las raquíticas administraciones de Cornejo, Velezmoro y Temoche, este último reemplazante del vacado alcalde de Ferreñafe Jacinto Muro Távara, permiten dos lecturas. La primera es que la valla que dejan para quienes los sucederán en el cargo es precaria, mínima, baja e incipiente. La segunda lectura es que probado está que la pertenencia a una misma organización política no garantiza coordinación, interacción y mucho menos prioridad e interés por el bien común.
El cordón umbilical que une a los alcaldes que ya se van es haber llegado al cargo con el respaldo de una misma organización política: Alianza Para el Progreso, la misma que también logró el triunfo regional en el 2014 y cuyo representante, Humberto Acuña Peralta, no pudo o supo trabajar de manera directa con los burgomaestres provinciales para alcanzar objetivos comunes a favor de la población. Claro está, para que esto no haya ocurrido fue también determinante la posición intransigente y soberbia de personajes como Cornejo, o la parsimonia y desinterés de alcaldes como Velezmoro y Temoche.
Hago referencia a este asunto porque situación similar es la que desde enero del 2019 vivirá Lambayeque con las nuevas autoridades, en este caso el gobernador regional electo Anselmo Lozano Centurión y los alcaldes de Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria.
Tan pronto se conocieron los resultados de las votaciones municipales y regionales del 7 de octubre varios se preguntaron cuánto tiempo les durará la luna de miel a Lozano Centurión, Marcos Gasco Arrobas, Wilder Guevara Díaz y Rony Olivera Morales, conociendo la compleja personalidad de cada uno de los mencionados.
Para nadie es un secreto que Lozano Centurión tiende a la autosuficiencia. Su reciente intervención en la reunión que sostuvo el presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, con las autoridades electas en Palacio de Gobierno, confirman ese análisis. El “yo” estuvo presente en los casi diez minutos que habló el exalcalde victoriano, actitud corroborada por quienes han trabajado a su lado cuando fue gobernante distrital, llegando a calificarlo incluso de autoritario.
Por otro lado está la posición de Gasco Arrobas, con una personalidad también bastante cargada de culto por sí mismo. Sus primeras declaraciones tras el triunfo del 7 de octubre dejaron la sensación que se perfila como un alcalde que querrá estar metido en todo y saber de todo, con poca disposición a la delegación de funciones y responsabilidades, que son precisamente las características que un buen líder debe tener. Pero bueno, a estos gallos los veremos en la cancha a partir de enero.
Volviendo a los tres personajes que se preparan para dejar los municipios, ¿cuál es el balance que podrían hacer ellos mismos de sus administraciones? Pese a que la ley lo señala, ninguno tuvo la disposición, en cuatro años, de convocar a asambleas públicas para rendir cuentas de su trabajo, si es que acaso lo hicieron. Durante este tiempo, parecía más bien que las preocupaciones fueron otras, más de índole personal y económico, dejando a los municipios en algo así como “piloto automático”.
Como resultado de ello, de la poca apertura a la fiscalización, a la transparencia, a la participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y el control de la cosa pública, los actuales alcaldes provinciales no solo se irán sin pena ni gloria, sino también con procesos abiertos por su desempeño como administradores de los recursos, casos que podrían confirmar responsabilidad penal de su parte.
¿Qué pueden hacer en los sesenta días que les quedan? Considero que muy poco, a lo mucho ordenar en la medida de lo posible la casa y las cuentas, para que los organismos de control y los que vendrán no levanten polvo con tanto caos que hallarán.
Desde ya, los tres tienen sus párrafos ganados en la historia de Lambayeque, escritos, claro está, con la tinta de la vergüenza.