Malestar y preocupación existe al interior de la Facultad de Derecho de la Universidad Particular de Chiclayo, debido al retraso en la entrega de constancias y certificados de estudios, así como el estancamiento en la entrega de las acreditaciones académicas de bachillerato y licenciatura, debido a que desde el 21 de abril último, la citada casa superior de estudios se encuentra sin decano por la supuesta renuncia del titular, Rafael Hernández Canelo, y el encarcelamiento del decano encargado en el penal de Cambio Puente de Chimbote.

Conforme a información judicial, el 21 de abril el decano encargado de la Facultad de Derecho de la UDCH, Alberto Toro Castro, quien además cumple funciones en la casa superior de estudios como vocal de la Comisión de Grados y Títulos, fue detenido por la policía judicial y recluido por haber sido sentenciado a tres años de pena privativa de la libertad efectiva, en un proceso seguido por perjuicios a la Universidad Privada San Pedro.

Toro Castro junto a otras cinco personas, abogados todos, entre ellos el rector de la Universidad Privada San Pedro, fueron acusados de haber hecho uso indebido y bajo la modalidad de asesorías fantasmas en supuestos juicios y otros concluidos, haber afectado las arcas de la entidad por más de tres millones de soles.

LA ACUSACIÓN

Conforme a la lectura de sentencia, la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chimbote presentó el requerimiento de acusación contra el rector de la Universidad San Pedro, José María Huamán Ruíz y sus coinculpados César Varas Rosas, Manuel La Chira Chambergo, Martha René Alfaro Pérez, Alberto Toro Castro, José Luis Quezada Pisfil, Tania Leonor Baca Escurra, Leo Michael Llumpo Jacinto y Manuel Jesús Jacinto Teque.

En la acusación fiscal, la cual fue vista por la titular del Cuarto Juzgado Penal Unipersonal del Santa, Crist Díaz Gonzales, se solicitaba una pena cuatro años de cárcel y el pago de 100 mil soles de reparación civil, para cada imputado en favor de la Universidad San Pedro, por el delito contra el patrimonio, en la modalidad de Fraude en la Administración de Personas Jurídicas, tipificado en el artículo 198, inciso 8 del Código Penal.

El Ministerio Público imputa a José María Huamán Ruiz, en su calidad de rector y representante legal de la Universidad San Pedro, contando con el auxilio del Asesor Legal de dicha casa de estudios, el fallecido José Rómulo Jacinto Teque, y aprovechando su ascedencia sobre los demás emplazados, haber decidido las contrataciones fraudulentas de servicios legales durante los años 2010, 2011 y 2012.

Los supuestos servicios por los cuales se pagó más de tres millones de soles en tres años, los hizo a través de los abogados Martha Rene Alfaro Pérez, Manuel Lachira Chambergo, César Varas Rosas, Tania Leonor Baca Escurra, José Luis Quesada Pisfil y Alberto Toro Castro.

También se comprendió a Leo Michael Llumpo Jacinto y Manuel Jesús Jacinto Teque a quienes se les pagó sumas exhorbitantes de dinero por sus servicios legales.

FORMA CONCERTADA

De acuerdo a la tesis del Ministerio Público que sirvió para condenar a los implicados, el requerimiento de acusación considera que uno de los aportes a la conducta delictiva del procesado José María Huamán Ruiz es que en forma concertada con el fallecido José Rómulo Jacinto Teque autorizó la celebración de otros contratos de servicios profesionales.

En forma concertada también se aparentó el contrato de servicios con Martha Rene Alfaro Pérez, por supuesta asesoría legal externa a favor de la universidad, pero que no se cumplió. A pesar de ello se le pagó la suma de 564 mil 250 soles en el año 2010.

En el años 2011 se le pagó 227 mil 500 soles, haciendo un total de 991 mil 750 soles dados indebidamente, conforme se desprende de la pericia contable realizada por el Ministerio Público para determinar la magnitud y gravedad del delito.

En el numeral 11 del requerimiento de acusación del Ministerio Público de Chimbote, se le atribuye a Tania Leonor Baca Escurra que su aporte a la organización es que formaba parte del desarrollo de los hechos y los cubría a través de supuestas contrataciones de asesoría legal externa que celebró durante los años 2011 y 2012 por la suma total de  678 mil 233 soles, dinero que le fue girado por la universidad mediante cheques a su favor, a pesar que tenía conocimiento que nunca intervino como abogada en determinados procesos de la Universidad San Pedro, tampoco presentó escritos, ni participó en alguna diligencia.

Al imputado Leo Michael Llumpo Jacinto se le atribuye que en forma concertada y planificada con el fallecido José Rómulo Jacinto Teque - asesor legal interno de la universidad, su familiar y quien lo habría reclutado-, y con evidente conocimiento del rector José María Huamán Ruiz, debido a que era estudiante becado y dirigente estudiantil- se encargó de cobrar los cheques que eran girados expresamente por sus coprocesados sin el sello de "no negociable", y que les fueron endosados en forma concertada a su favor por Martha Rene Alfaro Pérez, Manuel La Chira Chambergo, Cesar Varas Rosas, José Luis Quesada Pisfil y Alberto Toro Castro.

LA CONDENA

Ante las evidencias la titular del  Cuarto Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia del Santa, Crist Díaz Gonzales, sentenció al rector y a otros cinco procesados a penas efectivas, los que en su mayoría no se presentaron a la audiencia, siendo el único presente el abogado Alberto Toro Castro, quien tras la lectura del veredicto fue puesto a disposición de agentes de la  Policía Judicial.

Asimismo la juez ordenó a los sentenciados el pago de una reparación civil que supera los tres millones de soles.

Alberto Toro Castro recibió 129 mil 800 soles mediante cheques que fueron endosados y firmados a favor de Leo Michael Jumpo Jacinto.

TRÁMITES PARALIZADOS

Al problema legal del abogado Alberto Toro Castro, quien desde hace poco había asumido la encargatura del decanato de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chiclayo, se suma la incertidumbre y desesperación de cientos de egresados de esta facultad, los que desde hace casi un mes no pueden obtener constancias, certificados ni continuar los trámites para bachillerato y licenciatura.

La acción se torna aún más preocupante en aquellos que ex alumnos que han cumplido con el pago de sus derechos, debido que los documentos tienen un determinado plazo de vigencia.