El Presupuesto Participativo como “proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal mediante el cual la ciudadanía, conjuntamente con las autoridades, delibera y decide la asignación de recursos públicos”[2], nace en la ciudad de Porto Alegre (Brasil) en 1988. En el Perú, el 15 de julio de 2003, con la dación de la Ley Marco del Presupuesto Participativo (Ley 28056), se viene aplicando esta metodología, la cual es de carácter “obligatorio” para los Gobiernos Distritales, Provinciales y Regionales. La referida ley define el Presupuesto Participativo como un mecanismo de asignación equitativa, racional, eficiente, eficaz y transparente de los recursos públicos, que fortalece las relaciones Estado – Sociedad Civil.
En consideración del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Presupuesto Participativo crea oportunidades como el cambio en la tradicional manera de tomar decisiones de gasto en el nivel subnacional (distrital, provincial y regional), mayor involucramiento social en los asuntos públicos (buscando reducir los incentivos a la corrupción), desarrollo de mayor conciencia tributaria (cuya importancia tocamos en nuestro artículo anterior) y mayores espacios para escuchar la voz de los más pobres y excluidos.
Pero, ¿es realmente eficiente la metodología del Presupuesto Participativo medida en los resultados?, creemos que no, y en nuestra humilde opinión buena parte del problema subyace en que, este debería ser un “proceso voluntario”, por lo que el “carácter obligatorio” dado por la Ley 28056, genera la falta de identificación o escaso compromiso de las autoridades con el proceso, lo que finalmente conduce a lo que el MEF considera la principal limitante el “Incumplimiento de acuerdos por parte de las autoridades”. Otra limitante para el proceso es el desconocimiento de las autoridades y agentes participantes, por falta de capacitación, de los fundamentos del Presupuesto Participativo, lo que sumado a la presión que ejercen los grupos de interés por mantener el status quo en la manera de asignar el gasto, impide una participación o involucramiento de la sociedad civil en el manejo de los recursos públicos.
Otro de los aspectos, ¿o problema?, más importante a considerar, es lo que el MEF considera un “mito”, pero que, en mi perspectiva, es una realidad, el hecho de que “El Presupuesto Participativo atomiza el gasto”. Desde hace ya algunos años, el Ministerio de Economía y Finanzas, viene tratando de crear conciencia entre las autoridades del nivel subnacional respecto de la “no atomización” del gasto público, incidiendo en el hecho que, si por ejemplo, con todo el presupuesto de inversión distrital, se puede ejecutar un solo proyecto (para dotar de servicios básicos a la localidad), mejorando de esta manera la calidad de vida de la población; y por tanto, coadyuvando en la lucha contra la pobreza, se deben dejar todos los demás “pequeños proyectos” y ejecutar este. La sociedad civil, entonces, se preguntará: ¿Para qué me convocaste a un proceso de Presupuesto Participativo si ya tenías decidido que ejecutar?, allí es donde cobra vital importancia la capacitación (que forma parte del proceso) para sensibilizar a los agentes participantes en un concepto que considero fundamental: la “Priorización de necesidades”.
