Aunque como noticia estalló poco después de la quincena de julio pasado, y ante una primera reacción de asombro que la pensaba inviable, hoy recién se comienza a calibrar lo que realmente significará para el sector educativo superior que 79 establecimientos universitarios no cuenten con autorización de funcionamiento y 34 carreras de pre y postgrado no estén autorizadas: 50 mil alumnos corren el serio riesgo de que lo que ahora estudian no culmine en grados ni títulos. Esta es una proyección de lo que viene tras una informalidad que debe superarse con urgencia.
La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU) tuvo para el mes patrio su periodo más rojo. Desde su entrada en funciones en cumplimiento de la nueva Ley Universitaria, 30220, hace poco más de tres años, esta puede ser su más severa arremetida. Ha sido un baldazo de agua fría para varias universidades (21 en total), algunos de cuyos programas no han sido reconocidos de plano o sus sedes o filiales no merecido el visto bueno para prestar servicios con lo que en la práctica las carreras que imparten no se ajustan a Ley, son inválidas. Pero el agua más que a algunas sorprendidas autoridades universitarias, furibunda unas, ha mojado a un alumnado que ahora cierne su futuro ante una incertidumbre sobre si podrán continuar o no sus estudios y en qué condiciones.
Lo que subyace a todo esto es, en muchos casos, una informalidad del funcionamiento universitario, que analizaremos en una próxima ocasión, y que no parece discriminar procedencias de casas de estudios. Los incumplimientos que ha puesto en evidencia la SUNEDU proceden de universidades públicas y privadas; tanto muy formales como de estrato popular, incluso algunas muy prestigiosas: la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con una carrera no autorizada en las listas aciagas.
CONTESTACIONES
Aunque ha habido respuestas públicas y consultas privadas de algunas de las universidades sancionadas con la funesta pero a todas luces legal determinación de la SUNEDU (por Ley se faculta “supervisar la calidad del servicio universitario” en toda la amplitud de lo que eso supone), la Superintendencia las ha desestimado o eso es lo que está trascendiendo. Prueba de ello puede ser, por un lado, no sólo que no haya habido ninguna rectificación de parte de SUNEDU sino también que las notas de prensa sobre las no autorizaciones de programas y establecimientos universitarios no hayan sido bajadas de la web de SUNEDU (pueden verse aun vivitas y coleando en https://www.sunedu.gob.pe).
La SUNEDU ha previsto que ante esta circunstancia, que según los cálculos de la misma superintendente, Lorena Masías, afectará a 50,000 universitarios, una primera vía puede ser que la propia universidad busque un programa de migración a carreras afines u otras entre sus mismas sedes. Así, un alumno cuya carrera no recibió el ok de SUNEDU podría ubicarse en otra que sí, y un estudiante de una carrera de filial desautorizada terminar sus estudios en una sede legítima.
Aun cuando es legal y estratégica, a esta salida el recorrido que le espera es menos operativo que lo que aguanta el papel sobre el que se han escrito sus generalidades. Una fuente me argumenta: “No es tan fácil decirle a un alumno de una sede afectada trasládate a la matriz o a otra sede de la propia universidad y sigue estudiando lo mismo. Eso significa más costos para el alumno: quizás no en pensión o matricula pero sí en colaterales (vivienda, pasajes)”. Tampoco es que un estudiante que venga de Marketing (y esta carrera no tener autorización) se resigne estudiando Administración en la misma universidad, cuando su vocación estaba circunscrita a la primera profesión.
Tampoco es operativamente sencilla la salida que faculta a una universidad sancionada con la posibilidad de buscar otra universidad para que acepte a los alumnos que tras la decisión de SUNEDU ya no podrá atender. Frente a esto, se sabe, por fuentes diversas, de algunas universidades que ya pactan con otras paquetes para trasladar a sus estudiantes afectados con lo cual se palie el duro impacto de esta crisis.
Pero aquí hay, por un lado, un asunto de choques de currículos: ningún traslado entre carreras incluso idénticas conceptualmente en el país como fuera de él es totalmente limpio, esto es al 100% en cuanto a equivalencia de materias, y generalmente un alumno puede verse, al trasladarse, en un retraso de un año o más en lo que ya estudió; pero, por otro, un tema netamente económico para las casas de estudio: universidades de públicos objetivos pudientes no harían caja aceptando a aquellos estudiantes de recursos menores, y el Estado no ha previsto para eso bonos, financiamientos ni nada parecido.
Mientras tanto, la SUNEDU –se sabe también extraoficialmente- alista para el devenir de su mandato, cuidar la calidad universitaria, enfilar sus baterías con otras armas como el otorgamiento de licencias (aplicables a toda la universidad y de carácter obligatorio) y las acreditaciones (correspondientes a cada carrera, y solo obligatorias en algunos casos). Aunque los procesos pueden resultar quisquillosos para quienes trabajamos en el sistema universitario es claro que los alumnos y el país se lo merecen por su bien.
NÚMEROS DE UNA CRISIS UNIVERSITARIA
La Universidad Privada Telesup y la Universidad de Huánuco lideran la lista de más sedes sin licencia: 12 cada cual.
Para Daniel Mora, ex congresista e impulsor de la Ley Universitaria, la lista de establecimientos universitarios no autorizados es de 400, y que la cifra de alumnos afectados es de 80,000 mil.
En Lambayeque las universidades afectadas han sido tres: una con dos sedes; otra con 14 programas de estudios; y la filial de una universidad relativamente nueva.
Las universidades infractoras podrían ser multadas hasta con sanciones que irían entre los 100 a 300 unidades impositivas tributarias (UIT): hasta con un millón 215 mil soles.
