Escribo éste artículo, preocupado e indignado. Se confirmó que los abogados de la Procuraduría Municipal de Chiclayo, NO APELARON lo dispuesto por el Juez Sandro Omar Aguilar Gaitán, en su Resolución No Seis, donde ordenó “LLEVAR ADELANTE LA EJECUCIÓN FORZADA, hasta que la citada municipalidad ejecutada cumpla con pagar a la parte ejecutante CONSORCIO CHICLAYO, la suma de SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE CON 10/100 SOLES”.
Con esa NO APELACIÓN de la Municipalidad, la decisión del Juez, quedó firme, es decir lista para ser ejecutada. Pero oh sorpresa, el Consorcio demandante que personifica el prófugo de la justicia, Julio Otiniano Plasencia, SI PRESENTÓ un recurso de apelación y el Juez, mediante la Resolución NO. Siete, se la concedió “CON EFECTO SUSPENSIVO, contra el AUTO FINAL contenido en la resolución número seis, que declara infundada en parte la contradicción propuesta por la Municipalidad”.
Es decir Otiniano y el Consorcio Chiclayo, van por más plata de la MPCh. Y van a obtenerla. Esto no puede pasar de largo, pues la negligencia con la que se ha actuado, tiene que ser investigada a fondo. No por el Alcalde, que no es su tarea, sí por los Regidores, que deberían aprobar la conformación de una Comisión Investigadora, con la presencia de mayor número de regidores de minoría, que en el más breve plazo, nos diga a todos, quiénes son los responsables de ésta barbaridad.
Los periodistas estamos en la obligación de denunciar hechos como éste. El problema es, que a veces nos dejamos llevar, por lo que nos dice la autoridad y patinamos. A raíz del anterior artículo, dónde le preguntaba al Alcalde: “¿HABRÁN APELADO?”, los principales diarios dieron la información, asegurando que la MPCh, había presentado su apelación y algunos periodistas criticaron lo que había preguntado.
Hoy pueden confirmar que la Procuradora Adjunta Juliana Antonieta Cabrejos Solano, quien tuvo a cargo el Expediente 204-2016, no apeló y ésta negligencia, le está costando el puesto. Hay tres versiones de su salida del cargo. Una que va a trabajar en otro lugar y por eso renuncia. Otra, que la han cesado. Y una tercera, que renuncia al cargo de Procuradora Adjunta, pero seguirá como abogada en esa Área, por tener contrato firmado.
Sea cual fuere la consecuencia, es que ésta joven abogada, ve manchada su Hoja de Vida. Con una Maestría en Asuntos Penales, Cabrejos había trabajado como Fiscal Provisional en lo Penal en La Libertad. Chiclayana de nacimiento, es lamentable lo que le ha pasado. Me pregunto, tendrá el coraje de contar su verdad. Podrá desmentir esas “órdenes superiores”. Será capaz de denunciar la injerencia de algún colega suyo, que ha tomado mucha influencia en los últimos tiempos.
Mi sugerencia es que debe hacerlo. Por su buen nombre y su prestigio profesional, que a su edad, está todavía en plena formación.
Sin embargo debo decir algo que también es preocupante. Cornejo Chinguel, criticó acremente a lo que llamó, la “cultura de la perversión” en la administración “betotorrista”, entre ellas la contratación de familiares de jueces y fiscales, para que trabajen en la MPCh.
Pero el abanderado de los “nuevos tiempos” y propulsor de credos evangélicos, sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? ¿Tiene temor de las decisiones que toma? ¿Cree que puede asegurarse absoluciones en el Poder Judicial, contratando a familiares de fiscales y magistrados? Alcalde Cornejo, mire en el penal de Picsi, que de repente puede ser para usted un espejo.
¿A quiénes ha contratado Cornejo? Entre los más conocidos, a la abogada Karina Yuliana Bustamante Sipión, una joven profesional, seguramente muy capacitada, que resulta ser nuera del ex Juez Superior Ricardo Ponte Durango. Si los regidores investigan la no apelación de la abogada Cabrejos Solano, es muy posible que la responsabilidad por negligencia, recaiga también en Bustamante Sipión.
Otro es el abogado Nicolás Mondoñedo Chávez, que fue presentado como jefe de asesoría legal, cuando abandonaron el barco Ruperto Castellanos y otros gerentes. Luego, al descubrirse que sobre Mondoñedo pesa una denuncia por la compra del local de la Mutual, parece que Cornejo, decidió contratarlo como Asesor Externo. Hoy, Mondoñedo, quien es hijo de la Jueza Superiora, Magdalena Chávez de Mondoñedo, tiene de acuerdo a varias versiones un gran poder en los asuntos legales de la MPCh.
También está el abogado Omar Zapata López, quien vería las causas personales de Cornejo. Zapata resulta ser hermano del Juez Superior Aldo Zapata López, quien no es un dechado de simpatía en verdad y del que se dijo en algún momento, que había tomado distancias de su hermano, en temas de ejercicio profesional. Pero como dirían algunas voces “La sangre es la sangre”.
Así las cosas y siendo cierta la afirmación que la Municipalidad es un ente abstracto, no me cabe duda que el espíritu de los chiclayanos la hace humana. Lo que la afecta nos duele, lo que la beneficia nos alegra.
Por eso es que pregunto: “¿QUIÉN DEFIENDE A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO?
