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  • Contrataron a empresas suspendida por SUNAT para el mantenimiento de la infraestructura.

 

Nuevos hechos salen a la luz respecto al alquiler de la vivienda ubicada en la calle Los Mirtos de la Urbanización Santa Victoria por parte de EsSalud, inmueble por el que desde diciembre del año pasado paga ocho mil soles mensuales y que recién ocupó a fines de mayo de este año. Expresión accedió en exclusiva a documentos que revelan los montos asignados para el acondicionamiento de la casa a fin de que en ella se instale la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicos, trabajos que fueron realizados entre abril y mayo.

 

Como informó Expresión en la Edición 1115, el 18 de diciembre del 2018 el jefe de la Oficina de Administración de la Red Asistencial Lambayeque, Edgar Arrascue López, y el jefe de Adquisiciones, contador Pedro Cuyate Castillo, firmaron el Contrato N° 61, “Contratación de servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de Lambayeque”, con María Elena Riofrío de Carranza, apoderada de Nicolás Carranza Valle.

El monto de la contratación es de 288 mil soles, por un período de 36 meses, contados desde el 19 de diciembre pasado, comprometiéndose EsSalud al pago mensual de ocho mil soles, así como a la entrega de una garantía de 24 mil soles a favor de la arrendataria.

Sin embargo, el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud Lambayeque empezó recién el 22 de mayo, por lo que la entidad pagó en total 40 mil a favor de Riofrío de Carranza sin utilizar el inmueble.

 

PREVIO AL CONTRATO

Según ha informado el jefe de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la red, Miguel Rondón Sánchez, el 12 de noviembre del año pasado, un mes antes de la firma del contrato de alquiler, pero ya entregada la buena pro mediante contratación directa a Riofrío de Carranza (29 de octubre), se solicitó a la Oficina de Administración de la Red Asistencial Lambayeque que se ejecute el proceso logístico para la contratación del servicio de implementación de la Red de Datos para el futuro local de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de Lambayeque.

Ese mismo día se pidió, con Carta N° 7031-OSPELAMBAYEQUE-GCSPE-ESSALUD-2018, la contratación del servicio de implementación del sistema de video vigilancia para el inmueble de la calle Los Mirtos, así como la contratación del servicio de central telefónica IP (Carta N° 7035), y con la Carta N° 7034 se solicitó a la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Lambayeque que coordine con la Gerencia Central de Tecnologías de la Información y Comunicación la implementación de un circuito de voz y data en convenio con Telefónica del Perú, en el local a ocupar.

Asimismo, a 15 días de la firma del contrato de alquiler, se pidió a la Oficina de Administración que ejecute el proceso logístico para el mantenimiento de la infraestructura en el futuro local, esto en función de los términos de referencia que ya había elaborado la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios.

Todo ello fue informado al gerente de la Red Asistencial Lambayeque, Mario Cosmópolis Sanamé, con la Carta N° 1582-OSPELAMBAYEQUE-GSPE-ESSALUD-2018, el 28 de abril pasado.

 

TRAS EL CONTRATO

Semanas después de la firma del contrato de alquiler, corriendo la vigencia del mismo, el 8 de enero del 2019 la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la red remitió la Carta N° 087 a la Oficina de Administración para que ejecute la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas eléctricos de la casa de Santa Victoria.

Los documentos que se habían remitido desde noviembre del 2018 recién tuvieron respuesta a fines de enero de este año. Por ejemplo, el 22 de enero la Unidad de Programación de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Lambayeque informó que para la implementación de la Red de Datos en el local alquilado era necesaria la habilitación presupuestal de 31 mil 358 soles; dos días después se informó que el mantenimiento de las instalaciones eléctricas costaba 29 mil 735.70 soles y para el mantenimiento de la infraestructura se necesitaba de 17 mil 959.10 soles.

Asimismo, el 28 de enero se comunicó que para la Central Telefónica IP se requería de 32 mil 965 soles, en tanto para el sistema de video vigilancia la asignación presupuestal de 22 mil 321 soles.

En total, se demandó de 134 mil 339.3 soles para el mantenimiento e instalación de servicios de informática, comunicaciones y seguridad en la vivienda alquilada, que sumados a los 288 mil soles del alquiler arrojan 422 mil 339.3 soles los destinados por EsSalud para el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas, a los que deben añadirse los servicios básicos y por telefonía e Internet, vigilancia, limpieza y logística.

 

CONTRATOS

Un mes después, el 25 de febrero, recién se habilitó el presupuesto para el acondicionamiento de la infraestructura (17 mil 959.06 soles) y el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas (29 mil 735.71 soles). Para los primeros trabajos el 28 de febrero la Oficina de Adquisiciones de la red emitió la Orden de Compra N° 4503251765 a favor del proveedor Soluciones Integrales Inmobiliarias 2Ci EIRL. Para lo referido a las instalaciones eléctricas se contrató a Lepmar El Camber EIRL, con la Orden de Compra N° 4503251710.

Lo irregular es que Soluciones Integrales Inmobiliarias 2Ci EIRL fue adjudicataria de la contratación directa pese a estar suspendida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, hecho que recién fue comunicado a EsSalud el 4 de marzo.

Por otro lado, el 29 de marzo recién la Gerencia Central de Tecnologías de la Información y Comunicaciones informó que correspondía a la Unidad de Soporte Informático de la red brindar el soporte técnico correspondiente y respecto a los sistemas de video vigilancia y central telefónica no se había indicado dimensionamiento y/o magnitud.

Para resolver el impase con el mantenimiento de la infraestructura de la casa, el 19 de marzo se emitió una nueva orden de compra, la N° 4503263353, a favor de Drywallcohl EIRL, culminando sus labores el 3 de abril, en tanto la empresa encargada de las instalaciones eléctricas concluyó las tareas encargadas el 8 de abril.

Rondón Sánchez le informó al gerente de EsSalud Lambayeque el 26 de abril que como hasta ese momento no se había implementado la Red de Datos, responsabilidad de la Oficina de Soporte Informático, la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas no se había instalado en la vivienda alquilada en la calle Los Mirtos.

Dicha oficina tampoco había levantado las observaciones realizadas a la implementación de la Central Telefónica y el Sistema de Video Vigilancia. Mientras todo ello pasaba, EsSalud seguía pagando el alquiler de la vivienda.

 

DESTINÓ MÁS DE 130 MIL SOLES PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS: DOCUMENTOS CONFIRMAN QUE ESSALUD PAGÓ ALQUILER DE CASA EN SANTA VICTORIA SIN OCUPARLA

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  • Consejo Directivo acusa al decano de haber trasgredido el estatuto al hacer contrataciones irregulares.
  • Directivos de la orden profesional señalan que existe una contabilidad paralela respecto a los ingresos del diplomado en ‘Derecho Penal y Procesal Penal’.

 

Llegó la respuesta. Ante los cuestionamientos del decano del Ilustre Colegio de Abogados -ICAL, José Balcázar Zelada, a miembros de su Consejo Directivo, 10 integrantes de este órgano denuncian a la autoridad de la orden profesional por irregulares manejos económicos al margen del estatuto.

 

Los directivos Rosa Elena Pizarro Piscoya, Aurora Saavedra Silva, Patricia Falen Guerrero, Elmer Fustamante Gálvez, Eladio Roque Castillo, Ángela Sánchez Farfán, Romina Guzmán Verona, Jenny Alvarado León, Edson Carrasco Rufasto y Magaly Chávez Rojas, liderados por el vicedecano de la orden, Yuri Díaz Jaime, señalan que Balcázar Zelada realiza afirmaciones inexactas sobre el supuesto adelanto de pago por parte de miembros del Consejo Directivo a una orquesta para la celebración de una actividad de la orden, a raíz de una serie de cuestionamientos que este órgano le hizo al decano.

Lo que Balcázar señaló en la Asamblea de Delegados, según obra en la carta aclaratoria del 3 de junio del 2019 que le enviaron los directivos al decano, es que “el vicedecano, el que acaba de hablar (haciendo referencia al directivo Edwin Roque), el gerente y la secretaria de Economía, se mandaron 17 mil soles sin mi autorización… la orquesta ha cobrado 39 mil y tuve que intervenir para que baje a 20 mil, algo por allí…”.

Además, en una publicación hecha en su cuenta de Facebook del 1 de junio del 2019 señala  “en la fiesta del Jockey la comisión más el gerente entregaron 17 mil soles a cuenta de un contrato leonino de más de 39 mil a la orquesta Villacorta de Trujillo, la cual cobraba en el mercado no más de 18 mil. Por casualidad lo descubrí. Tuvieron que ‘renegociar’ en parte el contrato, aún leonino, porque emplace a la empresa y a ellos a denunciarlos. Todo lo habían hecho a mis espaldas”.

A raíz de este suceso y otros motivos es que Balcázar Zelada puso fin al contrato del gerente del Ilustre Colegio de Abogados, Jimmy Quispe de los Santos, según consta en el documento enviado al extrabajador el 3 de junio, el mismo que lleva la firma del decano.

 

DIPLOMADO DE DERECHO PENAL

El director de Defensa Profesional, Eladio Roque Castillo, señala que uno de los cuestionamientos que le han hecho al decano es respecto al diplomado de ‘Derecho Penal y Procesal Penal’ que se realiza con el aval del Colegio de Abogados.

Apunta que este diplomado no fue aprobado mediante un acuerdo del Consejo Directivo y el dinero por concepto de inscripción (300 soles) tampoco está ingresando a caja, ni mucho menos depositado en las cuentas que tiene el colegio profesional en el sistema financiero, tal como lo exige el Artículo 108 del estatuto.

“Al increparle al decano esta situación es que se suscitaron los inconvenientes. Él nos dijo que ese era su diplomado y nadie podía meterse allí, pero ignora que los gastos que genera el curso son cargados a las cuentas del colegio, por lo cual deberían darse cuentas de los ingresos”, sostiene.

A su turno, la directora de Economía, Rosa Pizarro Piscoya, señala que en sesión de consejo le solicitaron a Balcázar Zelada que el dinero por concepto de diplomado ingresara a las arcas de la orden, mediante la emisión de recibos de caja, toda vez que actualmente se emiten recibos provisionales, lo que genera que haya una contabilidad paralela.    

En un documento enviado el 31 de mayo al decano de la orden los miembros del Consejo Directivo le exigen realizar el sustento de ingresos y gastos de este diplomado, pues según el numeral 4 del Artículo 106, el curso califica como rentas del ICAL y como tal debe ingresar al sistema de caja.

 

CONTRATACIONES IRREGULARES

Asimismo, Roque Castillo afirma que en Consejo Directivo se acordó iniciar una auditoría a la gestión anterior, la cual se haría a través de un convenio con el Colegio de Contadores y el Colegio de Ingenieros, a fin de no ocasionar un gasto ostentoso a la orden. No obstante, afirma que Balcázar Zelada de forma unilateral contrató a la Sociedad de Auditoría Piscoya Bances Asociados S.C. para realizar esta labor por 35 mil soles, de los cuales ya dispuso 17 mil 500.

Además, también hay personal que ha sido contratado sin la autorización del Consejo Directivo. Una de estas personas es Sinthia Renquifo Villegas, quien habría sido secretaria de Balcázar Zelada y actualmente está en el puesto de cajera, siendo ella asambleísta de la orden, lo cual hace que sea incompatible tener un cargo remunerado como el que ostenta actualmente.

Esto fue consignado en un documento enviado el 29 de abril al decano del colegio, en el cual además se señala que la trabajadora maltrata a los usuarios y falta el respeto a los directivos.

“El estatuto del Colegio de Abogados señala en el numeral 11 del Artículo 43 que el órgano encargado de la contratación del personal administrativo, así como la recisión de contrato de los mismos, es el Consejo Directivo”, sostiene Roque Castillo.

Por su parte, la directora de Biblioteca, Jenny Alvarado León, señala que también se ha contratado al hermano de la cajera, Juan Renquifo Villegas, quien labora en el área de secretaría y según el documento enviado al decano el 31 de mayo, perciben sueldos mayores a los trabajadores que antes ocupan esos puestos, quienes tenían un mejor desenvolvimiento que los actuales.

Añade Alvarado León que también se ha contratado como asesor de diplomados a Jorge Custodio Odar, quien tampoco podría ejercer el cargo dado que es asambleísta.

“Con el decano hemos conversado verbalmente para solucionar estas cosas en la interna por el bienestar del colegio, pero en vez de enmendar los errores, él señala que es el decano y puede disponer de las contrataciones. Ahora, él objetó de la anterior gestión que había personal que no tenía el perfil idóneo para ciertos cargos y se optó por botar a la cajera y al secretario, pero después nos dimos con la sorpresa que contrató a personas que tampoco reunían el perfil, tal como ocurre con el puesto de cajera, el cual lo está asumiendo una abogada que no tiene ni los más mínimos conocimientos de contabilidad, lo que ocasiona que se cometan errores como el que no se ingrese el dinero de las cuotas ordinarias o no se realicen los depósitos de los ingresos en caja”, manifiesta.

 

SECRETISMO

En tanto, Pizarro Piscoya manifiesta que durante el tiempo que ejerce el cargo, y especialmente desde el 27 de marzo, fecha en la que se lograron inscribir y certificar sus firmas ante las entidades bancarias, ella siempre se ha acercado a caja para intentar controlar los ingresos y egresos de la orden, pero el decano siempre le decía en sesiones de Consejo Directivo que ella no tenía nada que hacer allí.

 “Después de lograr la inscripción, yo fui con la cajera y se hizo el primer depósito a las cuentas del colegio. Esto ocurrió un sábado y al lunes siguiente el decano le rescindió el contrato y puso en su lugar a Sinthia Renquifo. A partir de allí es que yo pierdo prácticamente el control porque la nueva cajera ya no me permitía siquiera revisar los documentos que teníamos. Incluso se despidió al contador, con lo cual nos hemos quedado a la deriva, a pesar que le he dicho al decano que urge la contratación de su reemplazante”, asevera.

Afirma que la última vez que se acercó a la cajera (4 de junio) para constatar que se esté ingresando el dinero diariamente, tal como lo establece el estatuto, Renquifo Villegas le respondió de forma airada que por orden del decano ella no me podía dar ninguna información, suceso ante el cual levantó un acta.

“En la asamblea del viernes 31, el decano inició su exposición señalando que todo estaba bien, pero comenzó a mentir en muchas cosas, lo cual nos obligó a intervenir y aclarar la situación. A raíz de eso es que empieza a difamarnos públicamente, sindicándonos actos que no hemos cometido. Nosotros hemos llegado acá con un afán de servir, no buscamos beneficiarnos en lo absoluto del colegio. No entendemos porqué el decano tiene ese afán de protagonismo”, sentencia.

CONTRA EL DECANO JOSÉ BALCAZAR ZELADA: CONTINÚAN LAS DENUNCIAS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS

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  • Encuentro iberoamericano de constitucionalistas, realizado en Argentina, destacó el esfuerzo peruano en la lucha contra la corrupción.

 

El abogado José Asunción Reyes, gerente del Estudio Jurídico Asunción & Abogados, integró la delegación peruana que participó en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, jornada realizada en Buenos Aires, Argentina, y que contó con la participación de reconocidos juristas y tratadistas internacionales. En la actividad se destacó el trabajo de la justicia peruana en la lucha contra la corrupción, pero además se ratificó el compromiso en defensa de los pensionistas y jubilados del país, quienes sufren las inequidades del sistema previsional.

 

Entre los conferencistas del congreso, organizado por el Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la Universidad de Buenos Aires, destacaron Diego Valadés (México), Domingo García Belaunde (Perú), Marcelo Figueiredo (Brasil), José Palomino Manchego (Perú), Sergio Díaz Ricci (Argentina), Antonio María Hernández (Argentina) y Ernesto Blume Fortini, actual presidente del Tribunal Constitucional del Perú.

El congreso se realizó del 21 al 23 de mayo.

“Uno de los puntos más importantes que se trató en el congreso fue el de corrupción y transparencia, que es un problema no solo de América Latina. Este punto nos permitió analizar cómo combatir este mal desde el punto de vista constitucional y del fortalecimiento de la democracia”, menciona Asunción Reyes, comentando que una de las conclusiones es que las instituciones en los países latinoamericanos todavía son débiles.

“Todavía no se han fortalecido ni han podido cobrar independencia y autonomía, más bien las instituciones han sido copadas por órganos o grupos de criminalidad organizada que se han valido, inclusive, de los propios órganos jurisdiccionales y de la administración pública para satisfacer intereses personales o de grupo. Esta corrupción no solamente ha menoscabado a las instituciones, sino también al sistema democrático y la propia constitución. No olvidemos que todas las constituciones tienen un patrón similar: el fin supremo de todo Estado es la dignidad de la persona humana. Con la corrupción se daña ese principio fundamental constitucional”, asevera.

 

CRISIS REPRESENTATIVA

El abogado comenta que también se llegó a la conclusión de que la democracia representativa está en crisis.

“A nivel de la región, todas las democracias representativas están en crisis porque no han sabido trasladar los sentimientos y aspiraciones de sus electores al momento de consensuar políticas de Estado, orientándose más bien a consolidar intereses difusos o de grupo y poder. También se ha hablado de la crisis en los partidos políticos, los que han sabido mantenerse en el tiempo o conservar los principios y legados de sus fundadores”, precisa.

Otro de los temas abordados fue el de vacancia presidencial y juicio político, este último prerrogativa de las altas autoridades de la Nación, quienes no pueden ser procesadas sin que antes se discuta en el terreno político si procede o no el levantamiento de su inmunidad.

 

TEMAS PREVISIONALES

Entre los demás tópicos que se trataron en el congreso se incluyó al derecho previsional, que permitió hacer un comparativo entre los sistemas existentes a nivel latinoamericano con el peruano.

José Asunción cita como referencia muy marcada el caso argentino, donde el Estado tiene un rol social definido por la constitución.

“En Argentina la mujer soltera que tiene hijos es protegida con un subsidio por cada hijo menor de edad, igualmente si el trabajador pierde el empleo el Estado le subsidia por seis meses el íntegro de su remuneración, plazo que puede ampliarse por tres meses más con el 50 % de la remuneración. En materia previsional el adulto mayor cuenta con una pensión haya o no trabajado, haya o no realizado aportes. Se maneja la pensión no contributiva, porque la política de Estado está precisamente orientada a esos sectores”, explica.

Al respecto, Asunción Reyes considera que esa postura genera beneficios pero también perjuicios, porque se marca una conducta de Estado netamente asistencialista, lo que afecta directamente a la economía, pero también aspectos como la meritocracia y el desempeño profesional de cada ciudadano.

 

MANDATOS DE LA CORTE

También se habló sobre el control de convencionalidad en materia penal, tomando como referencia los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión preventiva, en la que se han establecido parámetros que están por encima de las normas internas de cada país.

Los fallos de la Corte no solo se han limitado a señalar estándares y parámetros en materia penal, también en otras ramas del Derecho, existiendo para el caso peruano dos sentencias importantes como las emitidas en el proceso “Cinco pensionistas – Perú” y “Muelle – Perú”.

“Tuve la oportunidad de conversar con el doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, sobre uno de los temas que más nos preocupan, que son precisamente los referidos al aspecto previsional y las enormes brechas que existen entre las pensiones que reciben los jubilados y la Remuneración Mínima Vital – RMV. Ernesto Blume es el único magistrado en el TC que siempre tiene un voto en discordia, fundamentando a parte su decisión siempre como garante de que se respeten los derechos fundamentales establecidos en la constitución y en la jurisprudencia precedente que ha emitido el tribunal en materia previsional”, comenta.

Asunción Reyes afirma que Blume Fortini es partidario de que no debe existir diferencias entre lo percibido por un jubilado y un trabajador activo, así como que las deudas previsionales deben generar intereses efectivos y no simples, como se aplican actualmente.

“Él tiene una interpretación a favor de las personas y a favor de los derechos de la libertad. Esperamos tenerlo en noviembre próximo en Chiclayo”, anuncia.

 

SISTEMA DE JUSTICIA

En el congreso realizado en Buenos Aires los expositores y mesas de trabajo abordaron también el desempeño de los sistemas de justicia en los países de América Latina, principalmente en lo referido a la independencia y autonomía que el Poder Judicial debe mantener en todo momento.

“Esto significa que el Poder Judicial debe estar libre de presiones de los otros poderes del Estado, pero también de su propia jerarquía interna y de los poderes fácticos, como la economía y la política. En el Perú podemos decir que tenemos a magistrados que no han sucumbido a esa presión y tampoco se han dejado avasallar por sus superiores, lo que me parece muy bien, porque la constitución garantiza autonomía e independencia interna y externa”, menciona.

Relata que durante el desarrollo de las sesiones de trabajo del congreso se destacó la labor de fiscales y jueces peruanos ante casos de corrupción, siendo el principal ejemplo el caso “Lava Jato”.

“En la lucha contra la corrupción el Perú está liderando, porque nuestro sistema de justicia, el Poder Judicial y, especialmente, el Ministerio Público están a la altura de las circunstancia. En Argentina nos comentaban los juristas que existen sólidas pruebas contra la expresidente Cristina Fernández y, sin embargo, goza de libertad, se está preparando para una nueva elección y hoy lidera las encuestas. La justicia no está cumpliendo su papel. Igual situación la estamos viendo en Colombia, donde Odebrecht corrompió en la misma magnitud que en el Perú, sin embargo no hay ningún funcionario de fuste detenido o con mandato restrictivo. Entonces, el caso peruano es visto como un ejemplo para nuestros vecinos, lógicamente bajo parámetros constitucionales que deben primar por encima de todo”, expone.

También se tocó lo referido a la igualdad de género, en el afán de proveer de iguales oportunidades a hombres y mujeres con base constitucional.

“Otra de las conclusiones a las que se arribó es que no siempre se ha cumplido la premisa constitucional de: ‘A mayor poder, mayor control’, para que el poder no se convierta en autoritarismo. Eso nos lleva a afirmar que los órganos de control han fallado o no han cumplido su labor, por lo que urge fortalecerlos y prevenir antes que sancionar”, asevera.

EN CONGRESO INTERNACIONAL: DEFIENDEN POSTURA A FAVOR DE PENSIONISTAS PERUANOS

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  • Norma beneficia a empresa de los financistas de la campaña de Marcos Gasco.

 

Se quedan solos. El alcalde Marcos Gasco Arrobas, los regidores oficialistas y sus allegados, empresarios del transporte de carga pesada, se quedan solos en el afán de mantener vigente la Ordenanza Municipal 007-2019, que autoriza el ingreso de camiones de gran tonelaje al centro de Chiclayo. Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su rechazo a la norma aprobada el 24 de mayo y exigen a la comuna provincial su reconsideración.

 

La cuestionada ordenanza finalmente fue publicada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, luego que el jueves pasado el concejo ratificara su aprobación con los votos de la mayoría oficialista y los tres regidores que engrosan el entorno del alcalde Marcos Gasco Arrobas: José Nakamine Kobashigawa, Randy Vega Díaz y Andrés Calderón Purihuamán, sumando en total 12 votos.

En contra se mantuvieron los concejales de oposición Jhony Piana Ramírez, Andrés Puell Varas y Percy Espinoza Gonzales, quienes sustentaron el claro intereses personal y empresarial que existe en los que defienden la ordenanza.  

 

INTERESES MANIFIESTOS

El primero en la pirámide es el alcalde Marcos Gasco Arrobas, fundador de la empresa de Transportes Valle Norte SAC, quien se mantuvo como accionista de la misma hasta junio del 2016, pero cuyo hermano, Luis Gasco Arrobas, mantiene la gerencia general. En la constitución accionarial de la empresa participan los demás hermanos y sobrinos del burgomaestre.

De acuerdo al reporte presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, Luis Gasco Arrobas fue uno de los principales financistas de la campaña municipal de Marcos Gasco el año pasado. También financiaron la campaña sus otros hermanos, integrantes del accionariado de Valle Norte SAC.

Otro personaje que en los últimos días ha hecho cerrada defensa de la polémica ordenanza es el regidor oficialista Pedro Ubillús Falla, cuyo primo, Igor Garbich Ubillús, es gerente general de la empresa GUIE Servicios Logísticos SAC.

Garbich Ubillús, excompañero de estudios de Marcos Gasco en el Colegio Manuel Pardo, fue también hasta el fin de semana directivo del Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, y es la persona que el 11 de abril del año pasado participó de una reunión en la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, solicitada por él mismo, para que se dé solución a las rutas “no definidas” del transporte pesado en la ciudad.

Garbich Ubillús refirió en aquella reunión, como consta en el acta, que su empresa de transportes presta servicios a los centros comerciales Real Plaza, Open Plaza y Maestro Home Center, zonas hasta las que antes de la Ordenanza Municipal 007-2019, aprobada por la gestión Gasco, no podían ingresar los camiones de gran tonelaje para los servicios de carga y descarga. Ahora, con la nueva norma, las calles colindantes a dichos establecimiento comerciales han quedado liberadas.

Quien también participó de la reunión en la fiscalía fue Mario Soto Ascarza, también renunciante al Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio, en su calidad de presidente, y actual líder de la Unión Regional de Transporte de Lambayeque. La empresa de Soto Ascarza es otra de las beneficiarias con la ordenanza emitida.

A la pirámide se suma el regidor de Fuerza Popular, pero con voto oficialista, Andrés Calderón Purihuamán, gerente general de la empresa Sikan Cargo SAC, con RUC N° 20539212134, según se aprecia en el portal de la SUNAT.

 

LOBBY CONFESADO

La renuncia de Soto Ascarza y Garbich Ubillús al Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio se dio en oposición al comunicado que la institución hizo público el 31 de mayo, rechazando la aplicación de la ordenanza por el impacto negativo que esta tendrá sobre el normal desarrollo de los servicios en la ciudad, principalmente de agua, desagüe y circulación vial.

En su carta de renuncia, Soto Ascarza le dice al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Burgos Montenegro, que con la ordenanza se pondrá fin a la corrupción de la que han formado parte los transportistas (se infiere que se incluye) al pagar sobornos a agentes de la Policía Nacional y el serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo “por escoltar, blindar camiones a su entrada y salida para su descargar y no se sancionados, transitar impunemente generando este caos vehicular y malestar de los ciudadanos”.

Otro de los puntos más saltantes de la misiva del dirigente de los transportistas de carga es que reconoce haber gestionado directamente con el alcalde de la ciudad la emisión de la ordenanza, pese al conflicto de interés que este podría tener dado a que su familia tiene una empresa dedicada al mismo rubro.

“Es mi deber como dirigente de transportistas velar por sus derechos y es así que hemos conversado con el alcalde, Marcos Gasco, solicitándole se formalice este acceso de camiones que actualmente existe y sin permiso alguno, solo al amparo y complacencia y corrupción de serenos y PNP”, se lee en el escrito.

Ante estas afirmaciones, el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque comunicó de la renuncia de los dirigentes del Comité Gremial de Transportes, pero además deslindó de la participación directa que los empresarios Mario Soto e Igor Garbich tuvieron como gestores de la ordenanza.

“Los intereses colectivos de la provincia de Chiclayo están por encima de los legítimos intereses de los empresarios del transporte de y descarga, razón por la que invocamos a las fuerzas vivas de la localidad, colegios profesionales y sociedad civil organizada a manifestarse y velar en salvaguarda de la seguridad, ordenamiento y transitabilidad en la capital del departamento, con aplicación de medidas técnicas, viables y, sobre todo, que respeten los derechos de los ciudadanos, razón de ser de todo nivel de gobierno”, señaló la institución.

 

OPINIÓN TÉCNICA

Tras el pronunciamiento de la Cámara de Comercio hizo lo propio el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, entidad que ha formulado cuestionamiento de orden técnico a la ordenanza aprobada por el alcalde Gasco e impulsada por su entorno más próximo.

“La ordenanza ha autorizado el ingreso (especial B y D) que son circuitos de vías locales que ya vienen utilizando los vehículos de carga pesada, el primero para abastecer al Centro Comercial Real Plaza y el segundo al Centro Comercial Maestro Home Center. Circuitos cuyas vías locales, su construcción no han sido previstas para soportar esas cargas pesadas”, indica el comunicado del CIP Lambayeque.

Líneas seguidas el pronunciamiento advierte que el estado actual de las vías urbanas, con el aumento del tránsito de cargas pesadas, “va a originar el deterioro y desgaste de la superficie de rodadura, por lo que es recomendable restringir el tránsito de carga pesada hasta que se doten de vías debidamente implementadas”.

En consecuencia, el Colegio de Ingenieros recomienda a los regidores de Chiclayo la reconsideración del acuerdo que aprobó la Ordenanza Municipal 007-2019.

 

PAGOS ÍNFIMOS

Los defensores de la ordenanza señalan que con ella el municipio podrá captar siete millones de soles. Sin embargo, los técnicos afirman que dicho monto sería insuficiente para reparar el daño al saneamiento básico, pavimentos y edificaciones que se generará con el tránsito de los vehículos de carga pesada.

Al respecto, el Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque también se ha pronunciado, manifestando su preocupación y rechazo a la Ordenanza Municipal 007-2019.

“Los supuestos recursos económicos que generaría esta ordenanza carecen de sustento técnico y vienen siendo utilizados para justificar un perjuicio económico a todas luces muchísimo mayor”, afirma el gremio de contadores.

La ordenanza municipal, que deroga la emitida en el 2012 y que autorizaba únicamente el ingreso de camiones de 3.5 toneladas, ha establecido un cuadro de pago por autorizaciones que realizarán por única vez, con vigencia de un año, los transportistas.

La tabla señala, por ejemplo, los camiones de 3.5 toneladas deberán pagar por la autorización 684.48 soles, que divididos entre los 365 días del año y el número de toneladas, resultan en el pago de 0.53 céntimos por tonelada al día.

La incongruencia se hace mucho más evidente respecto a los camiones de 39 toneladas a más (en el cuadro no se establece tope), donde se indica que la autorización anual tiene el costo de tres mil 654.30 soles. Aplicando la misma fórmula se tiene que cada camión pagará 0.25 céntimos por tonelada al día.

A la carencia de sustento técnico en la ordenanza, respecto al impacto sobre los pavimentos y el saneamiento básico, se sumaría la inaplicación de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 007-2011 – PCM y el Decreto Supremo N° 064-2010 PCM, con los que debe estimar los costos del procedimiento administrativo.

 

+ NOTICIAS:

  • La Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil – ADOSCIL también se ha pronunciado en contra de la ordenanza.
  • Los gremios de transporte menor anuncian una paralización para el próximo 20 de junio.

 

SOCIEDAD CIVIL CIERRA FILAS EN DEFENSA DE LA CIUDAD: ORDENANZA DEL TRANSPORTE PESADO ES LESIVA PARA LA SEGURIDAD DE CHICLAYO

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