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EN HOSPITAL REFERENCIAL DE FERRE脩AFE: EMERGENCIA FUNCIONA EN CONDICIONES DEPLORABLES Y FARMACIA NO TIENE AUTORIZACI脫N SANITARIA

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1116

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El Hospital Referencial de Ferreñafe, uno de los más carentes del departamento, es nuevamente noticia por los hallazgos realizados por la Gerencia Regional de Control de Lambayeque y que se plasman en el Informe de Visita de Control N° 1041-2019-CG/GRLA-SVC, donde se detalla de la existencia de hasta condiciones que perjudican el normal desarrollo asistencial en servicios como el de Emergencia.

 

El informe, que data del 28 de mayo, se sustenta en las visitas realizadas al nosocomio entre el 20 y 24 de ese mes por personal de la oficina regional de la Contraloría General de la República.

En él se explica que tras la verificación realizada se pudo establecer que el Hospital Referencial de Ferreñafe no cuenta con un documento de gestión aprobado donde se establezca su estructura interna, así como las funciones específicas de cada una de las unidades responsables de la ejecución de las actividades de prestación del servicio público, sus objetivos y funciones.

Para la población de la vecina provincia, el hospital ofrece los servicios de Emergencia, Consulta Externa, Farmacia, Patología Clínica, Centro Quirúrgico, Hospitalización y Diagnóstico por Imágenes, los mismos que fueron inspeccionados por la Contraloría.

Sobre estas mismas áreas el año pasado la entidad de control señaló una serie de observaciones al desarrollo de los servicios hospitalarios, las mismas que a mayo de este año continúan sin levantarse, tal como se pudo corroborar en lo referido a la publicación de horarios, inicio de las consultas externas en los tiempos establecidos, cronograma de atenciones, cartera de servicios, vigencia de la recategorización del hospital, uso adecuado de los indicadores hospitalarios, falta de personal y de ambientes para servicios complementarios, zona asistencial y servicios higiénicos para personas con discapacidad.

 

SERVICIO DE EMERGENCIA

 “De la información proporcionada se pudo corroborar que no se cuenta con el equipo profesional básico constituido de acuerdo a su nivel de complejidad, toda vez que no cuenta con un traumatólogo”, dijo la Contraloría en el 2018 sobre el servicio de Emergencias, situación a aún hoy se mantiene.

Esta vez, al igual que el año pasado, tampoco se encontraron programados pediatras, gíneco obstetras, anestesiólogos y traumatólogos. Se identificó también la falta de enfermeras.

“Emergencia no cuenta con indicadores hospitalarios de procesos de eficiencia y calidad, ni documentos de gestión como Manual de Organización y Funciones, Manual de Procedimientos del Servicio de Emergencia, Guía de Práctica Clínica de los daños más frecuentes, Guía de los Procedimientos Asistenciales más frecuentes, Registro de Emergencias en Triaje, Tópicos Diferenciados, Sala de Observaciones, Registro de Complicaciones y Plan de Emergencias y Desastres del Establecimiento de Salud”, señala el informe de contraloría.

También que el área carece de equipos biomédicos y material fumigable, un plan de mantenimiento preventivo para el equipamiento, un plan de reposición y presupuesto asignado para tales fines.

Asimismo, no se cuenta con un Tópico de Inyectables y Nebulizaciones, Sala de Observaciones diferenciada por sexo, Área de Procedimientos, Área de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento, Laboratorio, Farmacia y Diagnóstico por Imágenes. No existe central de atención de enfermería, área de trabajo de enfermería, ambiente para medicamentos, materiales e insumos, y menos un depósito para equipos e instrumental, vestidores para el personal, depósitos para la ropa limpia y sucia, cuatro de limpieza y área de eliminación de excretas.

“En cuanto a Ingeniería Hospitalaria se advierte que el servicio de emergencia no cuenta con iluminación general, regular y de emergencia en condiciones de deposición inmediata, grupo electrógeno, instalaciones sanitarias de agua caliente, sistema de llamado paciente – enfermera, señalización de zonas de seguridad y evaluación”, detalla la Contraloría, añadiendo que tampoco hay sistema de oxígeno en la Sala de Observación, sistema de aspiración, sistema de aire comprimido y aire acondicionado.

Farmacia

El año pasado, la Contraloría General de la República advirtió que la Farmacia del Hospital Referencial de Ferreñafe no tenía Autorización Sanitaria de Funcionamiento, omisión que se mantiene a la fecha en contra de lo dispuesto por el Reglamento de Establecimientos Farmacéuticos aprobado con Decreto Supremo N° 014-2011-SA, vigente desde el 27 de julio del 2011.

Del mismo modo, la farmacia del hospital no se encuentra registrada en el Sistema Nacional de Información de Precios de Productos Farmacéuticos a cargo de la Dirección General de Medicamentos.

Tampoco tiene certificados de Buenas Prácticas de Almacenamiento, de Buenas Prácticas de Dispensación, de Buenas Prácticas de Distribución y Transporte, de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia y de Buenas Prácticas de Seguimiento Farmacoterapéutico.

Además, se identificó que el almacén de medicamentos se encuentra cerca a fuentes de contaminación, la cadena de frio para productos termo sensibles no está calificada y la humedad del área está por encima de lo indicado por los fabricantes de medicamentos. Otra carencia es la de planes de mantenimiento y reposición.

A ello se suma el desabastecimiento de medicamentos e insumos básicos, incluso para Funciones Obstétricas y Neonatales.

 

OTRAS AREAS

Respecto a Patología Clínica, Contraloría ha determinado que dicha área – como tal – no existe en el Hospital Referencial de Ferreñafe, pues no se cuenta ni con equipamiento ni con el personal especializado. Lo que se tiene es un laboratorio en el que se realizan funciones de Hematología, Bioquímica y Microbiología.

Se ha identificado, por ejemplo, que en Toma de Muestra, Proceso Analítico, Resultados de Interpretación/Opinión Diagnóstica, Transcripción de Resultados y Satisfacción del Usuario no se cumple con los indicadores de calidad.

En Diagnóstico por Imágenes no existe un Plan de Mantenimiento ni Manual de Procedimientos.

“El hospital, a pesar de contar con la categoría III-1 no cuenta con Sala de Radiología Digital, Sala de Radiología Digital de Emergencia, Sala de Ecografía Especializada, Sala de Ecografía de Emergencia y Sala de Mamografía”, detalla el informe.

Es más, se ha establecido que la Sala de Ecografía General funciona al mismo tiempo como consultorio funcional para cirugías y otros procedimientos.

Por otro lado, el hospital no cuenta con gestión y manejo de los residuos sólidos.

“El Hospital Referencial de Ferreñafe no ha conformado el comité de gestión y manejo de residuos sólidos, que tiene como función, entre otros, elaborar el Plan o Programa de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos con la finalidad de contribuir a brindar seguridad al personal, pacientes y visitantes en los establecimientos de salud y así mitigar el riesgo de contaminación e impacto ambiental”, señala el informe de Contraloría.

También se confirmó un insuficiente manejo de instrumentos de evaluación de actividades respecto a la gestión de medicamentos, a la gestión de consulta externa, a la gestión del servicio de Emergencia, del Centro Quirúrgico y a la gestión de hospitalización.

El informe lleva la firma de Sandra Farro Macmillán, supervisora de la Comisión de Control; Gisela Corrales Búquez, jefa de la Comisión de Control, y Walter Coello Ynope, jefe de la Gerencia Regional de Control de Lambayeque.

El documento fue elevado al director del Hospital Referencial de Ferreñafe, Percy Calderón Vílchez, el 30 de mayo con el Oficio N° 001323-2019-CG/GRLA.

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CALCULADA AL 2025: LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA EN EL PER脷 ES DE CASI 160 MILLONES DE D脫LARES

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1116

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  • Las Asociaciones Público Privadas le dan sostenibilidad a los proyectos de inversión.
  • Perú ocupa el puesto 63 en el ranking de competitividad global.

 

A pesar del desarrollo que ha mostrado el país en los últimos años, la brecha de infraestructura calculada por la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, es de 159 millones 549 mil dólares, lo que se debe principalmente a la falta de competitividad de la economía nacional, según señala el coordinador regional norte de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Proinversión, Humberto Maydana López.

 

De esta brecha son transportes (57 millones 499 mil), energía (30 millones 775 mil), telecomunicaciones (27 millones 35 mil), salud (18 millones 944 mil) y agua y saneamiento (12 millones 262 mil), los sectores con mayor deficiencia.

Maydana López señala que, según el Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial, el Perú se encuentra en el puesto 63 de 140 países, ránkingdel cual ha descendido posiciones, toda vez que hoy se encuentra detrás de Chile, México y Colombia.

 

¿A qué se debe la falta de competitividad?

El representante regional de Proinversión señala que, a diferencia de otros países como Singapur que no tiene mucho tiempo de haber dejado de ser un estado casi rural  para convertirse en una nación tecnológica, el Perú tiene casi 200 años de independencia, cuyos cambios en la política económica efectuados a partir de la década del 90 todavía son insuficientes.

Apunta que uno de los aspectos que evalúa el Foro Económico Mundial para elaborar este ranking es la fortaleza de las instituciones, indicador en el cual el Perú aún es débil; así como el mercado de trabajo, el mismo que atraviesa problemas debido a la economía informal que no permite que la gente sea adecuadamente empleada ni que se generen impuestos.

Otros indicadores son la educación y la capacidad de innovación. Sobre el primero afirma que el Estado abandonó desde hace mucho tiempo el rol de educar a su pueblo, siendo el privado quien ha llenado este vacío. Refiere que si bien existen algunas buenas iniciativas, los índices de comprensión lectora y razonamiento matemático demuestran que aún falta mucho por hacer. Sobre el segundo, indica que recién las universidades y las empresas privadas han empezado a hacer investigación, sin lo cual es imposible innovar.

Añade el rubro de infraestructura, del cual señala no consiste solo en fierro y cemento, sino el servicio añadido que se brinda en esa construcción. “Por ejemplo, cuando hablamos de un colegio, no nos referimos solo al ambiente cómodo, espacioso y bien equipado, sino también a los maestros que impartirán allí sus clases, porque un colegio sin profesores no es nada”, sostiene.

No obstante, afirma que también hay indicadores positivos en el Perú como la política macroeconómica, de la cual refiere que es muy fuerte y le permite al país tener un cierto blindaje frente a los cambios en la economía global, tales como la caída de la moneda china, del dólar o cambios en la Unión Europea.

 

Asociaciones Público Privadas

Para mejorar el índice de competitividad económica del país, Maydana López afirma que una modalidad son las Asociaciones Público Privadas – APP. Señala que el Estado no puede cerrar solo la brecha de infraestructura, la cual puede incluso agrandarse si ocurriese un desastre natural, sino que necesita la intervención del privado.

Explica que el objetivo de las APP es crear, desarrollar, mejorar, operar y mantener una  infraestructura para brindar servicios públicos. “Uno de los ejemplos más claros son las carreteras donde se hace concesiones para que sea el operador quien se encargue de darle mantenimiento”, señala.

Indica que promover las APP tiene múltiples ventajas, entre las que destaca la sostenibilidad, atributo en virtud del cual el contrato formulado con el privado le exige que este opere y mantenga la infraestructura, a diferencia de las construidas por el mismo Estado que por lo general son abandonadas con el paso del tiempo.

Señala que el Instituto Peruano de Economía –IPE, estimó que de 1992 al 2005 se perdieron 718 millones de dólares debido al deterioro de mil 357 kilómetros de carreteras como resultado de obras de mantenimiento parciales o de mala calidad.

Otra ventaja es que los riesgos de los proyectos se comparten. Es decir, mientras que cuando el Estado hace un proyecto bajo la modalidad de obra pública asume todos los peligros (diseño, construcción, demanda, inflación, financiamiento), cuando es bajo la modalidad de APP, estos riesgos los asume el privado.

“Cuando ocurrió el Fenómeno El Niño Costero muchos tramos de la autopista El Sol se interrumpieron, pero aquellos que estaban concesionados fueron rehabilitados rápidamente, lo que no ocurrió con el otro tramo de Sullana a Tumbes, que demoró bastante, más de un año”, sostiene.

Además, mejora la calidad del servicio que podría brindar el Estado sí hiciera una obra pública en solitario, incrementa la competitividad de las regiones y localidades, generan empleo, contribuyen a reducir la pobreza, ayuda a reducir el déficit de infraestructura y es una forma adicional de financiamiento de los proyectos públicos con características específicas.

“Si cerrásemos completamente la brecha de infraestructura vial, por ejemplo, las empresas no demorarían tanto tiempo en colocar sus productos, habría acceso a las mercados, menos costos logísticos, entre otros”, afirma.

 

Dinámica de inversión para una APP

El marco legal que regula la dinámica de inversión de las APP se encuentra en el Decreto Legislativo Nº 1362 – ‘Ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociación Público Privadas y Proyectos en Activos’, del 23 de julio del 2018; y el Decreto Supremo Nº 240-2018-EF – ‘Reglamento del Decreto Legislativo 1362’, del 30 de octubre del mismo año.

Maydana López señala que el monto mínimo para conformar una Asociación Público Privada cofinanciada por los gobiernos regionales y locales es de siete mil Unidades Impositivas Tributarias - UIT, es decir, 29 mil 400 millones de soles; mientras que el monto mínimo para una APP cofinanciada por el gobierno nacional es de 10 mil UIT, lo cual equivale a 42 mil millones.

Afirma que son esos montos elevados los que justifican esta modalidad de inversión. Por ejemplo, los tramos 2, 3 y 4 de la Interoceánica Sur costaron 694 millones de dólares, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao seis mil 783 millones y la Línea de Transmisión Moyobamba – Iquitos 589 millones.

Anota que el plazo promedio de los proyectos adjudicados por Proinversión es de 22 años, siendo el plazo máximo de contrato de una APP 60 años y el mínimo para una iniciativa privada cofinanciada 10.

Asimismo, un proyecto de APP puede ser tanto autofinanciado como cofinanciado. En el caso del primero, es el mismo proyecto el que tiene capacidad propia de generar ingresos como ocurre con el caso de las carreteras que se autofinancian con los peajes. En el segundo, se necesitan de garantías financieras o no financieras para sacar adelante la infraestructura.  

“Hace poco se quiso hacer un hospital de alta complejidad en Piura que lamentablemente no llegó a buen puerto, pero allí se establecía que el Estado iba a cofinanciar el proyecto cubriendo la diferencia de precio que había entre la tarifa social que iban a pagar los pacientes y lo que en realidad costaba la atención”, recuerda.

En tanto, por su origen una APP puede surgir de una iniciativa estatal, lo cual significa que el Estado reconoce la necesidad de una infraestructura y formula un proyecto a partir del cual los privados compiten en un concurso, o de una iniciativa privada en la cual es justamente el privado quien hace los estudios y luego se somete a concurso.

 

Proyectos en activos

Por otro lado, Maydana López señala que existe otra modalidad que es la de Proyectos en Activos. Estos consisten en que el Estado pone a disposición del privado un bien material (terrenos, edificios) para que lo opere y mantenga.

“Por ejemplo, la municipalidad puede tener una piscina que por cuestiones económicas ya no le da el mantenimiento y se encuentra abandonada sin ofrecer el servicio para el que fue construida, entonces el ayuntamiento pone esta infraestructura al servicio de los privados para que le hagan llegar sus propuestas y se encarguen de operarla”, sostiene.

Señala que los Proyectos en Activos no comprometen recursos públicos y, por lo tanto, no pueden trasladar los riesgos propios de una APP al Estado. Además, es un trámite mucho más simplificado y el contrato puede darse a través de cesión de uso, arrendamiento, usufructo o superficie.

Un ejemplo de Proyectos en Activos es el proyecto Torres de Pacasmayo, conjunto habitacional de 220 viviendas sociales que se edificará en un predio urbano de 10 mil metros cuadrados de propiedad de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo.

Maydana López explica que para este proyecto fue el municipio el que tenía los terrenos y para tratar de solucionar la necesidad de las familias de tener un hogar adecuado y evitar que el predio sea invadido posteriormente, llegó a un acuerdo con una empresa constructora para que edifique casas de interés social con una inversión de más de 24 millones de soles.

“Para algunos podría haber sido más fácil que la municipalidad venda simplemente los terrenos, pero si lo hacía el privado podría haber hecho cualquier cosa allí. En cambio con un Proyecto en Activos, la empresa adquiere un compromiso de inversión de hacer esas casas bajo las modalidades de Techo Propio y Mivivienda”, finaliza.

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EN LICITACI脫N DEL GOBIERNO REGIONAL PARA OBRAS EN CINCO COLEGIOS: POSTOR INTERPONE QUEJA ANTE EL OCI POR ERROR EN EL EXPEDIENTE T脡CNICO

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1116

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  • Procedimiento millonario para la construcción de cinco instituciones educativas, a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, sigue en el ojo de la tormenta.

 

A inicios de esta semana, el apoderado del Consorcio Brysa, José Azabache Diez, participante en el proceso convocado por el Gobierno Regional de Lambayeque para la construcción de cinco centros educativos en los distritos de Túcume y Jayanca, denunció ante el Órgano de Control Interno – OCI de la entidad, las inexactitudes en el expediente técnico de las obras, lo que motivaron que su representada presente una oferta que fue desestimada por el Comité de Selección.

 

La razón por la que el Comité de Selección tomó la decisión de no admitir su oferta, la misma que fue consignada en el acta del procedimiento, se debe básicamente a que el Consorcio Brysa cometió un error en la suma del precio de su oferta, que en este caso ascendió al valor mínimo establecido en las bases del proceso ascendente a ocho millones 724 mil 332.23 soles, equivalente al 90 % del valor referencial del proceso.

El fundamento esgrimido en la denuncia presentada ante el ente controlador versa principalmente sobre la no admisión de su oferta a pesar de haber calculado y propuesto correctamente el valor mínimo requerido – refiere el denunciante - manifestando su total desacuerdo con la decisión tomada por el comité evaluador, por cuanto el precio propuesto fue obtenido de la suma de los precios unitarios desagregados y el resumen de los costos de los componentes de cada una de las metas establecidas, en este caso por cada uno de los centros educativos, contenidos en el expediente técnico.

 

ANTECEDENTES

En la edición anterior de Expresión (Edición N° 1115 – pagina 14), se dio cuenta de una presunta irregularidad contenida en el expediente técnico de dicho proyecto, confirmado por el equipo consultor de este medio, en cuanto se pudo detectar que uno de los componentes (Institución Educativa El Marco), en este caso el de Arquitectura, tenía dos precios diferentes consignados en el mismo expediente técnico, ya que en el Resumen del Presupuesto se consignó el importe de 515 mil 415.68 soles, mientras que en el presupuesto detallado de los costos unitarios se consideró por este concepto 515 mil 415.69, es decir, un céntimo más, vicio que fue puesto en conocimiento del Comité de Selección por el denunciante en el mismo acto público de presentación y admisión de ofertas.

Sin embargo, el hecho no fue tomado en cuenta por dicho colegiado, procediendo a no admitir su oferta, como así también las que fueron presentadas por otros participantes, como son, el Consorcio Lambayeque, Consorcio Jayanca, Consorcio AVC y Kibe Contratistas Generales, a quienes no se les admitió por la misma razón, aparentemente irregular, contenida en sus ofertas.

 

LA ACTUACIÓN DISCRECIONAL DEL COMITÉ

La denuncia interpuesta ante el OCI, hace mención también que para alcanzar el valor mínimo establecido en las bases (ocho millones 724 mil 332.23 soles), se tenía que calcular exactamente dicho monto, es decir, considerando el monto del componente de Arquitectura del centro educativo El Marco que estaba consignado en el expediente técnico, en el cual el último decimal era “8”, como así fue realizado por el denunciante, ya que al considerar el digito “9”, como erróneamente consta en el desagregado de dicho componente, por una razón lógica y matemática el costo total de la oferta sufría un incremento de un céntimo más, razón que puede haber sido utilizada por el comité para que al momento de calcular el precio tomando en cuenta el decimal “9”, optó por no admitir algunas ofertas.

Según lo consignado en el acta del procedimiento, el comité deja constancia que la admisión de su oferta no fue posible por cuanto a pesar de haber ofertado el monto mínimo establecido en las bases, al efectuar la sumatoria del total de las partidas del componente de Arquitectura, esta arroja una suma de ocho millones 724 mil 332.24 soles, no concordante con el precio propuesto en su oferta, lo que permite presumir que para la evaluación de algunas ofertas se habría considerado el digito inferior (8) y para las que no fueron admitidas el digito superior (9).

 

HECHOS Y RESULTADOS

En este proceso se registraron como participantes 114 contratistas, de los cuales 36 presentaron sus ofertas, siendo rechazada una de ellas, 23 no admitidas, pasando al respectivo sorteo 12 por haber ofertado el valor mínimo establecido y de esta manera obtener el orden de prelación y previa a la calificación de cuatro de ellas adjudicar la buena pro a la empresa Nueva Era Contratistas Generales EIRL.       

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SOCIEDAD CIVIL CIERRA FILAS EN DEFENSA DE LA CIUDAD: ORDENANZA DEL TRANSPORTE PESADO ES LESIVA PARA LA SEGURIDAD DE CHICLAYO

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1116

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  • Norma beneficia a empresa de los financistas de la campaña de Marcos Gasco.

 

Se quedan solos. El alcalde Marcos Gasco Arrobas, los regidores oficialistas y sus allegados, empresarios del transporte de carga pesada, se quedan solos en el afán de mantener vigente la Ordenanza Municipal 007-2019, que autoriza el ingreso de camiones de gran tonelaje al centro de Chiclayo. Las organizaciones de la sociedad civil han manifestado su rechazo a la norma aprobada el 24 de mayo y exigen a la comuna provincial su reconsideración.

 

La cuestionada ordenanza finalmente fue publicada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, luego que el jueves pasado el concejo ratificara su aprobación con los votos de la mayoría oficialista y los tres regidores que engrosan el entorno del alcalde Marcos Gasco Arrobas: José Nakamine Kobashigawa, Randy Vega Díaz y Andrés Calderón Purihuamán, sumando en total 12 votos.

En contra se mantuvieron los concejales de oposición Jhony Piana Ramírez, Andrés Puell Varas y Percy Espinoza Gonzales, quienes sustentaron el claro intereses personal y empresarial que existe en los que defienden la ordenanza.  

 

INTERESES MANIFIESTOS

El primero en la pirámide es el alcalde Marcos Gasco Arrobas, fundador de la empresa de Transportes Valle Norte SAC, quien se mantuvo como accionista de la misma hasta junio del 2016, pero cuyo hermano, Luis Gasco Arrobas, mantiene la gerencia general. En la constitución accionarial de la empresa participan los demás hermanos y sobrinos del burgomaestre.

De acuerdo al reporte presentado ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, Luis Gasco Arrobas fue uno de los principales financistas de la campaña municipal de Marcos Gasco el año pasado. También financiaron la campaña sus otros hermanos, integrantes del accionariado de Valle Norte SAC.

Otro personaje que en los últimos días ha hecho cerrada defensa de la polémica ordenanza es el regidor oficialista Pedro Ubillús Falla, cuyo primo, Igor Garbich Ubillús, es gerente general de la empresa GUIE Servicios Logísticos SAC.

Garbich Ubillús, excompañero de estudios de Marcos Gasco en el Colegio Manuel Pardo, fue también hasta el fin de semana directivo del Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, y es la persona que el 11 de abril del año pasado participó de una reunión en la Primera Fiscalía de Prevención del Delito, solicitada por él mismo, para que se dé solución a las rutas “no definidas” del transporte pesado en la ciudad.

Garbich Ubillús refirió en aquella reunión, como consta en el acta, que su empresa de transportes presta servicios a los centros comerciales Real Plaza, Open Plaza y Maestro Home Center, zonas hasta las que antes de la Ordenanza Municipal 007-2019, aprobada por la gestión Gasco, no podían ingresar los camiones de gran tonelaje para los servicios de carga y descarga. Ahora, con la nueva norma, las calles colindantes a dichos establecimiento comerciales han quedado liberadas.

Quien también participó de la reunión en la fiscalía fue Mario Soto Ascarza, también renunciante al Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio, en su calidad de presidente, y actual líder de la Unión Regional de Transporte de Lambayeque. La empresa de Soto Ascarza es otra de las beneficiarias con la ordenanza emitida.

A la pirámide se suma el regidor de Fuerza Popular, pero con voto oficialista, Andrés Calderón Purihuamán, gerente general de la empresa Sikan Cargo SAC, con RUC N° 20539212134, según se aprecia en el portal de la SUNAT.

 

LOBBY CONFESADO

La renuncia de Soto Ascarza y Garbich Ubillús al Comité Gremial de Transporte y Proveedores de la Cámara de Comercio se dio en oposición al comunicado que la institución hizo público el 31 de mayo, rechazando la aplicación de la ordenanza por el impacto negativo que esta tendrá sobre el normal desarrollo de los servicios en la ciudad, principalmente de agua, desagüe y circulación vial.

En su carta de renuncia, Soto Ascarza le dice al presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Burgos Montenegro, que con la ordenanza se pondrá fin a la corrupción de la que han formado parte los transportistas (se infiere que se incluye) al pagar sobornos a agentes de la Policía Nacional y el serenazgo de la Municipalidad Provincial de Chiclayo “por escoltar, blindar camiones a su entrada y salida para su descargar y no se sancionados, transitar impunemente generando este caos vehicular y malestar de los ciudadanos”.

Otro de los puntos más saltantes de la misiva del dirigente de los transportistas de carga es que reconoce haber gestionado directamente con el alcalde de la ciudad la emisión de la ordenanza, pese al conflicto de interés que este podría tener dado a que su familia tiene una empresa dedicada al mismo rubro.

“Es mi deber como dirigente de transportistas velar por sus derechos y es así que hemos conversado con el alcalde, Marcos Gasco, solicitándole se formalice este acceso de camiones que actualmente existe y sin permiso alguno, solo al amparo y complacencia y corrupción de serenos y PNP”, se lee en el escrito.

Ante estas afirmaciones, el Consejo Directivo de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque comunicó de la renuncia de los dirigentes del Comité Gremial de Transportes, pero además deslindó de la participación directa que los empresarios Mario Soto e Igor Garbich tuvieron como gestores de la ordenanza.

“Los intereses colectivos de la provincia de Chiclayo están por encima de los legítimos intereses de los empresarios del transporte de y descarga, razón por la que invocamos a las fuerzas vivas de la localidad, colegios profesionales y sociedad civil organizada a manifestarse y velar en salvaguarda de la seguridad, ordenamiento y transitabilidad en la capital del departamento, con aplicación de medidas técnicas, viables y, sobre todo, que respeten los derechos de los ciudadanos, razón de ser de todo nivel de gobierno”, señaló la institución.

 

OPINIÓN TÉCNICA

Tras el pronunciamiento de la Cámara de Comercio hizo lo propio el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, entidad que ha formulado cuestionamiento de orden técnico a la ordenanza aprobada por el alcalde Gasco e impulsada por su entorno más próximo.

“La ordenanza ha autorizado el ingreso (especial B y D) que son circuitos de vías locales que ya vienen utilizando los vehículos de carga pesada, el primero para abastecer al Centro Comercial Real Plaza y el segundo al Centro Comercial Maestro Home Center. Circuitos cuyas vías locales, su construcción no han sido previstas para soportar esas cargas pesadas”, indica el comunicado del CIP Lambayeque.

Líneas seguidas el pronunciamiento advierte que el estado actual de las vías urbanas, con el aumento del tránsito de cargas pesadas, “va a originar el deterioro y desgaste de la superficie de rodadura, por lo que es recomendable restringir el tránsito de carga pesada hasta que se doten de vías debidamente implementadas”.

En consecuencia, el Colegio de Ingenieros recomienda a los regidores de Chiclayo la reconsideración del acuerdo que aprobó la Ordenanza Municipal 007-2019.

 

PAGOS ÍNFIMOS

Los defensores de la ordenanza señalan que con ella el municipio podrá captar siete millones de soles. Sin embargo, los técnicos afirman que dicho monto sería insuficiente para reparar el daño al saneamiento básico, pavimentos y edificaciones que se generará con el tránsito de los vehículos de carga pesada.

Al respecto, el Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque también se ha pronunciado, manifestando su preocupación y rechazo a la Ordenanza Municipal 007-2019.

“Los supuestos recursos económicos que generaría esta ordenanza carecen de sustento técnico y vienen siendo utilizados para justificar un perjuicio económico a todas luces muchísimo mayor”, afirma el gremio de contadores.

La ordenanza municipal, que deroga la emitida en el 2012 y que autorizaba únicamente el ingreso de camiones de 3.5 toneladas, ha establecido un cuadro de pago por autorizaciones que realizarán por única vez, con vigencia de un año, los transportistas.

La tabla señala, por ejemplo, los camiones de 3.5 toneladas deberán pagar por la autorización 684.48 soles, que divididos entre los 365 días del año y el número de toneladas, resultan en el pago de 0.53 céntimos por tonelada al día.

La incongruencia se hace mucho más evidente respecto a los camiones de 39 toneladas a más (en el cuadro no se establece tope), donde se indica que la autorización anual tiene el costo de tres mil 654.30 soles. Aplicando la misma fórmula se tiene que cada camión pagará 0.25 céntimos por tonelada al día.

A la carencia de sustento técnico en la ordenanza, respecto al impacto sobre los pavimentos y el saneamiento básico, se sumaría la inaplicación de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 007-2011 – PCM y el Decreto Supremo N° 064-2010 PCM, con los que debe estimar los costos del procedimiento administrativo.

 

+ NOTICIAS:

  • La Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil – ADOSCIL también se ha pronunciado en contra de la ordenanza.
  • Los gremios de transporte menor anuncian una paralización para el próximo 20 de junio.

 

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EN CONGRESO INTERNACIONAL: DEFIENDEN POSTURA A FAVOR DE PENSIONISTAS PERUANOS

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1116

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  • Encuentro iberoamericano de constitucionalistas, realizado en Argentina, destacó el esfuerzo peruano en la lucha contra la corrupción.

 

El abogado José Asunción Reyes, gerente del Estudio Jurídico Asunción & Abogados, integró la delegación peruana que participó en el XIV Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional, jornada realizada en Buenos Aires, Argentina, y que contó con la participación de reconocidos juristas y tratadistas internacionales. En la actividad se destacó el trabajo de la justicia peruana en la lucha contra la corrupción, pero además se ratificó el compromiso en defensa de los pensionistas y jubilados del país, quienes sufren las inequidades del sistema previsional.

 

Entre los conferencistas del congreso, organizado por el Instituto Interamericano de Derecho Constitucional, la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y la Universidad de Buenos Aires, destacaron Diego Valadés (México), Domingo García Belaunde (Perú), Marcelo Figueiredo (Brasil), José Palomino Manchego (Perú), Sergio Díaz Ricci (Argentina), Antonio María Hernández (Argentina) y Ernesto Blume Fortini, actual presidente del Tribunal Constitucional del Perú.

El congreso se realizó del 21 al 23 de mayo.

“Uno de los puntos más importantes que se trató en el congreso fue el de corrupción y transparencia, que es un problema no solo de América Latina. Este punto nos permitió analizar cómo combatir este mal desde el punto de vista constitucional y del fortalecimiento de la democracia”, menciona Asunción Reyes, comentando que una de las conclusiones es que las instituciones en los países latinoamericanos todavía son débiles.

“Todavía no se han fortalecido ni han podido cobrar independencia y autonomía, más bien las instituciones han sido copadas por órganos o grupos de criminalidad organizada que se han valido, inclusive, de los propios órganos jurisdiccionales y de la administración pública para satisfacer intereses personales o de grupo. Esta corrupción no solamente ha menoscabado a las instituciones, sino también al sistema democrático y la propia constitución. No olvidemos que todas las constituciones tienen un patrón similar: el fin supremo de todo Estado es la dignidad de la persona humana. Con la corrupción se daña ese principio fundamental constitucional”, asevera.

 

CRISIS REPRESENTATIVA

El abogado comenta que también se llegó a la conclusión de que la democracia representativa está en crisis.

“A nivel de la región, todas las democracias representativas están en crisis porque no han sabido trasladar los sentimientos y aspiraciones de sus electores al momento de consensuar políticas de Estado, orientándose más bien a consolidar intereses difusos o de grupo y poder. También se ha hablado de la crisis en los partidos políticos, los que han sabido mantenerse en el tiempo o conservar los principios y legados de sus fundadores”, precisa.

Otro de los temas abordados fue el de vacancia presidencial y juicio político, este último prerrogativa de las altas autoridades de la Nación, quienes no pueden ser procesadas sin que antes se discuta en el terreno político si procede o no el levantamiento de su inmunidad.

 

TEMAS PREVISIONALES

Entre los demás tópicos que se trataron en el congreso se incluyó al derecho previsional, que permitió hacer un comparativo entre los sistemas existentes a nivel latinoamericano con el peruano.

José Asunción cita como referencia muy marcada el caso argentino, donde el Estado tiene un rol social definido por la constitución.

“En Argentina la mujer soltera que tiene hijos es protegida con un subsidio por cada hijo menor de edad, igualmente si el trabajador pierde el empleo el Estado le subsidia por seis meses el íntegro de su remuneración, plazo que puede ampliarse por tres meses más con el 50 % de la remuneración. En materia previsional el adulto mayor cuenta con una pensión haya o no trabajado, haya o no realizado aportes. Se maneja la pensión no contributiva, porque la política de Estado está precisamente orientada a esos sectores”, explica.

Al respecto, Asunción Reyes considera que esa postura genera beneficios pero también perjuicios, porque se marca una conducta de Estado netamente asistencialista, lo que afecta directamente a la economía, pero también aspectos como la meritocracia y el desempeño profesional de cada ciudadano.

 

MANDATOS DE LA CORTE

También se habló sobre el control de convencionalidad en materia penal, tomando como referencia los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto a la prisión preventiva, en la que se han establecido parámetros que están por encima de las normas internas de cada país.

Los fallos de la Corte no solo se han limitado a señalar estándares y parámetros en materia penal, también en otras ramas del Derecho, existiendo para el caso peruano dos sentencias importantes como las emitidas en el proceso “Cinco pensionistas – Perú” y “Muelle – Perú”.

“Tuve la oportunidad de conversar con el doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional, sobre uno de los temas que más nos preocupan, que son precisamente los referidos al aspecto previsional y las enormes brechas que existen entre las pensiones que reciben los jubilados y la Remuneración Mínima Vital – RMV. Ernesto Blume es el único magistrado en el TC que siempre tiene un voto en discordia, fundamentando a parte su decisión siempre como garante de que se respeten los derechos fundamentales establecidos en la constitución y en la jurisprudencia precedente que ha emitido el tribunal en materia previsional”, comenta.

Asunción Reyes afirma que Blume Fortini es partidario de que no debe existir diferencias entre lo percibido por un jubilado y un trabajador activo, así como que las deudas previsionales deben generar intereses efectivos y no simples, como se aplican actualmente.

“Él tiene una interpretación a favor de las personas y a favor de los derechos de la libertad. Esperamos tenerlo en noviembre próximo en Chiclayo”, anuncia.

 

SISTEMA DE JUSTICIA

En el congreso realizado en Buenos Aires los expositores y mesas de trabajo abordaron también el desempeño de los sistemas de justicia en los países de América Latina, principalmente en lo referido a la independencia y autonomía que el Poder Judicial debe mantener en todo momento.

“Esto significa que el Poder Judicial debe estar libre de presiones de los otros poderes del Estado, pero también de su propia jerarquía interna y de los poderes fácticos, como la economía y la política. En el Perú podemos decir que tenemos a magistrados que no han sucumbido a esa presión y tampoco se han dejado avasallar por sus superiores, lo que me parece muy bien, porque la constitución garantiza autonomía e independencia interna y externa”, menciona.

Relata que durante el desarrollo de las sesiones de trabajo del congreso se destacó la labor de fiscales y jueces peruanos ante casos de corrupción, siendo el principal ejemplo el caso “Lava Jato”.

“En la lucha contra la corrupción el Perú está liderando, porque nuestro sistema de justicia, el Poder Judicial y, especialmente, el Ministerio Público están a la altura de las circunstancia. En Argentina nos comentaban los juristas que existen sólidas pruebas contra la expresidente Cristina Fernández y, sin embargo, goza de libertad, se está preparando para una nueva elección y hoy lidera las encuestas. La justicia no está cumpliendo su papel. Igual situación la estamos viendo en Colombia, donde Odebrecht corrompió en la misma magnitud que en el Perú, sin embargo no hay ningún funcionario de fuste detenido o con mandato restrictivo. Entonces, el caso peruano es visto como un ejemplo para nuestros vecinos, lógicamente bajo parámetros constitucionales que deben primar por encima de todo”, expone.

También se tocó lo referido a la igualdad de género, en el afán de proveer de iguales oportunidades a hombres y mujeres con base constitucional.

“Otra de las conclusiones a las que se arribó es que no siempre se ha cumplido la premisa constitucional de: ‘A mayor poder, mayor control’, para que el poder no se convierta en autoritarismo. Eso nos lleva a afirmar que los órganos de control han fallado o no han cumplido su labor, por lo que urge fortalecerlos y prevenir antes que sancionar”, asevera.

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CONTRA EL DECANO JOS脡 BALCAZAR ZELADA: CONTIN脷AN LAS DENUNCIAS EN EL COLEGIO DE ABOGADOS

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1116

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  • Consejo Directivo acusa al decano de haber trasgredido el estatuto al hacer contrataciones irregulares.
  • Directivos de la orden profesional señalan que existe una contabilidad paralela respecto a los ingresos del diplomado en ‘Derecho Penal y Procesal Penal’.

 

Llegó la respuesta. Ante los cuestionamientos del decano del Ilustre Colegio de Abogados -ICAL, José Balcázar Zelada, a miembros de su Consejo Directivo, 10 integrantes de este órgano denuncian a la autoridad de la orden profesional por irregulares manejos económicos al margen del estatuto.

 

Los directivos Rosa Elena Pizarro Piscoya, Aurora Saavedra Silva, Patricia Falen Guerrero, Elmer Fustamante Gálvez, Eladio Roque Castillo, Ángela Sánchez Farfán, Romina Guzmán Verona, Jenny Alvarado León, Edson Carrasco Rufasto y Magaly Chávez Rojas, liderados por el vicedecano de la orden, Yuri Díaz Jaime, señalan que Balcázar Zelada realiza afirmaciones inexactas sobre el supuesto adelanto de pago por parte de miembros del Consejo Directivo a una orquesta para la celebración de una actividad de la orden, a raíz de una serie de cuestionamientos que este órgano le hizo al decano.

Lo que Balcázar señaló en la Asamblea de Delegados, según obra en la carta aclaratoria del 3 de junio del 2019 que le enviaron los directivos al decano, es que “el vicedecano, el que acaba de hablar (haciendo referencia al directivo Edwin Roque), el gerente y la secretaria de Economía, se mandaron 17 mil soles sin mi autorización… la orquesta ha cobrado 39 mil y tuve que intervenir para que baje a 20 mil, algo por allí…”.

Además, en una publicación hecha en su cuenta de Facebook del 1 de junio del 2019 señala  “en la fiesta del Jockey la comisión más el gerente entregaron 17 mil soles a cuenta de un contrato leonino de más de 39 mil a la orquesta Villacorta de Trujillo, la cual cobraba en el mercado no más de 18 mil. Por casualidad lo descubrí. Tuvieron que ‘renegociar’ en parte el contrato, aún leonino, porque emplace a la empresa y a ellos a denunciarlos. Todo lo habían hecho a mis espaldas”.

A raíz de este suceso y otros motivos es que Balcázar Zelada puso fin al contrato del gerente del Ilustre Colegio de Abogados, Jimmy Quispe de los Santos, según consta en el documento enviado al extrabajador el 3 de junio, el mismo que lleva la firma del decano.

 

DIPLOMADO DE DERECHO PENAL

El director de Defensa Profesional, Eladio Roque Castillo, señala que uno de los cuestionamientos que le han hecho al decano es respecto al diplomado de ‘Derecho Penal y Procesal Penal’ que se realiza con el aval del Colegio de Abogados.

Apunta que este diplomado no fue aprobado mediante un acuerdo del Consejo Directivo y el dinero por concepto de inscripción (300 soles) tampoco está ingresando a caja, ni mucho menos depositado en las cuentas que tiene el colegio profesional en el sistema financiero, tal como lo exige el Artículo 108 del estatuto.

“Al increparle al decano esta situación es que se suscitaron los inconvenientes. Él nos dijo que ese era su diplomado y nadie podía meterse allí, pero ignora que los gastos que genera el curso son cargados a las cuentas del colegio, por lo cual deberían darse cuentas de los ingresos”, sostiene.

A su turno, la directora de Economía, Rosa Pizarro Piscoya, señala que en sesión de consejo le solicitaron a Balcázar Zelada que el dinero por concepto de diplomado ingresara a las arcas de la orden, mediante la emisión de recibos de caja, toda vez que actualmente se emiten recibos provisionales, lo que genera que haya una contabilidad paralela.    

En un documento enviado el 31 de mayo al decano de la orden los miembros del Consejo Directivo le exigen realizar el sustento de ingresos y gastos de este diplomado, pues según el numeral 4 del Artículo 106, el curso califica como rentas del ICAL y como tal debe ingresar al sistema de caja.

 

CONTRATACIONES IRREGULARES

Asimismo, Roque Castillo afirma que en Consejo Directivo se acordó iniciar una auditoría a la gestión anterior, la cual se haría a través de un convenio con el Colegio de Contadores y el Colegio de Ingenieros, a fin de no ocasionar un gasto ostentoso a la orden. No obstante, afirma que Balcázar Zelada de forma unilateral contrató a la Sociedad de Auditoría Piscoya Bances Asociados S.C. para realizar esta labor por 35 mil soles, de los cuales ya dispuso 17 mil 500.

Además, también hay personal que ha sido contratado sin la autorización del Consejo Directivo. Una de estas personas es Sinthia Renquifo Villegas, quien habría sido secretaria de Balcázar Zelada y actualmente está en el puesto de cajera, siendo ella asambleísta de la orden, lo cual hace que sea incompatible tener un cargo remunerado como el que ostenta actualmente.

Esto fue consignado en un documento enviado el 29 de abril al decano del colegio, en el cual además se señala que la trabajadora maltrata a los usuarios y falta el respeto a los directivos.

“El estatuto del Colegio de Abogados señala en el numeral 11 del Artículo 43 que el órgano encargado de la contratación del personal administrativo, así como la recisión de contrato de los mismos, es el Consejo Directivo”, sostiene Roque Castillo.

Por su parte, la directora de Biblioteca, Jenny Alvarado León, señala que también se ha contratado al hermano de la cajera, Juan Renquifo Villegas, quien labora en el área de secretaría y según el documento enviado al decano el 31 de mayo, perciben sueldos mayores a los trabajadores que antes ocupan esos puestos, quienes tenían un mejor desenvolvimiento que los actuales.

Añade Alvarado León que también se ha contratado como asesor de diplomados a Jorge Custodio Odar, quien tampoco podría ejercer el cargo dado que es asambleísta.

“Con el decano hemos conversado verbalmente para solucionar estas cosas en la interna por el bienestar del colegio, pero en vez de enmendar los errores, él señala que es el decano y puede disponer de las contrataciones. Ahora, él objetó de la anterior gestión que había personal que no tenía el perfil idóneo para ciertos cargos y se optó por botar a la cajera y al secretario, pero después nos dimos con la sorpresa que contrató a personas que tampoco reunían el perfil, tal como ocurre con el puesto de cajera, el cual lo está asumiendo una abogada que no tiene ni los más mínimos conocimientos de contabilidad, lo que ocasiona que se cometan errores como el que no se ingrese el dinero de las cuotas ordinarias o no se realicen los depósitos de los ingresos en caja”, manifiesta.

 

SECRETISMO

En tanto, Pizarro Piscoya manifiesta que durante el tiempo que ejerce el cargo, y especialmente desde el 27 de marzo, fecha en la que se lograron inscribir y certificar sus firmas ante las entidades bancarias, ella siempre se ha acercado a caja para intentar controlar los ingresos y egresos de la orden, pero el decano siempre le decía en sesiones de Consejo Directivo que ella no tenía nada que hacer allí.

 “Después de lograr la inscripción, yo fui con la cajera y se hizo el primer depósito a las cuentas del colegio. Esto ocurrió un sábado y al lunes siguiente el decano le rescindió el contrato y puso en su lugar a Sinthia Renquifo. A partir de allí es que yo pierdo prácticamente el control porque la nueva cajera ya no me permitía siquiera revisar los documentos que teníamos. Incluso se despidió al contador, con lo cual nos hemos quedado a la deriva, a pesar que le he dicho al decano que urge la contratación de su reemplazante”, asevera.

Afirma que la última vez que se acercó a la cajera (4 de junio) para constatar que se esté ingresando el dinero diariamente, tal como lo establece el estatuto, Renquifo Villegas le respondió de forma airada que por orden del decano ella no me podía dar ninguna información, suceso ante el cual levantó un acta.

“En la asamblea del viernes 31, el decano inició su exposición señalando que todo estaba bien, pero comenzó a mentir en muchas cosas, lo cual nos obligó a intervenir y aclarar la situación. A raíz de eso es que empieza a difamarnos públicamente, sindicándonos actos que no hemos cometido. Nosotros hemos llegado acá con un afán de servir, no buscamos beneficiarnos en lo absoluto del colegio. No entendemos porqué el decano tiene ese afán de protagonismo”, sentencia.

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DESTIN脫 M脕S DE 130 MIL SOLES PARA ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS: DOCUMENTOS CONFIRMAN QUE ESSALUD PAG脫 ALQUILER DE CASA EN SANTA VICTORIA SIN OCUPARLA

Escribe: Semanario Expresi贸n
Edición N° 1116

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  • Contrataron a empresas suspendida por SUNAT para el mantenimiento de la infraestructura.

 

Nuevos hechos salen a la luz respecto al alquiler de la vivienda ubicada en la calle Los Mirtos de la Urbanización Santa Victoria por parte de EsSalud, inmueble por el que desde diciembre del año pasado paga ocho mil soles mensuales y que recién ocupó a fines de mayo de este año. Expresión accedió en exclusiva a documentos que revelan los montos asignados para el acondicionamiento de la casa a fin de que en ella se instale la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicos, trabajos que fueron realizados entre abril y mayo.

 

Como informó Expresión en la Edición 1115, el 18 de diciembre del 2018 el jefe de la Oficina de Administración de la Red Asistencial Lambayeque, Edgar Arrascue López, y el jefe de Adquisiciones, contador Pedro Cuyate Castillo, firmaron el Contrato N° 61, “Contratación de servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de Lambayeque”, con María Elena Riofrío de Carranza, apoderada de Nicolás Carranza Valle.

El monto de la contratación es de 288 mil soles, por un período de 36 meses, contados desde el 19 de diciembre pasado, comprometiéndose EsSalud al pago mensual de ocho mil soles, así como a la entrega de una garantía de 24 mil soles a favor de la arrendataria.

Sin embargo, el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de EsSalud Lambayeque empezó recién el 22 de mayo, por lo que la entidad pagó en total 40 mil a favor de Riofrío de Carranza sin utilizar el inmueble.

 

PREVIO AL CONTRATO

Según ha informado el jefe de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la red, Miguel Rondón Sánchez, el 12 de noviembre del año pasado, un mes antes de la firma del contrato de alquiler, pero ya entregada la buena pro mediante contratación directa a Riofrío de Carranza (29 de octubre), se solicitó a la Oficina de Administración de la Red Asistencial Lambayeque que se ejecute el proceso logístico para la contratación del servicio de implementación de la Red de Datos para el futuro local de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de Lambayeque.

Ese mismo día se pidió, con Carta N° 7031-OSPELAMBAYEQUE-GCSPE-ESSALUD-2018, la contratación del servicio de implementación del sistema de video vigilancia para el inmueble de la calle Los Mirtos, así como la contratación del servicio de central telefónica IP (Carta N° 7035), y con la Carta N° 7034 se solicitó a la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Lambayeque que coordine con la Gerencia Central de Tecnologías de la Información y Comunicación la implementación de un circuito de voz y data en convenio con Telefónica del Perú, en el local a ocupar.

Asimismo, a 15 días de la firma del contrato de alquiler, se pidió a la Oficina de Administración que ejecute el proceso logístico para el mantenimiento de la infraestructura en el futuro local, esto en función de los términos de referencia que ya había elaborado la Oficina de Ingeniería Hospitalaria y Servicios.

Todo ello fue informado al gerente de la Red Asistencial Lambayeque, Mario Cosmópolis Sanamé, con la Carta N° 1582-OSPELAMBAYEQUE-GSPE-ESSALUD-2018, el 28 de abril pasado.

 

TRAS EL CONTRATO

Semanas después de la firma del contrato de alquiler, corriendo la vigencia del mismo, el 8 de enero del 2019 la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la red remitió la Carta N° 087 a la Oficina de Administración para que ejecute la contratación del servicio de mantenimiento de los sistemas eléctricos de la casa de Santa Victoria.

Los documentos que se habían remitido desde noviembre del 2018 recién tuvieron respuesta a fines de enero de este año. Por ejemplo, el 22 de enero la Unidad de Programación de la Oficina de Adquisiciones de la Red Asistencial Lambayeque informó que para la implementación de la Red de Datos en el local alquilado era necesaria la habilitación presupuestal de 31 mil 358 soles; dos días después se informó que el mantenimiento de las instalaciones eléctricas costaba 29 mil 735.70 soles y para el mantenimiento de la infraestructura se necesitaba de 17 mil 959.10 soles.

Asimismo, el 28 de enero se comunicó que para la Central Telefónica IP se requería de 32 mil 965 soles, en tanto para el sistema de video vigilancia la asignación presupuestal de 22 mil 321 soles.

En total, se demandó de 134 mil 339.3 soles para el mantenimiento e instalación de servicios de informática, comunicaciones y seguridad en la vivienda alquilada, que sumados a los 288 mil soles del alquiler arrojan 422 mil 339.3 soles los destinados por EsSalud para el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas, a los que deben añadirse los servicios básicos y por telefonía e Internet, vigilancia, limpieza y logística.

 

CONTRATOS

Un mes después, el 25 de febrero, recién se habilitó el presupuesto para el acondicionamiento de la infraestructura (17 mil 959.06 soles) y el acondicionamiento de las instalaciones eléctricas (29 mil 735.71 soles). Para los primeros trabajos el 28 de febrero la Oficina de Adquisiciones de la red emitió la Orden de Compra N° 4503251765 a favor del proveedor Soluciones Integrales Inmobiliarias 2Ci EIRL. Para lo referido a las instalaciones eléctricas se contrató a Lepmar El Camber EIRL, con la Orden de Compra N° 4503251710.

Lo irregular es que Soluciones Integrales Inmobiliarias 2Ci EIRL fue adjudicataria de la contratación directa pese a estar suspendida por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, hecho que recién fue comunicado a EsSalud el 4 de marzo.

Por otro lado, el 29 de marzo recién la Gerencia Central de Tecnologías de la Información y Comunicaciones informó que correspondía a la Unidad de Soporte Informático de la red brindar el soporte técnico correspondiente y respecto a los sistemas de video vigilancia y central telefónica no se había indicado dimensionamiento y/o magnitud.

Para resolver el impase con el mantenimiento de la infraestructura de la casa, el 19 de marzo se emitió una nueva orden de compra, la N° 4503263353, a favor de Drywallcohl EIRL, culminando sus labores el 3 de abril, en tanto la empresa encargada de las instalaciones eléctricas concluyó las tareas encargadas el 8 de abril.

Rondón Sánchez le informó al gerente de EsSalud Lambayeque el 26 de abril que como hasta ese momento no se había implementado la Red de Datos, responsabilidad de la Oficina de Soporte Informático, la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas no se había instalado en la vivienda alquilada en la calle Los Mirtos.

Dicha oficina tampoco había levantado las observaciones realizadas a la implementación de la Central Telefónica y el Sistema de Video Vigilancia. Mientras todo ello pasaba, EsSalud seguía pagando el alquiler de la vivienda.

 

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