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Lambayeque es el primer departamento visitado por la flamante presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, María Isabel León de Céspedes, quien se reunió con los representantes de los gremios locales, con los se comprometió a trabajar de manera estrecha en defensa del crecimiento económico y de obras fundamentales como el Terminal Portuario.

A su llegada a Chiclayo, León de Céspedes fue recibida por el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales, y el presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro, quienes le expusieron algunos de los aspectos más relevantes del departamento, sobre todo los referidos a la reconstrucción, el mejoramiento de la infraestructura y de los servicios de salud.

La presidente de la CONFIEP, gremio que forma parte del directorio de EsSalud, visitó los hospitales Naylamp y Luis Heysen Incháustegui, con el objetivo de conocer la problemática que actualmente afecta a miles de asegurados con el cierre de parte del primer nosocomio y el embalsamiento de atenciones.

Del mismo modo, María Isabel León se reunió con los representantes de las micro y pequeñas empresas de la macroregión norte, a fin lograr su articulación e inserción en la CONFIEP.

En diálogo con Expresión, la dirigente gremial abordó diversos temas de la coyuntura nacional, ratificando su posición en contra de lo que denomina la judicialización del país y el uso excesivo de medidas de coerción como la prisión preventiva.

 

MEDIDAS MENOS GRAVOSAS

“Tenemos un alto ruido político, confrontación entre los poderes del Estado y eso genera inestabilidad. Respecto a la carcelería, personalmente es un tema que veo con preocupación, pues no considero necesario abusar de ella. Las prisiones preventivas no necesariamente significan justicia, hay muchísimos casos de personas que han sido enviadas a prisión por tres años y después han terminado siendo inocentes. Esos tres años de prisión preventiva no se los devuelve nadie, como tampoco la reputación si es que resultan inocentes”, asevera León de Céspedes.

Sostiene que el sistema de justicia debe optar por medios menos gravosos como el arresto domiciliario, el uso de grilletes electrónicos o mandatos de comparecencia restringida, para aquellos investigados que muestran disposición de colaborar con la justicia.

Lo dicho por la presidente del CONFIEP sintoniza con lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el uso excesivo de la prisión preventiva en América Latina y, particularmente en el Perú, situación que se hizo más compleja con la emisión del Decreto Legislativo 1307, que incrementa hasta 48 meses el mandato cautelar para casos de criminalidad organizada.

“Si vemos la cantidad de presos que tenemos en las cárceles, no solamente los políticos evidentemente, el 40 % no tiene sentencia firme. Eso nos debe llevar a reflexionar sobre cuáles casos ameritan una prisión preventiva. No es lo mismo un caso de asesinato que uno de corrupción. A los involucrados en estos últimos se les puede dar impedimento de salida y el Estado cumplir su función de cautela, evitando que se escapen del país, las cosas podrían hacerse de otra manera y con mayor prudencia”, sostiene.

Reconoce, sin embargo, que el debate sobre la prisión preventiva se avivó recientemente en el país con los mandatos dispuestos sobre políticos vinculados a casos de corrupción, pese a que la norma procesal permite dicha medida desde el 2004.

“Es posible, pero también hay que tener en cuenta que la figura de organización criminal se legisló en el gobierno del presidente Humala. Los partidos políticos no son organizaciones criminales y lo que vemos es que se les está tratando de esa manera y al final veremos que casi todos los partidos han recibido aportes que no han sido declarados. Están todos en la misma situación. El tema es si esto realmente es una organización criminal o una forma en la que han trabajado cometiendo faltas administrativas. No creo que lo adecuado sea criminalizar a los partidos políticos en el país”, menciona.

 

ECONOMÍA FRENADA

En tanto – refiere – la economía nacional se mantiene estancada. León de Céspedes afirma que la CONFIEP ve con preocupación la ralentización del crecimiento.

“Hemos llegado a lo que se llama una meseta en la economía, no tenemos mayor crecimiento, estamos en una situación plana y necesitamos seguir creciendo porque cada punto del Producto Bruto Interno – PBI, significa la reducción de 0.3 % de pobreza. Necesitamos crecer, no mantenernos ni bajar, porque si reducimos en crecimiento habrá más peruanos que caigan nuevamente en la pobreza”, señala.

En ese sentido, anota que lo que le corresponde a los promotores de la inversión es generar riqueza, trabajo, bienestar y contribuir a la reducción de la pobreza. Para ello se hacen necesarias las condiciones adecuadas.

“Necesitamos que el gobierno entienda que tiene que ser un promotor de la inversión, porque no tiene los recursos para hacer frente a todas las necesidades de infraestructura y logística que tiene el país”, manifiesta, añadiendo que ello pasa también por reducir las barreras burocráticas que hoy impiden el aumento de las inversiones y la formalización de los agentes económicos.

 

TRABAS BUROCRÁTICAS

“Los niveles de obstrucción que tiene la regulación asfixian cualquier intento de crecimiento. Nosotros tenemos muchos cuellos de botella en la legislación, normas que no se cumplen o que son muy complicadas de cumplir y que generan retraso en la inversión. Sería interesante que el Estado haga una revisión de normas y estas puedan aligerarse. Yo no digo que se abran y se eliminen los candados, sino que estos sean realmente los que se necesitan sin caer en excesos”, asevera.

León de Céspedes menciona también que una negativa experiencia del país es que en cada cambio de gobierno se modifican las políticas de Estado sin dar continuidad a las iniciadas previamente, como sucedió, por ejemplo, con el Plan de Diversificación Productiva del gobierno de Ollanta Humala Tasso.

“No se entienden como políticas de Estado sino de gobierno. Lo que necesitamos es tener institucionalidad y políticas de largo plazo para diferentes aspectos, eso es muy importante. Tenemos un montón de normas que no han sido reguladas, como por ejemplo la Ventanilla Única de Comercio Exterior, que está esperando su regulación hace más de un año y aún no se reglamenta. Necesitamos un Estado que sea más eficiente, que haga las cosas pensando en el país, en destrabar los problemas que hay para que la inversión pueda generar bienestar”, explica.

Cita como otro ejemplo el puerto de Paracas, obra que fue concesionada por Proinversión y que pese al inicio de los trabajos se ha visto paralizada por una controversia generada por el SENASA.

“Como país tenemos que pensar bien que si vamos a invitar a los inversionistas extranjeros a venir tenemos que ofrecerles proyectos bien desarrollados, no hechos un mes antes y luego sorprenderlos en el camino con una serie de trabas”, acota.

 

Infraestructura y legalidad

Sobre infraestructura, María Isabel León menciona que obras como el Terminal Portuario de Lambayeque, en Puerto Eten, se constituyen en ejes para el desarrollo del comercio a nivel nacional.

La ejecución de obras como esta – indica – hace necesaria también una revisión de Ley de Contrataciones.

“Debemos preguntarnos qué estamos haciendo para atraer a los capitales extranjeros y convencerlos de arriesgar en obras de infraestructura. Como país tenemos que garantizar el cumplimiento de la ley, ofrecer seguridad jurídica para todos los inversionistas, porque no podemos atraerlos para luego dejarlos sin el control necesario de que se cumpla la legalidad. Miremos lo que ha pasado en Las Bambas, donde la empresa ha hecho una inversión importante, ha cumplido los compromisos con la comunidad y se vio inmersa en situaciones posteriores a los acuerdos a los que había arribado, sin que el Estado pueda garantizar que las vías estén liberadas para el tránsito de su logística. Ese es un claro ejemplo de que es necesario imponer la ley”, manifiesta.

Finalmente, León de Céspedes afirma que toda reforma política o judicial es importante para el país siempre y cuando se respete la institucionalidad. Para ello – precisa – se debe respetar la constitución y la independencia de poderes.

“No podemos imponer desde otros poderes del Estado que las cosas se hagan de una forma u otra. Al Congreso yo le pediría prudencia, que mantenga la calma y la intención de diálogo. El gesto del presidente Martín Vizcarra de convocar a los voceros de los partidos políticos me pareció muy positivo, pero no debe quedar ahí. El diálogo no es de un solo día, es permanente, hay que tener apertura para conversar y no patear el tablero”, enfatiza.

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  • MPCH dispone que camiones ingresen por calles como Francisco Cabrera, donde pasa el colector del desagüe, y por avenidas como Sáenz Peña, donde se ubica la red matriz de agua potable.

 

El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, insiste en la pertinencia de la ordenanza municipal aprobada el viernes último con nueve votos del concejo provincial, con la que se admite el ingreso de camiones de carga de hasta 42 toneladas a la ciudad, pese a la incompatibilidad técnica que existe, debido a que se agudizan varios de los problemas que hasta el momento su gestión ha sido incapaz de atender: ordenamiento de tránsito, mejoramiento de vías y funcionalidad del sistema de agua y alcantarillado.

 

Las primeras consecuencias de la cuestionada norma municipal ya se hicieron notar. En los últimos días camiones de distintas características han ingreso a la ciudad yendo en contra de los lineamientos técnicos que antes el municipio fijó.

 

ORDENANZA Y SENTENCIA

En marzo del 2012, la Municipalidad Provincial de Chiclayo emitió la Ordenanza N° 006-2012, regulando el acceso del transporte público de carga y descarga en la ciudad, estableciendo circuitos viales a utilizar de forma obligatoria por los transportistas. En ese momento, varios gremios de comerciante, sobre todo mayoristas del mercado Moshoqueque, presentaron una acción de amparo la misma que fue declarada infundada por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, en el Expediente N° 1564-2013-0-1706-JR-CI-03, el 16 de septiembre del 2015, fallo que posteriormente confirmó la Primera Sala Civil de Lambayeque, con su Sentencia N° 789, del 12 de octubre del 2016.

Gasco y los nueve regidores que aprobaron la nueva ordenanza sostienen que la medida ayudará a regular el ingreso de los vehículos de carga, que pese al mandato de la norma del 2012 han ingresado al casco urbano y que con ello, al aplicar las sanciones y multas a quienes infrinjan los horarios establecidos en el mecanismo, la comuna estaría en capacidad de recaudar siete millones de soles durante el tiempo de vigencia del mismo, el cual se ha fijado por un año.

Sin embargo, lo que la administración Gasco no ha logrado explicar hasta el momento con claridad es cuáles son los criterios técnicos para establecer el ingreso de los vehículos de carga de hasta 42 toneladas por vías que ni siquiera han sido rehabilitadas por el municipio, tras el Fenómeno El Niño Costero 2017. Peor aún, por aquellas en las que las redes de agua y alcantarillado tampoco han sido cambiadas.

 

OPINIÓN TÉCNICA DE EPSEL

Desde la Gerencia de Proyectos de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, se ha confirmado que no existe opinión técnica a favor de la ordenanza. Por el contrario, la entidad le hizo saber al alcalde de la ciudad que está pendiente de ejecución del saldo de obra del proyecto de renovación de las redes de agua y alcantarillado que se inició en el gobierno de Roberto Torres y no fue concluido.

“Esa ordenanza debió tener una opinión técnica de EPSEL, porque la empresa debió emitir opinión favorable diciendo que el sistema de agua y desagüe no corre ningún peligro por la rodadura de los camiones de ese tonelaje. Sin eso la ordenanza no debió aprobarse. Cuando uno va a construir un edificio lo primero que se pide es la factibilidad de agua, desagüe y electricidad, sin eso no se puede construir. De igual manera, debió hacerse con la ordenanza del transporte de carga”, señala el decano del Colegio de Arquitecto de Lambayeque, Antonio Uriarte Gonzales.

Añade que si la ordenanza plantea anillos viales para el transporte pesado esto debe formar parte del Plan Regulador de Rutas y, en consecuencia, debió plantearse una solución integral al problema del transporte, no parcial, como pretende hacer el municipio.

“¿Se ha evaluado, por ejemplo, qué tipo de diseño de pavimento tiene la avenida Sáenz Peña y si soporta camiones de 42 toneladas? Si no se ha hecho eso y tampoco soporta la capacidad de esa carga, entonces es una ordenanza antitécnica. Si el argumento es que se recaudará siete millones de soles, ¿con eso se piensa cubrir la reparación de las vías dañadas?”, menciona.

 

NO RESISTIRÁN

Todas las calles que se pavimentaron en el gobierno de Roberto Torres Gonzales, tras la intervención inconclusa del proyecto de renovación de las redes de agua y alcantarillado, fueron cubiertas con losas de concreto de resistencia de 210 kilos por centímetro cuadrado (f°C= 210kg/cm2), el mismo que no soporta el tránsito de carga pesada. La municipalidad elaboró el expediente para tránsito liviano.

“El primer carro que ingrese no romperá nada, pero la cantidad de vehículos de carga hará que la vía colapse por fatiga. Los paños de concreto de vías como Pedro Ruiz, Leoncio Prado, Luis González, desde Leoncio Prado hasta Arica, la Avenida Arica, Alfonso Ugarte o Alfredo Lapoint, fueron diseñados para tránsito liviano. Las repeticiones que sobrepasen la carga de diseño harán que colapsen. Eso empezará por las esquinas de las losas”, explica el ingeniero y especialista en pavimentos César Tiparra de los Santos, quien fue residente de la obra.

“Las losas de concreto no se parchan, se tienen que volver a ejecutar de manera total. A ello se suma la congestión del tránsito por el estacionamiento de los vehículos de carga y descarga”,  añade el especialista, quien afirma que los siete millones que la comuna piensa recaudar con la ordenanza emitida no serán suficientes para rehabilitar las vías dañadas por el tránsito pesado.

 

LOS CIRCUITOS

El municipio ha establecido en su ordenanza como circuito las vías: Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre – Óvalo Eloy Ureta – Sáenz Peña – Mariscal Nieto – José Quiñones –Tarata –Miguel Grau – Francisco Cabrera – Hipólito Unanue y Avenida Jorge Chávez. El recorrido concluye en la Avenida Fitzcarrald.

En ese recorrido, la carga pesada ingresó a la calle Francisco Cabrera, vía que tiene adoquines de piedra y en cuyo trazo se ubica un colector del sistema de alcantarillado. Cuando la gestión de Roberto Torres ejecutó la obra de saneamiento básico en el casco central, valorizada en 28 millones de soles, varios componentes quedaron sin realizarse, debido a que la obra fue paralizada. Uno de esos componentes es la renovación del colector Cabrera.

Por otro lado, Expresión confirmó con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, que la red matriz de agua potable se desplaza por debajo de la Avenida Sáenz Peña, por lo que una rotura, dada la capacidad de carga, tendría consecuencias catastróficas.

El otro circuito es el que comprende a la Avenida Víctor Raúl Haya de la Torre – Santos Dumont – Juan Pablo Viscardo y Guzmán y Arenales. Actualmente, la avenida Santos Dumont tiene serios problemas con el alcantarillado.

“Nosotros hemos recogido la opinión del Comité Gremial de Transporte y hemos llegado a un punto de entendimiento, concluyendo que no existen las condiciones óptimas para que se implemente una medida de este tipo, debido a que la infraestructura de saneamiento está colapsada en la ciudad. La ordenanza sería positiva siempre y cuando las redes de agua y alcantarillado estén en buenas condiciones, pero no es el caso. Esto puede originar la ruptura de las tuberías de desagüe, pero además daños a las propiedades”, señala Carlos Burgos Montenegro, presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque.

El también past decano del Colegio de Ingenieros refiere que la municipalidad debería reconsiderar la aplicación de la ordenanza, toda vez que se pone en riesgo la integridad de las personas porque el tránsito pesado podría afectar los cimientos de las edificaciones, pero también precipitar el afloramiento de aguas residuales al dañar aún más el alcantarillado.

 

+ NOTICIAS

  • Al cierre de esta edición, el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, debatía el impacto de la ordenanza en la infraestructura vial y sanitaria de la ciudad, tras lo cual se emitirá el pronunciamiento institucional.

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  • Ocho mil soles mensuales es el monto que abona la seguridad social por inmueble de dos pisos, ubicado en Santa Victoria.
  • Alquiler es la mitad de lo que debió pagarle EsSalud a la ONP por el edificio del Hospital Naylamp.

 

El colmo. Mientras miles de pacientes del Hospital Naylamp son distribuidos en los saturados hospitales Almanzor Aguinaga y Luis Heysen por el desalojo judicial, que por falta de pago se dispuso sobre uno de los edificios que ocupaba el nosocomio, la Red Asistencial Lambayeque – RAL, se da el lujo de pagar ocho mil soles mensuales por el alquiler de una vivienda en la Urbanización Santa Victoria, donde desde la semana pasada funciona la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas.

Durante años, EsSalud fue incapaz de pagarle a la ONP los 16 mil soles correspondientes al arrendamiento de la Torre A que hasta hace unas semanas ocupó el Hospital Naylamp, por lo que la entidad previsional inició un proceso judicial en el 2014 que concluyó con el desalojo del edificio, perjudicando a una población de más de 120 mil asegurados adscritos a dicho nosocomio.

Sin embargo, la Red Asistencial Lambayeque no tuvo reparo alguno en suscribir un contrato de arrendamiento por 288 mil soles, por un período de 36 meses, comprometiéndose a cancelar ocho mil soles cada 30 días; la mitad de lo que pagaba por un edificio, para hacer uso de la vivienda signada con el número 134 de la Urbanización Santa Victoria.

Expresión accedió en exclusiva al contrato de alquiler suscrito el 18 de diciembre del año pasado, con efectos inmediatos, firmado por el jefe de la Oficina de Administración de la Red, Edgar Arrascue López, y el jefe de Adquisiciones, contador Pedro Cuyate Castillo.

 

BUENA PRO

El 23 de octubre del año pasado, EsSalud, a través de la Red Asistencial Lambayeque “Juan Aita Valle”, lanzó el proceso de Adjudicación Directa N° 1810D00051, para la contratación del “Servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de Lambayeque”, invitando a través de correo electrónico a Nicolás Carranza Valle, representado por María Elena Riofrío de Carranza, en su calidad de apoderada.

Tres días después se realizó la presentación de la oferta y el 29 de octubre la adjudicación a través del portal del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, por un valor de 288 mil soles.

Nicolás Carranza Valle, ya fallecido, fue durante mucho tiempo proveedor del Estado con el alquiler de esa vivienda. En el 2012, por ejemplo, suscribió un contrato con el Programa Nacional de Empleo Juvenil “Jóvenes a la Obra”, del Ministerio de Trabajo, por 36 mil soles, acuerdo que se renovó entre julio del 2013 y junio del 2014, con el mismo programa, por el monto de 67 mil 200 soles.

Antes, en el 2007, también alquiló el inmueble a FONCODES, para el funcionamiento de su Oficina Zonal Chiclayo, por 19 mil 600 soles.

 

CONTRATO CON ESSALUD

Adjudicada la buen pro, el 18 de diciembre del 2018 se firmó el Contrato N° 61, “Contratación de servicio de arrendamiento de bien inmueble para el funcionamiento de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de Lambayeque”, con el objeto de - se lee en el documento - “brindar bienestar y seguridad a los asegurados y público en general, mejorando la calidad en la atención, orientación y comunicación a las personas, así como a las entidades empleadoras con relación a los seguros que administra EsSalud”.

Como se ha dicho, el monto de la contratación es de 288 mil soles, cifra que incluye todos los impuestos de ley; es decir, tributos, seguros, inspecciones, pruebas y, “de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación materia del contrato”.

A través del acuerdo, EsSalud se compromete al pago periódico mensual de ocho mil soles durante 36 meses, tiempo fijado como duración del contrato, recibiendo Riofrío de Carranza una garantía ascendente a 24 mil soles, equivalentes a tres meses de arrendamiento.

 

USO TARDÍO

De acuerdo a la Cláusula Quinta del contrato, referida al plazo de ejecución de la prestación, los 36 meses del alquiler se contabilizan a partir del día siguiente de la suscripción del documento; quiere decir que entró en vigencia el 19 de diciembre del año pasado.

Según fuentes de la seguridad social, la Red Asistencial Lambayeque habría abonado en diciembre lo correspondiente a un mes completo de alquiler.

Lo escandaloso de este caso es que la vivienda recién fue ocupada por EsSalud en mayo de este año. Concretamente, el lunes 20 de mayo iniciaron las labores de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la red en la vivienda alquilada.

Siendo así, EsSalud pagó por el inmueble el alquiler durante cinco meses sin hacer uso del mismo, habiendo desembolsado hasta abril pasado 40 mil soles de sus recursos.

 

LA NOTA

A través de una nota de prensa anunciando la apertura de las oficinas, se conoció que el traslado de la oficina fue dispuesto por la Gerencia Central de Seguros y Prestaciones Económicas y la Red Asistencial.

“El ingeniero Miguel Rondón Sánchez, jefe de la Oficina de Seguros y Prestaciones Económicas de la citada red manifestó que dicha oficina estará atendiendo de lunes a viernes, en el horario de 8 a.m. a 4 p.m. y los sábados de 8 a.m. a 12 p.m.”, detalla la circular.

Desde la vivienda de la calle Los Mirtos se brindarán los servicios de afiliación al seguro regular, seguro complementario de trabajo de riesgo, seguro agrario dependiente e independiente, seguro más vida, así como la afiliación al seguro independiente y potestativo. Del mismo modo, se realizan los pagos por subsidio por lactancia, maternidad e incapacidad temporal, verificación de condiciones de asegurados, auditoría de seguros y evaluación de derecho de cobertura.

Todos estos servicios se ofrecían antes en las instalaciones del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en el área conocida como “Hospital Viejo”.

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  • Gerente del Estudio Reynoso, María Astrid Reynoso de Vargas, afirma que la norma de comprobantes de pago que data de 1999 no contempla las circunstancias que ocurren alrededor de la prima “Fairtrade”, lo que perjudica a los productores agrarios.

 

La auditora y gerente del Estudio Reynoso, María Astrid Reynoso de Vargas, comenta desde su especialidad cuál es la realidad tributaria del sector agroexportador, señalando que la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, desconoce las liquidaciones de compra emitidas a modo de constancia de transferencia de la prima “Fairtrade” por los exportadores a los productores que carecen del Registro Único de Contribuyentes – RUC, ocasionando que el ente recaudador grave a los primeros, así como a los segundos por considerarlos beneficiarios directos del fondo generado por la prima, que en realidad es un monto destinado a la construcción de carreteras e implementación de servicios básicos. 

 

En algún momento se habló sobre el hecho de que si la SUNAT reconociera los desmedros en la producción de agroexportables se podrían reducir los montos de tributación. Ahora hay problemas con las certificaciones del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria - SENASA, ente que, según el presidente de ADEX, pone más trabas de las que fijan los mercados receptores. ¿Cómo está la situación del sector desde el punto de vista tributario?

En este momento estamos sumamente preocupados porque hay una plaga de la mosca de la fruta que está afectando a todos los cultivos. Esto se descubrió en Lima al momento de abrir la fruta en los supermercados. Los empresarios del norte, de donde procede la fruta, han tenido una entrevista con SENASA para que explique por qué no detectó esta plaga. Nuestra preocupación ahorita es que se erradique de raíz esta peste, ya que si no se toman medidas rápidas habrá un perjuicio total para toda la producción lambayecana.

¿De cuánta pérdida se hablan?

De miles de soles en producción, ya que no nos van a recibir en ningún lado. SENASA dice que no tiene ningún informe de que haya habido esta plaga, que ellos no la han detectado, pero existen normas sanitarias y de inocuidad que deben cumplir todos los agroexportadores, las cuales indican que cuando hay una fruta en mal estado, inmediatamente se debe enterrar o quemar para evitar la proliferación de la mosca de la fruta. Sin embargo, la norma tributaria dice que para que te acepten la deducibilidad - porque esto se trata de un desmedro - se tiene que informar con 6 días hábiles de anticipación a la SUNAT para destruir el producto en presencia de un notario o juez de Paz. Si tú no comunicas esto, prácticamente no puedes deducir tributariamente esta pérdida.

Entonces, la norma sanitaria te dice que debes enterrar en el mismo día el producto, pero como la administración tributaria no acepta esta deducción inmediata mientras no haya comunicación, ni vaya un notario, las empresas han retenido su fruta en mal estado y estas son las consecuencias que ahora vemos.

¿No existe comunicación entre estos dos entes fiscalizadores, uno de la inocuidad y el otro del tema tributario para tener una norma equilibrada?

Como tributaristas tuvimos el caso de una empresa a la que no se le quiso hacer la deducibilidad y nos hemos ido en casación hasta la Corte Suprema, donde perdimos porque el órgano judicial cuestionó si nosotros contábamos con el informe de SENASA, pero este ente prácticamente nunca los emite y la prueba está en que ahorita que tenemos la plaga de la mosca de la fruta, ellos ni siquiera han detectado esta proliferación. Al final la Corte Suprema en su fallo de inicios del 2017 le dio la razón a la SUNAT, porque nosotros no contábamos con ese informe.

Esto genera jurisprudencia negativa en virtud de lo que los agroexportadores están trabajando…

Exacto. Las normas no están acordes con la realidad. Ahora nosotros como empresarios del sector exportador tenemos el caso del tratamiento contable y tributable de la prima “Fairtrade”. Para llegar a los mercados de destino, estos nos imponen cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales está que el productor agrario tenga una cadena de valor para que se implementen escuelas, carreteras, agua, desagüe, en la zona donde se desarrolla el cultivo, pues se busca la sostenibilidad social del productor agrario.

Si como exportadores nos preocupamos porque el productor agrario sea sostenible socialmente, entonces nos certifican con la prima “Fairtrade”, que es el premio justo para el productor agrario como beneficiario final.

Esta prima consiste en que el mercado de destino establece auditoras internacionales que no solo certifican al exportador, sino también la planta de proceso y las zonas de cultivos, las cuales deben tener las mínimas condiciones como baños, agua, el que sus hijos no trabajen en el campo, que haya escuelas donde los niños puedan asistir, etc. Los campos certificados tienen un plus, que es un premio por cada caja de exportación que se incluye en la factura del exportador, quien recibe el pago de parte del comprador del exterior y lo transmite al beneficiario final, que es el productor agrario.

¿A través de quién?, ¿de SUNAT?

No, cuando el exportador factura al cliente del exterior, en la factura de exportación tiene que agregarse la prima “Fairtrade” como un cargo adicional, pero el exportador es simplemente un recaudador que le trasmite este premio al productor agrario.

¿Quién administra este fondo social?

Los lineamientos de la primaestablecen que los productores agrarios tienen que organizarse en asociaciones a las cuales se les deposita el fondo para que ayuden con lo antes mencionado para su sostenibilidad. Esa función realmente le compete al Estado, pero ante su inacción, con estos fondos las asociaciones realizan ese trabajo social.

¿Y se está cumpliendo?

Sí. Las auditoras verifican que todo el dinero que recibe el exportador se lo transmita al productor agrario a través de las asociaciones y luego piden que se le diga cómo se ha invertido.

¿Y es un porcentaje mínimo?

Por cada caja de producto exportado, un dólar. El problema radica cuando el exportador  adquiere productos de productores que carecen de RUC. Según el reglamento de comprobantes de pago, está permitido emitir liquidaciones de compra. Entonces, cuando tiene que transmitirse esta prima “Fairtrade”, el exportador le emite al productor agrario estos comprobantes para que quede constancia de la transacción.

Sin embargo, cuando ha venido la SUNAT a fiscalizar a los exportadores, les desconoce el costo emitido en las liquidaciones de compra, aludiendo que, de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, estas son para comprar bienes, mas no para cobrar ni consignar otro tipo de conceptos. Entonces gravan al exportardor con el impuesto a la renta el monto de esa prima.

¿Con cuánto les están gravando?

Con el 15 % que es la tasa del impuesto del sector agrario. Le quisimos hacer entender esto a la SUNAT en el proceso de fiscalización y simplemente nos dijo que ellos se basaban en la norma y el reglamento de comprobantes de pago no ha previsto esta situación. Yo les dije que dicha norma es de 1999 y no ha sufrido modificaciones, mientras que la norma “Fairtrade” es del 2015. Por eso digo que las normas tributarias no van acordes con la realidad

Por último, ha salido el Informe N.° 037-2017-SUNAT/5D0000, del 2017, en el cual dice que el productor agrario por la prima que recibe debe pagar también un impuesto a la renta porque él es el beneficiario final. O sea, grava al exportador y al productor primario, cuando realmente este último no aprovecha esa prima porque se gasta en hacer obras, en suplir la función del Estado.

¿El Estado se ha convertido en un verdadero perro del hortelano, que no hace ni deja hacer?

Y encima hace hasta doble imposición, porque le grava al exportador por algo que trasmite y no es beneficiario.

¿Y no se ha pensado en inconstitucionalidad de estos cobros?

Nosotros impugnamos estas resoluciones entre fines del 2017 e inicios del 2018 y la SUNAT no nos dio la razón. Ahora estamos en el tribunal fiscal, donde están los casos estancados.

Paralelamente a ello, como Cámara de Comercio hemos elevado una consulta institucional a la SUNAT exigiéndole que se pronuncie al respecto, ya que si ellos nos dicen que no es el comprobante idóneo la liquidación de compra, pues que regulen con cual debemos trabajar. No pueden decirnos simplemente no.

¿Y ese es un planteamiento que están haciendo solo los agroexportadores de Lambayeque?

El 2 de mayo estuve en Lima y sostuve una reunión con la Gerencia de Dictámenes Jurídicos que está a cargo de la evaluación de nuestra consulta y de emitir una opinión legal al respecto. Las personas que me atendieron se sintieron asombradas porque recién tomaban conocimiento de lo que está pasando. Nos llama la atención que esto lo dé a conocer Lambayeque y no haya habido ninguna comunicación a nivel nacional, pero me dijeron que si está sucediendo en Lambayeque, debe estar ocurriendo también en todo el Perú.

Las personas con las que estuve reunida me encargaron que  tratara de buscar un vínculo con todas las cámaras de comercio y empresarios a nivel del país para recoger la problemática y hacer llegar la voz de diferentes gremios.

Por esta razón es que me he reunido con la Asociación Regional de Exportadores - AREX y  ellos también tienen la misma problemática, pero no saben cómo sustentarla, entonces la parte técnica la estoy viendo yo. He asistido también a la reunión con presidenta de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas - CONFIEP, porque en Lima y el resto del país debe suceder lo mismo.

En el sector agroexportador no todas las empresas asentadas en Lambayeque tributan aquí. ¿Cuántas lo hacen en Lima?

Lambayeque es un departamento muy rico en producción, pero no en tributación, porque la mayoría de empresas son contribuyentes de Lima. Alrededor de un 80 % se va a Lima, realidad  que no pasa con Ica ni con La Libertad.

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