El fin de semana pasado la mayoría de organizaciones políticas realizó sus elecciones internas para definir a los candidatos que competirán en el proceso electoral para completar el período congresal. De los 24 partidos formalmente inscritos en el Registro de Organizaciones Políticas – ROP, por lo menos 15 han oficializado su participación en la contienda plebiscitaria.
Según el cronograma electoral dispuesto por el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, las agrupaciones tienen hasta el 18 de noviembre para presentar su lista oficial de candidatos, pues el 3 de diciembre es la fecha límite en la que el órgano electoral publicará las listas admitidas, a fin de que los ciudadanos presenten sus tachas hasta el 27 del mismo mes.
VIEJOS CONOCIDOS
Por el lado de Acción Popular, la lista quedó conformada por el exregidor de Lambayeque Rolando Campos Villalobos; el exalcalde de Reque, David Chirinos Hurtado; Lidia Castillo Cumpa, Blanca Paredes Guevara y Juan Carlos Granados Barreto.
En el Partido Aprista Peruano la lista la lidera el excandidato a la alcaldía de Lambayeque Armando Rivas Guevara; la excandidata a la alcaldía de Ferreñafe Sisi Silva Granados; Juan Carlos Torres Padilla, Segundo Dávila Alarcón y Juana Conde Chero.
En Juntos Por el Perú encabeza la fórmula congresal el excandidato al gobierno regional de Lambayeque Marco Cardoso Montoya; la representante de Nuevo Perú Natalia Arbildo Pérez; Ernesto Zunini Yerrén; el excandidato a regidor provincial de Chiclayo Gabriel Quispe Gómez; y la excandidata a la alcaldía de Chiclayo Janet Cubas Carranza.
En tanto, Alianza Para el Progreso lleva como cabeza de lista al exgobernador regional de Lambayeque Humberto Acuña Peralta; a los exgerentes de su administración Ana Lucía Ravines Merino y Julio Vásquez Peralta; a Irma Chanamé Morales; y al exalcalde de Chiclayo Guillermo Segura Díaz.
Por otro lado, la lista del Partido Popular Cristiano la encabeza el excandidato al gobierno regional de Lambayeque Norbil Vega Orozco; la de Fuerza Popular Paul Arrunátegui Ramírez; y la de Somos Perú Antonio Uriarte Gonzales.
Al cierre de esta edición el Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP, el Partido Nacionalista, Contigo, Perú Nación, Perú Patria Segura, Renacimiento Unido Nacional, Restauración Nacional, Todos Por el Perú y Vamos Perú no confirmaban aún su participación.
ACCIÓN POPULAR
ALIANZA PARA EL PROGRESO
PODEMOS POR EL PROGRESO DEL PERÚ
FRENTE AMPLIO
DEMOCRACIA DIRECTA
AVANZA PAÍS
SOMOS PERÚ
JUNTOS POR EL PERÚ
PARTIDO POPULAR CRISTIANO
PARTIDO MORADO
PERÚ LIBRE
PARTIDO APRISTA PERUANO
SOLIDARIDAD NACIONAL
* Al cierre de esta edición, el candidato descartó postular en su cuenta de Facebook.
UNIÓN POR EL PERÚ
FUERZA POPULAR
El 31 de diciembre de este año se culminará el plazo para que las universidades alcancen el licenciamiento que debe otorgar la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, meta que la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo - UNPRG, espera lograr. Sin embargo, a ese problema se suma el concerniente al petitorio de demandas que mantiene el Sindicato Único de Trabajadores Administrativos de la casa de estudios superiores, el cual anuncia medidas de protesta desde el próximo 12 de noviembre.
Al respecto, el secretario general del sindicato, Arturo Reaño Tapia, señala que en la universidad laboran 749 trabajadores administrativos, de los cuales 630 son nombrados y el resto contratados de forma permanente. Además, hay en promedio 150 trabajadores bajo el régimen de Contratos Administrativos de Servicios – CAS.
SUELDOS
Reaño Tapia señala que un trabajador CAS en la universidad gana como sueldo lo equivalente a la Remuneración Mínimo Vital – RMV (930 soles), monto que con los descuentos por ley se reduce a 714 soles.
“Dentro de nuestro petitorio está el referido a la estabilidad de los trabajadores CAS, que es el personal laboral más frágil de la universidad. Lo que hemos logrado, a través de los pactos colectivos que hemos suscrito, es que se les renueve anualmente los contratos”, sostiene.
En tanto, refiere que desde hace 25 años el Gobierno Central no les aumenta el sueldo a los trabajadores nombrados, toda vez que el servidor con el sueldo más alto percibe mil 250 soles, los cuales con los descuentos del Sistema Nacional de Pensiones y de la Seguridad Social terminan disminuyendo a poco más de 900 soles.
“Hace poco logramos, con el concurso de las autoridades, nombrar a 219 trabajadores producto de un acuerdo colectivo a nivel nacional y que, en el caso de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, recién se materializó la semana pasada”, revela.
BENEFICIOS
Fruto también de los pactos colectivos, Reaño Tapia señala que los trabajadores reciben algunos beneficios de orden económico, tales como tres vales de consumo al año por un total de 850 soles y un saco de arroz anual.
Además, menciona que reciben un sueldo mínimo vital adicional el 21 de julio de cada año por el Día del Trabajador Universitario y el pago por concepto de exámenes de admisión en virtud del cual un trabajador nombrado recibe 450 soles y un CAS 300.
“Nosotros tenemos una política de pactos colectivos que vienen desde 1995, los cuales suscribimos cada año y nos ayudan a paliar un poco la difícil situación económica en la que nos encontramos. Desde entonces, han pasado un promedio de ocho o 10 rectores”, manifiesta.
Afirma que la actual gestión está cumpliendo de forma parcial con los pactos colectivos, teniendo limitaciones en aspectos como la entrega del uniforme institucional que es uno al año y los pagos navideños.
“La relación con la actual administración durante los primeros dos años no fue tan armoniosa, hubo una política errónea de no entender los pactos colectivos y se generó una guerra innecesaria por parte de la gestión, cuya puntería no debió estar dirigida a nosotros, sino al gobierno central, que no ha ayudado prácticamente en nada con el presupuesto para lograr el licenciamiento. Estamos seguros que con el diálogo la situación mejorará, porque para nosotros también es de capital importancia que se logre el licenciamiento, pues de no ser así el cierre de la universidad generaría no solo caos académico, sino también social por su afectación a los trabajadores”, sostiene.
En esa línea, manifiesta su preocupación por el cierre de 14 maestrías y 23 programas de licenciamiento, pues señala que la universidad dejará de percibir una onerosa suma de dinero.
“Le preguntaría a la ministra de Economía y Finanzas quién va a resolver el vacío que dejan los millones de soles que ya no recibirá la universidad a consecuencia del cierre de los programas por el licenciamiento. El gran pedido que siempre hacemos a nivel nacional, a través de nuestras federaciones, es que debe reiterársele la inyección de presupuesto público a las universidades, tal como era hace más de 25 años, cuando casi el 99 % de los recursos de la universidad eran estatales y solo un 1 % propio. Bajo esa modalidad, el ingeniero Francisco Cardoso Romero, cuando fue rector en los 90, construyó casi el 80 % de la infraestructura que tiene la Pedro Ruiz Gallo ahora”, asegura.
Asimismo, señala que hay un promedio de 120 trabajadores que mantienen procesos judiciales en curso para solicitar su incorporación a la Planilla Única de Pago del Sector, siendo mayormente aquellos que tuvieron Contratos de Servicios No Personales durante el régimen de Alberto Fujimori y que luego, en el 2008, a través del Decreto Legislativo Nº 1057, se convirtieron en CAS. Apunta que el Poder Judicial está admitiendo sus demandas e incorporándolos a planilla.
RÉGIMEN SERVIR
Por otro lado, Reaño Tapia manifiesta que existe rechazo de todos los sindicatos estatales a nivel nacional contra la Ley Nº 30057 – Ley del Servicio Civil, de la cual tienen conocimiento desde el 2013 en que la promulgó el gobierno de Ollanta Humala Tasso.
Afirma que una de las múltiples razones por las que se oponen es que elimina toda posibilidad de que un trabajador pueda adquirir estabilidad laboral, tal como considera que la tienen ahora bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276.
“Con el Régimen 276 los trabajadores adquirimos estabilidad relativa cuando pasamos a planilla y absoluta cuando somos nombramos, de esa forma tenemos proyectada y asegurada la vida, no solamente de quienes trabajamos en la universidad, sino de nuestras familias”, menciona.
Señala como otro motivo el que el Régimen Servir niega todo proceso de negociación colectiva para aspectos de orden económico, como puede ser un incremento remunerativo, permitiendo solamente las negociaciones de tipo laboral. “Lo único que podemos negociar es tener una buena oficina, infraestructura, que los trabajadores tengan guantes, escobas, pero nada para paliar la difícil situación económica que vivimos”, sostiene.
PROTESTA
En esa línea, anuncia que el 12 de noviembre todas las centrales estatales, convocadas por la Central General de Trabajadores del Perú – CGTP, paralizarán a nivel nacional demandando el aumento de sueldos y pensiones, prórroga para el nombramiento de trabajadores contratados, la defensa de la negociación colectiva, la derogatoria del Régimen Servir, etc.
Además, señala que exigirán la derogatoria de los decretos que consideran lesivos contra los temas de orden laboral, tales el Decreto Supremo Nº 345 y el Nº 216, emitido recientemente por el Poder Ejecutivo y que recortaría las remuneraciones de los trabajadores que están bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276.
“Quedó un proyecto de ley pendiente en el Congreso que ya había sido aprobado en comisión respecto a la derogatoria de la Ley del Servicio Civil, ojalá el próximo Parlamento lo retome y si es en una Asamblea Constituyente mucho mejor, porque esta Constitución no ha servido de nada para el desarrollo del país en materia económica y social”, afirma.
A través del Informe de Auditoría Nº 2100-2019-CG/GRLA-AC – ‘Proceso de contratación para la ejecución e inspección de la obra: afirmado camino carrozable caserío Quiricima – Yuractucto – Saucepampa – San Gregorio – Pamaca – Lutopampa – Mitobamba, distrito de Cañaris – Ferreñafe – Lambayeque’, la Gerencia Regional de Control de Lambayeque detectó irregularidades en la designación de los miembros del comité de selección, quienes otorgaron la buena pro al Consorcio R&M, el cual no habría cumplido con lo establecido en las bases integradas del procedimiento de selección.
Según se desprende del informe, el Contrato de Ejecución de Obra Nº 195-2018-MDK/ABA, fue suscrito el 22 de octubre del 2018 entre la Municipalidad Distrital de Cañaris y el Consorcio R&M por un total de dos millones 724 mil 901 soles.
DESIGNACIÓN IRREGULAR
Según señala el informe, el titular de la municipalidad de Cañaris, José Gaspar Lucero, mediante la Resolución de Alcaldía Nº 244-2018-MDK/A, del 14 de agosto del 2018, designó a Tito Ríos Azañedo, Cristhian Aquino Más y Jorge Ugaz Moreno, como miembros titulares del Comité de Selección para la Licitación Pública Nº 01-2018-MDK/CS, cuyo expediente de contratación fue aprobado por un valor referencial de dos millones 724 mil 901 soles.
De lo expuesto en la Carta Nº 02-2019-TLRA, del 31 de mayo de este año, dirigida por Tito Ríos Azañedo, la Contraloría observó que el funcionario en mención tiene la profesión de abogado, por lo que tratándose el objeto de contratación la ejecución de una obra de afirmado de un camino carrozable, Río Azañedo no tenía conocimiento técnico de la misma.
Asimismo, la Contraloría detectó que Jorge Ugaz Moreno, mediante la modalidad de Contrato por Locación de Servicios Personales, había servido como contador externo a la municipalidad, por lo que su profesión tampoco estaría ligada al conocimiento técnico del objeto de contratación.
“Se advierte que el señor José Gaspar Lucero, titular de la entidad… designó a los miembros titulares del comité a cargo del procedimiento de selección, quedando integrado el mismo por tres miembros, de los cuales ninguno perteneció al órgano encargado de las contrataciones de la entidad y solamente uno de ellos tuvo conocimiento en el objeto de contratación”, se lee.
BUENA PRO
Según consta en el Acta de Recepción de Propuestas y Verificación de la Documentación de Prestación Obligatoria, del 18 de septiembre del 2018, el Comité de Selección admitió las propuestas del Consorcio Ingeniería Vial, el Consorcio Kañaris, el Consorcio Progreso y el Consorcio R&M, siendo esta última a la que se le adjudicó la buena pro.
Señala el informe que las bases integradas establecían como requisito de calificación para el ingeniero especialista en Seguridad, Higiene y Salud Ocupacional, un mínimo de tres años de experiencia en obras afines. Sin embargo, pese a que el Consorcio R&M postuló a un profesional con poco más de dos años y medio de experiencia, el comité le otorgó la buena pro.
“La situación descrita ha sido ocasionada por el accionar del titular de la Entidad por haber designado a los miembros titulares del comité de selección sin cumplir los requisitos de la norma, así como por el accionar de los miembros del comité de selección, al haber aplicado un criterio diferente en la calificación de las propuestas, otorgando la buena pro al postor que no le correspondía”, se aprecia.
PAGOS
Asimismo, el informe señala que la municipalidad pagó a la contratista dos millones 724 mil 901 soles, lo cual corresponde al total del monto contractual, pese a que no se ejecutaron metrados por un monto de un millón 579 mil 514.07 soles y los trabajados ejecutados por un millón 145 mil 986.93 no cumplieron con las especificaciones del expediente técnico ni el Manual de Carreteras EG-2013.
Además, observó que el órgano encargado de las contrataciones cuenta en sus archivos con expedientes incompletos, además de no ofrecer la seguridad para la preservación de dicha documentación.
Del mismo modo, alertó del ambiente inadecuado al que ha sido asignado el archivo de los documentos de la entidad, cuya oficina de enlace se encuentra en la Avenida Chiclayo Nº 1415, Villa Hermosa, en José Leonardo Ortiz.
Utilizando una definición genérica, los representantes del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, sostienen que la demolición de las casas de material noble, destinadas para los damnificados de El Niño Costero en el distrito de Mórrope, se debe a que presentaron “deficiencias”. Sin señalar quiénes asumirán la responsabilidad correspondiente, el ministro Rodolfo Yañez Wendorff, aseveró, en su reciente a visita a Chiclayo, que lo importante es que “ya se estaban reparando”.
En la Edición 1134, Expresión dio cuenta de lo que sucede en el centro poblado El Romero y el caserío La Ollería, donde la empresa Constructora Figari & Sam S.A.C., hoy Inmobiliaria Sam & Asociados S.A.C., con Registro Único de Contribuyente – RUC N° 20600937112, ganó el sorteo para convertirse en entidad técnica (mayo del año pasado), adjudicándose la construcción de cien módulos de vivienda para los damnificados, obras financiadas con recursos del Bono Habitacional Familiar.
Sin embargo, pese a que algunos de los módulos levantados en jurisdicción de Mórrope ya eran ocupados por las familias beneficiadas, la constructora dispuso su demolición, al corroborarse que se había utilizado en las edificaciones un tipo de cemento no óptimo para estructuras, lo que genera altos niveles de vulnerabilidad.
A ello se suma que como los bonos fueron aplicados bajo la condición de terreno o espacio propio, se han construido viviendas de material noble, en el marco de la reconstrucción, en áreas de alto riesgo; es decir, zonas que entre enero y abril del 2017 se vieron afectadas por desbordes e inundaciones, no habiéndose paliado en absoluto el peligro que corren las familias de presentarse una eventualidad similar a la de El Niño Costero.
EN “REPARACIÓN”
Yañez Wendorff, quien llegó a Chiclayo para entregar casas construidas por el Programa Techo Propio y otras correspondientes a la Reconstrucción con Cambios, sostuvo una reunión con el gobernador regional y los alcaldes provinciales y distritales, quienes expusieron su preocupación por los retrasos que se presentan en los proyectos que debe ejecutar el sector Vivienda.
“Tengo entendido que hay unos módulos que fueron mal construidos, se están reparando y se está tomando la acción adecuada. Algunos se están demoliendo, otros se están reparando. Se están tomando las acciones adecuadas para solucionar ese problema”, señaló el ministro.
¿LA RAZÓN?
Carlos Guanilo Ramírez, coordinador del Ministerio de Vivienda en Lambayeque, negó que las casas hayan sido mal construidas e incluso que estas hayan sido ocupadas por los damnificados. Empero, la realidad es otra.
“Esos módulos se están reparando actualmente, digamos que se están solucionando los inconvenientes que se han tenido y están en proceso”, dijo el funcionario.
Consultado sobre la razón técnica por la que se ha procedido a la demolición de los módulos de vivienda, Guanilo Ramírez señaló: “Todo proceso constructivo tiene algunos inconvenientes que se presentan en su momento. Lo principal es superarlo. No estamos hablando de mala calidad de los materiales. Los materiales son adecuados, es un tema de proceso constructivo que se está corrigiendo actualmente. Inconvenientes en proceso constructivo. No están mal hechos. En todo proceso constructivo hay situaciones que se detectan y se están corrigiendo”, justificó.
El representante del Ministerio de Vivienda en Lambayeque negó que los módulos hayan sido ocupados por las familias beneficiarias. Sin embargo, conforme lo corroboró Expresión, en los caseríos El Romero y La Ollería, de Mórrope, algunas familias tuvieron que retornar a los módulos provisionales luego de haber trasladado sus pertenencias a las viviendas que supuestamente eran las definitivas, esto porque dichas construcciones han sido demolidas.
“No estaban ocupadas, son proyectos que todavía estaban en proceso de ejecución”, manifestó.
DRENAJE PLUVIAL
Respecto al drenaje pluvial para Chiclayo, José Leonardo Ortiz y La Victoria, obra considerada en el Plan de Reconstrucción de Lambayeque y cuya unidad ejecutora es el Ministerio de Vivienda, Yañez Wendorff refirió que se buscará adelantar el cronograma, toda vez que la formulación del expediente técnico está prevista para el segundo semestre del próximo año, tres años y medio después de ocurrido El Niño Costero.
“La planificación se termina ahora, en el mes de noviembre, y a partir de diciembre se hacen las observaciones y el estudio de pre inversión. Yo entiendo la molestia y también me he comprometido con el gobernador de tratar de acelerar estos trabajos, porque está previsto que para julio del próximo año empiece la elaboración del expediente técnico. Vamos a tratar de acelerar los trabajos para que el expediente se haga lo más pronto posible y se puedan ejecutar las obras. Ahora, esa también es una obra muy grande, que requiere un presupuesto muy alto, y será ejecutada por etapas. Eso hay que planificarlo”, precisó.
A nivel nacional solo tres colegios militares han iniciado el proceso de acreditación para garantizar servicios educativos de calidad. De estos, el único en el norte es el Elías Aguirre de Chiclayo, que este mes celebra 58 años de vida institucional, formando a caballeros y damas cadetes con alto sentido del civismo, disciplina, responsabilidad y voluntad de superación.
Bajo la dirección del coronel Vicente Palacios Nevados, el Colegio Militar Elías Aguirre emprendió a inicios de este año el proceso de acreditación con la certificadora Sistema de Gestión de Calidad Educativa – SGCE, cuyo estándar apunta a ubicar a la institución entre las mejores del país en el nivel básico regular.
“Este año el colegio inició el proceso de acreditación y este es un hecho de mucha relevancia, porque con ello los padres de familia se han comprometido más. Eso nos está permitiendo avanzar en la obtención de los cinco objetivos estratégicos, articulados y optimizados con la visión y misión”, menciona el director.
OBJETIVOS Y AVANCES
Palacios Nevado refiere en los 58 años de vida académica, el Colegio Militar Elías Aguirre ha centrado como su principal preocupación al aspecto educativo de calidad e integral a favor de los cadetes, en el afán de hacer de ellos ciudadanos de bien para el país.
“Hemos avanzado en muchos aspectos, en gestión institucional, en gestión administrativa, en la formación del cadete, en la relación con nuestros grupos de interés, con los padres de familia, con la Asociación de Excadetes, con los mismos cadetes, con el personal administrativo y docente, con la finalidad de satisfacer sus necesidades y, por último, con la colectividad. Para nosotros es muy importante establecer diferentes tipos de alianza para conseguir nuestros cinco objetivos estratégicos”, señala.
Dichos objetivos están referidos a permanencia del educando en el sistema que ofrece la institución, formación académica y gestión institucional.
Dado que el colegio en la actualidad dispone de nueva infraestructura y mayor equipamiento, la población de estudiantes ha crecido, bordeando casi los 500 cadetes. Antes, el alumnado era de 350, en promedio.
“El número de cadetes, tanto hombres como mujeres, ha crecido. La gestión institucional, cuando nosotros llegamos, no tenía un norte definido a seguir. La visión, la misión y los objetivos estratégicos no estaban actualizados. Para nosotros, al renovarlos, se ha logrado que todos nuestros grupos de interés los visualicen y hagan suyos los objetivos. Queremos consolidarlos”, afirma.
MEJORES PROCESOS
El director del colegio destaca entre los avances institucionales a la transición hacia una gestión por procesos, tanto a nivel administrativo, académico como de evaluación. También en lo referido a la formación militar.
“En gestión administrativa también estamos avanzando, porque aspiramos un mejor manejo, con mayor transparencia en la administración de los recursos, que son un poco limitados, porque el presupuesto del colegio militar es el mismo de hace diez años, pese a que nuestra población estudiantil ha crecido. Sí debo agradecer al Gobierno Regional de Lambayeque, en la persona del gobernador Anselmo Lozano, por ayudarnos a satisfacer las necesidades del colegio. Tenemos varios requerimientos y poco a poco nos están dando la mano”, refiere.
Palacios Nevado comenta que entre las tareas a desarrollar de cara a esta nueva visión que se tiene de la gestión institucional en el Colegio Elías Aguirre estaba lograr la armonía entre la formación militar y la formación académica, a fin que ambas vayan a la par sin dejar de lado la correcta convivencia entre los integrantes de la comunidad educativa.
“A nivel nacional son tres los colegios militares que se están acreditando: el Leoncio Prado de Lima, el Francisco Bolognesi de Arequipa y el Elías Aguirre de Chiclayo. En nuestro caso, la cultura organizacional es vital para la consecución de nuestros objetivos. Estamos recibiendo capacitación para unirnos y mejorar. En estas capacitaciones participan el personal administrativo, docente y militar. Todos, en equipo, debemos trabajar por los objetivos. ¿Qué se ha hecho con el personal militar? Aquí trabajan oficiales, técnicos y suboficiales hombres y mujeres y a todos se les ha brindado talleres de liderazgo, de gestión por procesos y de psicología, con la finalidad de mejorar la interacción con nuestros cadetes”, expone.
EQUIPAMIENTO
Otro logro de la institución es que en el presente año se ha mejorado considerablemente el equipamiento tecnológico. Hace un mes el colegio recibió la visita del Inspector General del Ejército del Perú, general Próspero Díaz Arrué, ex cadete aguirreño, quien inauguró 17 aulas implementadas con proyectores multimedia de última generación y equipos de amplificación.
Asimismo se implementó el Laboratorio de Química, que ahora cuenta con sistema de gas, pizarras inteligentes e interactivas, mobiliario nuevo y sistema de amplificación.
“Este equipamiento no forma parte del proyecto de modernización que financió el gobierno regional, esto lo hemos adquirido con nuestro presupuesto institucional, con los recursos directamente recaudados y con los aportes que generosamente realizan los excadetes. La asociación es un nexo muy importante para nosotros”, resalta.
LOGROS PARA DESTACAR
El director señala que propósito del colegio es promover en sus cadetes el aprendizaje científico, humanístico y militar de calidad, con la finalidad de contribuir al desarrollo de Lambayeque y del país.
En lo que va del 2019, cadetes del Colegio Militar Elías Aguirre han ganado el Concurso Macroregional de Química, obtuvieron premios en el Encuentro de Lenguas, ganaron el campeonato de Taekwondo realizado en Cajamarca y el segundo puesto en el Taller de Investigación organizado por la Gerencia Regional de Educación.
“Estamos acercándonos cada vez más a la población. Con nuestra banda de músicos visitamos distritos como Pimentel, Chiclayo y otros lugares. Para nosotros la formación académica y cívica es muy importante. El simple hecho que nosotros nos sintamos comprometidos y hayamos tomado la acertada decisión de acreditarnos como institución educativa, asumimos muchos aspectos que debemos mejorar. Nuestra principal fortaleza es la infraestructura nueva que tenemos y debemos aprovecharla para el desarrolla de todas las actividades de los estudiantes”, refiere.
Finalmente, Palacios Nevado resalta que en 58 años de vida institucional, el Colegio Militar Elías Aguirre se ha caracterizado por ofrecer formación con valores.
“Garantizamos una educación y formación espiritual basada en valores, en el respeto que debemos tener a nuestros padres, a nuestros profesores, a nuestros instructores, a nuestros estudiantes y, por supuesto, a nuestra comunidad. Somos un colegio referente en la región norte y el país entre todas las instituciones públicas militares. La acreditación será muy importante para apuntalar este prestigio. Dios mediante, en marzo del próximo año recibiremos la certificación”, indica.
En menos de 60 días se cumple el plazo para que la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, concluya el proceso de licenciamiento. Sin embargo, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, que inició dichas gestiones en el 2017, aún no concluye la primera de las tres etapas previstas en el cronograma. Con sobredosis de optimismo, las autoridades, encabezadas por el rector Jorge Oliva Núñez, aseguran que llegarán a diciembre próximo con el licenciamiento institucional.
Actualmente, la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo se encuentra en la primera etapa para aspirar al licenciamiento, denominada “Revisión documentaria”. Esta consistente en que la casa superior debe contar con documentación que sustente la existencia de planes de estudio que sintonicen con los títulos que otorga, que su oferta educativa está acorde con los planes de desarrollo del departamento, que posee infraestructura y equipamiento adecuado, que tiene docentes calificados, que desarrolla actividades de investigación para la creación de conocimiento, que ofrece servicios complementarios básicos (deportivos, de salud, sociales, culturales, etc), que mantiene una bolsa de trabajo activa, y que su información es transparente y accesible.
“En el año 2017 presentamos la solicitud del licenciamiento, se está, naturalmente, en la fase uno, en la documentación necesaria de presentar ante la SUNEDU, lo cual, se ha llegado hasta con tres entregas desde esa fecha hasta la actualidad. La SUNEDU tiene como plazo final para licenciar a las universidades públicas y privadas hasta fines de diciembre de este año. Por lo tanto, en ese transcurso está llegando a las universidades que faltan como es nuestro caso. Ha llegado una comisión de la SUNEDU últimamente. La semana pasada hemos tenido la presencia de esta comisión de licenciamiento con una diligencia aprobatoria de la documentación”, explicó el lunes en conferencia de prensa el rector de la Pedro Ruiz Gallo.
Oliva Núñez precisó que la reciente visita de los inspectores de la superintendencia ha sido la más minuciosa hasta el momento, pues recorrieron facultades, laboratorios y demás recintos de la casa superior. También han entrevistado al personal y levantado información detallada.
“Pidieron también mucha información por recabar y nos dieron un plazo que era hoy (lunes 4 de noviembre) para enviar la información. En la universidad, por la emergencia de la información, se creyó conveniente que el jueves 31 laboraran todos los trabajadores, tanto docentes y administrativos”, añadió la autoridad, detallando que son en total 52 indicadores sobre los que SUNEDU ha requerido mayor documentación.
A la UNPRG se le han observado los protocolos de seguridad, que deben cumplirse en aulas y laboratorios y, desde luego, el vigencia de una serie de programas y maestrías que pese a no reunir los estándares mínimos de calidad académica han sido ofertados por la universidad.
CIERRE DE MAESTRÍAS Y PROGRAMAS
Esto último motivó a que el 31 de octubre el Consejo Universitario arribe a dos acuerdos y se emitan las respectivas resoluciones. Con la Resolución N° 397-2019-CU, se aprobó desistir de diversos programas que ofrece la Facultad de Ciencias Histórico Sociales y Educación – FACHSE.
Con ello se resolvió el cierre del Programa de Licenciatura en Educación Modalidad Mixta – LEMM, que incluye los programas de especialidad Educación Inicial; Educación Primaria; Ciencias Naturales; Ciencias Histórico Sociales y Filosofía; Lengua y Literatura; Idiomas Extranjeros; Matemáticas y Computación, y Educación Física.
Asimismo, el cierre del Programa de Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Modalidad Mixta – LICCOM, y las segundas especialidades en Gestión Educativa; Didáctica del Idioma Inglés; Psicopedagogía: Asesoría y Tutoría; Psicopedagogía: Problemas de Aprendizaje; Didáctica de la Educación Física; Didáctica de la Educación Inicial; Didáctica de la Educación Primaria; Educación Para el Trabajo: Industria del Vestido; Educación Para el Trabajo: Cosmetología; Tecnología e Informática Educativa; Gestión y Diseño del E-Learning; Psicología Forense, Criminal y Penitenciaria; Educación Para el Trabajo y Desarrollo Tecnológico y Gestión de E-Lerning y Docencia Virtual.
Asimismo, con la Resolución N° 398-2019-CU, el Consejo Universitario resolvió cerrar las siguientes maestrías: en Administración de Empresas con Mención en Finanzas; en Ciencias con Mención en Bioenergía y Biotecnología Agroindustrial; en Ciencias con Mención en Docencia Superior e Investigación Educativa; en Ciencias con Mención en Gestión Universitaria; en Ciencias con Mención en Recursos Humanos; en Ciencias de la Educación con Mención en Comunicación Integral; en Ciencias de la Educación con Mención en Estimulación Temprana y Educación Inicial; en Ciencias de la Educación con Mención en Gestión Universitaria; en Ciencias de la Educación con Mención en Tecnologías de la Información y la Comunicación e Información Educativa; en Ciencias Sociales con Mención en Género y Desarrollo; en Ciencias Sociales con Mención en Género, Sexualidad y Democracia; en Ciencias Sociales con Mención en Sociología de la Infancia y las Generaciones y en Neurociencias en Educación.
También se declaró el cierre del Programa de Complementación Académica Docente – PCAD, y el Programa de Complementación Pedagógica Universitario – PCPU.
“Como verán, es una de las medidas que hemos llegado, medidas extremas en el sentido que nos exigen condiciones básicas de calidad y tenemos que cumplirlas, así como fue el cierre de la Filial Cutervo. Muchas universidades públicas han tenido que desistirse de programas que no reunían condiciones básicas de calidad y es por eso que la UNPRG no puede ser la excepción y esa es una de las observaciones que nos habían hecho y creemos que estamos cumpliendo”, afirmó el rector.
PASOS QUE FALTAN
De acuerdo al esquema de licenciamiento con el que SUNEDU evalúa a las universidades públicas y privadas del país, concluida la etapa de “Revisión Documentaria” se procede a la de “Verificación Presencial”.
Esta consiste en la certificación del cumplimiento de las condiciones que en la primera etapa la universidad ha informado al ente rector. Si en la verificación presencial se corrobora que, en efecto, la casa universitaria ofrece servicios óptimos para la formación de sus profesionales, SUNEDU procede a emitir la resolución que otorga o niega la licencia institucional.
De no recibir el licenciamiento, la universidad deberá acogerse al Plan de Emergencia que ha aprobado el Ministerio de Educación, con el cual las universidades públicas no licenciadas ingresan a un proceso de adecuación y mejora a fin de optar, por segunda vez, a la evaluación de SUNEDU. Empero, los exámenes de admisión quedan suspendidos.
SIN RECURSOS
En febrero pasado, Expresión entrevistó (Edición 1102) a la directora de la Oficina General de Calidad de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo – UNPRG, María Rosa Vásquez Pérez, quien aseguró que el año pasado la casa superior había invertido más de 61 millones de soles en el mejoramiento de infraestructura y equipamiento, y que para este año se había conseguido 20 millones más para elevar los estándares de calidad.
Sin embargo, ahora la funcionaria señala que lo que ella dijo (pese a que está grabado lo declarado en febrero), es que la universidad necesitaría de más o menos 80 millones de soles para financiar las mejoras que urgen. Vásquez Pérez sostuvo el lunes de esta semana que la universidad no ha recibido recursos para licenciarse.
“No hemos recibido. El rector, como el director de Administración Universitaria, ha estado yendo constantemente al Ministerio de Economía y Finanzas explicando las grandes necesidades para que nos otorguen los recursos para levantar las observaciones que tenemos, las que no son de esta gestión, ni siquiera de la gestión anterior, sino que se han venido arrastrando hace tiempo”, justificó Vásquez Pérez.
La jefa de la Oficina de Calidad fue secundada por el director de Administración, José Carranza García, quien señaló que la casa de estudios no ha sido beneficiada con partidas extraordinarias.
“La UNPRG, para el proceso de licenciamiento, no ha recibido ni un sol. Lo que sí, es que producto de gestiones que se han realizado a través del Ministerio de Economía se han logrado algunos recursos para el equipamiento, pero, estos recursos no superaban los cinco millones en total, para algunos equipamientos de laboratorio. Esto lo hemos tenido que aprovechar al máximo”, argumentó.
El 27 de septiembre del año pasado, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que tiene condición de unidad ejecutora, convocó, a través del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, la adjudicación simplificada para el servicio de “Acondicionamiento de ambiente para comedor con estructura metálica, cobertura liviana drywall”, para su edificio principal ubicado en el Centro Cívico de Chiclayo. El valor referencial del procedimiento se fijó en 75 mil 953.14 soles.
La integración de las bases se realizó el 12 de octubre y el 18 de ese mes la presentación de ofertas. Los actos administrativos del procedimiento se realizaron en el edificio antiguo de la corte, ubicado en la calle San José.
El valor referencial fue establecido en función de la cotización comercial realizada para efectos de la contratación en septiembre del año pasado, siendo el expediente de contratación aprobado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, el 26 de septiembre. La fuente de financiamiento de la que se tomó el dinero para los trabajos fue la de recursos ordinarios de la entidad.
El procedimiento se realizó bajo el sistema de suma alzada, debiendo – de acuerdo a las bases integradas, el ganador del mismo ejecutar los trabajos de construcción del comedor, con estructura metálica, cobertura liviana y muros de drywall, en un plazo de 45 días calendarios.
LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA
Como se ha explicado, el comedor fue construido en la azotea del edificio principal de la Corte de Lambayeque teniendo como único acceso las escaleras metálicas reservadas como ruta de escape en casos de emergencia.
Según los Términos de Referencia contenidos en las bases del proceso, el contratista – como trabajos preliminares a la construcción del comedor – debía demolerá el parapeto de concreto de 1.20 metros (puerta de ingreso a la azotea) y desmontar una estructura metálica existente, cuyo material se rehusaría.
La estructura metálica estaría conformada por columnas tubo, vigas metálicas y cobertura; se instalaron canaletas de PVC, una puerta metálica en el ingreso; para los muros se utilizaron planchas de drywall, para los pisos porcelanato, se adecuaron servicios higiénicos, instalaciones eléctricas, se acondicionó un hall de ingreso y una cobertura de policarbonato para cubrir la escalera de acceso.
La conformidad del servicio – dicen los Términos de Referencia – sería entregada por el Área de Infraestructura de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, que debía realizar todas las coordinaciones con la Oficina de Infraestructura.
JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
En el portal del SEACE obran los documentos del procedimiento de contratación, entre los que se encuentra la justificación técnica del servicio.
Para dicha justificación – se lee – “se procedió a realizar el correspondiente Análisis Estructural de la Edificación a fin de determinar la condición estructural en la que se encuentra la edificación de la Nueva Sede – CSJLA, así como el comportamiento estructural con la adecuación del ambiente de comedor en la azotea del local antes mencionado y considerando las conclusiones y recomendaciones del estudio de Análisis Estructural se señala que la losa de la azotea presenta un margen considerable de uso debido a que fue diseñada con una sobrecarga de 200 kg/cm2. Asimismo, como acción favorable para la presente adecuación se está retirando la sobrecarga existente que comprende la cobertura de ladrillo pastelero y su correspondiente mortero que permitió su colocación. Cabe señalar que se está considerando una estructura metálica con cobertura liviana y divisiones mínimas en drywall”.
Los Términos de Referencia fueron aprobados en julio del año pasado.
EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN
A la convocatoria se presentaron 14 postores, asumiendo la evaluación el responsable coordinador de Logística, contador José Cabanillas Capristán, encargado de las contrataciones. De las 14 propuestas, la de Instalaciones Mecánicas Especiales SRL no fue admitida, corriendo en la evaluación las presentadas por los 13 ofertantes que calificaron.
Así, el 3 de octubre del 2018, el coordinador de Logística, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección – Adjudicación Simplificada N° 04-2018-OEC-CSJLA/PJ, para el acondicionamiento del comedor, otorgó la buena pro del procedimiento al Consorcio Edifica, cuya oferta fue de 54 mil 500 soles.
El consorcio estuvo integrado por Acciona Inversiones Generales SRL y Edifica – Edificaciones Capricornio SRL.
EL CONTRATO
El 5 de noviembre del año pasado se emitió la Orden de Servicio N° 00431-2018-S a favor de Acciona Inversiones Generales SRL, con domicilio en el Jirón San Luis MZ B, Lote 3A, San Martín de Porres, Cajamarca, correspondiente a la adjudicación simplificada para el acondicionamiento de ambiente para comedor con estructura metálica, cobertura liviana y muros de drywall, ubicado en la azotea de la sede principal de la Corte de Justicia de Lambayeque.
La orden, ascendente a 54 mil 500 soles tuvo la conformidad del jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la corte, Eli Castillo Medina, y del coordinador de Logística. Con ella se concretó la contratación de los servicios del consorcio para la construcción del ambiente.
OBSERVACIONES
Aun cuando desde fines de enero de este año el comedor de la Corte de Lambayeque está listo, hasta el momento no se le ha dado uso, debido a las observaciones formuladas por Defensa Civil.
Una de las principales observaciones está referida al acceso, debido a que para llegar al comedor debe utilizarse la escalera destinada para casos de emergencia que se encuentra anexa al edificio de la corte, la misma que es de metal y no forma parte de la estructura matriz del edificio.
“La construcción de los comedores institucionales forma parte de convenios colectivos que durante años venimos suscribiendo con el Poder Judicial. Siempre se ha demandado que en las cortes debe haber comedores, cunas – guarderías y lactarios. Lactarios hay, aunque no se usan mucho por parte de las trabajadoras. En cuanto a comedores, tenemos conocimiento que actualmente existe uno en Jaén, que está operativo hace más de cuatro años. Sin embargo, respecto al comedor de la Corte de Lambayeque nunca se nos ha informado”, señala Luis Escajadillo Castillo, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial.
El dirigente refiere que la administración de la corte nunca comunicó al gremio de trabajadores que se construiría un comedor en la azotea del edificio.
“En febrero de este año, de manera circunstancial, me enteré que había un comedor y solicité una inspección de manera informal. En ese momento se me informó que se iba a inaugurar el ambiente. Pude constatar que el lugar era vistoso, moderno, con puertas de vidrio, pero desde ese momento no hemos sabido nada más. Hasta este momento el comedor no funciona. Lo que sabemos es que Defensa Civil ha observado las condiciones en las que se ha construido el comedor, sobre todo por el acceso, debido a que se trata de una escalera que no está equipada para el tránsito permanente de personas, sino para situaciones excepcionales que son de emergencia”, refiere Luis Escajadillo.
EL EDIFICIO
El dirigente refiere que además de los problemas de acceso, existen otras condiciones que ponen en situación de vulnerabilidad la estructura construida en la azotea. Al cableado y la existencia de una antena que permite la conexión del sistema informático que utilizan las oficinas judiciales, próxima al comedor que no se usa, se suma la propia estructura del edificio.
Escajadillo Castillo comenta que se están presentando problemas de aparente inclinación de la estructura, que fue construida en un área donde el nivel freático es muy alto y no presenta las mismas condiciones de asilamiento y evacuación que sí tiene, por ejemplo, el edificio del Ministerio Público, ubicado a pocos metros.
“Puertas y ventanas están descuadradas en todo el edificio, lo que hace suponer que este presenta cierto desnivel y es otro de los aspectos que no se habría considerado al momento de habilitar el comedor en la azotea. Está también la antena de transmisión y los ejercicios de salud y seguridad en el trabajo que se realizan en el techo de la corte, a falta de un espacio adecuado. Somos casi 400 los trabajadores en ese edificio los que accederíamos al comedor. ¿Hay capacidad de aforo? Esa es otra de las interrogantes que nadie ha sabido explicar hasta el momento”, señala.
Cuestiona que el Comité de Salud y Seguridad en el Trabajo de la Corte de Lambayeque no haya emitido ningún pronunciamiento respecto al comedor. Dicho espacio consultivo tiene a la cabeza al presidente de la entidad y a representantes de los trabajadores.
“El problema también radica en que debido a los períodos de ausencia del presidente titular, por razones que son entendibles, quien lo ha reemplazado tampoco ha tomado decisión alguna respecto a ese comedor. La obra se ha hecho con recursos de la institución que son, a la vez, de todos los peruanos y espero que la Oficina de Control Institucional – OCI, tome cartas en el asunto para que se definan las responsabilidades sobre el uso de dinero en un espacio que no se puede ocupar”, enfatiza.
Tras cumplirse 10 meses de haberse iniciado la gestión del alcalde provincial de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, el regidor de oposición Jony Piana Ramírez afirma que la administración del burgomaestre se caracteriza por la poca capacidad para escuchar críticas, incluidas la de sus asesores, toda vez que demuestra una alta dosis de ego.
“No creo que el alcalde sea una persona que esté acostumbrada a escuchar, solo oye a quien le dice lo que él quiere o si se trata de alguna adulación. En muchas de sus declaraciones ha dicho que pretende convertirse en el mejor alcalde de la historia del Perú o que desea hacer de Chiclayo una ciudad como Miraflores. Todo esto forma parte de sus aseveraciones megalómanas. Considero que tiene una alta dosis de egocentrismo y, en ese sentido, creo que uno de sus referentes es Alan García, a cuyo sepelio él acudió buscando la foto”, sostiene.
En esa línea, manifiesta que una de las razones que originan la alta rotación de sus funcionarios se debe a su carácter complicado y lo contradictorio de sus propias declaraciones.
“El alcalde ha hecho unas declaraciones que para mí expresan su estado anímico y mental, así como los sinsabores de su gestión. Él ha dicho que ha debido cambiar a sus funcionarios, mas no que han renunciado, y también que los ha cambiado porque debe mejorar su equipo de trabajo y que aquellos que no estén en la capacidad de ejercer su cargo no se quedarán. En pocas palabras, los ha llamado ineptos e incapaces, pero ¿quién los designa a ellos? Esa es una pregunta que él debería responderla”, sostiene.
Añade que Gasco Arrobas no tiene la capacidad de autocrítica para percibir cómo sus declaraciones “le rebotan en la cara y lo golpean”.
REVOCATORIA
Respecto la intención de los comerciantes informales de emprender un proceso de revocatoria contra Gasco Arrobas, el concejal afirma que si bien la situación de ellos es grave, por sí sola no puede configurar una causal de vacancia, aunque no descarta la opción de apoyar la iniciativa si encuentra más argumentos basados en el interés colectivo de la ciudadanía.
“Lo fundamental es poner orden en Chiclayo, es imposible que tengamos una ciudad sostenible, agradable para vivir y con niveles de convivencia óptimos, donde existe el desorden que es caldo de cultivo para la proliferación de la delincuencia. Ya algunas organizaciones que han planteado la necesidad de entrar a un proceso de revocatoria, pero ello no significa que uno los va a apoyar a ojos cerrados”, asevera.
INACCIÓN E IMPROVISACIÓN
Por otro lado, apunta que Marcos Gasco no puede hablar de la aprobación del Plan Regulador de Rutas si antes no se elabora el Plan de Desarrollo Metropolitano, instrumento que considera fundamental para establecer el camino que conlleve a construir el futuro de la ciudad. Anota que si ambos planes no van de la mano, será imposible solucionar los problemas de ordenamiento de Chiclayo.
“Ternemos un Plan de Desarrollo Urbano que está obsoleto y que no es metropolitano. Ese documento dejó de tener vigencia porque no contempla cómo Chiclayo se conecta con los satélites del núcleo. Aquí deben estar incluidas las rutas con Pimentel, Reque, Pomalca e incluso Lambayeque. Elaborar ese plan significa trazar el futuro de Chiclayo para unos 50 o 60 años”, asegura.
No obstante, indica que eso no justifica el que el alcalde señale no tener el presupuesto (500 mil soles) para la elaboración del plan, cuando su gestión ha gastado más de cinco millones de soles en locadores de servicios, saturando así la población administrativa de la comuna.
“Muchos de los locadores no saben lo que hacen, son improvisados. El alcalde debe entender que satisfacer el clientelismo político generando más puestos de trabajo es una pésima forma de administrar el dinero de la municipalidad, sobre todo cuando ofreció en reiteradas oportunidades que no iba a contratar a nadie más”, asegura.
Respecto a la peatonalización de la calle Elías Aguirre, señala que esta medida no forma parte de un plan piloto que luego depare en un plan general, sino que es una acción aislada.
“El plan piloto me sirve para saber si mi plan general puede funcionar o no, pero en el caso de la peatonalización de la calle Elías Aguirre no ha ocurrido esto. Se cerró para ver qué pasaba y luego recién pensar en cómo hacer el plan piloto y después allí convertirlo en uno general”, manifiesta.
Adiciona que Chiclayo no solo necesita de calles peatonalizadas, sino también de veredas más anchas en las que se facilite el tránsito del transeúnte, todo lo cual - afirma - se logra en un Plan de Desarrollo Metropolitano.
“Tú no puedes promover el comercio y el turismo si antes no has pensado en el peatón como lo más importante y eso significa establecer cuáles son las calles peatonales, hacia qué zonas se va a desplazar el tránsito y otras cuestiones como si es conveniente tener un centro de abastos tan cerca del centro de la ciudad”, explica.
En esa línea, señala que en el Plan de Desarrollo Metropolitano debe considerarse, además de los accesos peatonales, la cercanía de la movilidad para el desplazamiento de los turistas, lo cual se dará en la medida en que la gestión municipal ponga en marcha un estudio serio.
“Todo lo mencionado lo va a decir el plan cuando se elabore. De repente no necesariamente la peatonalización debe estar centrada en la calle Elías Aguirre o los accesos al Parque Principal, quizá pueden ser otras zonas como el Paseo Las Musas o incluso el mismo Mercado Modelo, todo depende de que esta gestión lo implemente”, exhorta.
PLAN DE GOBIERNO
Asimismo, manifiesta que Gasco Arrobas no ha cumplido con lo estipulado en su plan de gobierno, pues una de sus propuestas fue ordenar la ciudad en los primeros cien días, además de poner miles de metros cuadrados de recapeo, todo lo cual no ha logrado.
Añade que tampoco ha planteado medidas para ordenar el Mercado Modelo, toda vez que solo ha acatado una disposición judicial, pero sin un plan para darle sostenibilidad.
“Alrededor de 300 policías están ayudando al alcalde en la tarea de mantener despejadas las áreas comunes del Mercado Modelo. Se ha confirmado que los agentes permanecerán allí hasta diciembre, pero podría haber un desborde por fiestas de fin de año, época en la que no solo vuelven los comerciantes ambulantes, sino que también llegan cientos de vendedores de otros lugares, con lo cual no sé hasta qué punto pueda sostenerse esta medida. Difícilmente creo que será duradera hasta después de los primeros días de enero”, cuestiona.
Menciona que también se han hecho gastos innecesarios como el suscrito en torno al contrato con la empresa Veolia, respecto al cual indica que la municipalidad pudo haberse ahorrado un millón 896 mil soles, pues con solo 300 mil soles se repararon las compactadoras y en menos de 15 días se pusieron operativas.
TRANSPARENCIA
Por otro lado, señala que no existe información clara por parte de la gestión municipal, pues a inicios de año los regidores recibieron la información de que la deuda de la institución era de 240 millones de soles, pero luego el alcalde en sus declaraciones ha manifestado que es de 500 millones.
Añade que tampoco ha realizado ninguna audiencia pública, aun cuando está obligado por ordenanza municipal a desarrollar dos al año.
“Espero que la gestión actual cambie por el bien de Chiclayo, me gustaría que sea exitosa. Creo que los chiclayanos merecemos una ciudad mejor y para eso se debe dejar de lado cualquier encono personal. Uno no puede basarse en su estado anímico o el aprecio que le tiene a una persona para trabajar en la administración pública. Hay que ser objetivos, realistas, trascender a todo lo que tiene que ver con las pasiones humanas y centrarse en lo razonable. Anhelo que esta gestión sea más horizontal, amable, con llegada a la ciudadanía y que sea también científica, es decir, que recoja una mayor información estadística que nos enrumbe hacia una ciudad donde todos podamos vivir mejor y ser más felices”, sentencia.
