El 26 de enero se realizarán las elecciones extraordinarias para completar el período congresal 2016-2021 y por lo menos 37 candidatos, según el registro del Observatorio para la Gobernabilidad, han postulado o militado antes en una agrupación política distinta a la que representan ahora.
De estos candidatos, solo seis están afiliados actualmente al partido por el que postulan. Si bien es cierto, dicha práctica no es impedimento para postular, existe el precedente del anterior parlamento en el que solo 38 de sus miembros estaban afiliados a un partido político.
UNA CAMISETA
Dentro de los candidatos que antes vistieron otras sedas se encuentra Guillermo Segura Díaz, candidato de Alianza Para el Progreso y exalcalde accesitario de Chiclayo, quien durante los procesos eleccionarios de 1983 y 1986 postuló por Izquierda Unida al cargo de regidor provincial. Desde el 2004 es militante fundador del partido que ahora representa.
Asimismo, Germán Melendres Ramos, candidato por Democracia Directa, antes fue militante de Podemos Perú por el período de un año. Similar situación ocurre con el candidato de Perú Patria Segura Luis Alberto Herrera Lozada, quien antes militó en el Partido Aprista Peruano, agrupación con la cual postuló sin éxito el 2014 a regidor de José Leonardo Ortiz.
Le sigue el candidato de Todos por el Perú Edilbrando Vega Calderón, cuya agrupación en la que militó antes y por más de diez años es el Partido Popular Cristiano, con la cual postuló en el 2006 a la alcaldía de Chongoyape.
Del mismo modo, destaca el candidato de Vamos Perú Hugo Lamadrid Ibañez, quien si bien no fue militante antes de ningún partido, ocupó del 2010 al 2011 la secretaría general provincial de Lambayeque del Partido Nacionalista Peruano. Igualmente Jenny Lisset Perez Asencio, quien en el 2006 fue regidora de Motupe por el Movimiento Unificado.
En tanto, la candidata de Juntos Por el Perú Janet Cubas Carranza militó por diez años en Acción Popular, partido por el cual postuló en el 2002 y el 2006, siendo elegida regidora de Chiclayo. También ocupó el cargo de secretaria regional de dicha agrupación entre el 2011 y el 2012.
Por su parte, los candidatos de Avanza País, Roberto Aguilar Núñez y Marisol Sarmiento Pérez también registran pertenencia a otras agrupaciones. El primero fue militante de Somos Perú por ocho años, mientras que la segunda fue parte de la lista como accesitaria que llevó el movimiento Primero Lambayeque en las elecciones municipales del 2018.
Del mismo modo, Paul Arrunátegui Ramírez, candidato por Fuerza Popular, postuló en el 2014 por Alianza Para el Progreso para el cargo de concejal de Reque, el cual ganó. En tanto, Segundo Soraluz Piñella, candidato de Solidaridad Nacional, militó por dos meses en el Partido Aprista Peruano.
Por el lado de Somos Perú hay tres candidatos que antes vistieron otra camiseta: Antonio Uriarte Gonzales, quien militó en Alianza Para el Progreso y postuló por dicha agrupación al cargo de regidor de Chiclayo en el 2010; Stephanie Chacón Gamarra, quien postuló para ser vicegobernadora regional en el 2018 por Primero Lambayeque; y Gilmer Díaz Chanamé, quien antes militó en el Partido Aprista Peruano, con el cual postuló en 1998 al concejo municipal de Picsi.
Asimismo, el Partido Popular Cristiano lleva a Esther Vásquez Díaz, candidata que en el 2006 aspiró a ser regidora de Chiclayo por el movimiento Amnistía Solidaria Independiente, y a Nilton Morales Vilela, quien militó en Perú Posible por dos años y postuló por dicho partido al cargo de consejero regional en el 2010.
En tanto, la candidata del Frente Popular Agrícola FIA del Perú – FREPAP, Catalina Gonzales Arrunátegui postuló en 1993 al concejo provincial de Lambayeque por el Frente Democrático de Integración. Por su parte, Víctor Vidaurre Ñopo, postulante de Unión Por el Perú, militó en el Partido Aprista Peruano hasta el 2010.
Del mismo modo, Yolanda Vilcabamba Manayay, candidata del Partido Morado, intentó ser regidora de Ferreñafe en el 2010 por el Partido Popular Cristiano, mientras que Wilmer Antón Mayanga, quien hoy postula por el Frente Amplio, militó antes en Juntos Por el Perú y conformó la lista congresal que el Partido Humanista Peruano llevó en el 2016, antes de que la agrupación declinara de participar del proceso electoral.
DOS CAMISETAS
En cuanto a los candidatos que estuvieron ligados anteriormente a dos agrupaciones está Julio Vásquez Peralta de Alianza Para el Progreso, quien en 1998 aspiró a ser regidor de Lambayeque por el entonces Movimiento Independiente Somos Perú y luego militó, del 2005 al 2010, en Perú Posible.
Lo mismo ocurre con Miriam Muro Irigoyen, candidata de Perú Patria Segura, quien en el 2009 terminó su afiliación al Partido Popular Cristiano y en el 2011 postuló al Congreso por el entonces Partido Fonavista.
En tanto, Todos Por el Perú lleva en sus filas a José Carlos Valeriano, quien fue regidor de Chiclayo en 1986 por el Partido Aprista Peruano, agrupación a la cual renunció en el 2015 para luego postular al Congreso en el 2016 por Democracia Directa. También lleva a María Violeta Cubas Llano, quien en 1998 postuló a la alcaldía de Nueva Arica por el Movimiento Independiente Vamos Vecino y luego sería militante durante nueve años de Juntos Por el Perú, antes Partido Humanista Peruano.
Igualmente, José Lizana Campos, candidato de Vamos Perú, postuló en el 2006 por Restauración Nacional a la alcaldía de José Leonardo Ortiz, lo cual volvería a intentar en el 2010 y en el 2014 por Somos Perú, partido al cual dejó de militar en el 2016.
También resalta en este grupo Juan Francisco Fernández Quiroz de Avanza País, quien militó en el Partido Aprista Peruano, con el cual postuló en el 2010 a la alcaldía de Íllimo, para luego afiliarse a Perú Posible. Lo mismo ocurre con Ana Raymundo Timoteo de Solidaridad Nacional, quien si bien nunca militó en un partido, postuló en el 2001 al Congreso por Renacimiento Andino y en el 2006 al concejo de Chiclayo por Unión Por el Perú.
De igual forma, Napoleón Martínez Merizalde Huatuco, candidato de Perú Nación, fue militante por dos años del Partido Aprista Peruano y postuló en el 2014 a la alcaldía de San Miguel (Lima) por Democracia Directa.
De igual modo, Podemos Perú lleva a tres candidatos ligados a dos agrupaciones previas: María Gallardo Becerra, quien aspiró a ser regidora de José Leonardo Ortiz en el 2002 por el Movimiento Independiente Voluntad Popular Leonardina y en el 2018 a la alcaldía del mismo distrito por Fuerza Popular; y Carlos Peña Reluz, quien militó en Cambio Radical y postuló por dicho partido al Congreso en el 2011, y también haría lo mismo en el 2016 al Parlamento Andino por Alianza Para el Progreso.
En tanto, Rita Ayasta Giles, candidata de Fuerza Popular, ganó la alcaldía de Monsefú en el 2002 por Reconstrucción Democrática y luego postularía dos veces más al mismo cargo por Todos Por Lambayeque (2006 y 2010, ganando esta última)
TRES CAMISETAS
En cuanto a los candidatos que vistieron tres camisetas se encuentran los de Unión Por el Perú Félix Gil Mayanga y Ana Melva Bernuy Ramírez. El primero aspiró a ser diputado en 1990 por Unión Democrática, postuló en el 2006 al Congreso por Renacimiento Andino, en el mismo año candidateó a la alcaldía de Pacora (ganó) y en el 2010 nuevamente intentó el sillón edil de dicho distrito, pero ahora por Contigo Lambayeque.
Por su parte, Bernuy Ramírez fue militante hasta el 2007 en Alianza Para el Progreso y postuló al Parlamento en el 2011 y el 2016 por el Partido Fonavista y Peruanos por el Kambio, hoy Contigo, respectivamente.
Asimismo, Franco Cotrina Romero, candidato de Renacimiento Unido Nacional, fue militante durante nueve años del Partido Aprista Peruano, agrupación por la que fue regidor de Santa Cruz (Cajamarca) en el 2002 y postuló a la alcaldía de dicha jurisdicción en el 2006 y 2010. Luego postularía en el 2014 nuevamente al Concejo de Santa Cruz por el Frente Regional de Cajamarca y en el 2018 al sillón edil por Podemos Perú.
CUATRO A MÁS
Finalmente, los candidatos que más camisetas vistieron antes son dos: Elizabeth Montenegro Dávila y José Ñiquen Sandoval. La primera fue militante del FREPAP, agrupación por la cual postuló en el 2006 al Congreso. Luego postuló para ser regidora de Chiclayo en dos oportunidades, las cuales ganó: en el 2006 por el Movimiento Siempre Adelante y por Manos Limpias en el 2010. Por último, integró en el 2016 la lista al Parlamento por la alianza Solidaridad Nacional – Unión Por el Perú, la cual se retiró antes de las elecciones.
En tanto, Ñiquen Sandoval ha postulado antes por cinco agrupaciones distintas, habiendo militado solo en una de ellas (Juntos Por el Perú). En 1998 tentó la alcaldía de Ciudad Eten por Vamos Vecino, en el 2001 aspiró a ocupar un escaño por Renacimiento Andino, en el 2002 intentó nuevamente ocupar el sillón edil del mismo distrito por la Agrupación Independiente UPP-Frente Amplio, en el 2006 hizo lo mismo con Todos Por Lambayeque – Manos Limpias (ganó), en el 2010 por el entonces Partido Humanista (ganó) y en el 2014 por la misma agrupación.
El 2019 fue el año de estreno para varias de las autoridades locales y regionales. Algunas dieron la talla, a otras (la gran mayoría) el cargo les queda grande y, lo que es peor, la soberbia les impidió ver con claridad las reales alternativas para la solución de los muchos problemas que tiene Lambayeque. También fue un año de “lifes y tiburones”. Cayeron autoridades electas y empresarios por casos de corrupción y los excongresistas por el departamento terminaron investigados y denunciados.
VERGONZOSO DEBUT
Uno de los hechos que marcó el 2019 fue el polémico acto de juramentación del alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, quien no solo debutó con alfombra roja, sino que uno de sus funcionarios tuvo que huir porque era buscado por la Policía Nacional. A ello se suma que convocó como gerente general del municipio al sentenciado Cristian Rosenthal Ninapaytan y como gerente de Asesoría Jurídica a la sentenciada Milagro Carranza Farro.
Más polémico fue el incremento de remuneración que el concejo provincial aprobó por mayoría, decisión que fue dejada sin efecto tras el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas.
BRONCA POR EL TERMINAL
A inicios de febrero los reflectores se centraron en la pelea iniciada por el gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, con el gerente de la Autoridad Portuaria Regional – APR, Jorge Nakazaki Servigón.
Con total desconocimiento de sus facultades, Lozano Centurión anunció que removería a Nakazaki de dicho cargo e incluso llegó a señalar que desactivaría la APR, pues la acusó de inoperancia en la gestión del Terminal Portuario de Lambayeque, sobre todo para el saneamiento físico legal de las tierras que le pertenecen a la Fuerza Aérea a favor del emblemático proyecto.
FAENÓN DEL PSI
Los contundentes informes de la Contraloría General de la República pusieron en evidencia el faenón del Programa Subsectorial de Irrigaciones – PSI, con los trabajos encargados a dicha entidad como parte del proceso de rehabilitación, prevención y reconstrucción tras el Fenómeno El Niño 2017.
En total se numeró 13 obras con irregularidades, se emitieron 22 informes de control y se estableció que se había puesto en juego más de 89 millones de soles. Hasta ahora no se sabe qué acciones de sanción se han adoptado.
BECERRIL Y EL PORCELANATO
Se conoció que el congresista por Lambayeque, Héctor Becerril Rodríguez, habría participado del festín de sobornos que se generó en la inconclusa obra de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos de Chiclayo.
La representante de la constructora CRD – Sucursal Perú, Mirtha Gonzales Yep, denunció que había pagado los costos del porcelanato que Becerril Rodríguez habría utilizado para decorar su bella residencia de Trujillo, esto a cambio de interceder en la gestión del exalcalde de Chiclayo David Cornejo Chinguel para que la empresa reciba la buena pro de la obra, valorizada en más de 11 millones de soles.
EL DESABASTECIMIENTO Y VEOLIA
La gestión del alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, aprobó, con serios visos de irregularidad, el desabastecimiento inminente del servicio de limpieza pública, lo que dio pie a que se contrate de manera directa con la empresa Veolia Servicios Perú para que se encargue del recojo de la basura por tres meses, a un costo de un millón 800 mil soles.
La contratación se dio pese a que cuando Veolia recibió la adjudicación no contaba con el registro autoritario del Ministerio del Ambiente, pese a que en el acta de buena pro se consignó que sí. El caso ha generado una investigación fiscal y motivó dos informes de la Contraloría, los mismos que no fueron atendidos por la administración edil.
PATANERÍA ABSOLUTA
A inicios de marzo los obreros de la comuna de Chiclayo se fueron a la huelga por el adeudo de sus remuneraciones. La noche del 5 de marzo la gestión de Marcos Gasco convocó a una conferencia de prensa a la que el equipo periodístico de Expresión acudió.
Sin embargo, sin mediar mayor explicación, el burgomaestre se negó a iniciar la conferencia si los periodistas de esta casa no se retiraban de la sala en la que este hablaría con la prensa. Pataleta incluida, Gasco Arrobas acusó a uno de los periodistas de Expresión de haberlo grabado mientras conducía su camioneta por el centro de la ciudad. Finalmente, Gasco Arrobas logró su objetivo y terminó echando del palacio a los comunicadores.
Meses después se negó a responder a las preguntas formuladas por la directora de este medio cuando se encontraba en un lugar público, señalando, sin prueba que lo respalde, que Expresión lo difama. Seguimos esperando su argumento.
LAS PERICIAS SÍ ESTABAN
A mediados de marzo el presidente de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Jorge Arteaga Vera, ofreció una entrevista exclusiva a este medio y en ella declaró que las pericias financieras del caso "Limpios de la corrupción” aún no estaban concluidas, pese a que la investigación del caso se había cerrado en octubre del 2018 por disposición del fiscal a cargo, Sergio Zapata Orozco.
Sin embargo, las pericias del caso habían sido notificadas al despacho de Zapata Orozco en noviembre del año pasado y este recién dio cuenta a las partes en junio del 2019. Hasta ahora no hay acusación por lavado de activos.
NEGATIVA DE HÁBEAS CORPUS
La Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque ratificó la improcedencia del hábeas corpus presentado por la defensa del empresario Edwin Oviedo Picchotito contra el mandato de prisión preventiva que se ordenó por 18 meses en diciembre del año pasado.
Oviedo Picchotito, procesado por el caso “Wachiturros de Tumán”, fue finalmente acusado por la presunta autoría mediata de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte. El Poder Judicial ha dispuesto el inicio del juicio oral en su contra.
DESALOJO DEL HOSPITAL NAYMLAP
La Oficina de Normalización Previsional – ONP, logró la ejecución del mandato judicial que ordenó el desalojo de una de las torres que ocupaba el Hospital Naymlap de Essalud, debido a una deuda contraída por el incumplimiento en el pago del alquiler del inmueble.
De ese modo, sin tomar las previsiones necesarias, la seguridad social se vio obligada a la redistribución de los asegurados entre el Hospital Luis Heysen y el Almanzor Aguinaga Asenjo. El caos sigue hasta ahora.
CESE DE PRISIÓN PREVENTIVA
La jueza del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo rechazó el requerimiento de la Fiscalía Especializada Contra la Criminalidad Organizada – FECOR, de prolongar por diez meses más el mandato de prisión preventiva contra 12 integrantes de la presunta organización criminal “La hermandad del norte”, entre ellos el empresario Samuel Roncal Miñano. En julio del 2018 uno de los investigados, Alexander Siesquén Sampén, murió recluido bajo mandato preventivo y semanas después el Tribunal Constitucional se pronunció afirmando que se había cometido un exceso en su contra.
CUESTIONADA ORDENANZA
Con nueve votos del concejo provincial de Chiclayo se aprobó la cuestionada Ordenanza 07-2019, con la que se admite el ingreso de camiones de carga de hasta 42 toneladas a la ciudad.
En respuesta la sociedad civil, representada por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, la Asociación Regional de Exportadores y los colegios profesionales, presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial, la misma que fue rechazada en primera instancia. Tras apelación, la Primera Sala Civil de Lambayeque ha declarado nula la decisión del juez Juan García Mayorga, al considerar que sí existen razones para sostener que la ordenanza afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos.
NUEVOS ‘TEMERARIOS’
El 12 de julio se conoció del operativo realizado por cerca de 500 agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad – DIVIAC y 36 fiscales de la FECOR, logrando capturar a 25 investigados por el caso “Temerarios del crimen”, por orden del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, que despacha la juez Cecilia Grandez Rojas. El mandato de detención preliminar se dictó contra 35 personas.
En la intervención se realizó el allanamiento de 38 inmuebles, logrando a captura del consejero regional Esar Aguilar Valdera, del regidor de Chiclayo Marino Olivera Cruzado, del exgerente general de EPSEL, Néstor Salinas Vásquez y de otro funcionario de la misma entidad, el ingeniero Gustavo Castellanos Custodio.
A 23 de esos capturados, el Poder Judicial sentenció a penas suspendidas al aceptar que se acojan a la terminación anticipada.
VACANCIA EN EL ICAL
Los directivos del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque – ICAL, decidieron vacar a José María Balcázar Zelada por su inasistencia injustificada a tres sesiones de Consejo Directivo, así como al director de Ética Profesional, Elmer Fustamante Gálvez, en concordancia con el literal ‘e’ del Artículo 38 del estatuto.
A la gestión de Balcázar Zelada se cargan presuntas irregularidades, entre las que destacan contrataciones y la no rendición de cuentas por concepto de un diplomado en Derecho Penal.
CAMBIO DE JUEZ
La insistencia de la defensa de los hermanos David y Noé Cornejo Chinguel, sindicados como cabecilla y lugarteniente, respectivamente, de la organización “Temerarios del crimen”, tuvo eco en la Primera Sala Penal de Apelaciones, que resolvió apartar del caso a la jueza Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, y derivar el expediente y los actuados al Décimo Juzgado de Investigación Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
SERRATO OTRA VEZ
La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios logró la captura de Willy Serrato Puse, señalado como cabecilla de una organización criminal que habría operado en la Municipalidad Distrital de Olmos, desde que este asumiera el cargo de alcalde en enero del 2019, con la cual habría direccionado obras y generado perjuicios al Estado por más de millón y medio de soles. Serrato, con comparecencia restringida por el caso “Temerarios del crimen”, se encuentra actualmente en el ex penal de Picsi.
CASAS DEMOLIDAS
Viviendas edificadas con material noble para los damnificados de El Niño Costero fueron demolidas en Mórrope, debido a que se emplearon materiales que no garantizaban la durabilidad de las construcciones.
El caso involucra a una de las constructoras elegidas por el Ministerio de Viviendas para la edificación de módulos con recursos de la reconstrucción.
GOBERNADOR A CIEGAS
El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, dijo desconocer los múltiples informes elaborados por la Contraloría General de la República sobre irregularidades en su gestión, que van desde la designación de funcionarios que no cumplen el perfil, hasta la adjudicación de obras y procesos mal realizados por las gerencias sectoriales.
Por otro lado, el gobernador defendió con uñas y dientes la presencia de su gerente general María Castro Grosso y se enfrentó al Consejo Regional, incluso en fueros judiciales, cuando este quiso interpelarla.
SALVADOS DE LA VACANCIA
El alcalde de Chiclayo, Marcos Gasco Arrobas, y la regidora oficialista Felipa Orosco Nuntón, se salvaron del pedido de vacancia presentado en su contra. En el primer caso, por presunto tráfico de influencias en la emisión de la Ordenanza 07-2019, debido a que su familia tiene una empresa de transporte de carga, y en el segundo caso por la designación del hermano de la concejal como presidente de la Beneficencia de Chiclayo, configurándose el presunto delito de nepotismo.
SIN LICENCIA
La Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU, resolvió negar la licencia de funcionamiento a la Universidad de Chiclayo y a la Juan Mejía Baca, debido a que se acreditó que no cumplen las condiciones básicas de calidad para ofrecer el servicio educativo.
A la vez, negó el licenciamiento a la Universidad Alas Peruanas, cuya Filial Chiclayo deberá cerrar en los próximos dos años, al igual que las otras que aún mantiene a nivel nacional.
ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL
La Fiscalía de la Nación resolvió presentar acusación constitucional contra los ex congresistas por Lambayeque Javier Velásquez Quesquén y Marvin Palma Gordillo por el presunto delito de tráfico de influencias, pues estos habrían intervenido para que la Contraloría deje sin efecto el bloqueo de las cuentas de la comuna de Chiclayo durante el gobierno de David Cornejo, pese a los indicios que existían por actos de corrupción.
Por el mismo caso también es acusado el excontralor Edgar Alarcón.
La Gerencia Regional de Control ha emitido el Informe N° 4038-2019-CG/GRLA-SCE, en el cual concluye que en el Hospital Regional de Lambayeque se le pagó en exceso al exdirector Moisés Rosario Borrego, lo que se convertiría en una irregularidad que comprende responsabilidad administrativa en el exfuncionario, así como en otros siete servidores de la institución.
La Contraloría ha dispuesto el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan por la presunta irregularidad en el “Pago de Incentivo Único bajo el título de Asignación Transitoria”, efectuado entre el 2017 y el 2018 a favor de Rosario Borrego, quien recibió – de acuerdo al informe de control – el pago de 15 mil 801.60 soles demás.
La intervención de control corresponde a presuntas irregularidades que se habrían suscitado en el Hospital Regional Lambayeque, ante la prohibición expresa de otorgar el beneficio económico del ‘Incentivo Único’ del Comité de Administración de los Fondos de Asistencia y Estimulo – CAFAE, a los profesionales médicos que conforman el personal de salud, establecido en el Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado.
“Servidores y funcionarios del referido nosocomio regional habrían instrumentalizado el concepto de ‘Asignación Transitoria’ para – bajo ese título – tramitar, autorizar y ejecutar el pago del prohibido beneficio económico a favor del profesional de la salud, médico cirujano, Moisés Alejandro Rosario Borrego, director del Hospital Regional Lambayeque”, señala el informe de Contraloría.
Los pagos irregulares se produjeron entre enero del 2017 y marzo del 2018, recibiendo el galeno tres mil 300 soles mensuales y no los mil 719.14 que le correspondían como ‘Asignación Transitoria’.
Los pagos
Rosario Borrego, quien fue designado con Resolución Ejecutiva Regional N° 460-2016-GR.LAMB/PR, del 26 de diciembre del 2016, en el cargo de director del Hospital Regional, se encontraba sujeto al imperio de los alcances del Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado, ello en cumplimiento estricto al principio de legalidad y especialidad de la norma.
Según detalla la Contraloría General de la República en su informe, la remuneración mensual del director del Hospital Regional de Lambayeque, prevista en el “Aplicativo Informático AIRHSP”, y que desde julio del 2015 venía pagando el nosocomio a quien ocupaba dicha plaza, era de siete mil 49.84 soles, conformado por la ‘Valorización Principal’ (cinco mil 330 soles), y la ‘Asignación Transitoria’ (mil 719.84 soles).
Empero, Rosario Borrego, entre enero del 2017 y febrero del 2018 recibió, además de los cinco mil 330 soles de la ‘Valorización Principal’, tres mil 300 soles bajo la figura de ‘Asignación Transitoria’, correspondiendo dicho monto al ‘Incentivo Único’ que el Estado otorga, a través del CAFAE, al personal administrativo que se encuentra bajo el Sistema Único de Remuneraciones regulado por el Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público.
Por tal hecho, el médico recibió en dicho período el desembolso total de 33 mil soles y no los 17 mil 198.40 que le correspondían legalmente.
Vulneración a la norma
Contraloría señala que si bien Rosario Borrego fue designado como director del hospital y cumplía funciones administrativas, estaba impedido de recibir los beneficios del ‘Incentivo Único del CAFAE’, tal como lo dispone el literal b.7 de la Octava Disposición Transitoria del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, aprobado mediante el Decreto Supremo de N° 304-2012-EF, publicada el 30 de diciembre del 2012.
La norma señala textualmente que “en ningún caso se podrán otorgar incentivos laborales (…) al personal comprendido en regímenes propios de carrera, regulados por leyes específicas, (magistrados, diplomáticos, docentes universitarios, profesorado, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y profesionales de la Salud)”.
De acuerdo a la documentación, los trámites para que se pague el ‘Incentivo Único del CAFAE’ a Rosario Borrego se iniciaron con la opinión formulada por entonces jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano, Miguel Pejerrey Vásquez, para que a través de la Oficina de Planeamiento Estratégico se solicite al Ministerio de Economía y Finanzas una mayor transferencia de recursos al CAFAE hasta por 39 mil 600 soles.
En el caso están involucrados: Carolina Ramos Delgado y Consuelo Perales Mesta, exjefas de la Oficina de Administración del hospital; Martín Sipión Rodríguez, ex jefe de Asesoría Legal; Susana Cruz Rodríguez, exjefa de la Oficina de Economía; Leslie Mendoza Cabrera, exresponsable de Remuneraciones; María Angulo Cubas, exresponsable de Control Previo, además de Pejerrey Vásquez y el propio Rosario Borrego.
