Veinte días tiene el alcalde del distrito de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, para poner en conocimiento de la Procuraduría Pública Municipal, así como del Ministerio Público, los nombres de los funcionarios y servidores que participaron en la licitación para la compra de cinco volquetes marca Forland, a fin que se inicien las acciones legales al haberse descubierto que existió un presunto direccionamiento en la adquisición valorizada en 628 mil 330 soles.
La acción de protección legal en defensa de los intereses del Estado se da a nueve meses que los hechos fueran denunciados por los regidores Isael Bustamante Medina, Marino Olivera Cruzado, Aureliano Castañeda Hernández y Miguel Silva Pérez.
Las denuncias de los fiscalizadores fueron recogidas por la jefa del Órgano de Control Interno – OCI, Carla Távara Zarpán, quien realizó una auditoria de control al proceso de adquisición de cinco volquetes para el recojo de residuos sólidos y desmontaje. Los indicios apuntan a que hubo sobrevaloración en la compra y que el proceso fue direccionado.
Conforme al Oficio N° 011-2017-MDJLO/OCI, conteniendo el Informe de Auditoria N° 14 -2016-2-2129 de “Adquisición de Cinco Volquetes de 10m3 para el recojo de residuos sólidos y desmontaje del distrito de José Leonardo Ortiz”, la jefa de Control Interno remite a la autoridad edil copia del citado documento, de 574 folios, en el que se le informa y hace ver, en calidad de titular de la comuna, para disponga las acciones necesarias a fin que los responsables respondan por su acción.
LA MATERIA EXAMINADA
La auditoría corresponde a un servicio posterior no programado que se inició en 4 de octubre del 2016 con el objetivo de determinar si el procedimiento de selección y ejecución contractual de la Licitación Pública N° 002-2016/MDJLO-CSB, para la adquisición de los volquetes, se efectuó o no con sujeción y de acuerdo a la normativa aplicable.
El 14 de julio del año pasado la municipalidad convocó a licitación pública, cuya buena pro fue otorgada el 22 de agosto a la empresa Toyohatsu S.A, al presentarse como el único postor. La conformidad de los bienes fue otorgada el 19 de septiembre del 2016.
“El procedimiento fue ejecutado por el Comité de Selección integrado por Percy Francisco Morales Vásquez, en calidad de presidente; Domingo Zapata Monja, primer miembro titular; y Ronald Alexander Silva Vásquez, como segundo miembro titular. La recepción de los bienes estuvo a cargo de la Subgerencia de Servicios y Equipo Mecánico”, señala el informe de Control Interno.
EL VALOR
En el informe se detalla que el valor adjudicado de los cinco volquetes fue de 628 mil 330. 16 soles, el mismo que fue pagado a través de los comprobantes de pago N° 1856, 1857, 1858 y 1860, del 28 de septiembre del 2016, a nombre de Toyohatsu S.A, correspondiente a las facturas N° 010-026324, 010-026325, 010-026326, 010-026328 y 010-026342, por el importe de 125 mil 666 soles cada una.
Lo que llama la atención del Órgano de Control es que la calificación y buena pro se dio el 22 de agosto, debiendo ser publicado dicho consentimiento al día siguiente; es decir, el 23 de agosto, según lo establece el artículo 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Sin embargo, la publicación de consentimiento de la buena pro fue hecha recién el 2 de septiembre del año pasado.
OBSERVACIÓN
La OCI observó al Comité de Selección el haber elaborado las bases considerando un requisito de calificación, estableciéndolo como “opcional” pese a que no correspondía, calificando y otorgando la buena pro al postor por 628 mil 330 soles a pesar que presentó documentación que no permitía acreditar el cumplimiento de los requisitos de calificación establecidos en las bases integradas.
El Comité de Selección elaboró las bases del procedimiento de selección considerando un requisito de calificación, que no era más que la experiencia del postor basado en la facturación, a pesar que no correspondía.
Asimismo, calificó la propuesta de la empresa Toyohatsu S.A como único postor, a pesar que la documentación que presentó no acreditaba dos requisitos de calificación detallados en la sección específica de las bases integradas respecto a la capacidad legal; es decir, a la antigüedad de la vigencia de poder del representante legal y experiencia del postor, lo que debía haber descalificado la oferta y declarado desierto el procedimiento de selección.
Muy por el contrario, el Comité de Selección favoreció a Toyohatsu otorgándole la buena pro por, para posteriormente suscribir el contrato N° 017-2016-MDJLO/GM, el 8 de setiembre del 2016, a pesar que no cumplía con las especificaciones técnicas de las bases integradas, ni con lo ofertado por el postor ganador.
¿FAVORECIMIENTO?
El informe de Control Interno sustenta que los hechos expuestos permiten evidenciar el favorecimiento del postor con la adjudicación de la buena pro de la Licitación Pública N° 002-2016/MDJLO-CSB por la compra de los cinco volquetes, así como en la recepción de los mismos sin que se cumplan con las especificaciones técnicas, lo que claramente demuestra que afecta la transparencia y legalidad que deben regir en las contrataciones del Estado.
Mediante Resolución de Gerencia N° 0411-2016-MDJLO/GM, del 12 de julio del 2016, el contador Bruno Mariño Palacios, gerente municipal, ante la propuesta del contador Percy Francisco Morales Vásquez, subgerente de Logística, remitida mediante Informe N° 243-2016/MDJLO-SGL, del 8 de julio del 2016, resolvió conformar el Comité de Selección de bienes que llevará a cabo el procedimiento de selección en la modalidad de Licitación Pública.
Entre los miembros titulares estuvieron Percy Francisco Morales Vásquez como presidente al tener el cargo de Subgerente de Logística; Domingo Zapata Monja como primer mimbro por ser subgerente de Servicios de Equipo Mecánico, y Ronald Alexander Silva Vásquez como segundo miembro, en su calidad de gerente de Servicios Públicos.
Como miembros suplentes quedaron Lyli Rubio de la Cruz, Jhony Túllume Reluz y Luis Jhony Villalobos Tirabanti.
Según acta, el 13 de julio del 2016, los miembros titulares del Comité de Selección se reunieron con la finalidad de elaborar las bases de la Licitación Pública y ese mismo día el presidente del comité solicitó al Gerente Municipal la aprobación de las bases, las que al instante, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0413-2016-MDJLO-GM, recibieron el visto bueno.
POSTERGACIONES
Según el cronograma del procedimiento de selección, contenido en las bases integradas, las etapas de presentación, evaluación y calificación de oferta y otorgamiento de la buena pro estaban programadas para las 10:00 de la mañana del 17 de agosto del 2016. Sin embargo, a las 8:55 de la fecha indicada el Comité de Selección advirtió en el SEACE la postergación de tales etapas para las 10:00 de la mañana del 19 de agosto.
Empero, el día de la acción y ejecución de la Licitación Pública, a las 12:54 de la tarde, luego de la hora programada para las etapas antes descritas, en el SEACE el Comité de Selección público una nueva postergación para el mediodía del día 22 de agosto, debido a la “indisponibilidad de uno de los miembros del comité”.
El 22 de agosto, el Órgano de Control Interno advirtió que las etapas de la Licitación estaban previstas para las 12:00 del día, pero extrañamente se realizaron a las 4:30 de la tarde, hora en que las puertas de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz estaban cerradas. El proceso de buena pro culminó a las 6:00 de la tarde, resultando ganadora la empresa Toyohatsu S.A.
Sin embargo, de la revisión efectuada por la comisión auditora a la oferta de la empresa Toyohatsu S.A, se observa que el Comité de Selección otorgó la buena pro a pesar que la documentación presentada no acreditaba el cumplimiento de los requisitos de calificación respecto de la capacidad legal y experiencia del postor.
La citada empresa presentó como parte de su oferta una vigencia de poder expedida con fecha 21 de julio del 2016, documento que la presentación de la oferta, 22 de agosto del 2016, tendría una antigüedad de 32 días, cuando la ley lo admite tan solo con 30 días de antigüedad. Además, como experiencia del postor consideró el importe de un millón 584 mil 40 soles respecto a su facturación anual, lo cual no acredita como experiencia e incluso ese monto no certifica que haya vendido esa cantidad en vehículos, sino en otros bienes. Además, se advirtió que en vehículos vendió 541 mil 978 soles, pero no en volquetes sino en camionetas.
NO ERAN DEL AÑO
La auditoria llegó a determinar también que las unidades no eran del año sino que su fabricación y venta correspondían al 2013.
Mediante informe N° 145-2016-MDJLO/ABAST–USG del 15 de setiembre del 2016, Kattere Alejandrina Alarcón Rojas, jefa de la Unidad de Servicios Generales, informó a Morales Vásquez, subgerente de Logística, que dos días antes había recepcionado cinco volquetes de la marca Forland, modelo Incapower FD 130 del año 2014, a los que dio conformidad previa revisión y verificación por parte de Domingo Zapata Monja, subgerente de Equipo Mecánico.
Sin embargo, el 7 y 8 de noviembre del 2016 el ingeniero mecánico y electricista Norbil Vega Orozco, en calidad de perito, realizó una inspección ocular a los cinco volquetes adquiridos por la municipalidad de José Leonardo Ortiz, advirtiendo que el año de fabricación del motor de uno de los volquetes correspondía al 2013 y que el espesor de la plancha lateral de la tolva de lo cinco volquetes no son de cinco milímetros como señalaban las especificaciones técnicas para su adquisición, sino únicamente de tres.
El ex gerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, Carlos Santa Cruz Alarcón, implicado en la presunta organización criminal “Los limpios de la corrupción”, denunció ante el Órgano Interno de la Contraloría General de la República, al coordinador de la Zona Norte, Nelson Guevara Altamirano, por actos irregulares que vendría cometiendo en la elaboración de pericias económicas y/o financieras sin tener la competencia según las facultades conferidas por ley.
El exfuncionario narró en su denuncia que con fecha 30 de marzo del 2016, juez Cecilia Grandez Rojas, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, que revisa el caso “Limpios de la corrupción”, emitió la Resolución N° 111, en la que exhorta al Ministerio Público a recabar información y nombrar a los peritos encargados de realizarlos exámenes económicos y financieros a los investigados, otorgando para ello un plazo de seis meses.
Dicha resolución quedó firme mediante el correspondiente pronunciamiento de la Segunda Sala Penal de Apelaciones, adquiriendo la autoridad de cosa juzgada.
El plazo dispuesto por la juez para que el fiscal Sergio Lucio Zapata Orozco, de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, designe a los peritos, venció indefectiblemente el 30 de septiembre del año pasado.
Cumplido ese plazo, la defensa del imputado Jorge Enrique Incháustegui Samamé, el 31 octubre pasado, solicitó a Zapata Orozco que se pronuncie sobre la consecuencia jurídica o procesal del incumplimiento fiscal a lo ordenado por la jueza, recibiendo como respuesta, el 7 de noviembre a través de la Disposición N° 224, que “habiéndose realizado oportunamente las gestiones conducentes” debía esperar el resultado del trámite correspondiente.
Frente a la respuesta del fiscal, la defensa de Incháustegui Samamé acudió vía Tutela de Derechos al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, el mismo que con fecha 14 de marzo de este año requirió al representante del Ministerio Público informe en el plazo de tres días respecto a la realización de la pericia económica – financiera ordenada, bajo responsabilidad…”.
Días después, el 21 de marzo, Zapata Orozco respondió a lo solicitado por la juez, precisando que había cursado varios oficios a la Presidencia de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Lambayeque; tres en el año 2015, uno el 2016 y uno el 2017, solicitando la contratación de los peritos contables.
Lo que la respuesta del fiscal reveló es que el primer requerimiento lo efectuó recién el 27 de febrero de 2015; es decir, cinco meses después de formalizar investigación preparatoria a los ex funcionarios ediles por el delito de lavado de activos, cuya causal se sustentaría en el irregular incremento patrimonial deducible únicamente con las pericias.
En virtud de ello, Santa Cruz Alarcón ha precisado en su denuncia que el fiscal Zapata Orozco no solo formalizó la investigación preparatoria, sino que también requirió prisión preventiva para los imputados sin contar con el indicio mínimo que requiere una imputación tan grave como la comisión del lavado de activos.
INTERVENCIÓN DE LA CONTRALORÍA
Zapata Orozco agregó en la misiva enviada a la jueza que “… en mérito al Convenio Tripartito entre el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría General de la República”, se había solicitado a esta última el apoyo respectivo “a fin de que pueda efectuar un informe técnico relacionado al desbalance patrimonial” de los investigados.
Empero, según la defensa de Carlos Santa Cruz, para sustentar su queja ante el órgano de control, argumenta que ningún convenio puede exceder lo establecido en la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de cada una de las instituciones suscribientes, por lo que se hace necesario señalar que el Artículo 82° de la Constitución señala que la Contraloría “… Supervisa la legalidad de la ejecución del Presupuesto del Estado, de las operaciones de la deuda pública y de los actos de las instituciones sujetas a control…”; es decir, no tiene competencia para realizar informes técnicos sobre los ingresos y egresos privados de personas naturales con el fin de determinar un supuesto desbalance patrimonial.
Lo anteriormente descrito se corrobora con la respuesta dada por la Contraloría General de la República – Regional Norte, a la defensa de Incháustegui Sáname, mediante Oficio N° 00087–2017, donde señala textualmente que el “organismo contralor realiza control gubernamental, el cual consiste en la supervisión, vigilancia y verificación de los actos y resultados de la gestión pública (...) por lo tanto, los actos realizados por particulares se encuentran fuera de su ámbito de competencia…”.
¿MINTIERON?
Carlos Santa Cruz refiere que resulta cuestionable que el Ministerio Público desde el año 2015 y durante el 2016 ha haya “sorprendido a la ciudadanía” a través de la entonces presidenta de la Junta de Fiscales de Lambayeque, Giovanna del Río Carreño, quien manifestó en reiteradas veces que se había iniciado la pericia contable para confirmar el posible desbalance patrimonial de los investigados en el caso “Limpios de la corrupción”.
En la nota periodística publicada en el diario Correo, del 28 de octubre del 2015, declaró: “… Son peritos de Lima que van a trabajar a tiempo completo (…) van a revisar si los ingresos de los procesados tienen justificación legal y si los gastos que han realizado tienen sustento…”, refiriéndose a los dos supuestos especialistas de la Contraloría General de la República encargados de los exámenes económicos.
La fiscal hacía referencia a los contadores públicos Mario Orlando Díaz Rojas y Eduardo Francisco Bazán Rosas. Ambos, contratados por la Contraloría bajo la modalidad de Locación de Servicios, con el objeto de brindar “… el servicio temporal de apoyo a la Fiscalía de Lavado de Activos de Lambayeque y elaboración de Hoja Informativa…”, según los acuerdos suscritos.
Sin embargo, hoy se sabe que ninguno de los profesionales es de Lima y tampoco perito especializado en Lavado de Activos adscrito al Registro de Peritos del Poder Judicial – REPEJ, de Lambayeque.
CONTADOR NO HÁBIL
Lo sorprendente es que la Contraloría General de la República contrató a Mario Orlando Díaz Rojas cuando este no se encontraba habilitado por su colegio profesional. Es decir, suscribió los Contratos 152 y 0525-2016–CG sin tener habilidad, tal como corrobora la Carta N° 013–2017– DS/CCPL, de fecha 31 de enero de 2017, emitida por el Colegio de Contadores de Lambayeque.
De otro lado, según demuestra la Hoja Informativa N° 001–2016–CG/OCR-CMP– 3FPPCH, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público concordaron para contratar servicios en “vías de regularización”.
Es decir, el fiscal Zapata Orozco solicitó el servicio el 11 de marzo del 2016, cuando ya los referidos profesionales venían trabajando desde octubre de 2015.
La Hoja Informativa fue remitida a la Tercera Fiscalía Provincial Penal por el coordinador de la Contraloría en Lambayeque, Nelson Guevara, mediante Oficio N° 00538, y luego, el 26 de octubre del 2016, se emitió el Informe Complementario a la Hoja Informativa N° 001, con la finalidad de incluir a María Luisa Soto Solano, ex esposa de Santa Cruz Alarcón en la investigación de la Carpeta Fiscal 2447 – 2014.
Según la defensa del investigado, con estos hechos quedó establecido que la Contraloría se abocó a conocer asuntos que no son de su competencia, como la realización de una pericia a una persona natural.
Además, cuestiona que personas contratadas para realizar servicios de apoyo temporal al Ministerio Público hayan emitido Hojas Informativas, que son documentos internos de uso exclusivo del personal de la Contraloría General de la República, y que no tendrían valor probatorio alguno, ya que su elaboración carecería de la rigurosidad de una acción de control o de un peritaje económico – financiero.
¿MALVERSACIÓN DE FONDOS?
Según Santa Cruz Alarcón resulta incomprensible que la Contraloría General de la República haya efectuado gastos en la contratación de profesionales para brindar servicios a un tercero (el Ministerio Público), a pesar que dichos servicios no se encuentran en el ámbito de su competencia y mucho menos en el marco de lo establecido en el Convenio Específico Tripartito.
Es decir, la Contraloría General de la República ha accedido a contratar personal de apoyo temporal sin la certidumbre de que el Ministerio Público cumpla con contratar a los peritos especializados en Lavados de Activos, por lo que los casi 150 mil soles desembolsados para el pago de los contadores públicos configuraría el delito de malversación.
Frente a ello, Santa Cruz Alarcón solicitó al órgano de Control Interno de la Contraloría iniciar las investigaciones del caso para determinar la responsabilidad administrativa, civil o penal del jefe de la Contraloría Región Norte y de los partícipes de los actos detallados, mientras que solicitó la nulidad del acto administrativo de la Hoja Informativa que lo incrimina en el delito de lavado de activo por aparentemente no tener sustento administrativo ni legal.
La cultura de la donación de órganos es aún débil en la sociedad peruana. Por cada millón de habitantes se reportan entre tres y cuatro donantes, insuficientes para cubrir la necesidad de trasplantes que es cada vez mayor, sobre todo por el incremento de pacientes con insuficiencia renal. En el norte del país, la Unidad de Procura del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo es la única facultada para la realización de estos procedimientos, en los que intervienen equipos multidisciplinarios y para los cuales es fundamental el entendimiento de las familias.
La Unidad de Procura se mantiene activa desde 1991 y desde entonces, hasta diciembre del año pasado, ha realizado 223 trasplantes de riñón, 196 de córneas y 33 de médula ósea. El primer trasplante que se realizó en Lambayeque fue gracias a una donante viva, hermana de una trabajadora del Hospital Almanzor Aguinaga, quien 26 años después continúa prestando sus servicios como enfermera del nosocomio.
Este solo caso ejemplifica la importancia de la donación de órganos y cómo un acto de solidaridad puede salvar la vida de quien lo necesita e incluso prolongar la existencia de un donante cadavérico en el cuerpo del receptor.
LISTA DE ESPERA
Actualmente, en el hospital de la seguridad social hay 52 pacientes en lista de espera preparados para recibir un trasplante. El serio problema es que el número de donantes es mínimo. Sin embargo, en el universo de pacientes que se constituyen en potenciales receptores debe contabilizarse a los 800 que reciben el servicio de hemodiálisis.
Tener a un paciente preparado para el trasplante de un órgano no es sencillo. Esto implica toda una preparación previa en la que intervienen estudios de compatibilidad y adecuación.
Solo el año pasado, en el Hospital Almanzor Aguinaga los médicos que trabajan junto a la Unidad de Procura lograron concluir con éxito 15 trasplantes de riñón, nueve de córneas y siete de médula ósea. En este último procedimiento se han alcanzado importantes mejoras gracias a la modernización del equipamiento y el instrumental quirúrgico, gestión que por mucho tiempo los especialistas sostenían ante el nivel central de EsSalud.
De hecho, el requerimiento ha sido cubierto al 100 % y se espera que en las próximas semanas se inaugure la Unidad de Trasplante de Médula Ósea, en lo que el nosocomio se ha convertido en pionero a nivel macroregional.
CONCIENCIACIÓN FAMILIAR
El médico Pedro Rodríguez Quesñay, jefe de la Unidad de Procura, explica que la aceptación de un ciudadano a la donación de sus órganos, señalada en el Documento Nacional de Identidad - DNI, no es suficiente para que el procedimiento se concrete cuando este haya sido declarado como paciente cadavérico o fallecido. La preparación de las familias – anota – es importante para que se cumpla la voluntad de la persona.
“Tenemos que trabajar más, no solamente nosotros sino las diferentes instituciones y los medios comunicación para informar a toda la población. En la Unidad de Procura, que teóricamente es la encargada de realizar todos los procedimientos, trabajamos solo cuatro personas para brindar una información tan grande a una población que no es solamente del departamento, sino de toda la macro región norte. Se está viendo una mejora, pero no se refleja en el hecho mismo de la donación y acá recalcamos lo siguiente: no basta lo que dice el DNI, se requiere comunicación diaria a la familia, para que un momento determinado se cumpla voluntad de donar”, señala.
APTOS PARA DONAR
Rodríguez Quesñay precisa que las personas con enfermedades crónicas sí pueden donar sus órganos, puesto que no existe ninguna contraindicación salvo que el donante sea portador de VIH u otros virus como el virus linfotrópico de células T Humanas (HTLV por sus siglas en inglés).
“Una persona con enfermedad crónica puede ser donante, lógicamente tenemos que hacer una evaluación previa para saber cómo están funcionando sus órganos y estos sean implantados en otra persona si es que se acepta la donación. En pacientes con hipertensión o diabetes se evalúa si su función renal es adecuada y dependiendo de esto pueden candidatos a trasplante. El año pasado pacientes de más de 50 años de edad han sido donantes, y es que no hay edad, condición u enfermedad previa que contraindique la donación, excepto ser portador de VIH o del HTLV, que produce una serie de reacciones neurológicas en el organismo”, indica.
CAPACITACIÓN
Añade que en el Hospital Almanzor Aguinaga también se ha mejorado el servicio de Nefrología, que trabaja activamente con el comité de trasplante y la Unidad de Procura, a través de los cuales se realizan los requerimientos para la mejora de la atención a los pacientes. A esto se suma la permanente capacitación al personal asistencial.
“El 3 de junio se realizará un curso-taller de implante y ablación de órganos, se está preparando a los profesionales que van a estar a cargo de realizar estos procesos, hay una preparación continua a pesar que no haya trasplantes de manera permanente”, menciona.
Finalmente, Rodríguez Quesñay comenta que desde la Unidad de Procura se mantiene estrecha relación con los hospitales del Ministerio de Salud y de las Fuerzas Armadas y Policiales de la macroregión, debido a que estos registran mayor cantidad de pacientes cadavéricos.
“Ellos notifican a EsSalud, ya que por ley se debe comunicar a la Unidad de Procura que está en la localidad. El trabajo es constante, diario, tanto para concientizar a los profesionales de salud que están a cargo del tratamiento de estas personas como para mejorar las relaciones interinstitucionales. Todos los días realizamos visitas a las unidades críticas donde se encuentran aquellos pacientes que podrían ser candidatos a donación, fortaleciendo las relaciones con los directivos de los hospitales, incluso con el personal de vigilancia para que se nos brinde todas las facilidades”, destaca.
El 23 de mayo se conmemora el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos y en septiembre se ha fijado la Semana del Donante, fechas que sirven de marco para que desde la Unidad de Procura se realicen diversas actividades de difusión, sobre todo con estudiantes y voluntarios.
El Rotary Club de Santa Victoria inauguró una moderna Sala de Cómputo en la institución educativa que ha construido y mantiene hace más de 15 años al servicio de las familias más necesitadas de la UPIS San Martín del distrito La Victoria. En el acto estuvieron presentes autoridades locales y los padres de familia de los menores que se educan en el plantel.
Ismael Rodríguez Riojas, presidente del Rotary Club de Santa Victoria, expresó a la concurrencia que en un esfuerzo de varios años su club rotario ha logrado levantar una edificación moderna en un área de mil 700 metros cuadrados, de dos piso, con ocho aulas de clase, salón de usos múltiples, batería de baños, plataforma deportiva, ambientes para la Dirección, Administración y Secretaría, y sala de primeros auxilios, beneficiando a estudiantes de primaria y secundaria.
Rodríguez Riojas señaló que el objetivo es contribuir con una educación de calidad para los menores de esta zona y que así puedan formarse y desarrollarse como seres humanos y mejorar en el futuro su calidad de vida. Actualmente el colegio alberga a 128 alumnos y cuentan no solo con el reconocimiento oficial de la Gerencia Regional de Educación sino que también reciben el apoyo de esta gracias a un convenio suscrito.
Refirió que la implementación de Sala de Cómputo ha sido posible gracias a la importante donación dada por tres clubes rotarios de Inglaterra: el Rotary Club of Fleet, el Rotary Club of Hart y elRotary Club of New Malden. También se inauguró un tópico de primeros auxilios, que servirá para la atención inmediata a los alumnos.
Agregó que los gastos que demanda la prestación de este importante servicio son asumidos por el Club Rotario de Santa Victoria y cada año se hacen esfuerzos para ampliar la cobertura. Los niños que allí se educan gozan de uniformes, disponen de mobiliario completo, materiales educativos, equipos audiovisuales y ahora un laboratorio de informática
La institución educativa que patrocina el club rotario ha sido reconocida por el Ministerio de Educación con el Bono Escuela 2016, por ser una de las que logró un mejor desempeño durante el año 2015, habiendo sido una de las escuelas que obtuvieron los mayores avances en los aprendizajes según la Evaluación Censal de Estudiantes (ECE), además de los mejores índices de retención escolar primaria.
Por el delito de omisión de funciones y desobediencia a la autoridad, fue denunciado ante el Ministerio Público el alcalde de Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, por el titular del Cuarto Juzgado Civil, Héctor Conteña Vizcarra. Junto a la autoridad municipal también fue denunciado el actual jefe del Centro Gestión Tributaria – CGT, Nicolás Mondoñedo Chávez.
La acción penal en contra de David Cornejo es por no haber cumplido lo ordenado por el juez en la Resolución de Sentencia de Proceso Constitucional de Cumplimiento N° 7, del 24 de octubre del 2016, amparada en el Expediente N° 01676-2016-0-1706-JR-CI-04, referida a la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015–MPCH en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo.
La mencionada disposición emanada en sesión ordinaria de concejo provincial consiste en dar facultades al titular del pliego (CGT) para la conformación de una Comisión Especial que se encargue del seguimiento e implementación del nuevo Reglamento de Organización de Funciones - ROF, así como la estructura orgánica y elaborar los nuevos documentos e instrumentos de gestión y normas correspondientes del ente recaudador, debido a que cuando inició actividades lo hizo como Servicio de Administración Tributaria de Chiclayo – SATCH.
EN SALMUERA
Conforme a la Resolución N° 13, del 27 de abril último, el titular del Cuarto Juzgado Civil de Chiclayo, Héctor Conteña Vizcarra, resolvió hacer efectivo el apercibimiento que dispuso mediante una resolución anterior en la que ordenaba a la Municipalidad Provincial de Chiclayo y al Centro de Gestión Tributaria, para que en un plazo de tres días acredite el cumplimiento de lo ordenado en la Sentencia N° 07, de octubre del año pasado.
La resolución de sentencia está referida a que algunos funcionarios del CGT demuestren porqué actualmente existen nuevos cargos sin contar con funciones específicas, así como las razones por las cuales se han visto beneficiados con llamativos incrementos económicos en sus haberes salariales.
En la referida sentencia el magistrado ordenó que en un plazo de 10 días el alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, juntamente con el entonces jefe del Centro de Gestión Tributaria – CGT, Nilton César Monje Sampén, cumplan con dar cumplimiento a la implementación de la Ordenanza Municipal N° 009-2015 –MPCH.
LA HISTORIA
El 27 de abril del 2015, en sesión del concejo provincial, se analizó el proyecto del Reglamento de Organización y Funciones, y la propuesta Orgánica del CGT, la cual se aprobó y se acordó plasmarla en la Ordenanza Municipal N° 009-2015.
Sin embargo, como la norma no fue publicada en el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo no existe Manual de Organización y Funciones, Reglamento Interno de Trabajo, entre otros instrumentos de gestión, como el CAP, PAP, Manual Interno, PIA 2016, POI2016 y PEI 2016-2018, TUPA, MAPRO y MPP.
Ante ello, el abogado Víctor Luna Victoria Menacho dirigió la carta L114-2016, del 20 de julio del 2016, se dirigió al alcalde para requerir el cumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009 -2015, dentro del plazo establecido en el Código Procesal Constitucional.
CARGOS FANTASMA
Luna Victoria Menacho hace mención que debido al incumplimiento de la Ordenanza Municipal N° 009-2015, en el actual Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo no existen algunas funciones específicas, debido a que algunos cargos fueron creados sin sustento en los documentos de gestión, como el que ocupa Ángel López Castro, quien en la actualidad se desempeña como jefe de la División de Control y Recaudación de la Deuda.
De igual manera, Jenny Valiente Vásquez, quien se desempeña como jefa de la División de Atención al Administrado. Tampoco existe el cargo que actualmente ocupa Juan Arturo Boyer Ramos, quien desarrolla función como jefe de la Sección de la Recaudación no Tributaria CGT.
LA DENUNCIA
En la Resolución N° 13, del 27 de abril último, se hace conocer que la parte demandada – David Cornejo Chinguel y sus hombres de confianza - han sido válidamente notificados con la Resolución N° 12 sin que dentro del plazo legal hayan cumplido con el mandato judicial.
Ante su negativa y clara notoriedad a desobedecer lo ordenado por el magistrado, este dispuso remitir al Ministerio Público copias certificadas de la sentencia y cargos de notificación y escritos, a fin de que proceda a formalizar la denuncia por el delito de omisión y desobediencia a la autoridad,
“En el CGT se ha elaborado un proyecto de Texto Único de Procesos Administrativos – TUPA, pero este documento tiene que ser revisado por las demás unidades de planificación de la comuna y ser aprobado en sesión de concejo; sin embargo, nada de este procedimiento se ha cumplido hasta la fecha”, señala Luna Victoria.
DESTITUCIÓN DEL CARGO
Víctor Luna Victoria sostiene que si el alcalde persiste en el incumplimiento de poner en vigencia la Ordenanza Municipal N° 009-2015 y mantiene en cargos efímeros a personas elegidas a dedo, correría el riesgo de ser destituido.
Recordó que hace unos días, con la Carta N° 050-2017-MPCH-A, la autoridad municipal se dirigió a él haciéndole conocer que los instrumento de gestión como el TUPA para el CGT ya está elaborado y se encuentra en la subgerencia de Contabilidad y Costos para su análisis técnico y determinación de costos, lo cual resultaría ser una salida desesperada y sin fundamento, ya que el mencionado instrumento de gestión no es el único y para ser puesto en vigencia, tiene que ser debatido y aprobado en sesión de concejo.
De igual manera, se hace conocer que tanto la Municipalidad de Chiclayo como el Centro de Gestión Tributaria no tuvieron una buena defensa por parte de sus asesores legales, los que sin ningún tipo de argumentación y lógica dejaron que la autoridad municipal cargue con toda la responsabilidad.
Los abogados de la parte demandada solamente atinaron a pedir que se declare infundada la demanda en contra de la autoridad edil, señalando que era falso todo lo que argumentaba el demandante. Es más, en su desesperación por salvar responsabilidad, el asesor legal del CGT, Yury Díaz Cajo responsabilizó al alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y a los regidores de no aprobar desde el 7 de septiembre del 2015 el acta de sesión del Comité de Gerencia del CGT, en la cual se acuerda modificar el ROF.
La desesperada acción, complicó la situación jurídica del burgomaestre, quien ahora ha sido denunciado por un juez, ante el Ministerio Público, por el delito de desobediencia a la autoridad y el delito de omisión.
En su reciente visita a Chiclayo, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra Cornejo, explicó que su portafolio ha comprometido dentro del Plan de Reconstrucción Nacional sobre las zonas afectadas por El Niño Costero, mil 488 millones de soles para Lambayeque, dinero que servirá para la rehabilitación y mejora de 321 kilómetros de carretera y la reconstrucción de 15 puentes. Además, precisó que se dará prioridad a la construcción de la vía Nuevo Valle de Olmos – Panamericana Norte, para conectar la zona productiva con la red vial nacional.
El también primer vicepresidente de la República expuso el cronograma establecido por su sector para los trabajos de rehabilitación y reconstrucción de las comunicaciones en el departamento, señalando que para este año el ministerio invertirá un millón 690 mil soles en puentes, 17 millones 300 mil soles en carreteras de la Red Vial Nacional, 17 millones 200 mil en carreteras de la Red Vial Departamental y que Aeropuertos del Perú – ADP, concesionaria del Aeropuerto Internacional “José Quiñones Gonzales” de Chiclayo, se ha comprometido a la ejecución de 67 millones 240 mil soles en la mejora del terminal, empezando por la pista de aterrizaje, sumando un total de 103 millones 430 mil soles programados para el presente año.
En el 2018 los presupuestos se incrementarán considerablemente. Vizcarra Cornejo indicó que no es posible por el momento hablar de grandes inversiones para el 2017, debido a que no hay estudios de factibilidad ni de expedientes técnicos para todos los proyectos de interconexión que se requieren en Lambayeque. Explicó que en función del avance en la elaboración de los estudios para el próximo año se destinarán 58 millones 990 soles para la construcción de puentes, 43 millones 250 mil para carreteras de la Red Nacional, 86 millones 10 mil para vías departamentales y 100 millones 860 mil soles a cargo de la concesionaria del aeropuerto en la modernización de las salas de embarque y demás infraestructura aeroportuaria. Lo estimado para el 2018 asciende a 289 millones 110 soles.
En el 2019 se espera invertir 75 millones 850 mil soles en puentes, 346 millones en carreteras de la Red Nacional a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y 143 millones 350 mil en las vías departamentales, cuya responsabilidad es del Gobierno Regional de Lambayeque y los municipios.
Para el año siguiente, en el 2020, la inversión en puentes llegaría a los 32 millones de soles, a 458 millones 450 en carreteras de la Red Nacional y a 40 millones 140 mil en vías departamentales. Esto sumaría otros 530 millones 610 soles de desembolsos estatales en Lambayeque.
BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
“He sido presidente regional de Moquegua y sé que uno de los principales problemas en la inversión pública es que el SNIP siempre diferenciaba los proyectos en si eran o no rentables. Sin embargo, hay obras que aunque no son rentables en términos económicos sí son necesarias para reducir las brechas que existen en el país y que nos ayudarían a tener una sociedad más justa. Solo en Transportes y Comunicaciones, la brecha de infraestructura antes de El Niño Costero era 58 mil millones de soles, y al asumir el gobierno nosotros nos comprometimos a invertir en los próximos años 25 mil millones. Ahora, después de la emergencia, la brecha se ha incrementado y requerimos de dos mil 600 millones de soles más”, explicó Martín Vizcarra.
Añadió que el gobierno nacional lo que busca evitar es dedicarse a las obras de la reconstrucción y dejar de lado lo planificado antes de la emergencia. En ese afán, se demanda de un proceso que garantice que la ejecución de la obra pública sea diferente y genere verdaderos cambios.
Para el caso de Lambayeque – dijo – se está priorizando como solución definitiva la construcción de los 75 kilómetros de la carretera Ruta PE-04 A: El Cruce – Olmos, con una inversión de 563 millones de soles, y la rehabilitación y mejoramiento de la carretera Desvío Olmos – Lambayeque, de 86 kilómetros de longitud, que conecta a los pueblos de la vecina provincia, con una inversión de 302 millones de soles.
“A nivel nacional tenemos más de tres mil kilómetros de carreteras nacionales afectados por la emergencia, pero la responsabilidad del ministerio no acaba allí, puesto que hay otros 11 mil kilómetros de carreteras departamentales y vecinales que también han sido dañados. Si bien es responsabilidad de los gobiernos regionales y los alcaldes atender esta situación, sin el apoyo del gobierno nacional será muy difícil que se logre. Entonces, también es parte de nuestro problema y lo asumimos como tal”, aseveró.
TERMINAL PORTUARIO
Vizcarra Cornejo acotó que si bien en el caso de Lambayeque es urgente la rehabilitación vial no se puede dejar de lado los proyectos de desarrollo en comunicaciones que el departamento ansía hace décadas, como es el caso concreto del Terminal Portuario en Puerto Eten.
Sobre este, el ministro de Estado refirió que en las próximas semanas la Autoridad Portuaria Nacional – APN, suscribirá un convenio con el Gobierno Regional de Lambayeque para actualizar el Plan Maestro del Terminal Portuario, concluido en el 2015 por un consorcio peruano español integrado por las empresas Acciona Ingeniería SA Sucursal del Perú, Fundación Valencia Port, y Oficina de Ingeniería y Servicios Técnicos SA.
Según explicó Martín Vizcarra, la actualización del documento es necesaria en tanto se debe reformular la concepción del proyecto, pensado inicialmente en la salida de la producción minera de Cajamarca y no en la exportación de productos agroindustriales que ya se cultivan en la zona de influencia del Terminal Portuario.
“El Plan Maestro está desfasado. ¿Por qué no ha habido interés en Puerto Eten? Porque fue mal enfocado, se había planteado como un puerto que su principal demanda iba a ser la carga de minerales y complementariamente la carga agrícola, cuando la realidad es al revés. El planteamiento fue a la inversa, eso tiene que actualizarse en un estudio técnico que va a realizar el gobierno regional con el respaldo profesional de la autoridad portuaria”, enfatizó.
Los 141 millones de soles colocados por Agrobanco en Lambayeque, a través de créditos de promoción agraria, han beneficiado a un reducido grupo de empresas, principalmente dedicadas a la producción de uva de mesa, maíz amarillo duro, arroz, caña, palto, banano orgánico y maracuyá. Esta realidad contradice el objetivo de la institución como entidad de fomento, por lo cual sus directivos señalan que se ha iniciado un proceso de reorientación de los préstamos que esta otorga, a fin de llegar a la mayor cantidad de agricultores, propietarios o posesionarios de áreas que van desde las tres hasta las 100 hectáreas.
“Agrobanco en los últimos cinco años se equivocó, el banco se creó hace 15 años para que financie a los pequeños y medianos productores agropecuarios. Sin embargo, en los últimos cinco años esto cambió y el banco se dedicó a créditos muy grandes que debieron ser atendidos por la banca comercial. El nuevo cambio de Directorio lo que ha encontrado es un banco con bastantes problemas y es lo que estamos tratando de revertir, básicamente ahorita estamos cambiando el modelo comercial que está enfocado a atender a los pequeños y medianos productores”, explica Fernando Luna Victoria Flores, Gerente Comercial de la entidad.
Como parte del cambio, el banco ha identificado a 12 mil potenciales clientes en Lambayeque, entre pequeños y medianos productores, quienes tienen el perfil hacia quienes debe llegar Agrobanco.
Luna Victoria Flores comenta que en los últimos años se ha atendido solo a 700 clientes en el ámbito departamental, quienes han concentrado los 141 millones de soles en colocaciones que registra la institución financiera del Estado.
“Lo que queremos es cambiar esta situación, porque el mismo hecho de que un cliente grande tenga problemas nos va a afectar enormemente y preferimos atender a los clientes más pequeños para poder apoyarle. Actualmente el nivel de morosidad es un poco más del 7 %, entonces con este nuevo modelo comercial lo que queremos es crecer”, indica.
DESCENTRALIZAR SERVICIOS
Para llegar a los pequeños productores, Agrobanco ha dispuesto también la descentralización de sus oficinas. En el caso de Lambayeque se implementarán sedes de atención en Jayanca, Pucalá y Ferreñafe, además de la ampliación de las oficinas de Chiclayo y Olmos, actualmente en funcionamiento.
“Hemos identificado dónde están ellos y vamos a ir hasta allá, obviamente nuestras oficinas no tienen que ser muy grandes, sino suficientes para atender a nuestros clientes, porque vamos a ir al campo”, señala.
Añade que Agrobanco busca también promover la asociatividad y el desarrollo de una cultura orientada al aseguramiento de la producción. Refiere, por ejemplo, que el 85 % de los actuales clientes de la entidad cuentan con seguros, lo que les han permitido mitigar los efectos de El Niño Costero.
“El seguro tiene que ir de la mano con el crédito, de tal manera que pueda evaluar el riesgo, nosotros tenemos trabajando en este tema desde el año 2013 y ha habido experiencias que hacen que los agricultores finalmente sepan que es bueno tener un seguro. Hubo sequias en el norte, en Piura y Sullana, que afectaron a los agricultores e inmediatamente el seguro les ha cubierto pérdidas, tal como está pasando con los afectados por el El Niño Costero”, destaca.
BONO PARA DAMNIFICADOS
En relación a los bonos ofrecidos por el gobierno nacional, a través del Ministerio de Agricultura y Riego, para los productores damnificados por las lluvias e inundaciones, Luna Victoria Flores refiere que hasta el momento Agrobanco no ha recibido la reglamentación de la manera en la que se hará efectiva la distribución del dinero, que podría llegar hasta los mil soles por hectárea, pese a que el ministro del sector indicó que con el banco se haría efectiva la entrega del subsidio.
“Actualmente no tenemos la reglamentación, apenas salga ellos nos van a decir exactamente cómo es que tenemos que atender a los damnificados, a los que primero se tiene que identificar. La ayuda la trae el Estado, que es muy diferente a cuando hablamos de préstamo, que significa darle a alguien que lo va a hacer productivamente y va a poder retornarlo. Los damnificados son personas que han sido afectadas y todavía no van a tener la productividad eficiente, por lo tanto van a necesitar la ayuda previamente al préstamo y en eso debe trabajar directamente el gobierno nacional”, explica.
ASOCIATIVIDAD
El funcionario señala que el banco también trabaja en la mejora de accesibilidad a los créditos agrarios a través de la asociatividad, considerando que gran parte de los pequeños agricultores a los que se busca atender son posesionarios de sus tierras, y al no contar con títulos de propiedad no pueden asegurar la garantía a los préstamos que reciben.
Al respecto, Mario León y León, jefe de Riesgo Crediticio de Agrobanco, indica que la asociatividad permite que los agricultores encuentren compradores directos de sus productos y así garanticen la rentabilidad y el cumplimiento de los compromisos asumidos con la entidad financiera. Añade que a diferencia del crédito comercial, el crédito agrario resulta más oneroso y esta barrera también puede ser superada si es que los productores de asocian para financiar sus proyectos de siembra.
Al fallecer en 1986, el reconocido médico Juan de Dios Ruiz Murgueitio dejó en herencia una valiosa propiedad ubicada en el centro de Chiclayo, específicamente en la cuadra cuatro de la Avenida José Balta, y que de acuerdo a su testamento debía ser compartida entre sus hijos y uno de sus nietos, al que conforme a su última voluntad le correspondía un tercio del total del bien. Sin embargo, una serie de anomalías sucedidas en el tiempo han impedido que los beneficios hagan usufructo del patrimonio, llegando el caso al Poder Judicial, que tras años de litigio resolvió designar una administración.
El proceso se inició en el 2005, ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, al que se apersonó Lily Ruiz Villamar, primera hija de Ruiz Murgueitio y quien no fue incluida en el testamento, para reclamar la administración judicial del inmueble, un imponente edificio de tres pisos ubicado en pleno corazón de Chiclayo, en cautela de los derechos de su madre con quien el médico estuvo casada.
La acción se inició porque el bien era aprovechado en su totalidad por Carlos Ruiz Gonzales, otro de los hijos, quien además cobraba los alquileres de las tiendas comerciales ubicadas en el primer nivel del edificio, signadas con el número 436, 456, 460 y 464 de la Avenida José Balta.
El valor total de la propiedad asciende a más de dos millones y medio de dólares considerando el área construida y la ubicación. En el segundo nivel hay una casa completa, con cuatro dormitorios, al igual que en el tercer piso.
LOS HEREDEROS
De acuerdo al testamento, son legatarios de Ruiz Murgueitio sus hijos, los hermanos Jorge (ya fallecido), Carlos (quien ocupa la propiedad), José (residente en Lima), Juan de Dios, (también residente en Lima), Luis, (que vive en Estados Unidos), y Elsa Ruiz Gonzales, (quien también vive en el edificio). A ellos se suman los otros hijos del médico, los hermanos Raúl, Toribio, Cristina y Elba Ruiz Alva; Juana Ruiz Chimpén y Laura Ruiz Chimpén de Ruiz, además de su nieto Luis Ruiz Orrillo, residente en Canadá.
Lo particular de este caso familiar es que se ha confirmado la existencia de documentos fraguados e incluso la adulteración de firmas en escritos presentados ante el Poder Judicial para dilatar el proceso de administración.
Por ejemplo, Laura Ruiz Chimpén ha formulado dos denuncias contra el abogado Candelario Carhuatanta Hernández por supuestamente haber falsificado hasta seis documentos para presentarlos ante el Segundo Juzgado Civil de Chiclayo, donde se revisa el proceso de administración judicial. Las denuncias que obran en la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo están contenidas en la Carpeta N° 3997-2016 y N° 4594-2016.
También existen otras dos denuncias presentadas por Juan de Dios Ruiz contra los abogados Fernando Arce Usquiano y Luis Gómez Paredes, por la presunta falsificación en dos escritos presentados en el proceso civil, con el aparente propósito de retardar la designación de la administración judicial que capte los ingresos por el alquiler de las tiendas comerciales.
Estos hechos habrían tenido como objetivo beneficiar a Carlos Ruiz Gonzales para que este continúe en la administración total del inmueble, percibiendo además el total de los ingresos por el alquiler de los espacios comerciales.
RECONOCIÓ FALSIFICACIÓN
Lo increíble es que Carlos Ruiz Gonzales, reconoció en su declaración, dada el pasado 24 de abril, ante la fiscal Ana Tiravanti Martínez, responsable del primer despacho de Investigación de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo, haber presentado seis escritos ante el Segundo Juzgado Civil, fechados el 4 y 28 de noviembre del 2014, y el 16 de enero, 26 de mayo, 16 de septiembre y 2 de octubre del 2015, en los que además falsificó la firma de una de sus hermanas.
“Reconozco haber presentado dichos escritos y que la firma que aparece a nombre de Laura Cristina Ruiz de Ruiz fue dibujada por mi persona con conocimiento y autorización de Laura. Quien conoce de esto a plenitud es su esposo Abraham Humberto Ruiz Bautista y él es testigo de la autorización”, reza la declaración.
Según el investigado, su hermana le vendió sus acciones como heredera del edificio y que “al no querer realizar ningún gasto” le autorizó la falsificación de su firma en el escrito presentado ante el juzgado civil. De acuerdo a su propia declaración, compró las acciones de Laura Ruiz Chimpén de Ruiz en octubre del 2007.
Ruiz Gonzales acotó que otros cinco hermanos le donaron sus acciones y derechos sobre la propiedad en disputa.
“De mi parte no ha existido dolo, considero no haberle causado perjuicio a la denunciante, que fue con su autorización y conocimiento”, añadió en su declaración.
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