Las arruinadas pistas de Chiclayo y José Leonardo Ortiz afectan económicamente a los operadores del transporte urbano, quienes se encuentran descontento y preocupados ya que deben recorrer a diario con sus vehículos por las polvorientas calles, consecuencia que dejó El Niño Costero.
Ha pasado un año desde las primeras lluvias del Niño Costero que azotaron el norte del país, golpeando duramente el departamento de Lambayeque. Las lluvias inundaron las calles dejando un panorama de destrucción y que hasta hoy sigue perjudicando a los hombres del volante, los mismos que muestran su malestar con las autoridades de tuno que han emprendido trabajos de rehabilitación sin que estos garanticen durabilidad.
Segundo García Sánchez, presidente de la Corporación Regional de Empresas de Taxi, manifiesta que el fenómeno de El Niño Costero que castigó a Lambayeque dejó las pistas destruidas de Chiclayo así como del distrito de José Leonardo Ortiz. Las vías en mal estado perjudican a los transportistas en lo económico, ya que adicionalmente se gastan mil 800 soles para dar mantenimiento a sus unidades, que sufren averías en los accesorios como la suspensión, amortiguadores, palieres y varillas de dirección, que constantemente se malogran producto a los baches.
“En el sector taxi somos 20 mil transportistas entre formales e informales que por unidad vehicular estamos gastando en mantenimiento adicionalmente un total mil 800 soles. El perjuicio económico es muy fuerte”, precisa, Segundo García.
A ello suma que los trabajos de rehabilitación que la comuna de Chiclayo ha iniciado en diferentes arterias carecen de supervisión técnica, por lo que – asegura – le recuerda a los recapeos que ejecutaba el exalcalde Roberto Torres Gonzales.
EXTORSIONES Y ROBOS
Por otro lado, García Sánchez menciona que las extorsiones y robos en agravio de los taxistas han disminuido gracias al sistema de ubicación satelital de GPS, ya que a través de esa tecnología monitorean a los vehículos en tiempo real y cada vez que los taxis son robados por los delincuentes que operan bajo la modalidad de falsos pasajeros logran recuperar los vehículos en tiempo récord.
“El último vehículo robado se registró hace 15 días y se tomó una hora y media para recuperarlo. En otro casos recuperar una unidad demoró entre 20 y 30 minutos”, señala el presidente de la Corporación Regional de Empresas de Taxi.
García Sánchez expresa que los taxistas al verse atacados continuamente por los delincuentes y al no tener apoyo de las autoridades, por iniciativa propia decidieron adquirir el sistema de GPS, con el propósito de contrarrestar la delincuencia y tener más facilidades de recuperar sus herramientas de trabajo.
“Antes de utilizar el dispositivo de GPS nosotros recuperábamos nuestras unidades vehiculares por nuestra propia cuenta, ya que teníamos muy poco apoyo de la policía. Ante tanta inseguridad decidimos usar el GPS”, narra Segundo García.
SUBGERENCIA DE TRÁNSITO DE LA MPCH
El dirigente califica con un 08 al área de transito de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, señalando que en dicho sector existe un acumulado de aproximadamente de más de siete mil expediente durmiendo en los sueño de los justos, esperando una resolución desde el 2014.
“Ya estamos 2018 y hasta el momento no se resuelven los expedientes presentados por sustitución y baja, renovación de autorización, actualización de datos, entre otros”, explica García Sánchez.
Manifestó que es lamentable que en el área de Tránsito de la municipalidad chiclayana exista personal que no esté capacitado para resolver y agilizar los trámites documentarios, lo que origina malestar entre los transportistas, quienes son víctimas en los operativos de los inspectores de tránsito y de los policías cuando les solicitan la tarjea de operatividad.
Comenta que los hombres del volante entregan un cargo provisional que les da la Municipalidad Provincial de Chiclayo hasta que le hagan la entrega del mencionado documento, pero aún así son intervenidos y multados por no tener la tarjeta.
“Hay paraderos que vienen trabajando 20 años y estamos pidiendo a las autoridad competente que renueve aquellos que están fuera del anillo vial con la finalidad de darle seguridad y garantía al usuario, que muchas veces sale de los centros comerciales, hospitales y banco. Sin embargo, no hay respuesta”, narra Segundo García.
Indica que en el área legal de la Subgerencia de Tránsito y Transportes de la comuna trabaja solo un abogado encargado de revisar tres mil expedientes.
“Los técnicos que realizan el trámite documentario son jóvenes inexpertos que no conocen nada de la problemática del transporte. La gestión del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, es pésima frente a la problemática del transporte, no se ven obras, el desorden del comercio ambulatorio campea y en el transporte la informalidad a sobrepasado los límites de control”, señala.
ALZA DE PASAJE
A su turno, el presidente de la Central de Empresas y Operadores de Servicio de Taxis de la Región de Lambayeque, Juan Andrés Vásquez García, señala que un sector de transportistas de camionetas rurales quieren alzar el pasaje aduciendo que las pistas están en mal estado y que ellos a diario tienen que transitar por vías deterioradas.
Los transportistas que quieren alzar el pasaje, son aquellos que cubren la ruta interurbana Chiclayo-Monsefú.
“Los transportistas de Monsefú cuando llegan a Chiclayo hacen transporte urbano y por eso quieren alzar el pasaje, por las pistas dañadas. En la política del libre mercado de acuerdo a Ley N° 651 las empresas para levantar el pasaje deberían hacer un estudio cada una y ese estudio tiene que arrojar el costo estructural sobre cuánto va a subir el pasaje. Pero ellos quieren realizar un alza de pasaje global entre todas las empresas y eso es penado por la ley, ya que prohíbe la concertación de precios e Indecopi tendría que pronunciarse”, explica Juan Vásquez.
Manifiesta que no es posible el alza de pasaje ya que en el transporte urbano existen empresas que tienen diferentes rutas, distancia y kilometrajes.
“Por ejemplo, la empresa que cubre la ruta de Mogrovejo tiene diferentes recorridos en comparación a la empresa de transporte de Las Brisas, por lo tanto ambas empresas no pueden subir el mismo costo del pasaje mientras no tengan un estudio. Y si suben el mismo costo del pasaje sin realizar un estudio estarían incurriendo en concertación de precios y eso se considera una infracción por el INDECOPI y serían multadas”, explica el dirigente.
Señala también que las pistas dañadas de la ciudad de Chiclayo perjudican más a los vehículos de servicio de taxis que circulan por las diferentes arterias que a las camionetas rurales, precisando que de tres de los siete días de la semana, “los taxistas acuden al mecánico para arreglar sus unidades vehiculares”.
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LUIS FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
“Es una lástima que las pistas y en pleno centro de Chiclayo estén en mal estado, los tremendos huecos que hay nos perjudican a nosotros”.
JUAN SANDOVAL ESPINOZA
“En la semana estamos en los talleres reparando nuestros vehículos que paran averiándose a consecuencias del mal estado de las vías".
LUIS NAZARIO SÁNCHEZ
“Las pistas dañadas no solamente perjudican económicamente a los taxista, sino también a los que tenemos vehículos de uso particular”.
MIGUEL ÁNGEL GONZALES CUSTODIO
“Los huecos que hay en las pistas dañan las llantas, los amortiguadores, y eso nos genera gastos. Los taxistas somos muy perjudicados”.
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El presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas – CONFIEP, Roque Benavides Ganoza, defendió a las empresas cuyos directivos habrían cometido actos de corrupción para ganar concesiones del Estado junto a la brasilera Odebrecht, al señalar que los trabajadores y sus familias no tienen por qué perjudicarse. Destacó las potencialidades de desarrollo de Lambayeque y también la necesidad de cerrar las brechas de competitividad en el norte peruano.
Benavides Ganoza llegó a Chiclayo invitado por la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque para dictar una conferencia sobre las perspectivas económicas del país y las potencialidades del departamento, en el marco de los 117 años de creación del gremio empresarial.
Resaltó que “en los últimos 15 años el Perú hizo muchas cosas bien”, lo que permitió, por ejemplo, que el crecimiento promedio del país sea de 4.2 %, liderando el avance económico en América Latina, al ubicarse por encima de Colombia (3.1 %), Chile (3 %), Brasil (1.5) y México (0.9 %).
“Este crecimiento está basado principalmente en la inversión privada. Entre el 2009 y el 2017 hubo picos alentadores en relación a la inversión. Así, por ejemplo, en el 2013 el sector privado generó inversiones del 22.7 %, en tanto el sector público representó el 5.7 % de las inversiones en el país. En los años siguientes el sector privado generó entre el 21 y el 17.8 % de las inversiones, hasta diciembre pasado”, explicó.
BUENOS INDICADORES
Destacó también que la inflación anual ha sido una de las más bajas de la región en los últimos años. A nivel de América Latina, entre el 2006 y el 2017, el Perú tuvo, en promedio, 3 % de inflación, por debajo de Chile (3.4 %), México (4.2 %), Colombia (4.3 %) y Brasil (5.7 %).
“En este tiempo también se ha reducido sustancialmente la pobreza. En el Perú, la pobreza monetaria se redujo del 58.7 % en el 2004 al 20.7 % en el 2016, es decir 38 puntos. Por otro lado, la firma de 22 Tratados de Libre Comercio impulsó el crecimiento exponencial de las exportaciones, multiplicándolas por siete. En 1998 están tenían un valor FOB de cinco mil millones de dólares, en el 2012 llegaron a 45 mil millones de dólares y actualmente están en 40 mil millones”, resaltó el líder empresarial.
REFORMAS PENDIENTES
Benavides Ganoza dijo – sin embargo – que “aún existen reformas pendientes que el Perú necesita avanzar para sostener su crecimiento”. Estas están referidas al aspecto institucional, de competitividad y productividad.
“La falta de institucionalidad en el Perú afecta tanto al sector público como al privado”, afirmó, para luego mencionar que, de acuerdo al Índice de Competitividad Global, el Perú se ubica en el puesto 123 de 137 países en el indicador de instituciones públicas. El año pasado se encontraba en el puesto 117. Asimismo, respecto a instituciones privadas, la ubicación actual es en el casillero 121. En el 2016 fue en el 101. Los principales problemas en el sector público son: irrespeto a la propiedad (puesto 107 de 137 países), ética y corrupción (116 de 137) e influencia indebida (111 de 137).
“El Perú se encuentra rezagado en los indicadores de innovación, salud y educación, factores claves para alcanzar una mayor competitividad. Ocupamos el puesto 86 en infraestructura, mientras que Chile y México se ubican en los puestos 41 y 62, respectivamente. En innovación estamos en el 113, en salud y educación primaria en el 93 y en educación superior en el 81”, mencionó.
Del mismo modo, dijo que existen procedimientos administrativos que afectan la competitividad, como por ejemplo que el trámite para abrir una empresa demora 26 días o que la obtención de un permiso de construcción demora, en promedio, 174 días. En Nueva Zelanda abrir una empresa demora medio día y en Corea del Sur una licencia de construcción se logra en 28 días.
“La productividad no ha incrementado desde el 2010, por lo que urge desarrollar políticas para aumentarla. En este aspecto, el capital humano tiene un rol crucial, lo que impacta en el crecimiento económico de los países. Por otro lado, la informalidad es un factor que perjudica enormemente a la productividad. Más de 11.5 millones de peruanos tiene empleo informal. Para enfrentar este problema se debe atender la rigidez de la regulación laboral y tributaria, la tramitología y la sobre regulación en temas como la seguridad y salud en el trabajo”, aseveró.
Añadió que la informalidad es transversal en la economía peruana. Por ejemplo, el 92 % de las empresas de transporte en el país son informales, el 67 % de las viviendas en Lima se construyeron sin licencia municipal y el 45 % de la deforestación a nivel nacional ocurre sin uso autorizado.
DIFERENCIAS DEPARTAMENTALES
En otro momento, Roque Benavides indicó que “el centralismo es otro tema a considerar en la agenda nacional”, precisando que se debe atender las brechas existentes, porque “el Perú es un país con dos realidades”.
Actualmente, 22 de las 24 regiones tienen un gasto real por hogar por debajo del gasto promedio nacional, que es mil 731 soles al mes, según el Instituto Peruano de Economía y existen casos como el de Moquegua, donde el PBI per cápita es ocho veces más que el de Apurímac.
Otra realidad es la de accesibilidad a los servicios básicos. Por ejemplo, Tacna tiene más del doble de cobertura de desagüe que Huancavelica.
EL NORTE
El presidente de la CONFIEP destacó que Lambayeque sea la región más competitiva del norte y se ubique en el sexto lugar a nivel nacional, de acuerdo al Índice de Competitividad Regional 2017.
En su descripción del panorama norteño, explicó que Tumbes destaca a nivel nacional por ocupar el primer lugar en menor mortalidad infantil y menos conflictos sociales. Sin embargo, tiene retos como la criminalidad, homicidios y percepción de la inversión pública.
De Piura resaltó el incremento del gasto real por hogar y señaló que entre sus retos están el presupuesto público per cápita, la resolución de expedientes judiciales y el desempleo juvenil.
“En el caso de Lambayeque se puede destacar el incremento del gasto real por hogar, pero existen retos muy grandes como el mejoramiento del presupuesto público per cápita, la brecha de género laboral que aún es alta y la ejecución de la inversión pública, que es menor en comparación a los demás departamentos del norte”, señaló.
Respecto a La Libertad, comento que este departamento es el que más empleo formal ha generado en el norte, pero también presenta problemas de presupuesto público per cápita, provisión de agua y homicidios.
“En Cajamarca hay una mayor cobertura de electricidad, pero ciertamente hay una menor cobertura personal médica, la población con estudios secundarios no se ha incrementado y el nivel de empleo no es adecuado. En Amazonas la percepción de la inversión pública ha mejorado, pero hay retos como el acceso al crédito, la resolución de expedientes judiciales, la cobertura de electricidad y la asistencia escolar”, detalló.
PROYECTOS IMPORTANTES
Roque Benavides señaló que para promover el empleo y dinamizar las regiones del norte se deben impulsar los proyectos de inversión.
“La única forma de progresar en nuestro país es con más inversión. No hay otra manera y, por lo tanto, tenemos que poner en valor todos los proyectos. El Proyecto de Chavimochic, la tercera etapa, lamentablemente todo se ha retrasado con los escándalos de corrupción. El dique de Chavimochic III está paralizado en estos momentos al 80 % de ejecución, paralizado por el escándalo de Odebrecht. La verdad es lamentable. Se hizo una inversión enorme y está paralizada. Hay que promover que eso se solucione lo antes posible”, enfatizó.
“Que Chavimochic esté paralizado, ¿hay derecho porque el señor Odebrecht cometió los delitos que cometió? No lo creo. ¿Acaso los trujillanos tienen que pagar por el señor Odebrecht?, ¿acaso todos los trujillanos son corruptos? De ninguna manera. Es un proyecto importante que tiene que ser reiniciado”, afirmó.
Otros proyectos que mencionó, con impacto directo sobre Lambayeque, son Michiquillay, Galeno, Conga y La Granja.
“Toda esa producción tendría que salir a través de los puertos de Lambayeque, La Libertad y Piura, generando una actividad económica enorme y con muchos puestos de trabajo para el norte del país. También hay que tener en cuenta a la reconstrucción. Este proceso tiene que agilizarse, no puede ser que no avance mucho más rápido. Sinceramente las carreteras de Piura están destruidas y ese es solo un ejemplo”, indicó.
“Puerto Eten es un proyecto que serviría para exportar la carga de la sierra y de la selva del norte del Perú, también es necesario el mejoramiento de las carreteras departamentales que unen a Cajamarca, los accesos a Cayaltí, y otras muchísimas vías que se pueden construir. También se tiene que desarrollar el potencial turístico de Lambayeque, seguir desarrollando el Proyecto Olmos y trabajar en la nueva ciudad de Olmos, así como la modernización del aeropuerto internacional”, refirió el dirigente empresarial.
EMPRESAS Y CORRUPCIÓN
Roque Benavides puso énfasis al referirse a las consecuencias que el caso Odebrecht ha tenido hasta el momento en el país, principalmente para con las empresas que en determinado momento se asociaron con la firma brasilera en la ejecución de proyectos de infraestructura.
“Ciertamente nosotros rechazamos la corrupción totalmente. Sin embargo, la justicia de nuestro país tiene que ser consciente que hay que perseguir a aquellos que han delinquido, pero lo que no se puede hacer es destruir a las empresas. Graña y Montero, por ejemplo, está conformada por 40 mil peruanos. ¿Los 40 mil son delincuentes? Nosotros lo que tenemos que hacer es que la justicia se focalice en los que pueden haber cometido delitos, pero no destruir a las empresas”, señaló.
Citó el caso de Volkswagen, que también estuvo involucrada en actos de corrupción y pago de sobornos a nivel internacional. “La justicia se ocupó de enjuiciar a aquellos que habían tomado las decisiones donde se había generado el delito, pero la empresa siguió operando y, por supuesto, se mantuvieron los puestos de trabajo de miles de personas. Tenemos que ser muy cuidadosos en cómo se aplica la justicia en nuestro país”, señaló.
A fines del 2010 Mochumí parecía bombardeado. Un deficiente e inconcluso proyecto de agua y alcantarillado había convertido sus calles en trincheras y el malestar de la población era general. Al año siguiente, con la llegada de Alexander Rodríguez Alvarado a la alcaldía, la recuperación empezó. Hoy, el primero de los pueblos de la provincia de Lambayeque muestra un avance sin precedentes: el 100 % de la zona rural y urbana tiene servicios de saneamiento básico, todas sus calles están pavimentadas y es el único distrito del departamento que cuenta con un sistema de drenaje pluvial. Por si fuera poco, el municipio ha construido tres vías asfaltadas que conectan a sus caseríos.
El trabajo de Rodríguez Alvarado es silencioso, pero impactante. Pese a que el distrito recibe del Fondo de Compensación Municipal – FONCOMUN, poco más de 300 mil soles, hasta el momento las inversiones en obras de desarrollo superan los 100 millones de soles. La clave – afirma – es la capacidad que ha tenido junto a su equipo técnico para sustentar ante el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la necesidad de emprender proyectos ambiciosos, marcando una diferencia muy fuerte en comparación con las demás municipalidades del Valle La Leche.
“Yo más soy de campo que de oficina”, señala el burgomaestre, quien fue reelegido en el 2014 por sus vecinos.
“Hemos empezado el último año del segundo mandato y lo estamos haciendo con mucho entusiasmo, gracias al apoyo de la población que me ha dado la oportunidad de conducir los destinos del distrito. Hemos tratado de hacer las cosas bien y ejecutado obras importantísimas tanto en la zona urbana como rural”, señala Rodríguez Alvarado.
El edil dice estar seguro de que en los próximos meses todavía será posible ejecutar más proyectos de inversión para el distrito.
BÚSQUEDA DE PRESUPUESTOS
“Nosotros no recibimos ningún tipo de canon, por lo que afirmo que el éxito alcanzado se basa en la capacidad de gestión. Los recursos que hemos traído para invertir en obras son importantísimos y eso ha significado que Mochumí logre avanzar en infraestructura y la calidad de vida de la población”, menciona.
Mochumí tiene electrificación rural al 100 %, agua y alcantarillado al 100 % y pistas rurales. De estas últimas destaca la vía asfaltada, con doble carril, Mochumí – Maravillas – Chepito Alto, llegando hasta los límites como Mórrope, de 8.5 kilómetros; la carretera Punto Cuatro – Los Pinos – Los Guanilos – Valle Nuevo – Solecape, de 9.5 kilómetros, y la vía Mochumí – Cruz de Sandoval – Tepo – La Pava, de cuatro kilómetros.
Asimismo, la administración de Rodríguez Alvarado impulsó la ejecución de la carretera Punto Cuatro – Pueblo Nuevo, que conecta a las provincias de Lambayeque y Ferreñafe.
“No es común que en los distritos del Perú se construyan pistas rurales y nosotros lo hemos hecho. En la zona urbana hemos pavimentado al 100 % la ciudad, construido veredas y áreas verdes y, lo más importante, un sistema de drenaje pluvial que permite evacuar las aguas que se acumulan en el distrito en temporada de lluvias. Somos el primer distrito de Lambayeque en tener una infraestructura de este tipo”, destaca.
También se han construido colegios en la zona urbana y rural, siendo uno de los más emblemáticos el Augusto B. Leguía, que hoy muestra una portentosa infraestructura para comodidad de la población estudiantil.
“Hemos avanzado en el tema de infraestructura, pero también en el tema social, de proyecto y educación. Ayudamos mucho a los jóvenes para que se preparen. Tenemos un Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque y una filial del Servicio Nacional de Adiestramiento en el Trabajo Industrial – SENATI. Tenemos ludotecas, iniciales, PRONOEI, brindamos apoyo con personal docente y administrativo a los colegios. Creo que eso es parte del éxito de nuestra gestión: trabajar con todos los sectores”, manifiesta.
El municipio ha logrado financiamientos de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento; Educación; Agricultura; Transportes y Comunicaciones y el apoyo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General del Congreso de la República.
PRIORIDADES DE LA RECONSTRUCCIÓN
“Frente al Niño Costero del 2017 gracias a Dios hicimos bastante trabajos de prevención, Mochumí fue afectado en la zona rural, sobre todo, pero en comparación a otros distritos la afectación fue mínima. Tenemos damnificados y ellos están siendo atendidos. Se ha logrado la rehabilitación de diferentes calles que fueron afectadas, además hemos solicitado a la Autoridad de la Reconstrucción con Cambios que ejecute el mejoramiento de colegios y caminos que fueron dañados, así como de viviendas. Tenemos más de mil 800 beneficiarios de módulos de vivienda que ya están siendo atendidos”, destaca el alcalde.
Sin embargo, refiere que la obra más urgente es la rehabilitación de la antigua Panamericana Norte que atraviesa el casco central del distrito, cuyas condiciones son lamentables.
Rodríguez Alvarado, quien preside por segunda vez la Mancomunidad del Valle La Leche, conformada por Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora, Jayanca y Mórrope, gestionó ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se deje sin efecto el cobro del peaje de Mocce, debido al pésimo estado en el que quedó la vía después de las lluvias del año pasado.
“Queremos que se rehabilite nuevamente la Panamericana Antigua. Hemos elevado ese pedido al jefe de la Reconstrucción con Cambios y se ha comprometido a que en febrero se harán las coordinaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que se realicen esos trabajos. Desde el año pasado hemos coordinado con el ministerio, con la concesionaria de la IIRSA Norte y estamos esperando a que se concrete”, precisa.
El Ministerio de Transportes informó el año pasado que se había destinado 10 millones de soles para intervenir en la rehabilitación de la carretera, pero únicamente en los tramos que comprenden a la zona urbana de Mochumí, Túcume, Íllimo, Pacora y Jayanca.
“El presupuesto es mayor desde Mocce hasta Olmos, lo más urgente por ahora son los tramos que atraviesan por las ciudades, porque se genera una alta contaminación, problemas a la salud de las personas y peligro por la cantidad de baches. Otras prioridades son los canales de riego para los hermanos agricultores y los caminos de la zona rural que también deben mejorarse”, señala.
VISIÓN DE DESARROLLO
Mochumí tiene dos centros arqueológicos importantes: Huaca La Pava y Solecape, hacia estos lugares el municipio ha construido vías asfaltadas, que permiten la accesibilidad rápida y segura de los visitantes.
El alcalde comenta que se trabaja en un plan de fortalecimiento turístico, que posibilite que los visitante hagan una escala en Mochumí antes de llegar a Túcume y puedan apreciar la riqueza arqueológica y cultural que este pueblo tiene.
“Son cosas en las que estamos avanzando, pensando en mejorar la calidad de vida de la población. Mochumí tiene aproximadamente 30 mil habitantes, de los cuales poco más de la mitad son aún menores de edad. Por ellos estamos trabajando con las mismas ganas y entusiasmo que pusimos al inicio de la gestión”, refiere Alexander Rodríguez.
La administración edil ha suscrito convenios de trabajo con Salud y Educación, para atender las necesidades de la niñez y también de los adultos mayores.
Actualmente se desarrolla un programa de vacaciones útiles y academia deportiva, en los que participan niños desde los cinco años de edad. Asimismo, se ofrecen talleres de danzas típicas.
“Reunimos a nuestros ancianos y nos preocupamos por darles el apoyo social que requieren. Tenemos más de 500 adultos mayores que perciben Pensión 65 y estamos gestionando el beneficio de este programa para otros ancianos del distrito”, destaca.
Resalta la formalización de predios en la zona urbana y rural. En Mochumí la mayor parte de los caseríos, que son 42 en total, se encuentran titulados.
“Son actividades y necesidades que hemos cubiertos a favor de la población”, menciona.
FALTA DE APOYO
Lamenta que la municipalidad de Lambayeque no haya brindado apoyo a su gestión distrital, problemática que – asegura – se repite en las demás jurisdicciones de la vecina provincia.
“Lambayeque no nos apoya. No lo hizo con la gestión de Percy Ramos y tampoco ahora con la de Ricardo Velezmoro. Esto pasa no solo con Mochumí, sino con todos los distritos de la provincia. No hemos tenido la suerte de tener el apoyo de la provincia. Obviamente estoy decepcionado. Yo sí agradezco al gobierno central y al Gobierno Regional de Lambayeque que nos han dado su apoyo. El gobernador nos ha acompañado mucho a hacer gestión”, destaca.
Rodríguez Alvarado dice sentirse tranquilo por las investigaciones que el Ministerio Público ha iniciado en su contra, a raíz de una denuncia que data del 2014 por presunto mal manejo de las obras.
Afirma que es conveniente que las instituciones de control hagan su trabajo, porque de este modo las autoridades pueden ver sus errores y corregirlos.
“No tenemos nada que temer, que nos investiguen sin mayor problema. Yo no tengo ninguna denuncia a nivel personal, he tratado de hacer las cosas bien a nivel personal y profesional, tanto aquí como en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo”, señala.
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“Tendría que ponerme de luto si Chaparrí desaparece”, señaló el último fin de semana el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez Tineo, quien sostuvo una audiencia con los comuneros y activistas que desde hace meses denuncian la invasión de la reserva ecológica ubicada en el distrito de Chongoyape.
En la reunión, previa a una visita a la zona en la que estuvo acompañado de las autoridades políticas y judiciales de Lambayeque, Rodríguez Tineo fue informado de cómo es que han sucedido una serie de hechos que hacen presumir la presencia de mafias articuladas, con soporte en el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP, dedicada a la usurpación de terrenos, lo que ha puesto en peligro no solo el área de conservación, sino también la propia vida de los campesinos de la Comunidad Santa Catalina de Chongoyape.
El reciente asesinato de José Napoleón Tarrillo Astonitas, uno de los defensores de la biodiversidad que se encuentra en Chaparrí, ha puesto en vitrina internacional los intentos de depredación de una de las zonas de mayor riqueza natural de la costa norte del Perú, refugio del oso de anteojos y de una gran cantidad de especies, algunas en peligro de extinción como la pava aliblanca.
NECESARIA ACLARACIÓN
Rodríguez Tineo puso énfasis al precisar que su presencia en Chiclayo para conocer de cerca el problema de Chaparrí no representa – en ningún sentido – una injerencia del Poder Judicial en las investigaciones que debe realizar el Ministerio Público para determinar las razones y responsabilidades del asesinato de José Napoleón Tarrillo. Por el contrario, dijo que obedecía a un pedido expreso de los comuneros de Chongoyape de dar a conocer su problemática, a fin de generar consciencia en las autoridades judiciales en relación a lo que está pasando con la reserva.
“Los jueces no intervenimos de oficio; es decir por propia iniciativa. Los jueces intervenimos en un litigio a pedido de las partes, por ello, por naturaleza, somos imparciales. En este caso convocamos a esta audiencia a pedido de quienes se consideran la parte agraviada por la invasión de la reserva ecológica de Chaparrí”, mencionó.
Añadió que se siente comprometido a actuar ante la problemática existente porque como presidente del Poder Judicial promovió la firma del Pacto de Madre de Dios por la Justicia Ambiental en el Perú, compromiso asumido por instituciones públicas y privadas para defender el medio ambiente como derecho constitucional.
“La mayor parte de los conflictos sociales en el Perú derivan de temas ambientales, porque tenemos modelos de desarrollo y una economía extractiva, habiendo otra alternativa sustentada en el desarrollo sin sacrificar al medio ambiente. En respeto al Pacto de Madre de Dios es que estoy interviniendo en el problema de Chaparrí, porque de otra forma podría parecer que me estoy parcializado. En los temas ambientales no solo tienen interés las partes de un conflicto, sino todos. Los jueces no vivimos en la estratosfera y debemos entender que los bienes jurídicos en un problema ambiental no son particulares, sino colectivos”, afirmó.
“Espero que algún día el presidente de la Corte de Lambayeque lleve a todos los jueces a conocer Chaparrí, porque si no lo conocen no lo van a defender. No se defiende lo que uno no quiere. Nosotros defendemos a nuestros hijos porque los conocemos y los queremos, nadie defiende a extraños”, enfatizó.
CRONOLOGÍA
La creación de la Reserva Ecológica Privada de Chaparrí se remonta a 1999, como una iniciativa de la Comunidad Campesina Santa Catalina de Chongoyape, constituyéndose en la primera de su tipo en el país y en América Latina. Su formación se consolidó en el 2001.
A partir del ejemplo de Chaparrí se han creado en el Perú 119 áreas de conservación privada, todas tomando el modelo del caso lambayecano, donde se impulsó el primer programa de avistamiento de aves.
La Comunidad Campesina de Chongoyape cuenta con 42 mil 412 hectáreas, de las cuales 34 mil 412 fueron destinadas a la conservación del bosque seco y las especies endémicas de flora y fauna que allí existentes. Para fines agrícolas se dejó ocho mil hectáreas propiedad de la comunidad.
Actualmente se encuentran en peligro mil hectáreas de la reserva, en las que coincidentemente se han producido incendios forestales que, según lo determinado por el Servicio Forestal y de Fauna Silvestre – SERFOR, fueron provocados.
“Los incendios han sido provocados por esas mafias que también son crimen organizado, por los traficantes de tierras. Están interesados en eso porque esas tierras se van a valorizar”, afirmó Durbelí Rodríguez.
LA MONTERÍA
Asunto medular para entender el problema de Chaparrí es el proyecto que apunta a la construcción de la represa La Montería, en jurisdicción de Chongoyape, y que según los comuneros y ambientalistas afectaría de manera directa a la reserva ecológica.
Entre el 2009 y el 2010 se empezó a promover la posibilidad de construir la represa para ampliar la frontera agrícola y la dotación de agua en el valle Chancay Lambayeque. En el 2011 dicho componente fue incluido en el Plan Hidráulico Regional junto a otras 18 obras hidráulicas para el ámbito departamental.
A fines del 2015, el Consejo Regional de Lambayeque aprobó la iniciativa privada confinanciada denominada “Sistema Hidráulico Integral del Valle Chancay – Lambayeque”, que comprende la construcción de La Montería y el hidráulico Sicán, valorizada en aproximadamente 600 millones de dólares y cuya ejecución era propuesta por la constructora brasilera Queiroz Galvao. Sin embargo, al momento en que la constructora inició los trámites ante Proinversión se eliminó el componente que garantizaba el uso del agua con fines poblacionales (agua potable).
Desde entonces, hasta el momento, la gestión de la iniciativa privada ha quedado paralizada debido a la vinculación que tiene Queiroz Galvao con el caso Lava Jato.
“Si van a tener la represa La Montería, que irrigaría toda esa zona, entonces los traficantes ya pusieron el ojo ahí, porque esas tierras que hoy podrían costar cinco mil soles la hectárea, costarán más adelante 50 mil dólares. ¿Quién va a comprar eso? Ahorita aparecen como beneficiarios los comuneros, pero ya vemos después cómo viene la concentración de tierras”, aseveró el presidente de la Corte Suprema de la República.
LA DIRECTIVA
Según lo afirman los comuneros y el propio Rodríguez Tineo, la junta directiva de la Comunidad Campesina de Chongoyape – llamada a la defensa de la reserva – “es una de las que promueve la invasión”.
“En esa directiva está un señor de apellidos Díaz Castillo, que no tiene nada de comunero. En el padrón están diferentes personas que nada tienen de comuneros, han aparecido falsos comuneros y lo que a nosotros nos preocupa es que no haya una respuesta oportuna del Estado. Hasta la SUNARP inscribe actas fraudulentas para dar legalidad a los invasores. A veces usan a los jueces de Paz. Este tema es bastante complicado y yo creo que los lambayecanos tienen la obligación de defender la reserva ecológica de Chaparrí como la de Laquipampa. Son los pulmones de nuestro departamento”, manifestó Duberlí Rodríguez.
Dijo además que ambas zonas protegidas son los atractivos de Lambayeque.
“Cuando uno viene de Lima y sale del aeropuerto hay una flechita que dice: “A Chaparrí”. Ahora, cuando ya se invada y desaparezca Chaparrí esa flechita tendrá que cambiar. Dirá: “Hacia el fundo tal, que produce uva”. Ya no veremos osos de anteojos”, añadió.
EL ASESINATO DE TARRILLO ASTONITAS
El 30 de diciembre del año pasado, cerca de las 10 de la noche, fue asesinado a golpes José Napoleón Tarrillo Astonitas, teniente gobernador del sector El Mirador, en Chongoyape.
La causa de su asesinato sería su tenaz oposición al tráfico de tierras en Chaparrí, toda vez que en días previos a su muerte, ante la inacción del Estado, el comunero empezó a organizar una ronda campesina que permita la defensa de la zona protegida.
Fueron cuatro sujetos los que lo acabaron a golpes en su vivienda.
El crimen ha dado la vuelta al mundo y se toma como un atentado a los defensores de la ecología ejecutado por mafias organizadas.
El sábado, el presidente del Poder Judicial rechazó la hipótesis de que el móvil del asesinato haya sido un problema sentimental o que José Napoleón Tarrillo haya estado vinculado a las organizaciones que trafican tierras en Lambayeque.
“Desengañado del Ministerio Público, de los jueces, de la policía, pidió apoyo a las rondas de Chota para formar una ronda campesina de Chaparrí. Cuando estaba organizando eso le dieron muerte. Esas hipótesis de que fue asesinado por razones sentimentales son bastantes subjetivas, aunque claro tampoco puedo hacer una afirmación tan tajante. Es bien fácil decir que es un lío de faldas, yo espero que los fiscales y la policía estén haciendo sus investigaciones”, enfatizó Rodríguez Tineo.
HECHOS IRREGULARES
Javier Ruiz Gutiérrez, integrante del Frente de Defensa, denunció que existe una red de corrupción que ha capturado la conducción de la comunidad campesina y promueve la desaparición de la reserva ecológica.
“En un proceso que es desigual hemos tenido que seguir acompañando a los comuneros. Ya no es solo un conflicto entre privados y comuneros, es una red de corrupción bastante grande”, afirmó.
Explico, por ejemplo, que la actual directiva de la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape recurrió a la adulteración de actas e incluso al uso de figuras inexistentes en el estatuto de la organización, como la ratificación, para lograr su inscripción ante SUNARP.
“Primero presentan un acta con la firma de tres comuneros que aprobaron, supuestamente, la ratificación de la directiva, y que lleva la firma del juez de Paz de Primera Nominación, José Chirinos Dávila. Esa misma acta fue observada por SUNARP. Sin embargo, el mismo documento fue presentado después pero con la firma de 200 comuneros y la SUNARP no observa la adulteración. Se trata de dos actas del 7 de septiembre del 2014. La mayoría de los firmantes eran comuneros no calificados, que según la Ley de Comunidades Campesinas no pueden elegir ni ser elegidos”, denunció.
Lo grave es que en la segunda acta aparece la firma del juez de Paz de Tercera Nominación Gilberto Bravo de los Santos, por lo que no queda claro qué autoridad dio validez a la supuesta asamblea en la que se ratificó a la directiva. La madre del juez Gilberto Bravo, Rosalía de los Santos, aparece como firmante del acta y también figura el hermano de este.
“El juez Chirinos ha dicho que nunca participó de ninguna asamblea. Otra cosa preocupante es la del señor José Antonio Díaz Castillo, vicepresidente de la comunidad campesina, cuya condición es la de comunero no calificado. SUNARP validó eso y vulneró la ley”, señaló.
Comentó además que una de las primeras acciones de la directiva fue la expulsión de los comuneros que promovían el turismo y la conservación de Chaparrí. En total fueron apartados de la comunidad 180 campesinos.
“Ser expulsado implica perder los derechos comunales, inclusive la tierra. Esto es importante de tener en cuenta porque fue denunciado. SUNARP no hizo caso y la fiscalía archivó las denuncias y pidió el sobreseimiento de una de las acusaciones por la designación ilegal de la directiva”, mencionó.
INDIFERENCIA JUDICIAL
Agregó que varias de las denuncias presentadas por los comuneros por atentados contra su seguridad son archivadas, lo que difiere de las denuncias que la directiva presenta contra ellos, cuyo trámite es mucho más célere.
“El 24 de noviembre del 2016 se denunció a la fiscalía la afectación de los bosques de Chaparrí. Se identificó que los ejecutores eran los integrantes de la familia Cruzado Carranza. Ese proceso pasó al Poder Judicial pero para pedir sobreseimiento. En mayo del 2017 esa familia intentó asesinar a los hijos de Heinz Plenge. Sus hijos fueron atacados con palos, de la misma forma en que se atacó a José Napoleón Tarrillo. Las denuncias presentada por la familia Plenge fueron archivadas y, lo peor, es que los señores Cruzado Carranza no fueron siquiera citados. Si los citaban se hubiera descubierto que estaban requisitoriados”, narró.
Uno de los hermanos Cruzado Carranza estaba incluidos en el Programa de Recompensas al imputársele el asesinato de tres comuneros de Salas, ocurrido octubre del 2016. Fue capturado el 31 de julio del 2017 y el 3 de agosto la jueza Maribel Mendoza Cueva declaró infundado el requerimiento de prisión preventiva.
“El señor Marco Díaz Castillo tiene a toda su familia en el padrón a pesar que no tienen las condiciones mínimas para ser comuneros. Tiene una sobrina que no aparece en el padrón, pero que cuando se presentaron las denuncias era fiscal y, además, es primo hermano de la expresidenta de la Corte de Lambayeque, Ana Salés del Castillo. También tienen familiares en SUNARP”, enfatizó.
La Defensoría del Pueblo ha solicitado garantías para los comuneros que defienden la reserva ecológica, mientras – contrariamente – la ministra del Ambiente, Elsa Galarza Contreras, declaró en Chiclayo que el problema de Chaparrí es el de una reserva privada y, por lo tanto, la intervención del Estado no es posible.
Uno de los sentenciados quiso acabar con su vida cortándose la tráquea.
El Ministerio Público logró el año pasado que la Corte Superior de Justicia de Lambayeque condenara a 14 personas a cadena perpetua por incurrir en el delito contra la libertad sexual en su figura de violación sexual en agravio de menores de edad.
La siguiente es una síntesis de los casos presentado el último año en el distrito judicial, que abarca a las provincias de Jaén, San Ignacio, Santa Cruz y Cutervo, correspondientes al departamento de Cajamarca.
WILMER RODAS SUÁREZ (55)
Fue sentenciado a cadena perpetua el 2 de febrero del 2017 por abusar sexualmente de su sobrina de iniciales M.D.R.C.R. de 12 años de edad. En el 2010 el sentenciado en su condición de tío se aprovechó de la menor agraviada y como ambos vivían en el mismo domicilio, ubicado en el asentamiento humano Los Ángeles de la provincia de Lambayeque, la obligó a tener relaciones sexuales.
La acusación fue presentada por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque.
SEGUNDO ROJAS GONZALES (61)
El 17 de enero del 2017 fue sentenciado a cadena perpetua por el delito contra la libertad sexual, por haber abusado de una menor 14 años de edad. Días después de recibir la condena, Rojas Gonzales, quien se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Jaén, intentó ponerle fin a su vida infiriéndose un profundo corte en la tráquea.
El caso fue llevado a los tribunales por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Cutervo.
EVER SANDY ZAPATA OLIVA (43)
El 18 de abril del año pasado este sujeto fue sentenciado por violar a su hijastra de iniciales N.B.M.CH (12). De acuerdo a la investigación fiscal, el acusado abusó sexualmente de la menor desde que tenía 11 años de edad, en su domicilio, durante la madrugada, mientras su madre salía a trabajar como obrera de campo. El delito fue descubierto el 13 de setiembre del 2016.
La acusación la formularon los fiscales de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Ferreñafe.
WALTER DÍAZ FERNÁNDEZ
Fue sentenciado a cadena perpetua el 17 de octubre del 2017, por haber abusado sexualmente de una menor de iniciales G.K.V.V, de 13 años. El hecho ocurrió en la ciudad de Cutervo en el año 2016.
La carpeta fue revisada por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Cutervo.
VALENTÍN REYES VIDAURRE (39)
Condenado por violar a su sobrino de iniciales F.A.V.V, de 7 años. El 22 de febrero de 2015 el menor junto a su madre y hermanas visitó la casa de un familiar en el pueblo joven Federico Villareal de Túcume. Aprovechándose de las circunstancias, el agresor llevó al menor con engaños hasta su habitación y abusó sexualmente de él.
Fue acusado por la Primera Fiscalía Provincial Penal de Lambayeque.
JAIRO SOBERÓN DELGADO
Fue sentenciado a cadena perpetua el 5 de septiembre del 2017 luego que los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque lo encontraran culpable del delito de violación sexual en agravio de la menor M.P.O, de 14 años de edad.
El caso fue ventilado por la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Ignacio.
RAMÓN BERMEJO HERRERA
Natural de la provincia de Ferreñafe, fue sentenciado a cadena perpetua el 18 de octubre del 2017 por el delito contra la libertad sexual en su figura de violación en agravio de la menor de iniciales B.T.G, de 13 años de edad.
La acusación fue presentada por la Segunda Fiscalía Provincial de Ferreñafe.
JESÚS SÁNCHEZ DIONISIO
Recibió la condena de cadena perpetua el 15 de agosto del 2017, después que el Segundo Juzgado Penal Colegiado de Chiclayo lo encontrara culpable de haber cometido el delito contra la libertad sexual en agravio de su conviviente, a quien incluso le ocasionó que perdiera un hijo en el segundo mes de gestación. El hecho ocurrió en el 2016 en el distrito de Jayanca de la provincia de Lambayeque.
La carpeta estuvo a cargo de la Segunda Fiscalía de Motupe.
JAVIER ALBERTO CHANAMÉ CASTILLO
El 28 de setiembre del 2017 fue sentenciado a cadena perpetua por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por incurrir en el delito de violación sexual en agravio de una menor de 11 años. El Hecho ocurrió en la provincia de Chiclayo.
Fue acusado por la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ PÉREZ (60)
Recibió la máxima condena en noviembre del 2017 por el delito violación sexual en agravio de su sobrina de 9 años, hecho registrado en el 2015 del pueblo joven El Porvenir. Vásquez Pérez fue sentenciado luego de ser capturado en un operativo policial ya que sobre él pesaba una orden judicial de ubicación y captura a nivel nacional.
Fue acusado por la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo.
SEGUNDO GOICOCHEA FERNÁNDEZ (34)
Fue condenado a cadena perpetua por el Colegiado Penal de Jaén por abusar sexualmente de una menor de iniciales A.M.J.V, de 9 años, a quien amenazó de muerte para que no lo delatara. El ataque sexual contra la niña ocurrió en el 2015 en el sector Montegrande, cuando se dirigía a su vivienda después de clases.
La denuncia fue presentada por la Segunda Fiscalía Provincial de Jaén.
CÉSAR ANTHONY HUERTAS NÚÑEZ (27)
El 22 de diciembre del 2017, el Poder Judicial lo sentenció a cadena perpetua por abusar sexualmente de su vecina, una niña de iniciales V.S.M, de dos años de nacida. El delito ocurrió el 2 de agosto del 2012, a las 7:30 de la noche, en la calle José Pardo en la ciudad de Chiclayo.
La acusación fue presentada por la Segunda Fiscalía Provincial de Chiclayo.
ROMEL FERNÁNDEZ SANTA CRUZ
La Corte Superior de Justicia de Lambayeque impuso la condena de cadena perpetua para Fernández Santa Cruz por haber incurrido en el delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de 10 años. El dictamen contra Fernández Santa Cruz se dio el 26 de diciembre del 2017.
El caso fue llevado ante la autoridad judicial por la Segunda Fiscalía Provincial de Chiclayo.
SENTENCIAS DEL 2016
Con cadena perpetua se encuentra Henry Ventura Cueva (43), autor del delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual en agravio de su sobrino de iniciales J. C. V. (10). Los hechos se registraron desde 2010 hasta el 2014 en el caserío Higuerón del distrito lambayecano de Motupe. La sentencia contra de Ventura Cueva se dio el 6 de enero del 2016.
Otro caso es el de Jorge Rubén Llontop Alarcón fue condenado el nueve de marzo del 2016 por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque a cadena perpetua, mientras que su conviviente, Jenny Vives Pérez, fue sentenciada a 35 años de pena privativa de la libertad, luego que se acreditara en ambos la responsabilidad del delito de violación sexual en agravio de su hija de iniciales M.J.LL.V. (12).
Asimismo, Luis Morales Mendo fue sentenciado a cadena perpetua el 11 de abril del 2016, luego que se le encontrara culpable en el delito contra la libertad sexual en su figura de actos contra el pudor en agravio de una menor de 14 años de edad. El hecho se suscitó en la ciudad de Jaén, en el departamento de Cajamarca.
Elmer Parra Berna (35) fue condenado a cadena perpetua por el Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque el 16 de mayo del 2016, tras comprobársele la autoría en el delito de violación sexual en agravio de su hija política de 12 años de edad. La agresión contra la víctima ocurrió en diciembre del 2013, en una chacra ubicada en el sector El Siglo del centro poblado Nueva Esperanza, en el distrito de Olmos.
Del mismo modo, Jolver Jibaja Cabrera, el 10 de junio del 2016, fue sentenciado por la Corte Superior de Justicia de Lambayeque por el delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual en agravio de una menor de 14 años. El hecho ocurrió en el año 2015.
El 23 de junio del 2016 el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Jaén condenó a cadena perpetua Julio César Fernández Muñoz, por el delito de violación sexual en agravio de su menor hija de tan solo 9 años de edad. De acuerdo a las declaraciones de la menor, los hechos se registraron en Nueva Cajamarca. Sin embargo, luego su progenitor volvió a abusar sexualmente los días 9 y 10 de agosto del 2015 en la provincia de Cutervo.
Walter Medina Campos (42) fue sentenciado a cadena perpetua el 13 de octubre del 2016 por el delito de violación sexual contra su hijastra, una menor de iniciales D.G.C., de 12 años de edad. El imputado cometió el delito en el mes agosto del 2015, aprovechando que la familia de la menor no se encontraba en su vivienda, ubicada en el caserío San Josédel distrito de Pimpingos, provincia de Cutervo.
Finalmente, Enrique Guillermo Ramos Díaz (48), el 3 de noviembre del 2016, fue sentenciado a cadena perpetua por el Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, al encontrársele culpable del delito contra la libertad sexual en agravio de su hijastra de iniciales K.B.P.V., de 12 años de edad. Los hechos ocurrieron el pasado siete de agosto del 2012, cuando la agraviada se quedó en su casa del distrito lambayecano de Mochumí.
Decano del Colegio de Abogados no está habilitado para el ejercicio de la profesión.
El 24 de noviembre y el 13 de diciembre del año pasado, el Colegio de Abogados de Lambayeque, difundió dos comunicados a través de sus redes sociales, notificando que el 5 de octubre la Asamblea de Delegados había decidido suspender al vicedecano de la orden José Larios Bernal, por supuestamente haber cometido antes anti institucionales. El detonante de dicha decisión fue la entrevista que Larios Bernal concedió a Expresión en la edición 1026, en la que pedía la intervención de la Comisión Revisora de Cuentas a la gestión del decano Juan Zamora Pedemonte, pero además el adelanto de elecciones por la ocurrencia de hechos irregulares y violaciones al estatuto.
Lo que Larios Bernal advertía era que los recursos del ICAL estaban siendo destinados para la habilitación del terreno donde deberá construirse el centro de esparcimiento de los abogados, sin que exista un proyecto en concreto ni perfiles técnicos y económicos de las obras.
Sus aseveraciones finalmente fueron confirmadas. Documentos en mano, José Larios, quien no ha sido notificado hasta el momento de ningún proceso por parte de la Comisión de Ética en su contra, demuestra que empresas de rubros ajenos al alquiler de maquinaria han prestado dichos servicios a la institución, esto con el aval del decano.
“Personas que se dedican a la venta de plantas aparecen alquilando maquinaria. Personas que transportan agregados también y qué raro que esa maquinaria ha sido supuestamente utilizada en el centro de esparcimientos”, cuestiona José Larios.
LAS FACTURAS
Ese es el caso de la “Comercializadora Pacífico Norte SAC, con RUC N° 20480729090, que el 28 de noviembre del año pasado extendió la Factura de Serie 004 - N° 000006, dedicada al “transporte de carga, materiales de construcción, distribución de ladridos, agregados y ferretería en general”, por 566.40 soles por el “servicio de alquiler de maquinaria, retroexcavadora c/ chofer”, durante cuatro horas de trabajo, cobrando el importe de 141.60 soles por hora.
La empresa, representada por María Cueva Moscol, recibió la cancelación del servicio el 7 de noviembre pasado con el cheque del Banco de Crédito del Perú – BCP N° 09635418-8-002-305-1137355041-14, girado por el Colegio de Abogados de Lambayeque.
Expresión se comunicó con la empresa y constató que en efecto alquila maquinaria, pero que la hora por el servicio de una retroexcavadora no cuesta 141.60 soles como le cobró al ICAL, sino 120 soles.
Otro caso es el de la empresa “Jardinería y Servicios Vivero Cristo Viene”, de Óscar Orlando Flores Uypan, con RUC N° 10802784720, dedicada a la “venta de todo tipo de plantas ornamentales, frutales, instalación de grass americano, grass bermuda, asesoramiento y mantenimiento de áreas verdes”, que el 9 de octubre del 2017 remitió la Factura de Serie 002 – N ° 000090, por 12 horas de maquinaria agrícola con sistema láser en nivelación de terreno y cuatro horas y media de horas de maquinaria agrícola con arado para terreno en el centro de esparcimiento El Ciénego, por una valor de dos mil 820 soles.
Flores Uypan recibió el pago de sus servicios con el cheque, también del BCP, N° 09635374-3-002-305-1137355041-14, del 11 de octubre.
Nuestro medio intentó contactarse con la empresa, pero ninguno de los teléfonos que se consignan en el comprobante de servicios se encuentra operativo.
“¿Qué otros documentos habrá? La gestión la está utilizando Zamora definitivamente para aprovecharse de los fondos de todos los abogados”, afirma José Larios.
LA SUSPENSIÓN
Como se ha dicho, el 5 de octubre del año pasado se realizó la asamblea en la que se resolvió suspender al vicedecano en sus funciones. De los 85 delegados del ICAL solo participaron 15.
Según denuncia Larios Bernal, el decano de la orden “había manipulado ideas” contra su persona con el objetivo de suspenderlo en el cargo.
“La razón de mi suspensión es que he venido haciendo una fiscalización y vigilancia permanente acerca de los recursos económicos que tiene la orden y he requerido formalmente a la Comisión Revisora de Cuentas para que intervenga y fiscalice cómo se están gastando los dineros de los señores abogados agremiados al ICAL. Sin embargo, la comisión hasta la fecha no interviene”, manifiesta.
“Hasta ahora no se me ha notificado ninguna resolución de suspensión, por lo tanto yo sigo ejerciendo el cargo de vicedecano”, indica.
Denuncia que en la nivelación y sembrado de gras en el lugar donde se construirá el centro de esparcimiento de la orden, hasta agosto del año pasado, se invirtió 15 mil soles. Sin embargo, Zamora Pedemonte habría informado, ese mismo mes, que se habían invertido – sin mostrar documentos – “que se había gastado cien mil soles”.
“Las plantas han sido donadas por la municipalidad de Picsi y el cargador frontal fue facilitado por la municipalidad de Monsefú. Realmente todos estos hechos son lamentables y los denunciamos porque se trata del dinero de todos los abogados”, explica.
DECANO INHABILITADO
Larios Bernal cuestiona además que resulta incongruente que el decano del ICAL no se encuentre habilitado para el ejercicio profesional, conforme aparece en la consulta actualizada en la página web del colegio al cierre de este informe.
“El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque se encuentra inhabilitado para ejercer sus funciones como abogado”, precisa.
