El secretario del Sindicato de Trabajadores Administrativos del Sector Educación - SITASE, Dante Bobadilla Yarlaqué, solicita al gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión se identifique con la clase trabajadora a través de una ordenanza que respalde la iniciativa emprendida por la Unidad de Gestión Educativa Local – UGEL Chiclayo, en diciembre del año pasado.
La Resolución Directoral Nº 006040- 2018- GR. LAMB/GRED, de fecha 27 de diciembre del 2018 firmada por el entonces director de la UGEL Chiclayo, Darío Balcázar Quintana, aprobó el reconocimiento de la bonificación por desempeño del cargo ascendente al 35 y 30 % de la remuneración mensual a favor de 23 trabajadores administrativos de dicha entidad, amparándose en el Decreto Legislativo Nº 276.
Es así como los cinco primeros en la lista de trabajadores beneficiados con esta bonificación recibirán montos de ocho mil, 59 mil, 64 mil, 57 mil y 66 mil soles. Los cinco siguientes montos de 57 mil, ocho mil, 61 mil, 10 mil y 54 mil soles. Asimismo, los ubicados en el puesto décimo primero, hasta el décimo quinto de la lista, reintegros de 67 mil, 67 mil, 65 mil, 51 mil y 84 mil, respectivamente.
De igual forma a los últimos ocho trabajadores beneficiados les corresponde recibir 65 mil, 59 mil, 54 mil, ocho mil, 52 mil, 66 mil , 20 mil y 60 mil soles. El monto total asciende a más de un millón de soles y de acuerdo a la resolución el beneficio reconoce el 35 % de la remuneración al grupo ocupacional profesional, mientras que el 30 % al grupo ocupacional técnico.
Según Dante Bobadilla, la iniciativa emprendida por Darío Balcázar debería tomarse como precedente para que el gobernador regional, Anselmo Lozano Centurión, emita una ordenanza regional que extienda el beneficio a todos los trabajadores administrativos del sector educación, sin necesidad que estos recurran a la vía judicial.
“Yo le pido al gobernador regional, Anselmo Lozano, que se identifique con la clase trabajadora, para que se nos reconozca administrativamente el 30 %. Si en verdad dice identificarse con nosotros podría emitir una ordenanza regional y ahorrarnos tiempo y dinero en procesos judiciales que terminarán siendo favorables a nuestra pretensión”, asegura.
Bobadilla Yarlaqué agrega que de hacer caso omiso a esta petición o de dejar sin efecto la resolución de la UGEL Chiclayo, el gobernador regional estaría actuando en contra de los intereses de toda la clase trabajadora.
“Sus funcionarios de la gerencia regional son reconocidos como dirigentes sindicales, tales como Domingo Hurtado Sipión o Ángel Salazar Piscoya. No creo que ahora ya no piensen como sindicalistas y lo hagan como patronales. Esta es la oportunidad para que Anselmo Lozano se reivindique con la clase trabajadora y continúe con la iniciativa emprendida por Darío Balcázar”, puntualiza.
INICIATIVA
“Nosotros como SITASE - Chiclayo saludamos la iniciativa administrativa del exdirector de la UGEL, Darío Balcázar Quintana, por haber aprobado este proceso, en el cual se reconoce el 30 % por desempeño de funciones”, remarca Dante Bobadilla.
De esta manera el representante del SITASE hace referencia a la resolución emitida por el director de la UGEL, la cual tomó como punto de partida una Casación Nº 10- 74- 2010 de Arequipa, con fecha de 19 de octubre de 2011. Además de la Resolución Ministerial Nº 1445- 90 del Decreto Legislativo Nº 276, misma que establece el Sistema Único de Remuneraciones y Bonificaciones, por concepto de desempeño de cargo a todos los profesionales y especialistas de la administración educativa.
“Esta sería la segunda resolución que Darío Balcázar reconoce, debido a que la primera resolución se emitió en beneficio de dos trabajadores: José Toro Díaz y Celia Peralta Lalopú”, remarca. Esta resolución tuvo como porcentaje de bonificación el 30 y 35 %, para ambas personas. El documento al que hace referencia Dante Bobadilla es la Resolución Directoral 003337- 2018- GR. LAMB/ GRED, la cual data del 8 de junio del 2018, misma que se encuentra respaldada por la firma del entonces director de la UGEL- Chiclayo, Darío Balcázar.
DEUDA MILLONARIA
“En la provincia de Chiclayo contamos con un promedio de 780 trabajadores administrativos y 12 mil docentes, si a ellos se les reconociera esta deuda, el monto sería multimillonario”, comenta el líder sindical, quien contrastó el monto reconocido a los 23 trabajadores administrativos, el cual llega a más de un millón de soles.
Bobadilla Yarlaqué también se refirió a la deuda social pendiente con los administrativos y docentes, la cual es de casi 100 millones de soles. Sin embargo, al considerarse como tal, esta no sería atendida por la UGEL o el gobierno regional, sino por el gobierno central, mediante un crédito para deuda social. “El Gobierno central destinó 200 millones de soles cubrir parte de esta deuda, pero a la región de Lambayeque solo le tocó 13 millones de soles empleados para 33 trabajadores cesantes”, señala.
ANTECEDENTES
El Decreto de Urgencia Nº 105-2001 pretendía reconocer el pago de la bonificación personal y el reintegro correspondiente al tiempo de servicio a favor del personal administrativo de las instituciones educativas que se encuentren bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276. Sin embargo, este decreto nunca se aplicó. Pese a ello, los dirigentes de los sindicatos trataron de exigirle a la nueva unidad administrativa que se les reconozca estos beneficios. “Nosotros hemos tratado que administrativamente se nos reconozca y se ha llegado a un acuerdo para que se haga efectivo este pago, pero aún es incierta la fecha”, remarca Bobadilla Yarlaqué.
El secretario de SITASE explica que cuando la unidad administrativa les reconoce un beneficio sin seguir un proceso judicial es mucho más alentador para ellos, puesto que tienen la esperanza de que se les pague cuando se generen saldos presupuestales. “El día que hayan saldos presupuestales hay mayores posibilidades de que nos paguen. En cambio si seguimos un proceso judicial, esto se convertiría en una deuda social y en ese caso pasaría a ser responsabilidad del gobierno central”, asevera.
De acuerdo al Sistema Integrado de Estadística de Criminalidad y Seguridad Ciudadana – Data Crim, que agrupa la información policial, fiscal y judicial, Lambayeque es el primer departamento con más número de denuncias por delitos, superando a Tumbes, Piura y La Libertad. En el 2018, las denuncias más recurrentes fueron por robo, acoso sexual, asalto de vehículos y feminicidio.
Lambayeque ocupa el primer lugar en delitos como robo, acoso sexual y asalto de vehículos. El año pasado se registraron mil 517 denuncias por robo, mientras que en el 2015 hubo mil 114 denuncias de este tipo, lo cual implica un aumento del 36 % en los últimos tres años.
El Sistema de Información de Apoyo al Trabajo Fiscal reporta que en Lambayeque existen mil 187 denuncias de delitos contra la libertad sexual, 93 menos que en La Libertad, y 342 más que en Piura.
El análisis por provincia permite definir que Chiclayo fue la más afectada por la inseguridad. En el 2018 registró mil 291 denuncias de robo, con un incremento del 43 % respecto al 2015.
A nivel de departamentos del norte, Lambayeque es seguido de Piura y La Libertad, que ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en cuanto a robos se refiere, según la estadística contenida en Data Crim.
La plataforma informativa recoge datos oficiales del Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional del Perú, el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, los gobiernos regionales y los gobiernos locales.
En cuanto al delito de actos contra el pudor las cifras en los últimos tres años han sido variables. Así, por ejemplo, Lambayeque registró en el 2016 un total de 73 casos, cifra que para el año siguiente aumentó a 88 y en el 2018 descendió a 82. El año pasado hubo 135 casos denunciados de actos contra el pudor de menores. Por este tipo de delitos, la estadística más baja se tuvo en el 2015.
PRIMER DEPARTAMENTO CON DENUNCIAS
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y la Policía Nacional, Lambayeque es el primer departamento con mayor número de denuncias en la costa norte, superando a Tumbes, Piura y La Libertad.
El año pasado se registraron en Lambayeque 21 mil 148 denuncias por diversos delitos, cuatro mil menos que en el 2017 y más del doble de las asentadas en el 2011, año en el que se contabilizaron 10 mil 300 denuncias.
Piura registró el año pasado 16 mil 680 denuncias, La Libertad 17 mil 767 y Tumbes cuatro mil 565.
El 18.6 % de la población departamental de 15 años a más es víctima de algún hecho delictivo. El índice de victimización en Chiclayo, en el mismo rango de edad, es de 24.8 %; en Ferreñafe es de 16.2 % y en Lambayeque de 18.1 %.
DISTRITO CON MAYOR ÍNDICE DE ROBOS
Por otro lado, entre enero y diciembre del 2018, el distrito de José Leonardo Ortiz reportó 111 denuncias de robo. Este sería el año con el menor número de denuncias recibidas por el delito de asalto y robo de vehículos, lo cual significa que ha disminuido en un 72 % en comparación al 2015.
En cuanto a la modalidad de hurto agravado en casa las cifras han aumentado en un 29 % en la jurisdicción de Chiclayo en el último cuatrienio. En el 2015 hubo 210 denuncias, 233 en el 2016, 271 en el 2017 y la misma cantidad en el 2018. El robo de casas sí disminuyó en José Leonardo Ortiz. Mientras en el 2015 se reportó 95 denuncias, a diciembre del año pasado el número de casos descendió a 43.
Por hurto agravado, el distrito más poblado de la provincia de Chiclayo registró 834 denuncias el año pasado, 265 más que las presentadas en el 2015. De acuerdo a la información de la Policía Nacional del Perú, el 2017 fue el año con más denuncias por este tipo de delito, con 917 casos.
HOMICIDIOS Y FEMINICIDIOS
Del mismo modo, Lambayeque disminuyó en el índice de homicidios. En el 2015 hubo 15 casos, 27 en el 2016, 29 en el 2017 y seis en el 2018. En el 2017 la Policía Nacional registró 16 tentativas de homicidio.
El Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público señala que entre el 2009 y el 2018 hubo en el país mil 177 víctimas de feminicidio, 94 de ellas muertas en el 2018. La modalidad de crimen es diversa. Las mujeres perdieron la vida acuchilladas, ahogadas, asfixiadas o estranguladas, baleadas, desbarrancadas, envenenadas, golpeadas o en otras circunstancias.
Por golpes, murieron 27 mujeres en el 2010, 25 en el 2011, 34 en el 2012, 23 en el 2013, 14 en el 2014, 22 en el 2015, 16 en el 2016, 34 entre el 2016 y el 2017 y 18 el año pasado.
POBLACIÓN PENITENCIARIA
Por su parte, el Poder Judicial informa que en Lambayeque existen cinco mil 733 personas con sentencias condenatorias, 500 más que en La Libertad.
La población penitenciaria en el departamento, a diciembre del año pasado, fue de cuatro mil 110 personas, cifra que se ha duplicado en los últimos seis años, cuando el número de reclusos era dos mil 205 en el 2012, de acuerdo a los reportes del INPE.
Del total de reos en Lambayeque, 42 (diciembre del 2018) tienen entre 18 y 19 años de edad; 648 entre 20 y 24; 840 entre 25 y 29; 698 entre 30 y 34; 594 entre 35 y 39; 429 entre 40 y 44; 317 entre 45 y 49; 409 entre 50 y 54 y 133 mayores de 60 años.
De la Oficina Regional del INPE Chiclayo, con competencia sobre once establecimiento penitenciarios del norte del país, dependen 16 mil 544 reclusos. En el 2012, la cifra era de nueve mil 30. El penal con más número de internos es el de Trujillo, con nueve mil 173 personas.
COMISARÍAS
En Lambayeque existen 53 comisarías de la Policía Nacional del Perú, todas tienen el servicio de energía eléctrica, 51 acceso al servicio de agua potable todos los días de la semana y 34 suministro del líquido vital las 24 horas del día. Solo 50 cuentan con servicio de desagüe y 34 se encuentran en condiciones óptimas respecto a los servicios básicos.
Según el Sistema Integrado de Estadística de Criminalidad y Seguridad Ciudadana hay 282 computadoras de escritorio y portátiles distribuidas entre las comisarías del departamento; existen 134 equipos multifuncionales; 39 tienen conexión a Internet; 48 disponen de al menos un equipo de comunicación propio y operativo, y 46 tienen vehículos motorizados. En la jurisdicción hay dos mil 90 agentes policiales.
Asimismo, 46 comisarías de Lambayeque disponen de mapas de delitos; 31 reciben apoyo de los serenazgos municipales y 27 realizan patrullaje articulado con el serenazgo.
Las investigaciones que día a día realiza la Fiscalía Especializada Contra el Crimen Organizado – FECOR Lambayeque, sobre el accionar de la organización criminal denominada “Los temerarios del crimen” y las delaciones de los colaboradores eficaces, evidencian modalidades y presuntos corruptores impensables.
Entre las tantas versiones brindadas ante el responsable del caso, fiscal Juan Carrasco Millones, el colaborador eficaz identificado como “El moralista” ha revelado que las empresas constructoras Jorigar Inversiones y Servicios EIRL y H & J Rodríguez Alvarado, representadas, la primera de ellas, por José Alberto Rodríguez Alvarado, flamante alcalde del distrito de Mochumí y, la segunda, por el ex Director de Caminos de la Gerencia Regional de Transportes de Lambayeque, Hildomaro Rodríguez Alvarado, también incurrieron en el pago de diezmos.
Según “El Moralista”, las empresas entregaron “el diezmo” ascendente a 50 mil soles, el cual fue repartido con el hermano del parlamentario fujimorista Héctor Becerril Rodríguez y hoy prófugo de la justicia Wilfredo Becerril, todo ello por la adjudicación y la suscripción del Contrato N° 027-2017-MPCH-GM, firmado el 31 de julio del 2017 por el exgerente municipal, abogado José Williams Pérez, y el representante legal común de las empresas José Alberto Rodríguez Alvarado, cuyo objeto consistió en la ejecución de la obra del “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Calle Nacionalismo, Cuadras 1, 2, 3 y 4; Sarmiento de Gamboa Cuadra 5, Huamán Poma Cuadra 5 y Bernabé Cobos Cuadra 4 del pueblo joven 9 de Octubre II, Sector UPIS Cruz del Perdón”, valorizado en más de un millón de soles.
El postor ganador de la obra fue el Consorcio Virgen de la Puerta.
POSTOR CON SENTENCIA
Luego de otorgada la buena pro, el 16 de junio del 2017, y consentida la misma el 19 del mismo mes, la suscripción del contrato tuvo serios inconvenientes, debido a que en ese entonces Hildomaro Rodríguez Alvarado, gerente de uno de los integrantes del consorcio, en este caso H&J Rodríguez Contratistas Consultores SAC, se encontraba con sentencia vigente por peculado de uso, delito cometido cuando fue procesado y sentenciado cuando desempeñó el cargo de Director de Caminos en la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, en la primera gestión del gobierno de Humberto Acuña Peralta.
La vigencia de la sentencia al parecer lo imposibilitaba para contratar con el Estado, generando controversia legal por varios días. La imagen del contrato obrante en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, muestra que el contrato fue suscrito muchos días después del plazo previsto en la normatividad de contrataciones vigente (31 de julio), es decir, después de 20 días del plazo máximo establecido, incluyendo inclusive posibles ampliaciones por si hubiera habido alguna subsanación de los documentos presentados para la firma del contrato, hecho que habría vulnerado el artículo N° 119° del D.S. 350-2015-EF, que reglamenta la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.
La norma establece lo siguiente: “Dentro del plazo de ocho (8) días hábiles siguientes al registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro o de que esta haya quedado administrativa firme, el postor ganador de la buena pro debe presentar la totalidad de los requisitos para perfeccionar el contrato. En un plazo que no puede exceder de los tres (3) días hábiles siguientes de presentados, la Entidad debe suscribir el contrato”.
En esta misma línea, el referido artículo otorga la prerrogativa, de ser el caso, que la Entidad otorgue un plazo adicional para subsanar los requisitos el que no puede exceder de cinco (5) días hábiles contados desde el día siguiente de la notificación de la Entidad, lo cual al parecer no habría sido así, ya que de haberse aplicado lo establecido en el mencionado cuerpo normativo, la formalización contractual no debería haberse realizado y, por ende, la adjudicación podía haber sido revocada bajo la fundamentos expresados, condición que permite presumir la existencia de prerrogativas para la firma del contrato, las cuales se evidencian con la tardía suscripción del mismo.
SIMILAR CONTRATACIÓN
En las mismas condiciones la empresa H&J Rodríguez Contratistas Consultores SAC formalizó el Contrato de Servicios N° 035 – 2017-GR. LAMB. /GRTC con la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones de Lambayeque, cuyo objeto fue la prestación del servicio de la “Actividad por Emergencia para la Recuperación de la Transitabilidad de la Ruta LA-533: Tramo Piedra Víctor –Caracha, Distrito de Salas”, suscribiendo el mismo el día 9 de agosto del 2017, a pesar que el proceso había sido adjudicado 20 de junio de ese año; es decir, después de aproximadamente 40 días de habérsele adjudicado la buena pro, contratación que igualmente habría sido formalizada transgrediendo lo prescrito en el artículo precitado de la reglamentación de la norma de las contrataciones del Estado.
El regidor Percy Espinoza Gonzales tiene una amplia experiencia en gestión pública. Por mucho tiempo dirigió el Instituto de Investigación y Capacitación Municipal – INICAM, brindando asistencia técnica a los gobiernos locales. Además, es decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque y por sus conocimientos sostiene que lo mejor que podría pasarle al municipio provincial de Chiclayo es que se sienten las bases para su adecuación al Servicio Civil. Solo así, refiere, podría garantizarse que el recurso humano responda a las exigencias de una administración moderna y con metas claras.
En la primera sesión del concejo provincial de Chiclayo se aprobó la reorganización de la municipalidad. Considerando que en la gestión del alcalde David Cornejo Chinguel se emprendió un proceso similar con la supresión de gerencias y la creación de nuevas subgerencias, ¿qué implicancias tendría la modificatoria planteada por la administración del alcalde Marcos Gasco Arrobas?
La reorganización obedece al cambio de la finalidad y el objetivo de la institución. En la reestructuración la finalidad y el objetivo se mantiene. Es decir, la municipalidad tiene un objetivo y propósito que no ha sido variado por ley y por tanto debemos definir ese objetivo en el marco de los principios propios de la modernización municipal.
En ese marco tenemos dos caminos. Uno es si promovemos una reestructuración en el marco de un enfoque que ha sido aprobado el año pasado, el enfoque de gestión por procesos en la administración pública. Dentro de la administración pública hay una directiva y un decreto supremo que es el 054 – 2018 PCM, que establece una nueva forma de reorganización y dice qué documentos se deben elaborar y estructurar.
El otro elemento es que promovamos algunos cambios, pero la reestructuración tiene que ir por el proceso de adaptación del modelo y ese modelo es el SERVIR, el de implementar el principio de meritocracia como parte de la gestión municipal, lo que implica tener un perfil de puestos. Este dice: esta área requiere un personal de esta calificación. No lo dice la municipalidad ni el asesor, lo dice SERVIR a través de la reglamentación que ha establecido para esos puntos. Pero además de eso, es porque permite una gestión en mérito a toda la experiencia que pueda haber de algunos servidores públicos que han podido desarrollar sus capacidades en todo este proceso.
Le sirve al Estado porque permite contar con personal calificado para responder a los requerimientos de la institución.
¿Conviene la adecuación al Servicio Civil a una administración que en tres semanas ha dado muestras de no contar con personal calificado? La mayoría de este carece de experiencia en gestión pública, son profesionales que han alcanzado los grados académicos en años recientes y no necesariamente pueden garantizar alcanzar las metas y las exigencias que supone SERVIR.
Justamente por toda la problemática, eso significa una oportunidad, pero no necesariamente para esta gestión, porque el tránsito a SERVIR es largo. La primera etapa dura no menos de un año. La segunda y la tercera fase un año y entonces vemos resultados en la próxima gestión.
La idea es sentar las bases. Cuando Cornejo ingresó, tras la crisis de Roberto Torres, era una oportunidad para generar una situación como esta porque teníamos las condiciones elementales para poder sustentar que era necesaria una nueva modalidad de hacer la gestión, pero el proceso de reestructuración que se promovió en esa época no fue en ese sentido. Simplemente se hizo cambios de denominaciones, porque los procesos de reestructuración como ese, que se promueven en muchas municipalidades, sirven para adaptar los instrumentos al equipo municipal.
Tenemos el ejemplo del SATCH por el CGT, solo cambió de denominación, porque el resultado de la deficiencia en la recaudación es el mismo de hace cuatro años. Entonces no se han generado resultados. En la primera sesión yo voté en abstención, porque el proceso de restructuración que se plantea le da la potestad básicamente a la municipalidad para que haga todos los cambios y nosotros no tengamos como consejo municipal un involucramiento directo en la conformación de la comisión de restructuración.
¿Se aprobó una restructuración municipal sin tener un diagnóstico previo de la situación institucional?
Yo creo que es necesario conocer los procesos administrativos propios de cómo funciona la gestión municipal. Hay un principio de legalidad. Este dice que el poder público se basa en el marco de normas y que no está a disponibilidad del criterio del servidor. Hay un procesamiento que se debe respetar.
Si su propuesta es que la comuna avance hacia la Ley del Servicio Civil, ¿qué hacer con la situación de vulnerabilidad que tiene esta norma frente a la oposición de ciertos sectores políticos y sindicatos que exigen su derogatoria?
El Perú ha suscrito acuerdos internacionales. Este planteamiento y esta política que forma parte de la modernización del Estado se dio no porque se le ocurrió al gobernante de turno, sino porque es una necesidad. Traerse abajo el Servicio Civil es difícil. Es como decir que nos traeremos abajo el InviertePe.
¿Es un proceso irreversible entonces?
Definitivamente. Lo mismo se hablaba cuando tocábamos el tema de la educación. Al margen de la oposición de los sindicatos, estos procesos se han determinado. Finalmente es bueno y la población debe entender que es bueno. Todo cambio siempre choca, todo cambio significa un temor a enfrentar algo nuevo, cómo va a desarrollarse eso y se ha malinterpretado asumiendo que significa el despido del personal. Lo que se busca es unificar las diferentes modalidades de contratación, que haya una sola modalidad de contratación y velar por el desarrollo de capacidades del recurso humano.
Incluso si nosotros queremos una mejor remuneración del personal esto es posible con la Ley SERVIR. La ley de presupuesto permite el incremento pero solo, de manera exclusiva, para aquellas entidades que están incorporadas al SERVIR.
¿Cómo quedaría el anunciado incremento de remuneraciones para los funcionarios de la comuna?
No se puede generar la expectativa de un aumento de las remuneraciones del personal porque la ley de presupuesto es clara. Dice: prohíbase el incremento de las remuneraciones, salarios, dietas, viáticos, beneficios sociales, y eso incluye al propio alcalde.
El planteamiento es respetar la ley de presupuesto. El artículo octavo de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que nosotros nos regimos en el marco de las disposiciones de la Constitución Política del Perú y de las leyes generales de los sistemas administrativos. Al margen de que tengamos autonomía administrativa, hay una ley general de un sistema, en este caso es el sistema de presupuesto.
Además de regidor usted es decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque. El alcalde Gasco dijo que tendría una política de puertas abiertas hacia las organizaciones de la sociedad civil para garantizar una gestión trasparente. Sin embargo, lo que se ve hasta ahora es su resistencia a escuchar a las voces discrepantes, tal como lo hizo el exalcalde Cornejo. ¿Se puede repetir la historia?
Espero que no. Sería contraproducente para el desarrollo de Chiclayo. El objetivo es recuperar el principio de autoridad colocando las normas y estableciendo parámetros. Para que ese principio tenga la legitimidad de implementarse requiere de la participación de distintos actores, no solo de los colegios profesionales, también de los transportistas o de los comerciantes ambulantes. Necesitamos establecer un acuerdo.
Como sociólogo, considero que es necesario articular una agenda de trabajo en donde los que están en contra de los procesos tengamos que llegar a concertar y establecer los puntos sobre los que estamos de acuerdo, todo por el bien de la ciudad.
La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque cumplió 118 años al servicio de Lambayeque, siendo la voz más representativa del empresariado regional, defensora de los grandes proyectos, promotora del crecimiento socio económico. “La Cámara de Comercio y Producción no es una institución vieja. Por el contrario, es cada vez más dinámica, más activa, más plural, más abierta y moderna, porque esa fue la visión de nuestros hermanos mayores, fundadores del gremio de gremios en Lambayeque”, manifestó durante su discurso el empresario Olivio Huancaruna Perales, presidente del gremio empresarial en su condición de presidente.
La centenaria institución alberga en su seno alrededor de 1,000 agremiados en el ejercicio empresarial de diversos rubros. ”Es un alto honor representar a la CCPL poder expresar mi emoción personal por este nuevo aniversario de la institución que nos acoge, sino también para manifestar mi profundo agradecimiento por su permanente colaboración e identificación en cada una de las acciones que como cámara hemos desarrollado en los últimos tres años a favor de los asociados y de la comunidad departamental. Dijimos hace tres años que acercaríamos el gremio a la gente y considero, sin lugar a equivocaciones, que lo hemos logrado”, preciso Huancaruna Perales.
El empresario agregó “Esta noche, que es especial para todos nosotros, quisiera hablar de cuatro aspectos fundamentales sobre los que urge poner atención por las circunstancias especiales que atraviesa Lambayeque, no solo con el ascenso de nuevas autoridades al gobierno regional y los gobiernos municipales, sino también por los acontecimientos lamentables de corrupción que una vez más nos ponen en vergonzosa vitrina a nivel nacional.
En principio debo señalar que Lambayeque no está para ensayos. Como departamento no podemos permitirnos que nuevamente el gobierno regional distraiga su atención en obras de tipo municipal. Necesitamos una visión regional, holística del desarrollo, capaz de concretar en el mediano y largo plazo proyectos que afiancen el crecimiento que los agentes privados procuramos impulsar desde nuestras actividades. Pero ello no implica únicamente avanzar en infraestructura, sino también en cerrar las brechas de desigualdad que pesan sobre nuestra población”, mencionó.
El presidente de la CCPL durante su discurso pregunto “¿Es difícil construir una agenda común regional al 2035, año en que se conmemora el bicentenario de la provincia capital? No, no es difícil. Es necesario que todos los actores sociales de Lambayeque nos comprometamos, por ejemplo, en la reducción de la desnutrición infantil y la anemia, de la accesibilidad a los servicios básicos de agua, desagüe y energía trifásica, en la eliminación del analfabetismo, de la informalidad laboral en general, de la informalidad dentro de la formalidad, de la deserción escolar, del desempleo y la conectividad física y digital. La región a las tareas regionales, sin perder la capacidad de diálogo, coordinación y apoyo con los gobiernos municipales en las provincias y distritos”, asentó.
“Dicho esto, es necesario también que de una vez por todas entendamos que las instituciones están por encima de las personas. No podemos concebir divorcios entre las instituciones, ni que los asuntos y discrepancias personales de las autoridades se trasladen al escenario de gobierno, porque eso solo genera división, postergación y debilita enormemente las aspiraciones que como departamento tenemos. Las instituciones se respetan, ya sea para luchar por la reconstrucción o para exigir al gobierno nacional que dé el énfasis necesario que nuestro Terminal Portuario de Lambayeque necesita para hacerse realidad. No estamos en condiciones de aceptar que la intromisión política ponga trabas o zancadillas al trabajo de los técnicos”, relató Huancaruna.
El líder gremial agregó “en esa línea, es pertinente que la sociedad civil y sus organizaciones entienda también que el rol no solo es el de la crítica, sino también el de la propuesta, el acompañamiento y la participación real. Es absurdo asumir que las autoridades solo pueden recibir críticas y encargarse por sí solas de las soluciones que demandamos. A estas nos corresponde ayudarlas, fiscalizarlas y sumarnos a sus buenos propósitos”, explicó.
También Huancaruna Perales en otro acápite de su discurso dijo “el cuarto aspecto sobre el que quiero reflexionar se refiere a la judicialización del escenario regional. Está bien la lucha contra la criminalidad y la corrupción, eso ayuda a limpiar las instituciones y a generar confianza en el accionar de nuestros organismos tutelares, pero no podemos concentrar toda nuestra atención en ello, porque mientras estamos pendientes de las investigaciones y los juicios, Lambayeque se sigue quedando en el atraso frente a otras regiones del norte, por no decir del país. Corresponde pues liberarnos de la carga que los asuntos judiciales representan para orientarnos a los otros aspectos que también son importantes y nos garantizan crecimiento y bienestar. Las investigaciones y los juicios que queden en manos de los fiscales y los jueces. El resto de la sociedad, sin perder el rol de vigilancia, debe apostar por el consenso para hacer realidad las mejoras que nos hacen falta para tener más empleo, más producción, más industria, más riqueza”, expresó.
Finalmente señaló “quiero referirme a lo que han significado estos tres años de gestión al frente de la centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque. Como bien sabemos, nos tocó un escenario complejo no solo por la retracción de las inversiones y el impacto negativo del Fenómeno El Niño Costero sobre la economía y la producción, pero aún así la gestión que me honro en presidir alcanzó los objetivos trazados al asumir la conducción del gremio.
Logramos, por ejemplo, la renovación de los estatutos poniendo fin a las reelecciones indefinidas y la vieja y nociva práctica de votaciones por carta poder. En el próximo proceso eleccionario de marzo de este año cada socio será un voto y así, en ejercicio de real democracia, decidiremos a quiénes se confiará el liderazgo de la cámara de comercio.
Avanzamos en la validación y sinceramiento de asociados, atrayendo nuevamente a quienes por diversas razones se alejaron del seno institucional e incorporando a más empresarios a las filas de la centenaria cámara de comercio, garantizando para ellos mejores servicios, representación efectiva y, sobre todo, capacitación permanente.
Mantuvimos activos, dinámicos y permanente trabajo a los comités gremiales, a cuyos dirigentes debo expresar mi profundo agradecimiento por su interés e identificación con los sectores que representan; dimos nacimiento al Comité Cívico de Lambayeque para que la voz y propuesta de la sociedad civil se haga sentir en defensa de los intereses departamentales y elevamos la presencia de la cámara a los más altos niveles de gobierno, cruzando incluso las fronteras nacionales.
Nos comprometimos a promover el desarrollo y así lo hicimos, siendo promotores de la conexión internacional de Chiclayo a través de su aeropuerto, logrando que seamos la primera ciudad del país, después de Lima, en tener vuelos internacionales directos; defendimos la posición de Lambayeque frente al Terminal Portuario, a la reconstrucción post Niño y a las obras del Plan Hidráulico, logramos que se implemente el Consejo Regional de Competitividad y desarrollamos una permanente política de capacitación y actualización a favor de los socios y la comunidad en general”, explicó durante la ceremonia de aniversario de sus 118 de la centenaria institución empresarial.
En dialogo con Expresión, Huancaruna Perales refirió que la institución que representa ha dado un paso histórico, con aval de la asamblea, hacia la adquisición del nuevo local de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, objetivo que esperan concretar antes de concluir la gestión.
“Hemos trabajado de manera concertada y siempre con el afán de darle a la institución el prestigio que le corresponde, por ser el más antiguo gremio de Lambayeque y en cuyo seno se han gestado los más importantes proyectos de nuestro departamento.
Huancaruna Perales concluye en los próximos meses su mandato institucional y aprovechó de nuestro medio para agradecer infinitamente a los directivos, a los trabajadores y colaboradores, a los gremios empresariales, a los socios y a las demás instituciones que han ayudado a los directivos de la CCPL consolidar los propósitos de la Cámara de Comercio en este 118 aniversario institucional.
+ NOTICIAS
La Directiva de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque cuyas funciones concluirán en los próximos días está conformada así:
Olivio Huancaruna Perales Presidente
Walter Alva Alva Primer Vicepresidente
Raúl Valencia Medina Segundo Vicepresidente
Lupe Fernández Castillo Tesorera
Carlos Burgos Montenegro Pro Tesorero
Luis Gasco Arrobas Vocal
Pablo Fernández Díaz Vocal
Lindon Vela Meléndez Vocal
Carlos Querevalú Vocal
El gobernador regional de Lambayeque, Anselmo Lozano Centurión, insiste en acentuar sus diferencias con la Autoridad Portuaria Regional – APR, al punto que esta semana anunció que ha solicitado al Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la desactivación de dicha entidad, que desde el 2013 gestiona la ejecución del Terminal Portuario. Sin embargo, es incompetente para plantear tal medida, debido a que la APR responde únicamente a los lineamientos y quejarías de la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
“Las autoridades portuarias, no específicamente esta, sino todas, se crean y se desactivan por ley. En este caso la Ley de Presupuesto del año 2013 creó la Autoridad Portuaria Lambayeque, entonces ningún alcalde o gobernador u otro funcionario público puede crear o desactivar instituciones, ni suspenderlas. Quien sí puede hacerlo es el Congreso de la República, en este caso él (Anselmo Lozano) no podría. Es más hay una Ley del Sistema Portuario que describe los componentes del Directorio y el funcionamiento propio del gerente general y las competencias que tienen las autoridades portuarias. Este es un tema que depende del congreso nacional”, explica Jorge Nakazaki Servigón.
ACCIONES Y RESULTADOS
Lozano Centurión se ha reunido en Lima con funcionarios del Ejecutivo, quienes le han explicado que la gestión de puertos y aeropuertos es competencia netamente nacional, por lo que se crea (para el caso de puertos) una autoridad que, a nombre del Estado Peruano, realiza los estudios necesarios a fin de desarrollar un concurso público que permita la ejecución del proyecto, el cual tampoco se maneja en el ámbito local o regional.
De la gestión encargada a la Autoridad Portuaria Regional se tiene como resultado la formulación del Plan Maestro para el Terminal Portuario de Lambayeque y la inclusión de este en el Plan Nacional de Desarrollo Portuario, proceso que finalizó en el 2016. Desde ese año, la APR buscó la autorización del Estado para iniciar los trámites hacia el concurso público internacional a fin de conseguir un ejecutor del proyecto, autorización que recién se ha materializado el 22 de enero de este año.
EL LOCAL
Otro hecho que llama la atención de la postura del gobernador Anselmo Lozano es la pretensión de desalojar a la Autoridad Portuaria Regional del inmueble que actualmente ocupa, en la calle Arequipa, de la Urbanización Libertadores. El recinto es propiedad del Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, cedido en uso a la APR a través de un convenio cuya vigencia se renovó año a año.
Sin embargo, ha trascendido una circular aún no notificada en la que Lozano Centurión otorgaría diez días a Nakazaki Servigón para que desocupe las instalaciones junto a los otros nueve trabajadores de la entidad, cuyo número incluye al chofer, al guardián y a la persona encargada de la limpieza.
El problema radica en que el gobierno regional y el PEOT no han renovado la vigencia del convenio de cesión de uso a favor de la APR, negligencia que puede atribuirse a la gestión saliente del gobernador Humberto Acuña Peralta.
FACULTAD DEL DIRECTORIO
Jorge Nakazaki señala que si presentara su renuncia como gerente de la Autoridad Portuaria Regional lo haría ante el Directorio de la entidad, que no es conformado por Anselmo Lozano, toda vez que sus integrantes son designados por la Autoridad Portuaria Nacional.
“En el caso de que yo decida renunciar lo haría ante el Directorio, no ante el gobernador. Y este Directorio por ultimo elegiría a otro gerente, pero jamás otra autoridad que no sea el Directorio. Es decir, el gobernador regional no podría elegir al próximo gerente del APR, porque incluso por ahora él ni siquiera es miembro del Directorio”, enfatiza.
En ese sentido, el funcionario refiere que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la Autoridad Portuaria Nacional las entidades que tienen la potestad de calificar si el trabajo desempeñado hasta el momento es o no eficiente, quedando el gobernador regional limitado a coadyuvar políticamente.
Nakazaki Servigón indica además que es falso que la APR haya demorado en el saneamiento de las tierras necesarias para la construcción del Terminal Portuario, debido a que estás están registradas a nombre del Estado, representado por la Fuerza Aérea del Perú y del Gobierno Regional de Lambayeque. El trámite seguido ha estado orientado a definir en qué condiciones la FAP transferiría las tierras a la región, si a título gratuito o con el pago de una compensación.
“El puerto necesita 67 hectáreas, no cinco mil 131. El puerto del Callao, que es el tercer más grande de Latinoamérica, tiene 200 hectáreas, entonces decir que el proyecto portuario necesita cinco mil hectáreas es una imprecisión. Lógicamente, la idea de potenciar a Lambayeque es generando mayores puestos de trabajo, colocando alrededor del puerto industrias, una zona franca, parques eólicos y complejos logísticos, obras que deberá hacer la región con los ministerios, no con la autoridad portuaria”, explica.
PROPUESTA DE INVERSIÓN
Finalmente, refiere que existen dos mecanismos para atraer a la inversión hacia un proyecto como el Terminal Portuario de Lambayeque, la cual puede ser pública o privada. En este caso, se opta por la segunda opción, a través de una iniciativa de inversión que debe ser evaluada por la Autoridad Portuaria Nacional, el Ministerio de Transportes y Proinversión.
“Hay un consorcio coreano-norteamericano que ha presentado sus credenciales para acceder a esto. Ha enviado el 24 de enero una documentación, en la cual hay una iniciativa privada. Esa es una iniciativa tangible. Pero nosotros también tenemos un plan b, en caso no se presentara la iniciativa privada hay que hacer un concurso internacional, a través de Proinversión. También hay otro documento emitido el 22 de enero de este año, enviado por el director de concesiones del Ministerio de Transportes a Edgar Patiño Garrido, presidente de Autoridad Portuaria Nacional, solicitándole la autorización para iniciar proceso promoción de inversión privada del Terminal Portuario de Lambayeque”, informa.
