A más de un año de haber culminado la obra de “Rehabilitación de redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la urbanización Fermín Ávila Morón de Pimentel” que beneficiaría a 727 familias, pobladores de la zona denuncian que el servicio de agua que antes tenían las 24 horas del día, ahora se les racionaliza, a tal punto que solo reciben una dotación de siete horas diarias.
El presidente de la Asociación de Propietarios de Fermín Ávila Morón, Segundo Goycochea Paredes, manifiesta que el servicio de agua potable lo reciben en tres turnos: de 6:00 a 8:00 de la mañana, de 11:00 a 2:00 de la tarde y de 6:00 a 8:00 de la noche.
Esta obra financiada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del Programa de Nacional de Saneamiento Urbano y ejecutada por la Municipalidad Distrital de Pimentel, mediante la contratista R&M Biconstrucciones SAC, tuvo un presupuesto de seis millones 770 mil 52.53 soles e inició el 29 de diciembre del 2016, con un plazo de ejecución de 240 días calendario, el cual sufrió dos ampliaciones, culminando definitivamente el 14 de diciembre del 2017.
El acta de recepción del proyecto fue suscrita el 1 de marzo del 2018 por los integrantes de la Comisión de Recepción de Obras de la Municipalidad Distrital de Pimentel, Jorge Xavier Fallaque Collantes, Edgar Paiva Chero y Simón Mendoza Ramírez; los representantes de la contratista Miguel Huancaruna Campos, Ruly Ayala Farfán y Manuel Puicón Ramírez; el representante de EPSEL Humberto Quiñones Yahiro y el del Consorcio Saneamiento del Norte, supervisor de la obra, Fidel Valdivieso Briceño. Esto tras el levantamiento de las observaciones formuladas el 29 de enero del 2018.
Según el Acta de recepción de obras, dentro de las metas alcanzadas se encuentra la construcción de un reservorio elevado, una estación de bombeo de aguas residuales, 674 conexiones domiciliarias de agua, 700 conexiones domiciliarias de desagüe, 77 buzones de 280 kilogramos por centímetro cuadrado, entre otros.
PRESUNTAS IRREGULARIDADES
Según el teniente gobernador de Ávila Morón, Manuel Tejada Carrasco, a pesar de haber sido recepcionada, la obra cuenta con innumerables cuestionamientos. Menciona, por ejemplo, que la cámara de bombeo no funciona adecuadamente, toda vez que se encuentra paralizada, ocasionando que el agua vaya a rebose.
“El rebose debería ser usado solo en casos de emergencia como que no haya luz o que se malogren los motores de bombeo, pero como a los señores no les interesa que trabaje la cámara de bombeo, el rebose es permanente”, sostiene.
Añade que esto ocasiona que EPSEL haga la descarga de aguas servidas en el Dren 3100, las mismas que los agricultores de las zonas aledañas usan para el riego de sus sembríos y llegan crudas al mar. “¿Cómo podemos tener la seguridad de que los productos que ingerimos no están contaminados? Sus productos van a los mercados y luego regresan a nuestras casas. Es más, debido a que ese dren es un caldo de cultivo, ahora tenemos proliferación de zancudos, moscas gigantes, mosquitos, entre otras plagas”, asevera.
Manifiesta también que otra irregularidad es la colocación de válvulas de mala calidad en el tanque elevado, las mismas que, según señala, EPSEL ha reconocido tácitamente al asegurar que ya han comprado nuevas válvulas para su cambio.
“Si todas las obras públicas tienen siete años de garantía, ¿por qué EPSEL compra las válvulas nuevas para el cambio? ¿No debería ser R&M Biconstrucciones SAC la que cumpla con esa obligación?”, cuestiona.
Asimismo, comenta que toda tubería que va en piso debe tener una cama de apoyo hecha a base de arenilla para que le dé soporte al tubo. Sin embargo, advierte que un gran porcentaje de las tuberías que han puesto durante la ejecución de la obra han sido instaladas en zona rígida, corriendo el riesgo de que se revienten ante una carga pesada.
Del mismo modo, da cuenta de que las cajas porta control de ramal en agua potable han sido hechas de ladrillo cuando estas debieron ser construidas con vaciado de concreto.
“No han hecho pruebas de zanja al descubierto, no han hecho pruebas de zanja tapada, tampoco compactación de suelos después de cerrar la zanja. Por último, ni siquiera han cumplido con la eliminación de los desmontes”, advierte.
Manifiesta, por último que en el acta de entrega de la obra se menciona la construcción de 77 buzones, pero ellos solo conocen de la construcción de 66 de estos. “Dentro del circuito de Ávila Morón hay 69 buzones, más uno que se encuentra fuera del contorno junto a la cámara de bombeo, son 70. Si a eso le sumamos que hay cuatro en el recorrido de la línea de rebose, tenemos un total de 74, pero hay ocho buzones que no se han cambiado desde 1990, entonces solamente quedan 66 buzones. ¿De dónde salen los 77 buzones que hay en el acta de entrega como meta alcanzada?”, apunta.
PEDIDO A LA CONTRALORÍA
Al respecto, la Asociación de Propietarios de Fermín Ávila Morón presidida por Segundo Goycochea Paredes envío el 22 de junio del 2018 el Oficio Nº 064 a la Oficina Regional de Control de Lambayeque solicitando la intervención de este ente en la mencionada obra de rehabilitación de redes de agua potable.
Dentro de las presuntas irregularidades que denuncian, se consigna en este documento que las redes antiguas, las cuales no fueron retiradas durante la ejecución de la obra, revientan en diferentes puntos del conjunto habitacional, ocasionando aniegos “que perjudican el normal tránsito de las personas como de vehículos, infringiendo las normas de seguridad y salud poblacional”, por lo cual solicitan a EPSEL la clausura definitiva de estas redes de agua.
Añaden que EPSEL ejecuta empalmes de la red matriz de agua potable de Fermín Ávila Morón hacia urbanizaciones aledañas privadas “sin tener en cuenta que con estos empalmes perjudican el normal funcionamiento del servicio”. Una de estas urbanizaciones, según señala Tejada Carrasco, sería Los Pinos.
Se consigna también en el oficio la racionalización del servicio de agua y la exhortación para el nombramiento de una comisión que realice una revisión exhaustiva del proyecto. Sin embargo, según manifiesta Goycochea Paredes, la Contraloría no da hasta la fecha respuesta a su documento.
EXPEDIENTE PERDIDO
Tejada Carrasco señala que la mayoría de estas irregularidades que ellos denunciaron durante la ejecución de la obra fueron respondidas señalando que así se encontraba estipulado en el expediente técnico, el cual solicitaron desde fines del 2016, pero nunca les fue entregado.
Manifiesta que durante la anterior gestión municipal de Pimentel, una de las trabas que les pusieron para la entrega del expediente técnico fueron los elevados costos. Afirma que en una oportunidad les pidieron 800 soles para hacer entrega de este documento y en otra segunda les pidieron mil 800.
La primera vez que solicitaron este expediente fue el 29 de diciembre del 2016 mediante el Oficio Nº 039-2016-JVSC-FAM-C. En aquella oportunidad fue la Junta Vecinal de Seguridad Ciudadana de Fermín Ávila Morón la que le solicitó al entonces alcalde de Pimentel, José Gonzales Ramírez, el perfil técnico, el expediente técnico, el presupuesto de inversión pormenorizando la calidad de los materiales a utilizar, el detalle de los alcances de la repotenciación de la cámara de bombeo y la información técnica detallada de la construcción del tanque elevado.
La segunda vez que se solicitó formalmente las copias del expediente técnico fue el 9 de octubre del 2017 a través de la Carta Nº 001.
La tercera vez fue el 16 de enero de este año, a través del Oficio Nº 001-2019-TG-U.FAM.P., en el cual se deja constancia también de los montos elevados que se les pidió a cambio de la entrega del expediente técnico en las anteriores ocasiones.
No obstante, Tejada Carrasco manifiesta que el actual alcalde de la comuna pimenteleña, Roberto Jacinto Purizaca, les ha señalado que ese expediente técnico, al igual que otros documentos de la gestión anterior, han desaparecido.
“Lo único que nos han entregado para poder menguar nuestro pedido es el perfil técnico en un volumen de 177 páginas que aún nos encontramos analizando”, afirma.
En junio del año pasado pidieron la intervención de la Contraloría General de la República, pero hasta el momento no han tenido respuesta.
Más actos irregulares de la gestión de David Cornejo Chinguel salen a la luz. A través del Informe de Control Concurrente N° 001-2019-OCI/0425-CC, el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ha establecido que se pagó por trabajos no realizados en la rehabilitación de la Avenida Paseo del Deporte.
La obra de “Rehabilitación de la Avenida Paseo del Deporte, entre la Avenida Zarumilla y la calle El Virrey”, valorizada en un millón 795 mil 618.25 soles, tuvo como plazo de ejecución 65 días calendario, de los cuales 15 debían destinarse a la elaboración del expediente técnico, esto entre el 8 y el 22 de diciembre del 2017, y lo restante (50 días) para la ejecución de trabajos, según lo establecido en el Contrato N° 0060-2017-MPCH-GM, suscrito el 7 de diciembre con el Consorcio Lenus, integrado por Joselito Rimarachín Flores y la empresa Seteger Construcciones EIRL.
El expediente fue aprobado el 9 de enero del año pasado con la Resolución de la Gerencia de Infraestructura Pública N° 003-2018-MPCH/GIP, por lo que la obra debió iniciar el 10 de enero, debiendo concluir la primera semana de marzo.
La supervisión de la obra fue contratada con el Consorcio Ingenieros Supervisores, conformado por Juan Francisco Loyola Morales y QC Ingenieros SAC, por un monto ascendente a 88 mil 675 mil soles.
VALORIZACIÓN I
De acuerdo al informe del OCI, la Municipalidad Provincial de Chiclayo no adoptó acciones respecto a que las valorizaciones I y II, representadas por la supervisión, incluyeron trabajos no ejecutados, sin presentar pruebas y ensayos de calidad, ni efectuar cálculo de reintegro y deducciones, y registrar los resultados de la administración de riesgos, permitiendo el cambio de las características técnicas del material a utilizar y sin advertir un avance acumulado inferior al 80 % de lo programado.
Esto posibilitó pagos indebidos en perjuicio de la comuna, limitando el control de calidad de la obra.
Esto fue advertido por el órgano de control a través del Informe de Control Concurrente N° 15-2018, elevado al entonces alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, con el Oficio N° 527-2018, del 1 de agosto de ese año, en el que se detalló que la comuna había dado conformidad a la Valorización I por trabajos no ejecutados y/o en proceso de ejecución.
La Valorización I, ascendente a un millón 36 mil 215.16 soles, correspondiente a marzo del 2018, fue remitida por el Consorcio Lemus al supervisor y este informó el 3 de abril del año pasado al entonces gerente de Infraestructura Pública, Washington Aliaga Marín, que la valorización había sido revisada y aprobada.
Tras la aprobación de la Subgerencia de Obras Públicas y Convenios, la Gerencia de Administración y Finanzas procedió al pago de la valorización el 3 de mayo. En dicha valorización se consignó que se había avanzado el 100 % de cinco partidas.
Sin embargo, en la inspección física realizada por el órgano de control el 23 de mayo se constató que no se había ejecutado tales partidas.
VALORIZACIÓN II
El 2 de noviembre del año pasado el Consorcio Lenus presentó al supervisor la Valorización II ascendente a 203 mil 120.51 soles, correspondiente a octubre del 2018. Dicha valorización fue aprobada.
Empero, la constatación de control confirmó que la empresa a cargo de los trabajos había incumplido lo señalado por el expediente técnico, que mandaba la colocación de una capa asfáltica en frío en la zona de estacionamiento de la Avenida Paseo del Deporte. Sin embargo, en esas áreas se había colocado mezcla asfáltica en caliente.
CAMBIO DE PERSONAL
OCI también identificó que el residente de la obra no cumplió con lo establecido en las bases integradas y que la obra se ejecutó sin la participación del personal ofertado por el consorcio ganador.
Cuando el Consorcio Lemus se presentó a la convocatoria propuso como personal clave para la obra a los siguientes profesionales: Felipe Gálvez de la Puente como residente, Manuel Gonzales Uriarte como ingeniero asistente de residente, Elvos Cabrera Fernández como ingeniero en seguridad de obra y Elmer Damián Gonzales como topógrafo.
Sin embargo, en noviembre pasado, cuando se efectuó la inspección a la obra, se encontró como residente a Manuel Sandoval Zapata, como asistente de residente a Christian Córdova Díaz y como ingeniero en seguridad a Elvis Rodríguez Flores.
Lo más grave es que al momento de la inspección realizada por el órgano de control el asistente del residente y el ingeniero en seguridad de obra no se encontraban habilitados ni colegiados.
El cambio de profesionales también se dio en la supervisión. En noviembre pasado estuvo a cargo de la supervisión Ronald Espinoza Barrientos, quien no había sido propuesto para dicha labor. El profesional al que le correspondía realizar esa función era Juan Loyola Morales.
CONCILIACIÓN
Ante el incumplimiento del contrato suscrito en diciembre del 2017, el Consorcio Lemus invitó a la municipalidad de Chiclayo a una conciliación extrajudicial.
Para tal efecto, el Procurador Público Municipal designó al abogado Francisco Castañeda Aguilar para acudir a la diligencia, quien firmó el Acta de Conciliación N° 85-2018, en el Centro de Conciliación Extrajudicial y Arbitraje Chiclayo de la Asociación Peruana de Ciencias Jurídicas y Conciliación – APECC, el 22 de octubre del año pasado.
En dicho acuerdo se acordó que la comuna debía cancelar el saldo de adelanto directo de obra y realizar el pago de la Valorización I correspondiente al avance físico mensual al 29.58 % y avance acumulado de 29.58 %, ascendente a poco más de medio millón de soles. En tanto, la contratista se comprometía a reanudar los trabajos siempre y cuando la municipalidad cumpla con su parte del trato.
Lo irregular del acuerdo es que se arribó a él sin que exista informe técnico legal favorable, tal como lo ordena el Reglamento de Contrataciones del Estado.
Ante la ola de críticas suscitada por el monto fijado por concepto de reparación civil que deberá pagar la empresa brasileña Odebrecht en el marco del acuerdo de colaboración eficaz firmado con el Estado Peruano, el presidente de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República, César San Martín Castro, explica que el cálculo de este monto no obedece a una decisión unilateral del procurador, sino al resultado que arrojan las fórmulas polinómicas establecidas para estimar la compensación.
El juez supremo titular señala que el Decreto Supremo Nº 096-2018-EF, que aprueba el reglamento de la Ley Nº 30737 – “Ley que asegura el pago inmediato de la reparación civil a favor del Estado Peruano en casos de corrupción y delitos conexos”, está lleno de fórmulas económicas que ni siquiera pueden ser entendidas por un abogado, sino por financistas y economistas, al punto que la misma autógrafa establece que el procurador deberá asesorarse de expertos en la materia para que le ayuden a determinar este monto.
“Acá no se trata, como se dice en los medios, que el procurador es muy jovencito y por eso no ha fijado bien el monto, eso no tiene nada que ver. La fórmula de la reparación civil es solo entendible por economistas y la misma ley dice que debe haber un equipo de expertos que apoyen su labor de negociación”, sostiene.
Añade que las críticas hacia el monto de reparación civil no deberían circunscribirse simplemente a decir que es muy poca la suma, sino que deberían justificarse a partir de estudios y la base de las fórmulas contenidas en el reglamento de la Ley Nº 30737.
Asimismo, explica que esto se nota incluso en la intervención del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, en el decreto, pues este ente aparece en la definición, las medidas, controles y criterios para fijar la reparación civil, lo cual le genera un problema a los jueces, pues el juez debe cuidar que estas fórmulas sean establecidas correctamente.
“En un mundo de altísima especialización, ¿qué diablos sabe un abogado de temas económicos y fórmulas de control? Nos genera un problema serio a quienes formamos parte del sistema de justicia, pero tiene que asumirse bajo pautas de razonabilidad y proporcionalidad para establecer si en efecto la determinación de la reparación civil se ajusta a esos criterios”, asevera.
San Martín Castro señala que la complejidad del cálculo de la reparación civil es tal que la Ley Nº 30737, en su Cuarta Disposición Complementaria, final manifiesta que para la contratación de consultores especializados el Procurador Público del Estado no estará obligado a la aplicación de la Ley Nº 30225 – “Ley de contrataciones del Estado” y será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el ente encargado de verificar “la inexistencia de conflictos de interés de los consultores expertos con las empresas comprendidas”.
“Se exceptúa la Ley de contrataciones del Estado porque la contratación del experto debe ser algo rápido, ya que definir la reparación civil es un proceso técnico, complejo y especializado”, explica.
COLABORACIÓN EFICAZ
Sobre la colaboración eficaz, San Martín Castro explica que el bloque normativo que regula esta figura inicialmente estaba en la Sección VI del Código Procesal Penal, la cual ha sufrido modificaciones con el Decreto Legislativo Nº 1301, del 30 de diciembre del 2016, y con la Ley Nº 30737, del 12 de marzo del 2018.
El letrado manifiesta que la lógica de la justicia negociada es que el delincuente que ha cometido delitos reconozca sus fechorías, las confiese, se disocie de la organización criminal y “sobre todo delate a sus compinches”, a fin de dar información relevante sobre aspectos de carácter organizativo, logístico, de funcionamiento y ubicación de los principales líderes de la organización.
Como consecuencia de ello, refiere que quien se acoge a la colaboración eficaz obtiene un “premio”, que según la lógica de la justicia conmutativa puede ser una atenuación de la pena o la eximición de la misma, dependiendo de la relevancia de sus aportes.
“La filosofía que anima este procedimiento (colaboración eficaz) está determinada por la necesidad de combatir la impunidad reinante en aquellos procesos en los que no se ha podido identificar a los autores o partícipes. La idea es romper la ley del silencio que impera en el crimen organizado y servir como instrumento de prevención de la comisión de delitos”, asegura.
Señala que el Código Procesal Penal en su Sección VI advierte la necesidad de que el sujeto arrepentido haya abandonado voluntariamente sus actividades delictivas y que admita o no contradiga los delitos objeto de imputación.
Al respecto, indica que aquí entra a tallar una figura del derecho americano llamada ‘nolo contendere’, la cual hace referencia a que el imputado no acepta ni rechaza los cargos que se le señalan. “La ley no pide que uno admita los cargos, basta que los asuma sin contestarlos, que no los contradiga”, asevera.
RELEVANCIA DE LOS APORTES
Por otro lado, San Martín Castro apunta que hace algunos años surgió una discusión alrededor de si los jefes, cabecillas o principales dirigentes de las organizaciones criminales eran sujetos pasibles de acogerse a la colaboración eficaz, lo cual en inicio el Código Procesal Penal no permitía.
Sin embargo, señala que con el Decreto Legislativo Nº 1301, del 30 de diciembre del 2016, se varió la norma y se permitió que estas personas sí se acojan a la colaboración eficaz, siempre y cuando delaten a personas que estén en un nivel superior en la jerarquía, tal como se estipula en el numeral 6 del Artículo 475.
“Según la lógica funcional de la organización criminal, el jefe, cabecilla o dirigente no es uno solo, pueden ser varios. Siempre uno puede tener a otra persona arriba suyo en términos organizacionales. Esto es lo que se le pide a este cabecilla. Si quieres colaborar, está bien, pero tienes que entregarme al de más arriba, si es el de tu costado o el que está abajo, no me interesa. Son los criterios clásicos de destrucción de organización”, explica.
Señala también que en el proceso de colaboración eficaz es fundamental la corroboración de lo dicho por el colaborador para la obtención del premio, pues este puede decir que va a entregar 10 cosas, pero al final solo logra probarse la mitad de estas.
“El colaborador puede pedir lo que quiera, pero es el fiscal quien va a decidir qué tan importante es lo que descubrió, porque puede ser relevante lo dicho por el sujeto, pero si no cumple con lo ofrecido, tendrá que rebajar sus expectativas”, sostiene.
ÁMBITO DE CONTROL DEL JUEZ
San Martín Castro manifiesta que el juez debe cuidar que dentro del proceso de colaboración eficaz no existan infracciones legales. Es decir, que el acuerdo o beneficio no sea manifiestamente irrazonable o que lo aportado por el colaborador carezca de eficacia.
Señala que el juez debe cuidar que el sujeto sea sometido a la colaboración a partir de una voluntariedad libre e informada y con presencia de un defensor. Además, que lo dicho por el colaborador no esté sujeto a ninguna presión, amenaza o directiva.
Apunta que el ámbito del juez se circunscribe a un tema de legalidad que corresponde a ver cuáles son los hechos materia de investigación, los delitos, que la tipicidad de la conducta esté claramente establecida, si hay alguna excepción respecto al imputado o si se vulnera alguno de los requisitos que regulan la colaboración eficaz.
“El juez debe ver en suma que no haya ninguna ilicitud de por medio, que se cumpla con toda aquella institución que se exprese en el acuerdo y tenga una definida regulación legal”, refiere.
Sobre la reparación civil, acota que la acción del juez se limita a ver que se haya cumplido con los supuestos que indica el reglamento de la Ley Nº 30737. Manifiesta que el juez solo controla cuando es evidente que se ha infringido la ley, si observa que fluye de las acciones una notoria, clara y evidente ilegalidad. Si no ocurre esto, el juez no tiene por qué maximizar su control.
El coordinador del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Juan Guillermo Piscoya, señala que con las sentencias de colaboración eficaz se ha logrado recabar en Lambayeque un millón 27 mil 496.36 soles por concepto de reparación civil en los delitos de corrupción.
Manifiesta que en el caso de Lambayeque por sentencias condenatorias se ha recuperado 537 mil 187 soles. En tanto, en sentencias absolutorias el monto asciende a 490 mil 307.36 soles.
A nivel nacional, el magistrado señala que el Primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en 11 sentencias por colaboración eficaz ha impuesto un monto de reparación civil de 50 millones 110 mil 280 soles, el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria en dos sentencias siete mil soles y el Sistema Nacional de Apelaciones en una sola sentencia 15 millones 233 mil 270 soles, lo cual hace un total de 65 millones 350 mil 550 soles.
Advierte que existe una clara diferencia respecto del monto por reparación civil impuesto en los casos que se han ido a juicio. Indica que el Primer Juzgado Nacional Unipersonal en una sentencia impuso 100 mil soles, el Tercer Juzgado Nacional Unipersonal en seis sentencias dos millones 536 mil 470.73 soles y la Sala Nacional de Apelaciones en una sentencia 10 millones, lo cual hace un total de 12 millones 636 mil 740.73 soles en ocho sentencias.
“¿Dónde el Estado puede lograr mayores montos en el pago de reparación civil? Sin duda con los procesos de colaboración eficaz. No es que el Estado esté perdiendo. Aquellos que dicen que el Estado pierde con los montos ‘exiguos’ lo que quieren es traerse abajo de repente un trabajo que está haciendo con mucha responsabilidad la Fiscalía y la Procuraduría. Allí tenemos los montos: por colaboración eficaz 65 millones 650 mil 550 soles y por juicio oral 12 millones 6363 mil 740.73”, sostiene.
Añade que la colaboración eficaz es el mecanismo que mejor permite la reparación de la víctima que en este caso es el Estado cuando se han cometido delitos contra la administración pública.
NUEVAS FORMAS DE CRIMINALIDAD
En ese sentido, el juzgador manifiesta que la justicia ha estado acostumbrada a enfrentar a una criminalidad tradicional donde las garantías están elaboradas en favor del imputado, pero hoy existen otras formas de criminalidad, aquellas que buscan capturar al Estado y ponerlo en jaque, las cuales debe enfrentarse con mecanismos distintos.
Al respecto, señala que en estas nuevas formas de criminalidad el fundamento de las garantías cambia, pues es el Estado la parte más débil frente al imputado, ya que debe enfrentarse a organizaciones criminales con un poder que emana de su capacidad económica para desplegar actividades ofensivas que ponen en riesgo al Estado.
“Los norteamericanos siempre nos dicen que mientras la criminalidad organizada se transporta en un Ferrari, nosotros la vamos persiguiendo en una mototaxi y así jamás la podremos alcanzar”, asevera.
Afirma que, si se hace una comparación, cuando se desarrolla una audiencia de prisión preventiva contra una persona que ha robado un celular de 50 soles, al momento de analizar la suficiencia de los elementos de convicción, la prognosis de la pena y el peligro procesal, lo más probable en este último punto es que la persona que ha cometido el delito no tenga familia, no tenga bienes ni trabajo; caso contrario al que ocurre cuando se está en una audiencia frente a un delincuente de “cuello blanco”, el cual no tiene la misma condición del sujeto que robó el celular, pues este sí tiene trabajo, familia y gran cantidad de bienes.
“Los criterios con los que se juzga la criminalidad tradicional son los mismos con los que se juzga la criminalidad organizada, lo cual nos lleva a situaciones totalmente diferentes porque no tenemos normas específicas para enfrentar esta última. Estamos definiendo los casos con normas procesales que han sido creadas para garantía del imputado como la parte más débil de esta relación. Si el Estado está en ese riesgo de ser capturado por organizaciones criminales, lo que debe hacerse es reforzar las garantías a favor de este que termina siendo la parte débil cuando hablamos de criminalidad organizada”, asevera.
LA IMPUTACIÓN PENAL CONTRA LAS PERSONAS JURÍDICAS
Por otro lado, Guillermo Piscoya anota que el Código Procesal Penal ha integrado algunas normas muy positivas como la incorporación de las personas jurídicas al proceso penal, aunque hay algunos puntos en cuestión respecto a lo que establece el Artículo 93 del Código sobre el gozo de la persona jurídica de todos los derechos que la norma concede al imputado en lo concerniente a la defensa de sus derechos e intereses legítimos.
“¿A la persona jurídica le será aplicable el derecho a la no autoincriminación? Un sector dice que sí, otro que no alegando que la persona jurídica no es un ser humano. Del mismo modo, ¿la persona jurídica tiene derecho a la defensa pública? Si en el caso de una persona natural que no tiene recursos el Estado le provee de un defensor público, ¿a la persona jurídica también debemos dotarle de uno?”, cuestiona.
Sobre las medidas aplicables a las personas jurídicas, refiere que el Código Penal en su Artículo 105 establece la clausura de sus locales, la disolución, la suspensión de sus actividades y la prohibición de la realización de futuras actividades, todas las cuales en el marco de un proceso de colaboración eficaz podrá negociar.
Asimismo, explica que ya se han presentado casos en el Sistema Nacional donde se tiene como procesadas a personas naturales y personas jurídicas. Afirma que cuando el Ministerio Público formula una imputación lo hace en términos genéricos, estando dirigida fundamentalmente a la persona natural, lo cual abre la posibilidad de que los abogados cuestionen y pidan que la imputación que se haga a la persona jurídica sea distinta de la hecha a la persona natural.
Señala que otro problema que se presenta a nivel de proceso es si la persona jurídica que está incorporada como parte imputada debe responder también como tercero civilmente responsable cuando es parte imputada al interior de un proceso penal.
“Existe la necesidad de regular sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Deben establecerse parámetros para hacer una imputación penal contra las personas jurídicas, diferenciar los roles que le corresponden a la persona jurídica al interior de un proceso penal como parte imputada o como tercero civilmente responsable y definirse cuál es el estatuto procesal que debe tener una persona jurídica”, afirma.
COLABORACIÓN EFICAZ DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Por otro lado, Guillermo Piscoya manifiesta que la incorporación de la persona jurídica al proceso de colaboración eficaz resulta fundamental para afrontar los nuevos desafíos de la criminalidad.
Al respecto, apunta que no cualquier representante de la persona jurídica puede presentar una solicitud de colaboración eficaz, pues si ese sujeto se encuentra involucrado como persona natural al interior del proceso penal no podrá intervenir en representación de la persona jurídica.
“Odebrecht es la primera empresa que se ha acogido al proceso de colaboración. Tenemos conocimiento ahora por los medios de comunicación que OAS también se está sometiendo al proceso de colaboración eficaz, lo cual generará que en el ámbito de la negociación presenten información que en su momento deberá ser evaluada por el Ministerio Público para valorar la posibilidad de que esta empresa llegue a un acuerdo que le traiga beneficios premiales como la eximición de medidas administrativas”, comenta.
LA PERSECUCIÓN DEL PATRIMONIO CRIMINAL
El magistrado afirma que otro avance importante en esta materia se dio con el Decreto Legislativo Nº 1373 sobre extinción de dominio, el cual permite que el Ministerio Público no solo se oriente a perseguir criminales, sino también su patrimonio ilícito, lo cual es fundamental porque esa es la fuente poder de las organizaciones criminales.
Manifiesta que el patrimonio criminal está conformado por los objetos, instrumentos, efectos y ganancias tanto de origen ilícito como de destinación ilícita.
“Si no se le quita, si no se les limita su patrimonio criminal, estas organizaciones van a seguir actuando y desplegando sus actividades dirigidas a capturar el Estado”, sentencia.
La decisión de la Cooperación Suiza de dejar sin efecto su participación en el Proyecto Chiclayo Limpio representa un duro golpe para la provincia y la imagen del gobierno municipal, que en la gestión del hoy encarcelado exacalde David Cornejo Chinguel fue incapaz de cautelar los valiosos recursos asignados para la construcción de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos. Sin embargo, la amarga noticia oficializada el viernes pasado es solo una de las complejas aristas que tiene el caso. Otros elementos confirman que los actos irregulares no solo estuvieron en el pago de coimas por parte de la constructora a cargo, sino también que hubo anomalías en el proceso de selección.
Cuando se anunció que con el financiamiento mayoritario de la Cooperación Suiza Chiclayo contaría con un proyecto integral para el tratamiento de los residuos sólidos las esperanzas se avivaron, sobre todo porque en la comuna provincial experiencias pasadas, en las que el apoyo internacional se había materializado, quedaron inconclusas, como es el caso de los estudios para el Sistema Integrado de Transporte Masivo, financiado en el tercer gobierno de Arturo Castillo Chirinos con recursos de Dinamarca. Cuando Castillo Chirinos fue vacado del cargo, la comuna mandó al olvido el informe técnico y el proyecto nunca se materializó.
Otros ejemplos son el Proyecto Geo Chiclayo, financiado en parte por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD, que en el 2008 alcanzó recomendaciones concretas para que el municipio avance en la solución del problema de la basura, y, desde luego, la incorporación de Chiclayo en el Programa de Ciudades Sostenibles, al mismo tiempo que otras ciudades de América Latina, pero que por desidia de las autoridades locales no tuvo resultados.
CHICLAYO LIMPIO
Chiclayo Limpio es un proyecto aplicado en la capital de la provincia con el objetivo de mejorar y ampliar el manejo integral de los residuos sólidos, con el soporte económico de la Cooperación Suiza y una contrapartida entregada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, con respaldo del Ministerio del Ambiente.
Así, el pueblo suizo se comprometió a otorgar 54 millones de soles y la comuna provincial la contrapartida ascendente a ocho millones de soles, sumando un total de 64 millones, presupuesto extraordinario nunca antes destinado a un proyecto piloto de manejo de residuos sólidos en el departamento. Chiclayo Limpio se concretó en junio del 2013 con la suscripción del convenio de cooperación, el mismo que de acuerdo al cronograma debía concluir, con todos sus objetivos alcanzados, en septiembre del 2016.
Empero, negligencias de la administración de Roberto Torres Gonzales (segundo gobierno), retrasaron los avances, hasta que a fines del 2014 la Cooperación Suiza hizo su primera advertencia respecto a un posible retiro debido a los actos de corrupción descubiertos en la comuna provincial.
ACTOS DE LA GESTIÓN CORNEJO
Iniciada la gestión de David Cornejo Chinguel este ofreció garantías a los cooperantes de que el manejo del proyecto se realizaría con total transparencia, hecho que no ocurrió.
En el gobierno de Cornejo Chinguel se adquirió el lote de compactadoras y la máquina barredora, así como los carros de limpieza y material de protección para los obreros. Tiempo atrás se había realizado el trabajo de sensibilización y la colocación de tachos en las principales calles y avenidas de la ciudad.
Pero también, de acuerdo al cronograma, aunque los tiempos ya se habían vencido, a la administración Cornejo le tocó licitar la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos, ubicada carretera al distrito de San José, factor fundamental para el éxito del sistema de limpieza en la medida que permitiría que las máquinas de recojo realicen más recorridos en la ciudad al abreviar los desplazamientos, toda vez que ya no viajarían hasta las pampas de Reque a dejar la basura.
Sin embargo, la contratación realizada por la gestión Cornejo Chinguel, para la realización de la obra “Construcción, Equipamiento e instalación de la Planta de Transferencia de los Residuos Sólidos Municipales en la Localidad de Chiclayo”, estuvo manchada desde el principio. Expresión ha confirmado que días antes de ser adjudicada la buena pro “ya se había elegido a la contratista”. Así se habría materializado el resultado del pago de coimas a las autoridades locales.
LA CARTA FIANZA
De acuerdo a la documentación obrante en el Sistema de las Contrataciones del Estado - SEACE, la garantía de Fiel Cumplimiento otorgada a favor de la Municipalidad Provincial de Chiclayo por la hoy cuestionada empresa Constructora CRD SA Sucursal Perú, ganadora de la buena pro de la Planta de Transferencia, fue emitida por la entidad aseguradora Positiva Seguros y Reaseguros con el N° 1827485, dos meses antes de realizarse el concurso público.
La carta fianza fue emitida por Positiva Seguros y Reaseguros el 21 de junio del 2017, es decir, 49 días antes de haberse adjudicado la buena pro a la mencionada constructora, acto que se concretó recién el 8 de agosto de ese año, y a más de dos meses de que el entonces gerente general del municipio, José Williams Pérez Delgado, suscribiera el Contrato N° 21 – 2017 – MPCH-GM, el cual fue formalizado recién el 26 de setiembre de 2017 con el representante legal de la constructora, Juan Camilo Rocha Díaz.
Este hecho irregular se corroboraría con la condición plasmada en la parte final del contrato, donde se hace mención que “El Contratista” entregó a la suscripción del documento la respectiva garantía de fiel cumplimiento, siendo esta “solidaria, irrevocable, incondicional y de realización automática a solo requerimiento”, a favor de la municipalidad, por los conceptos, importes y vigencias siguientes:
“De garantía de cumplimiento, del contrato S/. 1´048,660.48 (un millón 48 mil 660.48 soles), a través de la Carta Fianza N° 1827485 de fecha 21 de junio del 2017 de la Positiva Seguros y Reaseguros”, cantidad que es equivalente al 10 % del monto del contrato, “la misma que deberá mantenerse vigente hasta la liquidación de la prestación”.
La garantía en cuestión, hace referencia igualmente en su párrafo segundo que tiene una vigencia de 270 días calendario, contados a partir del 22 de junio del 2017 hasta las 12.00 horas del 18 de marzo del 2018. Esto permite confirmar que la carta fianza fue emitida y suscrita tanto por el Gerente General Adjunto de la aseguradora, Roberto Rodrigo, y por el Gerente de Negocios de la misma, Guillermo de Izcue Bazo, un día antes de su vigencia, es decir el 21 de junio de 2017.
¿Cómo pudo CRD obtener una fianza para la obra de la Planta de Transferencia de Residuos Sólidos 49 días antes de ganar la buena pro sin saber que sería la única ofertante o dos meses antes de firmar el contrato?
PROCESOS POSTERGADOS
La primera convocatoria para la ejecución del frustrado proyecto fue realizada el 19 de octubre de 2016, procedimiento que quedó trunco el 5 de diciembre del mismo año, debido – de acuerdo a la información que se muestra en el SEACE - a la modificación realizada de mediante la Carta N° 001-2016-CLP-MPCH.
Así se muestra también que la Municipalidad Provincial de Chiclayo realizó una segunda convocatoria el 13 de diciembre del 2016, adjudicando la buena pro a la empresa Constructora CRD S.A. Sucursal del Perú el 8 de agosto de 2017, cuyo consentimiento se dio al día siguiente, para luego de 49 días de dicho procedimiento suscribir el contrato, acto que se realizó el 26 de setiembre de 2017.
El Comité de Selección que tuvo a cargo el desarrollo del proceso hasta su adjudicación estuvo presidido por Wilson Cubas Vásquez, teniendo como sus miembros al hoy prófugo de la justicia Homero Edmundo Vigo Quintana y la probable representante de la Cooperación Suiza Francesca Gambazi, quienes, según el acta del procedimiento de selección, dejaron constancia del registro de siete participantes, de los cuales solo uno, en este caso la empresa Constructora CRD S.A. Sucursal del Perú, decidió su participación, y como tal, luego de la evaluación realizada a su oferta en acto privado, desarrollada acuerdo a las bases adecuadas a la normatividad de las contrataciones estatales de Suiza, logró adjudicarse la buena pro y, por ende, suscribir el contrato, superando significativamente los plazos previstos para este fin.
Lo irregular de todo este procedimiento fue la incorporación de una carta fianza con fecha previa a todo el trámite de selección.
Expresión buscó al exgerente de la comuna de Chiclayo, José Williams Pérez, quien ahora labora en la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz, a fin de tener su versión sobre este caso particular. Pese a que a través de la Oficina de Imagen Institucional se ofreció responder a la solicitud de este medio, la comunicación de respuesta del exfuncionario de la provincia no se dio.
La centenaria Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, realizará el sábado 30 de marzo su proceso eleccionario para renovar al Consejo Directivo que velará por la institución para el período 2019 -2022. Después de muchos años se presenta una lista única a elecciones, la misma que está liderada por el empresario Carlos Burgos Montenegro.
¿Por qué decide postular a la presidencia de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque?
Opté tomar la decisión por el pedido de muchos socios amigos que me solicitaron encabezar la lista y presentarme a este proceso electoral con el propósito de seguir engrandeciendo a nuestro gremio.
¿Qué reconoce de la gestión que concluye y de la que ha sido parte?
Hemos sido un grupo humano que dejó su tiempo particular, familiar y profesional para venir a servir. El liderazgo que el magíster Olivio Huancaruna le dio a esta gestión generó confianza en el empresariado, presencia y prestancia a nuestra Cámara en toda circunstancia y principalmente sentando firmes posiciones frente a los problemas álgidos que tenemos como departamento.
La Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque hace fuerza en la institucionalidad del departamento…
Claro que sí, desde hace 118 años quienes han conformado a nuestra prestigiosa institución siempre han estado vigilantes que se realicen nuestros emblemáticos proyectos. Cada directiva ha estado a la altura de lo que hemos requerido para nuestro desarrollo. Allí están concretizadas obras como Tinajones, Olmos, el Hospital Regional, el Plan Hidráulico que debe hacerse realidad, así como nuestra lucha de larga data por lograr que el ansiado Terminal Portuario de Lambayeque se haga realidad.
¿Hay las condiciones para que el Terminal Portuario se concretice?
Sí las hay. Hablo de las condiciones económicas y técnicas, sin embargo las condiciones políticas son las que inquietan proyectos de importante inversión como el Terminal y ello solo lo lograremos si los lambayecanos estamos unidos.
¿Cómo seguir haciendo sólida a la Cámara de Comercio?
Atrayendo a más socios, duplicando nuestra membresía, dando mejores servicios a los asociados, estando con ellos en todo momento, fidelizando día a día a quienes la integran. La participación del empresariado en su Cámara fortalece a la institucionalidad y hace que la sociedad civil tome fuerza con posiciones firmes frente a lo que pasamos en este departamento.
Lista única, ¿eso lo animó más a postular?
El servicio a una institución es despojarse de todo propósito subalterno. A una institución que representamos se va a trabajar sin nada a cambio, se trabaja con honestidad y transparencia. Somos lista única representada con empresarios que a punche de trabajo se han ganado el respeto de la comunidad empresarial. Sus marcas lo dicen todo.
¿Le hubiera gustado competir con otra lista?
Claro que sí, hemos estado preparados para ello. El ser lista única tiene varias lecturas, una de ellas es la enorme responsabilidad que tácitamente nos dan los socios, nos dejan solos para representarlos y tienen la confianza de que lo haremos bien.
¿Quiénes lo acompañan?
Olivio Huancaruna Perales en la Primera Vicepresidencia, Elkin Vanegas Murillo en la Segunda Vicepresidencia, María Astrid Reynoso de Vargas como Tesorera, Franco Chiappe Polar como Pro Tesorero y como Vocales, Carlos Ibérico Osorio, Michael Gamboa Delgado, Vanessa Ramos Ortiz y Patricia Díaz Figueroa.
¿Todos con un currículo empresarial representativo?
Así es y asumimos el reto con sencillez y humildad. La trayectoria y capacidad de gestión de cada uno es reconocida por sus logros empresariales.
¿Qué es lo primero que hará?
Seguir fortaleciendo a los Comités Gremiales que se formaron en la gestión del magíster Olivio Huancaruna, que han desarrollado trabajaos ejemplares. Allí está el pensamiento, trabajo y posición de los empresarios que desde sus puestos aportan con el desarrollo institucional y el de Lambayeque.
Desde la Cámara nos seguiremos reuniendo con la sociedad civil organizada para hacer fuerza y consensuando con todos los actores políticos de lo que más convenga para Lambayeque. Es tiempo de decir que estamos listos para ejecutar el Drenaje Pluvial, el Saneamiento Básico, la Planta de Transferencia, el Relleno Sanitario y tantas obras que hay por hacer en nuestro departamento.
¿Por qué cree Lambayeque está estancado como departamento?
Por la corrupción, por malas personas que no han tenido nada de respeto con la ciudad, sus familias, con nadie; que lo desafiaron todo, que les fue fácil llevarse millones de soles no importándoles el daño ocasionado. Este perjuicio debe ser drásticamente castigado para sentar firmes precedentes dentro de la justicia lambayecana.
¿Qué hacer?
Fortalecer la institucionalidad, ejercer ciudadanía responsable, estar vigilantes con el gasto público, hacer seguimiento de las denuncias ante los organismos pertinentes, exigir que quienes nos representen sean los profesionales idóneos, que cumplan los perfiles para desarrollar sus cargos.
Ayudar al fortalecimiento de la educación, de la información y cultura con miles de ciudadanos que no tienen acceso y no conocen de sus derechos.
Chiclayo tiene muchas fortalezas para salir adelante…
Lo tiene todo, lo que necesitamos es liderazgo de sus autoridades. Recordemos que tenemos un Aeropuerto Internacional cuya inversión millonaria para su ampliación y mejoramiento se ha puesto en marcha, pronto llegarán más empresarios de diversos lugares del mundo a hacer negocios con el norte y Chiclayo tiene un enorme potencial, para ello hay que mejorar la ciudad en todos los aspectos.
Lambayeque tiene todas las condiciones que Dios nos ha dado, la ubicación geográfica. Cuando nos miran a nivel norte del país, no miran a Piura o a Trujillo, la medición es a nivel de entidad poblacional y ubican a Lambayeque, porque es la capital de la macro región Nororiental del Marañón, le guste o no les guste a nuestros vecinos.
La Cámara ha apoyado mucho con la articulación y fortalecimiento del transporte aéreo y terrestre, el que seguiremos apoyando porque entendemos que es una oportunidad que aporta al desarrollo del Perú a través del impacto positivo en la economía y en el crecimiento del turismo interno y externo del país.
¿Es importante para usted que las autoridades y la sociedad civil se junten?
Indudablemente, las mesas de diálogo deben ser permanentes, podemos tener diferentes ideologías, credos, pero todos coincidiremos en querer que Lambayeque sea el mejor departamento del norte y del país. Un claro ejemplo de que podemos unirnos es lo que hemos hecho en la Cámara con esta lista que postula al Consejo Directivo. Somos representantes de todos los sectores empresariales, nos anima seguir contribuyendo a nuestro prestigio histórico. ¿Por qué entonces no podemos hacerlo por Lambayeque?
¿La Cámara impulsaría importantes obras a través del mecanismo obras por impuestos?
Es una buena alternativa, después de la juramentación analizaremos esta posibilidad.
¿Qué nota le coloca a las autoridades regionales y locales a noventa días de iniciada su gestión?
Yo creo que evaluar las gestiones de nuestras autoridades municipales y regionales es demasiado prematuro. Sin embargo, hasta lo avanzado 0.6 de calificación. Es decir, están desaprobados en el examen trimestral.
¿Qué hacer con la informalidad que cada día crece?
Esta es una enorme responsabilidad del Estado y compartida con instituciones como la nuestra, porque debemos señalar cuáles son las oportunidades que un empresario informal se pierde, pero además que si no lo hace sigue condenándose a ser pobre, a no tener nada, a pagar por espacios públicos que nunca serán de él… me refiero al comerciante ambulante que está en las calles.
Aquellos que de manera empírica ofrecen sus servicios sin apostar por crecer ven reducidas sus posibilidades de desarrollo, no podrán acceder a un crédito financiero para atender a sus clientes, contratar con el Estado y otras entidades privadas.
Desde la Cámara impulsaremos capacitaciones, pero también el Estado debe ser atractivo para quienes entran a la formalidad.
¿Estrenará local nuevo?
Hay que hacer público la labor exitosa de la actual gestión, la cual acompañamos, al igual que todo el equipo convocado por el licenciado Olivio Huancaruna, 2016-2019, lo logramos por nuestra unión, visión y porque los socios nos merecemos un mejor ambiente para reunirnos y trabajar por el empresariado lambayecano.
Es un esfuerzo que la historia sabrá juzgar, hemos adquirido una sede valorizada en millón 20 mil dólares. Hemos realizado un financiamiento bancario gracias al prestigio de la institución, al patrimonio que en los años hemos podido cautelar. En 60 días podríamos estar estrenando local. Pero en honor a la verdad es una gestión que supo hacer y cumplir, a la que dedicó tiempo el presidente Olivio Huancaruna Perales.
Con el Informe de Auditoría N° 005-2018-2-2129, el Órgano de Control Institucional – OCI, de la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz confirmó diversas irregularidades en el “Proceso de contratación para la ejecución de obras efectuadas mediante adjudicaciones simplificadas N° 10-2016-MDJLO/CSO y 2 y 3-2017-MDJLO/CSO”, realizado en la gestión del exalcalde Epifanio Cubas Coronado.
El proceso estuvo referido a las obras: “Instalación del servicio de agua potable y alcantarillado en las calles de la Urbanización Santa Ana”, convocada el 17 de octubre del 2016 con un valor referencial de 524 mil 5.50 soles; “Ampliación de redes de alcantarillado y agua potable con conexiones domiciliarias en la habilitación urbana San Eugenio”, convocada el 22 de marzo del 2017 con un presupuesto de 185 mil 174.61 soles, y “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias de la Avenida Simón Bolívar, desde el pasaje La Cantuta hasta la Avenida Chiclayo”, tercera convocatoria, realizada el 11 de julio del 2017, valorizada en 614 mil 145.86 soles.
Las tres obras fueron otorgadas a la empresa Alcas T y J SAC, por lo que la Contraloría, en su procedimiento auditor, se enfocó en la revisión y análisis de la documentación relativa a los actos preparatorios, de los procedimientos de selección a cargo del comité de selección y firma de contratos.
HALLAZGOS
La Contraloría determinó que en la comuna de José Leonardo Ortiz no existe la documentación referida a los procesos de selección de los años 2016 y 2017, transgrediéndose lo dispuesto en el numeral 1.8 de las Normas Básicas para el Ambiente de Control y para las Actividades de Control Gerencial.
El Órgano de Control Institucional no encontró los expedientes técnicos originales de las tres obras, los comprobantes de pago por concepto de adelantos, adicionales, valorizaciones y liquidaciones con sus respectivos sustentos. Tampoco halló los documentos que sustenten las ampliaciones de plazo, el libro de actas, los documentos para la aprobación de adicionales, copias de las cartas fianzas y los documentos referidos a la recepción de los trabajos.
OBRA DE SANTA ANA
En el caso de la obra de la Urbanización Santa Ana, en la que Alcas T y J SAC fue el único postor, la Contraloría ha establecido que se afectó los principios de legalidad, libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y competencia durante el proceso de selección. Incluso, quedó acreditado que se simuló el estudio de posibilidades que ofrecía el mercado.
Asimismo, el comité de selección estableció en las bases requisitos mínimos para el personal clave (residente, asistente de residente y maestro de obras), que no concordaban con los términos de referencia para el factor de evaluación, admitiendo además documentación no acorde a las bases, postergando la etapa de otorgamiento de la buena pro sin cumplir con la obligatoriedad que dicta la norma de contrataciones.
“Se registró los resultados del otorgamiento de la buena pro en el SEACE horas antes de su realización y que el postor adjudicado con la buena pro presentó documentación no reconocida por su emisor”, refiere el informe de auditoría.
Los integrantes del comité de selección que licitó dicha obra fueron: Víctor Sánchez Torres, gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano; Sergei Chafloque Montenegro, subgerente de Infraestructura, y Rald de la Piedra Arévalo, subgerente de Logística.
OBRA DE LA AVENIDA BOLÍVAR
En relación a la obra de agua y alcantarillado de la Avenida Simón Bolívar, en el tramo comprendido entre el pasaje La Cantuta y la Avenida Chiclayo, se evidenció que el expediente técnico no contenía las indagaciones de mercado necesarias para el análisis de precios unitarios actualizados y que las bases integradas de la tercera convocatoria contenían información que no correspondía a las bases administrativas ni a las bases estándar aprobadas por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE.
Además, el contrato de obra se firmó fuera del plazo establecido en la normatividad de contrataciones del Estado, omitiendo y modificando algunas cláusulas establecidas en las bases estándar y las bases integradas, en lo referido a las garantías, adelanto directo y de materiales, penalidades, resolución del contrato y solución de controversias.
La Contraloría señala que en este caso tuvieron participación los ex gerentes generales del municipio Walter Torres Vera y Juan Grandez Orbegoso; Pedro Pérez Bautista y César de los Ríos Pérez, ex subgerentes de Logística; Sergei Chafloque Montenegro, Víctor Sánchez Torres y César Caycay Bernuy, ex gerentes de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y Edwin Zamora Millones, gerente de Asesoría Jurídica.
OBRA DE SAN EUGENIO
En la tercera obra, también referida a redes de agua potable y alcantarillado, el Órgano de Control Institucional encontró que el resumen ejecutivo del proyecto fue emitido con fecha posterior a la aprobación del expediente de contratación y que el expediente técnico fue elaborado sin contener las indagaciones del mercado para el análisis de los precios unitarios actualizados.
El otorgamiento de la buena pro de la obra se dio antes de la fecha establecida en el cronograma publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, en tanto la firma del contrato se realizó sin tener en cuenta la proforma estándar de las bases y pese a que el postor no presentó los requisitos exigidos, como la constancia vigente de no estar inhabilitado o suspendido para contratar y la carta fianza de fiel cumplimiento.
En estas irregularidades resultaron involucrados los ex gerentes municipales Walter Torres Vera y Enrique Bonilla Bonilla, el gerente de Administración y Finanzas Segundo Suyón Escurra, el gerente de Asesoría Jurídica Santos Bances Llontop, el ex subgerente de Logística Rald de la Piedra Arévalo y Víctor Sánchez Torres y Sergei Chafloque Montenegro como integrantes del comité especial.
Al cumplirse el primer trimestre de la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas la Municipalidad Provincial de Chiclayo habrá destinado casi un millón de soles en la remuneración de los funcionarios de confianza, cuyos sueldos oscilan entre los cinco mil y ocho mil soles mensuales.
En la primera sesión del concejo provincial, la mayoría de regidores aprobó el incremento de la remuneración del alcalde, quien luego declaró a los medios de comunicación que su administración aumentaría el sueldo de los funcionarios.
Concretamente, Gasco Arrobas dijo: “Necesito tener los mejores técnicos del Perú, como empresario siempre lo he hecho, los salarios que uno maneja como empresario son mayores, son personas con responsabilidades altas y aquí también, incluso son responsabilidades mayores. Necesito tener los mejores técnicos y los mejores técnicos tienen que estar bien pagados. Considero que es impopular, pero no considero que es un error”.
Sin embargo, el incremento de su remuneración como alcalde y, por ende, de la dieta de los regidores, quedó suspendido debido al pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, en el que se indicó que todo incremento en los sueldos y dietas de las nuevas autoridades era ilegal, en tanto dicho portafolio no había emitido hasta el momento el decreto supremo que autorizaba el aumento.
En consecuencia, Gasco Arrobas, que buscaba percibir un sueldo de 11 mil 050 soles como alcalde, ha tenido que conformarse hasta el momento con los nueve mil que percibía su antecesor, quedando además la dieta de los regidores establecida en dos mil 700 soles, el 30 % de la remuneración del burgomaestre.
Solo en las dietas de los regidores el municipio de Chiclayo habrá desembolsado 40 mil 500 soles al 31 de marzo.
SUELDOS DE GERENTES
Con una sentencia vigente en su contra por incumplimiento de funciones en agravio de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el actual gerente general de la comuna de Chiclayo, Cristian Rosenthal Ninapaytan, percibe una remuneración mensual de ocho mil 500 soles.
De acuerdo al Portal de Transparencia Estándar, que promueve la Presidencia del Consejo de Ministros, en febrero pasado el gerente de Infraestructura Pública del municipio, Jocsan Altamirano Díaz, recibió una remuneración de siete mil soles, al igual que el titular de la Gerencia de Administración y Finanzas, ahora a cargo de Juan Ibáñez Álvarez, y el de la Gerencia de Asesoría Jurídica, José Flores Cabanillas.
En siete mil soles también se ha fijado el sueldo de los gerentes de Desarrollo Social y Promoción de la Familia, Marco Barboza Burga; Desarrollo Urbano, Mariela Villena Pelayo; Desarrollo Vial y Transportes, Segundo Soraluz Piñela; Planeamiento y Presupuesto, Luis Ponce Ayala; Recursos Humanos, César Huancas Velasco, y Seguridad Ciudadana y Fiscalización, Luis Miranda Orué.
El mes pasado, el gerente de Tecnología de Información y Estadística, Alberto Samillán Ayala, percibió como sueldo siete mil 699.99 soles.
El Procurador Público Municipal, Fermín Valdiviezo Villena, cuya designación ha sido denunciada ante la Contraloría General de la República por un presunto caso de nepotismo (sería familiar del alcalde Marcos Gasco), percibe una remuneración de siete mil soles mensuales, en tanto la procuradora adjunta, Zelmy Rosario Camacho, recibe seis mil soles de sueldo.
SUBGERENCIAS
En febrero, Luis García Altamirano, subgerente de Asistencia Social y Alimentaria, según lo publicado por la propia municipalidad en el Portal de Transparencia Estándar, recibió el pago de siete mil 400 soles como sueldo.
El monto es superior en mil 400 a lo asignado para el resto de subgerentes de la comuna. Por ejemplo, Johanna Torres Alarcón, subgerente de Contabilidad y Costos, percibió seis mil soles; José Villegas Cabellos, actual subgerente de Control Urbano y Supervisión, tiene fijada una remuneración por el mismo monto, cifra que también le correspondió en febrero al coordinador de alcaldía, Darío Ramos Amau.
Seis mil soles también es la remuneración asignada para Vianca Uriarte Delgado, subgerente de Educación, Cultura y Turismo; Leidy Sánchez Campos, subgerente de Estudios y Proyectos; María García Martínez, subgerente de Fiscalización; Eber Marquez Howard, subgerente de Guardia Municipal Urbana y Serenazgo; Pavel Toro Gálvez, subgerente de Imagen Institucional y Relaciones Públicas, y Edgardo Siadén Ortega, subgerente de Logística y Servicios Internos.
El mismo sueldo perciben Walter Pérez Serrano, subgerente de Obras Privadas; Juan Gonzales Sánchez, subgerente de Obras Públicas y Convenios; Yhusley Angulo Angulo, subgerente de Participación Vecinal; Oscar Petroni Arana, subgerente de Planeamiento y Racionalización; Roberto Enríquez Calderón, subgerente de Presupuesto; José Perleche Ramos, subgerente de Programación de Inversiones, César Samamé Cornejo, subgerente de Promoción de la Familia; Segundo Bocanegra Campos, subgerente de Promoción Empresarial y Formalización del Comercio; Manuel Lozano Barragán, subgerente del Registro Civil; Berenice Morales Vega, subgerente de Sanidad y Vigilancia Sanitaria; Cinthya Flores Huamanquispe, subgerente de Secretaría General; Juan Ibáñez Álvarez, subgerente de Tesorería y Finanzas; Luis Farro Mori, subgerente de Tránsito y Seguridad Vial, y Julio Armas Alcalde, subgerente de Transportes.
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
El jefe de la Unidad de Servicios de Parques y Jardines, Gledi Mires Vásquez, recibe una remuneración mensual de seis mil soles; la jefe de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos, percibió en febrero cinco mil 500 soles; el jefe de la Unidad de Servicios y Gestión de Residuos Sólidos – Chiclayo Limpio, recibió el pago de siete mil soles el mes pasado, en tanto el jefe del Centro de Defensa Civil y Gestión de Riesgos, Manuel Yerrén Callacna, tiene asignada una remuneración por el mismo monto.
Oscar Ahumada Ramos, jefe del Centro de Gestión Ambiental recibió en febrero seis mil 866.67 soles; el jefe del Centro de Gestión Inmobiliaria, Wilder Chafloque Castro, cuatro mil 666.67 soles y el jefe del Centro de Planificación Territorial y Catastro, Gustavo Ramírez Vergara, siete mil soles.
Las remuneraciones de los 44 funcionarios de confianza designados por Gasco Arrobas suman poco más de 290 mil soles mensuales todos los meses.
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Con la indignación a flor de piel, el presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Max Santolaya Silva, cuestiona la ausencia de los cinco legisladores por Lambayeque, a quienes – asegura – “el cargo les quedó grande”. El representante gremial refiere que en el departamento faltan liderazgos.
Se cumplió el primer año del gobierno del presidente Martín Vizcarra y si bien ha sido un período convulso en el ámbito político y judicial, es importante conocer cuál es el análisis que hacen los gremios empresariales de estos 12 meses. ¿Sienten ustedes los exportadores que la administración de Vizcarra ha alentado de manera efectiva las inversiones y las condiciones de crecimiento para el empresariado?
No critico al presidente Vizcarra, él fue la solución a un problema político. Eso no hay que analizarlo, la solución era él.
Fue una solución en un momento muy difícil, yo me pongo en su lugar y no sé qué hubiera hecho sin Congreso, sin partido político, sin respaldo, lleno de críticas y con un antecedente empresarial vinculado a una contratación que tuvo actos de corrupción, como fue la Interoceánica Sur. Lamentablemente muchas de las empresas recurren a la coima para hacerse de obras y es un mal endémico que hay que corregir desde abajo.
Al margen de los problemas políticos que le tocó enfrentar, creo que sí tuvo el acierto de dejar en vuelo libre al gobierno.
¿Y en qué se equivocó entonces?
En mi criterio, en hacer una gestión de conflicto y de enfrentamiento. Su postura debió ser de convocatoria total, de decir que podía cogobernar con todos los grupos políticos porque había una crisis nacional que debía solucionarse entre todos.
¿Agudizó la polarización del país?
Sí, porque él sigue diciendo con nombre cuáles son los partidos políticos que no son de su agrado. Si vemos sus antecedentes políticos recordaremos que lideró un gobierno regional que se enfrentó a Tacna, tomando puentes y carreteras. Entonces, sus orígenes son esos y era lo que debía olvidar al asumir la presidencia, porque ya no era solo un líder de Moquegua o del sur, sino del todo el Perú.
¿No cree que su decisión de ponerle alto a la actitud obstruccionista del Congreso con mayoría fujimorista ha servido para viabilizar reformas necesarias como la judicial y la política?
No coincido con esa apreciación. La política es la ciencia de saberse llevar bien con los demás, la pregunta es, ¿la está practicando? Él es un político ahora, ya dejó de ser el ingeniero y el exgobernador de Moquegua, ahora es el presidente de todos los peruanos. Al enfrentarse creo que se equivocó.
Él es el pastor de todas sus ovejas, tiene descarriadas y negras, por su puesto, pero que se las delegue a quienes tienen que hacer justicia. La democracia es la democracia, es el gobierno de las mayorías y si la mayoría no era de su simpatía, pues debió ganársela.
Recordemos que en 1956 Manuel Prado Ugarteche ganó las elecciones con mucha sorpresa y lo primero que dijo fue: voy a cogobernar con todos. El director del diario La Prensa, Pedro Beltrán Espantoso, era opositor a muerte de Prado y lo que hizo fue llamarlo como su primer ministro. Así se estabilizó el país. Esa es la conducta de un político.
¿Y en el aspecto político, cómo cree que se ha conducido el gobierno de Vizcarra hasta el momento?
Ha habido un freno muy fuerte, porque la inseguridad que da el país con lo de Odebrecht, con el Congreso, con el presidente peleándose con el Congreso, genera inestabilidad para las inversiones. Aquí nos estamos peleando hasta con las piedras.
¿Ha habido distracción de los problemas esenciales del país?
Totalmente, en Lambayeque más. Por ejemplo, al gobernador regional Anselmo Lozano le he dicho que a él no lo han elegido para salir a pelear con el gerente de la Autoridad Portuaria Regional, Jorge Nakazaki, que es uno de los pocos que ha logrado lo que se propuso hacer, porque para mí Nakazaki ha logrado lo que se quería.
Sin embargo, a él (a Lozano) lo asesoran que Nakazaki debe salir que para que pongan a otro. ¿Para qué?, ¿para que aprenda? Yo aplicaría el dicho popular de que “más vale malo conocido que malo por conocer”.
¿Y cree que el gobernador tiene la voluntad de aceptar las recomendaciones o aportes de quienes gozan de experiencia en el manejo regional?
Quienes tenemos un poco de experiencia en política tenemos que aportarla. Los países desarrollados del mundo se nutren de la experiencia de los mayores, de los gremios, de la sociedad civil. Ojalá él lo entienda.
¿Sienten los exportadores de Lambayeque frustración por la situación del departamento tras el Fenómeno El Niño Costero? El 2017 fue un año muy complejo, se perdieron cosechas de palta, de uva, de limón y maracuyá, y fueron muchos los ofrecimientos que el gobierno nacional hizo.
Definitivamente sí, tenemos una desilusión total y que es responsabilidad de todos, incluyéndonos a nosotros por no reclamar. ¿Dónde están los congresistas por Lambayeque?, ¿cuántas veces se les ha visto? En algún momento yo tuve la oportunidad de estar en el Congreso y recuerdo que en esa época veníamos, escuchábamos, nos decían la vela verde y nunca nos escondíamos. ¿Dónde están los congresistas de ahora?
¿Cree que los representantes parlamentarios han abandonado a Lambayeque?
Sí y lo he dicho, ¿dónde está por ejemplo Milagros Takayama, a quien aprecio mucho? Cuestionar no significa estar contra ella, pero sí es necesario que los congresistas recapaciten, tienen la obligación de venir y escuchar la problemática, de hablar con los que tienen los problemas y fueron afectados por El Niño.
Todo el norte de Lambayeque, toda la provincia de Lambayeque, está paralizada porque se rompieron puentes, carreteras y caminos.
Aquí nos faltan líderes, tenemos que cambiar de óptica, no podemos tener alumnos egresados de las universidades que ignoran la realidad del país y que desconocen hasta los artículos primeros de la constitución.
De los cinco congresistas por Lambayeque tres son nuevos: Milagros Takayama, Clemente Flores y Marvin Palma. ¿Les quedó grande el cargo?
Si no cumplen con la meta de ser representantes, y hay que decirles que lean la constitución para que sepan qué es ser representantes, entonces sí. Les quedó grande el cargo. Que rindan cuentas de su gestión hasta ahora, que nos digan qué han hecho en los dos años y medio que tienen. Pueden tener leyes y pleitos en el Congreso, pero ¿qué han hecho por Lambayeque?, ¿cuáles son sus proyectos que benefician al departamento?, ¿cuáles son los resultados y beneficios para la gente de acá?
Y de Javier Velásquez y Héctor Becerril, que ya tienen experiencia parlamentaria, el primero con más de 20 años como legislador, ¿qué puede decir?
Los incluyo con todo respeto y cariño. ¿Los vemos? No, no los vemos. ¿Por qué no hacen cabildos abiertos y rinden cuentas de lo que han hecho?, ¿por qué no se unen con los alcaldes y con el gobernador? Si se han reunido habrá sido en secreto.
