Debido al estado de emergencia decretado por el gobierno central en la región Lambayeque, el Poder Ejecutivo ha otorgado presupuestos para adquirir bienes y contratar servicios que permitan prevenir o amenguar los daños causados por los fenómenos naturales ocurridos en esta parte del país, tal es así que el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, produjo la Guía de Orientación para la realización de contrataciones directas, la cual habría sido utilizada por la Municipalidad Provincial de Chiclayo – MPCH.
Con fecha 26 de abril del 2023, la Subgerencia de Logística y Control Patrimonial de la MPCH, a cargo de la CPC Ana Karenina Gamonal Fernández le otorgó la buena pro de la Contratación Directa N° 004-2023-MPCH a la Estación de Servicios San José SAC, quien fue favorecido para abastecer 15,980 galones de combustible Diésel B5 S50 (petróleo), para ser utilizados por las unidades vehiculares y no vehiculares en atención al estado de emergencia decretado.
Como quiera que la Guía de Orientación emitida por el OSCE para la realización de compras directas otorga a los encargados de las contrataciones de las entidades públicas una serie de prerrogativas, entre ellas no realizar un estudio de mercado para establecer el valor de la compra, en este contexto es que la MPCH adquirió a dicha estación la cantidad del galonaje requerido (15,980 galones de petróleo) por un importe total de 298 mil 27 soles, a razón de S/18.65 por galón.
La adquisición con menor precio
Como se ha explicado, la subgerente de Logística y Control Patrimonial de la MPCH, Ana Gamonal Fernández, decidió encargarle a la Estación de Servicios San José SAC el abastecimiento de 15,980 galones de petróleo vía una compra directa, el 26 de abril del año en curso. Sin embargo, el 21 del mismo mes, el comité de selección presidido por el ingeniero José Humberto Delgado e integrado por los miembros suplentes Walter Augusto Coronado Siesquén y María Linda Estela Díaz le otorgaron una buena pro al mismo proveedor, quien ofertó a S/16.17 el galón de petróleo. La diferencia es de S/2.48.
El proceso adjudicado el 21 de septiembre tuvo como objeto adquirir 246 mil 565 galones de petróleo para ser utilizados por las unidades vehiculares de la MPCH, principalmente por la maquinaria destinada al recojo de los residuos sólidos de la ciudad, tal es así que luego de realizar las rebajas a su precio inicial de acuerdo a la modalidad del proceso (Subasta Inversa Electrónica), el proveedor decidió rebajar el valor estimado de la compra en 732 mil 719 soles por el total, con el precio unitario de S/16.17.
Siendo así, en menos de cinco días, la comuna de Chiclayo habría pactado pagar 39 mil 630 soles más en la segunda compra, en relación al proceso adjudicado inicialmente a la Estación de Servicios San José SAC.
Procedimientos de una compra directa
De acuerdo a la Guía de Orientación emitida por el OSCE, en la cual no se exige un estudio de mercado para la realización de una compra directa, la misma tiene como característica especial, adquirir el producto y luego recabar la documentación obligatoria para su formalización contractual.
También prevé que este procedimiento sea célere, buscando siempre el menor precio que los proveedores pudieran ofrecer, lo cual en este caso no habría sido así.
Los plazos y la forma de pago
De acuerdo a las bases de ambos procesos, el de mayor volumen, en este caso, el contrato que deberá ser suscrito establece como plazo para el abastecimiento de los 246,565 galones de petróleo diez meses calendarios, mientras que el galonaje adquirido vía la compra directa (15, 980) deberá ser abastecido en el plazo de 20 días.
Asimismo, las condiciones de pago establecidas en las bases de ambos procesos, en el caso del procedimiento de mayor volumen y mayor monto, se efectuará mediante pagos periódicos durante los diez meses del abastecimiento, mientras que el volumen adquirido vía la contratación directa será cancelado mediante pagos periódicos semanales en el lapso de los veinte días programados para la entrega total del galonaje requerido; es decir, los pagos por este proceso serán realizados en menor tiempo a pesar del mayor costo ofertado.
Opinión
Expresión pidió la opinión del consultor en contrataciones del Estado Jorge Chávez Pita, quien manifiesta que la contratación directa realizada para la adquisición de los 15,980 galones de petróleo habría sido sistemáticamente direccionada a favor del proveedor, en cuanto el precio ofertado es muy superior al que propuso en el proceso de mayor volumen, el cual debió ser tomado en cuenta para aprobar el valor de la compra con un menor precio.
Cabe resaltar que la Estación de Servicios San José SAC fue un recurrente proveedor de combustible en la MPCH durante los tres últimos años de la gestión del exalcalde Marcos Gasco Arrobas, período en el cual suscribió millonarios contratos para el abastecimiento de diferentes carburantes, incluyendo contrataciones adicionales, incluso el último celebrado faltando cinco meses para el término de la gestión, mediante el cual se compraron cerca de 240 mil galones de petróleo para ser utilizados en los cinco meses, mientras que la actual administración de Janet Cubas ha comprado casi la misma cantidad para ser consumidos durante 10 meses.
De un total de 446 servicios de control programados para el año 2023 en Lambayeque, la Contraloría General emitió entre enero y abril último, 185 informes de control, destacando los servicios de control concurrente y los emitidos como resultado del acompañamiento a la atención de la emergencia por las fuertes precipitaciones pluviales que afectaron a la región debido al ciclón Yaku.
Según el gerente regional de Control de Lambayeque, Tomás Tello Benzaquen, quien expuso los resultados del primer cuatrimestre del presente año durante una jornada informativa con medios de comunicación, de los 185 informes emitidos, 133 corresponden a control simultáneo que revelan riesgos que podrían afectar los procesos evaluados por los auditores a nivel regional y 52 corresponden al control posterior, en el que se identifican perjuicios económicos o presuntos funcionarios y/o servidores involucrados en hechos irregulares.
Tello destacó que, de los informes de control simultáneo emitidos al 30 de abril, la mayoría están enmarcados en la Ley N° 31358 - Ley que establece medidas para la Expansión del Control Concurrente, en los eventos de Reconstrucción con Cambios y emergencia por lluvias 2023, así como en la designación de funcionarios/as en cargos de confianza en el gobierno regional y gobiernos locales (Ley 31419 y su Reglamento sobre la Idoneidad en el Acceso y Ejercicio de la Función Pública).
Entidades supervisadas
Precisó que entre las principales entidades supervisadas figuran el Gobierno Regional de Lambayeque y sus dependencias regionales de Salud, Educación, Transportes y Comunicaciones, y Agricultura. Las municipalidades de Chiclayo, Lambayeque, Ferreñafe, José Leonardo Ortiz, La Victoria, Chongoyape, Olmos, Motupe y la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque - EPSEL S.A.
Indicó que más allá de los números y porcentajes programados en el Plan Anual de Control 2023, la entidad fiscalizadora superior priorizó este año el despliegue de equipos de auditores en toda la región para acompañar los procesos de atención a damnificados y/o afectados por las intensas lluvias, a consecuencia del ciclón Yaku y en el marco de la declaratoria de emergencia.
En esa línea dijo que se priorizaron, por ejemplo, intervenciones en los almacenes del Centro de Operaciones de Emergencia Regional - COER, Instituto Nacional de Defensa Civil – INDECI, y municipalidades provinciales y distritales, a fin de verificar el estado de los bienes de ayuda humanitaria y su oportuna distribución.
Además, dijo que se efectuaron visitas a albergues temporales, establecimientos de salud e instituciones educativas y se coordinaron acciones en obras de rehabilitación de vías y drenaje de aguas estancadas.
Hallazgos
Entre los principales resultados figuran casos como el registrado en el Informe de Control Simultáneo N° 003-2023-OCI/4455-SVC, que evidenció que la infraestructura de 27 Instituciones Educativas, bajo el ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Chiclayo, presentaba deficiencias y/o se encontraba en mal estado; siendo que tres de ellas habían sido declaradas inhabitables por informes de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Chiclayo y la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz.
También, el Informe N° 011-2023-OCI/0425-SOO, que advirtió el riesgo de enfermedades endémicas y diarreicas en la ciudad de Chiclayo debido a la falta de acciones inmediatas por parte de la Municipalidad Provincial de Chiclayo para la evacuación de aguas pluviales que afectaron a esta parte del país.
Además del Informe de Orientación de Oficio N° 4897-2023-CG/GRLA-SOO, que advirtió el riesgo de afectación a la salud de la población y posible contaminación ambiental en diversas calles y avenidas del distrito de José Leonardo Ortiz, provincia de Chiclayo, por la presencia de focos infecciosos y vías intransitables ocasionadas por aniegos de aguas servidas y aguas de lluvia acumuladas durante varios días.
Como resultado de los servicios de control simultáneo, se identificaron 279 situaciones adversas o riesgos que fueron alertados a las entidades para que adopten las medidas correctivas correspondientes. Sin embargo, solo 72 (26 %) fueron corregidas o están en proceso de ello, 34 (12 %) no fueron corregidas y 173 (62 %) se encuentran sin acciones.
Salud en riesgo
La Contraloría General alertó riesgos en la salud e integridad de ocho mil 18 estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria, así como en los docentes y en los padres de familia de 40 colegios del ámbito de la Unidad de Gestión Educativa Local - UGEL Lambayeque, debido a que los locales escolares que fueron afectados por las intensas lluvias y el desborde del río La Leche a consecuencia del ciclón Yaku, se encuentran en “estado inhabitable”, “situación precaria”, “con deficiencias” y “sin mantenimiento”.
Según el Informe de Visita de Control N° 007-2023-OCI/4455-SVC, que evaluó el período del 17 al 21 de abril de 2023, de los 40 locales escolares visitados por la Contraloría General, la infraestructura de la Institución Educativa Inicial N° 191 en el centro poblado “La Colorada”, ubicado en el distrito de Mórrope, se encuentra en “estado inhabitable”, afectando a una población de 44 estudiantes, docentes y padres de familia.
En tanto, en los locales de las instituciones educativas N° 10161 “Faustino Sánchez Carrión” del mismo centro poblado, N° 11229 del caserío San José y N° 11053 “Ricardo Palma” del poblado Fanupe Barrio Nuevo, en el mismo distrito de Mórrope; la comisión de control evidenció diversos daños en cercos perimétricos, grietas en los pisos, humedad y desmoronamiento de paredes, precariedad en servicios higiénicos, entre otros problemas.
Se determinó, también, que otros nueve colegios afectados por las lluvias están en “situación precaria”, debido a que su infraestructura está compuesta de abobe y, en algunos casos, de material noble de construcción antigua.
Se trata de las II.EE. N° 237 del caserío Las Maravillas y N° 11193 del caserío de Paredones, distrito de Mochumí; así como 10906 “José María Eguren” del caserío Casa Embarrada y 532 “Señor de los Milagros” del distrito de Pacora. También, 10129 de Pampa de Lino, 166 de San Lorenzo y 160 de Nuevo Jerusalén del distrito de Jayanca. Finalmente, los centros escolares 10153 “Carlos Castillo Niño” de Cerro la Vieja, en el distrito Motupe y 10182 del caserío de Cerro Cascajal, perteneciente al distrito de Olmos.
Además, durante la ejecución del servicio de control, fueron identificados 16 locales escolares “con deficiencias” en su infraestructura como es el caso de las II.EE. N° 10943 de Humedales Bajo (inicial, primaria y secundaria) y 10207 “José Arce Gonzales” del distrito de Salas; 10148 de Apurlec del distrito de Motupe; 155 y 10908 “Naylamp” del caserío Bodegones y 10224 “Nicanor de la Fuente Nixa” del distrito de San José.
Asimismo, las instituciones educativas N° 10941 “San Ricardo Pampuri” del C.P. Las Pampas, distrito de Mórrope; 11238 del caserío Tepo del distrito de Mochumí; así como 186 y 10800 “José Sabogal” del caserío El Horcón en el distrito de Túcume. También, la I.E N°10130 de El Arenal del distrito de Jayanca, la N° 493 de La Purísima, 10194 de Filope Chico, 10897 de Los Pocitos y 168 del Barrio Pacora, del distrito de Olmos.
De otro lado, se evidenció que diez II.EE. están “sin mantenimiento” en su infraestructura: N° 10117 (dos locales del nivel primario y secundario) de Cruz de Pumacirca en Chóchope, 10142 del distrito de Motupe, Jorge Chávez del distrito de Salas, 221 “Virgen del Camino” de Tranca Sasape del distrito de Mórrope, 10133 Santa Rosa de Lima y 10136 “Alfredo Maldonado” del distrito de Mochumí, 10228 “Elina Bances” de Granja Sasape, distrito de Túcume; y 10927 del caserío Cerro Escute, distrito de Pacora.
Finalmente, durante la visita de control se evidenció que las II.EE. N° 10719 “Jesús Misericordioso” del caserío Zapotal y “Federico Villareal” del distrito de Túcume, a la fecha no reciben atención de las autoridades.
El informe fue comunicado al director de la UGEL Lambayeque, para que tome las acciones que correspondan, con el fin de asegurar el logro de los objetivos de la infraestructura de las citadas instituciones educativas.
Agenda de control en Lambayeque 2023
Entre las principales materias que se están abordando mediante servicios de control simultáneo figuran el mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios de salud del Hospital de Ferreñafe, que cuenta con un presupuesto de 189 millones de soles, y el mejoramiento del sistema de agua potable de las localidades de Juan Tomis Stack y Ciudad de Dios del distrito de San José (Lambayeque) que cuenta con una inversión mayor a siete millones a cargo de EPSEL S.A.
Además, próximamente se intervendrá en el mejoramiento de pistas y veredas del pueblo joven Santa Rosa, a cargo de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, con una inversión superior a 26 millones de soles.
En tanto, mediante el control posterior se supervisarán los proyectos de mejoramiento del servicio de seguridad ciudadana del distrito de José Leonardo Ortiz, valorizado en más de nueve millones de soles, y en el mejoramiento del ambiente de quimioterapia y equipamiento del servicio oncológico del Hospital Regional Docente Las Mercedes, valorizado en más de dos millones de soles.
De la misma forma, los auditores participan del Megaoperativo de Control al Gobierno Nacional, iniciado en marzo último, cuyo objetivo es controlar a las principales operaciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos autónomos y descentralizados, entre otros.
En mayo de 2022 la gestión del exalcalde Marcos Gasco Arrobas adquirió 14 compactadoras nuevas para el servicio de limpieza pública de Chiclayo. Sin embargo, en la actualidad, a solo un año de esa cuestionada compra, solo 11 vehículos recolectores están operativos y el resto en los talleres, porque presentan fallas mecánicas continuas. Incluso hubo algunos días en que hubo siete máquinas operativas y siete estaban en reparación.
La revelación la hizo el regidor de la comuna provincial de Chiclayo, Orlando Puell Varas, quien expresó que todo hace indicar que el tiempo de vida de estos vehículos será muy corto, porque a solo un año de funcionamiento ya están presentando fallas.
“Con la maquinaria que dispone la municipalidad es insuficiente recoger la gran cantidad de residuos sólidos que se genera a diario, eso nos preocupa porque qué va a pasar cuando las fallas sean más recurrentes y se tarden varios días en la reparación de las compactadoras. La gestión de los residuos sólidos se torna bastante complicado de cara al futuro”, refirió.
Incluso plantea que ante este panorama sombrío se debe repotenciar la maquinaria existente, para que sirvan de retén y estén listas para cuando sea necesario, porque “estas máquinas supuestamente nuevas” tarde o temprano van a dejar de circular.
Compra direccionada
Consultado sobre el estado de la investigación por la presunta sobrevaloración en la compra de estas compactadoras por más de un millón 300 mil soles que detectó la Contraloría, donde en un informe auditor precisó que se había direccionado esa compra y se señalaba directamente a los miembros del comité de licitación, Puell Varas dijo que la Procuraduría Municipal todavía no ha informado al pleno del concejo y no ha brindado ningún tipo de informe.
“Esperamos que lo haga cuanto antes porque su propia normativa así lo indica, porque fue el encargado de llevar adelante la denuncia que en su momento recomendó la Contraloría y que solo responsabilizó al comité de licitación. Pero esta cuestionada compra tiene más actores comprometidos, la cual comenzó con el área usuaria que hizo el requerimiento, el comité que llevó adelante la licitación, el ingeniero que hizo la recepción de la maquinaria que a todas luces no cumplía con los requerimientos técnicos exigidos, y luego ver si el aplazamiento de la fecha para la entrega de las compactadoras tenía sustento”, subrayó.
El legislador edil reiteró su pedido a la Contraloría para que realice un control de todo este proceso, porque seguramente habrá más responsables, pues a todas luces fue una compra que no cumplía con los requerimientos técnicos, por eso ahora se están malogrando continuamente. Al final esa compra significó un daño económico a la comuna por la sobrevaloración, porque se pagó más por un producto que carece de calidad.
¿Y cuánto ha avanzado el trabajo de indagación sobre las presuntas irregularidades en la gestión de Gasco, por qué no se tiene al menos un avance preliminar de las indagaciones que se han identificado?
Este tema preocupa, porque en la gestión anterior hubo serias denuncias, pero las investigaciones marchan muy lento. Esta es una de las inconsistencias que hay en el sistema de justicia, que no se resuelve con prontitud este tipo de casos, que permita separar a funcionarios cuestionados que hoy están al frente de algunos gobiernos locales y siguen manejando mal los recursos del Estado. En la Fiscalía se demoran bastante para armar una investigación y cuando pasa al Poder Judicial no investigan a tiempo, se termina la gestión anterior y no pasó nada. Y esto ha pasado con el caso de Veolia (compactadoras), cuyos resultados aún no son conocidos por la lentitud del sistema de justicia, hay un proceso de investigación bastante lento. Se necesita celeridad porque no se puede tener a un funcionario varios años en investigación.
Habría más involucrados
Orlando Puell precisó que si la actual gestión pretende investigar estas compras irregulares detectadas en el ayuntamiento (suspicaz adquisición de repuestos para las unidades vehiculares del área de Limpieza Pública), pedirá a la Contraloría que haga un examen de estas operaciones, porque seguramente los involucrados son funcionarios que viene de la gestión de Gasco Arrobas.
“Pero la pregunta que nos hacemos muchos es por qué no se contrata directamente con las concesionarias la marca de repuestos que se necesitan, no se entiende por qué se compra directamente al proveedor y se tiene que estar convocando a intermediarios, porque es sorprendente que alguien que recién se registra como proveedor ya esté haciendo ventas a un gobierno local”, indicó.
Expresó que esta es una situación que genera mucha preocupación, y más bien el área usuaria debería tener más de conocimiento respecto a este tipo de proveedores. “Este es un tema que ya es recurrente en la comuna, se tiene que seguir la pista porque esto también ha ocurrido en la gestión anterior, aunque todavía no se conoce muy bien esos casos a detalle”, declaró.
El regidor teme que ahora, otra vez, se estén cometiendo irregularidades en las compras de menor cuantía, porque son de manera directa y donde el área de Logística designa a dedo al proveedor. “Todo parece indicar que en esta nueva gestión se estarían repitiendo esas figuras poco transparentes, parece que continúan estas irregularidades; pero ellos tienen que preocuparse por hacer sus procesos más limpios, recibir respuestas de las gerencias encargadas de llevar adelante esas compras”, puntualizó.
Explicó que le causa mucha suspicacia el hecho de que después de unos días de haber conseguido el número de RUC, de haber sido inscrito en el Registro Nacional de Proveedores de Servicios y de Bienes, aparezca en una lista de venta de productos, lo que todavía no se puede determinar con esos informes preliminares es si lo hizo antes de tener su registro o después del mismo. Sería prudente y necesario que se sepa las fechas en las que le compró a ese proveedor, para ver si estaba o no habilitado para vender bienes.
Qué se revele nombre de regidor
Al ser consultado por el caso de la administradora que fue detenida en días pasados por la policía, acusada de presunta estafa por negociar contratos de trabajo en la municipalidad de Chiclayo, y donde ella en su defensa dijo que un regidor tenía conocimiento de ello, el regidor Puell Varas informó que por ahora no se sabe más de lo que ocurrió ese día, hay un silencio total.
“Pero la inquietud pasa por pedir a la Fiscalía que de una vez por todas dé a conocer el nombre del regidor que mencionó esa señorita, con quien habría coordinado todo, y también los nombres de las 20 personas que habrían entregado dinero a esta persona para que ingresen a laborar en la comuna”, sentenció.
Asimismo, criticó a estos profesionales que pagaron para ingresar al municipio no tengan el mínimo conocimiento de la gestión pública, porque él ha accedido a dos contratos firmados por la alcaldesa, cuando se sabe que ella no hace eso, ya que dependiendo del tipo de acuerdo lo suscribe la Gerencia de Administración o la Subgerencia de Logística.
Explicó además que la propia redacción del contrato tiene muchas inconsistencias, que para cualquiera que tenga un poco de conocimiento de gestión municipal se habría dado cuenta que lo estaban timando desde el comienzo.
El congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, presentó a fines del año pasado el Proyecto de Ley 2951, a través del cual propone que el Perú implemente el sistema de váucheres educativos, por el cual el Estado solventaría de manera parcial a las familias para que estas matriculen a sus hijos en colegios privados, bajo el argumento de que estos tienen mayor calidad. El Sutep y expertos en materia educativa afirman que el modelo ya fracasó en otros países y no resuelve el problema de fondo.
A la campaña de mediatización de proyecto de Alejandro Cavero se han sumado algunas organizaciones vinculadas al sector empresarial como el Instituto de Libertad para el Desarrollo – ILAD.
¿Qué son los váucheres educativos?
Los váuchers educativos son un sistema mediante el cual el Estado subvenciona a colegios privados para que reciban a estudiantes de la escuela pública. Este sistema fue creado con el argumento de mejorar la calidad educativa.
“Lo que realmente pretende es desviar los recursos económicos que el Estado debería destinar a la educación pública a las manos de empresarios que quieren lucrar con la educación del pueblo. Es innegable que los váuchers educativos son parte de la estrategia neoliberal para destruir la educación pública”, sostiene Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep.
El economista y académico norteamericano Milton Friedman fue el creador de los váucheres educativos, siendo Chile uno de los países en los que se aplicó a modo de modelo para el resto de países.
Argumentos de los impulsores
Los promotores del sistema de váucheres educativos en el Perú sostienen que el Estado ha sido incapaz de resolver las grandes brechas que tiene la educación en el país, empezando por la infraestructura, donde se requiere de 152 mil millones de soles para su solución, de acuerdo a la estadística más reciente del Ministerio de Educación.
Otro aspecto que ponen en cuestión es el de la calidad, al comparar escuelas públicas con privadas, además del rendimiento escolar.
El proyecto Cavero propone otorgar a los padres de familia la decisión directa de recibir y utilizar el dinero asignado por el Estado para la educación de sus hijos a través del váucher, con el que puedan pagar mensualmente el colegio privado de su elección, bajo ciertas condiciones y reglas.
¿Es realmente efectivo?
Como se ha indicado, el ejemplo más cercado sobre aplicación del sistema de váucheres educativos es Chile.
Un estudio realizado en 2020 por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad de Chile señala que las escuelas que reciben más estudiantes con vales educativos tienen un menor rendimiento académico que las escuelas que no los reciben y en 2016, la CEPAL concluyó que el modelo de váucheres en Chile profundizó la segregación educativa y afectó negativamente la calidad de la educación pública.
“Esto se debe a que las escuelas con mejor rendimiento y con mejores instalaciones son aquellas que cobran aranceles altos y seleccionan a sus alumnos, dejando a los estudiantes más pobres y vulnerables en escuelas con peores condiciones y menor calidad educativa. Esto quiere decir que la segregación social comienza por la educación e incrementa la brecha entre pobres y ricos”, explicó en una reciente conferencia organizada por el Sutep Eduardo González, vicepresidente del Colegio de Profesores de Chile.
Añade que, según la UNESCO, el sistema de váucheres ha tenido un impacto negativo en el sistema educativo chileno. “Las escuelas han visto a los estudiantes como mercancía y a la educación como negocio, priorizando el lucro sobre la calidad. Esta medida ha sido una de las principales que causó el estallido social en el país”, comenta en alusión a las fuertes protestas estudiantiles registradas en Chile.
El informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes – PISA, de 2018, concluye que el sistema de vales educativos de Chile no ha logrado mejorar la calidad educativa ni reducir la segregación social.
Afectación docente
Lucio Castro remarca que el sistema de váucheres no resuelve la brecha de infraestructura y equipamiento que actualmente afecta a la escuela pública; tampoco genera oportunidades de accesibilidad y permanencia y, lo más preocupante aún, no llega a los estudiantes de las zonas rurales o de los pueblos indígenas, postergando la posibilidad para que estos accedan a la educación de calidad.
Sin embargo, anota, el perjuicio también iría contra los maestros y trabajadores de la educación.
“El proyecto de Ley presentado por el congresista Alejandro Cavero señala que los docentes serán empleados de los colegios privados. Es decir que fijarán nuestros sueldos de acuerdo a lo que les parezca más rentable o consideren que es lo que manda el mercado. Tampoco podrán negociar mejoras porque al estar divididos en cientos de empresas será más difícil organizarnos en torno al sindicato para negociar mejores sueldos o condiciones laborales”, advierte.
Según datos del Ministerio de Educación de Chile, los docentes en escuelas privadas que operan con váucheres ganan en promedio un 44 % menos que los docentes en escuelas públicas. Además, tienen menos protección laboral, menor acceso a capacitación y una mayor carga de trabajo debido a la falta de personal y recursos en estas instituciones.
“La reducción de los salarios y las condiciones laborales ha llevado a una disminución de la calidad educativa en el país. Los docentes tienen menos incentivos para mejorar su desempeño y desarrollar su carrera profesional, lo que afecta directamente a la educación de los estudiantes. Además, la falta de estabilidad laboral y protección ha generado una alta tasa de rotación de docentes, lo que dificulta la continuidad y calidad de la enseñanza.
Desde una perspectiva sindical, el modelo de váucheres ha debilitado la capacidad de los docentes para organizarse y negociar colectivamente por mejores condiciones laborales. Las empresas privadas tienen poco interés en permitir la formación de sindicatos, y los docentes en escuelas privadas tienen menos protección legal para hacer huelgas y negociar salarios. Estas son las consecuencias de priorizar el lucro sobre la educación de nuestras niñas, niños y jóvenes”, anotó Eduardo González.
El secretario general del Sutep afirma que el Estado, lejos de optar por un modelo como el de los váucheres, debería hacer su mayor esfuerzo por cumplir con el artículo 16 de la Constitución, modificado tras 20 años de lucha del sindicato, y que señala que al año se debe destinar no menos del 6 % del PBI para educación.
“Los maestros y auxiliares somos firmes en señalar que no permitiremos que se apruebe una propuesta como esta, detrás de la cual hay grandes intereses económicos y grupos de poder. Nuestra exigencia a la Comisión de Educación del Congreso es que el proyecto del congresista Cavero sea archivado. Ya antes hemos frenado los intentos de atentar contra la educación pública, como la municipalización en el gobierno de Alan García. La próxima semana marcharemos hasta el Congreso para hacer sentir nuestro rechazo”, enfatiza.
El pleno del Tribunal Constitucional resolverá la situación del empresario Carlos Roncal Miñano al revisar el recurso de hábeas corpus presentado por su defensa para dejar sin efecto la sentencia de 13 años de prisión en su contra, impuesta por jueces de Lambayeque por el delito de defraudación tributaria, al considerar que era responsable de haber omitido el pago de impuestos a la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, aun cuando al inicio del proceso penal este había cancelado la totalidad de sus obligaciones fiscales.
El máximo intérprete de la Constitución no ha programado aún cuándo será la vista de la causa, ingresada en noviembre del 2022, luego que en primera y segunda instancia el Poder Judicial le negó el auxilio jurídico.
Sentencia condenatoria
El 15 de enero del 2020, el Primer Juzgado Penal Colegiado Penamente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, en el Expediente n.° 1378-2015-I0-1706-JR-PE-05, condenó a Carlos Roncal como autor de los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos en agravio del Estado, a 13 años de prisión.
Para el colegiado, Roncal Miñano incurrió en lavado de activos en su figura de conversión y transferencia, por supuestamente haber convertido el dinero obtenido producto de la defraudación tributaria adquiriendo una serie de bienes y realizando inversiones. Sin embargo, el empresario se sometió al proceso de fiscalización iniciado por SUNAT por el período 2013-2014.
La sentencia fue apelada por su defensa, recayendo la responsabilidad en la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque, que, sin valorar los argumentos expuestos, el 1 de septiembre de ese año decidió ratificar la condena de primera instancia.
Habiéndose agotado esta vía, Roncal Miñano presentó el recurso de casación para revocar y lograr la nulidad de las decisiones mencionadas, a fin de que se disponga que otro juzgado penal de la Corte de Lambayeque realice un nuevo juicio oral y emita su decisión, tomando en cuenta los elementos de defensa. Empero, dicho recurso fue desestimado por la Corte Suprema.
Hábeas corpus
Ante ello, el 19 de enero del 2022 la defensa del empresario presentó el recurso de hábeas corpus argumentando atentado contra la libertad individual, falta de debida motivación en las resoluciones judiciales, vulneración del principio de congruencia recursal, vulneración del principio de legalidad, vulneración del principio acusatorio y del debido proceso, así como los derechos a la defensa y a la tutela jurisdiccional.
En este se señala como responsables a los integrantes del Primer Juzgado Penal Colegiado Permanente de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, jueces Rosa Vera Meléndez, Gerardo Gálvez Rodríguez y Elia Vargas Ruiz, magistrados que condenaron a 13 años de prisión a Roncal Miñano.
Asimismo, a los integrantes de la Primera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque: Ana Salés del Castillo, Juan Sánchez Dejo y Margarita Zapata Cruz, quienes ratificaron la condena, y los jueces supremos Víctor Prado Saldarriaga, Ricardo Brousset Salas, Susana Castañeda Otsu, Iris Pacheco Huancas e Iván Guerrero López, de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de la República, quienes el 21 de julio del 2021 negaron el recurso de casación contra decisión condenatoria.
Argumentación del amparo
En el hábeas corpus se argumenta que Roncal Miñano fue injustamente condenado como autor de los delitos de defraudación tributaria y lavado de activos en agravio del Estado, decisión que se dio – supuestamente – vulnerando los principios y derechos antes citados, sobre todo porque en la decisión de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, al negar la casación contra la sentencias de primera y segunda instancia, se considera que existe la posibilidad de que la defraudación tributaria sea el delito previo al lavado de activos, situación que ha sido dilucidada en distintos pronunciamientos de la Corte Suprema. Sin embargo, en dicha resolución no se menciona ningún precedente jurisdiccional que apoye esa postura.
Los jueces supremos rechazaron la casación presentada por la defensa del empresario – dice el hábeas corpus – “sin analizar los cinco agravios contenidos en el recurso” y faltando a la debida motivación, pues se condenó a Roncal Miñano sin haber argumentado elementos de “engaño” y “ánimo defraudatorio” de parte del procesado contra la SUNAT y, en consecuencia, el Estado Peruano.
“Se le ha condenado por una conducta que carece de tipicidad penal (no cumple con los elementos del tipo penal de lavado de activos), y la vulneración del principio acusatorio y del debido proceso (artículo 139.3 de la constitución), pues no existe congruencia fáctica entre la acusación y las sentencias condenatorias de primera y segunda instancia”, se lee en el recurso.
Respecto de lo señalado por la Corte Suprema, de que el delito de defraudación tributaria es el delito previo al lavado de activos, en el hábeas corpus se indica que se trata de una “afirmación gratuita, injustificada y sin ningún soporte jurídico y jurisprudencial”, lo que se agrava debido a que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema tampoco dio respuesta a los agravios invocados por la defensa de Roncal Miñano al momento de presentar el recurso de casación.
Como se ha mencionado, Roncal Miñano se sometió a la fiscalización tributaria correspondiente al período 2013-2014, efectuando el pago de la deuda tributaria, que incluyó intereses y multa, el 13 de abril del 2015, efectuando el mismo procedimiento el 4 de junio del mismo año, habiendo subsanado el plazo oportuno su compromiso con SUNAT.
Bajo ese criterio, debió aplicársele la exclusión de la punibilidad; es decir, del procesamiento penal, pues había cancelado la deuda tributaria, reconociendo su existencia y acogiéndose a lo resuelto por la administración.
Rechazo del recurso
El hábeas corpus fue revisado por la juez Mariela Rodríguez Jiménez, del Décimo Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que el 1 de julio del 2022 resolvió rechazar el recurso presentado por la defensa, señalando que no hallaba “afectación alguna susceptible de ser revisada en la sede constitucional”.
En oposición a lo resuelto por la jueza, la defensa apeló, llegando a la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, que en similar tenor negó el hábeas corpus a Roncal Miñano el 26 de agosto del año pasado, abriendo el camino para que en agravio constitucional su defensa acuda al máximo intérprete de la Carta Magna, estando pendiente la fijación de la fecha en la que el pleno realizará la vista de la causa.
En tanto, Carlos Ronal permanece recluido en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo, ex penal de Pisci.
