La agitación no cesa en la Municipalidad Provincial de Chiclayo. El martes y miércoles último funcionarios de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque ingresaron a distintas áreas de la comuna para recabar in situ la documentación que permita determinar si la denuncia presentada por los regidores de oposición, por presuntas sobrevaloraciones, tiene o no sustento.
En tanto, el gerente general Ruperto Castellanos Custodio ofreció una conferencia de prensa en la que minimizó no solo la denuncia, sino los montos pagados por el municipio en la compra de repuestos, madera y lubricantes.
Casi al mismo tiempo, los concejales Guillermo Segura Díaz y Liliana Barrantes Piscoya concretaban visitas a diferentes instituciones como la Oficina Regional de la Contraloría General de la República y el Colegio de Ingenieros del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, para entregar abultados compendios sobre presuntas irregularidades en las obras que ejecuta el municipio bajo la administración del alcalde David Cornejo Chinguel.
DENUNCIA AMPLIADA
El lunes 20 ingresó al Ministerio Público la denuncia presentada por los regidores de oposición por 11 presuntos casos de corrupción en la comuna provincial, referidos todos a compras sobrevaloradas por más de 38 mil soles.
Los regidores han denunciado los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir, concusión, peculado, colusión y omisión de funciones.
De estos 11 casos, ocho se tratan de adquisiciones directas realizadas por la municipalidad este año, figurando entre ellas la compra de madera, de un arrancador para una unidad vehicular de la Subgerencia de Residuos Sólidos, de arena, calaminas, cemento, ladrillos y piedra chancada; de una bomba hidráulica y de otros repuestos.
Se denunció también posibles irregularidades en la compra de aceites, lubricantes y filtros para el pul de maquinarias del municipio.
Asimismo, al Órgano de Control Interno – OCI, se denunció la contratación de Lucía Culqui Pacaya, hermana de la subgerente de Coordinación de Alcaldía, Susana Culqui, quien fue designada por la Gerencia General para formar parte de los comités de adquisiciones al poco tiempo de ingresar a trabajar bajo la modalidad de locación de servicios.
El martes los concejales acudieron nuevamente al Ministerio Público para presentar la ampliación de la denuncia, esta vez por indicios de irregularidades en obras como el aparente uso de informes de la Municipalidad Distrital de Cachicadán, La Libertad, para la elaboración de proyectos, así como direccionamiento de las bases de contratación.
Por esta razón, los regidores de oposición solicitaron al Colegio de Ingenieros la revisión de los documentos y la elaboración de informes técnicos que permitan actuar con celeridad al Ministerio Público.
RESPUESTA MUNICIPAL
El miércoles 15 d.c., el mismo día que los regidores de oposición anunciaron en conferencia de prensa la presentación de las denuncias al Ministerio Público, el alcalde David Cornejo Chinguel, en sesión de concejo, dijo que denunciaría penalmente Guillermo Segura por haber señalado que en el municipio operaba una asociación ilícita para delinquir, dándole 48 para demostrarlo.
La advertencia fue lanzada luego que Susana Culqui, su hermana y una allegada a programas sociales agredieran física y verbalmente al concejal en el Palacio Municipal.
Al día siguiente, jueves 16, ingresó a la fiscalía la denuncia penal con el petitorio de Ruperto Castellanos para que se investigue los presuntos delitos contra la administración pública y contra la tranquilidad pública, en su figura de asociación ilícita para delinquir, señalados por los regidores.
En su escrito, el Gerente General de la comuna adjuntó la trascripción de lo declarado por el primer regidor en la conferencia de prensa previa, refiriendo básicamente que este y los demás integrantes de la oposición habían difundido una noticia criminal que “afecta a toda la comunidad chiclayana”.
“Considerando que lo vertido por los señores regidores lo han hecho en uso de sus facultades como seres humanos y conscientes de lo que pueda generar una mala noticia criminal, a la afectación y buena imagen de la entidad edil, que a pesar de estar decaída por los actos de corrupción del gobierno edil anterior, esta se viene levantando para dar una buena imagen acorde a los requerimiento de la colectividad”, señala la denuncia, solicitando al Ministerio Público llamar como testigos a los regidores e investigue de manera “minuciosa y responsable”.
PEDIDO DE INVESTIGACIÓN
Ruperto Castellanos ha cuestionado que en la denuncia que los concejales presentaron a la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción solo se hayan sustentados 11 presuntos casos irregulares y no 30 como días atrás había anunciado Segura Díaz y sus colegas.
“¿Qué casos? Están hablando de un arrancador de un vehículo con el que supuestamente nos habríamos enriquecido con mil 200 soles, de la compra de madera y de baterías que se habrían sobrevalorado. ¿De eso estamos hablando?, ¿eso era lo trascendente?, ¿esa era la corrupción que ha motivado los titulares? Desde luego sabemos muy bien que un sol o cien soles constituyen un delito que no debe darse”, señaló.
El gerente general del municipio anotó que si los concejales de oposición hubieran solicitado la información a las áreas correspondientes se habría clarificado el asunto.
“Una cosa es comprar un arrancador de marca original y otra cosa es comprar un chino o chauchilla que se compra en cualquier lugar. ¿Podemos encontrar diferentes precios? Encontramos. Todo eso tiene que analizarse y evaluarse, pero alegremente se hizo una denuncia y se nos tildó como que había una asociación ilícita para delinquir, y eso es lo que rechazamos como funcionarios”, mencionó.
LA CONTRATACIÓN
Castellano Custodio también hizo referencia a la contratación de Lucía Culqui, respondiendo así a la imputación realizada por los regidores de oposición, quienes manejan la hipótesis que su ingreso a la gestión municipal fue exprofesamente para participar de los procesos de adquisición.
“No hay nepotismo, no existe nepotismo y si los regidores no saben la definición no van a entender la figura. La contratación la hicimos en razón de los méritos que la señora tiene como técnico mecánico, salvo que seamos machistas y que consideremos que una mujer no puede desempeñar esas funciones, pero ella tiene todos los requisitos y exigencias para desempeñarse como tal, y no solamente lo ha demostrado acá, sino también en el extranjero”, aseveró.
De este modo, el gerente general del municipio rechazó que la convocatoria de Lucía Culqui Pacaya sea irregular.
“Tampoco es irregular que haya participado del comité de adquisiciones porque en un proceso de esta naturaleza debe haber tres titulares y tres suplentes. Cuando falta un titular, el suplente lo cubre. No hemos cometido ningún error que invalide los hechos o una falta. Por esta razón rechazo de manera categórica la calificación que se quiere dar y la comparación que se quiere hacer con otras gestiones”, indicó.
El factor Culqui
Lucía Culqui ha sido contratada por locación de servicios en la Municipalidad Provincial de Chiclayo desde noviembre del año pasado para ocupar la plaza de mecánica automotriz en la Subgerencia de Servicios Generales, con una remuneración de tres mil 866 soles, a pagar en partes mensuales.
Culqui Pacaya estudió Mecánica Automotriz en el Instituto República Federal de Alemania entre 1985 y 1988, fue certificada en el mismo rubro por el SENATI en 1992 y entre el 2009 y el 2011 estudió Ingeniería Mecánica Eléctrica en la Universidad Señor de Sipán. Aún no es titulada.
Ha trabajado como encargada de mantenimiento preventivo y/o correctivo en Vehículos SA Chiclayo, entre el 92 y el 96; luego entre el 96 y el 99 en el área de Recepción de Unidades del Taller El Círculo, en Uruguay, y luego en la sede de Toyota Chiclayo, hasta el año 2000.
Por la naturaleza de su contrato no fue necesario convocar a un concurso público. Según ha indicado Ruperto Castellano se le eligió “entre los currículos presentados por varios profesionales”.
El funcionario también negó que se haya generado un requerimiento orientado a su contratación basándose en su perfil.
Sin embargo, Castellanos Custodio dijo dos cosas importantes en la conferencia que ofreció el martes 21 d.c. La primera, que hay trabajadores que boicotean a la gestión. La segunda, que la contratación de Lucía Culqui garantizaba confianza a la gestión municipal de un procedimiento correcto. Lo que no queda claro es si la confianza se debe también al parentesco familiar entre esta y la coordinadora de la alcaldía, Susana Culqui, personal de confianza designada por el burgomaestre David Cornejo.
PRESUNTO NEPOTISMO
“Nos hemos presentado a las oficinas de la Procuraduría Pública Anticorrupción de Lambayeque y luego a la Oficina de Control Interno de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en tanto que las contrataciones irregulares y el posible nepotismo que existiera se constituirían en una falta administrativa por la cual debe haber una investigación”, señala Guillermo Segura.
El concejal explica que está prohibida la contratación de un familiar directo de quien resulta designado por confianza en un cargo, como es el caso de Susana Culqui Pacaya, quien se desempeña como Subgerente de Coordinación de Alcaldía por encargo del burgomaestre David Cornejo.
La Ley N° 26771, conocida también como la Ley contra el nepotismo, ha sido modificada, con el afán de endurecer los supuestos en que se aplicaría dicha norma. Así, se incorporan y precisan tres cambios importantes: los grados de parentescos alcanzados, las acciones a prohibir y los tipos de modalidad de contrataciones.
En ese sentido, se precisa que los funcionarios, directivos y servidores públicos, y/o personal de confianza de las entidades y reparticiones públicas conformantes del sector público, así como de las empresas del Estado, se encuentran prohibidos de nombrar, contratar o inducir a otro a hacerlo en su entidad respecto a sus parientes.
“Hemos presentado la resolución de alcaldía que designa en un cargo de confianza a la señora Susana Culqui, así como los contratos de su hermana, quien no solo ha sido contratada para cumplir funciones específicas en su condición de profesional, cosa que nadie cuestiona, sino que además de forma inmediata pasó a integrar comités de adquisiciones en la municipalidad, lo que pone en evidencia relaciones que son dignas de investigación para establecer la responsabilidad ético – administrativa que existe de parte de algunos funcionarios”, explica.
EN ALERTA
Guillermo Segura refiere que es importante que la labor de fiscalización a la gestión de David Cornejo se esté dando con acciones que ayuden a agilizar el trabajo del Ministerio Público y no de manera tardía, como sucedió en el gobierno municipal de Roberto Torres Gonzales.
“Hay muchas personas que nos están alcanzando documentos muy importantes y ayudándonos a canalizar estas investigaciones, sobre todo con aportes técnicos en cuanto a la contratación y ejecución de obras públicas. Nosotros, dado que el alcalde no quiere concertar un trabajo conjunto con los colegios profesionales e incluso ha agraviado a sus decanos, hemos ido al Colegio de Ingenieros y al Colegio de Arquitectos para sistematizar la información y elaborar algunos informes previos, de forma tal que cuando el Ministerio Público reciba las denuncias no acuse que no tiene recursos para los peritos”, expresa.
Finalmente, precisa que la información que se alcanza a la fiscalía permitirá que no se dilaten los tiempos y se pueda actuar de inmediato para sancionar, de ser el caso, los hechos irregulares que se puedan detectar.
“Hemos tomado contacto con la Comisión Nacional Anticorrupción y estaremos viajando a Lima para sustentar nuestras denuncias y pedir la inmediata intervención en el caso de Chiclayo”, aseveró.
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La Municipalidad Provincial de Chiclayo anunció el inicio de los ensayos para la próxima peatonalización de la calle Elías Aguirre, en el tramo comprendido entre las avenidas Luis González y Sáenz Peña. Sin embargo, la propuesta que fue presentada hace varios años por el Colegio de Arquitectos no pasa únicamente por el cierre del tránsito vehicular en la vía, sino por la aplicación de un proyecto más grande que implica la recuperación del centro histórico.
Para cumplir con el propósito de mayor impacto en el ordenamiento y la revaloración turística del casco central, el municipio local debe promover la conformación de una mesa de trabajo multidisciplinario, con participación de las órdenes profesionales, para elaborar una propuesta urbanística viable y sostenible.
Así lo explica el decano del Colegio de Arquitectos del Perú – Consejo Departamental de Lambayeque, Hever García Ramírez, quien refiere que la propuesta bien podría plantearse mediante un concurso de ideas a nivel departamental, seleccionándose las mejores iniciativas de diseño urbanístico. Esta mesa de trabajo podría elaborar las bases del concurso y proponer la designación del jurado calificador.
“La ciudad es para vivirla y dar prioridad al peatón y no al vehículo. Al plantear la peatonalización de la calle Elías Aguirre se está revitalizando la ciudad, generando espacios públicos y creando un dinamismo urbano, donde interactúen los ciudadanos y los turistas con las envolventes arquitectónicas recuperadas y conservadas, teniendo como uso el comercio y la recreación pasiva”, destaca el decano del Colegio de Arquitectos.
CUIDAR EL ENTORNO
García Ramírez añade que es importante que antes de poner en marcha el proyecto la comuna provincial evalúe con detenimiento y mida los impactos que la medida tendrá en la circulación vehicular de las calles trasversales y paralelas a Elías Aguirre, sobre todo en el flujo de oeste a este.
Asimismo, indica que el municipio provincial debe trabajar en un plan de tratamiento y mantenimiento de las fachadas de las edificaciones, así como ejecutar un revestimiento o solaqueado de los muros colindantes de los inmuebles, que ahora muestran unos muros con ladrillos y “rebaba” de mortero, producto del asentado de los mismos.
“Es necesario también trabajar en el diseño y tratamiento urbanístico del piso, es decir, todo el ancho de la calle, que incluya mobiliario urbano como jardineras y luminarias”, explica.
A esto se suma el manejo que deberá darse al tendido de cables del alumbrado eléctrico, de telefonía y televisión por paga, cuya instalación tendría que ser subterránea, “eliminando la maraña de cables que actualmente existe, produciendo una contaminación visual”.
Para esto – indica – el municipio debe iniciar las coordinaciones con las empresas concesionarias de dicho servicio, sobre todo con Electronorte, a fin de prever cualquier eventualidad durante los trabajos de remodelación de la zona a peatonalizar.
MEJORAS NECESARIAS
El decano de la orden plantea también la reglamentación del tipo, modelo y tamaño de los carteles publicitarios, para que guarden relación y armonía con el contexto urbano.
“Todo este proceso de recuperación del centro histórico debe de tener un planteamiento con una visión holística, que nos conlleve a cada detalle, desde el tipo, color y diseño del pavimento, hasta precisar la afectación de inmuebles por ensanchamiento de vías, para poder rediseñar las secciones de las calles, donde por supuesto se deben contemplar veredas de 1.20 metros de ancho, como mínimo”, señala.
García Ramírez menciona también que las redes de agua y alcantarillado, buzones y conexiones domiciliadas deben de ser renovadas en su totalidad.
RESCATE MONUMENTAL
Respecto a la puesta en valor y restauración de las fachadas monumentales que aún existen en la calle Elías Aguirre y el resto del centro histórico, el decano del Colegio de Arquitectos sostiene que la ejecución de un programa municipal de recuperación de fachadas podría ayudar a mitigar el deterioro por abandono que actualmente se presenta.
“Es posible recuperar todo esto a través de un programa municipal de refracción de las fachadas y una propuesta de color de todo el centro histórico; aquí la municipalidad debe de dialogar con los vecinos y propietarios de los inmuebles, para que mediante un convenio de participación mutua se realicen estos trabajos, donde los vecinos puedan comprar la pintura e insumos y la municipalidad participar con la mano de obra para el pintado. También es necesario, realizar el tratamiento de las paredes o muros colindantes mediante revestimiento a cordel o solaqueados de muros”, expone.
Añade que todos los inmuebles declarados Patrimonio Histórico de la Nación deben de contar con su expediente técnico de Restauración y Conservación y para ello la municipalidad debe convocar al Ministerio de Cultura para que dirija esta labor. Además, la comuna debe incentivar y promover mediante un programa la restauración, conservación y puesta en valor de los referidos inmuebles; donde los propietarios tengan facilidades como la exoneración de derechos de licencia de obra, arbitrios u otros pagos.
Hever García remarca que si se busca el éxito de la iniciativa municipal respecto a la peatonalización y recuperación del centro histórico, también es necesario poner atención al caos vehicular que se vive a diario en el casco central.
“Se debe restringir el acceso del número de taxis al centro de Chiclayo. Por ejemplo, los taxis con placa de números pares deben de ingresar en forma intercalada, es decir, dejando un día, y el resto de los días los cubren los taxis de placa números impares, esta propuesta ha dado interesantes resultados en otras partes del mundo”, señala.
Que la elección del próximo presidente de la República se haya celebrado con normalidad resulta para el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE, Fernando Tuesta Soldevilla, quien llegó a Chiclayo invitado por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo – USAT, un hito histórico, debido a que es el cuarto proceso desarrollado democráticamente desde que cayó la dictadura de Alberto Fujimori. Sin embargo, advierte que esto no resulta suficiente.
Tuesta Soldevilla, doctor en Ciencias Sociales y docente universitario, refiere que al Perú le ha costado llegar al cuarto proceso electoral consecutivo, máxime porque el precedente a un suceso similar data de hace cien años, con el cuarto gobierno elegido del Partido Civil a inicios del siglo XX.
“En el tercer gobierno había golpe de Estado en el Perú, por lo tanto la reciente elección es un hito. Haber elegido a Pedro Pablo Kuczynski presidente es un hito histórico, y no me refiero a él como persona, sino al hecho. Eso ha costado, pese a todo, y entonces estamos en un momento en el que los consecutivos gobiernos democráticos van favoreciendo la vida del país por el respeto a los derechos constitucionales y a la pluralidad. Los países adquieren una cultura democrática no por decreto o ley, sino por su experiencia y esta se logra con el tiempo. Necesitamos tiempo y eso es lo que menos se le pide a un político. Ahora se pide inmediatez, resultados tangibles e inmediatos”, mencionó.
ELECTORADO VOLÁTIL
Otro aspecto que describe de la realidad nacional es que se ha llegado a la cuarta elección democrática con gobiernos aparentemente fracasados, aun cuando estos hayan hecho importantes obras y cambios para el país. Y es que sostiene que en el común de la gente todo gobierno anterior es malo y esto puede definir decisiones y votaciones en el Perú.
“El escenario previo a las elecciones recientes era descrito por la gente como el fin de un gobierno fracasado. En el 2015 se pensaba solo en cuatro candidaturas: Keiko Fujimori, Alan García, Alejandro Toledo y el mismo Pedro Pablo Kuczynski y en las encuestas de ese año solo se hablaba de ellos, a quienes se les denominó como ‘El elenco estable’, por lo tanto se pensaba que la elección iba a ser aburrida y esta vez parecía que no había la posibilidad para un outsider, pero en el Perú nunca hay que decir que no, porque es el país de las sorpresas. Lo único cierto es que aquí la volatilidad es alta y las adhesiones a los partidos casi no existe”, refiere.
Para Fernando Tuesta, las votaciones de este año pudieron cambiar el rumbo de la historia si se aprobaba la reforma electoral, lo que finalmente no sucedió y, por el contrario, solo se dio pase a las normas de sanción o castigo – como él las define – que sirvieron para la exclusión de candidatos como Julio Guzmán y César Acuña.
“Los partidos en nuestro país son raquíticos algunos y otros esqueléticos, y sin embargo en el Perú, antes de las elecciones, teníamos 25 partidos, una cosa absolutamente incongruente con la realidad. ¿Cómo es posible tener tantas organizaciones si los requisitos de la ley de partidos son exigentes? En el Perú hay algunas leyes que no dan cuenta de la realidad y cuando esto pasa se cumple aquello de ‘hecha la ley, hecha la trampa’. Como exjefe de la ONPE puedo decir que los partidos están incapacitados para entregar firmas (para la inscripción), la gran mayoría son falsificadas. Solo por citar un ejemplo, en el 2000 los partidos presentaron más firmas que todo el padrón electoral y estaban en un momento en que eran incapaces de organizar a sus propios cuadros”, rememora Tuesta Soldevilla.
Añade que en el país para formar un partido político se necesita dinero, porque solo así es posible sortear los requisitos que la norma exige, como la supuesta recolección de firmas o la conformación de los 67 comités provinciales que deben permanecer activos. “Tenemos partidos que son formales, no reales. Julio Guzmán se hundió en esta irrealidad de los partidos. Si se hubiera hecho un corte a todos los partidos, se caían todos los candidatos. En el Perú no hay ningún partido que pueda cumplir la ley, por alguna u otra razón y eso ha hecho que el electorado peruano empiece a buscar candidaturas nuevas, descartando aquello que en otros países y en otras realidades es un valor: la experiencia. Aquí tener la experiencia de haber sido gobierno no es visto por el elector como un valor, por el contrario, decir: ‘Yo nunca estuve en política’ despierta miradas de admiración y atención”, señala.
LA CONFIANZA Y EL ANTI
Menciona además que las votaciones en el Perú son irracionales, como también sucede en otras partes del mundo, debido a que la población no elige en función de los programas o la hoja de vida de los candidatos, sino de las simpatías que estos despiertan. El analista cita como ejemplo que en noviembre del año pasado, antes que se convoque a elecciones, Keiko Fujimori ocupaba el primer lugar en las encuestas pese a que aún no había presentado su programa. Lo mismo pasaba con García, Kuczynski y los demás candidatos.
“Aquí es importante la relación que se establece con el candidato y si este genera o no confianza. El gran problema de Alan García, por ejemplo, es que él decía que tenía el mejor programa del mundo y al mejor equipo del mundo; podía tener los mejor pero primero había que creerle, confiar en él. Hoy los electores prefieren que se les digan cosas en concreto, no que les prometan un paraíso o un mañana mejor y menos en términos genéricos. La relación de los ciudadanos hoy es muy distinta con los partidos y eso fue lo que aprovechó Guzmán, al ser la novedad, algo fresco, que fue lo que en su momento también explotó Alberto Fujimori”, analiza.
Agrega que como aspecto destacable de la última campaña presidencial está el recorrido que durante cinco años hizo Keiko Fujimori por distintas partes del país, “pintando todo de naranja, porque no se puede llegar a los pueblos en tres meses”.
“El factor político llamado antifujimorismo fue el que decidió las elecciones. Pedro Pablo Kuczynski no era un buen candidato, fue una novedad, pese a su edad, en el 2011, pero este año ya no tenía qué mostrar. A él lo favoreció el antifujimorismo y también los temores y los miedos que nacieron por el crecimiento de Verónika Mendoza. El Perú es el país más antichavista de América Latina. Inmediatamente después de la primera vuelta Kuczynski se puso delante de Fujimori, mucho antes que los otros líderes dijeran que se vote por él”, refiere Tuesta Soldevilla.
Menciona que la denuncia presentada por el programa dominical Cuarto Poder sobre la investigación al secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra, por sus presuntos nexos con el narcotráfico, fue el hecho que logró aglutinar los sentimientos en contra del fujimorismo, que luego fueron fortalecidos con el escándalo del candidato a la vicepresidencia José Chlimper por la entrega de un audio editado para minimizar la denuncia anterior.
“A Fuerza Popular le cuesta aceptar la derrota porque es como haber perdido un partido de fútbol en el minuto 91, más aún cuando ha obtenido una mayoría aplastante en el Congreso. El escenario para adelante no va a ser fácil y eso todos los peruanos ya lo sabemos, y más Pedro Pablo Kuczynski”, señala.
SOSTENER LA DEMOCRACIA
Tuesta Soldevilla menciona que es la primera vez en la historia del país que un solo partido logra mayoría absoluta en el parlamento y esto genera una situación preocupante. Antes se había logrado oposición en el congreso a los gobiernos solo con las coaliciones.
En el 2001, cuando cayó el régimen de Alberto Fujimori, sus seguidores lograron cuatro escaños en el congreso. Hoy, 16 años después, Fuerza Popular tiene 73.
“Cuando el gobierno ha tenido al frente una oposición mayoritaria, como Bustamante en el 48, Belaunde en el 68 y Fujimori en el 92, terminó en golpe de Estado. Entonces, si ya hemos superado la elección de un cuarto gobierno, tenemos aún por superar la posibilidad de un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, y esto va a marcar mucho la vida política nacional. Mantener el sistema democrático no es solo una responsabilidad del presidente de la República y del gobierno. Peruanos Por el Kambio y Fuerza Popular tienen la tarea de garantizar que el Perú siga siendo un país estable y viable”, asevera.
Por otro lado, el exjefe de la ONPE indica que es posible que el próximo congreso, con mayoría fujimorista, se quiera emprender la reforma electoral aún pendiente antes que la reforma constitucional, más aún porque la Carta Magna vigente fue resultado del Congreso Constituyente Democrático que Fujimori convocó en 1993.
“No creo que el fujimorismo quiera reformar su constitución, que es algo que siente tan propio, la niña de sus ojos. Por otro lado, creo que la bicameralidad sería un buen paso para el país, pero también lo veo un poco difícil. Respecto a la reforma electoral es probable que se dé, aunque tampoco hay garantía, porque ya nos lo han demostrado los parlamentarios con su desinterés”, enfatiza.
Finalmente, Fernando Tuesta refiere que no hay muchas expectativas respecto al cambio en los partidos políticos, muchos ya proyectándose a las elecciones municipales y regionales del 2018, esto porque no han sabido aún calar en las necesidades de la población y dejan cada vez más espacios para los movimientos locales que resultan carentes de lineamientos claros y programas.
“No veo un futuro inmediato promisorio, quizá ahora que concluye toda una generación de políticos que han perdido las elecciones aparezcan otros que renueven sus organizaciones y logren prender la ilusión de la gente, algo que hace tiempo que se han perdido. Si los partidos no pueden cambiar hay que cambiarlos con cosas mejores”, asevera.
El Estado tiene tres tipos de potestad para sancionar las infracciones y/o los delitos de corrupción o faltas contra la administración pública: el Derecho Penal, aplicable a cargo de los magistrados judiciales, el fuero administrativo, que se aplica a todos los ciudadanos, y el ámbito disciplinario que se hace efectivo internamente en cada institución.
Estos aspectos son regulados en base al Código Penal y a la aplicabilidad del Derecho Administrativo Sancionador y el Derecho Disciplinario.
“La constitución dice que todos los servidores públicos están al servicio de la nación, por lo tanto hay un mandato que nos obliga a tener un comportamiento adecuado de servicio hacia los objetivos que se pretende conseguir a través del Estado”, señala la doctora Susana Castañeda Otsu, presidenta de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Explica que la sanción disciplinaria es aplicable cuando se determina la violación de las normas establecidas en cada sector de la administración pública. “La potestad administrativa sancionadora versa sobre infracciones de orden general y por eso tiene carácter externo, es decir se aplica a todos los ciudadanos. Por ejemplo, las multas que aplican los municipios y o la Policía de Tránsito. Por lo tanto, no es ilimitada ni global, sino que se constituye en un control de parte de la autoridad que incluso puede ser judicial, a través de los procesos contenciosos administrativos o los recursos de amparo, a los cuales puede recurrir el ciudadano cuando sienta vulnerados sus derechos”, menciona.
Actualmente, en el Perú, la potestad sancionadora administrativa no tiene un reconocimiento expreso en la Constitución Política como sí ocurre en países como España. Sin embargo, sí existe reconocimiento con la jurisprudencia generada en los órganos judiciales, como sucede también en Colombia.
SANCIÓN DISCIPLINARIA
Susana Castañeda refiere que la sanción disciplinaria está directamente relacionada a la conducta ética del servidor público, con un escenario de acción sobre la relación laboral que tiene que ver con la prestación de servicios, retribución y subordinación. En ese sentido, señala que es importante tener en cuenta las dos convenciones internacionales de lucha contra la corrupción a las que el Perú está suscrito.
“Existen personas que prestan servicios sin retribución y las dos convenciones han definido el concepto de funcionario público extendiéndolo a toda aquella persona que preste servicios dentro de la administración estatal, remunerado o no. Una forma muy común de sacarle la vuelta a la ley era cuando los alcaldes convocaban a sus amigos como asesores y como no estaba definido el asunto de la remuneración no podían ser incluidos en los procesos como servidores públicos. Ahora sí”, precisa.
La magistrada refiere que en el Perú existe un amplio conjunto de normas referidas a la potestad disciplinaria, partiendo por los artículos 1, 39, 40, 41, 45 y 139 de la Constitución Política; el Decreto Legislativo N° 276 y su reglamento; el Decreto Legislativo N° 728; la Ley N° 27815, Código de Ética de la Función Pública, y el Decreto Legislativo N° 1150, Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional.
“El Código de Ética de la Función Pública es muy importante porque ha definido conductas que pasan a ser infracciones pasibles de sanción”, relieva, mencionado además al Decreto Legislativo N° 1068, que regula el Sistema de Defensa Jurídica del Estado; el Decreto Legislativo N° 1023, que crea la Autoridad Nacional del Servicio Civil, y la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
“Todo lo que se ve en materia disciplinaria, excepto jueces y fiscales, será finalmente regulado por las opiniones, directivas y las decisiones que emita la Autoridad del Servicio Civil, integrada por personas que conocen el tema y son bastante competentes. Las decisiones del Tribunal de Servir constituyen un buen parámetro para los jueces al momento de decidir asuntos penales en los cuales hay previo pronunciamiento de la autoridad administrativa”, señala la jueza superior.
JUECES Y FISCALES
Anota que en caso de que los reglamentos de los órganos de control del Poder Judicial y el Ministerio Público carecieran de información específica sobre temas atípicos se debe aplicar la Ley de Procedimiento Administrativo General.
La normativa de sanción contra los jueces y fiscales se rige actualmente por el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece cuáles son las faltas y medidas correctivas en el aspecto disciplinario.
“También está el Reglamento de Organización y Funciones – ROF de la OCMA que tiene que ver con el control de los jueces, así como de los servidores del Poder Judicial. Otra norma importante es la Ley Orgánica del Ministerio Público que lamentablemente aún no está actualizada, sino más bien desfasada porque hace más de 20 años tenemos una nueva constitución. El ROF de la Fiscalía Suprema de Control Interno es muy relevante porque no solamente norma lo referido a las quejas contra los fiscales, sino que además da la potestad de que toda denuncia contra los magistrados, jueces o fiscales, sea vista por esta fiscalía que inicia la investigación preliminar y, posteriormente, por el Fiscal de la Nación que determinará si se inicia o no la investigación preparatoria”, explica.
PRINCIPIOS A RESPETAR
La Presidente de la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima señala que tanto en la potestad administrativa sancionadora como en la potestad disciplinaria, existen principios que deben cautelarse como la legalidad, tipicidad, presunción de inocencia (que en ámbito administrativo se conoce como presunción de licitud), razonabilidad y el debido proceso.
“A esto suma el de proporcionalidad al momento de aplicar las medidas cautelares en el ámbito disciplinario, teniendo en consideración que estas están normadas en la Ley de Carrera Judicial y en reglamento de la OCMA, por lo que al momento de su imposición se deberán tener en cuenta estos principios”, sostiene.
Añade que el Tribunal Constitucional tiene abundante jurisprudencia relacionada a estos temas, como cuando señala que la prescripción de un delito penal no detiene el trámite del proceso disciplinario.
“El Código Procesal Penal establece que cuando se inicia una acción penal contra una persona se suspende el procedimiento administrativo disciplinario. Sin embargo estos van a la par. Mientras que el proceso administrativo disciplinario tiene plazos muy cortos, el proceso penal demora muchísimo tiempo, no obstante que el nuevo código se dio para juzgar a la persona en tiempos razonables. Lo que debe precisarse es que muchos de los procesos administrativos disciplinarios prescriben por vulneración del principio de inmediatez”, comenta.
Refiere también que el Tribunal Constitucional ha señalado que las sanciones contra los servidores públicos no pueden ser el resultado de un razonamiento mecánico de aplicación de las normas, por lo que se pide tener en cuenta la razonabilidad y proporcionalidad, así como los antecedentes del servidor.
“En el caso del Poder Judicial, por ejemplo, tener un registro habilitado de las sanciones impuestas no solamente va a servir para la ratificación de magistrados, sino también para la imposición de sanciones, porque con la nueva Ley de Carrera Judicial se establece un sistema de penas de acuerdo a las sanciones que tenga el juez o el servidor jurisdiccional, remarca.
Por otro lado, Susana Castañeda remarca la importancia de las comisiones encargadas de desarrollar los procesos disciplinarios al interior de las dependencias públicas, por el rol que desempeñan.
“Nosotros decimos siempre que debe respetarse el principio de legalidad y el de tipicidad, donde precisamente hay muchos problemas de aplicación en el ámbito de las instituciones públicas cuando se desarrollan procesos disciplinarios y un ejemplo es lo que sucede con la Policía Nacional con su reglamento”, comenta.
CONTROL INSTITUCIONAL
Castañeda Otsu también aborda la problemática existente en las contrataciones públicas, explicando que a nivel nacional existen dos mil 800 instituciones estatales que contratan permanentemente, con un promedio de cinco procedimientos al día.
“El control del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE es aleatorio porque no tiene la posibilidad de verificar a todos, salvo cuando se presenta una denuncia. Un gran instrumento de lucha contra la corrupción es la transparencia y nosotros creemos que con la creación del SEACE se estableció un factor muy importante para evitar la corrupción en la administración pública. Sin embargo, aun existiendo el SEACE y otros filtros no entendemos cómo es que constantemente se tienen denuncias por colusión o negociación incompatible. Este es un asunto mucho más grave que el disciplinario, porque se trata de los recursos del Estado”, enfatiza.
La magistrada cuestiona que el ex Contralor General de la República, Fuad Khoury Zarzar, haya declarado para un medio capitalino que desconocía de la existencia de un sub sistema de lucha contra la corrupción, el mismo que desde el año 2001 está establecido y conformado por la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, la Procuraduría Pública Anticorrupción y los Juzgados Anticorrupción.
“Los procuradores de la Contraloría hacen en este espacio acciones de control y están, constantemente, peleándose con los procuradores de las otras instituciones. En el ámbito penal vemos que cuando existe un proceso por delitos contra la administración pública en los que están inmersos alcaldes o gobernadores regionales, se apersonan los procuradores de los municipios y las regiones. Pero, ¿quiénes designan a estos funcionarios?, ¿no son los mismos procesados? Entonces no defienden a las instituciones sino a las autoridades, por eso la norma establece que quienes participen en estos casos sean los procuradores anticorrupción para que ejerzan la defensa del Estado”, ejemplifica.
La semana que está concluyendo no ha sido la más feliz para Chiclayo. Serías denuncias formuló el regidor de oposición Guillermo Segura Díaz contra la gestión municipal del alcalde David Cornejo Chinguel y esto, obviamente, desató la acalorada reacción del burgomaestre, quien no ha dudado en señalar un posible trasfondo político de parte de sus examigos de Alianza Para el Progreso.
Desde que Cornejo Chinguel renunciara a Alianza Para el Progreso diversas acusaciones ha lanzado su primer regidor y excamarada Segura Díaz.
Dieciséis meses después de iniciado su gobierno, el cual ganó con solo el 22 % de respaldo del electorado chiclayano, el edil afronta su momento más difícil como autoridad.
Expresión buscó al alcalde y estas fueron sus respuestas cuando fue consultado por los hechos que han remecido las últimas semanas su administración.
¿Qué tiene que decir frente a las denuncias regidor Guillermo Segura Díaz? ¿Cómo toma lo presentado señalado por los concejales de oposición?
Nada de lo que ha dicho Segura es verdad. Mi despacho ha autorizado de inmediato para que la Gerencia General y la Procuraduría Municipal actúen de inmediato y otorguen todas las facilidades a las autoridades competentes y comprueben que el trabajo que aquí se realiza es de acuerdo a ley. Soy el primer interesado en aclarar esta situación que afecta la imagen de la institucionalidad edil.
A la luz de los documentos presentados por los denunciantes, ¿usted se retracta de la denuncia advertida contra el regidor Guillermo Segura?
Estoy firme en la denuncia que tengo que hacer, porque él tiene que demostrar lo afirmado en rueda de prensa donde señala que en esta municipalidad hay una asociación Ilícita para delinquir. Alegremente no se puede afirmar una situación de esa naturaleza, porque esta figura jurídica la tendrá que determinar el Poder Judicial.
Dice el conocido refrán que la mujer de César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Entonces, ¿por qué se contrató a Lucía Culqui Pacaya siendo hermana de su coordinadora de alcaldía? ¿No considera que esta designación alimentó las suspicacias?
La alcaldía no la contrató, ella siguió un proceso como cualquier otra ciudadana y dada su especialidad y experiencia se tomó la decisión, por parte de la Gerencia General, de realizar un Contrato de Locación de Servicios.
¿Y también de incluirla en los comités de adquisiciones?
No tenía impedimento para hacerlo.
Lo cuestionable es que en mismo comité también se designó como presidente suplente a Henry Chiclayo Vega, cuestionado también por la no rendición de cuentas cuando ocupó la jefatura de Imagen Institucional del municipio. Él tiene un proceso administrativo en contra.
El que tenga un proceso administrativo el señor Henry Chiclayo no le impide ni inhabilita a ejercer otras funciones como ser miembro de un comité de adquisiciones.
¿Éticamente está habilitado?
Pero obviamente, si uno no tiene un impedimento encuadrado dentro de la propia norma, entonces simplemente puede serlo, salvo que haya una sentencia condenatoria que dejaría de ser servidor o simplemente que mi despacho, tomando las consideraciones diversas pueda quitarle la confianza, porque él es un funcionario de confianza.
Todos los subgerentes y gerentes que designo en el nuevo sistema CAS Especial que hemos instituido en esta municipalidad son por confianza a propuesta de la Gerencia General y el consentimiento y propuesta de mi despacho.
Una vez más alcalde, ¿esto no genera suspicacias que pueden llegar al extremo de comparar su accionar con el de la gestión pasada?
En lo absoluto, además Culqui y Chiclayo son miembros suplentes. La ley dice que tiene que haber necesariamente un representante del área usuaria, entonces si la propia Ley de Contrataciones y la propia norma y los propios reglamentos piden o exigen que haya una persona del área usuaria tiene que haberlo. Lo ilícito y lo ilegal es que no haya una persona del área usuaria en el Comité de Adjudicación.
Distinto fuera si el señor Chiclayo estuviera en el área, por ejemplo, de Relaciones Públicas y apareciera en un tema de lubricantes o que la señora Lucia Culqui no sea una especialista en el tema y estuviera como titular.
¿Por qué tuvo que consentir el contrato de Lucía Culqui Pacaya?
Debo decir que lo que la ley no prohíbe, se puede hacer. Hablo de la señora Lucia Culqui Pacaya, cuando viene el equipamiento de Chiclayo Limpio, un proyecto que es de los hermanos de Suiza, necesitábamos con la urgencia del caso una especialista en mantenimiento que tenga que ver con los sistemas de los nuevos vehículos, entonces por qué no dicen que la señora Lucía tiene la acreditación de formación y de experiencia de trabajo de mantenimiento preventivo y correctivo de estos sistemas mecánicos.
Pero es hermana de su coordinadora de alcaldía…
Eso no es impedimento para que ella trabaje en la MPCH, lo grave es lo que ha deslizado el señor Segura al referir que desde la más alta cercanía a la alcaldía, entiéndase que es la señora Culqui, simplemente se está manejando una probable red de corrupción, y eso no es así.
Es bien fácil gritar de esta manera y entiendo y comprendo el tema de reacción de la señora Culqui y un grupo de personas allegadas a ella, exaltadas, que le recriminaron el inmenso daño moral que este señor había propinado en la conferencia de prensa.
¿Hubo o no agresión física contra el regidor Segura como informó el concejal? ¿Confirma usted lo que los medios de comunicación dieron a conocer?
He ordenado al Gerente General instituya un proceso administrativo, primero con un proceso indagatorio, de investigación y luego de las conclusiones y recomendaciones se pase todo a la Comisión Técnica de Procesos Administrativos para que deslinden responsabilidades. No soy juez, todo seguirá un proceso como manda la norma.
¿Acepta entonces la agresión contra el regidor Segura Díaz?
No la comparto, pero la entiendo.
¿Es cierto que se retiró al funcionario Elpidio Espinoza Terán para que ingrese Lucia Culqui Pacaya a la comisión de adquisiciones?
El señor Espinoza Terán fue subgerente y cuando se hizo la reforma estructural de todo el organigrama municipal esa sub gerencia desapareció el año pasado, por lo tanto se estaba trabajando a nivel de una unidad orgánica.
¿Es cierto que a Espinoza Terán lo retiraron al día siguiente de denunciar una compra irregular?
No, porque él estuvo como parte de mi equipo de campaña y a mí me estaba molestando todo el mes de abril y mayo por su contrato, porque dejó de ser subgerente. Desde aquél entonces no lo he visto, no es una persona extraña para mí y lo que pasa es que yo no lo atendía en mi despacho ni en mi casa, pese a que permanentemente me seguía, porque venía con chismes, problemas, documentos apócrifos y fotos, yo no tengo tiempo para eso.
Se ha denunciado la presunta compra de una bomba hidráulica a un precio 600 % superior a su valor comercial actual. ¿Qué acciones se han tomado respecto a este hecho?
Eso no tiene ni pies ni cabeza, lo digo porque ese mismo sobre de papeles con los que denuncia el regidor Segura Díaz llegó a mi despacho y a mi casa con un mes de anticipación. Coincidencia que llega a mi casa debajo de mi puerta, llega a mi despacho y lo entregan en la tarde, entre gallos y medianoche, votados debajo de la puerta. Así no se hacen las denuncias.
¿Y qué hizo al respecto?
Le pido a la Gerencia General realice de inmediato una investigación con precios del mercado, cuando me traen las cotizaciones y se compara con la que se adquiere estos repuestos son las que están vigentes en el mercado. Es allí que me doy cuenta que han montado un escandalete y es obvio que inducen a error al regidor Guillermo Segura con documentos falsos. Los que obran en nuestro poder prueban que no hay ninguna sobrevaloración.
La fiscalía correspondiente y los peritos que designen al respecto concluirán que esta denuncia carece de sustento alguno.
¿Considera que en su gestión no existen razones justificadas para emprender esta ola de denuncias en contra?
Pero quienes no ven bien lo que aquí estamos haciendo son sectores interesados en petardear y desestabilizar la gestión. ¿Por qué antes, cuando estaba en Alianza Para el Progreso, el señor Segura, que es el porta estandarte de la fiscalización, no denunció? ¿Por qué ahora que estoy alejado de APP comienza el linchamiento y esta guerra mediática con mentiras y medias verdades? Se ve que hay una posición interesada.
¿Esta es una guerra política?
Creo que sí. Lo más grave es que debo aceptar y reconocer que en este asunto está comprometido el señor Humberto Acuña Peralta, a él le digo: Humberto no actúes con doble moral, criterio, espíritu de cuerpo, porque obviamente sin tener argumentos legales, técnicos y por último un sustento que yo le puedo transmitir como autoridad, simplemente toma una decisión de apoyar la calumnia, la diatriba y la difamación hecha por el señor Segura Díaz.
¿Quiere decir que han esperado que usted salga de Alianza Para el Progreso para petardearlo?
Claro pues, ellos quieren linchamiento y a ellos les respondo que tengo correa política, yo sí les voy a contestar. Una cosa es fiscalizar y otra cosa es difamar, calumniar y deshonrar, y lo que está haciendo el señor Guillermo Segura con el consentimiento y aval del señor Humberto Acuña Peralta, por haberme salido de Alianza Para el Progreso, es difamarme y agraviarme sin fundamento. Esperaré pacientemente, porque soy hombre de paciencia, a lo que dictamine el Ministerio Público, entre tanto haré las acciones legales contra las personas que me han agraviado.
¿Para usted entonces el gobernador político y dirigente de APP en Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, está detrás de todas las acusaciones en su contra? ¿Es una venganza política contra usted?
Más que una venganza es un perverso cálculo político para generar espacios a favor de una candidatura porque Humberto Acuña quiere ser alcalde de Chiclayo. A él le digo que yo seguiré trabajando humilde y comunitariamente aquí en Chiclayo hasta el último día de mi gestión y solo Dios sabe lo que deparará mi futuro político, no me muero por tener otros espacios comunitarios por elección popular, eso se lo dejo al todopoderoso, es él quien decide.
Tampoco en mi corazón y en mi mente está de una manera perversa golpear a otros para generar posiciones favorables. Al contrario, tengo que trabajar con humildad, franqueza y con verdad. Los problemas al final no los puede dilucidar el señor Segura, ni yo ni nadie, será el Ministerio Público a donde hemos recurrido para las investigaciones del caso.
¿Humberto Acuña tiene rabo de paja?
No sé, pero algunos dicen que en la administración pública hay vigas grandes en los ojos y que primero tenemos que mirar a ellas.
¿Puede usted afirmar que no hay irregularidades ni hechos que investigar en su gestión?
Por lo menos de todas las denuncias que se me vienen formulando, cerca de 24 han sido archivadas definitivamente y otras marchan en lo mismo.
Por otro lado, el balance anual del 2015, que se debió presentar el 31 de marzo de este año, aún no ha sido aprobado por el Concejo Municipal, ¿por qué?
El balance del año 2015 ha sido presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas y en los próximos días será presentado ante el Concejo Municipal.
¿El Concejo Municipal no es el que tiene que aprobar el balance?
Sí, y eso se hará conforme a ley.
¿Cómo lo han presentado al MEF sin la aprobación del concejo?
Hay jurisprudencia sobre eso y al final en la sesión que viene les daremos cuenta y si las personas creen lo conveniente harán su procedimientos de reconversión, y tienen todos los procedimientos que la ley les flanquea.
¿Cómo explicar que el año pasado el municipio no haya gastado más del 73 % de su presupuesto para limpieza pública, pese que usted señala que este asunto es prioridad en su gestión?
Hemos priorizado el ordenamiento de la casa, no olviden que encontramos esparcidas 10 mil toneladas de basura, Chiclayo apestaba, era una ciudad mal oliente, la más cochina del norte del Perú y ese calificativo en el año y medio que estoy ha desaparecido totalmente, y estamos con un nuevo sistema de limpieza pública totalmente distinto al que encontramos.
Ordenar la casa significó generarle nuevas políticas de ingeniería financiera y nuevas políticas en el tratamiento presupuestal, nuevas políticas de trabajo respecto de los proyectos de inversión pública porque no encontramos nada, ni una hoja de proyectos. Hemos tenido que comenzar de cero, es más no hubo transferencia de lo que significa el legajo y el acervo documentario de todos los sectores de la municipalidad y eso le consta a Chiclayo.
Pero ya pasó año y medio, 18 meses…
Hemos hecho camino al andar en estos dieciocho meses. Durante el año 2015 hemos trabajado todo lo que se ha podido con nuestros funcionarios, este año estamos avanzando con la obra de equipamiento de la ciudad, el sistema de Chiclayo Limpio, el Mercado Modelo y con todo lo que significa el desarrollo urbano y las herramientas de planificación que no se tenían.
Lo que pasa es que jamás los opositores y los perversos hablarán bien de esta gestión hagamos lo que hagamos. Lo que yo humildemente estoy haciendo es lo que dicta lo mejor de nuestro Plan de Gobierno, ya viene el primer mega Centro Deportivo Recreativo Cultural en Ciudad del Chofer; el parque bio saludable, de orden geriátrico y de recreación, en el pueblo joven La Primavera, y tantas otras obras en las que estamos poniendo alma, vida y corazón.
¿Se arrepiente del apoyo que le dio a Keiko Fujimori?
En lo absoluto, le di mi voto por convicción, ahora lo puedo decir abiertamente, ya que no estoy impedido por ley. Ejercí mi derecho constitucional al sufragio como un ciudadano común y corriente, yo discrepé de APP porque no estaba de acuerdo con la Unión Civil no matrimonial, obviamente el candidato Kuczynski la promovía y la sigue promoviendo hasta hoy. Yo soy de las personas que cree en la fortaleza de las familias, en la unión entre un varón y una mujer, que es la propuesta de la señora Keiko Fujimori.
¿Por eso se alejó de APP?
Por esto y otras razones. Mi ex partido tomó la decisión para votar por un candidato que no se condecía con mi creencia religiosa y con mi percepción de principios de vida, tengo buenas amistades en el lado del fujimorismo y como amistades obviamente conversamos y vemos las cosas y voy a seguir conversando con ellos a nivel del Congreso de la República y a nivel del Ejecutivo obviamente Chiclayo necesita mucho apoyo.
Estoy seguro que sabiendo exponer en nombre de la ciudad voy a conseguir los financiamientos que se requieren.
¿Ya se ha reunido con los congresistas electos por Lambayeque?
He podido reunirme con Marvin Palma, con Javier Velásquez y vengo trabajando permanentemente diversos proyectos. La semana pasada con el congresista Velásquez Quesquén estuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas, estuvimos en COFIDE por el tema del Mercado Modelo, en el Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento y conversamos sobre los procedimientos de la tasación de las tiendas expropiadas.
¿Le teme a la revocatoria?
Para nada, me gustaría más bien que la intenten. Soy un hombre de campaña, un político que le gusta caminar, no le tengo ningún temor, me harían un gran favor porque el primer domingo de noviembre del año 2017 tendrían que tener el 50 % más uno para ganar.
Escucho que hay un kit para David Cornejo como alcalde, hay otro kit para David Cornejo y los 15 regidores, y hay otro kit para un regidor que es el señor Guillermo Segura.
En la viña del Señor hay de todo, pero al final hay que conseguir las 120 mil firmas válidas y luego ir al proceso. Me gustaría, porque yo estoy seguro con la ayuda de Dios y del pueblo, los derrotaré y pondrán prácticamente en la palestra para otros espacios comunitarios. Estoy pensando, para después del último día de mi mandato, ir tranquilamente a jugar con mi tortuga que se llama “Tula” en el jardín, tranquilo en mi casa. Me harían un gran favor porque me pondrían en otra dimensión.
¿Cuántas veces ha tomado el nombre de Dios en vano?
Jamás, nunca, porque él conoce nuestra mente, corazón y espíritu; cuando uno invoca el nombre de Dios no lo hace simplemente por una verborrea o por un talante digamos verbal, uno tiene que sentirlo, vivirlo y yo cada día de mi vida pretendo siempre sentir la presencia de Dios. Estoy con mi conciencia tranquila, simplemente hago lo que dicta mi convicción, porque soy un hombre de convicciones y eso me hace aparecer como un pedante. Los que me conocen saben que soy terco y de convicciones, que lo único que quiero de manera humilde es lo mejor para Chiclayo. No quiero estar viviendo de la teta pública como otros pretenden vivir por años, sin alusiones regionales.
Perjuicio asciende a más de 151 millones de soles.
Hasta diciembre del año pasado eran 22 las obras paralizadas en Lambayeque según el reporte de la Contraloría General de la República. Hoy, seis meses después, la cifra subió a 29, significando un millonario perjuicio al Estado y, en especial, para el departamento, por la postergación de proyectos que debieron concluirse a tiempo para beneficio de su población.
De acuerdo al registro del portal Infobras, una aplicación de la Contraloría General de la República que permite dar seguimiento a los proyectos de inversión estatal, Lambayeque sigue siendo uno de los departamentos a nivel nacional con mayor cantidad de obras paralizadas, situación que involucra a dependencias regionales y municipales.
Las 29 obras paralizadas representan en total 151 millones 709 mil 769.2 soles, presupuestos que datan, en algunos casos, incluso desde el 2010 y que hasta el momento no han sido honrados con la culminación de los trabajos.
MÓRROPE
En el distrito de Mórrope se encuentra paralizado el proyecto “Mejoramiento y ampliación del sistema de saneamiento básico de los caseríos Positos, Tranca Sasape, Tranca Fanupe, Casa Blanca, Fanupe Barrio Nuevo y anexos”, valorizado en nueve millones 216 mil 31.08 soles y que se inició el 12 de febrero del 2010 y debió concluir 240 días después.
El proyecto fue contratado a la empresa Construcciones Civiles SA – CONCISA, y hasta el momento solo registra un avance del 69. 58 %.
Otra obra que no se ha concluido en el distrito es la “Ampliación y mejoramiento del servicio académico de la Institución Educativa Primaria y Secundaria Miguel Grau Seminario”, del caserío Tranca Sasape.
Para este proyecto se asignó un presupuesto de siete millones 780 mil 995 soles y se contrató al Consorcio Unión para su ejecución. Los trabajos se iniciaron en diciembre del 2015 y deberían concluir en agosto de este año.
PIMENTEL
En Pimentel hay tres obras en la misma situación: el “Mejoramiento y renovación del servicio de agua y alcantarillado y conexiones domiciliarias de las calles El Sol, Australia y El Dólar, en la Urbanización La Plata”, presupuestado 542 mil 961.58 soles, y la “Instalación de la red de alcantarillado y conexiones domiciliarias en el asentamiento humano Sagrado Corazón de Jesús y la ampliación Molina Alta”, por 14 mil 15.58 soles.
Ambas obras se ejecutan por administración directa. La primera inició en julio del 2014 y la segunda en mayo del 2013.
También está paralizado el “Mejoramiento de la transitabilidad peatonal en las calles: Prolongación Alfonso Ugarte, Bayóvar, Tupac Amaru, Primero de Mayo, Diego Ferré y Los Parques del sector Victoria Viuda de Dall’orso”, con 128 mil 397.76 soles, la misma que se encuentra a cargo del municipio.
CIUDAD Y PUERTO ETEN
Otro proyecto es el “Mejoramiento de la infraestructura vial y peatonal de la zona este del distrito de Ciudad Eten”, con un presupuesto de cinco millones 351 mil 81.75 soles, encargado a la comuna local.
Los trabajos se iniciaron en diciembre del 2013 y debieron concluir en agosto del año siguiente.
La obra solo alcanzó el 0.81 % de avance.
En el mismo distrito están paralizados los trabajos de “Mejoramiento de la infraestructura vial de la calle Bolognesi, cuadra nueve”, para los cuales se asignó una partida de 166 mil 459.47 soles. El proyecto estuvo planificado para concluirse en 60 días, pero fue paralizado cuando tenía solo el 51.42 % de ejecución.
Se ha reportado también la paralización de la obra “Mejoramiento de veredas en la Avenida José Antonio García y García”, primera y segunda cuadra, del distrito de Puerto Eten, con un presupuesto de 58 mil 882.70 soles.
SAN JOSÉ
Asimismo, está paralizada la “Ampliación y mejoramiento integral de los sistemas de agua potable y alcantarillado” del distrito de San José, valorizado en 31 millones 782 mil 707 soles.
La obra fue dada por contrata al Consorcio San José y se inició en noviembre del 2014, estando programada su finalización para abril de este año. Los trabajos solo llegaron al 16.39 % de avance.
En San José también está paralizada la obra “Creación del paseo peatonal en el pasaje Atahualpa”, valorizada en 81 mil 697.39 soles, ejecutada por administración directa e iniciada en octubre del 2015.
Dichos trabajos debieron concluir en 45 días, pero fueron abandonados cuando el proyecto estaba al 48.76 % de su realización.
LAGUNAS
El “Mejoramiento del Parque Principal del pueblo tradicional de Mocupe”, a cargo de la Municipalidad Distrital de Lagunas, también está paralizado.
La obra, para la cual se asignó un presupuesto de 58 mil 635.62 soles, comenzó en noviembre del 2015, pero está paralizada pese a que se estimó como plazo para su ejecución un mes.
Del mismo modo, la obra de “Mejoramiento de calles del anexo Úcupe, lado norte”, adjudicada al Consorcio Úcupe Norte, con un presupuesto de cinco millones 86 mil 460.74 soles, fue iniciada en octubre del 2014 y debió concluir en marzo del 2015. Sin embargo, solo se avanzó hasta el 80.01 % del proyecto.
OLMOS
El distrito con más obras paralizadas es Olmos. Ahí se mantienen postergados los trabajos de instalación, ampliación y mejoramiento del sistema de saneamiento básico rural (agua potable y letrinas), para la cual se destinó una partida de siete millones 195 mil 926.59 soles, obra contratada al Consorcio Palo Santo y que debió concluir en noviembre del 2014.
Otro proyecto es la instalación del saneamiento básico en los caseríos de la zona noroeste del distrito, con un presupuesto de nueve millones 727 mil 534.33 soles. Esta obra adjudicada al Consorcio Los Algarrobos debió entregarse también en el 2014, pero solo avanzó hasta el 63.33 %.
En el 2013 se inició también un proyecto para la instalación de los mismos servicios en 14 caseríos del sur este de Olmos, por siete millones 3741 mil 948 soles, trabajos que avanzaron solo en un 80.96 %.
Hay otros tres proyectos que versan sobre agua y saneamiento para la zona rural que también están paralizados. Uno que debió beneficiar a 23 caseríos, con un presupuesto de 15 millones 944 mil 78.53 soles; otro para 33 caseríos con una partida de 13 millones 927 mil 367 soles, y otro para 30 caseríos con 19 millones 552 mil 24 soles de presupuesto.
TÚCUME
Del mismo modo, la “Construcción de 44 puentes rurales en los caseríos Puplan, Trapiche de Bronce y anexo, San Bernardino, Los Pocitos, El Horcón, Sequiones, Tranca Fanupe, pueblo joven Federico Villareal, Tabacal, Puente Tabla, Hacienda Vieja, Mendoza Campodónico, Granja Sasape, Los Chapoñanes, Alto Perú, Los Riojas, Los Dami”, en el distrito de Túcume, valorizado en 562 mil 49.43 soles.
Esta obra debió culminar en el 2014, pero solo se avanzó hasta el 23.69 %.
Aparece en la Contraloría General de la República como obra paralizada la “Instalación del sistema de agua potable del anexo Trapiche”, ejecutado por administración pública con 366 mil 197.85 soles de presupuesto. Los trabajos solo llegaron al 84.71 %.
MÁS DISTRITOS
En José Leonardo Ortiz está paralizado el “Mejoramiento del complejo deportivo en el pueblo joven María Parado de Bellido”, para el cual se presupuestaron 140 mil 4.58 soles.
El complejo debió concluirse en diciembre del 2013, pero los trabajos llegaron al 74 % de avance.
Asimismo, en Leonardo Ortiz no se ha concluido el proyecto “Creación de veredas de las calles del pueblo joven Villa Hermosa”, valorizado en 381 mil 882.70 soles.
Otra obra paralizada es la “Creación de la losa deportiva con graderías del centro poblado Santa Rosa”, del distrito de Pucalá, ejecutada en modalidad de administración directa, cuya entrega estuvo programada para noviembre del 2014. Los trabajos costaban 109 mil 228.65 soles.
En Ferreñafe está paralizada la “Instalación del servicio de protección contra inundaciones en la zona noroeste de la localidad – Acequia Tutumo”, presupuestada en cuatro millones 103 mil 650.39 soles, la que debió concluir en enero del 2015. Dicha obra también se ejecuta por administración directa.
La comuna de Ferreñafe tiene también pendiente la culminación del parque en el centro poblado Huayrul, en el distrito de Incahuasi, obra de 359 mil 103.22 soles.
En tanto, en Mochumí está inconcluso el “Mejoramiento de alcantarillas en los caseríos La Capilla, San Roque, La Calzada, El Salitral, El Cerezo, Collique y Huaca Reloj”, por 203 mil 386.36.
Por otro lado, el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT, tiene pendiente el mejoramiento del Canal Espino, en Pítipo, por un millón 516.014 soles; y la Gerencia Regional de Agricultura, la construcción de defensas ribereñas en las márgenes del río Reque, estimada en nueve millones 544 mil 105.58 soles.
La principal deficiencia en la gestión pública es la falta de transparencia, así lo indica la magíster Gisela Zelada Cortez, ex Jefa del Departamento de Logística del Congreso de la República y actual docente en la Maestría de Gestión Pública de la Universidad César Vallejo, Chiclayo. Comenta de la importancia de la meritocracia en relación a la designación de funcionarios públicos y sostiene que la formación en valores éticos en todos los niveles educativos sería fundamental para la reducción de la corrupción.
Las entidades del Estado están al servicio del ciudadano para ofrecerles diversos recursos, calidad de vida y darle más a los que tienen menos para lograr la equidad. En tal sentido, son los ciudadanos quienes tienen el derecho de conocer en qué se gasta el dinero público.
Gisela Zelada manifiesta que a pesar de la existencia de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la transparencia como uno de los principios de la Ley de Contrataciones del Estado, no existe conciencia sobre esto entre los funcionarios y directivos en relación a sus actos.
“Los ciudadanos debemos ver todo lo que se hace. La transparencia es el camino que nos va a llevar a hacer bien las cosas, porque si todo el mundo sabe lo que hacemos, tendremos el debido cuidado de hacerlo bien y que los recursos financieros del Estado, e incluso los recursos humanos, no se disparen y se vayan a otro lado”, asegura.
TRANSPARENCIA EN ENTIDADES PÚBLICAS
Desde el 2010, las entidades públicas cuentan con un portal de transparencia donde se puede conocer cómo se está desarrollando la gestión respectiva. Asimismo, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública permite a la población solicitar todo lo concerniente a los procesos y acciones que cumplen las dependencias estatales.
“Me atrevo a decir que el Portal de Transparencia funciona en un ‘cumplo y miento’, porque solo se registra en los portales web información estadística que muchas veces no dice mucho y no da luz que los recursos estén siendo bien utilizados. Asimismo, cuando vamos a una entidad a solicitar información, los servidores públicos no están preparados para darla. Uno conversa con el otro, te dicen que esperes o regreses mañana”, lamenta Zelada Cortez.
En tal sentido, Gisela Zelada remarca la falta de capacitación a funcionarios públicos en el conocimiento de las leyes, derechos y obligaciones. Esto genera que algunos funcionarios, sin mala intención o dolo, no realicen funciones eficientes.
“Tengo maestrantes, algunos gerentes en municipalidades, que desconocían la existencia de la Ley del Código de Ética de la Función Pública. Entonces, al sentirse capacitados en la maestría, sienten que se les abren caminos para hacer un mejor trabajo. Hay leyes y normas, pero no se aplican, están puestas en el tintero o son un saludo a la bandera”, expresa.
Gisela Zelada manifiesta que la Ley del Código de Ética de la Función Pública, promulgada en el 2002 durante el gobierno de Alejandro Toledo, fue pensada como ayuda para minimizar el grado de corrupción en las entidades públicas dejado por el gobierno de Alberto Fujimori.
“Es una ley bien dada, con derechos y obligaciones de servidor público, pero no se aplicó. En el 2005, salió el reglamento de esta ley donde se detallaba un poco más lo que era su aplicación y se pide que todos los servidores y funcionarios públicos tengan conocimiento de esta, pero tampoco funcionó”, señala.
Tampoco resultó cuando en el año 2009, según indica, se emitió una directiva que pide la promulgación de este reglamento para su aplicación a fin de aminorar la corrupción. Para el año 2012, salió una nueva directiva, cambiando el nombre a la anterior, promoviendo esta ley y su reglamento, con el adicional de premiar a los funcionarios que la cumplan.
“Sin embargo, por los niveles de corrupción que tenemos parece que esto no prospera. Tenemos una base legal muy rica, que algunas veces se contrapone, pero sí existe. Personalmente, falta capacitación y sobretodo formación en valores. Mientras que las personas, no solamente los servidores públicos, no estén formadas en valores éticos, la aplicación de las leyes no nos servirá de mucho”, afirma.
Por otro lado, Gisela Zelada indica que la aplicación de una ‘muerte civil’ para funcionarios corruptos, propuesta en la campaña presidencial por el presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, solo solucionaría el problema en esa persona.
“Viéndolo desde el fondo, ese exfuncionario público pasará a ser un tercero y la corrupción no solamente está en el sector público, porque si tampoco hubiera proveedores dispuestos a pagar a un funcionario público, no existiría la corrupción”, explica.
Lo primordial, según manifiesta, es capacitar a los funcionarios públicos en la base legal que tiene el aparato estatal. En segundo lugar, la formación en valores éticos.
“Según el cuarto eje temático: ‘Estado eficiente y descentralizado’ del Plan Bicentenario: el Perú al 2021, tenemos una política de Estado llamada ‘Ética, transparencia y erradicación de la corrupción’, donde se podría implementar una formación en valores éticos en todos los niveles, desde inicial, primaria, secundaria, estudios superiores, inclusive en maestrías y doctorados, donde se evalúe el nivel de conocimiento de estos valores”, comenta.
Asimismo, Zelada Cortez cree que iniciando en este próximo gobierno una política de Estado que le dé prioridad a la formación en valores éticos podría ayudar a la aplicación de las normas existentes, a tener personas que le digan no a la corrupción y al favoritismo personal. De esta forma, los ciudadanos volverían a confiar y creer en las instituciones públicas, actualmente invadidas por la corrupción.
“Siempre le digo a mis alumnos que la lucha contra la corrupción depende de nosotros, el saber decir no al favoritismo, al bien personal, porque los recursos del Estado son para la población”, remarca.
VALOR AL MÉRITO
Son 250 instituciones públicas que se encuentran en tránsito a la Ley del Servicio Civil, según señala el presidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, Juan Carlos Cortés. Esta norma promueve la meritocracia que hace referencia al mérito que alcanza cada uno de los servidores públicos para lograr un puesto mayor y con mayor responsabilidad, al estar capacitado y tener la experiencia para el puesto.
“Sería excelente que un servidor público logre alcanzar un cargo de funcionario por merito propio estando realmente capacitado y siendo totalmente capaz para este. La meritocracia permitiría tener funcionarios idóneos”, manifiesta Gisela Zelada.
La Ley del Servicio Civil señala que el 80 % de los servidores públicos deben ser nombrados por meritocracia y solamente el 20 % por confianza en el grado político, como lo es nombramiento de los ministros otorgado por el Presidente de la República junto con el Presidente del Consejo de Ministros.
“El titular de cada entidad promueve sus mismos funcionarios, pero lógicamente sería ideal los concursos para cargos no políticos. La Ley SERVIR busca establecer requisitos que deben cumplir los funcionarios, así sean un cargos de confianza, como capacitación e idoneidad para el puesto. Hace tiempo conocí el caso de un gerente de Recursos Humanos que era veterinario y no es que sea malo, pero no tenía la preparación ni la capacitación para serlo”, comenta.
Zelada Cortez lamenta que algunos de los concursos públicos que se realizan tengan ‘nombre y apellido’ y sean solo parte de la formalidad, porque la ley así lo exige.
“SERVIR es el ente encargado de supervisar que los concursos públicos sean realmente transparentes y se elija a la persona idónea. Hay empresas especializadas en recursos humanos para realizar estos concursos públicos y, a través de SERVIR, esto podría ser supervisado, sería excelente”, manifiesta.
MEJORANDO LA GESTIÓN PÚBLICA
La modernización de la gestión pública podría lograr más ciudadanos satisfechos con la labor de las entidades públicas, y es que el Sistema de Modernización del Estado impulsado por la Presidencia del Consejo de Ministros apunta a que la gestión esté orientada al ciudadano.
Siendo así, Gisela Zelada indica que las entidades públicas tienen que trabajar como las privadas, en el sentido de darle la importancia al cliente, en este caso los ciudadanos.
“Trabajar empresa-cliente como entidad-ciudadano y con eso tener un estado eficiente y descentralizado. Como dicen en las empresas: los clientes tienen la razón, igualmente el ciudadano tiene que tener la razón”, asegura.
La implementación de la gestión pública por resultados apunta a que los recursos financieros y humanos tengan como finalidad que el ciudadano alcance una mejor calidad de vida. Por tal motivo, se trabaja como principal orientador de esta política que todas las gestiones, actividades y proyectos que realicen las entidades públicas estén orientadas al ciudadano, que haya articulación entre las distintas entidades a fin de alcanzar metas y que haya transparencia en las gestiones y rendición de cuentas.
“Hay que consultarle a los ciudadanos, porque ellos saben lo que se necesita. Por ejemplo, sé de una carretera que un alcalde hizo en Amazonas con un buen proceso de selección, la carretera fue una de las mejores, pero al final, al poblador no le sirvió y no la usaba, porque no era lo que necesitaba. El resultado tiene que estar orientado a lo que necesita el ciudadano”, comenta.
A pesar de la existencia de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos, no existe la participación ciudadana. Además, Zelada Cortez indica que los proyectos de las gestiones deben ser sostenibles y no de una sola vez.
“Pasa con las obras públicas que el gobierno siguiente no les da mantenimiento. Por ejemplo, tenemos parques sin limpieza pública, simplemente porque son obras del gobierno anterior”, manifiesta.
Uno de los pilares contemplados en la gestión pública por resultados de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2021 es el sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.
“Cada entidad adquiere los bienes y/o servicios que necesitan, se utilizan, pero no se monitorea si está orientado al ciudadano, si hay un impacto o si tiene el resultado que se necesita. La rentabilidad de las entidades públicas, a diferencia de las privadas, se refleja en tanto lo que gasta mejora la calidad de los ciudadanos”, añade.
La gestión del conocimiento, como parte de este último pilar, hace referencia a los conocimientos adquiridos por las gestiones de cada gobierno en las actividades que realizaron y que podría ayudar a las nuevas gestiones a no cometer los mismos errores y ver qué sí funcionó.
“Lamentablemente, cuando se cambia de gestión, la experiencia y conocimiento adquirido se pierde y no queda plasmada en un documento. En el Perú no existe la gestión del conocimiento, la cual debe implementarse y quedar documentada para que las nuevas gestiones tengan el conocimiento que eso funcionó y tuvo eficacia”, sustenta.
Finalmente, la gestión por resultados debe darse bajo tres niveles de gobierno: gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación institucional. El primero, nos dice que todo debe ser comunicado y, además, consultado.
“El gobierno electrónico se da al subirse información en las páginas webs. Sin embargo, ahora con las aplicaciones móviles se podría informar problemas a las autoridades y viceversa, así como lo hace la Municipalidad de Miraflores”, afirma Gisela Zelada.
Asimismo, resalta como ejemplo de articulación interinstitucional el trabajo del Programa Juntos, donde están articulados algunas entidades como el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud para mejorar la calidad del servicio.
