Segura de los objetivos que quiere lograr como ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marisol Pérez Tello dialogó ampliamente con Expresión durante su reciente visita a Chiclayo, abordando diversos temas que atañen a las competencias de su portafolio y, sobre todo, poniendo énfasis en aspectos medulares como el sistema penitenciario y el rol de las procuradurías.
La flamante ministra resalta que el Plan de Gobierno emprendido por el presidente Pedro Pablo Kuczynski, tiene ideas matrices en temas de Derechos Humanos, compromisos concretos con víctimas, desaparecidos, desplazados, poblaciones vulnerables y los problemas penitenciarios, a lo que además se suma la propuesta de promover las penas acumulativas de manera progresiva para quienes cometen delitos.
Pérez Tello sostiene además que la iniciativa presidencial, tal como se anunció en el mensaje a la nación del 28 de julio, de crear un organismo autónomo para la defensa del Estado, es otro de los aspectos que la motivaron a aceptar la invitación de hacerse cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“Nosotros tenemos una propuesta de ley en ese sentido desde la época de la comisión Belaunde Lossio. En esa comisión se hicieron una serie de propuestas legislativas que se aprobaron, pero finalmente, por la lógica parlamentaria, no llegaron a debatirse y que ahora podremos implementar. Esta lógica partía de la necesidad y la premisa de establecer un sistema de procuraduría autónomo donde se privilegie la carrera pública y la meritocracia, de manera que todos supiéramos que el procurador del Estado representa al Estado y no al gobierno. Entonces, ya lo anunció el presidente también en el discurso, una procuraduría autónoma”, expone.
Para la ministra, el aporte de reconocidos hombres del Derecho, como el exfiscal Avelino Guillén y los exprocuradors José Ugáz y Julia Príncipe, así como de organizaciones como Proética, será fundamental para esquematizar las bases del nuevo sistema de defensa del Estado.
“Esto, por supuesto, acompañado con un gobierno abierto y con un tema de sanción y de no impunidad, que es clave. Si bien es cierto ya hemos corregido en el Código Penal la sanción para funcionarios públicos, porque debería ser sin duda agravada, las personas tienen que sentir que si un delincuente es sancionado, uno que además tiene un poder que le ha concedido el Estado debe ser doblemente sancionado, porque no solamente ha cometido un delito sino que ha traicionado la confianza ciudadana”, señala la excongresista de la República.
PROBLEMA CARCELARIO
Sobre las políticas de resocialización aplicadas en los establecimientos penitenciarios del país y los problemas que actualmente se presentan por el hacinamiento y el índice de criminalidad desde los penales, Pérez Tello menciona que existe responsabilidad del Estado en garantizar el respeto a los Derechos Humanos, pero no solo de los ciudadanos libres en cuanto a seguridad ciudadana y vida digna, sino también de quienes están cumpliendo condenas.
“En seguridad ciudadana, nosotros tenemos transversalmente, además de los temas de Derechos Humanos que están en todo este aspecto, la Dirección Nacional de Política Criminal y Penitenciaria y el Instituto Nacional Penitenciario – INPE, que necesita ser replanteado. Hay cosas que se han hecho bien, pero hay una cifra que habla por sí sola. Nosotros empezamos el 2011 con cerca de 40 mil personas privadas de libertad y terminamos al 2016 con 80 mil personas en las cárceles y 10 mil más en medio libre. Esas 80 mil personas concentran el 6 % de la tuberculosis de todo el Perú, que además se multiplica con el hacinamiento, entonces se explica por sí solo y hay que combatirlo”, detalla la integrante del Ejecutivo.
Menciona que aun cuando es posible plantear una política de reinserción, de resocialización o de educación y trabajo para las personas privadas de libertad y seguridad, estas resultarán insuficientes debido a que los penales están sobrepoblados.
“El hacinamiento incrementa la posibilidad de expandir enfermedades infectocontagiosas como el VIH o como la TBC drogo resistente, como hay en el penal de Lurigancho. Entonces, esas cosas hay que verlas, en Lurigancho cada día entran cinco mil mujeres y mil 800 hombres de visita, se imaginan el foco infeccioso que puede ser eso. Es realmente grave y hay que tratar de corregirlo, no solamente se trata de aprovechar los penales que tienen capacidad instalada para mejorarla, pero también hay otros penales donde ya no se puede construir más, como Castro Castro, por ejemplo”, refiere.
ESTERILIZACIONES FORZADAS
Marisol Pérez Tello habla también sobre el archivamiento fiscal de la denuncia por las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori.
La ministra no oculta su molestia por la decisión, pues considera que existen elementos suficientes para profundizar en las investigaciones, máxime por informes de la Defensoría del Pueblo y decretos del propio portafolio de Justicia reconocieron la vulneración de los derechos de más de 270 mil mujeres con dicha política de planificación familiar.
“Hay una violación de los derechos fundamentales. Lo que dice la Fiscalía es que sí se configura un delito, pero lo que no se configura es lesa humanidad. Lo que ellos no pueden hacer con los elementos de juicio que tienen es vincular la esterilización con una política pública orientada a eso. Ahora acá hay dos caminos: el de la apelación, que el proceso judicial se lleve, que tome en cuenta o se separe de esta posición y que las victimas que van a continuar en esto no cesen en la pelea que va a llegar a la Corte Interamericana. Asimismo, que al comprobar los hechos individuales se establezcan parámetros que permitan afirmar que, por lo menos, hubo negligencia en la supervisión de la política pública que se implementó o que efectivamente se demuestre que no, yo creo que la verdad es lo que todos estamos buscando”, enfatiza.
Agrega que “nadie está buscando sancionar ni exculpar a alguien, lo que todos queremos es saber qué pasó exactamente y si estas marchas y contramarchas en una investigación fiscal y luego judicial son parte de los procesos, hay que esperar con serenidad, tranquilidad y confianza, pero sin duda lo que vamos a hacer desde el Ministerio de Justicia es impulsar toda la búsqueda de la verdad”.
BÚSQUEDA DE DESAPARECIDOS
Inmediatamente, confiesa que otra de sus motivaciones para aceptar el encargo del presidente Pedro Pablo Kuczynski es el llevar adelante el proceso de búsqueda de las personas desaparecidas, responsabilidad que el Estado, por Ley, ha asumido recientemente.
“La ley de búsqueda de desaparecidos tiene sin duda un compromiso del presidente que ha sido sin duda para mí el impulso final para tomar la decisión de estar ahí. Yo creo que no hay derecho que por más años, a pesar de estar la voluntad, existan personas buscando a lo largo y ancho de nuestro país a sus hijos, hermanos, padre o madre. Esto tengo que reconocerle al expresidente Ollanta Humala, porque en su última etapa de gobierno hizo algo que honró no solo a la Presidencia de la República, sino a las fuerzas que él representaba, porque él es militar. Tengo que reconocerlo públicamente, porque es un acto de valor y valentía. Buscar la verdad siempre es complicado, hay gente que no le gusta la verdad”, sostiene.
DERECHOS LGTBI
Asimismo, resalta que su presencia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos será para velar también por las minorías y poblaciones vulnerables, como la comunidad de Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales e Intersexuales – LGTBI, a quienes el nuevo gobierno ha ofrecido amparar con el reconocimiento de sus derechos civiles.
Recuerda que como presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso de la República fue quien incorporó el crimen de odio en la legislación penal, precisando como supuesto agravante en el que una persona LGTBI sea violentada.
“Es verdad que la comunidad LGTBI hubiera querido que se explicara dentro de los supuestos de discriminación razones de sexo, edad, raza, orientación sexual, pero es verdad también que es muy difícil legislativamente empujar determinadas reformas si no se tienen consensos. El consenso que yo logré fue por el crimen de odio por cualquier tipo de discriminación. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que los supuestos de discriminación implican no solo sexo, raza, origen étnico, cultural o religión, sino también orientación sexual”, explica.
Comenta además que su militancia pepecista no representa restricción alguna para impulsar el reconocimiento de los derechos de la población LGTBI, pues no se considera conservadora, sino más bien progresista.
“Yo no voy a tener ningún temor de hacer y avanzar en esto, somos una sociedad conservadora, yo creo que eso es lo difícil y tenemos que empezar a decodificar una serie de cosas que no son correctas. Todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y esos deben estas garantizados por la ley”, señala.
Finalmente, Pérez Tello considera que necesario que en el currículo escolar nacional se incluyan pasajes de la historia reciente del país como el gobierno autocrático de Alberto Fujimori, las secuelas de la corrupción y la violencia terrorista.
“Sin duda, eso tiene que hacerse y hacerse como parte de la historia de nuestro país. Así como se tiene que reconocer las cosas que se hicieron bien en el gobierno del señor Fujimori, también tenemos que incorporar las cosas que no se hicieron bien y no se tienen que repetir. Además, la privación de libertad de Fujimori responde a esas cosas, no a las que hizo bien y que el Perú le agradece. La historia tiene que ser contada como fue, con lo bueno y malo, con lo feo, lo digno y lo que nos avergüenza. De manera que las futuras generaciones no repitan esos errores de silencio cómplice que muchos cometimos ante el miedo que nos quitó la libertad. Asimismo, creo que la única manera de combatir a MOVADEF es diciendo todo lo que el terrorismo generó, porque fue gran causante de la sangre que fue derramada por miles de peruanos a lo largo y ancho del país”, manifiesta.
Administrador Judicial asegura que la firma Vera & Asociados “maquilló” cifras y debió abstenerse por tener litigio pendiente con el Grupo Oviedo.
“La compañía auditora Vera & Asociados debió abstenerse de realizar la auditoria a la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A, sobre la realidad productiva, económica y financiera, por mantener un proceso judicial con una de las empresas del Grupo Oviedo”, sostiene en una carta abierta a las autoridades de la región Lambayeque el administrador judicial Segundo Ordinola Zapata.
El documento, hecho llegar a la presidenta de la Corte Superior de Justicia, Ana Salés del Castillo; a la presidenta de la Junta de Fiscales, Giovana del Río Carreño; a la juez del Sétimo Juzgado Especializado Civil, Liz Fabián Palomino; al presidente de la Primera Sala Civil Especializada, Daniel Carrillo Mendoza y al jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Nabor Ortiz Melgarejo, sustenta que por conflicto de intereses, los representantes de la consultora debieron privarse de realizar la auditoria operativa en aras de la transparencia, imparcialidad y la paz social en la azucarera.
Zapata Ordinola censura a la compañía auditoria Vera & Asociados y cuestiona las conclusiones del examen de auditoria realizado a su gestión como administrador judicial, en el período comprendido entre los años 2006 y 2014, considerando que “la auditora esconde y maquilla la autenticidad de la investigación”.
“De manera particular, estoy moralmente obligado a hacer pública mi reprobación al desenlace de este trabajo, caracterizado por la insensatez técnica y contable que demuestra más bien una parcialidad con la parte contratante y una interpretación de escaso nivel profesional, con apreciaciones y conclusiones muy subjetivas”, señala.
REMUNERACIONES
Afirma que las cifras en cuanto al monto de las remuneraciones han sido manipuladas y adulteradas. En su caso – refiere - lo acusan de haber ganado dos millones 545 mil soles, lo cual – asegura - es falso; pues, entre los años 2006 y 2009, su sueldo fue el mismo que percibió como sub jefe de la Oficina de Costos Industriales del área de Fábrica, donde laboró desde el año de 1970.
“He cobrado mil 600 soles mensuales. Mis ingresos anuales por este concepto fueron de 22 mil 400 soles y no de 276 mil 450 soles por año como lo señala la auditoria”, explica.
Ordinola Zapata agrega que en estos cuatro años ganó 89 mil 600 soles y no un millón 105 mil 800 soles como se ha hecho conocer.
Comenta además que a partir del año 2010, en que asume el cargo de máximo ejecutivo de la empresa, empezó a ganar 12 mil 500 soles, suma que ahora recibe el gerente encargado y uno de los actuales administradores judiciales, así como del presidente del Directorio y algunos funcionarios de la empresa.
“Se han realizado cálculos premeditadamente equivocados y exagerados para inflar las cifras y cambiar las fechas desde cuando percibieron sus remuneraciones. Es increíble cómo un trabajo de esta magnitud se puede faltar a la verdad de manera escandalosa, dejando a rebalse la fragilidad de su moral y de los que son capaces para mantenerse en los cargos”, explica.
De igual manera, pide a los actuales conductores de la empresa a que lo denuncien penalmente si falta a la verdad. “Ellos jamás van a poder demostrar que gané esta cantidad, porque estás cifras solo existen en su imaginación y en su maldad. Además, interpretan a su antojo cifras inexistentes, deformando las conclusiones emitidas en el informe final de auditoria”, recalca.
SIN PÉRDIDAS
Sustenta que si Tumán hubiera perdido mil millones de soles, la empresa no estaría operando normalmente, tampoco hubiera cumplido con el pago de las remuneraciones de los trabajadores después de la huelga.
La empresa –añade- “estaría cerrada, inoperativa, quebrada, y sus principales activos vendidos y sometidos a un proceso de remate y liquidación, debido a que se hubiera absorbido el íntegro del capital social como acciones tanto de terceros como de los trabajadores y jubilados”.
“El artículo 407 de la Ley General de Sociedades establece que es causal de disolución si las pérdidas reducen el patrimonio neto a una cantidad inferior a la tercera parte del capital pagado. Esa supuesta pérdida reduciría a nada el patrimonio de la empresa”, señala.
Menciona que la norma antes descrita es inaplicable en la empresa Tumán porque no existe una pérdida de esa magnitud, y tampoco la pueden contabilizar porque tendrían que declarar a la empresa en insolvencia. “No lo harán porque sus falsedades no pueden superar indiscutibles barreras legales y contables. Sin embargo, siguen adelante porque lo que buscan es causar un impacto político, judicial y social que justifique la vigencia de la ilegal administración judicial defenestrada por la Primera Sala Especializada Civil de Chiclayo”, remarca.
Ordinola Zapata pone en conocimiento que los estados financieros de su gestión, durante los años 2006 al 2013, han sido auditados cada año por una compañía externa, cuyos resultados fueron puestos de conocimiento a la Superintendencia del Mercado de Valores. “Los informes contables han sido aprobados sin observación alguna, dado que sus dictámenes expresan razonablemente nuestra posición económica y financiera”.
“Es importante señalar, que la jueza del Sétimo Juzgado Civil Especializado de Chiclayo, en salvaguarda de la tutela que nos encargó, también ordenó una pericia contable al período 2006 – 2014, con resultados satisfactorios, lo que demuestra la transparencia de nuestros actos societarios”, detalla.
SITUACIÓN EMPRESARIAL
Revela – Ordinola Zapata - que la Auditoria Operativa debió ser ejercida por un equipo multidisciplinario, de lo cual tiene dudas por la incoherencia de sus conclusiones. De ello – refiere – “se tiene conocimiento que tampoco tuvo independencia en su labor, porque hubo voceros que diagnosticaron por anticipado los resultados que se alcanzarían finalmente, lo que demuestra que hubo una constante intromisión política que monitoreó este proceso, lo que invalida la pericia realizada”.
“En la etapa preliminar, la compañía responsable de este trabajo debió tomar conocimiento de cuál era la posición de la empresa antes que nosotros asumiéramos la dirección de la misma. Sin embargo, deliberadamente han omitido pronunciarse sobre la situación productiva y económica de la empresa al 31 de diciembre del año 2005. Con este hecho intentan ignorar cómo encontramos Tumán en enero del 2006”, expresa.
Asimismo, señala que la omisión en la pericia contable hace presumir a la opinión pública que antes del año 2006 Tumán era una empresa rentable, competitiva, que no tenía deudas, que arrojaba utilidades, que tenía los mejores rendimientos de campo y las mejores eficiencias de fábrica. Además, que la relación de ingresos versus sueldos era de un 25 % y no de un 60 % como lo es, desde hace más de dos décadas.
¿EMPRESA ENDEUDADA?
“Las deudas que encontramos en enero del año 2006 sumaban 256 millones de soles, mientras las pérdidas acumuladas a diciembre del 2005 fueron de 144 millones de soles. Estas son las cifras oficiales que dejó el III Directorio que era integrado por Leoncio Egúsquiza Sánchez y Fortunato Alberto Rodríguez Valderrama, que es quien ha dirigido este examen de auditoria”, acusa Segundo Ordinola.
Entre los 256 millones de soles –señala- había un préstamo de tres millones de dólares que la empresa había recibido de Negociaciones Pacheco, así como más de cuatro millones y medio de soles que prestaron al mismo Pacheco para cancelar sueldos de los trabajadores.
“Por ello, es que las mejores tierras de Tumán y Calupe estaban embargadas a una cuarta parte de su valor real, pero ambos préstamos fueron cancelados en nuestra gestión. En el área de campo la situación era patética. En los años 2004 y 2005 la producción era de 80 toneladas de caña por hectárea”, comenta.
DESARME DE DIFUSOR
Preocupado, explica que se le acusa de haber desmantelado el difusor, quitándole a Tumán la posibilidad de mejorar su molienda con mejores indicadores técnicos. “Ese difusor se adquirió en 1972 y costó un millón y medio de dólares. En 1988, con la puesta en marcha del caldero N° 6 se intentó hacerlo trabajar y fracasó, lo mismo ocurrió en otras gestiones, pero con el tiempo se fue desmantelando de manera gradual, y las piezas fueron reubicadas en la misma fábrica”, refiere.
El desmontaje del difusor – afirma el administrador judicial- se inició en 1990. Mediante Memorándum N° 7883-2011-DCV, del 12 de noviembre del 2011, se tomó conocimiento que en el área de fábrica se estaba desmontando el difusor, de las cuales algunas partes se encontraban en mal estado por el tiempo transcurrido y por la presencia de nidos de aves de rapiña, que han deteriorado su funcionamiento.
“Consecuentemente, la compañía Vera & Asociados, técnicamente debe explicar que desde el año de 1972 hasta el ejercicio 2005, el difusor ya había sido depreciado por un monto total de siete millones 917 mil 627.51 soles”, anota.
FALSAS PÉRDIDAS
Segundo Ordinola señala que en su gestión se alcanzaron importantes récords en fábrica.
“Ninguna de estas cifras se han alcanzado antes en nuestra historia empresarial. ¿Cómo pueden aventurarse a pronosticar que en nuestra gestión se ha generado una pérdida de 14 millones de soles por mal manejo de fábrica?, cuando es todo lo contrario”, refiere.
Por otro lado, señala que una deuda por pagar de 18 millones de soles, según el reporte de la compañía auditora,
no puede ser perjuicio económico para la empresa porque esta tiene un rol de pagos.
“La auditoria sorprendentemente lo considera una pérdida, olvidando que antes de asumir la conducción de la empresa, a fines del año 2005, Tumán debía 162 mil 448 bolsas de azúcar a los sembradores, que valorizadas al precio actual de 105 soles en planta, arroja una deuda de la gestión anterior de 17 millones de soles”, enfatiza.
De igual manera, Ordinola Zapata detalla que los impuestos no pagados tampoco son una pérdida, porque estos ahora o después tienen que ser obligatoriamente amortizados y cancelados.
“Señalan que hemos ocasionado una pérdida de 85 millones de soles porque todavía no se honra esta obligación, pero olvidan que al 31 de diciembre del año 2005, el III Directorio
nos dejó 104 millones de soles en tributos no pagados por concepto de IGV, renta de 4ª y 5ª categoría, así como deudas a las AFP, ONP, EsSalud y otros”, explica.
Menciona también que en el 2005 la empresa tenía una deuda de 91 millones de soles, pero en nuestra por concepto de CTS, de los cuales su administración pagó 87 millones.
“Es de señalar que después de muchos años de lucha, el Estado puso a disposición de los tumaneños el 7.22 % de sus acciones, representado por dos millones 441 mil 970 acciones. El precio fue de dos soles con 60 céntimos. Las acciones se cancelaron con las CTS de cada trabajador inscrito en el proceso. El Estado no recibió dinero alguno, pero la empresa se benefició porque disminuyó en seis millones 451 soles la CTS de los trabajadores, lo cual significó que por los porcentajes adquiridos, sumado al porcentaje de los jubilados, volvimos a ser los accionistas mayoritarios de la empresa, pues pasamos del 45 % al 52 % en el capital social, y la empresa por su parte disminuyó en ese mismo monto la deuda de CTS con los trabajadores. ¿En dónde está la pérdida señores auditores?”, reclama Ordinola Zapata.
Finalmente menciona que la empresa no ha realizado pagos indebidos en utilidades y en contingencias tributarias. “Sin embargo la compañía auditora ha elaborado un informe con el propósito de hacer daño a mi administración judicial, ya que no solo carece de argumentos técnicos para impugnar los pagos que se les ha hecho a los trabajadores que por derecho y mandato de la Ley se lo han ganado, y nadie se los puede quitar ahora”, enfatiza.
Gestión de ex alcalde Roberto Torres los iba a mejorar con inversión de 300 mil soles, pero ahora la cifra se habría elevado a cinco millones.
“Los niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”, así como: “a que se respete su integridad moral, psíquica, física, y a su libre desarrollo y bienestar”, es lo que reza en los artículos 3 y 4 el Código de los Niños y Adolescentes, pero toda esa normatividad parece ser letra y Ley muerta en la provincia de Chiclayo, donde los menores se desenvuelven y desarrollan en ambientes peligrosos y no acordes a su evolución, en tanto a las autoridades, por su presunta desidia, desconocimiento o irresponsabilidad, poco les importaría el estado en que se encuentran los parques y juegos recreativos de la Capital de la Amistad.
Sin embargo, lo que ha llamado la atención es que en la gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, para el período 2013-2014, se presupuestó un gasto de 307 mil 101.01 para el mejoramiento de siete parques infantiles, cifra que fue corroborada con el cuadro comparativo de presupuesto elaborado en la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en el mes de noviembre del año 2015, gestión de David Cornejo Chinguel, pero a la fecha los números habrían incrementado llegando a un monto superior a los cinco millones de soles.
Ha transcurrido año y medio desde que el representante de la Defensoría del Pueblo de Lambayeque, Julio Hidalgo Reyes, se apersonó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo para encontrar un diálogo con el alcalde y recomendarle que disponga la inmediata realización de acciones necesarias para ejecutar el mejoramiento y la recuperación de las instalaciones deportivas de los parques infantiles y juegos mecánicos de Chiclayo distrito.
La recomendación, plasmada en el oficio N° 116-2015-DP/OD-LAMB, del 11 de febrero del año 2015, contempla también las mejoras, reparación, mantenimiento o adquisición de nuevo mobiliario y otros accesorios para los lugares de diversión y esparcimiento infantil en las urbanizaciones y pueblos jóvenes Pedro Ruiz, Francisco Cabrera, Elvira García y García, La Primavera, Ricardo Palma, Túpac Amaru, Virgen de la Paz, Jorge Chávez, Simón Bolívar, Cruz de la Esperanza, Elías Aguirre y la residencial Leguía. .
“Nuestra intervención se dio luego de atender las quejas de algunos vecinos que suelen visitar el Parque Infantil de Chiclayo. In situ constamos que los juegos mecánicos se encuentran deteriorados y su infraestructura está en mal estado, constituyendo un peligro para la integridad física, salud y vida de los niños y adolescentes que juegan en ellos”, revela Evony Gómez Córdova, adjunta a la Defensoría del Pueblo de Lambayeque.
PEDIDO REITERATIVO
Pero eso no es todo, Evony Gómez Córdovaindica también que ante el silencio por parte de las autoridades ediles, el 8 de junio del 2015 personal de la Defensoría del Pueblo del Lambayeque visitó la comuna de Chiclayo con el objetivo de enterarse sobre los avances en cuanto a la reparación y mantenimiento de los juegos mecánicos, levantando un acta de entrevista y reiterando la recomendación que cuatro meses antes se había hecho, responsabilidad que recayó sobre la Subgerencia de Estudios y Proyectos para que cumpla con actualizar los expedientes técnicos de cada uno de los parques con juegos recreativos.
El presunto desinterés por parte de la autoridad municipal y sus funcionarios se vio reflejado una vez más durante una nueva visita que hicieran representantes de la Defensoría del Pueblo en noviembre pasado, donde se obtuvo información que en la Subgerencia de Estudios y Proyectos de la MPCH no se había llegado a concluir nada.
“Del seguimiento que hicimos, en el noveno mes se nos hizo conocer que se había determinado que siete parques, entre ellos Las Musas, Residencial Leguía, Urbanización La Primavera, y de los pueblos jóvenes Jorge Chávez, Simón Bolívar, Cruz de la Esperanza, y Elías Aguirre, necesitan incluir mobiliario de juegos. Sin embargo, en los parques Infantil de Chiclayo, Pedro Ruiz, Francisco Cabrea, Elvira García y García, requieren un mejoramiento integral”, sostiene.
DESDE LA GESTIÓN TORRES
Además, la representante de la Defensoría del Pueblo revela que la demora excesiva a absolver las observaciones y dar solución al problema en el tiempo más breve posible por parte de los funcionarios municipales y la propia autoridad edil, los llevó a hurgar en los expedientes de la casa municipal con el objetivo de salvaguardar la integridad, salud y vida de los niños y adolescentes de Chiclayo.
Así se llegó a determinar que desde diciembre del año 2013, gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, hoy recluido en el ex penal de Picsi e investigado por presuntos delitos de corrupción, existe el expediente técnico del Proyecto de Juegos Mecánicos Infantiles del distrito de Chiclayo, el cual cuenta con el código SNIP N° 287657, cuyo presupuesto, el fue actualizado en noviembre del 2015 por la gestión municipal de David Cornejo Chinguel, y asciende a 307 mil 101. 91 soles.
“El mencionado expediente técnico fue aprobado mediante resolución de Gerencia de Infraestructura N° 022-2014-MPCH/GIP el 26 de febrero del año 2014, pero a la fecha duerme el sueño de los justos”, señala Evony Gómez.
La tercera exhortación y recomendación que hiciera la Defensoría del Pueblo al alcalde de Chiclayo y sus funcionarios fue que la Subgerencia de Estudios y Proyectos concluya la formulación del expediente técnico, ya que de continuar la dilatación de manera excesiva, como lo viene haciendo hasta la fecha, se corre el riesgo de que se desactualicen los precios considerados en noviembre del año 2015 para el mantenimiento o cambio de los juegos infantiles de siete de los 11 parques antes descritos.
UNA EXHORTACIÓN MÁS
Ante la presunta decidía e inoperancia del alcalde David Cornejo Chinguel y sus funcionarios, el pasado 5 de abril, una vez más el representante de la Defensoría del Pueblo, Julio Hidalgo Reyes, se apersonó a la Municipalidad Provincial de Chiclayo, pero en esta ocasión para hacer llegar por conducto regular el oficio N° 0184 -2016 –DP/OD-LAMB, dirigido al primer vecino, con el objetivo de reiterarle el cumplimiento, así como la inmediata actualización o reformulación del expediente técnico del proyecto de “Juegos Mecánicos Infantiles del Distrito de Chiclayo, Pedro Ruiz, Francisco Cabrera, Elvira García y García – I Etapa, contenido en el código SNIP N° 287657, el cual está elaborado y presupuestado desde el mes de diciembre del año 2013.
En esa ocasión el Defensor del Pueblo fue parco al dejar en claro que si no se cumple con el compromiso de velar por la integridad, salud y vida de los niños y adolescentes de Chiclayo, que a diario visitan los parques de la Capital de la Amistad en busca de recreación, diversión y sano esparcimiento, se verá en la imperiosa necesidad de poner los actuados en conocimiento del Ministerio Público para que actúe de acuerdo a sus facultades y formule las denuncias respectivas contra los funcionarios que resulten responsables de la inacción y exposición al peligro de los menores de edad.
EL GRAN BONETÓN
La severa advertencia habría preocupado al Gerente General de la municipalidad de Chiclayo, Ruperto Castellanos Custodio, quien hizo llegar a la Defensoría del Pueblo, el 20 de abril último, el oficio N° 110-2016-MPCH-GM, donde como asunto hace conocer que remite información solicitada, señalando como responsable de todo ello al ingeniero Danielito J.L Villena Florián, en su calidad de subgerente de Estudios y Proyectos, quien “ya estaba culminando la reformulación del expediente técnico del proyecto de juego mecánicos”.
Sin embargo, ante la demora en más de año y medio, el último 24 de junio la representante de la Defensoría del Pueblo, Fany Mesones Ocaña, fue hasta la comuna para entrevistarse con el funcionario público Danielito J.L Villena Florián, y saber que lo estaba demorando en finiquitar el expediente técnico y la comuna se ponga manos a la obra en mejorar los parques mecánicos de Chiclayo, pero grande fue su sorpresa al encontrar a otra persona en el cargo y que aparentemente desconocía del grave problema y de las acciones a realizar para dar una pronta solución.
En el puesto de Subgerente de Estudios y Proyectos fue encontrado el ingeniero Roger Vílchez Rentería, quien sostuvo que antes del 15 de julio debería estar lista la actualización y reformulación del expediente técnico del proyecto de juegos mecánicos.
Ante el supuesto desconocimiento, y como para darle la oportunidad de poder cumplir con lo requerido, se le fijo nuevo plazo, el cual vence el 15 de agosto.
En su defensa y ante el temor de ser denunciado ante el Ministerio Público, el funcionario reveló que quienes están realizando las gestiones de actualización del expediente técnico del mencionado proyecto son los ingenieros Miluska Quispe Zarate, Juan Luis Campos Galio Fuente y el arquitecto Samuel Carrasco.
CUESTA 15 VECES MÁS
Expresiónse comunicó con el subgerente de Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Chiclayo, ingeniero Roger Vílchez Rentería, quien dijo que en la actualidad se viene trabajando los expedientes técnicos del proyecto de “Juegos Mecánicos”, los cuales deben estar culminados en los próximos 15 días.
Agrega que el proyecto ya no cuesta 307 mil 101.91 soles, como lo había presupuestado en el año 2013 la gestión del ex alcalde Roberto Torres Gonzales, sino que ahora tendrían un costo superior a los cinco millones de soles.
“Antes se hizo un solo expediente técnico. En la actualidad cada parque tiene su propio expediente técnico, lo cual demandará una inversión de más de cinco millones de soles”, detalla el funcionario.
De igual manera, sostiene que la demora en resolver el problema se debe a que los representantes de la Defensoría del Pueblo desconocerían la parte normativa y las disposiciones técnicas con las que ellos como funcionarios tienen que trabajar
Explica también que la mayor inversión se hará en el Parque Infantil de Chiclayo, donde no solamente se hará mejoramiento de los juegos mecánicos, sino que se va a refaccionar toda la infraestructura ornamental, se van a hacer nuevas veredas y los juegos serán cambiados en su totalidad.
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Además, tendría que pagar dos mil 500 soles de multa y cuatro mil soles de reparación civil.
Por presuntamente haber violado la correspondencia de una docente del Colegio Manuel Pardo, el sacerdote y director del centro educativo, Ricardo Cruz Huamán, corre el riesgo de ser condenado a un año de pena privativa de la libertad, así como al pago en efectivo de dos mil 500 soles por concepto de 75 días multa a favor del Estado, y cuatro mil soles como noción de reparación civil a favor de la agraviada.
De acuerdo a la Carpeta Fiscal Nº 249-2014, contenida en el expediente judicial Nº 6623-2014, del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria, el Ministerio Público ha solicitado se le imponga la sanción por el presunto delito de violación de correspondencia, dolo tipificado en el Artículo N°161 del Código Penal “contra la libertad en la modalidad de violación del secreto de las comunicaciones”.
Los hechos imputados ocurrieron el 13 de abril del año 2012, cuando la agraviada, Miriam Talia Muro Irigoyen, profesora del citado colegio, remitió un correo electrónico al profesor Vicente Torres Saldaña.
Muro Irigoyen hizo uso de su correo electrónico para dirigirse a su colega con el siguiente mensaje: “Urgente amigo, ahí te envío lo que me ha dicho Ascencio”, y adjuntó el archivo denominado: “Saben ustedes qué les enseña el director R. Cruz”. Sin embargo, desde 13 de abril de ese año el profesor Vicente Torres ya no laboraba en el plantel, y el mensaje que debía llegar a la bandeja de su correo electrónico por ser institucional, fue redireccionado automáticamente a la cuenta general (webmaster@cmpardo.edu.pe), cuya administración la tiene el investigado.
Según la denunciante, Ricardo Cruz Huamán procedió a abrir el correo electrónico pese a que no estaba dirigido hacia él y mucho menos tenía algún tipo de autorización, advirtiendo él mismo que el contenido era injuriante tanto para él como para otros miembros del mencionado colegio.
LA DESPIDIÓ
Tras tener en sus manos el mensaje electrónico enviado, el sacerdote procedió a dar por culminado el vínculo laboral con la agraviada, quien luego de un duro batallar en el fuero judicial logró obtener su reposición en el cargo del cual había sido despedida, mediante un proceso constitucional de amparo signado con el Expediente Nº 1395-2012, seguido ante el Sexto Juzgado Especializado Civil.
Tras la denuncia, al sacerdote se le atribuye la acción penal de haber abierto indebidamente y sin autorización el correo electrónico enviado desde la cuenta personal de Miriam Muro hacía la cuenta del profesor Vicente Torres.
Conforme a la investigación que desarrolla el fiscal Javier Quiroz Grosso se ha podido determinar en la parte preparatoria que existen suficientes elementos de convicción que vinculan al acusado con la comisión del delito de violación a la correspondencia en agravio de Miriam Muro.
DESCARGO
En su defensa, el sacerdote Ricardo Cruz reconoce que el día 13 de abril del año 2012, entre otros correos que habían llegado por redireccionamiento a la webmaster del servidor de la institución educativa, la cual es administrada por su persona, abrió el mensaje y se encontró con el contenido, el cual considera denigrante, vejatorio, insultante, calumnioso a su persona como director del Colegio Manuel Pardo, así como al subdirector y subdirectora del plantel, y a la congregación de la misión religiosa que representa.
De igual manera, afirma que el 25 de abril del 2012 cursó la carta de despido a Miriam Muro, ya que siendo las cuentas de correo electrónico de propiedad del Colegio Manuel Pardo, tiene la facultad de monitorear el uso que los trabajadores le estén dando, descubriendo los mensajes injuriosos.
De acuerdo al análisis considerativo del fiscal Javier Quiroz Grosso, la conducta punible del sacerdote y director del Colegio Manuel Pardo, Ricardo Cruz Huamán, correspondería a un claro abuso del cargo que ostenta en la institución educativa, así como la posición económica, formación, oficio, profesión y función. Por ello, es que se habría tomado la facultad de acceder y abrir el correo electrónico dirigido al profesor Vicente Torres Saldaña.
EL REQUERIMIENTO
Ante los elementos de convicción encontrados en la etapa de investigación por parte del Ministerio Público, el fiscal Quiroz Grosso elevó su requerimiento acusatorio ante el titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de Chiclayo, solicitando se le imponga un año de pena privativa de la libertad por violar el secreto de las comunicaciones, en este caso la correspondencia.
De igual manera, teniendo en cuenta que los ingresos mensuales de Ricardo Cruz son de cuatro mil soles, lo cual significa tener un ingresó diario de 133.33 soles, también se le ha pedido se le aplique 75 días multa, lo que equivaldría al pago de dos mil 500 nuevos soles a favor del Estado.
Asimismo, por la magnitud del daño moral causado a la agraviada, quien tuvo que recurrir al auxilio judicial para ser repuesta en su puesto de trabajo, el sacerdote no ha reparado el daño moral causado lo que ha llevado a que se solicite la imposición del pago de cuatro mil nuevos soles como reparación civil a favor de Miriam Muro.
El presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Miranda Canales, concedió a Expresión una entrevista exclusiva en la que reflexionó sobre la necesidad de generar órganos jurisdiccionales especializados en materia constitucional, pero además de garantizar que la administración de justicia sea suficientemente capaz de resolver las controversias para bajarle la temperatura a lo que ha denominado “la fiebre de los amparos” en el país.
De cajón, el titular del máximo organismo intérprete de la Constitución del Estado refiere que si bien uno de los valores fundamentales del Derecho es alcanzar la justicia, llegar a esta no es fácil, pues antes el juzgador debe tener con claridad el significado de esta.
“Desde los romanos se ha dicho que hacer justicia es dar a cada quien lo que le corresponde y esto no es fácil. Lógicamente el camino son las normas y las leyes, pero no solamente el Derecho como norma jurídica, sino también se necesita de otros instrumentos como la sociología, la historia y la filosofía para poder ir hacia los valores. De tal manera que tenemos que ir en un largo camino y debe seguramente transmitirse y transmutarse para alcanzar la justicia. Alcanzar la justicia sería dar a cada quien lo que le corresponde”, señala.
ESTADO CONSTITUCIONAL
En ese sentido, considera que la tarea es aún larga y esforzada para que el Perú se convierta en un Estado Constitucional, donde por encima de las normas señaladas en el ámbito jurídico esté la defensa de los derechos de la persona humana y, sobre todo, la cautela de su dignidad como tal.
Refiere que el movimiento del constitucionalismo en el mundo va hacia eso; es decir, pasar de un Estado Legal de Derecho a un Estado Constitucional de Derecho.
“Esto significa pasar de los parámetros de la legalidad a los parámetros de la constitucionalidad. Esto provendría que la interpretación de la norma y de los hechos no sea de una base legal solamente; es decir, que no haya una interpretación solo literal, sistemática, sociológica, histórica, sino se necesita una interpretación a través de los principios, donde hablamos del principio de la igualdad, el principio de no discriminación, el principio de la interdicción, de la arbitrariedad, de la razonabilidad, de la seguridad jurídica. Son cosas donde se actúa en función a los principios, no a lo que literalmente podría decir la norma legal”, explica.
CARGA DEL TRIBUNAL
Miranda Canales comenta que actualmente el Tribunal Constitucional tiene una carta de 11 mil expedientes, cifra que aún es alta pese a que se ha reducir el número de casos pendientes de revisión desde hace más de cinco años.
“Cuando asumí la presidencia, hace siete meses, se encontró un carga inclusive del 2010; es decir, una carga de hace seis años. En honor a la verdad, yo me considero una persona honesta, del 2010 había muy pocos expedientes, pero había y hemos dictado medidas de emergencia para resolverlo. Ahora ya no hay casos del 2010, 2011, 2012 y creo que en estos meses va a desaparecer la carga del 2013, pero sí va a quedar 2014 y 2015, no hablemos de 2016 porque todavía subsiste. Hemos achicado la distancia en el tiempo. Al pueblo ya se le puede decir: ‘Antes esperaste cuatro o cinco años, ahora espera un poco menos, pero te vamos a dar una oportunidad de respuesta, aunque no sea fácil”, remarca el tribuno.
Señala que es necesario explicarle a la ciudadanía que actualmente se vive una suerte de crisis, por cuanto hay quienes consideran al Tribunal Constitucional como una instancia más para la resolución de sus controversias, sin respetar la naturaleza exclusiva y extrema que este tiene como intérprete de la constitución.
“Hoy en día el tribunal debe recibir toda demanda de constitucionalidad y puede haber un amparitis o una inflación del amparo o de los derechos constitucionales. Esa es la discusión. Siendo así, el tribunal no cumpliría con su función dentro de los propios parámetros de la Constitución, que son la supremacía de la Constitución, que todo se haga dentro de ella, que sea garante de los derechos fundamentales”, asevera.
Añade que en su experiencia como juez superior y vocal supremo, con más de 20 años de permanencia en el Poder Judicial, ha constatado que este no tiene suficiencia para resolver los problemas de los litigantes generando así la salida opcional de las partes de recurrir al Tribunal Constitucional.
“Ahí resulta que no se resuelven los problemas y creen que pueden pasar al Tribunal Constitucional como una instancia más y este no es una instancia más, es una instancia más en los derechos fundamentales, nada más. Se ha generado una fiebre por el amparo en el Perú. Hay varias cosas, yo soy profesor universitario y hay que decirlo con todo respeto: creo que los profesores y autoridades universitarias tenemos que tener mucho cuidado en la formación de nuestros profesionales, porque hay casos que se agotan en la vía ordinaria, ya no se pueden ir a la vía constitucional, y sin embargo lo hacen”, señala Manuel Miranda.
Comenta, por ejemplo, que a veces termina un proceso de divorcio y porque a alguien no le satisfizo la respuesta dada por la Corte Suprema de la República, recurre al Tribunal Constitucional.
“Puede ir, pero como afectación de sus derechos al debido proceso o afectación a la tutela jurisdiccional, que está en la Constitución, pero no para hablar de una causal del divorcio y que no se cumplió, ese tipo de asuntos con competencias del Poder Judicial”, afirma.
REFORMA CONSTITUCIONAL
Por otro lado, el magistrado señala que resulta imperiosa la necesidad de plantear la reforma de algunos aspectos de la Constitución Política de 1993, referidos a la organización, funciones y competencias del Poder Judicial, el Ministerio Público y el propio Tribunal Constitucional.
Cita como caso de controversia el número de magistrados que conforman este último organismo, que actualmente es de siete miembros.
“Hay siete magistrados para resolver 11 mil causas, nosotros no tenemos suplentes, no tenemos jueces, entonces no podemos resolver tantos expedientes. Uno no puede enfermarse en el Tribunal Constitucional porque no hay suplementes”, cuestiona.
Otro aspecto es el período de ejercicio. En el Perú, un magistrado del TC es electo por cinco años, en tanto en otros países de la región su mandato en promedio es de siete años, lo que impediría la injerencia de los gobiernos de turno en el funcionamiento del tribunal.
“Yo diría que el Tribunal Constitucional con esta conformación actual actúa con imparcialidad, autonomía, independencia y honestidad, sujeto solo a la Constitución y a sus leyes, ninguna otra situación puede presentarse en el TC, no existen factores internos ni externos, mucho menos subalternos. Siendo así, las decisiones del tribunal tienen que cumplirse y acatarse”, asevera.
Finalmente, Manuel Miranda Canales expone la necesidad de implementar órganos constitucionales descentralizados que permitan filtrar de mejor manera los casos que llegan al seno del tribunal.
“Ahora hay una justicia constitucional, no solamente una justicia ordinaria, penal, civil y laboral. Esa justicia en los procesos de inconstitucionalidad comienzan y terminan en el tribunal, pero en los procesos de la libertad como hábeas corpus, hábeas data, amparo y acción cumplimiento, comienza en el juez. Es el juez constitucional y en caso su decisión no satisfaga a una de las partes esta puede apelar a la Sala Constitucional. Sin embargo, no hay juez ni sala constitucional. Entonces, tienen que reemplazar la función los jueces civiles o penales o las salas civiles o penales. Aprovecho para decir que estamos pidiendo que se cree los juzgados y las salas superiores constitucionales. Si bien es cierto, se dice que no hay mucha carga de tipo constitucional, aun así se pueden crear macroregiones constitucionales”, explica.
