Modulando la figura del “convenio interinstitucional”, el jefe del Centro de Gestión Tributaria - CGT, Nilton Monje Sampén, venía prestando el dinero producto de la recaudación del día a la Municipalidad Provincial de Chiclayo - MPCH, con el objetivo que se cubran necesidades laborales, pero la recuperación de un total de 370 mil soles se iba a hacer en cómodas cuotas y en largos días.
En otra acción, si no hubiera sido por la oportuna intervención del administrado Víctor Luna Victoria Menacho, Monje Sampén habría desembolsado a la MPCH, en calidad de donación, la suma de 700 mil soles, los cuales serían producto del saldo de balance del ejercicio económico del año 2015, generándole un riesgo al ente recaudador en la ejecución de gastos distintos a la naturaleza, fines y objetivos del CGT y consecuente afectación al presupuesto institucional.
En ambos casos, Nilton Monje Sampén habría trasgredido la normatividad vigente con el supuesto objetivo de favorecer a la municipalidad de Chiclayo, fin que hasta el momento la Contraloría General de la República no ha determinado por la dilatación que se vendría dando al caso desde el interior del ente recaudador, lo que ha motivado que el hecho sea puesto en conocimiento del titular del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Alfredo Eduardo Thorne Vetter.
Conforme se plasma en la carta L133 -2016 enviada al ministro de Economía y Finanzas, Víctor Luna Victoria hace conocer que el Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo no pidió opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas, derivado de la Directiva N° 001-2010-FF/76.01, para la “Ejecución presupuestaria de las entidades de tratamiento empresarial”, para una donación de dinero requerida por la municipalidad provincial.
Además, se indica que del Presupuesto Institucional de Apertura del CGT del año 2016, se tiene que es equilibrado en ingresos y gastos de siete millones 734 mil 576 soles, siendo la fuente de financiamiento los Recursos Directamente Recaudados, que debe incluir en el saldo de balance obtenido del ejercicio fiscal 2015 para la modificación presupuestal.
EL PEDIDO DE DONACIÓN
Es el caso que mediante carta N° 85-2016-MPCH/GM, del 12 de mayo del año 2016, el ex gerente general de la municipalidad de Chiclayo, Ruperto Castellanos Custodio, solicitó al jefe del CGT, Nilton César Monje Sampén, la donación de 700 mil soles para ser utilizados en gastos corrientes, para presuntos gastos a realizar en semaforización, mejoramiento de vía, entre otros.
La petición de Ruperto Castellanos fue derivada casi en forma inmediata, mediante proveído de Nilton Monje signado con el N° 218-2016, del 13 mayo del 2016, requiriendo al responsable del área de contabilidad el informe correspondiente para su atención, pero obvió solicitar opinión al Ministerio de Economía y Finanzas.
“El artículo 69 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto – Ley N° 28411, indica que las donaciones dinerarias provenientes de instituciones nacionales o internacionales, públicas o privadas, diferentes a las provenientes de los convenios de cooperación técnica no reembolsable, serán aprobadas por resolución del titular de la entidad o acuerdo de consejo en el caso de los gobiernos regionales y de concejo municipal en el caso de los gobiernos locales, consignando la fuente donante y el destino de estos fondos públicos”, explicó el demandante.
Detalla también que la resolución o el acuerdo al que se llegue, serán publicados en el diario oficial El Peruano, cuando el monto de la donación supere las cinco Unidades Impositivas Tributarias –UIT, y si el monto es menor a cinco UIT, la resolución o acuerdo deberá ser publicada en la página web de la institución, caso contrario lo deberán hacen en carteles grandes en lugares visibles de la institución donante.
AFECTACIÓN OPERATIVA
Explica que una donación de ese monto por parte del CGT a la municipalidad de Chiclayo afectaría la operatividad y funcionamiento del ente recaudador, perjudicando la programación mensual del gasto al no tener mayor cobertura presupuestal de las actividades de la entidad, conllevando a posibles modificaciones de nivel institucional o a nivel funcional programático.
La negativa acción por parte de quien dirige el ente recaudador, ha llevado a que el hecho sea puesto en conocimiento del Órgano de Control Institucional, La Contraloría General de la República y el Ministerio Público, con el objetivo que dicho acto no se realice y la ciudanía se vea afectada.
“Con esto se busca que en lo sucesivo se mantenga una política del manejo del CGT desligado de las políticas que tiene la municipalidad de Chiclayo a nivel del gasto, debiendo adoptarse las acciones necesarias que les permita ejecutar sus presupuestos en el marco de austeridad, racionalidad y disciplina, eficiencia, eficacia y transparencia”, detalló Víctor Luna Victoria.
¿PRESTAMISTA?
De acuerdo al Oficio N° 02-013- 000000181-2016, enviado por el jefe del Órgano de Control Institucional del CGT, bajo la responsabilidad de Robert Antonio Vargas Tepe, dirigido al Monje Sampén, le hace conocer que como resultado de la revisión del comprobante de pago N° 2016001479, del 18 de julio del 2016, se ha podido tomar conocimiento de la transferencia de dinero por el monto de 370 mil soles a nombre de la municipalidad de Chiclayo, trasgrediendo la normativa presupuestal vigente.
La historia del extraño préstamo se inició el 15 de julio del presente año, cuando mediante informe N° 1059-2016-SUGTFMPCH, la persona de Gervacio Larrea Chucas, en calidad de subgerente de Tesorería y Finanzas de la municipalidad de Chiclayo, comunicó a la Rosa Ysmelda Gómez Ponce, gerente de Administración y Finanzas de la MPCH, que a la fecha se tenía pendiente el pago del personal CAS correspondiente al mes de junio, tanto obrero como empleado, el cual ascendía a 578 mil 959.18 soles.
Indica que en ese momento se tenía en caja la suma de 200 mil 959.18 soles, habiendo un faltante de 370 mil soles, el cual debería ser atendido por el CGT en calidad de préstamo para ser descontado a razón de 30 mil soles diarios de los dineros que el ente recaudador deposita a la arcas ediles producto de la recaudación tributaria.
Luego, con informe N° 144/2016-MPCH/GAF, del 15 de julio pasado, Gómez Ponce informa al entonces gerente municipal Ruperto Castellanos Custodio, quien en ese mismo instante emitió el oficio N° 274-2016-MPCH, y lo dirigió a Nilton Monje Sampén solicitándole la determinada cantidad de dinero.
“SÍ SEÑOR”
Ni bien llegó el documento de la MPCH al CGT, ese mismo día, 15 de julio del 2016, Nilton César Monje Sampén, ordenó a la Gerente de Administración del ente recaudador, Lucila Ganoza Ubillús, que “por medio de la presente y en atención a lo indicado por el Gerente Municipal de la MPCH, respecto a la transferencia de dinero por parte del CGT a la MPCH por el monto de 370 mil soles, derivo lo actuado a fin de que atienda la transferencia solicitada, el cual será recuperado a razón de 50 mil soles de la recaudación diaria que se efectúa a la MPCH, hasta que salden el monto transferido y sea informado por vuestro despacho”.
De igual manera, con memorando N° 05-012 -000000213-2016, de 18 de julio del 2016, la Gerente de Administración del CGT, Lucila Ganoza Ubillús, se dirige a Diana Guarniz Cava, en su calidad de jefe (e) de la Unidad de Tesorería del CGT, señala lo siguiente: “Por el presente me dirijo a usted con la finalidad de autorizar, de acuerdo a lo requerido en los documentos de la referencia, la transferencia de dinero por un importe de 370 mil soles, a la cuenta de la municipalidad de Chiclayo”.
Asimismo, con informe N° 06.2-010-000000432-2016, del 18 de julio del 2016, Diana Guarníz Cava, en su calidad de jefa (e) de la Unidad de Tesorería, solicitó a Ganoza Ubillús, autorización para realizar la transferencia de la cuenta corriente N° 327-3000637758 a la cuenta corriente interbancaria N° 018-231-000231206663 del Banco de la Nación, por corresponder a la MPCH, por la cantidad de 370 mil soles.
ORIENTACIÓN DE RIESGO
Lo más extraño es que de acuerdo a lo manifestado por la responsables de la Unidad de Tesorería y Caja del CGT, en la cuenta corriente N° 327-3000637758, se depositan los ingresos denominados “Comisión 100 %, y en la cuenta N° 327-3000637740 los ingresos denominados “Comisión 8 %”, estando que en ambas cuentas bancarias incluyen los recursos correspondientes a saldo de balances.
De igual manera, respecto al saldo de balance del ejercicio 2015, este se encuentra reportado en los estados presupuestales 2015 presentado ante la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, ascendentes al importe de 690 mil 155 soles, los cuales son para la ejecución de gastos para fines y objetivos del Centro de Gestión Tributaria de Chiclayo, los que si nos empelados en el buen funcionamiento del ente recaudador, afectarían el presupuesto institucional.
Al respecto, el jefe de la Oficina de Control Institucional del CGT, Robert Vargas Tepe, hizo conocer que su despacho emitió una orientación de oficio a efecto que el jefe del CGT pueda valorar el riesgo de los hechos comentados y disponer las acciones preventivas pertinentes en defensa de los dineros de los contribuyentes y del ente recaudador.
SE QUEDARON SIN DINERO
De igual manera, en cuanto al supuesto donativo de 700 mil soles, el jefe del ente recaudador, Nilton Monje Sampén, con Oficio N° 01-013-000000451-2016, del 29 de agosto último, hace conocer a Control Interno que a la fecha no se autorizado la entrega del dinero solicitado como donativo a la municipalidad de Chiclayo.
Todo ello, según se relata, fue por la oportuna intervención del administrado Víctor Luna Victoria, quien advirtió el abuso de autoridad, así como cadena de mando existente entre los funcionarios actuales de la MPCH y el CGT, para disponer libremente de los dineros, como el de donar 700 mil soles para supuestamente utilizarlo para pintar pistas, semáforos, entre otras acciones que en estos momentos son objeto de investigación.
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Los últimos años no han sido alentadores para el sector industrial en el país. El 2014 se cerró con un decrecimiento del 3.7 % y el año pasado la baja fue de 1.7 %. Este año, la proyección sigue esa tendencia, pero lo más preocupante es que la informalidad en las actividades productivas y económicas continúa postergando a miles de trabajadores. Solo en Lambayeque, el 71.8 % de la fuerza laboral activa no está afiliado a un sistema previsional, lo que hace incierta su situación para cuando les corresponda jubilarse.
De acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, el promedio peruano de afiliación a un sistema de pensiones, sea público o privado, es del 66.2 %, lo que evidencia que la problemática en Lambayeque es mucho más aguda en comparación al resto del país.
Eso impedirá que cuando lleguen a la edad de jubilación los trabajadores queden desprotegidos, debido a que no percibirán ningún tipo de pensión que les asegure su manutención e incluso pueden quedan sin acceso al seguro de salud.
La situación responde a la brecha de informalidad laboral existente en el departamento. Según el Instituto de Estudios Económicos de la Sociedad Nacional de Industrias – SNI, la precariedad de los trabajadores respecto a sus derechos y beneficios alcanza al 77.1 %, cifra que representa a 474 mil 699 habitantes. A nivel nacional en esta condición se encuentran 11 millones de peruanos.
“En el Perú el 30 % de los trabajadores es formal y tiene todos los beneficios sociales, pero el 70 % de los trabajadores son informales, no tienen ningún beneficio social, no tienen pensiones, no tienen gratificaciones, no tienen salarios dignos ni condiciones laborales adecuadas. Es decir, formas de poder negociar con el Estado. Entonces lo que queremos es una reforma laboral que permita otorgar derechos a los que no tienen, que es el gran segmento poblacional del Perú, donde siete de cada diez habitantes no tienen derechos laborales”, explica Dante Carhuavilca Bonnet, jefe del Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI.
LA SOBREREGULACIÓN
El experto señala que otro de los problemas más severos que existen en el país es la sobreregulación hacia las unidades económicas, lo que en muchos casos eleva la valla para que las empresas formalicen sus actividades y, por ende, la condición de sus trabajadores.
Explica, por ejemplo, que el Perú es el octavo país con mayor carga regulatoria en el mundo, de acuerdo al análisis del Foro Económico Mundial, que evalúa el comportamiento de 140 países.
“El Perú está en el octavo puesto de los países con más carga regulatoria en el mundo y ello implica menor productividad, mayores costos para formalizarse, que todo el proceso de innovación y crecimiento en vez de fortalecerse se debilite. Necesitamos un país donde haya regulación, porque esta es buena y genera desarrollo, pero la sobreregulación es mala porque inhibe el crecimiento”, menciona.
Refiere que actualmente la presión regulatoria sobre el sector productivo se concentra en aspectos laborales, tributarios, ambientales, administrativos y municipales. Es decir, todas las funciones en la que tiene participación el Estado.
PERJUICIO DIRECTO
“Queremos que la fiscalización no sea a las mismas empresas de siempre. Normalmente el Estado fiscaliza a las empresas formales, a las empresas grandes, a las que cumplen con las normas laborales y creo que debe fiscalizar al 70 % que no cumple con la legislación vigente. Queremos que haya un sistema de inspección geográfico, y no por listas. Es decir, que se haga un barrido geográfico que agarre a los formales y a los informales, y que no precisamente busque fallas donde sí se cumplen los derechos laborales”, refiere Carhuavilca Bonnet.
El funcionario de la SNI señala que cuando se paralizan proyectos de inversión privada, por ejemplo de minería, no solamente se perjudica el negocio directo, sino también el industrial, porque este último le vende máquinas, repuestos, insumos, uniformes, pero también se perjudica el transportista, el que presta servicios y productos.
“Es una cadena. Entonces, cuando se paraliza un proyecto de inversión hay que tomar en cuenta que no solamente se perjudica a una sola actividad económica, sino a todas las actividades que están interrelacionadas”, remarca.
Dante Carhuavilca comenta que la actividad industrial en el Perú genera en promedio un millón 600 mil empleos directos, e indirectamente cuatro o cinco empleos adicionales por cada trabajador industrial. A esto suma que en el sector la remuneración básica está por encima de lo fijado por ley. En promedio el básico de los industriales es de mil 500 soles, porque hay economía de escala, se innova y se genera producción en gran número.
INFRAESTRUCTURA PARA CRECER
Desde el Instituto de Estudios Económicos y Sociales de la SNI se evalúan los aspectos que afectan a la industria, los factores que impulsan el crecimiento económico y, lo más importante, el impacto de esta sobre bienestar social.
Según comenta su director, está probado que en aquellas regiones donde hay mucha industria el progreso social es alto, y en aquellas regiones donde la industria es débil o tiene un desarrollo incipiente, el progreso de las personas es bajo. Esto implica que existe una relación directa entre el progreso social y la industria.
Por esta razón considera fundamental que desde el Estado se generen condiciones favorables al desarrollo industrial, principalmente con infraestructura básica, zonificación territorial y conectividad.
“La falta de infraestructura es un factor que afecta a todas las actividades económicas y a todas las personas. Se estima que hay un déficit de infraestructura de más de 120 mil millones de dólares, lo que implica menor producción, mayores costos logísticos, mayores tiempos para transportarse, mayor pérdida de horas hombre, mayores costos para exportar o comercializar y menores posibilidades de inversión. La industria y la inversión necesitan de un entorno adecuado para poder desarrollarse y en aquellos lugares donde no hay infraestructura o la infraestructura es mínima, indudablemente es muy difícil que se puedan desarrollar negocios”, indica.
Alternativa para superar la brecha de infraestructura existente en el país es el mecanismo de obras por impuestos, que permite a las empresas ejecutar proyectos específicos a cargo de sus pagos fiscales.
Dante Carhuavilca sostiene que la propuesta es positiva y que en los últimos años ha posibilitado una serie de obras para beneficio directo de la población, como también de las actividades productivas. Sin embargo, remarca que el mecanismo debe ser fortalecido y apoyado.
“Eso implica que una empresa industrial, minera o de cualquier otro tipo de actividad económica, ejecute obras directamente en el lugar en el que se desarrolla, negociando con la comunidad sobre la infraestructura que realmente se necesita, de tal forma que la sociedad se beneficia directamente y la empresa también, porque cumple su rol de generar progreso. Estas obras se ejecutan con la eficiencia, la velocidad y la transparencia que garantiza el sector privado. Estos trabajos se realizan en velocidades distintas porque no tienen tantos procedimientos como sí sucede en el sector público”, asevera.
MAPAS DE RIESGO
Por otro lado, menciona que si bien la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo ha ido mejorando en relación a la norma primigenia, gracias a la interacción entre los privados y el Estado, aún hay algunas situaciones que pueden mejorarse como, por ejemplo, los mapas de riesgos.
“Una cosa es una empresa minera, una metalmetálica o una química, y otra una empresa de servicios o que brinda consultorías. El nivel de riesgos es totalmente distinto. Tenemos que hacer que el mapa de riesgos se dé en función de la actividad económica e incluso de la labor que se desarrolla dentro de una misma empresa, porque una secretaria no tiene el mismo riesgo que un operario técnico, en este aspecto la ley todavía puede afinarse”, enfatiza.
La poca eficiencia de los sistemas educativos es una realidad en Latinoamérica y esta se refleja en el problema que tienen las empresas para contratar técnicos y profesionales adecuados para cubrir sus necesidades. Una de las posibles soluciones radica cambiar la forma de financiar este sistema.
El economista argentino Gabriel Sánchez Zinny asumió en diciembre pasado el cargo de Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica – INET, del Ministerio de Educación y Deportes de su país.
Desde esa ventana se regula y financia todo lo referido a la educación técnico-profesional de cuatro mil 200 instituciones con cerca de un millón 100 mil estudiantes. Actualmente, este organismo está emprendiendo una reforma que podría cambiar el sistema educativo en este nivel para lograr mejores resultados en el ámbito laboral.
“Estuve viendo lo difícil que es innovar y escalar. Es más fácil hacerlo con pocos alumnos que para todo un sistema. Mi agencia está enfocada en adolescentes y jóvenes adultos, que en realidad son más de los que hay inscritos en el sistema educativo formal, pues en nuestros países hay mucha más gente trabajando”, cuenta.
Según el funcionario, es muy reducido el tiempo que los gobiernos le dedican a generar capacidades y habilidades para los jóvenes que trabajan y no estudian. Además, lamenta que ellos son mayoría respecto a los que se encuentran en primaria y secundaria en Latinoamérica.
PROBLEMÁTICA
El repentino y rápido crecimiento de la tecnología no solo está cambiando la forma de hacer negocios, sino también las competencias que un empleado necesita el mercado laboral.
Según el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el 65 % de los mejores trabajos de la próxima década aún no están inventados, es decir, “tenemos que educar a los jóvenes en cosas que no tienen idea”.
En la actualidad, la competencia en la juventud es mucho mayor comparada con la de años anteriores. Además, señala Sánchez Zinny, que la relación empleado-empleador se ha quebrado, puesto que el tercio de la población económicamente activa es laboralmente móvil y un joven que empieza a laborar va a cambiar 15 o 17 veces de trabajo.
“No trabaja en ninguna institución y vende u ofrece su conocimiento desde su casa o desde su propio emprendimiento. Existe una movilidad laboral mucho mayor a lo había hace 20 o 30 años”, afirma.
Este fenómeno necesita ser considerado por los diferentes sistemas educativos, porque “la demanda de capacidades y habilidades que estamos necesitando en América Latina está cambiando”.
Actualmente, el sistema formativo en América Latina no consigue preparar a los trabajadores con las competencias que las empresas necesitan. Según el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, una de tres empresas no tiene trabajadores preparados para innovar y ser más productiva, y el 90 % no encuentra trabajadores preparados para puestos cualificados, que finalmente son cubiertos por uno de cada tres por extranjeros.
Asimismo, el 50 % de jóvenes tiene dificultad para entender textos sencillos y tres de cada cinco no son capaces de realizar cálculos matemáticos simples. El BID también señala que son las competencias –y no el número de años en la escuela– las que explican entre el 50 y 65 % de los futuros ingresos económicos.
Igualmente, el informe señala que los países con sistemas educativos con mayor énfasis en educación técnica presentan mejores resultados en empleo juvenil que los países con una educación de carácter más general o desvinculada al mercado laboral.
Por otro lado, en la región hubo un crecimiento de matrícula en el sistema educativo del 54 % en 1999 a 74 % en el 2012. Asimismo, entre 2000 y 2013 la matrícula en la educación superior aumentó del 10,4 a 23 millones.
Sin embargo, estos avances en la escolarización de niños y jóvenes tienen una contraparte reflejada con niveles de aprendizaje extremadamente bajos. Por ejemplo, para el 2010, solo la mitad de jóvenes entre 20 y 24 había completado el nivel secundario.
Respecto al nivel primario, el 39,5 %, 47,2 % y 40 % de alumnos de tercer grado presentan un deficiente nivel de lectura, matemática y ciencia, respectivamente. Asimismo, en matemática, los estudiantes latinoamericanos más pobres de la región están dos años de escolaridad retrasados con respecto a los más adinerados.
“Mejoramos mucho en enrolamiento en primaria y secundaria, pero no mucho en la calidad. Acá empezamos a ver la diversidad en las capacidades. Lo cierto es que mucha gente más termina la primaria que la secundaria”, refiere.
Señala que el 50 % de alumnos latinoamericanos deserta en la etapa secundaria y, por lo tanto, esta cantidad no termina por adquirir las capacidades que el colegio ofrece para la siguiente etapa.
“Tenemos muy poca gente que se gradúa de la universidad, menos del 12 % de latinoamericanos. Si creemos que la educación post secundaria es la forma de avanzar como individuos y como país, estamos en problemas grandes en la región”, afirma.
El problema educativo se evidencia en la etapa laboral. Por ejemplo, las empresas en América Latina tardan más de seis semanas aproximadamente para encontrar personal capacitado y casi cuatro para empleados de trabajo pesado.
Por otro lado, las empresas asiáticas encuentran personal capacitado en dos semanas y media, y en dos para el trabajo pesado.
Según cuenta Gabriel Sánchez, un reporte realizado en Argentina asegura que el 50 % de las compañías entrevistadas estaban necesitando personal, pero no lo contrataban por la falta de técnicos bien preparados.
“No solo en el sistema educativo vemos que la calidad no es buena, sino cuando uno habla con el sector socioproductivo advierte un problema”, lamenta.
CASO AUSTRALIA
El economista asegura que la educación australiana es el mejor ejemplo en términos de habilidades y capacidades post secundaria, al tener 10 niveles de certificaciones que pueden convalidarse.
“Uno puede dejar certificación intermedia en la universidad al primer año e ir a hacer formación profesional. Luego puede volver, hacer un técnico superior y retomar la universidad cinco años después”, asegura.
Tanto en Argentina y en Perú, este sistema está muy poco vinculado, pues si un estudiante termina una carrera técnica y desea estudiar otra, “no le validan ni una materia”. Además, si después desea estudiar una carrera universitaria “tiene que empezar de cero otra vez”. Entonces, la poca validez entre los niveles educativos desalienta a los alumnos a seguir estudiando, según indica.
Por otro lado, la educación australiana es financiada sobre la cantidad de alumnos que se matriculan.
“En Argentina financiamos la educación técnica profesional a razón de mil dólares anual por alumno, pero lo hacemos en relación a la oferta como casi todos los sistemas educativos y casi nada con la demanda socioproductiva”, explica.
El caso australiano es exactamente al revés, pues si en una provincia existe una demanda laboral por electromecánicos o turismo, desarrollan una oferta educativa hacia eso. Entonces, financian por demanda y no por la cantidad de docentes.
Según indica, la idea es que la demanda laboral coincida con la oferta educativa.
“Es interesante cómo Australia ha generado de la educación un activo. Ellos tienen 400 mil alumnos por año, es decir, generan 19 mil millones de dólares al año en extranjeros que van a estudiar.”, asegura.
MÁS CASOS
Actualmente, la educación peruana -igual que en Argentina- está regulada por horas. Sánchez Zinny afirma que el mundo laboral no funciona así, sino por competencias, habilidades y resultados.
“Muchos de nosotros trabajamos eficientemente desde casas sin estar tantas horas en la oficina. Yo creo que lo mismo debería pasar en la educación técnico profesional. En octubre haremos en Argentina la primera evaluación por competencias a mil 500 alumnos del sistema técnico profesional, que probablemente no tenga buenos resultados porque no enseñamos así”, explica.
En casos más cercanos como el de México y Colombia, se desarrollaron sistemas de recuperación de nivel secundario con formación profesional que ayuda y facilita a los jóvenes sin este nivel el ingreso al mercado profesional.
“Creo que cuando uno empieza a crecer y no tiene formación profesional es difícil avanzar. Además, a los 30 años es necesario tener la secundaria. Estamos cambiando la normativa para que luego de los 25 años la persona que va a dar su secundario lo haga con un curso de formación profesional de seis meses relacionado con la industria de turismo o agrotécnica, así como lo tiene bien desarrollado México y Colombia en América Latina”, asegura.
ACCIONES
El director de INET asegura que la primera prioridad es el cambio del marco regulatorio en el sistema educativo técnico-profesional.
“Los marcos regulatorios son los que realmente generan un cambio, porque generan pelea con los sindicatos y el status quo. Yo vengo del mundo emprendedor y digo que puedo hacer bien tres o cuatro cosas antes de irme en vez de hacer 100 mil cosas”, afirma.
Gabriel Sánchez comenta que el reto es continuar enrumbando la reforma de la validación en el sistema técnico-profesional, donde los estudiantes tendrán la facilidad de obtener y convalidar certificaciones a lo largo de su carrera profesional.
“Una inversión de 400 millones de dólares del INET basada en indicadores de empleabilidad. La educación tiene que ser pertinente con el mundo laboral de graduación. Actualmente, de 100 que entran al sistema, solo 40 se gradúan a los tres o cuatro años”, señala.
Asimismo, siguiendo el ejemplo australiano, la Argentina empezará a cambiar el enfoque de financiamiento del sistema, que -según manifiesta- en la actualidad financia a instituciones educativas sin importar la cantidad de alumnos que tengan.
“Eso tampoco está bien. Tenemos mil 800 terciarios en Argentina y casi el 25 % tiene cinco alumnos y casi 100 docentes. Es una oportunidad de trabajo, pero tiene que ser en instituciones que tengan y atraigan alumnos”, afirma.
Finalmente, uno de los primeros pasos para conectar el sistema educativo con la demanda laboral ha sido la creación de Consejos Provinciales de Educación, Trabajo y Producción en 21 provincias, los mismos que se reunirán con gremios del sector empresarial para identificar las capacidades que se necesitan.
“Además, estamos impulsando mucho lo que son prácticas profesionales en las que los chicos tengan la oportunidad de trabajar en alguna institución en el último año de sus estudios secundarios, algo que no pasaba hasta hoy en Argentina”, destaca.
La distancia entre el Valle Nuevo de Olmos y la zona indicada para la construcción del Terminal Marítimo de Puerto Eten es de 130 kilómetros, 70 kilómetros menos que el tramo hasta el puerto de Paita, en Piura. Esta es una de las tantas consideraciones fuerza que justifican la construcción del anhelado proyecto, por lo que la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque ha emprendido la tarea de promover el Corredor Olmos/Puerto Eten: “La ruta del desarrollo”, espacio que de contar con las obras necesarios dinamizaría la economía departamental.
No tiene licencia de funcionamiento, certificado de Defensa Civil ni control de salubridad.
Si hasta la primera quincena de octubre, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz no levanta las observaciones que desde febrero del 2015 le hiciera el Servicio Nacional de Sanidad Agraria –SENASA, al camal municipal, el matadero de animales corre el riesgo de ser cerrado por tiempo indeterminado, dejando de generar ingresos económicos y provocando el desabastecimiento de carne a los comerciantes de Moshoqueque.
Pero es no es todo. También se ha pedido que tanto los funcionarios de las áreas de Licencias, Fiscalización y Salubridad cumplan con sus tareas en cada uno de los puestos de venta de carne del mercado Moshqueque, donde diariamente ingresa carne de vacuno, porcino y ovino sin ningún tipo de control, poniendo en peligro la salud y hasta la vida no solamente de los leonardinos, sino también de gran parte de la población de Chiclayo y la región Lambayeque, que diariamente llega a comprar al centro de abastos.
La alerta la hizo pública el supervisor de camales del SENASA Lambayeque, Ángel Lozada Montedoro, quien en reunión con los concejales y el propio alcalde, Epifanio Cubas Coronado, sostuvo que desde febrero del año pasado es poco lo que los responsables de la comuna han hecho para mejorar el nivel sanitario del lugar.
“Se vence el plazo del plan de adecuación del camal municipal y si la autoridad edil junto a sus funcionarios no subsanan las observaciones, el lugar se tendrá que cerrar”, explicó.
Es el caso – detalla- que la zona se ubica en un lugar poco accesible y con deficiente seguridad, tanto para los trabajadores, como para las personas que llegan hasta el lugar a sacrificar sus animales y vender las carnes entre los comerciante que se apersonan para adquirirla.
De igual manera, cerca al complejo de sacrificio de animales cruza un dren conteniendo aguas negras, que al parecer sería el lugar por el cual discurren las aguas servidas que se utiliza para lavar las carnes y vísceras, requiriendo que se hagan mejoras al sistema de alcantarillado para evitar que los focos de infección y contaminación estén cerca del producto de consumo masivo.
MÁS OBSERVACIONES
Otra de las observaciones es que el excremento de los animales es arrojado en la parte posterior de la plataforma de sacrificio, cuando debe ser depositado en un lugar especial lejos de la carne, y donde no genere contaminación al ambiente y sea recogido en forma inmediata por el camión recolector de basura para ser evacuado a otra zona donde no cause daño, pero eso no existe y los residuos fecales de los animales se acumulan por días.
Los alrededores de la casa donde está la plataforma de sacrificio son espacios de tierra y al momento que el corre viento se levantan inmensas nubes de polvo que se impregna en la carne que es trasladada al mercado Moshoqueque. Por esta razón se solicitó que los trabajadores de la comuna, encargados de los parques y jardines, realicen el riego de los espacios polvorientos, y que personal de obras realice el asfaltado del lugar.
El representante del SENASA hizo una comparación del camal de José Leonardo Ortiz con los centros de sacrificio de los distritos de Mochumí y Salas, los que se encuentran totalmente enlocetados y reúnen todos los requisitos de higiene.
“Los camales de Mochumí y Salas tiene un pequeño presupuesto para funcionar, pero vaya usted a ver señor alcalde las medidas de cuidado e higiene que se tiene en estos lugares, que son para tomarlas como ejemplo. Sin embargo, en Leonardo Ortiz, donde existe un mayor presupuesto, se cuenta con un camal que diariamente atenta contra la salud de la población”, señaló el funcionario del SENASA durante su explicación ante el concejo municipal en pleno.
Ángel Lozada hizo un llamado al alcalde de José Leonardo Ortiz, Epifanio Cubas Coronado, a pensar en la salubridad de la ciudadanía y del pueblo del distrito, de Chiclayo y la región.
“Me parece que ustedes deben pensar en la salud del pueblo. Deben pensar en el tipo de carne que el pueblo come. Toda la carne que sale del camal municipal de José Leonardo Ortiz no reúne los mínimos requisitos de higiene por las razones que ya las he expuesto”, acotó el funcionario del SENASA.
De igual manera, cuestionó que la comuna leonadina no cuente con un camión frigorífico para almacenar y trasladar la carne desde el camal hasta los mercados de su jurisdicción.
“AUTOGOL”
El funcionario detalló que el abandono en que se encuentra el camal municipal lo está condenando a que cada día se reciba menos ganado y se cobre menos que antes por el sacrificio de cada animal.
“Ustedes mismos se están haciendo un autogol. Cuando la administración del camal municipal estaba a cargo de una empresa particular, la matanza de animales tenía un estricto control y el récor diario era de 70 vacunos y ahora no se llega ni a 60 y al mes, con las justas matan unas mil 500 reses”, sostuvo.
De igual manera, explicó que mensualmente se matan entre dos mil 500 y tres mil cerdos, y unos cinco mil caprinos, los cuales no son suficientes para alimentar a la población.
“Señor alcalde, señores concejales, los invito a invertir en el camal municipal con el objetivo de mejorar, y la comuna pueda mejorar sus ingresos al cobrar más por el sacrificio de cada animal. Actualmente se paga 16 soles por el sacrificio de cada cabeza de ganado, y si la infraestructura del camal es mejorada podrían cobrar más, tal igual como lo hace la municipalidad de Tumán”, sostuvo.
CARNE CLANDESTINA
En otro punto de su intervención, el funcionario del SENASA
Dijo no encontrar una explicación concreta sobre cómo es que diariamente las mesas del mercado Moshoqueque están repletas de carne si en el camal municipal se sacrifica poco ganado.
Haciendo un cálculo hipotético, el representante del SENASA hizo conocer que no se descarta que en los camales clandestinos que existen en la Avenida Salas, así como en otras arterias del distrito, diariamente se sacrifique unas 80 cabezas de ganado vacuno y otro tanto similar de cerdo y caprino.
“Señor alcalde, señores regidores, vayan a Moshoqueque y ustedes mismos constaten cuanta carne hay en cada mesa de venta, y fácilmente se darán cuenta que el producto que ingresa al mercado es procedente del clandestinaje”, explicó.
Lo más grave – dijo - es que la municipalidad de José Leonardo Ortiz cuenta con un administrador de mercados, así como con un responsable del Área de Comercialización. Además, con policías municipales, pero nadie hace nada al respecto.
“La carne procedente del clandestinaje, ingresa con total y absoluta facilidad al centro de abastos. Eso también hay corregir”, resaltó.
MALOS FUNCIONARIOS
Sostuvo que en el mercado Moshoqueque, por todos lados, se vende carne de res, chanco y cabrito, y que en muchos casos no cuenta con el sello respectivo que acredita su legalidad y que sea acta para el consumo humano. Y en el caso que tenga sello, existe la duda sobre la veracidad de la marca de garantía y seguridad.
Explica que la función de fiscalización en netamente de la municipalidad de José Leonardo Ortiz, y que ejercer el control y defensa no solo de los ingresos económicos, sino también de la protección de la salud de la población, corre por cuenta de las áreas de Salubridad, Fiscalización y Licencias.
“El SENASA se encarga de todo el procesamiento de carnes, huevos y aves. La DIGESA se encarga de todo el procedimiento de salubridad; es decir, que los productos cuenten con sus respectivos permisos y sean actos para el consumo humano, y las municipalidades son las responsables de fiscalizar que los productos que se ofrecen en los mercados, especialmente las carnes, estén actos para el consumo humano y reúnan los permisos que la ley exige. En el caso de la carne, que tenga los sellos originales que acredite su procedencia y óptimo estado de salud”, aclaró.
Asimismo, sostuvo que la mala actitud de los funcionarios y trabajadores de las áreas indicadas está llevando a que se propague el clandestinaje en cuanto al sacrificio de ganado..
SERÁ CERRADO
Explicó también que en los días que inspeccionó el camal municipal pudo verificar que en el lugar la situación es desastrosa.
“En el mes de octubre tengo que hacer mi informe del estado en que se encuentra el camal municipal. En ese mes debe llegar la Supervisora Nacional de Mataderos del SENASA, que de seguro va a disponer el cierre del camal municipal y aplicar la multa respectiva”, detalló.
Señala que el camal municipal no cuenta con la infraestructura que se requiere para operar y tampoco existe la seguridad sanitaria mínima.
“Otro grave problema que se vive en el lugar es que el personal de limpieza no llegaba a trabajar o simplemente no cumplen con su trabajo y no hace caso si es que se le pide que cumpla con su trabajo. Recuerdo que hasta en tres ocasiones he tenido la oportunidad de llamar la atención para que se adopten las medidas de seguridad, pero nadie hace caso. En el camal municipal existe un desorden total”, reveló el funcionario.
Lo que más le llamó la atención–relató- es que en una oportunidad el camal estaba totalmente sucio, especialmente el lugar donde se iba a sacrificar ganado, y al no haber quien limpie, el administrador del matadero, Moisés Verona Calderón, tuvo que coger una escoba y ponerse a barrer.
SIN LICENCIA
Otro grave problema que se vive en el camal municipal – reveló - es que desde su puesta en operatividad, hasta la fecha, el lugar no cuenta con licencia de funcionamiento, lo que significa que tampoco tiene certificado de salubridad y certificado de Defensa Civil.
“Aparte del grave problema que se vive en el lugar debido a la deficiencia en su infraestructura, el camal de José Leonardo Ortiz tampoco cuenta con licencia de funcionamiento, algo que es condenable”, señala.
La Asociación de Exportadores – ADEX, es otro de los gremios empresariales nacionales que se suma a la demanda lambayecana de impulsar la construcción del Terminal Marítimo de Puerto Eten. Su Gerente General, Alberto Infante Ángeles, señaló que el proyecto es urgente para facilitar la salida de los proyectos de exportación de la macroregión norte y de este modo aligerar la sobrecarga que actualmente tiene el puerto del Callao.
“Puerto Eten es una propuesta que ADEX viene apoyando, tenemos contacto con el Gobierno Regional de Lambayeque y hemos estado junto a las autoridades locales para dar nuestro soporte y apoyo a esta obra”, resaltó el funcionario.
Infante Ángeles mencionó que la oferta exportadora de Lambayeque “no puede perjudicarse con el sobrecosto” que representa trasportarse hacia el norte o el sur.
“Solo el transporte eleva el costo y baja la competitividad, por esta razón si es que se consolida el Puerto Eten sería una extraordinaria oportunidad para que Lambayeque pueda exportar directamente, pero además para que sea el núcleo de la macroregión norte y que todos los productos salgan al mundo a través de sus costas”, destacó.
OPORTUNIDADES DE EXPORTACIÓN
El gerente general de ADEX resaltó lo señalado por el presidente de la asociación, Juan Varilias Velásquez, respecto a las más de 115 oportunidades de exportación que el país aún no aprovecha para fortalecer el comercio con el mercado chino, que se ha convertido en el principal socio económico del Perú.
Varilias Velásquez integró la comitiva presidencial que acompañó al mandatario peruano Pedro Pablo Kuczynski a China, respondiendo a la invitación oficial formulada por su presidente Xi Jinping.
“Nuestro presidente no ha viajado solo para evaluar las 115 oportunidades de exportación que se presentan para el Perú, sino también para establecer ciertas alianzas que permitirán, a través de la inteligencia comercial que tenemos desarrollada, que nuestros asociados y quienes deseen exportar, accedan con mayor facilidad al mercado asiático”, destacó.
Estas oportunidades existen en los sectores químico, agropecuario-agroindustrial y de metalmecánica. China representa el 33.4 % de las exportaciones peruanas del subsector minero, estando la mayor concentración en el cobre. En el caso de la pesca tradicional es el 62.6 %, en su mayoría por la harina de pescado, y respecto a las agroexportaciones el 2.8 %, siendo la uva el producto estrella.
En el subsector químicos, por ejemplo, las partidas con mayor potencial son las preparaciones tensoactivas, que se usan como emulsionantes en la elaboración de productos de limpieza como detergentes, champú, jabón y otros; perfumes y aguas de tocador, medicamentos, plástico para fabricar envases; preparaciones para maquillaje; mechas de seguridad y cordones detonantes; aceite esencial de limón, insecticidas y fungicidas.
En el caso de las agroexportaciones, los arándanos peruanos actualmente se exportan a otras naciones pero no al mercado chino, y la palta ingresa aún en montos pequeños. Otros productos con potencial son los chocolates, los jugos de cítricos, los tomates preparados o en conservas, la cerveza de malta, y los demás frutos de cáscara, frescos o secos, principalmente pecanas.
“A través de ADEX estamos desarrollando un papel sumamente importante y de trabajo con el gobierno, porque no solamente queremos buscar la mejor manera de aprovechar las oportunidades de comercio con China, sino con toda la Alianza del Pacífico, que es un espacio muy interesante. Realmente creemos que estamos en un momento muy bueno para las exportaciones peruanas”, afirmó.
INCENTIVOS EMPRESARIALES
Añadió que el incremento del Drawback de 3 % a 4 % a partir del próximo año, beneficiará a las pequeñas y medianas empresas, y a sectores intensivos en mano de obra.
El Drawback es la restitución o devolución, total o parcial, de los derechos de importación u otros impuestos internos sobre materias primas o mercancías importadas, cuando son reexportadas, ya sea con un mayor grado de elaboración o formando parte, en mayor o menor proporción, de otros artículos que se exportan.
“Este es un gran estímulo para las empresas y tras él hemos venido trabajando desde hace mucho tiempo, incluso desde la campaña electoral”, refirió Infante Ángeles.
Añadió que es positivo que el gobierno piense que el futuro del Drawback vaya de la mano con la mejora de la competitividad.
CAÍDA DE LAS VENTAS
Infante Ángeles dijo además que el período electoral generó un severo debilitamiento en las exportaciones peruanas en la primera mitad del año, escenario que empieza a recuperarse por la confianza que genera entre los inversionistas las características del nuevo gobierno.
Por ejemplo, en junio pasado las exportaciones cayeron -18 % y luego crecieron en 13 % en julio, existiendo una tendencia negativa de -0.6 %.
“El cambio de gobierno lógicamente frenó un poco las inversiones, de hecho esto ya se venía desde meses antes que acabe el gobierno anterior. Sin embargo, estamos viendo con mucho optimismo que se están desarrollando nuevas inversiones, así como crecimiento y expansión de la oferta exportadora. Particularmente tenemos mucho entusiasmo y esperanza en la macorregión norte, específicamente en Lambayeque donde se aprecia gran potencial”, aseveró.
En el acumulado entre enero y julio de este año, los despachos totales del Perú sumaron 18 mil 758 millones de dólares; de los cuales 13 mil millones fueron en productos tradicionales y cinco mil 742 millones en no tradicionales. Este último rubro cayó en 6.5 % en comparación al mismo período del 2015.
Según los reportes de la Asociación de Exportadores, el comportamiento de las exportaciones no tradicionales entre enero y julio no guardó relación con la situación económica de los países destino. De los 15 primeros en el ranking, que concentran el 81 %, solo se creció en ventas a Países Bajos (18.6 %), España (15.7 %) y Reino Unido (4.7 %). En los otros 12 destinos, independientemente si están en recesión o en una buena situación, las exportaciones peruanas cayeron.
EL NORTE DESPEGA
En el caso de la macroregión norte, conformada por La Libertad, Lambayeque, Cajamarca, Piura y Tumbes, las exportaciones generales de alimentos crecieron en 23 % en los últimos cinco años. Solo entre enero y julio del 2016 el agro no tradicional alcanzó 816 millones 900 mil dólares en ventas, que representan el 73.6 % de las exportación de alimentos general.
Los principales mercados para los exportadores del norte son Estados Unidos, Países Bajos, España, Ecuador y Corea del Sur. La única región cuyos productos llegan a Reino Unido es Lambayeque.
De la producción de Lambayeque destacan las hortalizas preparadas o conservas sin congelar de pimiento morrón, páprika y jalapeños, así como las paltas frescas o secas, el jugo de maracuyá, el frejol de palo, los pimientos en conservas, los mangos y la quinua.
EXPOALIMENTARIA
En ese escenario, Infante Ángeles destacó la importancia de la octava edición de la Expoalimentaria que se desarrollará del 28 al 30 de septiembre en Lima, pues se constituye en una atractiva vitrina para los importadores de productos peruanos.
La feria, convertida hoy en la más importante de su tipo en América Latina, reunirá a 552 empresas expositoras, 413 de ellas netamente peruanas y 139 internacionales, quienes tendrán la oportunidad de iniciar acuerdos comerciales con compañías multinacionales compradoras de productos tradicionales y no tradicionales.
Además, se instalarán 16 pabellones internacionales correspondientes a delegaciones de Turquía, Brasil, Sudáfrica, Ecuador, Argentina, Holanda, Italia, Dinamarca, Chile, España, Guatemala, Japón, Bolivia, Indonesia, Polonia e India, y llegarán misiones comerciales de distintos países, así como 160 compradores VIP para conocer los productos que las empresas peruanas ofertan por calidad y volumen al mercado mundial.
Se estima que a la feria llegarán tres mil visitantes de 80 países, pero además que se cerrarán negociaciones por el orden de los mil millones de dólares. El año pasado logró casi 800 millones en acuerdos.
En la feria se pondrán en vitrina productos peruanos como el aceite de oliva, el aceite de sacha inchi, la aceituna, el achiote, el aguaymanto y el ají páprika. También se ofertará alcachofa, anguila, arándano, banano, cacao, café, calamar, camote, camu camu, capsicum, cebolla, chía, espárragos, fresa, granada, kiwicha, langostinos, lúcuma, mango, maracuyá y quinua.
Otros productos que se exhibirán son el paiche, la palta Hass, el perico, el pisco, la pota, el pulpo y la uva Red Globe.
El informe de nuestra edición 979 sobre los escandalosos gastos de la Subgerencia de Coordinación de Alcaldía en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, ha motivado que la Oficina Regional de la Contraloría General de la República disponga que el Órgano de Control Interno – OCI, actúe de oficio e investigue cómo es que se manejan los recursos encargados a la funcionaria Susana Culqui Pacaya.
Nuevos documentos a los que Expresión accedió de manera exclusiva demuestran que el ya famoso anticipo de siete mil soles dados en mayo de este año a Culqui Pacaya con un fin específico, pero que fue usado en compras rendidas recién en agosto, no es el único.
Según los documentos, es recurrente el uso de esta modalidad de entrega de dinero a la funcionaria, lo que ha despertado sospechas de la Contraloría General de la República por cuanto sería el mecanismo elegido para eludir los procedimientos regulares en la compra de bienes en la comuna provincial.
En diálogo con nuestro medio, el gerente de la Oficina Regional de Control, Nelson Guevara Altamirano, confirmó que en atención a lo publicado la semana pasada se han tomado las acciones correspondientes, máxime porque se estarían vulnerando los lineamientos establecidos en la administración pública para el manejo de la denominada “caja chica”, que sirve para cubrir gastos inmediatos e inherentes a la función del titular del pliego, en este caso el alcalde David Cornejo Chinguel.
ANTICIPOS
Parte del escándalo desatado en torno a Susana Culqui se origina en el anticipo de siete mil soles que recibió el 16 de mayo del 2016, con el cheque N° 71521348 del Banco de la Nación, proveído con el Comprobante de Pago N° 2805, que fue dado para cubrir de manera exclusiva los gastos generados en la ceremonia de bienvenida a estudiantes y docentes de la Universidad Weber State, de los Estados Unidos.
Dicha ceremonia se había realizado seis días antes, el 10 de mayo, y según informó Culqui Pacaya a la Gerencia de Administración y Finanzas del municipio, cuando acudió para devolver el dinero le dijeron que no podía extornar la suma, por lo que decidió destinarlo a gastos de la coordinación de alcaldía correspondientes a los meses de junio y julio, entregando cuentas el 1 de agosto con el Informe N° 091-2015-MPCH/SGCA.
Esta situación fue advertida como anómala por el contador Manuel Soto Cabrera y por esta razón el informe le fue devuelto a la funcionaria por la entonces gerente de Administración, Rosa Gómez Ponce.
Entre los gastos que Susana Culqui realizó con dicho dinero aparecen: una compra en tiendas Ripley por 44.70 soles; cinco consumos en el Restaurante Tallo Verde, por montos de 133.50; 70.00; 70.50 y 48.50 soles; consumos en el Restaurante Vichayo por 101.00; 236.00 y 235.00 soles; consumos en el Restaurante Fiesta Gourmet por mil 747.00 soles (después de la sesión solemne del 27 de julio), compras en la tienda San Roque por 240.00 soles, en la dulcería D’Mella por 88.50 soles; en la panadería Don Benny, en la cafetería Astoria II, consumos en los restaurantes Balta 512, El Trébol, Resto Grill, La Taberna y Cannata, y compra de útiles en Tay Loy, Metro, Promart y Makro.
A esto se suma la entrega de dinero en efectivo a Luis Tequén Chicoma, Daniel Velásquez Rojas y Luis Chafloque Avellaneda.
Sin embargo, aquél no es el único anticipo recibido por la funcionaria.
Expresión accedió al Comprobante de Pago N° 3182, del 20 de julio del 2015, con el cual se le otorgó a Culqui Pacaya la suma de dos mil soles como “anticipo para atender gastos por reunión a llevarse a cabo con el Ministro, Viceministro y 38 alcaldes de la región Lambayeque, el Directorio de EPSEL S.A., funcionarios de dicha empresa” y funcionarios de la comuna en el Salón Consistorial del Palacio Municipal, autorizado por la Gerencia de Administración y Finanzas.
En atención a ello se le giró el cheque 70329892, del Banco de la Nación, para que se disponga dinero de la cuenta de Recursos Directamente Recaudados N° 0950231-206663.
Ese mismo mes, el 23 de julio, Culqui Pacaya recibió dos mil 610 soles, con el cheque 70329926, del Banco de la Nación, también de la cuenta de Recursos Directamente Recaudados, “como reembolso por gastos efectuados, necesidades varias (…) Según Informe N° 093-2015-MPCH/SGCA”.
EL 17 de septiembre del 2015 se extendió el Comprobante de Pago N° 4289, a través del cual se le dio el anticipo de dos mil soles “para gastos que se realizan en la alcaldía”, girándose el cheque N° 70895661 del Banco de la Nación.
Otro anticipo dado fue el del 7 de octubre del 2015, según el Comprobante de Pago N° 4614, por la suma de dos mil soles “para gastos urgentes relacionados a las atenciones que brinda la alcaldía”, otorgándosele el cheque N° 70521918.
El 21 de ese mes se le dio a Susana Culqui otro anticipo, también por dos mil soles, “con cargo a rendir cuenta para realizar gastos diarios que requiere la dependencia”, conforme el Comprobante de Pago N° 4824, con el cheque N° 70521997.
El 4 de noviembre recibió otro anticipo “para realizar gastos que se efectúan en la dependencia”, por el monto de mil 920 soles, según Comprobante de Pago N° 5084, atendiéndose el desembolso con el cheque N° 71521362 y recursos de la cuenta 0960231-212647, del Banco de la Nación, correspondiente a Impuestos Municipales.
Este año, el 4 de febrero, Susana Culqui volvió a recibir un anticipo por dos mil soles “para gastos de la alcaldía”, conforme el Comprobante de Pago N° 0479, autorizándose el giro del cheque N° 70896312.
GASTOS PARA EL EMBAJADOR
En octubre del 2015, mes en que la coordinadora de alcaldía de la Municipalidad Provincial de Chiclayo recibió dos anticipos de dos mil soles cada uno para “gastos varios”, también le fueron desembolsados, de acuerdo al Comprobante de Pago N° 4852, del 22 de octubre, cuatro mil 736 soles, con el cheque N° 70522016, dinero que se dispuso de la cuenta de Impuestos Municipales.
Según se detalla en el comprobante, el dinero le fue reembolsado a Susana Culqui por “concepto de atenciones oficiales que se han brindado al excelentísimo señor embajador de Suiza, don Hans Ruedi Bortis, según Informe N° 0139-2015-MPCH-SGA”.
Se precisa que el desembolso también se justificaba en las facturas N° 0006519, 0024835 y 057704, sin que se detalle a qué empresas correspondían.
La llegada del embajador de Suiza se produjo el 14 de octubre para la entrega de la maquinaria adquirida por el proyecto Chiclayo Limpio a la comuna provincial. Ese día se realizó una sesión solemne en el Palacio Municipal en la que se condecoró al diplomático, luego se realizó el acto de bendición de las unidades en el Parque Principal.
CONTRALORÍA INVESTIGA
“He coordinado directamente con el Órgano de Control Institucional – OCI, para que asuma la evaluación de estos gastos de la alcaldía”, señala el gerente de la Oficina Regional de Control, Nelson Guevara Altamirano, quien señala que de acuerdo a norma cada año las instituciones deben emitir una resolución designando al responsable del manejo de la caja chica y qué tipo de gastos se pueden realizar, así como el monto máximo.
“La caja chica, conforme está normado, sirve para hacer gastos menudos del día a día y que no necesariamente pueden hacerse a través de un cheque”, especifica el representante de la Contraloría General de la República.
Guevara Altamirano anota que respecto a la compra de útiles de escritorio y papelería, conforme se ha encontrado en las rendiciones que presenta Susana Culqui a la Gerencia de Administración y Finanzas del municipio de Chiclayo, debe tenerse en cuenta que el área de Logística de cada entidad realiza compras anuales de este tipo de materiales.
“En cuanto a los útiles de escritorio debe tenerse un rato especial, porque normalmente al año se realiza un plan de adquisiciones que incluye útiles de escritorio para todas las áreas y eso lo maneja Logística o Abastecimiento, que va distribuyendo de acuerdo a las necesidades de las áreas. Por lo tanto, la compra de útiles no debería estar en los gastos de caja chica, salvo excepciones o por urgencia. Lo normal es que se hagan compras para todas las áreas”, menciona.
En el caso de la Subgerencia de Coordinación de Alcaldía se han encontrado compras a la utilería Tay Loy de manera reiterada.
En relación a los anticipos económicos, Nelson Guevara señala que estos tienen un propósito específico y que si no se llegaran a gastar en el fin señalado antes de su desembolso existe la obligación del funcionario en devolver el dinero. Como se ha explicado, en mayo de este año eso no sucedió con los siete mil soles que recibió Culqui Pacaya.
“Se trata de dinero que se da con anterioridad a la ejecución por una cuestión de urgencia, por ejemplo para cumplir una función específica, puede ser un anticipo para viáticos por comisión. En algunos casos puede darse por la naturaleza de una actividad justificada y documentada, pero también hay que tener en cuenta la periodicidad, porque podría estar utilizándose este mecanismo para evitar el control de los gastos. Hemos visto que se hacen en algunos casos frecuentes anticipos para burlar la norma, no puedo decir que estamos ante esta situación, pero sí debo señalar que los anticipos deben ser solo para situaciones de urgencia”, explica.
Añade que en el anticipo también debe señalarse qué tiempo se le otorga al funcionario que lo recibe para que rinda cuentas, entendiéndose que el desembolso se realiza para situaciones de urgencia.
“El anticipo tiene un fin único y los gastos tienen que relacionarse directamente con ese propósito o actividad, pasada esta cualquier dinero que haya sobrado debe devolverse”, menciona.
Anota que las entidades públicas tampoco están obligadas a rendir agasajos a sus invitados después de una ceremonia oficial, tal como sucedió el 27 de julio pasado en la Municipalidad Provincial de Chiclayo, cuando el alcalde y otros funcionarios acudieron al Restaurante Fiesta Gourmet después de la sesión solemne por el aniversario patrio. Ese día el consumo fue de mil 747 soles que fueron pagados con parte de los siete mil soles dados en mayo a Susana Culqui para la ceremonia a los estudiantes de la Universidad Weber State.
“Las normas para el manejo de la caja chica se aplican a todas las entidades, incluso nosotros tenemos obligaciones que cumplir al respecto”, señala Nelson Guevara.
ANTECEDENTES
Los problemas con la rendición de gastos no serían nuevos a Susana Culqui, quien se ha desempeñado como coordinadora de alcaldía en varias gestiones en la Municipalidad Provincial de Chiclayo.
La funcionaria habría sido investigada por la Comisión de Procesos Administrativos tiempo después de culminado el segundo mandato del exalcalde Miguel Ángel Bartra Grosso, quien pese a ya no estar en el cargo reconoció a través de una declaración jurada haber dispuesto del dinero que Culqui Pacaya no habría podido justificar.
Asimismo, en la administración del alcalde Fernando Noblecilla Merino habría sido observada por la Contraloría General de la República precisamente por los anticipos económicos que recibió cuando ejerció el cargo de coordinadora.
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