El centro histórico de Chiclayo aloja a muchas edificaciones de la época colonial y republicana, una de ellas es el Cine Colonial, que en su momento fue una de las primeras salas del séptimo arte en la ciudad. Como él, actualmente otros monumentos históricos también están en abandono por los altos costos que demanda su restauración, pero también por los engorrosos que trámites que deben hacerse ante el Ministerio de Cultura.
Las primeras proyecciones cinematográficas en Chiclayo se dieron a finales del siglo XIX, cuando, según los historiadores, se colocaba un telón en la entonces catedral en construcción y se proyectaba los filmes gratuitamente todos los domingos. Por aquellas épocas, niños y adultos asistían al recinto llevando sus propias sillas para las funciones de las seis de la tarde.
Así fue hasta la primera década del siglo pasado, cuando se inauguró el Cine Pathé, llamado así en honor al productor cinematográfico francés Charles Pathé. Tiempo después, el recinto cambiaría de nombre por cuestiones de marketing a Cine Royal, pero lamentablemente este sufrió un incendio durante una función en 1921. El cine atravesó por una profunda restauración y reestructuración, y finalmente, pasó a llamarse Cine Colonial.
“Luego nace otra competencia, el Cine Tropical. Entonces ya había esos dos grandes cines, con salas inmensas y con toda una arquitectura bonita, bien detallada, con grandes butacas, bien acondicionadas y ventiladas, con sus galerías y sus escaleras monumentales como las grandes casonas”, cuenta el arquitecto, restaurador y docente universitario Mario Seclén Rivadeneira.
La arquitectura del Cine Colonial cuenta con varios estilos como el republicano y señal de esto son las ménsulas en los balcones de la galería del segundo nivel.
“Las ménsulas son como los soportes de los volados de los balcones. Entonces, hay una serie de estilos que son propios de los edificios de la época, tal como el Teatro Dos de Mayo, que es más antiguo, o el ex Cine Tropical”, detalla.
ABANDONO
Hace una semana, Mario Seclén tuvo la oportunidad de visitar junto a sus alumnos este abandonado cine, que lamentablemente se encuentra en condiciones deplorables, pero que podría volver a brillar, si es que se ejecuta en él el proceso de restauración.
“En realidad estábamos haciendo prácticas en la Catedral y vimos que estaba la puerta abierta. Había unos señores adentro y pedimos permiso para entrar a fotografiar y hacer unas medidas”, cuenta.
El arquitecto calcula que aproximadamente un 70 % de la edificación se encuentra dañada. Sin embargo, considera que el cine es totalmente recuperable y para ello tendrían que hacerse obras de construcción y restauración.
“Una empresa alquiló el local en el 2006 para instalar una tienda comercial, pero cuando estaban trabajando se desmontó el techo de pino oregón. En ese transcurso, se incendió el Palacio Municipal y se paralizó la obra, cerraron la calle por casi dos años y se fueron a otro sitio dejando el lugar así como está”, indica.
Actualmente, el Cine Colonial está prácticamente en ruinas al quedar abandonado a la intemperie después de la pérdida de su cubierta. Además, las butacas fueron desmontadas.
Según Seclén Rivadeneira, para recuperar el Cine Colonial se debe empezar por tomar acciones de limpieza. En la visita realizada notó también que el piso de madera ha sido retirado y ha quedado solo el falso piso. Asimismo, indica que las esculturas de yeso en alto relieve están dañadas, pero son fácilmente restaurables, pues conservan aún todo su volumen.
Por otro lado, los costos de restauración dependerían mucho del nuevo uso que tendría. Sin embargo, en sus cálculos no debe de bajar de unos cinco millones de soles. “No parece mucho si se va a salvar parte de la historia de Chiclayo”, asegura.
La edificación, según cálculos aproximados del arquitecto, tendría entre cuatro a cinco mil metros cuadrados de área, lo cual es un espacio muy grande para volver a ser una sala de cine.
IMPORTANCIA DEL MONUMENTO
El Cine Colonial tiene la particularidad de tener esculturas en alto y bajo relieve del reconocido artista lambayecano Miguel Baca Rossi, quien destacó en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú y además recibió hace un año la medalla de honor “Daniel Hernández”, su máxima condecoración.
“Él tiene varias obras en Chiclayo, una de ellas es la virgen que tenemos en lo alto de la Catedral y también en el cine Colonial hay algunas esculturas de su autoría, que están en los laterales”, manifiesta.
Añade que una de sus esculturas ha sido extraída y que se ha encontrado en el edificio ornamentos que son imitación de pan de oro.
“Los que hemos conocido este cine y hoy vemos las fotos actuales sentimos nostalgia y quisiéramos entrar, pues pareciera que adentro se ha detenido la historia. Tiene muchas esculturas y una riqueza en elementos arquitectónicos que ahora tienen mucho valor y el con el paso del tiempo valdrán aún más. Por ejemplo, ahora se valoran las esculturas de Baca Rossi y cuando él deje este mundo se valorarán más todavía, porque son únicas. Él es conocido a nivel mundial y tenemos el orgullo que sea chiclayano, ahora él tiene 98 años y vive en Lima, y es muy lamentable que parte de su trabajo esté abandonado”, afirma.
Menciona que la oportunidad en que este recinto histórico retome su valor cultural está en que entidades públicas, como la Municipalidad Provincial de Chiclayo y el Gobierno Regional de Lambayeque, que pueden adquirirlo y transformarlo en un teatro o una sala de conferencias para la ciudad. “Al ser Chiclayo una ciudad muy comercial, no tiene un lugar como para hacer congresos y eventos así”, afirma.
RESPONSABILIDADES
El arquitecto lamenta que muchos lambayecanos demuestren falta de identidad al desconocer los orígenes de muchos de estos monumentos actualmente abandonados como el ex Convento Santa María, que fue el primer edificio colonial de Chiclayo. Además, señala que esto pasa también por falta de educación a la población por parte del Estado.
“Al conocer nuestros orígenes e identificarnos con ellos, vamos a valorar nuestro pasado. Si no hay educación, nada va a cambiar, sacan leyes que nadie respeta y no hay una protección por parte del Estado para este tipo de monumentos. Es difícil explicar lo que esto vale si no se conoce”, sentencia.
Añade que muchas veces cuando se piensa en Lambayeque, todo se vuelca a la cultura mochica y al Señor de Sipán.
“Tenemos esa suerte de poseer una gran riqueza prehispánica que valoramos cada vez más, pues los arqueólogos están trabajando ahí y haciéndolo conocido. Sin embargo, también tenemos parte de importante arquitectura colonial y republicana que se está cayendo, edificios que se venden como lotes”, afirma.
DIFICULTAD EN RESTAURAR
Según el arquitecto, ser propietario de una casona antigua es un suplicio, debido a que el marco normativo que maneja el Ministerio de Cultura complica mucho cuando se desea realizar alguna obra de remodelación o arreglo. “Debería cambiarse las leyes, pero no tanto sacar nuevas, sino ejecutarlas y hacerlas respetar”, añade.
“Ellos observan y piden miles de requisitos para que se pueda intervenir un monumento. Quien vive en una casona de la época colonial o republicana no puede pintarla y si pide permiso para hacerlo le pondrán una serie de trabas. Entonces, estamos amarrados y seguimos dependiendo de Lima, cuando acá hay profesionales del Ministerio de Cultura que son capaces de ellos mismos decidir”, expresa.
Actualmente, Mario Seclén se encuentra gestionando los permisos para elaborar los planos de la Capilla de La Verónica, declarada monumento histórico en 1987, e iniciar su proyecto de restauración.
“He mandado dos veces documentos a Lima para pedir permiso para empezar, porque el Ministerio de Cultura me está observando por detalles no esenciales. Cuando se tiene la intención ponen una serie de trabas que, de repente por falta de conocimiento del lugar a restaurar de los funcionarios de Lima, piden cosas que a veces están demás. Sin embargo, si simplemente demueles una casona nadie dice nada y empiezan los eternos juicios”, manifiesta.
Asimismo, Seclén Rivadeneira lamenta que no se promueva la restauración en el país, pues cuenta que para ejecutar este tipo de obras se debe pagar un porcentaje al referido ministerio. “Tienes que pagar para restaurar cuando este tipo de trabajos deberían estar exonerado para incentivar la restauración”, señala.
“Esas son las leyes que deberían incentivarse. Por eso hay varias casonas abandonadas, en las que los propietarios no pueden hacer nada. Lo contrario sería que el Estado, si bien es cierto que no pague, simplemente no cobre por la obra. Obviamente tiene que supervisar que todos los permisos estén bien, tanto con la municipalidad como con el ministerio”, asegura.
LA VERÓNICA
Actualmente, se ha solicitado los permisos para realizar las excavaciones en este monumento y elaborar el expediente técnico, por lo cual se ha efectuado un pago de mil 800 soles.
“Si bien es cierto se puede no encontrar entierros, pero quizá una edificación antigua sí. Ese es el primer paso, nos lo han rechazado una vez de Lima y tenemos que enviarlo de nuevo. La misma parroquia está asumiendo el gasto junto al obispado”, cuenta.
Además, el arquitecto asegura que luego se tiene que realizar un pago de por lo menos cinco mil soles para iniciar las obras.
Por otro lado, Seclén Rivadeneira, quien participó de los trabajos de restauración externa de la Iglesia Santa María Catedral, comenta que para obtener el permiso para la intervenir en las cornisas y el pintado externo hubo que esperar cerca de un año.
“La Catedral está consolidada, en buen estado y a un 95 %, pues como es un edificio tan grande a veces restauras algo y por ahí siempre sale otra cosa y siempre tiene que estar en constante mantenimiento”, expresa.
Mario Seclén recomienda que los monumentos históricos estén en constante revisión, sobre todo si estos reciben gran afluencia de visitantes. “En la Catedral arreglas los techos y la parte de abajo se malogra, o viceversa”, asegura.
Finalmente, lamenta que el ex convento franciscano Santa María, único edificio de la época Colonial en el centro histórico, esté en total abandono.
“Esa edificación es del siglo XVI. Los edificios son para que la gente los disfrute, abrirlos al público, para que se reafirme la identidad y en este caso sucede todo lo contrario”, enfatiza.
Por unanimidad, el abogado José Alberto Asunción Reyes fue designado como representante de la Asociación de Jubilados, Viudas y Herederos Legales de Tumán y Anexos, para el Directorio de la Empresa Agroindustrial Tumán. El letrado tendrá representatividad ante Ministerio Público, CAVALI y ante cualquier otra entidad administrativa pública y privada conexa sin restricción o limitación alguna, a efectos que haga valer los derechos de sus representados como accionistas fundadores y mayoritarios de la sociedad anónima.
El José Luis Salcedo Piñella, presidente de la Asociación de Jubilados, Viudas y Herederos Legales de Tumán y Anexos, sostuvo que el 27 de junio pasado se desarrolló la reunión convocada por la junta directiva y en uno de sus puntos de se tocó la participación de la asociación en el próximo Directorio de la Empresa Agroindustrial Tumán.
“La asamblea se desarrolló en estricto cumplimiento de lo dispuesto por el estatuto que rige la asociación de jubilados, viudas y herederos legales de Tumán y anexos”, señaló el dirigente.
A su turno, José Alberto Asunción Reyes hizo conocer que su participación en el Directorio de la Empresa Agroindustrial Tumán SAA, constituirá una ardua labor, pues recién empezará la verdadera lucha por la devolución de los derechos de sus patrocinados.
“Tengo la obligación moral de hacer respetar la dignidad de cada uno de los miembros de la Asociación de Jubilados, Viudas y Herederos Legales de Tumán, así como también de aquellos trabajadores accionistas que han depositado su confianza en mí, pues son ellos quienes con su trabajo constante han construido la grandeza de Tumán, siendo ellos los verdaderos y únicos dueños de la empresa”, explicó.
BENEFICIO PROPIO
Explica que los ciudadanos de la región y el país tienen conocimiento de la lamentable situación administrativa y económica que la Empresa Agroindustrial Tumán SAA atraviesa últimos años, situación que ha sumido en el retraso al distrito de Tumán, más aún que las personas que estuvieron y están dirigiendo la empresa “solo han buscado su beneficio propio y no han tenido el desprendimiento y capacidad para generar un emporio de desarrollo y progreso”.
“Ya es tiempo de unión entre todos los tumaneños y de exigir se convoque urgentemente a la Junta General de Accionistas para el nombramiento del Directorio que dirigirá el futuro de la empresa”, señala.
Las frases de Asunción Reyes son fortalecidas por el dirigente José Luis Salcedo Piñella, quien detalló: “Nosotros confiamos en el abogado José Alberto Asunción Reyes quien es nuestro asesor legal por más de 14 años y ha luchado con nosotros desinteresadamente por la restitución de nuestros derechos, y estamos seguros que logrará nuestra verdadera y legítima representatividad ante el Directorio de la empresa, pues no solo tiene la honestidad y capacidad para hacerlo, sino que además cuenta con una preparación académica integral, pues como abogado es magíster en Derecho Constitucional y de Gobernabilidad, con doctorado en Derecho, maestría en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, maestría en Derecho Civil y Comercial y Juez Superior Especializado Laboral, y como empresario ostenta el título de magíster en Alta Gestión Empresarial”, explicó el dirigente.
PAQUETE DE ACCIONES
Salcedo Piñella añade que ante el apoyo recibido de Asunción Reyes hicieron un llamado urgente para que en el más breve plazo se convoque a Junta General de Accionistas y de esta manera cerrar filas a los grupos económicos que quieren volver a la Empresa Agroindustrial Tumán SAA., siendo esta la manera en que los nuevos administradores judiciales demuestren transparencia y desprendimiento.
“Somos titulares del equivalente al 39.02 % de acciones, y en nombre de la Asociación de Jubilados, Viudas y Herederos Legales de Tumán y Anexos y el Consorcio de Accionistas Emprendedores de Tumán y Anexos, exigimos convocatoria inmediata a Junta de Accionistas para evitar que se sigan dando los conflictos que a diario vemos y que gente extraña se siga apoderando de nuestros recursos y patrimonio”, resaltó Salcedo Piñella.
De igual manera, el dirigente reveló que Asunción Reyes sin necesidad de tener algún cargo en la actualidad realiza labores en beneficio de la asociación y el distrito.
“El resultado de la gestión ha sido recibido con mucha alegría y gratitud por nuestra parte, ya que ahora las personas beneficiadas podrán mejorar su calidad de vida. También se ha preocupado por la juventud tumaneña, actualmente en conjunto con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo están implementado un convenio para la instalación de la Oficina Descentralizada de Capacitación y Promoción del Empleo, teniendo nuestro local institucional como sede de una oficina descentralizada para capacitar a los jóvenes y proporcionarles puestos de trabajo”, comentó.
CUESTIONADA RESOLUCIÓN
El dirigente también cuestionó que en el expediente que está signado con el código judicial N° 4430-2001, la titular del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo haya emitido la Resolución N° 536, que designa como administradores judiciales de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. a Leoncio Egúsquiza Sánchez, Alejandro Zevallos Gonzáles y César Augusto Sandoval Lozada.
“Es bueno indicar que con dicha decisión judicial ya no fue posible que se realice la Junta General de Accionistas que se había programado para el 26 de agosto pasado, y donde se disponía realizar el nombramiento de los miembros del Directorio de la empresa, tal y como lo dispone el artículo 56° del estatuto de la empresa, por un período de dos años, pero más delicado es que en el expediente N° 114‐2015‐2, según mandato dictado por el Juzgado Mixto de Ferreñafe; se procede a dejar sin efecto las convocatorias a Junta General de Accionistas de la Empresa Agroindustrial Tuman S.A.A”, explicó.
PLAN DE TRABAJO
Asunción Reyes menciona que uno de los puntos principales es el sinceramiento de la economía empresarial, tomando como base el peritaje técnico llevado a cabo por el Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, al que ha denominado como una radiografía económica, pero que únicamente podrá realizarse cuando se designe el Directorio de la empresa conforme a los estatutos de la misma, pues ninguna administración judicial se encuentra facultada para ello.
“Debe entenderse que la administración judicial es una institución prevista por nuestro ordenamiento jurídico como medio de garantía, control y protección de los derechos patrimoniales de las partes en un determinado procedimiento para procurar la plena efectividad de la tutela jurídica que en el mismo se deduce”, sostiene.
Asimismo, la restitución de los derechos previsionales de los jubilados, dentro de los cuales se tiene la reactivación de la ayuda económica en función del accionariado que cada uno posea, como es el caso del Fondo de Solidaridad: el cual hasta la fecha se encuentra suspendido pese a que se han descontado los montos equivalentes a este, sin que se haya distribuido conforme a la necesidad de los jubilados y demás asociados que los necesitaban ya sea por salud o muerte.
DERECHO GANADO
También – sigue explicando- se contempla la ayuda económica, lo cual no es un acto de liberalidad de la empresa, es el derecho de todos los jubilados, “porque a todos los jubilados, viudas y herederos legales les corresponde recibir la ayuda económica por ser titulares de las acciones y por ser los verdaderos dueños de la empresa Tumán en proporción a la cantidad de acciones que tienen, debiendo percibir un monto digno”.
“Cabe mencionar que anteriormente también surgieron situaciones parecidas dado a que la empresa disponía el recorte de la ayuda económica y pago de gratificaciones a los jubilados, viudas y herederos; pero los directorios acertadamente desistieron de tales intentos, como se desprende de algunos acuerdos del 19 de Mayo de 1998 sustentados en los acuerdos Nº 02-SE-XXXI-ID, del 1 de setiembre de 1998, y Nº 01-SE-XLIII-ID”, recordó el dirigente.
Hace conocer – el dirigente- que la negativa de otorgar la ayuda económica a los jubilados, viudas y herederos legales ya ha sido materia de revisión por parte del Tribunal Constitucional.
“Ante esta petición, el Tribunal Constitucional resuelve declarar fundada la demanda de amparo, por la violación de los derechos a la igualdad ante la ley y de acceso a la jurisdicción, que establece que la ayuda económica que entrega la Empresa Agroindustrial Tumán SAA, será otorgada a los jubilados accionistas y viudas, en el extremo que se dispone que quienes cuenten con un proceso judicial en trámite o iniciado, deben efectuar el desistimiento extrajudicial entre las partes, con intervención del departamento legal de la empresa”, aclaró.
En consecuencia – explica- que en la sentencia se dispone que la entidad emplazada otorgue el beneficio económico establecido en el punto cuarto del Acuerdo Nº 04-SE-XXIII-IIID, contenido en el Memorandum Nº 259-2005 del 23 de febrero del 2005, en la forma y modo que ha sido otorgado a otros jubilados o accionistas de la empresa, sin ningún tipo de restricción o discriminación.
Además, ordena a la emplazada el pago de los intereses correspondientes desde la fecha en que dicha ayuda debió ser concedida hasta la fecha en que se ejecute la presente sentencia, en su totalidad.
MÁS PROYECTOS
En un futuro Directorio de la Empresa Agroindustrial Tumán se revisará la escala remunerativa de los trabajadores en todos sus niveles, para que de una vez por todas se acaben los favores y beneficios por alguna relación amical o por grupos políticos.
“Se implementará una política de austeridad y evaluación a todo el personal para brindar el mejor servicio que los tumaneños merecen”, menciona el abogado.
Otra de las propuestas es la búsqueda de capitales, para el tratamiento de fábrica y campo, sin que ello signifique un endeudamiento con comerciantes de azúcar ni con grupos de poder.
“Durante todos estos años, nuestra empresa ha sido depredada por las administraciones judiciales quienes se enquistaron en el poder para obtener su beneficio propio, por lo que se realizaran convenios en pro del desarrollo de la empresa y de todos quienes la conforman”, señaló.
De igual manera, se busca repotenciar las áreas de administración y servicios, para una adecuada administración financiera, logística de la empresa en todos sus niveles, así como capacitación permanente, a todos los trabajadores en general, a fin de buscar la especialización en cada uno de los ámbitos en que desempeñan sus funciones y de ser necesario, complementar dichas capacitaciones con tecnología de punta, que garantizará una mejor elaboración de nuestros productos.
También se ha previsto la contratación de una auditoría externa, para determinar el patrimonio empresarial de Tumán, así como también determinar la cuantificación del daño ocasionado por parte del Grupo Oviedo, la misma que se viabilizará mediante una demanda de indemnización por daños y perjuicios que se interpondrá en contra de dicho grupo y el Estado.
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El Gobierno Regional de Lambayeque prioriza inversiones públicas en el sector turístico como es el caso del proyecto “Instalación de los servicios turísticos de observación, orientación, disfrute del paisaje y accesibilidad al complejo arqueológico El Cinto”, lo que impactará en la diversificación productiva del distrito de Pátapo y en la calidad de vida de los pobladores a través de la generación de empleo y los beneficios sobre los demás sectores.
Etimológicamente, El Cinto o Sinto presenta similitud con el significado de “casa de la luna”, relacionado al ritual ofrecido a este astro, principal características de los moches y lambayeque.
El mencionado señorío pre hispánico lambayecano denominado Cinto, según Zevallos (1985), comprendió las antiguas haciendas de Capote, Luya, Tumán, Pátapo y la zona norte del río Lambayeque. Siendo Pátapo el centro secular. Cabello de Balboa señala que el origen mítico de Cinto data en la vida de Cium, heredero de Naylamp, siendo uno de sus hijos Nor, el primer gran señor de Cinto, quien posteriormente fue sometido por Chimu Capac junto a otros señoríos lambayecanos que se integraron al reino Chimú.
Cinto data de los años 1500 a.C, con presencia de Cupisnique, habiéndose encontrando evidencias tempranas como los petroglifos del caserío El Progreso, tanto dentro de la jurisdicción de Pátapo como en la Puntilla y Punta Tabacal, con dirección a Chongoyape. Asimismo, en Pátapo existe un tambo y un tramo del famoso del camino inca, demostrando la influencia inca en el valle de Cinto; pues estos, a partir de 1438, sorprendieron a los Chimú, conquistándolos entre los años 1450 y 1470.
El Complejo Arqueológico de Cinto, en el cual se ejecuta el proyecto, se encuentra asentado en el Cerro Pátapo, en la jurisdicción del centro poblado Pósope Alto, a unos minutos del centro del distrito.
EL PROYECTO
El objetivo del proyecto es posibilitar las condiciones y estructura necesarias que permitan poner en valor el complejo arqueológico, de manera que quienes lo visiten accedan a adecuados servicios turísticos de observación, interpretación, orientación, disfrute de paisaje y accesibilidad, lo cuál será alcanzado cuando se cumplan los objetivos específicos de la iniciativa de inversión pública.
Para este fin, el Gobierno Regional de Lambayeque ha destinado un presupuesto ascendente a tres millones 871 mil 247.92 soles, procedentes de sus recursos propios.
El proyecto considera la construcción de un Parador Turístico que estará ubicado dentro del complejo arqueológico, el cual se encuentra en los centros poblados de Pósope Alto, cruce Batán Grande, Huaca Tulipe, La Rápida, Las Canteras y La Puntilla del distrito de Pátapo.
Asimismo se ha considerado habilitar y mejorar accesos circuitos peatonales existentes del complejo arqueológico que posibiliten al visitante un recorrido adecuado y sin obstáculos a fin de apreciar el paisaje natural y principalmente los recursos que le ofrece la zona monumental.
Otro aspecto incluido en el proyecto involucra el desarrollo de talleres y diversas actividades que abarquen acciones de sensibilización, capacitación básica de orientadores turísticos locales, así como la promoción y difusión de los servicios turísticos que se brindarán en torno al complejo arqueológico. Esta labor se viene realizando de manera constante con la población e instituciones del distrito de Pátapo, dado que aún es alto el desconocimiento de las potencialidades turísticas de la zona.
DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
La principal actividad del distrito gira en torno a la industria azucarera, fundamentalmente la Población Económicamente Activa – PEA, en un 95 % labora en la mencionada industria tanto en el sembrío como en la transformación de la caña de azúcar.
Esto origina que la dependencia de la economía patapeña se desenvuelva conforme a la época de crisis o auge de la industria azucarera, principalmente Tumán, dado su mayor cercanía con Pátapo, pues sus tierras se encuentran ubicadas en el Valle Chancay – Lambayeque; extendiéndose sus hectáreas de cultivo por los distritos de Picsi y Chiclayo.
De esta manera la inversión privada que actualmente existe ha permitido dinamizar las actividades económicas; sin embargo aún existen confrontaciones con la administración del ingenio azucarero con los trabajadores.
En la participación del Valor Bruto de la Producción Agrícola, la caña de azúcar constituye el cultivo de mayor predominio, con una participación aproximadamente del 31 %. De esta manera Lambayeque aporta el 29 % a la producción nacional de caña de azúcar y al Producto Bruto Interno - PBI departamental.
El 5 % de la población restante se dedica tanto a la producción de cultivos como la cebolla, maíz, frejol y frutales, así como a las actividades comerciales, donde se encuentran principalmente bodegas pequeñas, farmacias, restaurantes y en su menor proporción hospedajes.
Actualmente las autoridades locales y la población empiezan a consideran al turismo como el segundo motor de crecimiento de la economía patapeña, influenciado principalmente por los potenciales recursos arqueológicos y la gastronomía que diversificaría la matriz productiva del distrito y generaría menor codependencia de la actividad principal de la industria azucarera.
LOS CENTROS POBLADOS
El centro poblado La Cría - Pampa La Victoria cuenta con 15 caseríos en los que predomina principalmente la actividad agrícola y ganadera; siendo los principales productos cultivados la cebolla, la sandía y la caña de azúcar. En cuanto a ganadería cría tanto vacuno, porcino y aves. Este se ubica a 11 kilómetros del distrito de Pátapo.
Asimismo, tiene alrededor de 400 familias, con un promedio de dos mil habitantes aproximadamente, que cuentan con acceso a luz y el servicio de agua que aún se realiza con piletas.
Por otro lado, el centro poblado Progreso cuenta con 10 caseríos y también con predominancia de la agricultura y la ganadería. Este se ubica a cinco kilómetros del distrito de Pátapo; contando con una posta médica, un colegio primario y un colegio inicial. Su población tiene acceso al servicio de luz eléctrica y se abastece de agua mediante un pozo.
Los principales cultivos que tiene son la caña de azúcar, arroz, maíz, frejol, frejol del palo, chileno, limón, palta y en los frutales destacan las ciruelas, mangos maracuyá y mamey. También se cultiva el algarrobo, faique, zapote, carrizos y otros.
En este centro poblado se encuentran los petroglifos de Pampa La Victoria, en las faldas del cerro Azul, ubicándose siete petroglifos en buen estado y 15 en regular estado, elaborados bajo la técnica del golpeado superficial.
Pósope Alto cuenta con cuatro caseríos y también predomina la agricultura con cultivos de maíz, cebolla y frejol, así como el ganado vacuno, porcino y aves. Sus productos agrícolas son comercializados en chacra tanto a los mercados locales como en Ecuador y Colombia. Ahí se aprecia principalmente migración de la población de la sierra; contratada en las épocas de la hacienda para el recojo y corte de caña de azúcar. Siendo conocido como Pósope Alto por ocupar la parte alta de las pampas.
Conchuco tiene dos caseríos y anteriormente era considerado un anexo de Tumán. Sin embargo, actualmente pertenece al distrito de Pátapo, predominando las actividades económicas agrícolas y ganadería. Se ubica a dos kilómetros de Pátapo, tiene luz eléctrica proporcionada por la Empresa Agroindustrial Tumán y aún no cuenta con acceso a agua ni desagüe. En el centro poblado viven aproximadamente 40 familias, hay una capilla, una posta médica y una escuela primaria.
Puente Tulipe tiene 12 caseríos, cuyos pobladores se dedican a la actividad agrícola y ganadería.
Desaguadero tiene con 20 caseríos, sin embargo a diferencia del resto de centros poblados el principal cultivo es frutícola como la sandía, manzana y en menor proporción el cultivo de palta; dedicado principalmente para el consumo interno.
Otro centro poblado es La Planta, con 20 caseríos; siendo el principal cultivo la caña de azúcar, dada la influencia de la empresa agroindustrial Pucalá, motivo por el cual le denominaron “La Planta”; dado la enorme energía que proporcionaba a Pucalá y a Pátapo. Cuenta con aproximadamente 100 habitantes con 12 viviendas.
Pozo Tulipe es también centro poblado y tiene 20 caseríos, en los que el principal cultivo es la caña de azúcar. Cuenta con el servicio de luz eléctrica, sin embargo en el pozo de agua existen deficiencias para el abastecimiento.
En la zona existen muy pocas parcelas dedicadas al cultivo de maíz; por otro lado es de gran importancia el ganado vacuno que sirve para la alimentación de las familias. Aproximadamente existen 350 habitantes.
Finalmente está el centro poblado Las Canteras, que cuenta con solo tres caseríos. El detalle es que su actividad económica principal es la extracción de minerales, siendo los agregados de construcción los que dinamizan la economía del centro poblado y también impacta en el sector transporte que traslada los materiales.
Aproximadamente existen 400 personas que laboran en las canteras. Este se ubica a tres kilómetros del distrito, cuenta con una escuela primaria, un comedor municipal, una posta médica, una agencia municipal descentralizada y un cementerio.
La Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lambayeque respondió, a través de una nota de prensa, al informe que en la edición 978 presentamos en Expresión respecto al archivamiento de dos mil órdenes de inspección acumuladas entre los años 2008 y 2015, argumentando que la decisión no dejó sin tutela los derechos de los trabajadores.
“En relación al artículo difundido por un semanario regional respecto al cierre de más de 2000 expedientes de los años 2008 – 2015, son expedientes abiertos de manera genérica en la gestión anterior de acuerdo a rubros de actividades comerciales, por ejemplo el rubro de Hoteles, Restaurantes, Agroindustriales, etc; donde no existía denuncias por parte de algún trabajador. Así mismo indicó que según lo informado con los propios inspectores de trabajo, no se ejecutaron por falta de recursos”, señala las declaraciones atribuidas al gerente sectorial Omar Effio Arroyo en el comunicado que llegó a las redacciones de prensa esta semana.
INFRACTORES IDENTIFICADOS
De esta manera, Effio Arroyo buscó una vez más explicar la razón por la que los inspectores de trabajo no atendieron durante la administración del exgerente Jorge Rojas Córdova las órdenes de fiscalización laboral, pese a que durante la entrevista ofrecida a nuestro medio el funcionario señaló que las acciones de fiscalización resultaron imposibles de ejecutar por la inexistencia de información de los empleadores.
“Las limitaciones de personal inspector generó que esta gerencia, en la anterior gestión, haya tenido una abismal carga. El procedimiento de inspección se inicia con la apertura de órdenes, y estas necesitan tener la ubicación del empleador y al trabajador interesado para que se ejecute. En los casos que se han archivado estos aspectos no existían”, fue lo que explicó Effio Arroyo a Expresión.
El 29 de abril pasado, con Resolución N° 73-2016, el funcionario ordenó el archivamiento de dos mil órdenes de inspección acumuladas entre el 2008 y diciembre del año pasado, las mismas que nunca fueron ejecutadas por los inspectores de trabajo.
La resolución se motivó en los informes presentados por los inspectores Ana Romero Amoretti, Katia Larrea Barrueto, Hernán Ñiquen Otero, Ervis Valdivieso Rosado, Guillermo Chira Rivero, Andrea Oliva Yesquén, Luis Solano Chambergo, Jaime Celis Moreno, Carlos Rojas Samamé, Hernán Mosqueira Arce y Juan Vásquez Baneo, respecto a la carga que mantenían acumulada desde el 2008.
Como se precisó en el informe de la edición 978 de nuestro semanario, entre las empresas sobre las cuales se denunció vulneración de los derechos de los trabajadores se encuentran las agroindustriales Pomalca, Tumán y Pucalá, y entidades educativas como la Universidad Particular de Chiclayo, cuya información obra en la Gerencia Regional de Trabajo, por lo que sí era posible su identificación plena a efectos de cautelar los derechos de los denunciantes.
Esto último ha quedado evidenciado en lo señalado por el gerente en la nota de prensa enviada por su Oficina de Imagen Institucional, donde menciona algunos de los rubros sobre los cuales se abrieron las órdenes de inspección.
EL PERSONAL
Respecto a los recursos que menciona el gerente sectorial, como argumento esgrimido por los inspectores, es de precisar que a Expresión este señaló que se trató de problemas de personal, debido a que la Gerencia de Trabajo de Lambayeque cuenta únicamente con ocho fiscalizadores.
“La anterior gestión había tenido una acumulación de carga procesal en los inspectores. La región Lambayeque tiene solamente ocho inspectores, tres de planta y cinco destacados de SUNAFIL Lima. Es decir, si la superintendencia pide que ellos retornen a su centro de origen nos quedamos con tres inspectores para atender a toda la población y fiscalizar a todas las empresas”, mencionó Omar Effio.
En la nota de prensa enviada, la gerencia ha destacado también que en lo que va de la gestión de Effio Arroyo, iniciada en enero de este año, se han aplicado multas por el orden de ocho millones de soles a las empresas infractoras, sanciones generadas a partir de 187 resoluciones.
Sin embargo, el funcionario no menciona lo dicho a Expresión respecto de los seis millones de soles que – según afirmó – acumuló la gestión anterior en la gerencia por concepto de multas y que no se efectivizaron en ingresos para mejorar las funciones de la dependencia.
“Algo irónico que tenía esta gerencia era que multaba y las multas no se cobraban. No prescribían, no se judicializaban, se quedaban en un simple documento y no se cobraban (…) Como nunca se les notificaba el requerimiento de cobro o no había una forma coercitiva, no se hacía efectivo el pago de las multas”, declaró.
