El abogado César Nakazaki Servigón estuvo en Chiclayo y conversó con Expresión sobre el prolongado pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y sus colaboradores, además de la polémica ley que busca beneficiar con el arresto domiciliario a su padre y también sobre el caso “Limpios de la corrupción”, cuya investigación preparatoria concluyó hace una semana tras cuatro años de diligencias fiscales.
Al juez Richard Concepción Carhuancho se le anularon hace unos días 24 detenciones preliminares en el caso “Cocteles”, que involucra a Keiko Fujimori Higuchi y varios otros rostros visibles de Fuerza Popular. ¿Es posible que el magistrado, con ese precedente, dicte la medida de prisión preventiva en este caso sabiendo que su decisión puede correr la misma suerte al ser apelada a la instancia superior?
Hay que poner en la balanza de la justicia varias cosas. La personalidad y el estilo del juez me llevaría a pensar que sí lo hará, porque él es como un médico en cuya clínica solo tiene cirugía y quirófano: todos a la cárcel, ninguno con comparecencia; es decir, para él no hay antibiótico o medicinas. Si se analiza por el perfil, entonces sí habría prisión preventiva.
Sin embargo, el juez Concepción Carhuancho ha sufrido la sanción del Tribunal Constitucional en el caso Ollanta Humala, donde se le dijo a él y a la sala del juez César Sahuanay, que la metodología de privación de la libertad que él utiliza es inconstitucional, por eso es que ya no estamos en audiencias de 32 o 42 horas, como sucedía en la justicia antiterrorista. Ahora, Carhuancho está moderado y en los tiempos, al menos, está correcto.
La sala sí ha aprendido la lección, porque le anuló 24 detenciones preliminares al juez Carhuancho y creo que ese es un caso único, por eso es que él debió esperar a que se resuelva la recusación. Con un antecedente de 24 detenciones mal dadas, cómo va a realizar una audiencia de prisión preventiva.
¿Las pruebas del fiscal José Domingo Pérez justifican que haya proceso?
Sí, pero no que se dicte prisión preventiva. La prisión preventiva es siempre la excepción.
El fiscal José Domingo Pérez ha señalado que se cumplen algunos presupuestos para que se dicte la prisión preventiva, como, por ejemplo, la obstrucción que hace Keiko Fujimori y algunos de los investigados en este caso.
El Tribunal Constitucional ha marcado bien lo siguiente: si tú quieres analizar peligro procesal por obstaculización de la investigación el mejor elemento es cuál fue el comportamiento durante la investigación preliminar, que permite hacer una proyección de cuál será el comportamiento en el proceso. Si esa era la tesis del fiscal debió ser: tal testimonio, tal diligencia, tal pericia no pudo hacerse por la conducta de alguno de los investigados.
Lo de la famosa “Botica”, más allá de la expresión inapropiada de los congresistas, en qué medida ha afectado el desarrollo de la investigación. Cuando le tomaron fotos en el allanamiento del local de Fuerza Popular, ¿se hizo la diligencia o porque lo grabaron ya no pudo? Peligro procesal es afectar la investigación y en este caso no se ha establecido.
Por eso yo sostengo que sí es necesario un proceso penal, que el caso “Cocteles” debe ir a juicio para determinar si los aportes de campaña fueron ilícitos, pero con la regla de la libertad.
¿Podría entonces el juez Concepción Carhuancho dictar medidas restrictivas y fijar alguna caución?
Si la sentencia del hábeas corpus de Ollanta Humala resulta para el juez una transfusión de sangre y lo modifica, quizá. Debería. La respuesta exacta es: debería no dar prisión preventiva. Pero nuevamente debemos tener en cuenta su personalidad y para él todo es cárcel.
Además de la presión social…
Que la entiende como que todos vayan a la cárcel.
¿Cuál es la diferencia entre el caso de Ollanta Humala y Keiko Fujimori, porque se supone que a ambos partidos se les dio dinero para la campaña presidencial del 2011?
Lo primero que hay que marcar es si es un aporte de campaña o un soborno adelantado para mañana obtener obras indebidamente. Segundo, si no es soborno y nos quedamos solo como aporte de campaña empieza otra gran discusión: los aportes anónimos o informales no son delito, porque en el Perú la regla es que nadie aporta con nombre y apellido, en las donaciones electorales siempre se esconde el nombre del donante, si no veamos a los principales líderes empresariales de Lambayeque y busquemos en los padrones a ver si aparecen donando, lo que también sucede en cualquier otra región.
¿Por qué se ocultó la identidad? Para que no se sepa que era el narcotraficante “Mosca loca” quien aportaba y, por tanto, el lavado del dinero era ilícito. Ahí sí hay lavado de activos, o para que no se sepa que alguien le daba a todos los partidos, pero su dinero era lícito.
El fiscal José Domingo Pérez tiene un as bajo la manga y ese es el testigo protegido, que a todas luces se trata del congresista Rolando Reátegui…
El detalle está en que la legislación actual ya no valida aquello de conseguir la prueba como sea; es decir, ya estableció la prohibición de prueba ilícita. ¿Por qué se hizo? Para que la policía ya no torture, por ejemplo.
El objeto de ser testigo protegido es que no se conozca la identidad, se le otorga un código, se le distorsiona la voz y la imagen. Ese testigo no puede dejar de dar su declaración y debe someterse al interrogatorio del fiscal y de la defensa, no que el fiscal haga solito sus pruebas. El gran problema de los testimonios del testigo protegido que utiliza el fiscal José Domingo Pérez es que la declaración, de acuerdo al acta, fue dada en secreto, sin que intervenga la defensa.
Primero debe establecerse si los dichos cumplen con la legalidad, pertinencia y utilidad. Si no se cumple el primer requisito, la prueba no vale.
¿En qué cree que se equivocó Keiko Fujimori y su entorno político?
Si estamos hablando de los aportes de campaña, es un problema que los propios partidos que han llegado al Congreso de la República no han hecho hasta ahora las reformas que requiere el país. Se necesita una reforma total del sistema de justicia, una reforma del sistema político y una reforma electoral completa. Esas son las razones por las que como país logramos crecimiento económico, pero nunca desarrollo, porque sin instituciones los países no pueden desarrollar.
¿Su pronóstico entonces es…?
Es reservado. Yo creo que Keiko Fujimori y compañía la tienen muy difícil en la primera instancia, con el juez Concepción Carhuancho. Quizá con la sala tengan un poco más de ventaja teniendo en cuenta que ya anuló 24 detenciones preliminares.
¿Cree que Keiko Fujimori está preparada para asumir cualquier responsabilidad?
Me parece que sí. Si bien hace tiempo no converso con ella, el hecho de que esté presente en las audiencias y que ya haya vivido una detención preliminar la han preparado y que sus abogados que son jóvenes pero muy solventes le han dicho que la prisión es un escenario probable, tan es así que el día que intervino ante el juez le dijo con toda franqueza que ella prensaba que la iba a encarcelar.
Respecto a Alberto Fujimori. Usted fue su abogado durante 10 años y es lógico que debe tener una opinión sobre la ley que podría darle arresto domiciliario tras la decisión del juez lambayecano Hugo Núñez Julca de declarar la inaplicabilidad del indulto humanitario. ¿Cuál es su reflexión al respecto?
El juez Hugo Núñez en su sentencia ha analizado el acto de un presidente de la República y creo que ahí ha cometido un gran error. Hemos tenido casos aquí, lo conozco desde que recién llegó, es un hombre honesto, pero a veces mira mucho la tribuna. Él debió inhibirse de discutir eso, porque no es ese el ámbito de un procedimiento de algo que es fundamental.
Si yo quiero desconocer el motivo del indulto humanitario convoco a los médicos y que estos me digan si la desfibrilación auricular paroxística no es motivo suficiente para indultar a alguien. Él no ha llamado ni a un médico legista. Se convirtió en médico el juez, por eso es que creo que la apelación se podría ganar.
Ahora, respecto a la ley sí me parece totalmente inoportuna. Es una ley que me duele mucho que no se dé porque hay centenares de ancianos y enfermos que están en los establecimientos penitenciarios que están en los establecimientos penitenciarios y deberían ser atendidos con una ley para ellos.
¿Qué cree que pueda pasar entonces?
Creo que la defensa del expresidente Fujimori debería poner todo el esfuerzo en la apelación.
¿El presidente de la República podría ratificar el indulto?
Podría hacerlo, como también solicitarlo el actual líder de Fuerza Popular en el proceso transitorio que han creado, el congresista Miguel Torres.
Es importante que haya reconciliación en el fujimorismo y que este entienda que es justo que vaya más allá de Fujimori, pero que no puede apartarse de este.
A propósito de la reconciliación, ¿cree que haya un acercamiento verdadero entre los hermanos Fujimori?
Espero que sí, por todo el tiempo que los conozco, porque juntos luchamos por la libertad de su padre y porque tienen una enseñanza de vida que es cárcel, que permite que todo ser humano se dé cuenta de sus errores.
Cuando se conoció el caso “Limpios de la corrupción”, usted asumió la defensa del exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzales. Hace una semana se conoció que el fiscal a cargo del caso ha concluido la investigación por lavado de activos y asociación ilícita para delinquir sin tener las pericias económicas y con una disposición de solo tres párrafos.
Es lo que vaticiné. Hubo un trabajo policial inicial en ese caso, pero mientras no existieran pericias que demostraran el desbalance patrimonial no habría caso. Este es otro ejemplo de cuando se mete a la cárcel sin investigar.
La Policía Nacional del Perú, con el GEIN, nos demostró que con la metodología de primero investigar y luego detener se pueden obtener importantes resultados, pero es una enseñanza que se ha dejado de lado.
¿Los fiscales y jueces se han convertido en carceleros?
No investigan. El gran problema, creo, es que como saben que no tienen elementos para investigar lo que hacen en satisfacer al pueblo, le dan un preso cuando lo que se necesita es que haya justicia.
Entonces, ¿de lo que resulte en el caso de Keiko Fujimori podría darse un punto de quiebre para atender el llamado que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el Perú abusa de la prisión preventiva y en el hábeas corpus de Ollanta Humala ya se ha establecido que no se puede seguir utilizando las mismas reglas para fijar la prisión porque se está haciendo de manera inconstitucional.
