Las contrataciones del Estado es aún uno de los temas más complejos que enfrenta a diario el aparato público. La falta de experiencia en unos casos, la colusión para beneficiar a determinado postor o la interpretación forzada de la normativa vigente genera que miles de millones de soles se pierdan en el país bajo el manto de la corrupción.
“Cuando nace la necesidad de contratar es importante que en ese momento se eviten por ejemplo, direccionamientos, amiguismos u otros aspectos que lindan con la integridad en la gestión pública. Si nosotros tenemos funcionarios y servidores que practiquen la integridad en la gestión pública no habrá ningún problema en los actos previos a la contratación, en el proceso de selección ni en la ejecución, porque todo se realizará de manera transparente y adecuada”, señala el abogado Javier Lingan Guerrero, especialista en control gubernamental.
Añade que cuando un proceso de contratación está viciado por actos de corrupción no se afecta a la entidad que contrata, sino a los ciudadanos, “a los pobladores que están esperando que se ejecute una obra pública o el mejoramiento de un servicio”.
“Por eso es necesario que los funcionarios y servidores públicos actúen con integridad desde inicio, desde que se formulan los requerimientos de las áreas usuarias, para que los procesos no se realicen con direccionamiento, sino con la mayor pluralidad de postores”, refiere.
LOS COMITÉS
Javier Lingan menciona que integrar un comité de selección es una gran responsabilidad para los profesionales que se designan, quienes deben estar certificados por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, y demostrar capacidad para desarrollar procedimientos claros y trasparentes.
“Durante un proceso de selección, los participantes, al encontrar algo no claro en las bases, pueden realizar las consultas correspondientes y es ahí donde se conoce la capacidad y experiencia de los integrantes del comité de selección para absolver esas consultas de manera motivada y legal. Los participantes también pueden presentar observaciones a lo que dicen las bases, por lo que los integrantes del comité tienen dicha oportunidad para trasparentar lo que no está claro. Sin embargo, lo que ocurre es que muchos comités continúan los procesos de contratación pese a que se demuestra que las consultas u observaciones no están bien absueltas, entregando la buena pro a postores que no están debidamente calificados”, explica.
Anota que si se suma a este mal accionar con las deficiencias o vacíos en los expedientes técnicos o las especificaciones técnicas, que forman parte de la etapa previa, lo que se tendrá será una mala contratación, con perjuicio para la sociedad.
FORMULACIÓN DE EXPEDIENTES
“Por eso es importante que se dé todo el apoyo necesario a la formulación de las necesidades reales de una entidad, por ahí es donde nace el éxito de una contratación. La experiencia nos dice que para una obra de saneamiento de cinco millones, el expediente técnico cuesta 30 mil o 50 mil soles, mientras que en otros países el valor del expediente es casi igual al de la obra, porque lo que se busca es garantizar un buen documento a ejecutar. Si hay errores o deficiencias en el expediente habrá una mala obra”, afirma.
Señala que es importante que los titulares de las entidades se preocupen en la formulación de expedientes técnicos de calidad, que no sea copia y pega de expedientes elaborados para otras realidades o jurisdicciones.
“Lo que se ve es que se copian los expedientes, siendo estos débiles e insuficientes. Es necesario que el OSCE tenga un mayor protagonismo en las entidades del Estado. El OSCE debería formar parte de la estructura de las entidades, así como sucede con los Órganos de Control Institucional – OCI, de tal manera que se tenga una mejor orientación dentro de las entidades para el desarrollo de sus contrataciones, absolviendo dudas o interpretando la normativa, que muchas veces puede ser asumida a favor de ciertos intereses”, detalla.
Esto permitiría – anota - advertir, también, cuando empresas sancionadas buscan la manera de camuflarse en consorcios para seguir participando de contrataciones en el Estado.
“El OSCE debería volver a normar sobre las sanciones a los malos postores, porque actualmente existen inhabilitaciones de hasta 36 meses para contratar con el Estado, cuando la suspensión del registro debería ser a perpetuidad, porque cada contratación errada o cada obra mal ejecutada afecta directamente al ciudadano”, enfatiza.
