Si bien la pandemia por el COVID-19 no reconoce de estratos sociales, ha sido la población en situación de pobreza y pobreza extrema la más afectada. Para la exministra de Desarrollo e Inclusión Social y actual investigadora del Instituto de Estudios Peruanos – IEP, Carolina Trivelli Ávila, la mejor receta para salir de esta zona es la generación de empleo formal y bien remunerado, aunque para ello es necesario que el Estado brinde su respaldo inicial a través de programas sociales focalizados. Tras su participación en la quincuagésima octava edición de la Conferencia Anual de Ejecutivos – CADE 2021, la economista conversó en exclusiva con Expresión y reflexionó sobre el impacto de la pandemia y las estrategias adoptadas por el gobierno para hacerle frente.
La pandemia por el COVID-19 nos ha enrostrado las enormes brechas que aún existen en nuestro país, sobre todo en pobreza y pobreza extrema. ¿Cuál es su análisis sobre las decisiones del gobierno y lo sucedido el año pasado frente al COVID-19?
El 2020 fue un año especialmente duro para los peruanos y en particular para aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, tanto para los que están en pobreza o los que estaban superándola. La pandemia en sí misma, más las medidas de restricción, la cuarentena y las limitaciones a determinadas actividades económicas, lo que ha traído es un incremento en la pobreza, que debemos revertir lo antes posible para asegurar que no se convierta en lo normal de nuestro país, que viene de 15 años de reducción sostenida de la misma. Este es uno de los grandes logros de crecimiento económico de las últimas décadas. Pero también la pandemia nos mostró que esa reducción de la pobreza era endeble y dependía en exceso del funcionamiento de varios mercados informales. Ante la imposibilidad de insertarse en estos mercados, muchas familias han entrado en una situación muy difícil, incluso pasando hambre. Han tenido que apelar a sus redes familiares, comunitarias y a los programas sociales, para sobrevivir.
Este año, por el contrario, promete una reactivación económica importante que ayudará a reducir esta subida de la pobreza, pero hay muchos grupos que no podrán recuperarse por sí solos, que necesitan ayuda del Estado, de su comunidad y del sector privado para salir adelante. Tenemos la exigencia como país de generar esos esquemas de ayuda que permitan a la mayor cantidad de peruanos salir de la pobreza, pero no para volver a donde estábamos en diciembre del 2019, sino para consolidar un esquema de superación de pobreza mucho más sólido, más equitativo y sostenible en el tiempo, para que cuando venga otra emergencia estemos mejor preparados.
En la última década, el país logró reducir la pobreza del 20 %, a partir del 2006, al 12.7 %. Este fue un logro que se destacó a nivel internacional, pero cuando el gobierno anunció la entrega de bonos a las familias se evidenció que gran parte de los potenciales beneficiarios estaban en la informalidad a tal grado que ni siquiera tenían una cuenta de ahorros. O, más grave aún, gran parte de peruanos no tiene acceso siquiera al agua potable y menos al alcantarillado, pese a que el Estado invirtió millones de soles para reducir la brecha de accesibilidad en servicios básicos. ¿Podemos decir que no habíamos atacado los problemas de fondo respecto a las brechas sociales?
Lo que se logró con los años de crecimiento y reducción de pobreza es que la gente tenga más dinero en los bolsillos. Eso sirve para alimentarse mejor, invertir en la educación de sus hijos, mejorar su vivienda, adquirir activos para desarrollar nuevos negocios, pagar una capacitación que les permita luego emplearse en algo mejor remunerado, entre otras cosas. Junto con eso mantuvimos un conjunto de brechas en acceso a servicios públicos y privados de calidad, que limitó las posibilidades de que ese dinero en el bolsillo, por más que lo inviertas bien, se traduzca en mayor bienestar. La gente no usaba el sistema financiero y eso causó que demorara mucho en llegar el bono y hubiera que arriesgarse al contagio de la enfermedad para cobrarlo.
El acceso al servicio de agua ha crecido mucho, pero el grueso de agua que recibimos no tiene los niveles de cloro adecuado, por lo tanto no nos previene de enfermedades como debería suceder.
La educación pública llega a casi todos los peruanos, pero los niños de las zonas rurales reciben una educación pública de menor calidad que los de las zonas urbanas o más acomodadas. Esa parte de la estructura que nos permite incrementar el bienestar de la población no ha avanzado a la velocidad que avanzó la capacidad de las personas de poner dinero en sus bolsillos y consumir más. Necesitamos que las dos cosas avancen a la vez, porque por más que la gente tenga dinero, si no hay un hospital, una buena escuela, o una entidad financiera con la cual trabajar, difícilmente podrá consolidar su posición fuera de la situación de pobreza e insertarse en una senda de desarrollo y progreso sostenida.
Usted ha señalado en la CADE la necesidad de plantear programas sociales focalizados como en algún momento fue Juntos o Pensión 65. Sin embargo, existen otro tipo de programas que tienen que ver con las responsabilidades que asumen los gobiernos locales a los que se les entregan importantes montos para garantizar la asistencia alimentaria de poblaciones vulnerables como las que tienen TBC. Pero a diciembre del año pasado hubo municipios que no habían gastado más del 50 % de ese dinero, dejando desprotegidos a los comedores populares y comités de Vaso de Leche. ¿Todavía le resulta muy complejo al aparato estatal ser eficiente en el manejo de los programas sociales?
Sí, todavía tenemos bastante trabajo por hacer. Yo diría que una de las cosas que la pandemia dejó en claro es que los distintos niveles de gobierno enfrentan restricciones para conectarse con el ciudadano que necesita de su ayuda. Lo vimos con el reparto de las canastas. Los alcaldes no sabían cuáles eran las zonas mas pobres de su distrito, no sabían a quién entregárselas. Esa es una de las cosas que no deberíamos permitirnos como país. Hay información en este nuevo registro nacional, hay que trabajar en generar información a nivel local. Existen redes comunitarias que nos permitirán complementar las bases de datos con información de las señoras de los comedores, las organizaciones barriales, juntas vecinales, a fin de asegurar que cuando haya una emergencia todos los ciudadanos estamos conectados entre sí y el Estado con nosotros para poder ayudarnos. Eso le añade transparencia a la entrega de beneficios y además permite a los ciudadanos exigir aquello que le corresponde.
Tenemos que movernos hacia un esquema mucho más participativo, más transparente, donde la focalización exista, porque no todo el mundo necesita de todos los programas. Cada programa tiene que orientarse a resolver una necesidad de un público objetivo. Si a todos nos ponen un terno de la misma talla, a unos nos va a quedar corto y a otros largo y eso no funciona. Necesitamos asegurar que cada uno pueda encontrar el terno que le acomoda y le permite desarrollar sus actividades. Eso exige más información, la cual se comparta entre los distintos niveles de gobierno; articulación entre las organizaciones comunitarias y los gobiernos, articulación entre el sector público y el privado. Si queremos decir que cada uno de nosotros lo podemos resolver, no vamos a resolver nada, y el que paga los platos rotos es el ciudadano. Debemos poner a ese ciudadano en el centro de la preocupación y no al burócrata.
Terminado el 2020 salieron a flote una serie de disconformidades de un grueso importante de la cadena económica y productiva, como son los trabajadores agrarios en la costa del país, que demandaron mejoras salariales, mejores condiciones de trabajo y la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria. El Congreso dio una nueva ley, pero también ha generado disconformidad tanto en trabajadores como empresarios del sector agroexportador. El gremio de las empresas agroexportadoras ha alertado que, dadas las condiciones de esta nueva ley, se tendrán que cerrar puestos de trabajo. Como este tipo de problemas sociales hay otros de índole laboral que están latentes en el país. ¿Cómo pueden las autoridades contribuir a que se mejoren las condiciones para evitar que los peruanos que superaron la brecha de pobreza en la última década retornen a la misma?
La mejor receta para salir de la pobreza es tener un trabajo formal. Ojalá además bien pagado, pero recordemos que mucha de esta discusión sobre las características de la formalidad y la defensa cerrada de determinadas condiciones laborales es relevante solo para un grupo pequeño de trabajadores. El grueso gana menos que el salario mínimo en el sector informal, no tiene ninguna condición de seguridad en el trabajo y hay un porcentaje muy grande, como 10 %, que laboran de forma no remunerada, particularmente las mujeres en el campo. Debemos comenzar a enfrentar los desafíos laborales pensando en todos los trabajadores y no solo en aquellos que están ya en el sector formal.
Creo que en el tema de las agroexportadoras, una de las consecuencias del cambio en la legislación es la intervención en la fijación de remuneraciones, lo cual que va a alentar una mayor informalidad en el sector, cuando la gracia de la Ley de Promoción Agraria era lograr la creación de empleos formales. Seguramente deben incrementar sus remuneraciones. Esa es una lucha justa que los trabajadores tienen, que hay que respetar y negociar. Para ello también se debe romper el mito de la no sindicalización. Necesitamos sindicatos que legítimamente negocien con los empleadores las condiciones salariales y lleguen a acuerdos que les permitan continuar con la relación laboral.
No existe en el país otro ejemplo como el del sector construcción, donde CAPECO, que representa a los empresarios, se reúne con los trabajadores y establecen una remuneración cada año y nunca se han visto conflictos laborales y sociales en este sector.
Y tienen enormes discrepancias y los trabajadores de construcción civil por supuesto quieren mayores remuneraciones, pero se sientan en una mesa y resuelven este conflicto de la mejor manera. Necesitamos replicar ese tipo de ejemplos en otros sectores. Los empresarios en general le tienen mucha resistencia a los temas sindicales, pero la evidencia demuestra que es mejor negociar con un buen sindicato, por más duro que sea, que enfrentarse a demandas atomizadas que son ingobernables, que no solo atentan contra el futuro de esa actividad productiva, sino que pueden llegar a convertirse en situaciones de violencia, que son luego más costosas para los propios trabajadores y empleadores.
Las nuevas autoridades del Ejecutivo y el Legislativo que ingresarán a partir de julio recibirán un país en una situación compleja en el aspecto económico, además del tema social y sanitario. ¿Habrá recursos o muñeca suficiente para la formación de nuevos programas sociales focalizados en atender de manera muy puntual las carencias que tienen en este momento millones de peruanos?
Sin duda. El Perú por suerte aún conserva fortaleza fiscal. Si se necesitaran recursos tendríamos cómo conseguirlos, pero el desafío principal no es de recursos, sino de capacidad de gestión, de inteligencia en la gestión: diseñar un buen programa, demostrar que es efectivo, implementarlo adecuadamente y cuando deje de ser necesario cerrarlo porque cumplió su propósito. Es el principio de una gestión pública basada en resultados.
Exhorto a la población a que aproveche este proceso electoral para usar su voto como una herramienta de desarrollo. No nos dejemos llevar por promesas fantásticas que no se podrán cumplir. Elijamos actores serios que nos ofrezcan un plan de gobierno creíble e implementable, con compromisos de acción que podamos monitorear los ciudadanos. Nuestro voto es la única herramienta que tenemos para asegurar que el próximo quinquenio no solamente sea mejor, sino que nos permita mejorar del lugar dónde estábamos antes de la pandemia.
