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Luego de haber concluido exhaustivas órdenes de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, con resultados óptimos en los períodos 2014 (OF160011497110), 2015 (OF 170011551590) y 2016 (OF 180011588490), el ente recaudador declaró procedente la devolución dineraria a favor de la empresa Alimenta Perú SAC.
La SUNAT, el 12 de julio pasado, emitió la Resolución N° 012-0180-0019684, amparando la solicitud de devolución presentada por Alimenta Perú SAC por concepto de saldo a favor del Impuesto a la Renta - Tercera Categoría, correspondiente al período 2016, por la suma de 564 mil 993 soles, con cheques emitidos por el Banco de la Nación.
Asimismo, con Resolución SUNAT N° 012-180-0019759, del 19 de julio, se procedió a la devolución por concepto del saldo del Impuesto Temporal de los Activos Netos – ITAN, por 98 mil 244 soles.
Del mismo modo, por Liberación de Fondos de Detracciones, acumuladas entre enero y julio, la empresa recibió la devolución de 680 mil 407 soles.
LA EMPRESA
Fundada en el 2010 en Chiclayo, Alimenta Perú SAC desarrolla sus operaciones a nivel nacional, especialmente en Lima y en la zona norte del país. La compañía, de capitales lambayecanos, provee productos de consumo masivo de alta rotación como azúcar, aceites, arroz, harinas y otros, contando con distribución exclusiva de los productos que fabrican los ingenios azucareros del departamento a través de su red de mercadeo, con puntos de venta estratégicos y una amplia lista de clientes de prestigios.
“Alimenta Perú es una empresa que ya tiene 11 años en el mercado lambayecano, tiene operaciones a nivel nacional, inclusive hemos tenido operaciones internacionales con Alemania y Estados Unidos. Nosotros estamos actualmente trabajando en lo que es el rubro de comercialización, en el rubro de alquiler de maquinaria y dando trabajo a gente de la zona”, señala Euler Zune Montalvo, gerente general de la empresa.
La compañía se ha convertido, en la actualidad, en uno de las fortalezas económicas y técnicas en el proceso de reflotamiento de la Empresa Agroindustrial Tumán, toda vez que ha otorgado a esta una línea de crédito como anticipo de ventas, lo que permite que la azucarera cumpla con el pago de planillas, reparación de fábrica, renovación de campos y disponga de maquinaria.
“Alimenta Perú es parte del Grupo Flores y precisamente el accionista mayoritario, Ernesto Flores Vílchez, es uno de los cinco inversionistas que trabajan en la recuperación productiva y económica de la excooperativa”, remarca Zune Montalvo.
CUMPLIMIENTO CON EL ESTADO
El funcionario destaca que las cifras de la empresa están en azul y se respaldan con los Informes de Auditoria Internacional de Pazos, López de Romaña, Rodríguez SCRL - BDO y Baker Tilly Perú.
Además, Alimenta Perú ha ganado premios “Empresa Peruana” en el 2016 y 2017, otorgado por el Colegio de Administración de Lima y Latinoamérica, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y la Universidad Ricardo Palma.
También ostenta el Premio Internacional 2018 a la Buena Gestión Empresarial dado por la CONACO en México.
“Alimenta Perú siempre ha cumplido no solo con sus obligaciones tributarias, sino de también con sus obligaciones laborales y eso está demostrado en las diversas auditorias que nos han hecho no solamente la SUNAT, también las auditoras que son empresas internacionales que han certificado todas las operaciones económicas de la empresa. Estamos certificados”, refiere.
El gerente general manifiesta que las devoluciones autorizadas por la SUNAT confirman el desarrollo de operaciones transparentes por parte de la firma.
“Para nosotros ha sido como nuestro certificado de buena conducta. Eso significa que somos una empresa que hace las cosas bien y que es reconocida no solamente por las cosas internas que hacemos, sino también para agentes externos, sobre todo por el Estado Peruano. Estamos cumpliendo y actuando en el camino correcto, eso es para nosotros. Además, SUNAT nos ha nombrado principales contribuyentes eso nos puede dar fe de la calidad de cumplimiento que tenemos con ellos”, indica Euler Zune.
Alimenta Perú mantiene relaciones comerciales con bancos como el BBVA Continental y el GNB, la Caja Metropolitana de Lima y con entidades internacionales como JEBSEN & JEBSEN y CAT Financial.
Otro aspecto que se destaca del desempeño de la compañía es que no mantiene adeudos con la seguridad social ni el sistema de pensiones público y privado.
SEGUIR INVIRTIENDO
Euler Zune manifiesta que las empresas que trabajan desde la formalidad y honrando sus compromisos con el Estado deben seguir invirtiendo para generar empleo, bienestar y desarrollo en el país.
“Mi llamado a los empresarios es que sigan apostando por esta región. Lambayeque es una región en la cual hay mucho futuro, hay mucho por hacer. Creo que la descentralización que se ha dado en el Perú es una mejor muestra que hay y tanto ciudades como Chiclayo y como Piura están en amplio crecimiento. Que el empresario peruano siga apostando por esta zona”, remarca.
Ante los pobres resultados del proceso de reconstrucción en el departamento, tras el Fenómeno El Niño Costero 2017, el vicepresidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque y presidente de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Olivio Huancaruna Perales, cuestionó la ineficacia de los responsables de la ejecución de proyectos y reconoció que las organizaciones de la sociedad civil no han hecho lo suficiente para lograr que se agilicen las obras.
Según el reporte presentado por el gerente regional de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios – ARCC, Ángel Pérez Santa Cruz, el gobierno nacional – a través de sus ministerios – deberá ejecutar en Lambayeque mil 774 millones de soles, de los cuales se han transferido hasta este mes 239 millones, aproximadamente el 31 %.
El Gobierno Regional de Lambayeque tiene el encargo de ejecutar 974 millones, pero hasta el momento solo ha recibido la transferencia de 58 millones, de los cuales solo 12, el 21.6 %, ha gastado.
A nivel de gobiernos locales, el total a transferir asciende a 542 millones en todas las municipalidades distritales y provinciales, de los cuales se ha desembolsado 191 millones y gastado 102 millones.
AUTOCRÍTICA
“Lo que pasa con la reconstrucción amerita una autocrítica, porque no corresponde sino un calificativo de ineficientes, porque no hemos hecho lo suficiente para que las cosas se concreten. Yo no sé qué es más dañino, ¿si la corrupción o la ineficiencia? Avanzar con la reconstrucción no está en manos, criterio ni voluntad de nuestra burocracia. La burocracia no le puede echar la culpa a los demás de que no se hagan las cosas. Sus resultados son un adefesio”, cuestiona el representante del empresariado.
Tras el Niño Costero, para el departamento han sido asignados, en total, tres mil 338 millones de soles para financiar mil 138 intervenciones de reconstrucción y prevención ante situaciones similares a las ocurridas en el verano del 2017.
“Nos dieron tres mil millones de soles pero no se ven en absoluto. Dicen que la plata está en la caja, que está ahí, pero no nos han dado la clave o la llave para gastarla. ¿Qué hacemos? Rascar las puertas de la caja y no se logra nada. ¿Quién tiene la llave? La burocracia. El día en que se logre destrabar la caja, ya no habrá plata”, refiere.
RESPONSABILIDAD DE TODOS
De acuerdo a información dada por Pérez Santa Cruz, la mayor lentitud en la ejecución de los recursos de la reconstrucción se ubica en los ministerios y programas del gobierno nacional, principalmente para la realización de proyectos en salud, educación, transportes, vivienda y agricultura. Otro cuello de botella se ubica en los gobiernos regionales y municipios.
“Esto no puede seguir así, todos queremos un Perú mejor, todos queremos una región desarrollada. ¿Cómo es posible que no hagamos lo que nos toca y que pase un año, dos años, tres años y hasta ahora no se hayan concretado obras realmente de impacto para nuestras ciudades y encima le echemos la culpa a otros por nuestra ineficacia? Quienes forman parte de la burocracia no merecen ocupar los cargos que tienen, porque cada año se muestran en contra del desarrollo, en contra de la región, del país, de la gente”, reclama Huancaruna Perales.
El presidente de AREX Lambayeque lamenta que no exista de parte de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios voluntad de reconocer que hasta el momento son mínimos los avances en el departamento, si se compara los resultados obtenidos en Piura y La Libertad.
“¿Dónde está la autocrítica de los responsables de la reconstrucción? Ya hemos perdido mucho tiempo y reconozco que desde la cámara también hemos perdido tiempo, por eso estamos donde estamos. Ya no se trata de venir a engañarnos, de buenos modales, de abrazos. No. Hay que decir las cosas como son. No tiene sentido que siga pasando el tiempo, que se consuman los presupuestos y no se haga nada. Los de la reconstrucción nos dicen 10, 20 verbos, pero ninguno de esos significa que se están haciendo las obras físicas, solo hablan del escritorio y el papel. Nos dicen: ‘Estamos evaluando’, ‘Estamos coordinando’, pero nunca dicen: ‘Esto estamos haciendo ahora’. Nunca hablan de metas físicas”, asevera.
Finalmente, el dirigente de los exportadores señala que faltan pocos meses para el inicio del 2020, la situación del departamento difícilmente cambiará.
“Lambayeque, por los problemas de siempre, es como un cadáver y nosotros, me incluyo, somos los médicos legistas. Ya empieza el 2020 y seguiremos en lo mismo. Es necesario que se sinceren las cosas y los responsables de la reconstrucción nos digan cómo podemos ayudar para que las obras avancen, porque lo que está haciendo la burocracia, consumiendo recursos y postergando las obras, no tiene nombre”, enfatiza.
En el Perú existen dos mil 94 circunscripciones territoriales. Esa es la sumatoria del total de distritos (mil 874), provincias (196) y departamentos (24). De estas, el 80 % no tiene límites definidos por ley, principalmente en la costa y sierra. La diferencia con la selva es que muchas de las circunscripciones son de creación reciente.
La ausencia de límites definidos al interior del territorio nacional es un problema que se arrastra desde el nacimiento de la República. De hecho, la nueva de demarcación territorial es del 2002 y esta señala que les compete a los gobiernos regionales analizar el territorio y sanearlo.
LÍMITES INTERDEPARTAMENTALES
En el caso de Lambayeque, la demarcación de límites con los departamentos vecinos se encuentra en un proceso avanzado, que de continuar con los pasos establecidos en la norma podría originar que a inicios del 2020 se cierren los acuerdos con Piura, Cajamarca y La Libertad, respecto a las delimitaciones.
Por ejemplo, con Piura, se tiene el 100 % del tramo de límites saneado y el acuerdo entre los gobernadores regionales ya fue suscrito. Solo se espera que dichos acuerdos sean ratificados por los consejos regionales para adquirir rango de ley.
Con Cajamarca, los acuerdos de límites a nivel de equipos técnicos están al 70 %. Con el vecino departamento falta definir las fronteras concernientes a Ferreñafe y Chiclayo con las provincias de Santa Cruz y San Miguel. Actualmente existe un área de controversia debido al proyecto de creación del distrito de Udima, en jurisdicción de Cajamarca, cuya extensión se superpondría sobre espacios considerados dentro de la provincia de Chiclayo, en las nacientes del valle del río Zaña.
Respecto a La Libertad, el tramo de límites está saneado y los acuerdos a nivel de equipos técnicos se encuentran al 95 %. El asunto pendiente entre Lambayeque y La Libertad es el de Punta Chérrepe, cuya pertenencia – como se ha demostrado histórica y documentalmente – es a la provincia de Chiclayo.
SENSIBILIZACIÓN DE AUTORIDADES
Gisella Santibáñez Anto, subsecretaria de Demarcación y Organización Territorial de la Presidencial del Consejo de Ministros – PCM, comenta que el objetivo con las nuevas autoridades regionales y locales, que ingresaron a gestión hace diez meses, es se pueda emprender un proceso de largo aliento para continuar en la tarea del establecimiento de límites en las circunscripciones a nivel nacional.
“Hemos encontrado buen ánimo en ellas y esperamos que ese buen ánimo se mantenga durante todo el período de gestión, porque parte del trabajo que está haciendo justamente la PCM es visitar departamento por departamento y sensibilizar e informar sobre este trabajo a todos los actores. Vemos un escenario interesante para cerrar todos aquellos procesos en los que ya falta muy poco”, menciona.
De acuerdo a la norma vigente, para que un proceso de establecimiento de límites se concrete de manera eficaz debe sustentarse en dos herramientas: el Estudio de Diagnóstico y Zonificación – EDZ, en el que se identifica la situación particular de límites y organización territorial de una provincia; y el Saneamiento y Organización Territorial – SOT, documento que contiene los expedientes individuales de las acciones de demarcación necesarias para el saneamiento de límites y la organización del territorio que hayan sido declaradas procedentes. Ambos son elaborados por el órgano técnico de demarcación territorial del gobierno regional y aprobados por el consejo regional, previa opinión favorable de la Secretaría de Demarcación y Ordenamiento Territorial de la PCM.
LA ADECUACIÓN
Empero, existen casos de autoridades que han acordado la definición de límites sin seguir los pasos establecidos por la norma técnica, lo que les resta legalidad, mas no legitimidad. Al respecto, Santibáñez Anto refiere que se trabaja para que dichos acuerdos se adecúen a lo establecido por el marco legal, a fin de preservar la expresión de voluntades entre las partes.
“Todo acuerdo de límites debe encuadrarse en procesos que la propia normativa establece, pero en la PCM también somos conscientes que ha habido mucha desinformación en el trámite de estos procesos que a veces son complicados, multiactor y por eso estamos tratando de buscar mecanismos que permitan que donde hay acuerdos o logros avanzados se pueda retomar, pero ya con lo que dice la norma. Esos acuerdos deberían ser inválidos, pero como estamos formulando el nuevo reglamento de la Ley de Demarcación Territorial, estamos tratando que los acuerdos previos se adecuen”, explica.
La labor se centraría – añade – en la ratificación de los avances por parte de los consejos regionales.
“La idea es involucrar a los consejos regionales y que sean ellos quienes tomen la decisión política de que aquellos procesos avanzados o acuerdos previos se incorporen al proceso regular. Para eso estamos dando una disposición muy específica, que justamente permitiría que aquellos acuerdos de límites que se hayan hecho en años posteriores puedan incorporarse en el expediente de Saneamiento y Organización Territorial, a fin de salvarlos”, manifiesta.
REQUISITOS MÍNIMOS
En lo que sí es muy clara la norma es en que no se admiten concesiones. Esto, sobre todo para la creación de nuevas circunscripciones territoriales.
Por ejemplo, entre el 2016 y el año pasado se presentaron en el Congreso de la República tres iniciativas legislativas para la creación de distritos en Lambayeque. La primera, el Proyecto de Ley N° 0217/2016-CR, presentado por el excongresista Héctor Becerril Rodríguez, para la creación del distrito de Pampa Grande, que se desmembraría de Chongoyape.
Dicho proyecto carece de viabilidad, debido a que uno de los requisitos para la creación de nuevas circunscripciones es que exista una dinámica poblacional creciente y de acuerdo a lo informado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, la población de Pampa Grande no crece.
Otro caso es el del Proyecto Legislativo N° 2787/2017-CR, para la creación del distrito de Penachí, al separarse de Salas, presentado por el excongresista Marvin Palma Mendoza y, por insistencia, por los exlegisladores Milagros Takayama Jiménez y Héctor Becerril Rodríguez. El proyecto también es inviable, debido a que propone que el distrito nazca con una capital de 572 habitantes.
De acuerdo a la norma vigente, una nueva capital distrital debe tener, como mínimo dos mil 500 habitantes.
Eso sucede también con el Proyecto Legislativo N° 3433/2018, para la creación del distrito de Tongorrape, al desprenderse de Motupe, también presentado por Milagros Takayama. La iniciativa planteó crear el distrito con una capital de 748 habitantes.
Actualmente, a nivel nacional existen en promedio 400 distritos con menos de 500 habitantes.
A ello se suman dos proyectos legislativos más: la creación de la provincia de Zaña, que incluiría a los actuales distritos de Oyotún, Nueva Arica, Cayaltí, Zaña y Lagunas; y la creación de la provincia de Olmos. Ambos son del 2016.
En tiempos recientes se han presentado más de 160 proyectos de ley para la creación de distritos y ninguno ha calificado de acuerdo a los requisitos que establece la norma. Por otro lado, de mil registros de límites distritales que existen en el país, solo 156 han calificado como tal.
TAREA DEL EJECUTIVO
“Se necesita mayor educación y orientación y la PCM tiene la tarea de salir a explicar los procesos. Lo que planteamos es que con el próximo congreso podamos trabajar con la Comisión de Descentralización a fin de coordinar acciones. Hay muchas propuestas que son populistas y no tienen mayor fundamento. Lo que queremos es informar a la población y que esta tenga una idea, por lo menos, general del tema, de tal manera que cuando escuche ofrecimientos referidos a la demarcación de límites o creación de nuevas circunscripciones, sepa claramente qué es posible y qué no”, menciona.
Anota que otro aspecto que se debe tener muy presente es que la creación de nuevas circunscripciones no necesariamente significa la asignación de nuevas cargas presupuestales al Estado. Una nueva provincia o un distrito reciben el presupuesto que proporcionalmente se recorta a la jurisdicción de la cual se desprenden.
“La definición de límites es una tarea estrictamente del nivel ejecutivo en sus distintos niveles (nacional, regional y municipal). El apoyo de los actores políticos es importante, pero las competencias son estrictamente ejecutivas”, manifiesta.
El Estado Peruano, con la Ley de Alianzas Público – Privadas – APP, concesionó hace diez años la ejecución de la Autopista del Sol, vía que debe conectar a Sullana con Trujillo para descongestionar la Panamericana Norte. Pese al tiempo transcurrido, los avances de la obra, concesionada a CONVISOL, llegan solo al 43 %. ¿La razón? Según un informe de la Contraloría General de la República, no se ha entregado la totalidad de terrenos para los trabajos.
Siendo así, el balón está en cancha de la Oficina de Derecho de Vías de Provías Nacional, que es la responsable de la liberación y entrega de áreas (servidumbres) para que la concesionaria proceda a la construcción de los tramos.
FALTA DE PAGOS
Lo que sucede, actualmente, es escandaloso. José Carlos Torres Coronado, jefe zonal de Provías – Lambayeque, señala que hasta el momento, aun cuando han pasado diez años desde la entrega de la concesión, la entidad no cumple con el pago total de los justiprecios a los afectados, lo que permitiría la disponibilidad de áreas para la construcción de la autopista.
Por ejemplo, en el Tramo VI, que abarca desde Guadalupe hasta Cerro Blanco, aproximadamente entre el kilómetro 702 y 717 de la Panamericana, hay 215 afectados a quienes debe justipreciarse los terrenos que se tomarán para la ejecución de la obra. Hasta el momento solo se ha cumplido con el pago a 97 de estos, faltando 118, quienes teniendo expediente de pago aún no reciben el desembolso correspondiente.
En el tramo que abarca del kilómetro 723 al 742, específicamente es el límite de Lambayeque con La Libertad – Peaje de Pacanguilla, se ubican 96 afectados. Únicamente han sido compensados 49.
En el tramo del kilómetro 742 al 747 hay 164 afectados. Solamente se ha pagado a 89, mientras que en el Tramo VII, de los 514 afectados que se encuentran en dicho trayecto, solamente se ha pagado a 83. Es decir, quedan 431 propietarios a los que debe atenderse.
Otro tramo que está por ejecutarse es el de Mocupe, donde las afectaciones a la municipalidad y al centro de salud aún no han sido compensadas. En esa zona se va a construir un óvalo con dirección norte-sur.
“En el caso de Reque no hay un trazo definitivo todavía. A pedido de la población se ha planteado la modificación del trazo original. Eso todavía está en observación y no ha sido aprobado por el área de Derecho de Vías”, justifica Torres Coronado.
INFORME DE CONTRALORÍA
La Contraloría General de la República realizó un proceso de control concurrente para determinar si la ejecución de la rehabilitación y la entrega de terrenos para la ejecución de las obras obligatorias de la Autopista del Sol, correspondientes al tramo Evitamiento Chiclayo-Lambayeque, se desarrollan de acuerdo a lo establecido en el contrato de concesión y la normativa aplicable.
De la revisión efectuada, se identificó una situación adversa que afecta o podría afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de objetivos vinculados a la inversión.
“El concedente no ha cumplido, a la fecha, con la entrega de terrenos necesarios para la ejecución de la obra obligatoria del Evitamiento Chiclayo-Lambayeque, de acuerdo a los plazos estipulados en el contrato de concesión, lo cual genera retrasos en el inicio de su ejecución en perjuicio de los usuarios de la vía concesionada”, señala el informe de control concurrente.
La Contraloría señala que el Acta de Entrega Parcial del tramo Piura-Sullana fue suscrita el 3 de octubre del 2014 y el plazo máximo para la entrega de terrenos, dentro de los que se encuentran los correspondientes a Evitamiento Chiclayo-Lambayeque, era de 240 días. El plazo venció el 31 de mayo del 2015.
Sin embargo, de acuerdo a lo señalado por el concedente –según el informe de Contraloría– la longitud de predios por liberar: 13.86 kilómetros (que representan un 53.78 % del total), se terminará “a más tardar en diciembre del 2019”.
Ante ello, la Contraloría ha recomendado al Ministerio de Transportes (MTC) adoptar “acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional”, para lograr los objetivos de entrega de terrenos.
“Debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe de Control Concurrente”, se menciona.
LA CONCESIÓN
Según información del Organismo Supervisor de la Inversiones en Infraestructura de Transporte de Uso Público - OSITRAN, el inicio de la concesión de la Autopista del Sol fue en el 2009, con un tipo de financiamiento autosostenible y un plazo de concesión de 25 años.
En un último reporte de OSITRAN, sobre inversiones reconocidas en los contratos de concesión a setiembre 2019, se indica que la Autopista del Sol presenta un avance del 43.12 %. En lo que va del año –a setiembre– se han invertido cuatro millones 592 mil 695 dólares. Solo en septiembre se gastó un millón 700 mil 661 dólares.
Desde el inicio de la concesión hasta la fecha se ha invertido 171 millones 639 mil 308 soles, incluidos impuestos.
EL PROYECTO
La Autopista del Sol corresponde al tramo de la Panamericana Norte, desde el kilómetro 557+011 hasta el kilómetro 1032+000, que abarca las ciudades de Trujillo, Chiclayo, Piura y Sullana. La carretera es originalmente de una calzada y tiene una extensión de 475 kilómetros. En su recorrido se encuentran cinco estaciones de peaje y tres estaciones de pesaje.
“El proyecto generará un ahorro de aproximadamente dos horas en el recorrido del trayecto entre Sullana y Trujillo, con el consiguiente ahorro en los costos de operación de los vehículos de transporte comercial y privado, mayor seguridad para los usuarios de la vía, así como para los pobladores de las ciudades que se beneficiarán con la construcción de las vías de evitamiento”, señala la concesionaria.
Se añade que la Autopista del Sol fortalecerá el desarrollo de la región norte del Perú y del país en su conjunto, “ya que constituye un eje de integración de las regiones de La Libertad, Lambayeque y Piura con los ejes binacionales; propiciará el crecimiento comercial y económico, impulsará la agroindustria, la minería y el turismo. El proyecto persigue contribuir con el desarrollo del eje turística en las áreas de influencia de la denomina Ruta Moche, con manifestaciones arqueológicas y culturales muy importantes como: Chan-Chan, Huacas del Sol y de la Luna, El Brujo y Pakatnamú, entre otras; así como playas emblemáticas del norte peruano como Colán, Norura, Santa Rosa, Pacasmayo, Pimentel, San José y Huanchaco, entre otras”.
OBRAS
De acuerdo a información de la concesionaria, el proyecto comprende la ejecución de ocho tramos de carretera de segunda calzada, con una longitud de 174 kilómetros en el tramo Trujillo – Chiclayo y Piura – Sullana; nueve evitamientos de dos calzadas con excepción del evitamiento de Piura.
Asimismo, mil 800 metros lineales de puentes, pontones, pasos a desnivel e intercambios viales, dos estaciones de peaje y 40 puentes peatonales.
Actualmente, la concesionaria trabaja en la segunda calzada de la autopista, sub tramo Paiján – Pacasmayo. El año pasado se realizó el intercambio vial La Legua, el tramo evitamento Chocope, el tramo continuo San José de Moro – Mocupe, el paso a desnivel Relleno Sanitario – Reque y el evitamiento Piura.
En el 2017 se trabajó en el tramo continuo Mocupe – Chiclayo, así como la construcción del paso a desnivel Chiquitoy. En el 2016 el Puente Canal Dren y el intercambio vial – desvío Paita. En el 2013 se realizó el tramo continuo Piura – Sullana.
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