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MPCH EMITIÓ RESOLUCIONES A FAVOR DE LA EMPRESA SIN SER SU JURISDICCIÓN: FAMILIA DENUNCIA QUE AZUCARERA POMALCA INSCRIBIÓ PREDIO IRREGULARMENTE

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1117

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Por décadas la familia de Inocencio Colchón Eneque tuvo la posesión del predio denominado como “El Coco”, ubicado en el sector “Los Colchones”, del Centro Poblado Menor de Callanca, jurisdicción de Monsefú. Sin embargo, una resolución emitida por la Municipalidad Provincial de Chiclayo, en la gestión del recluido exalcalde David Cornejo Chinguel, permitió que el área de casi 37 hectáreas sea inscrita a nombre de la Empresa Agroindustrial Pomalca y, por consiguiente, se ejecute un violento desalojo. Lo irregular es que en el expediente de la comuna existe un informe que reconoce que el municipio provincial no era territorialmente competente para pronunciarse sobre el bien.

 

El 18 de noviembre del 2015 la Gerencia de Desarrollo Urbano de la Municipalidad Provincial de Chiclayo emitió la Resolución N° 283-2015-MPCH-GDU, cuyo artículo primero declaró procedente la solicitud presentada por José Gamarra Mizrraji, presidente del Directorio de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A.A, para la independización del terreno rústico denominado sector “El Coco” – Fundo Samán, Ficha N° 30542 y con Partida Electrónica N° 02208937 del distrito de Chiclayo, de acuerdo a la memoria descriptiva y planos presentados.

En el artículo segundo de la citada resolución, firmada por Miguel Quiroz Míñope, entonces gerente de Desarrollo Urbano, se ordenó poner en conocimiento de lo resuelto a la Oficina Registral de Chiclayo para que procesa de acuerdo a sus atribuciones.

Dicha resolución fue rectificada, también a pedido de Gamarra Mizrraji, en diciembre del 2015 con la Resolución N° 334-2015-MPCH-GDU.

En virtud de las resoluciones emitidas por la comuna de Chiclayo, la agroindustrial Pomalca procedió a la inscripción de la independización en Registros Públicos de las casi 37 hectáreas del predio y meses después, el 17 de agosto del 2016, se registró un embargo en forma de inscripción de acuerdo a la Resolución Coactiva N° 0710070094917, expedida ese día por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, Intendencia Lambayeque, por dos millones 880 mil soles. El embargo fue levantado en abril del 2017 por orden del Tercer Juzgado Especializado Civil de Chiclayo.

 

DESALOJO

El 20 de junio del 2017 la familia Colchón acudió a las Oficinas de Registros Públicos de Chiclayo con el plano y la memoria descriptiva solicitando una búsqueda catastral, a fin de iniciar el proceso de prescripción adquisitiva de dominio a su favor.

“Grande fue nuestra sorpresa al ver que nuestra propiedad ya había sido registrada por la Empresa Agroindustrial Pomalca bajo la Partida Electrónica N° 11225852, cuya data es de diciembre del 2015, gracias a la emisión de las resoluciones de la Gerencia de Desarrollo Urbano de la municipalidad de Chiclayo”, comenta Inocencio Colchón.

Refiere que enterados de los trámites iniciados ante Registros Públicos, el 26 de julio del  2016 personal de seguridad de la agroindustrial Pomalca, que habría estado al mando de Luis Mugurusa Delgado, desalojó a su familia del predio.

“Provistos de armamento, camionetas y personas desconocidas logran desalojarnos de la posesión e invaden el predio El Coco. Hubo tentativas anteriores por parte de la misma empresa sin que llegaran a lograr su cometido en esas oportunidades, situación que demostramos con la denuncia presentada ante la Policía el 24 de julio del 2017, donde se dejó constancia de la tentativa de usurpación”, relata.

Señala que una vez que fueron expulsados del predio, personal de la empresa azucarera mostró la Partida Electrónica N° 11225852 para “dar apariencia de legalidad ante las autoridades tanto policiales como fiscales”.

“En base a que documentos lograron registrar el predio? ¿Si supuestamente en el 2015 registraron la propiedad, por qué recién en el 2017 tomaron posesión utilizando la violencia?”, cuestiona Colchón Eneque, quien denunció la supuesta usurpación ante la Fiscalía Provincial de La Victoria.

 

NULIDAD DE LAS RESOLUCIONES

Colchón Eneque y su familia inició el proceso de nulidad de las resoluciones emitidas por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la comuna de Chiclayo en el 2015, requerimiento que el 15 de marzo del 2018 fue declarado improcedente por extemporáneo con la Resolución de Alcaldía N° 331-2018-MPCH/A, firmada por el exalcalde David Cornejo Chinguel.

“No se hace mención a que si teníamos o no razón o si las resoluciones estaban conforme a ley o no, solo se limitaron a rechazar el pedido por extemporáneo sin analizar el fondo del asunto, razón por la que nos vimos en la necesidad de recurrir al Poder Judicial”, comenta.

Resultado del requerimiento de nulidad presentado ante la municipalidad se generó en el municipio el Informe N° 441-2017 del Área de Catastro, suscrito por el ingeniero Francisco Julca Caicay, entonces jefe del Departamento de Estudios Urbanos, quien señaló que no corresponde a la jurisdicción de la Municipalidad Provincial de Chiclayo sino a la Municipalidad Distrital de Monsefú.

“El Departamento de Estudios Urbanos detectó la irregularidad cometida por la Gerencia de Desarrollo Urbano al haberse pronunciado sobre un predio que no era de su jurisdicción o competencia territorial, denotando el error insalvable e ilegal al emitirse las resoluciones 283-2015 y 334-2015. La Municipalidad Provincial de Chiclayo tenía la imposibilidad jurídica de pronunciarse sobre terrenos ajenos a su jurisdicción”, asevera.

En su opinión, habría existido un ánimo malintencionado de la Empresa Agroindustrial Pomalca y la municipalidad de Chiclayo para que la primera se arrogue la propiedad del terreno de casi 37 hectáreas.

 

DEMANDA

En abril de este año, Inocencio Colchón y otros familiares recurrieron al Poder Judicial demandando la nulidad de las resoluciones emitidas por la Gerencia de Desarrollo Urbano de la comuna de Chiclayo a favor de la Empresa Agroindustrial Pomalca, así como de la Partida Electrónica de independización del predio “Los Cocos”.

Como medios probatorios presentó el Informe N° 441-2017 del Departamento de Estudios Urbanos de la comuna, así como copias legalizadas del pago de Impuesto Predial del 2013 emitida por la Municipalidad Distrital de Monsefú y el certificado de posesión extendido por dicha entidad reconociéndole la habitabilidad del predio por más de 12 años.

También planos, localización y ubicación visados por el municipio de Monsefú y la denuncia que en el 2017 presentó ante la Policía Nacional del Perú.

El 9 de abril, la juez del Séptimo Juzgado Civil de Chiclayo, Liz Fabián Palomino, emitió la Resolución N° 1 en el Expediente N° 00637-2019-0-1706-JR-CI-07, declarando improcedente la demanda, argumentando que el plazo para interponer la demanda en vía administrativa había caducado, pues fue interpuesta tres años después de haberse publicitado en el asiento C00001 de la Partida Electrónica N° 11225852, la titularidad de la empresa Pomalca sobre el predio “Los Cocos”.

Ante ello, los demandantes presentaron el recurso de apelación contra el auto de improcedencia, alegando que su pretensión no se había dado por la vía del proceso contencioso administrativo, sino por la vía del proceso de conocimiento, pues sabían que estaban fuera del plazo.

“Los recurrentes no participamos ni fuimos notificados ni tuvimos conocimiento alguno de la emisión de las resolución cuya nulidad se pretende con la presente acción. (…) La caducidad sostenida para los procesos contenciosos administrativos es solo para tales, no impidiendo recurrir a otra vía como es la del proceso de conocimiento”, argumentaron.

Dicho recurso está pendiente de resolución por parte del superior jerárquico.

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CONFIRMAN IRREGULARIDADES EN FERREÑAFE: OSCE Y OCI CUESTIONAN BUENA PRO EN OBRA DE PAVIMENTACIÓN

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1117

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  • Proyecto licitado por la municipalidad provincial asciende a más de nueve millones de soles.

 

Concordantes y contundentes conclusiones han sido emitidas por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE y el Órgano de Control Institucional - OCI, demostrando que el proceso de selección convocado por la Municipalidad Provincial de Ferreñafe para contratar la ejecución de la obra “Mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado Urbano y Unidades Vecinales de la Ciudad de Ferreñafe”, con un presupuesto superior a los nueve millones de soles, se realizó irregularmente.

 

Mediante el Dictamen N° 595-2019, suscrito por la Subdirectora de Procesamiento de Riesgos del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado – OSCE, María Cecilia Chil Chang, se advierte en forma trasversal un vicio de transgresión a la normatividad vinculante a la Ley de Contrataciones del Estado, en este caso la Ley N° 30556, norma que aprueba las disposiciones de carácter extraordinario y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y su reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 071-2018-PCM.

Este establece en sus artículos 36, 40 y 41 que la presentación de ofertas, su evaluación y el posterior otorgamiento de la buena pro se realiza en el mismo acto público. Asimismo, el artículo 32 del Reglamento refiere que el otorgamiento de la buena pro en todos los casos se efectué en el mismo día de la presentación de ofertas, salvo que por razones debidamente justificadas, previa autorización del funcionario que aprobó las bases, se postergue hasta por un plazo máximo de dos días hábiles.

Estas condicionantes no fueron cumplidas por el comité evaluador. Refiere el dictamen que se aprecia que el Comité de Selección decidió postergar el acto de buena pro para el 17 de abril pasado, mas no el acto de presentación de ofertas, vulnerando de esta manera los artículos precitados del reglamento.

En ese sentido, al postergarse la buena pro, solo se registró como motivo de la acción el Informe N° 198-2019-MPF/GIDUR, concordante con el informe de Hito de Control N° 003-2019-OCI/0426, emitido por el Órgano de Control Institucional, sin indicar la justificación debida, acción que constituye transgresión a los dispuesto en el artículo 32° del Reglamento.

Sin perjuicio de lo expuesto – según el dictamen – se debe precisar que mediante la Resolución de Alcaldía N° 209-2019-MDF/A, la alcaldesa de Ferreñafe, Violeta Muro Mesones, declaró la nulidad del otorgamiento de la buena pro, disponiendo que el procedimiento de selección se retrotraiga a la etapa de evaluación de ofertas, otorgándole la buena pro a la empresa Murgisa Servicios Generales S.R.L.

 

INFORME DEL ÓRGANO DE CONTROL

Mediante los Oficios N° 001-2019-MPF/OCI-SCC, del 23 de abril del 2019, y 349-2019-MPF/OCI, del 10 de junio, suscritos por Susana Lapoint Ruiz como jefe (e) del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Provincial de Ferreñafe, ambos dirigidos a Muro Mesones, se advierte una serie de cuestionamientos respecto al procedimiento de selección, entre ellos lo que corresponde a situaciones adversas encontradas no advertidas por el Comité de Selección, que admitió la oferta del participante 3F Constructora E.I.R.L. a pesar de haber incluido en su oferta una Vigencia de Poder que no le correspondía, ya que la obrante en la oferta pertenece a la empresa Constructora Tanos EIRL, la misma que fue convalidada, permitiendo que el participante sea incluido en el sorteo realizado, ocupando el segundo lugar en el procedimiento pese a que su oferta no contenía formalmente la documentación obligatoria requerida.  

 

PROFESIONALES PRESENTADOS

Del mismo modo, el ente de control ha podido advertir que la empresa Murgisa Servicios Generales S.R.L. ha presentado para la suscripción del contrato documentación inherente al perfil de los profesionales requeridos que no cumpliría los estándares exigidos.

Luego de las evaluaciones realizadas se ha determinado que  uno de los Ingenieros Residentes propuestos no cumple con la experiencia requerida, en este caso 72 meses, por cuanto presentó Certificados de Trabajo con períodos traslapados.

Asimismo, respecto al Ingeniero Especialista Ambiental, el adjudicatario presentó para la firma del contrato a la ingeniera ambiental Estefanía Grecia Salcedo Ramos, acreditando su experiencia requerida con un Certificado de Trabajo emitido por la empresa LAGESA Ingenieros Consultores S.A., en el que se menciona que durante el período del 1 de julio de 2015 al 31 de marzo de 2018, dicha ingeniera se ha desempeñado como Especialista Ambiental de Obras Viales en la Supervisión de la Ejecución de la Obra “Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera Puerto Bermúdez – San Alejandro, Tramo DV. Puerto Bermúdez – Ciudad Constitución, sin embargo, el ente de control institucional vía las indagaciones realizadas ha podido advertir que la profesional que desempeñó dicho cargo fue la ingeniera Roxana Guadalupe Noriega Romero, por lo tanto, resulta necesario confirmar si el certificado presentado se ajusta a la realidad.

Respecto al Ingeniero Especialista en Suelos, el postor ganador de la buena pro presentó para la suscripción del contrato al Ingeniero Civil Pedro José Ripalda Fanning, quien para acreditar la experiencia requerida adjuntó certificados de trabajo de una empresa dedicada a realizar ensayos de mecánica de suelos llamada Ingeniería de Suelos MISARI EIRL y de la empresa de transportes llamada Transportes San Luis EIRL., por lo que bajo las condiciones esbozadas la experiencia acreditada con los certificados emitidos por ambas empresas no serían válidos, no pudiendo acreditarse bajo estas condiciones el tiempo de experiencia para esta especialidad, que según las bases integradas debe ser de 48 meses.

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SEGÚN EL ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD REGIÓN: SOLO EL 24.4 % DE LAS REDES VIALES DE LAMBAYEQUE ESTÁN PAVIMENTADAS

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1117

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  • De 25 regiones, Lambayeque se encuentra en el puesto 21 en cuanto a infraestructura vial.
  • Cifra en pavimentación está por debajo de la media nacional.

 

Según los resultados del Índice de Competitividad Regional – INCORE 2019, elaborado por el Instituto Peruano de Economía – IPE, Lambayeque ocupa el puesto 21 entre 25 regiones en cuanto a la pavimentación o afirmado de las redes viales, siendo solo el 24.4 % de estas las que tienen dicha característica.

 

Lambayeque se encuentra por debajo de la media nacional que es de 35.2 %, quedando detrás de La Libertad, que ocupa el puesto 18 con el 31.6 % de sus redes viales pavimentadas, y por encima de Piura (22) y Tumbes (24), con el 20.7 % y 18.2 %, respectivamente.

El Instituto Peruano de Economía – IPE, presenta desde hace siete años este informe en el que analiza la competitividad de las regiones en base a seis pilares, habiendo descendido Lambayeque este año del puesto siete al ocho en el cuadro global.

 

INFRAESTRUCTURA

En cuanto a infraestructura, Lambayeque descendió del puesto siete al nueve, con cuatro puntos de 10 posibles. Además del indicador de pavimentación de las redes viales, está el de acceso a electricidad, agua y desagüe, donde Lambayeque ocupa el puesto seis con el 75.7 % de hogares con acceso a estos servicios básicos, por encima de La Libertad y Piura.

En cuanto a la continuidad de provisión de agua al día, Lambayeque descendió del puesto 18 al 19, pasando de tener 14.4 horas de agua al día a 14.1, lo cual lo ubica por debajo de la media nacional que es 17.8, pero por encima de Piura que recibe 11 y de La Libertad que recibe 10.8.

Respecto al acceso a telefonía e internet móvil, Lambayeque ocupa el puesto 11 con un 48 % de personas que cuentan con este servicio, por debajo de la media nacional (56.3 %), de La Libertad (54.6 %) y por encima de Piura (44.8 %).

En hogares con acceso a Internet fijo se descendió un puesto (del cinco al seis), siendo el 28.1 % de hogares los que tienen acceso al ciberespacio, un 0.7 % menos respecto al año pasado. El promedio nacional es de 29.8 %, estando Lambayeque por encima de La Libertad (24.7 %)  y Piura (20.6 %).

 

SALUD

Por otro lado, en el pilar de salud Lambayeque descendió del puesto cinco al siete. De sus indicadores, el de esperanza de vida al nacer no ha sufrido gran variación (de 76.8 años a 76.9), lo cual está por encima del promedio nacional de 75.2 años, así como de La Libertad (76.5) y Piura (75).

En tanto, el índice de desnutrición crónica es de 6.6 %, menor al 7.8 % registrado el año pasado, lo cual ubica al departamento por encima del promedio nacional que es de 8.8 % y de los departamentos vecinos de Piura (9.9 %) y La Libertad (10.7 %).

Asimismo, el estudio señala que Lambayeque tiene un 41 % de niños entre los seis y 35 meses con prevalencia de anemia, lo cual lo ubica en el puesto ocho, por encima de la media estatal de 43.5 % y de Piura (44.2 %), pero por debajo de La Libertad (37.9 %).

Además, el 70.8 % de niños menores de 36 meses cuenta con las vacunas completas para su edad, lo cual lo ubica en el puesto 21, apenas por encima de La Libertad (70.3 %) y muy por debajo del promedio nacional de 76.3 % y de Piura (82 %).

En cuanto a la cobertura del personal médico, Lambayeque ascendió del séptimo al sexto puesto, teniendo 19.9 doctores por cada mil habitantes, cifra mayor a la de Piura (10.5), pero que no alcanza aún la media nacional de 22.5, dígito que La Libertad ya superó (26.3 %).

 

EDUCACIÓN

En tanto, en el pilar educación Lambayeque escaló un puesto (del nueve al ocho), manteniéndose en la casilla 11 respecto al indicador analfabetismo con el 6.1 % de la población mayor de 15 años iletrada. Esta cifra está por debajo del promedio nacional (5.6 %) y de La Libertad que se mantiene a la par de este dígito, pero por debajo de Piura (8 %).

En lo que sí se creció fue en la población de 15 años a más que culminó satisfactoriamente la secundaria, en lo cual Lambayeque pasó del noveno al sexto lugar. El departamento registra un 58.8 % de habitantes que completó la educación básica regular, cerca del promedio nacional que es 60 %. La Libertad y Piura se encuentran rezagadas con 54.7 % y 48.9 %, respectivamente.

En contraste, se descendió del puesto 15 al 17 en cuanto al rendimiento escolar en primaria, donde solo el 17.9 % cursa satisfactoriamente las áreas de matemática y lectura, cifra lejana al 29.5 % del año anterior. Además, esta estadística es menor a la que registran La Libertad (18.4 %) y Piura (19 %), pero sobre todo de la media nacional de 22.6 %.

Mientras tanto, el panorama en el nivel secundaria es peor, toda vez que solo el 7.7 % de estudiantes tienen rendimiento satisfactorio, lo cual ubica a Lambayeque en el puesto ocho, por encima de La Libertad (7.6 %) y Piura (6.8 %).

De igual forma, el 57.4 % de colegios cuenta con los servicios básicos de electricidad, agua y desagüe, cifra superior a la media nacional de 48.6 %, a La Libertad (57.2 %) y Piura (39.6 %).

A pesar de registrar un aumento del 69.4 % al 70.6 % en cuanto al acceso a Internet de las instituciones educativas, esto no se ha visto reflejado en el tablero general donde Lambayeque descendió del puesto seis al tres, pero manteniéndose por encima de La Libertad (54.1 %), Piura (51.1 %) y el promedio nacional (49.7 %).

 

ENTORNO ECONÓMICO 

En cuanto al entorno económico, Lambayeque se mantuvo en el mismo puesto en cinco de los siete indicadores, ascendiendo una casilla en los dos restantes.

El Producto Bruto Interno - PBI Real es de 11 millones 810 mil soles, ubicando a Lambayeque en el puesto 10 por debajo de La Libertad (21 millones 797 mil) y Piura (19 millones 783 mil); en tanto, el Producto Bruto Interno Real Per Cápita es de ocho millones 810 mil, manteniendo a Lambayeque en el puesto 16, igualmente por debajo de los dos departamentos vecinos.

Asimismo, el Presupuesto Público Per Cápita Mensual es de 245 soles, manteniéndose Lambayeque en el último puesto (25), cerca de La Libertad que registra 277 y lejos de Piura con 364. La media nacional es de 452 soles por habitante.

Además, el gasto real mensual por hogar es de dos mil 688 soles, lo cual ubica a Lambayeque como la segunda región que más desembolsa, superando la media nacional de dos mil 415 y dejando muy por detrás a La Libertad (dos mil 274) y Piura (dos mil 171).

De esto se desprende que el incremento real por hogar en los últimos tres años ha sido del 3.9 % en Lambayeque, siendo la región cuyo gasto más aumentó, por encima del promedio nacional (0.3 %) y de La Libertad (1.8 %) y Piura (2.2 %).

En tanto, Lambayeque se mantiene en la sexta casilla respecto al acceso al crédito, teniendo a un 37.4 % de su población con capacidad crediticia, lo cual supera el cociente nacional de 33 % y a La Libertad (30.5 %), pero se mantiene por debajo de Piura (39.7 %).    

 

LABORAL

En el pilar laboral Lambayeque descendió del escalón 10 al 11, lo cual se grafica en la creación del empleo formal, indicador en el que se bajó de la tercera a la séptima casilla, creando solo un 2.1 % de empleo, lo cual está lejos de La Libertad (3.1 %) y Piura (2.5 %), pero por encima del promedio nacional de 0.9 %.

Sobre el empleo informal, este disminuyó un 0.8 %, alcanzando el 74.2 %, cifra mayor a La Libertad (72.5 %) y menor a la de Piuraque registra una informalidad del 78.3 %. La media nacional es de 72.4 %.

Además, la Población Económicamente Activa – PEA, debidamente empleada es el 58.2 %, lo cual constituye un ascenso del noveno al octavo lugar entre las 25 regiones, superando a La Libertad (56.8 %) y Piura (51.5 %), además de la media nacional (54.6 %).

En cuanto al nivel remunerativo, los lambayecanos perciben en promedio mil 190 soles, 82 soles más que el año anterior, lo que ubica al departamento en la casilla 11, encima de Piura (mil 104) y debajo de La Libertad (mil 268) y el promedio en el Perú (mil 400).

Asimismo, se disminuyó dos puntos en la brecha de género en los salarios, siendo aún amplia la distancia (36.5 %). En Piura la brecha es 37.3 % y en La Libertad 34.5 %, mientras que la media nacional es 28.5 %.

 

INSTITUCIONES

En el pilar instituciones Lambayeque descendió del puesto 17 al 19, cayendo en tres de los siete indicadores. Uno de estos es la ejecución de la inversión pública, donde el estudio anterior consignaba un 68.9 % de gasto devengado del Presupuesto Institucional Modificado – PIM, siendo ahora el 61.3 %, aunque aún por encima de Piura (60 %) y de La Libertad (44 %) que se mantiene en el último puesto.

Además, solo el 14 % de lambayecanos califican como buena o muy buena la gestión regional, siete puntos menos que en la publicación anterior. Esta cifra es menor a la media nacional de 18.6 % y de La Libertad y Piura, cuyo porcentaje de habitantes que aprueban la gestión es de 19.9 % y 27.1 %, respectivamente.

En cuanto a las denuncias por delitos, hay 19.7 por cada mil habitantes, cifra mayor a La Libertad (10.9), Piura (10.4) y la media nacional (12.8), lo que convierte a Lambayeque en uno de los departamentos más inseguros, ubicándose en la casilla 23 de 25; mientras que en homicidios se registran 4.7 por cada mil habitantes.

En tanto, hay 637 habitantes por cada policía en Lambayeque, cifra menor a los 697 de la media nacional y que pone al departamento por delante de Piura (712) y La Libertad (837).

En cuanto a la sede judicial de Lambayeque, se resuelven el 42 % de expedientes (en la publicación anterior de INCORE se registró un 46 %), 10 % más que Piura y 2.9 % menos que La Libertad.

 

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PARTICIPARON EN OBRAS DE SANEAMIENTO DE OLMOS: EMPRESAS QUE FUERON INHABILITADAS DE MANERA DEFINITIVA VOLVERÁN A CONTRATAR CON EL ESTADO

Escribe: Semanario Expresión
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  • Escandalosa decisión del Tribunal de Contrataciones les abre las puertas del tesoro público.

 

Sorpresiva sustitución de inhabilitación definitiva por inhabilitación temporal es la que ha decretado el Tribunal de Contrataciones del Estado – TCE, a favor de cuatro empresas que lograron contratar con diferentes gobiernos distritales, provinciales, el Gobierno Regional de Lambayeque y algunas entidades adscritas a esta última.

 

Mediante las Resoluciones N° 1236 y 1258 -2019, emitidas por la Sala N° 1 del TCE, entre el 20 y el 22 de mayo de este año, sus miembros, en forma unánime, decidieron sustituir la sanción impuesta a las empresas Ingenieros ABC Contratistas Generales S. A.C, Troncos Construcciones S.R.L., Santa Lucia S.A.C. Construcción, Maquinaria, Equipos y Servicios Generales y Ramca Contratistas S.A.C., a quienes de acuerdo a las Resoluciones N° 754 y 934-2015, el mismo colegiado les impuso la sanción de inhabilitación definitiva para ser participantes y contratar con el Estado.

Dicha sanción severa se motivó a que estas empresas presentaron documentación falsa y/o inexacta en sus propuestas técnicas, lo que les permitió ser favorecidas con la buena pro en diferentes procesos realizados en el 2013 por la Municipalidad Distrital de Olmos, advertidos en razón a las Acciones de Control de la Oficina Regional de Control de Lambayeque sobre siete obras de saneamiento.

La fiscalización ejecutada por la Contraloría General de la República sirvió para identificar una serie de declaraciones juradas supuestamente suscritas por varios profesionales, quienes manifestaron que las firmas no correspondían a su autoría, condición que derivó en la sanción impuesta de inhabilitación definitiva.

 

CAMBIO DE SANCIÓN

Siendo que la normatividad administrativa sancionadora prevé optar por la prerrogativa de aplicar – previa solicitud – el Principio de Retroactividad Benigna, las empresas inhabilitadas en cuestión decidieron solicitar al TCE la aplicación de este principio, logrando que el colegiado sustituya la sanción de inhabilitación definitiva impuesta para ser postores y contratar con el Estado, por la de inhabilitación temporal por períodos que fluctúan entre los 50 y 56 meses, considerando para tal fin que el nuevo marco normativo es más beneficioso para dichos contratistas, sin dejar sin efecto el período de inhabilitación ya transcurrido.

Con ello se permite a los sancionados, en algunos casos, recuperar su habilitación para ser participantes y contratar con el Estado por haber superado el plazo de inhabilitación definitiva a partir de la fecha que se impuso, como es el caso de las empresas Santa Lucia S.A.C y Ramca Contratistas S.A.C., cuyo período de sanción temporal impuesto recientemente por el TCE ya ha sido cumplido, quedando pendiente las sanciones a las empresas Ingenieros ABC Contratista Generales S.A.C, que cumplirá el período de sanción el 23 de julio próximo.

En el caso de la empresa Troncos Construcciones S.R.L., el tribunal a resuelto que su habilitación sea reiniciada el 13 de noviembre del presente año, todo ello bajo el argumento del Principio de Retroactividad Benigna.

 

FUNDAMENTACIÓN

La argumentación esgrimida en las resoluciones sustitutorias se basa fundamentalmente en los conceptos básicos para ser favorecidos con este beneficio, en cuanto se sustenta que “los contratistas en su conjunto no han ocasionado perjuicio efectivo al Estado” y que su actuación, que fue materia de inhabilitación definitiva, se limitó a la presentación de documentación falsa y/o inexacta en los procesos convocados por la Municipalidad Distrital de Olmos.

Para el Tribunal de Contrataciones del Estado no hubo intencionalidad de cometer la infracción administrativa y considera que la infracción fue producto del desconocimiento de la normatividad vigente en ese momento.

 

INCONGRUENCIAS DEL TCE

La decisión tomada recientemente por los magistrados de sustituir la sanción impuesta a las cuatro empresas infractoras se fundamenta sobre la presentación de documentación falsa y/o inexacta por parte de los infractores, para lo cual ambas resoluciones arguyen que los contratistas no tenían voluntad para cometer el ilícito penal de presentación de documentación que no se ajusta a la verdad y que inclusive este hecho fue por desconocimiento por parte de las empresas sancionadas de la normatividad vigente a la fecha de la presentación de sus propuestas técnicas,  posición que  contraviene a los argumentos esbozados en las respectivas resoluciones materia de la sanción impuesta de carácter definitivo, (Resoluciones N° 754 y 934 – 2015 -TCE).

Cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó de manera definitiva a las empresas señaló que la infracción cometida contenía una considerable gravedad, ya que se observó que la presentación de los documentos irregulares prescritos fue con voluntad absoluta de parte de los consorciados, razón por la cual, el mismo hecho reviste una clara intencionalidad de la comisión del ilícito punible materia de la sanción impuesta a todos ellos. En consecuencia, la decisión inicial de la Sala N° 1 confirmó que los hechos no se habían cometido por desconocimiento de la normatividad vigente.

 

HISTORIAL DE LOS CONTRATISTAS

Entre el 2012 y el 2013, los cuatro contratistas tuvieron una participación muy activa en la región, tal es así que lograron en forma consorciada obtener la buena pro de una serie de procesos selectivos convocados por diferentes comunas lambayecanas por un monto que alcanza los 250 millones de soles.

Por ejemplo, pudieron lograr la ejecución de siete obras de saneamiento en el distrito de Olmos por un importe que supera los 100 millones, así también adjudicarse los trabajos - muy cuestionados hoy en día -  para mejorar el saneamiento básico en la ciudad de Ferreñafe por un monto que supera los 50 millones, continuando con la adjudicación de tres proyectos en el distrito de Motupe por más de 37 millones, la contratación celebrada con la Municipalidad Distrital de Picsi, donde tuvo a cargo la ejecución de la renovación y ampliación de los servicios básicos de la zona urbana por 20 millones de soles y, por el mismo concepto, la buena pro de dos proyectos de saneamiento básico en Pucalá.

Se suman las adjudicaciones logradas para ejecutar obras en los distritos de Lagunas, Nueva Arica, Santa Rosa y Pimentel, y la ejecución de obras a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque, la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL y el Proyecto Especial Olmos Tinajones – PEOT.

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NAKAZAKI: “EXIGIMOS SE ORDENE SU EXCARCELACIÓN”: SENTENCIA CASATORIA DEVOLVERÍA LA LIBERTAD A EDWIN OVIEDO

Escribe: Semanario Expresión
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César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo Picchotito, quien enfrenta una prisión preventiva de 18 meses por el caso “Los Wachiturros”, precisó en la audiencia por el recurso de casación que urge la excarcelación de su defendido ya que se violaron reglas de acumulación y traslado; y que no hay motivos para la privación de su libertad.

De acuerdo con Nakazaki, el problema radica en que, producida la declaración no forma sospecha grave, por ello se exige que se declare la nulidad del auto de prisión preventiva y se ordene la excarcelación de Edwin Oviedo.

“Las causas admitidas son: la violación de las reglas de acumulación contra Edwin Oviedo Picchotito, que se apertura en proceso penal el 25 de enero del 2016 con una disposición de formalización número 8, donde se acumulan varias imputaciones: asociación ilícita para delinquir, asesinato en agravio de Percy Farro Vite, asesinato en agravio de Manuel Rimarachín Cascos, fraude en administración de persona jurídica en agravio de la empresa Agroindustrial Tumán, cohecho pasivo propio en agravio de la Policía Nacional del Perú, peculado en agravio del Estado y delito de encubrimiento real en agravio del Estado”, explica.

Menciona además que, el 8 de mayo del 2018 a pedido de la Fiscalía, el juez declara fundado un auto de desacumulación donde solicita que, de este primer caso se deriven cuatro procesos adicionales y por tanto se forman cuatro procesos: uno por asociación ilícita, otro por el homicidio de Farro, otro por el de Rimarachín y otro por el robo de María Toro Laso.

“Ese auto de desacumulación sube a la sala en apelación de las defensas y estando la sala para resolver la desacumulación, aparece una medida cautelar de amparo a favor de Oviedo, donde se plantea un amparo por violación del derecho de imputación necesaria. Entonces, la sala en su auto establece que se pronunciaba respecto de todos los imputados, menos de Edwin Oviedo Picchotito, pero se desacumulaban los cuatro procesos para todos los imputados”, refiere.

Entonces, explica, el fiscal provincial formula el requerimiento de prisión en un proceso desacumulado de asociación ilícita y ahí formula el requerimiento de prisión, donde Edwin Oviedo no era parte; pero adicionalmente dice que la medida cautelar debe surtir efectos sobre los otros procesos desacumulados de asesinato de Farro y asesinato de Rimarachín.

“En concreto el fiscal pide un requerimiento de procesos donde Oviedo no es parte y solicita que los efectos se apliquen en procesos donde no había pedido requerimientos de prisión y no regaló ninguna línea para explicar si esto era posible”, enfatiza.

Luego, menciona, la sala precisó que no se afectaba ningún derecho fundamental porque se acumulan y desacumulan carpetas, no procesos, por tanto no hay violación al derecho fundamental.

Ante ello, el abogado propone que se reconozca el derecho al proceso predeterminado por la ley y que se hagan respetar las reglas de la acumulación. La segunda causal, explica, tiene relación con la primera: el no respeto a la función instrumental de la medida cautelar, puesto que esta es instrumento del proceso que deriva.

Nakazaki refiere que en el caso se han planteado medidas cautelares que eran instrumentales de procesos en los que Edwin Oviedo no era parte, considerando que tampoco se había pedido el requerimiento de prisión preventiva.

Por ello, una de las propuestas es respetar la instrumentalidad y que la medida cautelar sirva al proceso del que deriva y afecte a los procesados que son parte de ese proceso.

Agrega que, la tercera causal tiene que ver con el control de legalidad de la prueba en el proceso cautelar de prisión preventiva.

“Algunos jueces de primera instancia han leído mal las casaciones de la Corte Suprema y han sostenido que esta dijo que no se controla la legalidad de la prueba para formar el estándar de sospecha grave, pero resulta que en este requerimiento de casación todo se basa en la declaración de un colaborador y un testigo anónimo”, indica.

Asimismo, expone que el tema imputado es que Edwin Oviedo lidera una organización criminal llamada Wachiturros y, como es autor mediato por dominio de la organización, él ordena las muertes de Farro y de Rimarachí y sobre ese tema se debe establecer un estándar probatorio de sospecha grave.

 

EL PROBLEMA

De acuerdo con el abogado, el problema radica en que un colaborador es un testigo, no un documento. Para ello se vale del artículo 476 a, inciso 3, que regula las normas del proceso especial de colaboración eficaz. Este artículo lo define como testigo, al igual que el artículo 46 del reglamento.

Entonces, los cuestionamientos son: ¿cómo se incorpora un testigo o una fuente personal al proceso?

Asimismo, el artículo 45 precisa que tiene que ser mediante una disposición motivada de traslado, que explica cuáles son las fuentes de información que se trasladan y cuál es la pertinencia, los hechos que se corroboran y la necesidad de traslado, pero eso no existe en el caso.

“Acá se trasladó, nunca se notificó y mi cliente se enteró de la existencia de este testigo colaborador en el requerimiento de prisión”, asegura.

Añade que el artículo 476 a explica que el fiscal puede trasladar los testimonios; el 481 a, señala que los elementos de convicción se pueden trasladar y el testigo colaborador con protección de su identidad, pero no hay una norma que diga que el testigo se convierta en documento.

“En ese marco proponemos el control de legalidad, pues el código dice que es testigo y este tiene su forma de incorporarse”, finaliza.  

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POR DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD JUDICIAL: PIDEN DESTITUCIÓN DEL RECTOR Y DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UDCH

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1117

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  • Autoridades de la Universidad de Chiclayo incumplen hace dos años sentencia que ordenó nuevas elecciones para la Asamblea Universitaria.

 

Dos años después que el Poder Judicial ordenara que la Universidad Particular de Chiclayo y su Comité Electoral realicen un nuevo proceso eleccionario para la designación de representantes de docentes ante la Asamblea Universitaria, la sentencia sigue sin cumplirse, lo que configura un flagrante desacato a la autoridad jurisdiccional, razón por la que se ha requerido la destitución del actual rector Alberto Ortiz Prieto, pero además de los integrantes del máximo órgano de gobierno de la casa superior de estudios.

 

El mandato dispuso que las nuevas elecciones se celebrasen con las mismas listas y los mismos integrantes que participaron en las votaciones del 23 de enero del 2017: “Docencia Universitaria Independiente” (DUI) y “Organización de Facultades Unidas” (OFU).

Durante este tiempo, ante la renuencia de las autoridades de la universidad, el Poder Judicial realizó varios requerimientos. Uno de ellos es el que se concretó con la Resolución N° 15, del 6 de agosto del año pasado, con la que ordenó el cumplimiento de la sentencia en un plazo máximo de cinco días bajo apercibimiento de multa, mandato que fue desatendido.

El 20 de diciembre del 2018, con la Resolución N° 18, el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo volvió a presentar el requerimiento, otorgando tres días de plazo para que se cumpla con la sentencia bajo apercibimiento de multa, el mismo que tampoco fue atacado, tan igual como sucedió con la Resolución 22, del 4 de marzo de este año. En esta última resolución se otorgó tres días para el cumplimiento de la sentencia en todos sus extremos en un plazo de tres días, esta vez bajo apercibimiento de denuncia al amparo del Artículo 22 del Código Procesal Constitucional. Nuevamente la UDCH hizo caso omiso.

El caso se inició tras la presentación de un recurso de amparo presentado por los exdocentes Nelson Espinoza Guerrero, Juan Prado Quispe, Germán Galecio Carrera, Geni Cueva Caramantín y María Farro Arboleda.

 

ACCIÓN FISCAL

Lejos de dar cumplimiento al mandato, el 11 de enero de este año la Universidad Particular de Chiclayo solicitó la extromisión del proceso de los amparistas, solicitud que fue declarada improcedente por el Poder Judicial el 22 de enero.

En marzo último, cuando el juzgado emitió la Resolución 22, resolvió también oficiar al Ministerio Público para que determine la responsabilidad penal de los demandados por desobediencia y resistencia a la autoridad, remitiendo copias certificadas de las piezas procesales pertinentes.

Con ello se generó el Caso N° 2847-2019, actualmente en etapa de investigación preliminar en la Tercera Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo por los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad, en el que resulta como imputado Alberto Ortiz Prieto, rector de la Universidad Particular de Chiclayo, y agraviado el Quinto Juzgado Civil de Chiclayo, cuyo mandato se encuentra pendiente de cumplimiento.

A ello se suma que el 2 de mayo, con Resolución 26, el juzgado declaró improcedente la solicitud presentada por la universidad para que se aplique la conclusión y archivo del proceso pese a que no se ajustó a los mandatos judiciales, ordenándole que en tres días “cumpla con indicar el procedimiento realizado para el nuevo acto eleccionario para representantes de los docentes a la Asamblea Universitaria, esto es, cómo se eligieron los Comités Electorales, debiendo acompañar las actas de dichas asambleas”.

Asimismo, se dispuso que la universidad informe sobre la situación laboral de los docentes que presentaron el recurso de amparo que dio origen al proceso, los mismos que fueron despedidos por la administración de la casa superior de estudios. A estos nuevos requerimientos la UDCH también se ha mantenido renuente.

 

ACCIONES CONTRARIAS

Por el contrario, el 11 mayo la universidad publicó en el Diario La República la convocatoria a elecciones para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud para el 20 de ese mes, convocado por un Comité Electoral sin tener en cuenta la legalidad de los comités electorales. A decir de los amparistas, esto representa una burla y desobediencia reiterada a los mandatos judiciales.

“Tenemos dos años de notificada la sentencia con el mandato judicial sin cumplir, tres requerimientos de cumplimiento, un apercibimiento de desobediencia a la autoridad en ejecución, un apercibimiento de multa, un requerimiento de informe sobre los Comités Electorales formados, y todo sin cumplimiento que desnaturaliza el Artículo 22 del Código Procesal Constitucional, pues la sentencia que causa ejecutoria en los procesos constitucionales se actúa en sus propios términos por el juez de la demanda y deben cumplirse bajo responsabilidad”, afirma Juan Prado Quispe.

Explica que la sentencia emitida por el Quinto Juzgado Civil, que ordenó el nuevo proceso eleccionario para la designación de representantes docentes ante la Asamblea Universitaria, es de actuación inmediata, pues se violaron los derechos fundamentales de elegir y ser elegidos.

“Siendo un proceso judicial constitucional, al desacatar el mandato, burlándose del órgano jurisdiccional, el agravio constitucional es de gran magnitud, por lo que hemos requerido que la Universidad Particular de Chiclayo cumpla la sentencia en sus propios términos, realizando un nuevo proceso electoral ordenado e informe al juzgado sobre el modo de conformación de los comités electorales en el plazo de tres días bajo apercibimiento de destitución del cargo del rector responsable Alberto Ortiz Prieto”, señala.

 

EL CONSEJO UNIVERSITARIO

Prado Quispe ha solicitado al juzgado hacer extensivo el apercibimiento de destitución de sus cargos en la universidad a los miembros del Consejo Universitario, debido a que es este órgano el que arribó al acuerdo Resolución N° 125-2019-CU-UDCH y a la Resolución N° 191-2019-CU-UDCH, con la que se convocó a elecciones para el Consejo de Facultad de Ciencias de la Salud.

“Con estas publicaciones queda debidamente verificado que los miembros integrantes del Consejo Universitario al ordenar la publicación, a sabiendas que no se ha regularizado el funcionamiento de la Asamblea Universitaria y sus Comités Electorales, están también desacatando e incumpliendo el mandato judicial, constituyendo una actitud desafiante al órgano jurisdiccional. Estará a salvo quien haya tenido voto discordante”, precisa Prado Quispe.

De conformidad con el Artículo 58 de la Ley Universitaria N° 30220, concordante con el Artículo 14 del Estatuto de la UDCH, “el Consejo Universitario es el máximo órgano de gestión, dirección y ejecución académica y administrativa de la Universidad”, y está integrado por el rector (que lo preside), los vicerrectores, un cuarto del número total de decanos elegidos por y entre ellos, el director de la Escuela de Posgrado, los representantes de los estudiantes regulares que constituyen el tercio del número total de los miembros y un representante de los graduados con voz y voto.

“Los acuerdos se adoptan en sesión del Consejo Universitario y deben constar en acta respectiva y se publican mediante resolución. Entonces es en sesiones, donde se adoptaron los acuerdos de publicar las convocatorias a actos electorales, autorizando al Comité Electoral las publicaciones mencionadas, en fragrante desafío al órgano judicial, por lo que deben ser comprendidos en el desacato y desobediencia a su autoridad”, indica Prado Quispe.

El exdocente añade que como quiera que se desconoce a los integrantes del Consejo Universitario, con excepción del rector, se ha pedido al Quinto Juzgado Civil de Chiclayo que ordene a este alcanzar la nómina personalizada de los miembros del Consejo Universitario a mayo del 2019, lo que permitiría individualizar la imputación de resistencia y desobediencia a la autoridad; bajo apercibimiento de desobediencia a la autoridad y remisión de partes al Ministerio Público para los efectos pertinentes.

 

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SOCIEDAD CIVIL CUMPLIÓ SU PALABRA: PRESENTÓ ACCIÓN DE AMPARO CONTRA LA ORDENANZA DE LOS CAMIONES EMITIDA POR LA MPCH

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1117

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  • Invocan vulneración de derecho a la vida, al medioambiente, al agua potable y a la salud.

 

Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil cumplieron con el compromiso asumido en asamblea pública y el miércoles por la tarde ingresaron la demanda de amparo contra la Ordenanza Municipal N° 07-2019, emitida por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, que autoriza el ingreso de camiones de carga pesada al casco central de Chiclayo.

 

El escrito de 104 folios ingresó al Tercer Juzgado Civil de Chiclayo, que despacha el juez Juan García Mayorga, lleva las firmas del presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Lambayeque, Carlos Burgos Montenegro; el decano del Colegio Médico del Perú – Consejo Regional VIII y presidente del Consejo Regional de Colegios Profesionales, Víctor Soto Cáceres y del decano del Colegio de Contadores Públicos de Lambayeque, Manuel Cuzquén Montalván.

Asimismo, las rúbricas de Juan Diego Dávila Cisneros, decano del Colegio de Sociólogos de Lambayeque; Gladys Serquén Solano, decana del Colegio de Relacionistas Públicos; Viviana Santillán Medianero, decana del Colegio de Enfermeros – Consejo Regional IX Lambayeque; Evid Manzuri Guevara, decana del Colegio Odontológico; Manuel Mestanza León, decano del Químico Farmacéutico; Antonio Uriarte Gonzales, decano del Colegio de Arquitectos de Lambayeque; Violeta Cubas Llamo, decana del Colegio de Profesores del Perú – Lambayeque, y William Saucedo Acosta, representante del Colegio de Periodistas del Perú – Lambayeque.

También se adhirieron el representante de la Asociación Regional de Exportadores – AREX, Maximiliano Santolaya Silva, y el presidente de la Asamblea de Delegados de las Organizaciones de la Sociedad Civil – ADOSCIL, Álvaro Mendoza Cortijo.

 

DECANO

Pese a que entregó copias de su Documento Nacional de Identidad – DNI, y se comprometió a la firma de la demanda como decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, Ciro Salazar Montaño dio marcha atrás horas antes de la presentación del escrito ante el Poder Judicial.

Argumentando que se encontraba de viaje, el decano de los ingenieros faltó a su palabra. Horas después se conoció que se había reunido con el alcalde Marcos Gasco Arrobas en el Palacio Municipal, acto en el que también participó el decano del Colegio de Psicólogos de Lambayeque, Max Plaza Quevedo.

 

PETITORIO

La demanda, suscrita también por el abogado Rolando Manayalle Sánchez, pide al Poder Judicial que se declare inaplicable las normas que se derivan de los dispositivos legales a los que se refieren todos los artículos de la Ordenanza Municipal 07-2019-MPCH/A, del 24 de mayo del 2019, a excepción de lo establecido en el sexto artículo, que establece un plazo para que los grandes almacenes que operan dentro del anillo vial, en un plazo de 12 meses, tengan sus operadores logísticos fuera del anillo vial obligatorio y trasladen su mercadería en vehículos menores, evitando el ingreso de vehículos pesados de 30 toneladas a la ciudad.

El pedido de inaplicación de la ordenanza se sustenta en que esta vulnera los derechos fundamentales del derecho a la vida, a un medioambiente sano y equilibrado para el desarrollo de la vida humana, derecho al agua potable de la población chiclayana, así como el derecho a la salud. Se pide que se restituya el estado de las cosas a lo establecido por la Ordenanza Municipal N° 06-2012-MPCH/A.

 

FUNDAMENTOS

“La Municipalidad Provincial de Chiclayo ha emitido la Ordenanza Municipal N° 07-2019-MPCH/A, por la que aprueba el acceso del transporte público de carga y descarga a la ciudad de Chiclayo y aprueba un nuevo circuito vial de forma obligatorio para los vehículos que presten servicio de transportes público pesado de carga y descarga dentro de la ciudad de Chiclayo, perteneciente a las categorías N1, N2, N3, 01, 02, 03, 04, los mismos que deberían circular las 24 horas por las vías que allí se especifican”, señala la demanda.

Como se ha sustentado, realizando el test de proporcionalidad en sus tres sub principios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto, la ordenanza afecta los derechos fundamentales de todos los habitantes de la ciudad de Chiclayo, pues resulta más gravosa que la finalidad que pretende.

“En los documentos vistos, sustentatorios y considerandos de la misma ordenanza municipal no se advierte que haya contado con un informe técnico u opinión técnica a favor de la misma por parte de la Gerencia de Proyectos de la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque – EPSEL, fundamental en el presente caso, porque la empresa debió emitir opinión favorable que avale que el sistema de agua y desagüe no corre ningún peligro por la rodadura de los camiones de ese tonelaje”, se menciona en la demanda presentada.

“La finalidad de la citada ordenanza municipal es beneficiar a un sector de transportistas y a un reducido grupo de negocios mayoristas ubicados en la ciudad de Chiclayo. Sin embargo, para tal efecto dicha norma municipal de carácter autoaplicativa vulnera abiertamente derechos fundamentales”, añaden los demandantes.

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GASCO: SEIS MESES DE INCAPACIDAD

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1117

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Marcos Gasco Arrobas está próximo a cumplir sus primeros seis meses como alcalde de Chiclayo y hasta el momento suma una treintena de bajas en su equipo de funcionarios, ninguna obra iniciada, una denuncia por presunta corrupción y decisiones que lejos de resolver los problemas de la provincia los agudizan. Con ese ritmo, el futuro de la comuna local es cada vez más incierto.

 

La frivolidad de la autoridad municipal se puso en evidencia apenas el primer día de su mandato, cuando decidió caminar desde la Iglesia Santa María Catedral hasta el Palacio Municipal sobre una suntuosa alfombra roja, en tanto la ciudad se sumía en la suciedad y el caos resultado de la crisis de gobierno que dejó el recluido exalcalde David Cornejo Chinguel.

Ese mismo día Gasco tuvo que tragar el vergonzoso momento de ver cómo uno de los funcionarios, al que había designado como jefe del Centro de Gestión Ambiental, huyó de la ceremonia de juramentación pues pesaba sobre este una orden de captura.

 Se trataba de Walter Pérez Carranza, involucrado en el caso de falsos proveedores de la Municipalidad Provincial de Lambayeque y contra quien el Poder Judicial había dictado mandato de prisión preventiva. Solo minutos antes de la huida del funcionario, Gasco Arrobas había señalado que en su gestión no permitiría “un solo indicio de corrupción”.

En las primeras semanas del nuevo gobierno edil, varias de las gerencias y subgerencias de la comuna se mantuvieron acéfalas, lo que confirmó la carencia de cuadros técnicos en el equipo que aupó a Gasco al sillón municipal. Todo hace indicar que en el afán de cubrir los puestos se omitieron los filtros correspondientes, al punto que se designó a Milagros Carranza Farro como gerente de Asesoría Jurídica de la comuna, pese a que había sido sentenciada a dos años de cárcel suspendida por participar de un matrimonio ficticio.

 

FUNCIONARIOS CON SENTENCIA

Sin embargo, el caso de Carranza Farro no fue el único que despertó sospechas sobre la falta de idoneidad de los convocados por Marcos Gasco. A la lista se suma la designación de Cristian Rosenthal Ninpaytan y Mario García Martínez, a quienes se nombró como gerente general y subgerente de Fiscalización de la municipalidad de Chiclayo, respectivamente.

Ambos fueron convocados por Gasco Arrobas pese a que tenían pendiente el proceso judicial seguido en su contra por el caso del incendio de las Galerías Nicolini, en Lima. A fines de enero, la Cuarta Sala Especializada en lo Penal para Procesos con Reos en Cárcel de la Corte de Lima confirmó el fallo en contra de los funcionarios, sentenciándolos a prisión suspendida en su ejecución e inhabilitándolos para el ejercicio de la función pública.

Pese a la claridad del fallo judicial, el alcalde insistió en mantener a Rosenthal Ninpaytan como gerente general de la comuna, hasta que no tuvo más remedio que aceptar su renuncia. Se dice que este sería hoy uno de los asesores tras bambalinas de la gestión edil.

 

CAMBIOS Y ROTACIONES

Si algo ha caracterizado a esta gestión en 150 días es la inestabilidad de sus funcionarios en los cargos. Varios renunciaron, pero otros fueron movidos entre las gerencias y subgerencias, buscando quizá calzar con los perfiles, los mismos que fueron ajustados con una de las primeras disposiciones emitidas por la administración.

En dos meses de gestión, Gasco Arrobas hizo 23 cambios de funcionarios e incluso la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Chiclayo y la Policía Anticorrupción intervinieron el municipio al detectar que la subgerente de Sanidad y Vigilancia Sanitaria, Berenice Morales Vega, no cumplía con el perfil para ocupar este cargo, toda vez que es tecnóloga médica de profesión.

Peor aún, se estableció que en la municipalidad existen resoluciones de alcaldía que no aparecían publicadas y otras tantas en las cuales hay errores que generan suspicacia, llevando a pensar que no se ha sabido, si quiera, en qué puestos fueron nombrados determinados profesionales. 

Sobre los funcionarios, la Contraloría General de la República ha emitido ya informes, señalando que varios no cumplen con el perfil requerido, incluso tras la adecuación forzada que emprendió el gobierno municipal. Uno de los designados es Fermín Valdivieso Villena, sobrino del alcalde, quien se desempeña como Procurador Público Municipal.

 

DESABASTECIMIENTO CON TRAMPA

Otro hecho que ha tendido una nube gris sobre la administración es la declaratoria de desabastecimiento inminente en el servicio de residuos sólidos, acuerdo que adoptó con el aval de la mayoría del concejo provincial y que posteriormente ratificó, pese a las advertencias y observaciones del Órgano de Control Institucional – OCI, que ha señalado en sendos informes que se trata de un proceso irregular, que no se ajusta a las normas vigentes.

Pasando por alto todo ello, la comuna sacó adelante el proceso de selección directa por más de un millón 800 mil soles para el alquiler de diez camiones compactadores, beneficiando a la empresa Veolia Servicios Perú. Sobre dicha contratación, OCI también se ha pronunciado, aseverando que la empresa no cumplía los requisitos mínimos y que los actos preparatorios del proceso no fueron los adecuados.

 

VEOLIA Y LA DENUNCIA PENAL

La contratación de Veolia como operadora de residuos sólidos en Chiclayo es uno de los casos más espinosos que al alcalde Gasco le tocará enfrentar ante la justicia. En el acta de otorgamiento de buena pro, suscrita a inicios de abril pasado, se consignó que la empresa contaba con el registro autoritativo emitido por el Ministerio del Ambiente, de acuerdo a lo que exige la Ley de Gestión de Residuos Sólidos, pero el documento recién le fue extendido a Veolia el 24 de ese mes, dos días después de haber suscrito el contrato con la municipalidad.

Dadas las irregularidades de la declaratoria del desabastecimiento inminente en el servicio de residuos sólidos y la poco transparente contratación de Veolia, se presentaron diversas denuncias que han sido acumuladas en una misma carpeta fiscal, cuyo trámite deberá determinar si corresponde o no iniciar la acción penal contra el alcalde, los regidores que votaron a favor y los funcionarios que oficializaron el contrato.

 

JUGOSOS SUELDOS

En lo que va de su mandato, Gasco Arrobas se ha quejado de la falta de recursos en la comuna para atender los problemas más urgentes de la provincia. Empero, no su administración no vaciló en la asignación de jugosos sueldos para unos cuantos privilegiados en cargos de confianza.

Al mes, la Municipalidad Provincial de Chiclayo destina más de 300 mil soles para cubrir los sueldos de 44 gerentes, subgerentes y jefes de unidades, cuyas remuneraciones oscilan entre los cinco mil y siete mil soles.

Al respecto se tiene como antecedente que una de las primeras acciones de Marcos Gasco, con el respaldo de la mayoría del concejo, fue aprobar el incremento de su remuneración a 11 mil 50 soles, pretensión que tuvo que quedar en suspenso luego que el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, informara que no había emitido el decreto supremo correspondiente facultando el aumento o nivelación de sueldos de las autoridades municipales.

 

DECLARACIÓN QUE NO CUADRA

Gasco Arrobas cumplió con la presentación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas al inicio de su mandato como autoridad. Sin embargo, algunos aspectos de esta llaman la atención.

Tal como consta en el documento, que es de acceso público en la Contraloría General de la República, Gasco Arrobas declaró tener como único ingreso, procedente del sector público, los nueve mil soles que percibe como alcalde de la provincia desde enero de este año, en tanto, pese a que es conocida su actividad empresarial (en el rubro gastronómico en Lima), no ha consignado ingresos del sector privado.

A ello se suma que Gasco Arrobas declaró poseer bienes valorizados en 930 mil soles y otros ingresos ascendentes a 75 mil soles, aunque no se especifica su procedencia. Lo que es público, de acuerdo a la norma vigente, es la información contenida en la segunda sección de la declaración de ingresos, bienes y rentas.

Para postular a la alcaldía de Chiclayo, Marcos Gasco presentó en su declaración ante el Jurado Nacional de Elecciones – JNE, ingresos anuales por 216 mil soles, todos procedentes del sector privado, así como cuatro propiedades: una casa, un edificio y dos locales, todos en sociedad, valuados en aproximadamente seis millones 200 mil soles.

Si se compara las declaraciones del 2018 y el 2019 se notará una amplia diferencia en los montos detallados. Así, Gasco pasó de percibir más de 216 mil soles del sector privado el año pasado a nada este año, y de tener bienes (inmuebles) en sociedad por más de seis millones de soles a unos valuados en menos de un millón.

 

CERO OBRAS

Para este año, la Municipalidad Provincial de Chiclayo  tiene asignado un Presupuesto Institucional Modificado – PIM, ascendente a 130 millones 112 mil 696 soles, de los cuales ha ejecutado hasta el momento el 20.5 %. Del monto total, 52 millones 491 mil 120 soles están destinados a la ejecución de proyectos.

De acuerdo al Portal de Transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, la inversión en obras por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas, desde enero, es nula.

Por ejemplo, no se ha gastado nada de lo referido a “Estudios de pre inversión” (140 mil soles) y tampoco en el “Mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua potable y desagüe” (cinco millones 764 mil 687 soles).

El municipio tiene aprobados y con financiamiento 20 obras de rehabilitación de pistas y cuatro de agua y saneamiento. De estos tampoco ha ejecutado un sol.

 

COMPRA DE LECHE

El sobrino del regidor oficialista Carlos Montenegro Gonzales fue beneficiado por la gestión del alcalde Marcos Gasco Arrobas con un millonario contrato, convirtiéndose en proveedor de leche fresca de la municipalidad.

El 19 de febrero la comuna provincial lanzó la Licitación Pública SM-1-2019-MPCH-CS-1, para la “Adquisición de leche fresca y hojuelas para el Programa de Vaso de Leche 2019”, con un valor referencial de un millón 975 mil 326.64 soles. El expediente de contratación fue aprobado con la Resolución de Gerencia Municipal N° 08-2019-MPCH-GM, del 7 de febrero.

Para el primer ítem de la convocatoria (venta de leche fresca) solo se presentó el empresario Tulio Montenegro Vásquez, con una oferta ascendente a un millón 93 mil 453.57 soles, recibiendo 100 punto en la evaluación y el contrato correspondiente.

 

ORDENANZA PARA LOS AMIGOS

Hasta el momento, la careza del pastel en la gestión Gasco es la Ordenanza Municipal 07-2019, que autoriza la circulación de camiones de carga y descarga de más de 39 toneladas en el casco central de la ciudad, norma aprobada por la mayoría del concejo provincial y que beneficia directamente a la empresa de transportes propiedad de la familia del alcalde, así como a los familiares del regidor oficialista Pedro Ubillús Falla y al concejal Andrés Calderón Purihuamán.

El propio cuñado del alcalde, Luis Vigil Urdiales, y otros vecinos pidieron al Ministerio Público su intervención frente a la aprobación de la ordenanza. Ahora, se encuentra en curso una acción de amparo presentada por organizaciones de la sociedad civil para dejar sin efecto la norma, para cuya emisión no se tuvo siquiera estudio de suelos y menos el informe técnico de EPSEL respecto a la situación del saneamiento básico en las calles habilitadas para el tránsito pesado.

 

+ NOTICIAS

  • Otros hechos que sobresalen del primer semestre de Gasco es su grosero comportamiento con los medios de comunicación y las erráticas designaciones realizadas en la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo.

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CIRO SALAZAR MONTAÑO: “LAS AUTORIDADES NO ESCUCHAN A LOS COLEGIOS PROFESIONALES”

Escribe: Semanario Expresión
Edición N° 1117

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Las autoridades regionales y municipales están próximas a cumplir los primeros seis meses de gobierno y hasta el momento – a decir del decano del Colegio de Ingenieros del Perú – CIP, Consejo Departamental de Lambayeque, lo que se ve es que están “en incubación”, con magros resultados y falta de capacidad para enfrentar los problemas que afectan a la población lambayecana.

 

Salazar Montaño dialogó con Expresión y mostró su preocupación por la ausencia de obras y proyectos, que a estas alturas – sostiene – ya deberían haber empezado a ejecutar tanto el Gobierno Regional de Lambayeque como los municipios, principalmente el de Chiclayo.

¿Cómo evalúa hasta el momento el desempeño de las autoridades regionales y municipales en Lambayeque?

Están en un proceso de incubación y podría hasta justificar que no hay ejecución de obras trascendentales a nivel nacional porque la gestión pasada no dejó ningún expediente para que se pueda financiar y en estos momentos estar desarrollándose. Al contrario, se retrocedió. Los proyectos que se tenían del Hidráulico Sicán y la Montería fueron desactivados y hoy ya no existen. No hay ningún otro estudio o expediente que le permita a la actuar gestión poner en ejecución.

Sé que se están elaborando algunos estudios, sobre todo para el desarrollo del presupuesto institucional y los encargos realizados por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios.

Eso en relación al gobierno regional, ¿y sobre la Municipalidad Provincial de Chiclayo qué se puede decir?

Que es una institución quebrada, que a lo largo de estas últimas gestiones se ha convertido en una entidad inerte o inútil, porque no tiene modo de acción. Las municipalidades son los instrumentos de desarrollo en todos los ámbitos, pero esta no tiene los medios, porque toda la recaudación que existe se va en gasto corriente, pago de personal, servicios y deudas. Más aún si se tiene en cuenta los juicios, los arbitrajes… Se puede sintetizar que la Municipalidad Provincial de Chiclayo está bajo un manto de ineficiencia, corrupción y sobrepoblación de servidores.

Situación que ha agravado el actual alcalde con la contratación de decenas de personas con remuneraciones por encima de los cinco mil soles para cumplir funciones medias…

Si ya había demasiada gente debió de trabajar con los mismos. Por otro lado, para traer a personal especializado un sueldo de cinco o siete mil soles es bajo, se necesitan sueldos altos.

¿Todo lo que pasa en el municipio se puede justificar en problemas anteriores o también existen hechos que son de entera responsabilidad de la actual administración y no se asumen como tal?

No hay ni una sola obra. Hace aproximadamente tres semanas le envié un documento al alcalde pidiéndole a nombre del Consejo Departamental del Colegio de Ingenieros del Perú que se inicie con el parchado y recapeo de las calles de la ciudad, que como todos conocemos están en un estado calamitoso. Una labor tan sencilla, que deberían hacerla, sigue sin darse.

Creo que el problema ya no es solo del alcalde, sino también de los funcionarios, porque son estos los que tienen que ejecutar e implementar los recursos. Ese es un detalle que también debería evaluarse.

En seis meses de gestión es fácil determinar si se tiene a un buen gestor y a la luz de los resultados esa no es precisamente la calificación que le corresponde al alcalde Marcos Gasco.

Hay muchos errores que ha cometido el alcalde y esto, en una ciudad que está muy sensible, crispada ante cualquier error o acto negativo, genera reacciones.

Considero que Marcos Gasco, que tiene seis meses en el cargo, debería hacer una evaluación de todo lo actuado para ver en qué se está equivocando. Yo no necesito ser decano del Colegio de Ingenieros para decir que esta gestión es poco eficiente. No hay obras hasta ahora y eso no está bien. Tiene que cambiar y no solo en su actitud, sino también en los funcionarios que deben ejecutar las órdenes que dictamina él y su concejo municipal.

Respecto a los regidores, estos tienen un rol muy importante, porque no solo son proponentes en la sesión de concejo, sino también fiscalizadores. Hay tres regidores que hacen oposición, pero su labor no solo puede ser de protesta, también deben ir a la denuncia.

¿Qué espera del alcalde Marcos Gasco?

Que se rectifique. Nuestra orden desde el comienzo de la gestión ha sentado una posición muy firme: estamos para apostar y contribuir. No busquen en nosotros confrontar o enemistarnos, porque sino las aspiraciones de la orden se quedarán truncas.

El gobernador regional, por ejemplo, está enemistado conmigo sin que yo le haya hecho algo. Se ha molestado por declaraciones publicadas en Expresión (Edición 1105) sobre nuestra posición técnica respecto a su propuesta del uso de Tinajones para el abastecimiento de agua por gravedad para consumo poblacional a todo el departamento. ¿Quién pierde? Lambayeque, porque nuestra orden, que debería estar aportando al desarrollo regional, no es escuchada por la gestión.

Las autoridades tienen que entender que son políticos y que están sujetos a la crítica de la función que desarrollan. No se trata de críticas personales o familiares, sino a la gestión que hacen. Lamentablemente no escuchan a los colegios profesionales.

¿Se anteponen otros intereses a los de Lambayeque?

El objetivo común es Lambayeque y eso es lo que entienden las autoridades. Nuestra misión como colegio, sabiendo que somos, con mucha modestia lo digo, los depositarios del conocimiento científico y técnico en Lambayeque, es proponer y pedimos que se nos escuche al menos. Si se niegan a escucharnos, no podemos responder con una patada tampoco, porque quien perderá será Lambayeque.

Hay que tender puentes para buscar lo más conveniente para nuestra región, eso es lo más importante.

¿Cuántas veces se ha reunido con el alcalde Marcos Gasco?

Una sola vez y fui para hablar del problema del alcantarillado. Nosotros tenemos un objetivo como colegio que es lograr la ejecución de un proyecto integral de agua y alcantarillado para Chiclayo, porque es la obra más importante que necesita la ciudad.

Sabemos que la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios ha programado un financiamiento de 400 millones de soles para intervenir en el saneamiento de Chiclayo y José Leonardo Ortiz, pero es una inversión que resultará vana, porque será el cambio de tubos por tubos.

Nosotros estamos trabajando en una propuesta integral para la modernización del saneamiento básico de José Leonardo Ortiz y Chiclayo. Con eso le reclamaremos al gobierno. ¿Quiénes deben ser nuestros aliados? Los municipios.

Le he dicho a los alcaldes Marcos Gasco y Wilder Guevara que sus jurisdicciones son las principales afectadas y deben ser las futuras beneficiadas con esta obra. Como orden profesional buscamos contribuir en ese sentido, pero necesitamos estar unidos para reclamar. Un colegio profesional solo no puede, pero sí con el respaldo de las municipalidades.

He visitado a ambos alcaldes para hablar del alcantarillado.

Ante la Ordenanza Municipal 07-2019, emitida por la Municipalidad Provincial de Chiclayo autorizando nuevos anillos de circulación para el transporte pesado, el CIP Lambayeque señala que es preocupante por la situación de los pavimentos. ¿Consideran que el tránsito de los camiones no afectará el alcantarillado más de lo que ya está?

Las condiciones de los pavimentos en Chiclayo no son las adecuadas para el tránsito del transporte pesado, eso es lo que hemos dicho nosotros, pero para que la ciudad cuente con vías con capacidad para soportar los tonelajes de la carga y descarga antes se debe renovar el saneamiento básico. Eso es lo más importante. En orden de prelación, primero el alcantarillado, luego pavimentos con capacidad suficiente para el tránsito pesado y después ordenamiento y señalización de las rutas de circulación. Aquí se está haciendo al revés.

Los chiclayanos deben entender que no se podrá progresar si no se tiene el agua y el alcantarillado.

¿Qué hacer para que Lambayeque recupere su sitial como polo de desarrollo en el norte?

En los últimos años hemos retrocedido. Necesitamos sensibilizar a nuestra población. Las cosas no se consiguen con pañuelos blancos, miremos al sur, las cosas se consiguen con lucha. ¿Nos vamos a quedar siempre como la Ciudad de la Amistad? Eso ya nos ha dado malos resultados.

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